El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) acordó un nuevo aumento salarial, para trabajadores de canales abiertos y productoras, que alcanzará un 41,5 por ciento anual más el pago de una suma fija de 25 mil pesos.
El SATSAID acordó esta semana el cierre de la paritaria 2020-2021 –con las cámaras empresarias ATA y CAPIT– con la definición de un incremento en dos tramos para el periodo extendido entre abril y septiembre de este año.
Esto se logró luego de que la propuesta fuera discutida y aprobada por amplia mayoría en las asambleas realizadas, en los días previos, por trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país. Tras casi tres meses de negociación, concluyó el tramo de la paritaria que se encontraba pendiente.
El sindicato informó que el acuerdo comprende un incremento del 30 por ciento a partir de abril último, que absorbe el 12 por ciento de la etapa anterior; y un 41,5 por ciento aplicado desde julio próximo, que absorberá el 30 por ciento implementado en abril.
Además, el Sindicato de Televisión logró el pago de “una Asignación Extraordinaria no remunerativa, no bonificable y por única vez” de 25 mil pesos para todos los trabajadores comprendidos en la negociación.
Esta Asignación Extraordinaria se abonará en dos cuotas: 15 mil pesos antes del 10 de junio 2021 y 10 mil pesos junto a los haberes del mes de julio de 2021.
En el marco de la negociación, las partes acordaron además reunirse en la primera semana de septiembre de 2021 “para iniciar la discusión de la paritaria 2021/2022, a regir a partir del mes de octubre de 2021”.
El calendario de pago del acuerdo es el siguiente: El 10 de junio se abonan los $ 15.000, más el 18% correspondiente a mayo 2021 (será como adelanto porque la liquidación de los retroactivos se hará en los recibos de junio).
Con el salario de julio 2021 se incrementa en un 11,5% las remuneraciones y se cobra la suma de 10.000$ que completa los 25.000$ del acuerdo.
Este acuerdo se logró por la firmeza, disciplina y unidad de todxs lxs trabajadorxs del país y de la conducción del gremio, quienes han garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo del sector en un contexto inflacionario.
Durante la auditoría que lleva adelante la Oficina Anticorrupción se hallaron contratos con una productora cuya actividad real se desconoce
Por: Néstor Espósito - @nestoresposito La productora Mainasal SRL, con la que la TV Pública contrató casi exclusivamente desde 2016 en adelante (especialmente en 2019), durante la gestión de Hernán Lombardi en el gobierno de Cambiemos, estaba a cargo de una mujer registrada en AFIP en el rubro "servicios personales", que incluyen "actividades de astrología y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustrabotas, acomodadores de autos", entre otras.
Sin embargo, esa situación cambió en 2018, cuando la empresa amplió sus competencias, que hasta entonces se limitaban básicamente a "producción, comercialización y realización de actos artísticos, eventos deportivos y de entretenimientos y todas las actividades conexas con la principal".
El 4 de julio de 2018, según el Boletín Oficial, sumó "servicios técnicos para eventos y espectáculos, sonido en general, compra-venta y fabricación de equipos de sonido, luces y varios, importación y exportación de equipos y producción de espectáculos y toda actividad anexa, derivada o vinculada con este objeto. Producción, dirección general, montaje, construcción, remodelación, diseño y realización de stands y exposiciones en ferias, convenciones y/o eventos públicos o privados. Producción, desarrollo, diseño y realización audiovisual, digital, merchandising y aplicaciones de contenidos en todas sus plataformas independientemente del soporte utilizado y del género".
Así, tras esa expansión, "entre junio y octubre de 2019 se propuso la firma de siete contratos diferentes con Mainasal por un monto global de 35.382.348 pesos de ese entonces", consignó una auditoría interna en Radio y Televisión Argentina (RTA), de la que Tiempo dio cuenta en su edición del domingo último.
Hasta 2018, la titular de Mainasal era Irma Loffi, una mujer que ronda los 75 años de edad y figuraba en AFIP en rubros que poco parecían tener que ver con las grandes producciones televisivas. Pero renunció y en su reemplazo asumió Germán Carlos Fernández Nandín, cuya supuesta relación con Lombardi es una de las líneas de investigación de la Oficina Anticorrupción (OA), tras recibir la auditoría.
Fernández Nandín sí aparece vinculado con los medios y es fuente de consulta mediática, entre otros temas, sobre transmisiones vía streaming durante la pandemia.
La auditoría indica que Mainasal accedió a "un virtual desdoblamiento subjetivo que tuvo por fin aparente el de eludir el examen del Directorio sobre los contratos de esta empresa que insumió la mayor porción de presupuesto artístico del período en cuestión".
Mainasal es actualmente pretensa acreedora de los medios públicos. La auditoría explica que "dado el cúmulo de irregularidades detectadas, no se han firmado los dos últimos contratos" que quedaron pendientes de la gestión anterior.
"La actual administración de RTA ha recibido intimaciones por parte de Mainasal SRL reclamando el pago de los últimos dos contratos, los cuales no fueron suscriptos por ningún representante de RTA SE, y que ascienden a la suma de 12.646.090 pesos".
El auditor interno de la empresa estatal era Cristian Larsen, a quien el informe le reprocha "una actuación incompatible" ya que parece estar en los dos lados del mostrador.
Esa dualidad consiste en "ser el principal o único interlocutor de RTA SE en la negociación de los contratos de mayor envergadura económica (Mainasal SRL, derechos de emisión, contratos de producción y de equipamiento y locaciones necesarios de los Juegos Olímpicos, Mundial 2018, Copa América, Juegos Panamericanos, Volley), y ser durante el desarrollo de estos contratos el contacto exclusivo del proveedor (Torneos-TyC) o contraparte con RTA SE".
Larsen acaba de ser designado para integrar el directorio de RTA por la oposición de Juntos por el Cambio, lo que motivó la reacción de los trabajadores de la TV Pública: "expresamos nuestro total rechazo frente a la reciente designación por parte de la Comisión Bicameral de Medios".
