La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) informó que por primera vez una sanción a una televisora fue cumplida hoy y Canal 9 tuvo dos horas sin publicidad en su pantalla
"Nos parece que es un hito que en la historia de los organismos que regulan la actividad audiovisual en la Argentina que se haya aplicado una sanción y la misma se haya cumplido", señaló a TelAm Claudio De Cousandier, director de Fiscalización y Evaluación de AFSCA.
La sanción al 9 que lo dejó sin publicidad de 10 a 11 y de 13 a 14 fue producto de la emisión de imágenes del baile del caño de Nazarena Vélez el 30 de mayo de 2007 en los programas "A la manera de Sofovich" y "La mañana del 9".
Esos dos programas repitieron dentro del horario de protección al menor uno de los pasajes más picantes del segmento Bailando por un Sueño que forma parte del ShowMatch que Marcelo Tinelli exhibía y todavía se emite por la pantalla de El Trece.
Como producto de esas transmisiones de fines de mayo de 2007, AFSCA (organismo que comenzó a funcionar en diciembre de 2009) emitió dos Resoluciones: la 975/09 referida a La Mañana y la 1289/09 en relación al magazine de Gerardo Sofovich.
De Cousandier subrayó que haber podido hacer cumplir aquellas sanciones es muy importante porque se pudo aplicar lo reglamentado, cuando antes ni siquiera se les prestaba atención a las multas.
En el mismo sentido, el funcionario recordó que ni la Comisión Nacional de Radio y Televisión (CoNaRT), creada en 1972, ni tampoco el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), organismo fundado en 1981 y antecedente más inmediato de AFSCA, habían conseguido hacer efectivas sus medidas en materia de sanciones.
Que hoy Canal 9 haya tenido que cumplir la norma -destacó- es una señal importante para el resto de los medios audiovisuales porque demuestra que la cosa viene en serio y la Ley hay que cumplirla.
La norma a la que aludió De Cousandier es la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en vigor desde el 10 de octubre de 2009 que reemplazó a la norma instaurada por la última dictadura.
El director de Fiscalización y Evaluación de AFSCA también hizo hincapié en el hecho de que durante las dos horas sin publicidad, el propio Canal 9 anunció a través de una leyenda en su pantalla que había sido sancionado por AFSCA.
Así entre todos podemos hacer una TV más cuidada que se desenvuelva disfrutando de una total libertad de expresión pero con una Ley que establece pautas y límites, abundó el funcionario.
En definitiva, y a modo de balance de esta nueva etapa en la comunicación audiovisual en la Argentina, indicó que lo bueno de esto es que entre todos podamos ir construyendo un contenido mejor, sobre todo pensando en los niños.
Fuente: TelAm
viernes, 4 de febrero de 2011
Vodafone denuncia que el Gobierno de Egipto le obliga a enviar mensajes de apoyo a Mubarak
En plena revuelta popular, varias asociaciones, medios de comunicación y ‘blogueros’ han acusado a la compañía de telefonía de emitir mensajes de texto a móviles en los que se instaba a la población a apoyar a Mubarak. Pero Vodafone ha negado que fueran ellos los autores de estos SMS y ha denunciado que ha sido el propio Gobierno de Egipto quien ha recurrido a sus “poderes de emergencia” para emitir esos mensajes favorables
Bajo las facultades de "los poderes de emergencia de la
ley de telecomunicaciones, las autoridades egipcias pueden ordenar a las redes
móviles Mobinil, Etisalat y Vodafone que envíen mensajes a la población de
Egipto", ha explicado Vodafone en un comunicado. Agrega que "las han
empleado (esas competencias) desde el inicio de las protestas. Estos mensajes
no están escritos por ninguna de las redes operadoras de telefonía móvil y
nosotros no tenemos la capacidad de contestar a las autoridades sobre su
contenido".
Por esta razón, el grupo británico ha elevado una protesta
al Gobierno de El Cairo por considerar "inaceptable" el envío de esos
textos: "Hemos dejado claro que todos los mensajes deberían ser
transparentes y claramente atribuibles a quien los origina".
