No es la primera vez que la Presidente de la Nación busca presionar al Poder Judicial al referirse a causas en trámite.
En particular, la jefa de Estado aludió a dos causas absolutamente inventadas y arbitrarias, impulsadas por este gobierno en el marco de su plan de hostigamiento contra los medios que no le son afines. Lejos de existir, como sostiene, “prueba documental y testimonial” a favor de los intereses oficiales, todo lo que se fue acumulando en dichos expedientes deja cada vez más claro que se trató de burdas operaciones montadas para intentar desprestigiar a los escasos medios independientes que subsisten en la Argentina.
En el caso de Papel Prensa -al igual que sucedió con la falsa acusación en el caso de los hijos de la directora de Clarín- el kirchnerismo no dudó en bastardear la bandera de los derechos humanos, buscando inventar crímenes de lesa humanidad para difamar y estigmatizar a quienes piensan distinto. No parece casual que en ambas causas (casos Noble Herrera y Papel Prensa) la Presidente haya hecho no sólo consideraciones procesales, sino también calificado conductas, sin el más mínimo respeto a la presunción de inocencia, para tratar de conseguir pronunciamientos judiciales improcedentes. Violentando así la división de poderes establecida por la Constitución Nacional, que le prohíbe ejercer funciones judiciales. En el primero llegó a aludir a culpabilidades inexistentes y hasta habló de acudir a organismos internacionales; en éste también parece querer digitar pasos procesales con fines de represalia personal, en una intromisión inédita. Por si esta presión fuera poca, su gobierno no dudó, hace pocas semanas, en apartar al fiscal natural de la causa y nombrar otro para intentar una injerencia desembozada del Ejecutivo en la misma.
Ni qué decir de la falsa imputación de “lavado de dinero” en el caso Arbizu, un prófugo de la justicia norteamericana al que el gobierno nacional decidió proteger a cambio de valerse de sus servicios en su enfermizo ataque contra Clarín.
¿O qué agregar del caso de la Ley de Medios? Allí el gobierno rechazó, con excusas falsas y pueriles, el único plan técnicamente inobjetable que se había aprobado por unanimidad unos meses antes. Un rechazo arbitrario para desguazar de oficio al Grupo Clarín, y para que el gobierno pudiera decidir qué medios iba a quitarle, a quién se los daría y por qué precio, vulnerando los principios de debido proceso y derecho de defensa. Y ratificando una clara aplicación selectiva de la ley, en el mismo momento en que a grupos afines se les aprobaban planes escandalosos.
Finalmente, una reflexión sobre la libertad de expresión a la que alude la Presidente, y que jamás es un “privilegio” o una concesión de los gobiernos sino un derecho garantizado por la Constitución. Libertad de prensa no es sólo poder decir lo que se quiere, sino poder hacerlo sin represalias, como han sostenido la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien diferente de lo que ocurre en la Argentina, donde el poder político hostiga y persigue a los que opinan distinto. Basta ver el ejemplo de la publicidad oficial, con millonarios fondos públicos usados para premiar a los incondicionales y castigar a los críticos, desobedeciendo incluso fallos de la Corte Suprema.
En definitiva, más de lo mismo. Claras presiones sobre otro poder del Estado para intentar sostener las falsas denuncias con las que el gobierno viene buscando ensuciar, desde hace 7 años, al Grupo Clarín y al resto de los medios independientes de la Argentina.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2015
Grupo Clarín