"De ser confirmado en el cargo, integrará un directorio que, entre otras cuestiones, debe rever decisiones que él mismo adoptó y que le generaron deudas millonarias al Estado. (…) Durante su paso por la función pública en RTA, se denunciaron numerosas irregularidades a su cargo, que deben ser investigadas, y que se suman a la incompatibilidad de las funciones de auditor interno con las tareas ejecutivas que ejercía mientras era el encargado de ser quien las fiscalizaba".
En relación con la nota publicada el domingo, en particular sobre un reclamo de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) por el pago de 74.400 pesos (más intereses) en concepto de derechos de autor de la obra musical ‘Agite Mundialista’", un spot del Mundial Rusia 2018 para Radio Nacional y emitido por la TV Pública, el ex Gerente de Artística del canal estatal Martín Teitelbaum se comunicó con Tiempo para aclarar que fue él quien objetó ese pago.
Según Teitelbaum, se realizaron varias reuniones de las áreas de Jurídicos porque consideraba que el pago a SADAIC debía hacerlo Radio Nacional, que fue quien encargó el spot.
El pedido para que la TV Pública pasara la promoción provino de Pablo Ciarliero, subdirector de la radio durante la gestión de Lombardi y padre de Nicolás, uno de los autores de la música del spot, por la cual SADAIC reclama el pago.
Por: Daniel Cecchini El anuncio de la “desvinculación” de Tomás Méndez de C5N desató una ola de reacciones entre quienes no conocen su forma de “hacer periodismo”, que llevó a que sus propios compañeros exigieran que lo echaran del Canal 10 de la Universidad de Córdoba.
Los dos hechos se sucedieron casi con la velocidad de un rayo: la transmisión por la pantalla de C5N del “escrache” organizado por el conductor de ADN, Tomás Méndez, frente al domicilio de Patricia Bullrich, y la lectura al aire por otro integrante del staff de la emisora de un comunicado donde se anunciaba “la desvinculación” de Méndez debido a ese escrache.
Conviene empezar por lo último, para dejarlo rápidamente e ir al tema de esta nota. Es lamentable que un periodista (Iván Schargrodsky) se preste a la lectura del anuncio del despido de alguien con quien comparte la tarea de informar en un medio. Es cierto que los tiempos de los shows periodísticos son vertiginosos, pero ante determinadas situaciones hay que tomarse el tiempo necesario para parar la pelota. Lo correcto hubiera sido que el periodista anunciara la presencia de un directivo del canal y que éste leyera el comunicado que anuncia el despido de otro periodista (Tomás Méndez). Punto y aparte.
El primer hecho fue bochornoso desde el punto de vista periodístico. Una cosa es que un medio envíe periodistas a cubrir un escrache si lo considera noticia, pero otra muy diferente es que el conductor de un programa lo organice para producir “una noticia”. No sólo no es su función sino una grave violación de la ética que requiere el oficio.
Vistas las reacciones que se produjeron desde ayer hasta el momento de escribir estás líneas, queda claro a mucha gente le resulta difícil percibir esa diferencia. Esto tiene que ver, parafraseando a Discepolín, con que algunos referentes políticos y algunos comunicadores se andan revolcando en el mismo lodo.
Y de tantas revolcadas ante las cámaras, buena parte del público identifica a algunos periodistas como si fueran referentes políticos. Desgracias del llamado “periodismo militante”, uno de los cánceres del oficio.
Y aparecen las justificaciones e, incluso, los festejos: Si Wiñazki, Leuco, Feinmann y tantos otros que están “del otro lado de la grieta” lo hacen, por qué no lo van a hacer “los de nuestro lado”. La respuesta es simple: porque una cosa no justifica a la otra y porque organizar un “escrache” va contra el buen ejercicio del periodismo. O dicho directamente: eso no es periodismo.
Ahora bien, ¿es realmente Tomás Méndez un periodista o es otra cosa?
Como comunicador deja bastante que desear: prepara informes rápidos y confusos pero efectistas sobre cualquier tema, muchas veces sin elementos que los sustenten; ha tenido que disculparse por posiciones discriminatorias y antisemitas expresadas livianamente frente a las cámaras; suele apelar al amarillismo y el sensacionalismo para capturar a la audiencia. Sobre este último punto, al principio de la pandemia escribí una nota en Socompa titulada “Tomás Méndez, un caso de periodismo basura”, que se puede leer aquí.
Bueno, podrán decir, si “los otros” lo hacen, hay que pagarles con la misma moneda. La respuesta vuelve a ser “No”. Eso podrá correr entre dirigentes políticos, pero no entre periodistas, por la sencilla razón que no es periodismo.
Pero, además, ¿quién es Tomás Méndez?
Un oscuro pasado cordobés Antes de recalar en la pantalla de C5N tuvo una larga trayectoria como comunicador en la provincia de Córdoba, donde también fue concejal y pretendió postularse a diputado sin suerte, porque un escándalo periodístico lo bajo de la lista.
Más que un periodista, Tomás Méndez es un empresario de sí mismo en el área de la comunicación. En ese papel, en Córdoba se mostró como un explotador sin escrúpulos, que negreó a sus empleados, sometiéndolos a una brutal precarización laboral. Este comportamiento, a la postre le costaría caro.
Como empresario de la comunicación, utilizaba su programa – también llamado ADN – en Canal 10 de la Universidad de Córdoba, para hacer operaciones políticas y extorsivas que le redundaban en importantes ingresos publicitarios salidos de los bolsillos, de las empresas o de los organismos estatales de los extorsionados.
La situación estalló en varias ocasiones, pero hubo una que lo puso en evidencia de una manera que no pudo eludir y llevó a su separación del Canal (sí, igual que ahora en C5N).
Harto de maltratos y de promesas incumplidas, uno de sus empleados precarizados – el ex productor de su programa ADN, Marcelo Castro, encargado de guardarlas difundió cámaras ocultas hechas por el propio Méndez a empresarios y funcionarios para después exigirles contraprestaciones.
Aquí puede verse una de esas grabaciones, que recomiendo ver y escuchar con atención. Donde arma una operación contra José Manuel De la Sota y un empresario amigo y luego le graba una cámara oculta.