El pasado viernes, Vodafone informó de que había recibido
órdenes de las autoridades egipcias para suspender todos sus servicios "en
áreas seleccionadas" del país, supuestamente con el objetivo de que los
manifestantes no pudieran coordinarse en su protesta.
"Todos los operadores de telefonía móvil en Egipto han
recibido instrucciones de suspender sus servicios en áreas seleccionadas",
ha indicado el gigante británico de las telecomunicaciones.
Foto: Flickr
Fuente: Agencia EFE
Foto: Flickr
Fuente: Agencia EFE
DirecTV fabricará decodificadores para Televisión en Tierra del Fuego
La firma confirmó a El Cronista que eligió la isla con promoción fiscal para ingresar a la actividad industrial. Producirá unos 100.000 equipos por año en una etapa inicial
Por: Alejandra Beresovsky
La operadora de televisión paga por satélite DirecTV, a la que le costaba incrementar su presencia en el mercado pese a su agresividad comercial, está ganando terreno de la forma menos esperada: como una aliada circunstancial del Gobierno, que, pese a la muerte de Néstor Kirchner, continúa enfrentado al Grupo Clarín, dueño de la empresa dominante del mercado de TV por abono, CableVisión.
La empresa no sólo salió a relanzar su servicio de Internet cuando la administración de Cristina Fernández de Kirchner declaró la caducidad de Fibertel otra empresa del Grupo Clarín, pero en este caso de conexiones de banda ancha.
Además, ahora se suma a las compañías que comenzarán a sustituir importaciones a través de la fabricación en Tierra del Fuego, isla favorecida por exenciones de viejas y nuevas cargas fiscales, como el denominado impuestazo tecnológico, que aplicó el Gobierno a fines de 2009 y que recae en una larga lista de productos electrónicos, incluyendo decodificadores de TV paga.
Según publicó el portal especializado Convergencia y confirmó la empresa a El Cronista, DirecTV comenzará a distribuir los decodificadores para televisión satelital desde junio para sus nuevos clientes, y producirá unos 100.000 por año en una etapa inicial.
Según Pablo Tedesco, titular de la consultora especializada TBI Unit, Direct TV cerró 2010 con aproximadamente 1,15 millón de clientes, lo que según otros analistas implicaría un aumento en su base superior al 10 por ciento.
De acuerdo con la misma investigadora, Cablevisión tendría unos 3,18 millones con un ingreso promedio por usuario o ARPU según su sigla en inglés de $94 y todo el mercado ascendería a 6,5 millones de usuarios. Chicos en la Argentina al lado de Cablevisión, son de todas formas grandes en comparación con otras sedes de la región.
Según informa la propia firma en su página de Internet, en toda la unidad denominada Panamericana (que incluye además de la Argentina el Caribe, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay) cuenta con 2,3 millones de clientes.
Todo un logro para una empresa que debió superar varios obstáculos: desde problemas de edificación que dificultan instalar sus antenas para la recepción satelital, hasta los problemas de calidad de servicio cuando hay inconvenientes climáticos.
Pero la empresa nunca dejó de dar pelea, pese a que llegó al país como un servicio premium y luego fue abaratándose y encontrando su público en los lugares menos urbanizados, donde no llegaba la red de fibra óptica de CableVisión.
Entre los experimentos que realizó está el de la tarjeta prepaga para ver televisión por un tiempo determinado, en función del monto que se cargue, un modelo similar al que se impone entre los usuarios de telefonía celular pero que para televisión parecía impensable. Además, tiene la táctica comercial de entregar dos decodificadores por contrato.
El denominado impuestazo tecnológico fue aprobado por ley del Congreso en noviembre de 2009 y contempló la suma de impuestos internos y la duplicación del IVA para equipos fabricados en el continente o fuera del país.
Los importadores denunciaron en ese momento que eso podría incrementar hasta en un 35% el precio de los aparatos y aunque no sucedió, varios de los fabricantes trasladaron actividad a la isla. DirectTV sería la primera compañía proveedora de servicios que lo haría. Cablevisión había reconocido el año pasado que el impuestazo había impactado en su ecuación económica.
