Apura la votación de un proyecto que impida al Gobierno usar esa caja millonaria en la campaña
Por: Laura Serra
En este año electoral, el Gobierno prevé gastar por lo menos 512 millones de pesos en propaganda de su gestión, sin control ni restricciones. Los candidatos opositores, en cambio, tendrán prohibido contratar publicidad privada en los medios audiovisuales durante la campaña y estarán sujetos a los espacios que les otorgue el Gobierno, sorteo mediante, para difundir sus propuestas.
El contraste es desmesurado y la oposición decidió dar batalla en el Congreso para revertirlo. En la Cámara de Diputados los bloques opositores impulsarán cuanto antes la sanción del proyecto, ya consensuado entre ellos, que impone límites drásticos al uso de los recursos públicos para difundir los actos de gestión. No sólo eso. El párrafo que irrita al Gobierno es el que prohíbe todo tipo de publicidad oficial durante los meses de campaña.
Como el tiempo apremia, los opositores coinciden en priorizar este proyecto no bien arranque el período de sesiones ordinarias, en tres semanas. El Gobierno ya anticipó su contraofensiva y amenaza con regular la publicidad privada que reciben los medios de comunicación si la oposición avanza con su iniciativa. No se trata de una advertencia al voleo; varios funcionarios y legisladores kirchneristas, seducidos con la idea, ya comenzaron a trabajar en un borrador que circula en algunos despachos empinados del oficialismo.
El aumento de la publicidad oficial desde los albores del kirchnerismo fue sideral: en 2004 el presupuesto le destinó casi 80 millones de pesos, mientras que para este año se calcularon 512 millones. Es decir, el gasto se sextuplicó en siete años.
Pero el problema no sólo radica en los millones que vuelca el Gobierno a este rubro; lo más cuestionable para la oposición es la arbitrariedad con que distribuye las pautas entre los medios de comunicación, sin más criterio que premiar a las empresas amigas y castigar a las más críticas. Así lo advirtieron en infinidad de oportunidades no sólo dirigentes de la oposición y los medios afectados, sino también organismos no gubernamentales nacionales e internacionales que se dedican a monitorear la transparencia de la gestión.
La discrecionalidad en el reparto fue elocuente el año pasado. Según publicó este diario, dos grupos editoriales muy afines al oficialismo, como el diario PáginaI12 y el Grupo Szpolski (Tiempo Argentino, El Argentino, Veintitrés, Siete Días, entre otros medios gráficos), concentraron alrededor del 47% de la publicidad oficial en diarios y revistas de la Capital (NdE: La Nación omite mencionar al Diario Ámbito Financiero de Orlando Vignati). En tanto, el 67,5% de la publicidad del Estado en la televisión abierta porteña fue a parar a una sola señal, Canal 9, seguido muy de lejos por los dos canales más vistos de la Argentina, como Telefé, que reunió el 16,7% de aquellos fondos, y El Trece, que apenas captó el 5% de la torta publicitaria oficial.
Control y restricciones
El proyecto opositor ya cuenta con dictamen en la Cámara de Diputados, con lo cual está listo para su debate en el recinto. Sólo basta reunir el quórum, requisito no menor en tiempos electorales, cuando los legisladores ralean en el Congreso. Por eso, justamente, los bloques opositores quieren tratarlo cuanto antes.
El dictamen se basa en tres ejes: se extrema el control en el gasto de la publicidad oficial; se crea un registro al cual deben inscribirse todos los medios que aspiran a recibir una pauta y se establecen criterios expresos para su asignación, de modo de evitar la discrecionalidad y, tercero, se prohíbe todo tipo de publicidad oficial durante la campaña electoral.
El bloque de diputados de la UCR, que esta semana diseñará su agenda legislativa, será la punta de lanza de la embestida. "Es una vergüenza, una inmoralidad cómo el Gobierno usa los recursos públicos para hacerse propaganda, propio de un régimen absolutista y autoritario. También es escandaloso cómo el gobernador Daniel Scioli hace lo mismo en Buenos Aires", fustigó su jefe de bancada, Ricardo Gil Lavedra.
"Sin dudas que el Gobierno va a utilizar los superpoderes para aumentar la partida de 512 millones que pautó para este año, como ya hizo en 2009. Va saturar con propaganda todos los medios mientras la oposición aún espera que reglamente la ley para que nos asigne los espacios en los medios", cuestionó la diputada Silvana Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión.
Todo el arco político no kirchnerista anticipó ya su apoyo. "Ahora más que nunca debemos actuar. El Gobierno planea extender al rugby y al básquet lo del Fútbol para Todos y va a saturar con propaganda cada partido", advirtió Patricia Bullrich (Coalición Cívica). "La publicidad oficial se convirtió en una caja para no sólo premiar a los medios amigos, sino también para crear redes que le sean afines", sostuvo Laura Alonso (Pro).
Con la campaña electoral en marcha, ningún legislador se atreve a garantizar la sanción del ambicioso dictamen opositor. El diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) propondrá, en sendos proyectos, que por lo menos se le prohíba al Gobierno la inauguración de obras públicas durante los 35 días de campaña, como también toda forma de publicidad oficial en ese período.
Una caja clave para la campaña
El Gobierno administra cifras millonarias de publicidad oficial que crecieron exponencialmente desde 2003. Esos fondos se manejaron sin regulación alguna.
Rápido aumento
Con un decreto, ya se aumentó en 84 millones de pesos el monto asignado para propaganda durante el año electoral.
El proyecto que impulsa la oposición para poner límites
Mayor control
Se crea una unidad ejecutora de la publicidad oficial dirigida por un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, pero con acuerdo del Senado. Y se propone una comisión bicameral parlamentaria para la revisión.