La difusión de éste y otros videos – que están en las redes, a disposición de los interesados, y dejan en claro su modus operandi corrupto – hizo que fuera expulsado en el 2014 del Canal 10 de la Universidad Nacional Córdoba (UNC) por exigencia de sus propios colegas, que firmaron masivamente un petitorio para que se lo desvinculara.
Lo que hacía en Córdoba no es muy diferente de lo que venia haciendo en Buenos Aires.
Considerar que Tomás Méndez es un simple periodista y defenderlo hoy porque “es de los nuestros”, no sólo es asumir la defensa de un operador inescrupuloso sino también insultar a los miles de periodistas que ejercen con honestidad el oficio.
Defendiendo a Méndez no se defiende a la libertad de expresión ni se denuncia la censura. Todo lo contrario: se favorece una práctica perversa del periodismo.
La concentración en términos federales de los medios de comunicación es extraordinaria. En lo mediático, lo nacional es porteño. En cualquiera de los siete canales de noticias "nacionales" una información trivial de Capital Federal vale más segundos televisivos que un hecho importante en el interior
Por: Adrián Gerber No hay concentración más extraordinaria en este país en términos federales que la que sucede en los medios de comunicación. Y quizá es precisamente la concentración que explica en gran medida por qué persisten a esta altura del siglo XXI todas las demás, principalmente la económica y la política, en un país que históricamente padece un desarrollo desequilibrado desde el punto de vista geográfico. Son los medios de comunicación porteños quienes monopolizan la palabra a nivel nacional, son quienes construyen y dominan la agenda y el debate en el país. No hay ningún medio del interior que trascienda su territorio ni que incida en la agenda nacional más allá de instalar extraordinariamente alguna vez alguna noticia puntual. Así, las voces de los habitantes de las provincias no valen lo mismo que las de Buenos Aires en el debate público nacional. No es solo un dato actual. Es la historia. Es que a pesar de que se presume como federal, Argentina es el país más centralizado de América latina. Todos los poderes se concentran en la ciudad de Buenos Aires. Y "todos" significa t-o-d-o-s. Parafraseando a Albert Einstein: es más fácil desintegrar un átomo que el centralismo porteño.
Los habitantes de las provincias se informan principalmente con el amplio abanico de todos sus medios regionales, pero la agenda y el debate que incide en los poderes nacionales son los que instalan los medios de Capital y sus periodistas. Y en ese camino se pierde y desconoce la complejidad que tiene la Argentina. Así, terminan sobreinformando al país sobre la Capital Federal y desinformando sobre el resto de los distritos.
"Pinta tu aldea y abstenete de pintar el país, que para eso están los medios porteños", parece ser la consigna que se le impone al interior. Es como si la posibilidad de pensar lo nacional fuera exclusiva de Buenos Aires.
"Quizás nos deberíamos remontar a la Confederación Argentina (1831-1861), liderada por Justo José de Urquiza, para encontrar un momento histórico cuando el periodismo de las provincias tuvo incidencia nacional. Eso era porque Urquiza financiaba medios en varias provincias para defenderse del periodismo porteño. Después de esos primeros años de organización nacional, el periodismo porteño restituyó por completo su hegemonía excluyente. Así, en lo mediático, lo nacional es porteño", sentencia Fernando Ruiz, investigador y docente dedicado al estudio del ejercicio periodístico, y presidente del Foro de Periodismo Argentino (FoPeA).
La directora del Centro de Investigaciones de Mediatizaciones y de la Maestría en Estudios Culturales de la UNR, Sandra Valdettaro, sostiene que "desde un punto de vista macro, la tendencia general de la cobertura mediática en Argentina se caracterizó, desde siempre, por una tonalidad centralista, principalmente basada en la agenda porteña. La recurrente representación de distintos aspectos de Buenos Aires cubre el espectro informativo y circula como un estereotipo consolidado del país que aplana las profundas heterogeneidades y desigualdades de las distintas regiones. Esto produce imágenes distorsionadas cuyas consecuencias prácticas resultan contraproducentes en todos los ámbitos, tanto a nivel político, económico, como cultural y social".
Y añade: "Cuando los motivos informativos de los medios centrales refieren a otras provincias o localidades, también se recurre al recurso de la estereotipación, siendo el caso de las representaciones mediáticas sobre Rosario uno de los ejemplos más notorios".
Qué fuerte serán estos estereotipos que Rosario todavía carga con el estigma de "comegato", pese a que ya pasaron exactamente veinticinco años de ese hecho. Fue en mayo de 1996, en medio de una crisis económica profunda, que el periodista Julio Bazán llegó a Rosario y difundió en el noticiero "nacional" de Canal 13 imágenes de un grupo de personas asando un gato a la parrilla en una villa del Bajo Ayolas, en la zona sur. Sin dejar de reconocer la gravedad de la situación social, el entonces intendente Hermes Binner denunció que todo fue un montaje escénico y que habían pagado "100 pesos para filmar el show del gato". Verdad o mentira, en cuestión de horas la imagen se difundió y repitió hasta el infinito en todo el país y dio vueltas al mundo. Es que cuando los canales porteños de difusión nacional dan una información del interior siempre es por alguna tragedia natural, accidente de tránsito mortal o para "mostrar" algún hecho pero de manera escandalosa. O para dar cuenta de algo exótico, tipo crónica de viajes. A lo sumo, el "federalismo" de estos canales "nacionales" se reduce a tener cámaras fijas en el interior (sin micrófonos) para que la audiencia pasee a través de las imágenes.
Y esto en un país donde no solo el fútbol es pasión, sino también las noticias: Argentina es el país de Sudamérica con mayor oferta de canales de alcance nacional dedicados a la información. Hay en total siete señales: TN, C5N, A24, Crónica TV, IP, La Nación+ y Canal 26. Brasil tiene cinco y Chile solo dos. Y otra singularidad es la hiperconcentración geográfica de estos canales, que transmiten las 24 horas a través de la TV por cable: se autodenominan como "nacionales", pero seis son porteños y Canal 26 tiene su sede en el Gran Buenos Aires, pero la gran mayoría de sus periodistas son de Capital.
Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información e investigador del Conicet, advierte que la concentración en términos federales de los medios de comunicación "es un proceso histórico que se ha acentuado en los últimos años con el cruce de medios, telecomunicaciones e internet. El ejemplo de la fusión entre Cablevisión y Telecom -la mayor de la historia latinoamericana en el sector de las comunicaciones- ilustra la nueva escala gigantesca de la tendencia en los últimos años. La convergencia tecnológica tiene muchos efectos, pero si el Estado no protege la competencia y si no controla la concentración excesiva, se profundiza un rasgo que termina afectando a la ciudadanía".
Y agrega: "El mapa de propiedad de medios de comunicación está aún más centralizado en Buenos Aires que otras actividades económicas, y eso sucede porque además de tener importancia económica, los medios siguen siendo muy importantes políticamente, y son el lubricante para realizar otros negocios en interlocución con gobiernos, bancos, grandes empresas y Poder Judicial".
Los periodistas de los siete canales de noticias hablan siempre de Buenos Aires, de lo que pasa allí, desde los asuntos más importantes hasta los más intrascendentes. Los temas nacionales son abordados, obviamente, con una mirada porteñocéntrica. Hablan como si todo lo que pasa en Capital fuera lo que sucede en la Argentina. No lo hacen por maldad, no es ni más ni menos una demostración de que nadie habla desde ningún lugar. Y así, en las pantallas "nacionales" no hay nada acerca de la diversidad social, política, económica y cultural de las distintas regiones del país.
Un accidente de tránsito en la avenida 9 de Julio tiene más importancia en cualquiera de estos siete canales que un paro de colectivos durante semanas en cualquier ciudad del interior. La caída de un árbol en el barrio Palermo Hollywood vale más segundos televisivos que el incendio de cientos de hectáreas en el Delta frente a la provincia de Santa Fe. La queja de un grupo de comerciantes porteños tiene tanta visibilidad en esos medios como la invisibilidad de los reclamos de empresarios de Tucumán. ¿Cuántos minutos de TV le darían estos canales a una reunión entre los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe? Imaginemos, en contraste, qué pasaría si los que se encuentran son el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador bonaerense.
Y así, a fuerza de horas y horas al aire, gran parte del país sabe, solo a modo de ejemplo, que el ministro de Salud porteño se llama Fernán Quirós. ¿Pero acaso alguien conoce no ya quién es el ministro de Salud de la provincia de Salta, sino al menos el nombre de su gobernador, o el de Neuquén, o el de Tierra del Fuego, o el de Corrientes, o el de Catamarca? Está claro que la dirigencia política porteña cuenta con estos siete canales como trampolines para su proyección política a nivel nacional. No es una casualidad que de los últimos cinco presidentes de la Nación electos en las urnas, tres hayan surgido de la ciudad de Buenos Aires (Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Alberto Fernández), y dos hayan sido jefes de Gobierno porteño. Tampoco es casualidad que desde 2003 la provincia de Buenos Aires viene siendo gobernada por mandatarios nacidos en la ciudad de Buenos Aires: Felipe Solá, Daniel Scioli, María Eugenia Vidal (que incluso previamente fue vicejefa de gobierno porteño) y Axel Kicillof. Y ni hablar de los efectos que esta concentración mediática tiene en la gobernabilidad.
"Si a la burbuja de Buenos Aires se le agrega cierta burbuja de clase media porteña en la que está encapsulado este periodismo, esto nos ayuda a entender algo de su dificultad para conectarse con todo el país y todos los sectores sociales", ahonda Ruiz, titular de FoPeA.
Valdettaro, de la UNR, advierte que "los medios locales, por su parte, dependen en general de dicha cobertura central, intercalando contenidos que, la mayoría de las veces, resultan excesivamente localistas y poco contextualizados. Sin embargo, la agenda informativa actual es muy profusa y compleja, con numerosos medios (gráficos, radiofónicos, audiovisuales) que proponen estilos diferenciados y peculiares, los cuales logran desmarcarse de dicha tendencia general aportando información y análisis de calidad, y atenta a las particularidades de cada región. Las redes sociales y plataformas agregan complejidad a dicha dieta informativa, construyendo públicos transversales que navegan según sus propios criterios y necesidades estilísticas".
Los medios masivos de comunicación son el principal dispositivo de construcción del sentido social. Y en este esquema comunicacional concentrado geográficamente los imaginarios sociales que se consolidan, legitiman y difunden responden a la mirada existente en Capital Federal, más precisamente de sus clases media y alta, relegando la diversidad regional y social que tiene el país.
La señal del Grupo Indalo emitió un mensaje sobre el accionar del periodista Tomás Méndez
El programa arrancó su nueva edición de los domingos con un móvil que condujo Miguel Ponce de León, desde la puerta de la casa de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, junto a miembros de la agrupación kirchnerista "Taxistas Unidos y Organizados", que habían sido convocados por la producción del programa ADN. Ellos llevaban carteles impresos con la frase: "¡Queremos preguntar", buscando emular la acción que realizó Jorge Lanata en su PPT, dónde cuestionaba la falta de conferencias de prensa de Cristina Fernández de Kirchner.
Mientras esto ocurría, las señales LN+ y TN le daban aire al "escrache" que se realizaba en la cuadra dónde reside Bullrich y mencionaban el espontáneo cacerolazo que se producía, con vecinos molestos por la acción del programa de C5N.
A minutos de finalizar el programa, la dirección del canal C5N emitió un comunicado sobre el accionar del programa ADN en la casa de la líder del PRO, Patricia Bullirch. La señal explicó que no estaba al tanto del escrache y que desvinculará al periodista.
Entre los cuestionamientos de los taxistas se incluyeron su alianza con Mauricio Macri, el destino de los fondos pedidos al Fondo Monetario Internacional en la gestión de Juntos por el Cambio, sus vínculos con el peronismo y las acusaciones contra la actual gestión por las vacunas con Pfizer.