Fuente: Diario El Cronista
Por: Alejandra Beresovsky
La operadora de televisión paga por satélite DirecTV, a la que le costaba incrementar su presencia en el mercado pese a su agresividad comercial, está ganando terreno de la forma menos esperada: como una aliada circunstancial del Gobierno, que, pese a la muerte de Néstor Kirchner, continúa enfrentado al Grupo Clarín, dueño de la empresa dominante del mercado de TV por abono, CableVisión.
La empresa no sólo salió a relanzar su servicio de Internet cuando la administración de Cristina Fernández de Kirchner declaró la caducidad de Fibertel otra empresa del Grupo Clarín, pero en este caso de conexiones de banda ancha.
Además, ahora se suma a las compañías que comenzarán a sustituir importaciones a través de la fabricación en Tierra del Fuego, isla favorecida por exenciones de viejas y nuevas cargas fiscales, como el denominado impuestazo tecnológico, que aplicó el Gobierno a fines de 2009 y que recae en una larga lista de productos electrónicos, incluyendo decodificadores de TV paga.
Según publicó el portal especializado Convergencia y confirmó la empresa a El Cronista, DirecTV comenzará a distribuir los decodificadores para televisión satelital desde junio para sus nuevos clientes, y producirá unos 100.000 por año en una etapa inicial.
Según Pablo Tedesco, titular de la consultora especializada TBI Unit, Direct TV cerró 2010 con aproximadamente 1,15 millón de clientes, lo que según otros analistas implicaría un aumento en su base superior al 10 por ciento.
De acuerdo con la misma investigadora, Cablevisión tendría unos 3,18 millones con un ingreso promedio por usuario o ARPU según su sigla en inglés de $94 y todo el mercado ascendería a 6,5 millones de usuarios. Chicos en la Argentina al lado de Cablevisión, son de todas formas grandes en comparación con otras sedes de la región.
Según informa la propia firma en su página de Internet, en toda la unidad denominada Panamericana (que incluye además de la Argentina el Caribe, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay) cuenta con 2,3 millones de clientes.
Todo un logro para una empresa que debió superar varios obstáculos: desde problemas de edificación que dificultan instalar sus antenas para la recepción satelital, hasta los problemas de calidad de servicio cuando hay inconvenientes climáticos.
Pero la empresa nunca dejó de dar pelea, pese a que llegó al país como un servicio premium y luego fue abaratándose y encontrando su público en los lugares menos urbanizados, donde no llegaba la red de fibra óptica de CableVisión.
Entre los experimentos que realizó está el de la tarjeta prepaga para ver televisión por un tiempo determinado, en función del monto que se cargue, un modelo similar al que se impone entre los usuarios de telefonía celular pero que para televisión parecía impensable. Además, tiene la táctica comercial de entregar dos decodificadores por contrato.
El denominado impuestazo tecnológico fue aprobado por ley del Congreso en noviembre de 2009 y contempló la suma de impuestos internos y la duplicación del IVA para equipos fabricados en el continente o fuera del país.
Los importadores denunciaron en ese momento que eso podría incrementar hasta en un 35% el precio de los aparatos y aunque no sucedió, varios de los fabricantes trasladaron actividad a la isla. DirectTV sería la primera compañía proveedora de servicios que lo haría. Cablevisión había reconocido el año pasado que el impuestazo había impactado en su ecuación económica.
Fuente: Diario El Cronista
jueves, 3 de febrero de 2011
Boudou denunció a Clarín y La Nación por "utilización de fondos públicos en beneficio propio" en el caso Papel Prensa
El ministro de Economía presentó las conclusiones de un informe de situación de Papel Prensa, que explicita las irregularidades de los socios mayoritarios "en perjuicio del Estado y de la libertad de prensa". Instó al Congreso a avanzar en la ley que declara al insumo de interés público
El ministro de Economía, Amado Boudou, denunció hoy a los grupos Clarín y La Nación, a raíz de la presentación de un informe de situación de Papel Prensa S.A., por "utilización de fondos públicos en pos de sus intereses privados y particulares y en perjuicio de la libertad de prensa".