Rendición de cuentas
El Gobierno debe presentar un plan anual de publicidad oficial y presentar un informe semestral al Congreso.
La campaña
No se podrá contratar publicidad oficial en los períodos electorales, es decir, dos meses antes de la votación. En la oposición temen que el Gobierno use la enorme masa de fondos del área como propaganda electoral encubierta. Consideran que sería un fuerte foco de desigualdad, ya que la nueva ley electoral impide contratar publicidad de campaña en televisión a todos los candidatos.
El reparto
Todos los medios de comunicación, productoras y agencias de publicidad, deben inscribirse en un registro único.
Montos concretos
Ninguno de los medios que reciban publicidad oficial podrá acceder a más de un 10 por ciento de los recursos totales que invierta el Estado. Hoy, no hay tope y el Gobierno puede fomentar incluso la creación de nuevos grupos de medios, al direccionar altas sumas de recursos a empresarios afines.
Los criterios de distribución
El reparto de fondos se realizará según criterios de tiraje, audiencia, cantidad de población destinataria. Actualmente eso se hace a discreción de los funcionarios a cargo del tema.
Albistur quiere ser protagonista
Pese a haber dejado el Gobierno, cercado por causas judiciales, Enrique Albistur, ex secretario de Medios, participará de la estrategia de campaña del kirchnerismo, según fuentes de la Casa Rosada. El publicista mantiene aceitados contactos con los armadores políticos de la Presidenta.
Enojados
"Es una vergüenza cómo se despilfarran recursos con una clara intención electoral, cuando existen necesidades básicas insatisfechas en la población"
Ricardo Alfonsín, Diputado nacional - UCR
"Veo un despliegue publicitario que da vergüenza. Por cada cartel podríamos tener un patrullero. Una Gobernación se hace desde los hechos, en silencio"
Francisco De Narváez, Diputado nacional - PJ federal
"Es escandaloso el gasto de una campaña de tipo presidencial que viola todas las leyes, porque centra en la figura de Daniel Scioli obras que son públicas"
Juan Carlos Moran, Diputado nacional - Coalición Cívica
Régimen regulatorio de la publicidad oficial:
La publicidad privada, en la mira del Gobierno. Amenaza con impulsar una regulación especial
Por: Mariana Verón
Ante la posibilidad de que la oposición intente avanzar en un proyecto para regular la publicidad oficial, el Gobierno ya tiene preparado su contraataque: presionará para incluir en cualquier iniciativa legislativa que intente modificar el actual sistema discrecional de reparto de los millonarios fondos, que maneja la Secretaría de Comunicación Pública, con la regulación de la pauta privada que reciben los medios de comunicación.
En los despachos oficiales de la Casa Rosada circuló hace un mes un paper con la distribución del total de la masa publicitaria en los medios tanto gráficos como televisivos y radiales. De ese informe, que pasó por varios funcionarios, el Gobierno considera que apenas un 3 por ciento del total corresponde a la pauta estatal y que el restante está en manos privadas.
El presidente de TelAm, Martín García, puso el tema en debate hace dos semanas, cuando anunció que el Gobierno presentaría en el Congreso un proyecto de ley para regular la pauta privada, que ya estaba siendo redactado por el oficialismo. Según esa iniciativa, las empresas deberían aportar a un fondo común y se crearía un organismo, llamado Instituto de Publicidad Democrática, para distribuir los aportes. "Sería independiente del Estado y funcionaría al estilo de la Cámara Argentina de Anunciantes o como la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC)", explicó cuando lo presentó el jefe de TelAm.
La iniciativa, por el momento, parece ser más bien una amenaza. Según confiaron a La Nación tres fuentes oficiales relacionadas con los temas de medios, la estrategia de la Casa Rosada será instalar ese debate por la publicidad privada para contrarrestar las críticas opositoras por la pauta oficial.
"Por ahora es sólo una chicana política. Pero se puede dar en algún momento", confió un funcionario.
El año pasado, cuando desde el Congreso se comenzó a debatir la regulación de la publicidad oficial, el kirchnerismo no tenía previsto tratar los fondos que aportan las empresas privadas a los medios de comunicación.
Entonces, la Casa Rosada apostaba simplemente a "transparentar" la publicidad de los particulares. El tema se trató en la Comisión de Libertad de Expresión, que preside la diputada radical Silvina Giudici. La propuesta que llevó el Gobierno, y con la que podría insistir de avanzar el debate en la Cámara de Diputados, era crear un listado con los anunciantes que se publicaría en un sitio de Internet.
Quiénes invierten
"La idea es transparentar quiénes son los empresarios que invierten en publicidad y en qué medios y con qué frecuencia lo hacen", planteó un funcionario del ex ComFeR, hoy, la autoridad de aplicación de la nueva ley de medios audiovisuales, a cargo de la estrategia oficial.
"Por ahora son todas discusiones que se dan en respuesta, más bien, a elementos de la coyuntura", sostienen en Balcarce 50. La Nación llamó al secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, para conocer su postura, pero no obtuvo respuestas.
Otra de las iniciativas en puerta en la Casa Rosada relacionada con los medios incluye quitarle a Ibope, la única medidora de audiencias del país, su función y asumirla desde el Estado. Según confió un funcionario, se busca crear un organismo semipúblico, integrado por el Gobierno y un grupo de universidades que se encargaría de hacer la medición.
Antes de apoyar cualquier ley que regule la pauta publicitaria oficial, la Casa Rosada pretende tener su propio instituto para medir audiencias sobre el que se debería tomar como eje, según la idea del oficialismo, para el reparto de fondos.
Fuente: Diario La Nación