Ante el escrache, vecinos de la zona comenzaron un cacerolazo a favor de la exministra para acallar a quienes se encontraban en la calle frente a la puerta de su hogar.
"Creo que lo que hizo C5N fue violar todos los códigos de ética periodística. Han organizado esto como si fuera gente que tiene como objetivo preguntar algo y es algo del partido del Gobierno. Tanto el canal como los taxistas tendrán que dar explicaciones. No voy a adelantar nada de lo que voy a hacer, pero quiero saber cuáles serán las consecuencias", aseguró Bullrich al canal LN+ mientras se realizaba la polémica protesta.
Hoy circularon mensajes en los que @C5N organizaba un escrache frente a mi casa. Parece que algo le molesta al Gobierno y a sus medios amigos. Ladran, Sancho... pic.twitter.com/WuoGxoA7DB
Pero, la situación no terminó allí ya que el propio canal C5N salió a despegarse de modo adoptado por el programa de instalarse al frente de la casa de Bullrich.
“La dirección de C5N quiere dejar en claro que nunca estuvo al tanto de la organización de un escrache frente a la casa de Patricia Bullrich”, señalaron en un comunicado emitido en sus redes sociales.
Comunicado de la empresa En el día de la fecha, el periodista Tomás Méndez en su programa ADN realizó un móvil desde la casa de la presidente del Patricia Bullrich. La dirección del C5N quiere dejar en claro que nunca estuvo al tanto de la organización de un escrache frente a la casa de dicha dirigente política.
Esta acción no forma parte del estilo periodístico de C5N e Indalo Media que a lo largo de estos años, ha llevado a cabo prácticas periodísticas responsables, que no abandonó ni siquiera en los peores momentos de persecución.
A la vez, comunicar que a partir de este momento se inicia el proceso de desvinculación laboral del periodista Tomás Méndez.
"Quiero aclarar varios puntos: Primero, el móvil en lo de Patricia Bullrich era con tono humorístico y parodiando el "queremos preguntar" de Jorge Lanata. 10 taxistas no hacen un escrache", escribió en un primer tuit.
Y añadió: "Segundo, no mostramos dirección ni casa de Bullrich. Tercero, es increíble que después de ejercer la violencia en todos sus medios como lo hacen digan que los otros son violentos". Por último, el periodista cerró con un tuit diciendo: "Nunca fui ni siquiera imputado en ninguna causa de todas las que me armaron. Estoy orgulloso de haber peleado contra los poderes reales en Argentina durante todo este tiempo y cada vez que pueda lo seguiré haciendo desde el lugar en que esté. Gracias a todos por el apoyo".
Quiero aclarar varios puntos: Primero, el móvil en lo de Patricia Bullrich era con tono humorístico y parodiando el "queremos preguntar" de Jorge Lanata. 10 taxistas no hacen un escrache. (sigue 👇)
Con el paso de las horas la etiqueta #ChauC5N, comenzó a ser tendencia en Twitter, por un lado seguidores del macrismo que aprovecharon la oportunidad de cargar contra la señal de Indalo Media y, en el otro extremo, la militancia kirchnerista, indignados por el despido de Méndez, la "censura" y las disculpas de la empresa a Bullrich.
Contrataciones millonarias, tercerización de trabajos innecesaria, pago de comisiones y gastos personales. Reclamo de Sadaic por un spot y triangulación injustificada
Por: Néstor Espósito - @nestoresposito La gestión de los medios públicos durante el gobierno de Cambiemos realizó contrataciones millonarias con una productora con la que nunca había tenido relación, tercerizó trabajos que hacía la TV Pública, pagó “comisiones” para promoción política, gastos en hotelería y viáticos para actividades personales y hasta abonó derechos de autor por una canción del hijo de uno de los funcionarios de Radio Nacional.
La auditoría interna ya está en manos de la Oficina Anticorrupción. Llegó días antes de que estallara la embestida contra la actual conducción de Radio y Televisión Argentina (RTA).
Desde La Nación+, el canal que se menciona ligado al macrismo, se difundieron supuestos gastos superfluos de la presidenta de RTA, Rosario Lufrano: un cepillo de dientes, un dulce de leche, una yerba Playadito y sendos deliverys (los restaurantes estaban cerrados) por una chocotorta y una promo de sushi, pagados desde una caja chica de 30 mil pesos. Probablemente se hayan traspapelado los tickets de vinos Catena Zapata y Navarro Correas, los almuerzos en restaurantes (abiertos) de Puerto Madero y los gastos de “hotelería” correspondientes al período 2016-2019.
La auditoría interna realizada sobre los medios públicos durante la gestión de Hernán Lombardi muestra "irregularidades que se desarrollaron en un marco de secretismo extremo".
El dato más llamativo es la contratación para programas y eventos de "una única productora que hasta ese momento no registraba antecedente artístico alguno con RTA, la firma Mainasal SRL".
"Hasta 2016, la programación anual era aprobada por el Directorio". Eso cambió con la llegada de Cambiemos. Y los controles virtualmente desaparecieron en 2019.
"Entre junio y octubre de 2019 se propuso la firma de siete contratos diferentes con Mainasal por un monto global de 35.382.348 de pesos" para la producción de acontecimientos como "Argentina Baila", que se desarrollaban "como una producción propia de RTA" y de repente "pasó sin justificación alguna a ser una coproducción". También se le pagaron 2.677.368 de pesos por la "Ceremonia de Apertura de los Juegos Bonaerenses 2019" y 2.752.943 (ambos más IVA) por el "Festival Vivo Luján 2019".
La productora también percibió cuatro millones y medio de pesos por la producción de dos programas: "Lectores", conducido por Gustavo Noriega, y "Noches de Blanc", a cargo de Guillermo Blanc. "Ciclos de entrevista a un invitado que no revisten originalidad alguna ni presentan peculiaridades que generen la necesidad de delegar su producción en terceros", sostiene la auditoría.
Entre las medidas que dispuso para decidir qué tratamiento le dará al caso, la OA busca determinar si existe algún vínculo entre Mainasal y Miguel Pereyra, el ex presidente de RTA durante la gestión de Lombardi.