Junto al síndico general de la Nación, Daniel Reposo y los integrantes por el Estado en el consejo de Papel Prensa S.A., Beatriz Paglieri y Alberto González Arzac, el ministro expuso, en una conferencia de prensa en el microcine de la cartera, las conclusiones del Informe de Situación Empresaria, elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SiGeN).
El titular del Palacio de Hacienda detalló que Papel Prensa fue creada por un tributo del 10% en la importación del insumo por parte de todos los usuarios y por préstamos del Banco Nacional de Desarrollo (BaNaDe), para que la producción de papel de diario cubriera la totalidad de la demanda interna.
"Al día siguiente de acreditarse el cupo, Clarín y La Nación lo transfirieron a sus cuentas privadas", dijo el ministro, quien denunció que estos grupos "utilizaron fondos públicos en beneficio de sus intereses particulares" y "cercenan la libertad de prensa porque no permiten la igualdad de acceso".
Además, sostuvo que "nunca la empresa hizo alguna distribución de dividendos, que fueron sistemáticamente transferidos como ganancia" por parte de los socios mayoritarios.
En el mismo sentido, Boudou señaló que un informe de la propia gerencia de control de Papel Prensa explicita que "la empresa vende por debajo del costo de producción, en un claro perjuicio hacia el Estado".
"La política de descuentos por volumen beneficia sólo a los socios mayoritarios e implica una fuerte distorsión en la libertad de prensa", expresó el ministro y agregó: "Esta política comercial tuvo como objeto la rentabilidad de las firmas controlantes".
Por otro lado, Boudou señaló que “cuando -el CEO de Clarín Héctor- Magnetto dejó de pertenecer al directorio de la firma, en 1993, el Comité Ejecutivo no se reunió ni labró ningún acta y siguió existiendo sólo nominalmente”. Además, los miembros “siguieron cobrando un plus por formar parte de ese directorio que no volvió a trabajar”.
El funcionario también reiteró que, a través del Pacto de Sindicación, los integrantes de Clarín y La Nación fueron rotando en los órganos de fiscalización de Papel Prensa. “Es un insulto a la lógica e incompatible con la Ley de Sociedades Comerciales”, manifestó.
Asimismo, la empresa corrompe su propio estatuto (Artículo 20), que indica que todos los años se debe realizar un proceso de selección para elegir un órgano de control externo.
El ministro agregó que en la firma “no existen manuales de procedimiento ni un sistema de contabilidad integral, para las operaciones no puedan ser alteradas. La empresa se encuentra un una situación de anomia”.
El jefe de la cartera económica explicó, además, que Papel Prensa “nunca presentó un plan de inversiones que permita que la planta amplíe su volumen. Tampoco se incorporó tecnología ni equipamiento industrial y, por lo tanto, no atiende al mercado interno del país".
"El Estado va a avanzar muy fuerte en las acciones judiciales frente a la potencialidad de delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita (en referencia al pacto de sindicación) y en perjuicio fiscal contra el Estado, socio y principal inversor de la firma, utilizada por Clarín y La Nación para desviar las utilidades", sentenció Boudou.
El ministro instó al Congreso a avanzar en la ley para declarar de interés público a la fabricación de papel para diarios y llamó a "defender al Estado Nacional, que ha sido succionado por Clarín y La Nación en perjuicio de la libertad de expresión".
Luego de la conferencia de prensa, Reposo explicó que “hace 32 años que el Estado no recibe utilidades y ha puesto todo para desarrollar la industria con el objetivo de lograr el abastecimiento de papel a todos los diarios”.
Fuente: Sala de Prensa
El ministro de Economía, Amado Boudou, denunció hoy a los grupos Clarín y La Nación, a raíz de la presentación de un informe de situación de Papel Prensa S.A., por "utilización de fondos públicos en pos de sus intereses privados y particulares y en perjuicio de la libertad de prensa".
Junto al síndico general de la Nación, Daniel Reposo y los integrantes por el Estado en el consejo de Papel Prensa S.A., Beatriz Paglieri y Alberto González Arzac, el ministro expuso, en una conferencia de prensa en el microcine de la cartera, las conclusiones del Informe de Situación Empresaria, elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SiGeN).