Mainasal reclama en la actualidad una supuesta deuda de más de 12 millones y medio de pesos por dos contratos que figuran en la documentación de la auditoría como "sin firma".
"Los contratos presentan objetos con más visos de excusas que prestaciones genuinas, presupuestos que no son controlados, sin consulta a las áreas de producción acerca de la existencia de recursos propios y, en muchos casos, con dictamen jurídico en contra de la contratación (en dos casos la presentación de facturas fue anterior al contrato)".
Mundialista
La deuda que hoy reclama SADAIC por los derechos de autor de la obra musical Agite Mundialista se originó en un email que Pablo Ciarliero, subdirector de Radio Nacional de la gestión Lombardi, le envió al entonces Gerente de Artística de la TV Pública Martín Teitelbaum indicándole que emitiera el spot mundialista, cuyo autor era, casualmente, su hijo Nicolás Ciarlero. SADAIC presentó un reclamo administrativo por el pago de 74.400 pesos, más intereses
La auditoría también puso el ojo en 37 "comisiones de servicios" de ejecutivos de RTA "consistente en hacer uso de un procedimiento o mecanismo habitual (destinado a instrumentar los pagos de pasajes, estadías y alimentos del personal que se envía a realizar producciones o cubrir notas periodísticas en localidades alejadas de Buenos Aires), para sufragar los traslados de funcionarios de RTA SE con fines extra-laborales totalmente ajenos a las actividades regulares de la empresa y solamente en algunas ocasiones relacionados vagamente con actividades políticas, proselitistas o protocolares del titular de la jurisdicción que ejercía el rol de accionista de RTA SE, Hernán Lombardi". El monto de esas comisiones trepa a 1.054.814,83 de pesos.
El reporte explica, además, cómo se triangularon pagos sin justificación de RTA a la también empresa estatal "Contenidos Públicos" para la contratación del ciclo "Subite a mi sidecar" ("Vas a viajar en mi sidecar", que condujo el escritor Federico Andahazi) por más de 20 millones de pesos.En ese mismo contexto, el informe explica que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) "presentó un reclamo administrativo por el pago de 74.400 pesos (más intereses) en concepto de derechos de autor de la obra musical ‘Agite Mundialista’", un spot del Mundial Rusia 2018 para Radio Nacional y emitido por la TV Pública.
Entre los autores de la canción figura Nicolás Ciarliero, hijo de Pablo Ciarliero, subdirector de Radio Nacional durante la gestión de Lombardi. La deuda que hoy reclama SADAIC se originó en un e-mail que Ciarliero padre le envió al entonces Gerente de Artística de la TV Pública Martín Teitelbaum indicándole que emitiera el spot publicitario mundialista. En ese mismo contexto, el informe explica que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) “presentó un reclamo administrativo por el pago de 74.400 pesos (más intereses) en concepto de derechos de autor de la obra musical ‘Agite Mundialista’”, un spot del Mundial Rusia 2018 para Radio Nacional y emitido por la TV Pública.
Entre los autores de la canción figura Nicolás Ciarliero, hijo de Pablo Ciarliero, subdirector de Radio Nacional durante la gestión de Lombardi. La deuda que hoy reclama SADAIC se originó en un e-mail que Ciarliero padre le envió al entonces Gerente de Artística de la TV Pública Martín Teitelbaum indicándole que emitiera el spot publicitario mundialista.
Para el especialista Santiago Marino, “el problema no va a ser lo que no produzcamos este año o el que viene con lo que no se recaudó en 2020, sino lo que no se produzca en 2023 o 2024"
Por Ezequiel Boetti La continuidad del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) vuelve a ranquear alto entre las preocupaciones de un sector importante de la industria nacional. Así lo demuestran los comunicados de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) y el Colectivo de Cineastas (CDC) emitidos hace una semana. En ellos señalan que, de no mediar modificaciones legislativas, el 2023 arrancará con “el cine perdiendo la principal fuente de recursos con que el INCAA asiste y fomenta” la actividad. Las razones hay que buscarlas en la Ley 27.432. Promulgada en diciembre de 2017, fija el 31 de diciembre de 2022 como fecha de vencimiento para todas las asignaciones específicas de impuestos nacionales coparticipables. Entre esas asignaciones están los dos impuestos que significan el grueso del Fondo: el 10 por ciento de cada entrada de cine y venta de DVD’s y Blu-Ray’s y el 25 por ciento de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) en concepto de gravámenes a los canales de televisión y servicios de cable. Bajo ese nuevo paradigma, afirman las entidades, ese dinero no irá directo de la AFIP al Instituto –como hasta ahora– sino a Rentas Generales, corriendo el riesgo de ser reasignado para funciones distintas a las que motivan su recaudación.
Los comunicados vuelven a coincidir cuando vislumbran un Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) “sin recursos propios para funcionar, dependiendo de lo que cada año se le asigne en la Ley de Presupuesto y perdiendo su carácter de autarquía definido en su ley fundante”, en palabras de la CAIC. Esa ley fundante es la 17.741, que en 1994 estableció los mecanismos de créditos y subsidios que, desde entonces, y más allá de algunas modificaciones menores, han sido el pilar económico fundamental de la industria cinematográfica nacional. “Hay quienes entienden que eso no implicaría automáticamente la pérdida de fondos para el sector, sino que plantean que esos recursos debían tener una asignación especial que no tenían. Es compresible la preocupación porque en un país como Argentina todo recurso que no tenga afectación definida específica está en discusión”, analiza el docente e investigador de las universidades de Quilmes y San Andrés, Santiago Marino, para quien lo que ha cambiado desde la sanción de 2017 no fue tanto el marco legislativo como el contexto
Un cambio con “dos velocidades”, como define. La primera, “más constante y duradera”, tiene que ver con el desarrollo tecnológico. “El audiovisual ampliado atraviesa transformaciones cada vez más significativas en todos los eslabones de la cadena y que ponen en duda una regulación que tiene su trayectoria, que sirvió mucho para el sector del cine en un momento específico y ha logrado prolongarse en el tiempo. Es la única política de Estado para el sector audiovisual”, analiza. La otra velocidad “es más intensa y se vincula con lo que la pandemia ha hecho con eso”. Es así que, si bien “no hay nada nuevo en términos tecnológicos desde 2020, sí hay un contexto global distinto que aceleró muchas decisiones que ya veníamos observando, como la reducción de la ventana entre el estreno en cines y las plataformas y la desaparición de varias salas que no lograron abrir después de estar cerradas durante meses”.
La industria –señalan desde el CDC y la CAIC– viene siendo cacheteada con fiereza por la situación sanitaria, con una caída de la taquilla 2020 de un ochenta por ciento en comparación a la 2019 que redunda en un Fondo menos voluminoso, las salas de las ciudades más populosas cerradas y casi sin rodajes en marcha. Es, pues, un corte profundo a la circularidad que había entre lo recaudado, la reinversión en producciones nacionales y su llegada posterior nuevamente a las pantallas. Un circulo que antes de la pandemia tardaba un mínimo de entre dos y tres años para cumplirse, con los inevitables problemas que genera esta brecha en una economía atravesada por la inestabilidad y la inflación. En esa línea, Marino advierte que “el problema no va a ser lo que no produzcamos este año o el que viene con lo que no se recaudó en 2020, sino lo que no se produzca en 2023 o 2024. Esta crisis sí será prologada en términos de lo que aportan al Fondo las entradas vendidas”.
¿Cómo reactivar un sector cuyo alimento más nutritivo es un porcentaje de las entradas vendidas en complejos vacíos hace casi un año? Para Marino deberían “generarse mecanismos de urgencia similares a los que presentó el mes pasado el gobierno y vincularlos con estímulos a la demanda”. “En Francia, por ejemplo, entregan a los adolescentes y jóvenes una tarjeta con dinero para gastar en alguna suscripción vinculada con las industrias culturales, y se vio que muchas suscripciones se mantienen después del periodo pagado con esa tarjeta. Otro estímulo que ha funcionado muy bien en momentos puntuales fueron los 2x1 y los descuentos fuertes para entradas a películas argentinas. De esta crisis hay que salir con una propuesta distintiva y diferenciadora, y eso implica necesariamente incluir a las plataformas como sujetos regulados. Creo que al reclamo por la no caducidad de los fondos hay que acompañarlo con una demanda, una militancia, una gestión que incluya a esas empresas como aportantes para generar recursos. Esa regulación debería traer exigencias de producción nacional, cuota de pantalla y visionado en la interfaz”, afirma.
Fondos para el Fondo La búsqueda de que una parte de lo que abona cada usuario de una plataforma de streaming vaya al FFC no es nueva, aunque ha tomado fuerza desde marzo del año pasado. La cuestión es de qué manera hacer calzar esta idea en el actual marco regulatorio. Si bien la Ley de Cine no distingue modos tecnológicos, sí habla de la comercialización, ya sea en concepto de venta o alquiler, de “videogramas grabados” para definir a los actores obligados a aportar. Pero en las plataformas no hay “videogramas grabados” sino envío y descarga de datos. De allí que en el ámbito de las telecomunicaciones se hable de ellas como servicios OTT (Over the Top), es decir, de libre transmisión de audio, video y otros contenidos por internet sin operadores tradicionales involucrados. “Servicios” es otra palabra clave, pues ese encuadramiento las vuelve afectables por normas de naturaleza tan distinta como las leyes Argentina Digital, de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Economía del Conocimiento.
Podría pensarse que hasta que no se cambie el concepto “videogramas grabados” de Ley de Cine será difícil aspirar a que estas empresas tributen. Sí, pero quizás la solución, que siempre demandará voluntad política –alguien tiene que poner los votos en el Congreso, la variable más difícil de llevar adelante cuando se estudian estos temas–, pueda darse redactando un artículo que modifique esa definición no solo en la Ley de Cine sino en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta última no habla de operadores lineales que se dediquen a la distribución de contenidos audiovisuales propios y de terceros en la red y a demanda, y es una definición que hay que agregar. Con cierta técnica legislativa los especialistas pueden resolverlo, pero el campo cinematográfico argentino deberá convivir con que parte de sus cánones decimonónicos se quiebren en términos de definición. Eso demandaría hacerle una actualización al Instituto incorporando algunas tareas que no tiene y reorganizándolo, algo mucho más que complejo que cambiar las palabras "videogramas grabados".
¿Cómo debería dialogar la Ley de Cine con ese contexto jurídico? La Argentina tiene una regulación divergente y desarticulada del sector audiovisual, y creo que lo mejor sería articularla. Muchas veces me han respondido a la crítica de la desarticulación que la conducción es política. No me parece serio ese planteo, porque cuando es así asoman las urgencias que ve hoy el sector: que cuando venga un gobierno que no tenga entre sus prioridades la defensa de la producción nacional, estaremos en problemas. Y ahí también la conducción es política. Pero tampoco hay una respuesta sencilla porque ningún país la tiene. No hay un “modelo europeo” o “estadounidense” como ejemplos posibles. Hoy tenemos un escenario donde hay jugadores no regulados que compiten en condiciones beneficiosas con jugadores regulados, con el agregado de que estos últimos tienen más exigencias a nivel nacional y son más chicos que los que los no regulados que dominan el mercado. Hay que pasar de esa desigualdad a un marco regulatorio igualitario, con igualitario entendido como que todos estén regulados.
¿Y luego? Creo que debería regularse por servicios y no por tecnología. Quizás no haya que pensar en tipos de producciones ni generar “fondos para películas” y “fondos para series”, sino directamente para contenidos nacionales. Y sin duda a ese fondo tienen que sumarse las plataformas, sobre todo las extranjeras. Esa es una experiencia que está atravesado México y Colombia, y que en la Argentina es una discusión en algunos sectores muy puntuales. Hay una serie de líneas que sí deberíamos cumplir: integrar a los no regulados a la regulación con exigencias impositivas, de producción y visibilidad en la interfaz, que esa regulación esté guiada por servicios y no por tecnología ni tipo de producciones, y que sea lo más justa posible pensando que estamos en pos de regular actores muy diversos entre sí, con capacidades muy diferentes y con reacciones que hacen que todos se presentan como débiles.
¿En qué sentido? Si uno habla con Netflix, ellos dicen: “Bueno, estamos dispuestos a encuadrarnos en una regulación, pero esa regulación debería empezar a pensar la propiedad cruzada que hay entre proveedores de servicio de conexión y OTT”. Y ahí tenés a Clarín, porque para ver Netflix necesitás un servicio de conexión. Ahí hay un actor no regulado como Netflix compitiendo contra un regulado como Flow, que es parte de una empresa que además provee servicios de conexión. Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de regular, lo que muestra la complejidad de la trama. Quizás haya que avanzar por compartimentos.
¿Cómo sería eso? Me refiero a que conviene avanzar por partes. Si metemos a lo no regulados dentro de una regulación, ¿qué le vamos a pedir? Que paguen algún impuesto, que figuren en un registro para saber quiénes son, dónde están, cómo operan y si cumplen con lo pautado. Después vemos si en el futuro hay más posibilidades, porque no hay que descartar que una ley de este tipo quede vieja dentro de cinco años, por lo que a lo mejor la solución no sea una norma. Pero es cierto que así como hay urgencia por el reclamo de los fondos, habrá urgencias mientras sigan conviviendo operadores regulados con no regulados. Foto: Guadalupe Lombardo Fuente: Diario PáginaI12
Los medios de comunicación deben liderar un cambio transversal para que la información y los contenidos que producen sean más inclusivos, con enfoque de género y verificación como parte de su responsabilidad en la construcción de la democracia.
Expertas y periodistas analizaron durante tres días el rol de los medios y cómo contribuye el periodismo con enfoque de género a la democracia en el Efefórum "Prensa y Mujer", una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia y la Agencia EFE, que también contó con una mentoría sobre pautas y recomendaciones para una comunicación más inclusiva.
En este evento virtual se señaló que si bien cada vez más los medios de comunicación latinoamericanos se suman a este compromiso, las brechas y las desigualdades se han profundizado por la pandemia.
Es fundamental ver "cómo se construye democracia a través de los medios de comunicación y cómo los periodistas y las periodistas" pueden acceder a "las herramientas y los niveles de empoderamiento necesarios para poder llevar a cabo esta función social que es tan relevante", dijo Luciana Mermet, representante del PNUD en Bolivia.
Cambio transversal Los medios deben hacer una revisión, una autocrítica para corregir esos vacíos en el tratamiento igualitario al interior de su estructura, porque las periodistas muchas veces están más expuestas a desigualdades o vulnerabilidades, como una mayor carga laboral sin una justa remuneración.
La emergencia sanitaria y la crisis económica y social también plantean la necesidad de que haya una coordinación entre los medios de comunicación para enfrentar el desafío de dar una información honesta, objetiva, verificada y con un enfoque de género.
El papel de los medios es primordial para que se visibilicen "los emprendimientos, los logros de las mujeres" en la sociedad, afirmó July Rojas, editora de contenidos del diario Los Tiempos de Bolivia.
En la actualidad persiste aún cierta "convivencia" entre el papel de las periodistas como generadoras de contenido y el uso estereotipado y cosificado de la mujer en los medios de comunicación.
"El estereotipo más doloroso es el que cosifica a la profesional (...) pesa más una figura que la calidad profesional", advirtió Maggy Talavera, directora del Semanario UNO.
Carla Rivera, gerente general de Bolivia TV, destacó que para romper con ese estereotipo en su medio se ha incluido "la diversidad" de las lenguas originarias de Bolivia, "a partir de la cobertura de nuestras periodistas tanto en aimara, quechua y guaraní" pues esto "enriquece nuestra pantalla".
Una obligación El periodismo sin enfoque de género no es una opción, sino "una obligación", afirmó Soledad Álvarez, directora de Estrategia de la Agencia Efe.
El periodismo con perspectiva de género es el camino para hacer información completa, honesta y objetiva, "todo lo demás es información sesgada por cuanto excluye a la mitad de la población, ya sea como protagonista o como fuente informante", dijo por su parte Macarena Baena, directora de Efeminista.
Los medios de comunicación deben visibilizar y denunciar los comportamientos y las actitudes sexistas de los personajes públicos y de relevancia y ser cada vez más rigurosos en desvelar aquellas informaciones o titulares que intentan "disfrazar" este tipo de conductas.
Amparo Canedo, directora de la plataforma digital Guardiana, señaló que los códigos de ética son fundamentales ante lo que se está viendo en las redes sociales con los "linchamientos mediáticos", cuestión en la que los profesionales de la comunicación pueden ver como una oportunidad para "hacer pedagogía" sobre el manejo del lenguaje y el respeto a los derechos humanos.
Recomendaciones Como en todo cubrimiento se deben tener ciertos parámetros para que la información que se produzca sea un reflejo fiel de la realidad.
Todas las redacciones deben siempre utilizar una terminología adecuada, contextualizar los hechos, sin amarillismo ni banalización.
Las informaciones sobre feminicidios deben tener todos los datos de la víctima, sin victimizarla, la información sobre el agresor, los hechos que rodean el caso y consultar fuentes idóneas y que no sean cercanas al maltratador.
En cambio en las notas sobre violencia machista en las que la víctima ha logrado sobrevivir se debe proteger su identidad, por su propia seguridad y la de su entorno.
Los medios tienen la responsabilidad de hacer un seguimiento informativo a esos hechos, verificar que el Estado y las diferentes entidades atienden a las víctimas y aplican justicia, de lo contrario las periodistas y los periodistas están en la obligación de denunciar esas faltas.
Finalmente, Manuel Fuentes, director de la Agencia EFE para Suramérica, sostuvo que es primordial para los medios y para la sociedad contar con el apoyo de instituciones del Estado y de organismos como el PNUD para el desarrollo de democracia con una perspectiva de género.