El titular del Palacio de Hacienda detalló que Papel Prensa fue creada por un tributo del 10% en la importación del insumo por parte de todos los usuarios y por préstamos del Banco Nacional de Desarrollo (BaNaDe), para que la producción de papel de diario cubriera la totalidad de la demanda interna.
"Al día siguiente de acreditarse el cupo, Clarín y La Nación lo transfirieron a sus cuentas privadas", dijo el ministro, quien denunció que estos grupos "utilizaron fondos públicos en beneficio de sus intereses particulares" y "cercenan la libertad de prensa porque no permiten la igualdad de acceso".
Además, sostuvo que "nunca la empresa hizo alguna distribución de dividendos, que fueron sistemáticamente transferidos como ganancia" por parte de los socios mayoritarios.
En el mismo sentido, Boudou señaló que un informe de la propia gerencia de control de Papel Prensa explicita que "la empresa vende por debajo del costo de producción, en un claro perjuicio hacia el Estado".
"La política de descuentos por volumen beneficia sólo a los socios mayoritarios e implica una fuerte distorsión en la libertad de prensa", expresó el ministro y agregó: "Esta política comercial tuvo como objeto la rentabilidad de las firmas controlantes".
Por otro lado, Boudou señaló que “cuando -el CEO de Clarín Héctor- Magnetto dejó de pertenecer al directorio de la firma, en 1993, el Comité Ejecutivo no se reunió ni labró ningún acta y siguió existiendo sólo nominalmente”. Además, los miembros “siguieron cobrando un plus por formar parte de ese directorio que no volvió a trabajar”.
El funcionario también reiteró que, a través del Pacto de Sindicación, los integrantes de Clarín y La Nación fueron rotando en los órganos de fiscalización de Papel Prensa. “Es un insulto a la lógica e incompatible con la Ley de Sociedades Comerciales”, manifestó.
Asimismo, la empresa corrompe su propio estatuto (Artículo 20), que indica que todos los años se debe realizar un proceso de selección para elegir un órgano de control externo.
El ministro agregó que en la firma “no existen manuales de procedimiento ni un sistema de contabilidad integral, para las operaciones no puedan ser alteradas. La empresa se encuentra un una situación de anomia”.
El jefe de la cartera económica explicó, además, que Papel Prensa “nunca presentó un plan de inversiones que permita que la planta amplíe su volumen. Tampoco se incorporó tecnología ni equipamiento industrial y, por lo tanto, no atiende al mercado interno del país".
"El Estado va a avanzar muy fuerte en las acciones judiciales frente a la potencialidad de delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita (en referencia al pacto de sindicación) y en perjuicio fiscal contra el Estado, socio y principal inversor de la firma, utilizada por Clarín y La Nación para desviar las utilidades", sentenció Boudou.
El ministro instó al Congreso a avanzar en la ley para declarar de interés público a la fabricación de papel para diarios y llamó a "defender al Estado Nacional, que ha sido succionado por Clarín y La Nación en perjuicio de la libertad de expresión".
Luego de la conferencia de prensa, Reposo explicó que “hace 32 años que el Estado no recibe utilidades y ha puesto todo para desarrollar la industria con el objetivo de lograr el abastecimiento de papel a todos los diarios”.
Televisión Pública: Planificación adjudicó obra a empresa cuestionada
La firma adjudicataria es Construcciones Del Estero Sociedad Anónima, antes Curi Hermanos S.A. Víctor Curi era el principal empresario de las obras públicas en Santiago del Estero por voluntad del viejo caudillo peronista Carlos Juárez. Las refacciones a encarar en el edificio del canal público implican una mejora en las terrazas que pertenecen a la Televisión Pública y que se suman a la renovación de equipos para mejorar la calidad de transmisión. El titular de RTA destacó la importancia y pidió a los argentinos celebrar los avances en el canal estatalEl titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer, confirmó que se invertirán unos 25 millones de dólares en obras para acondicionar parte del edificio de Canal Siete.
"Son más de 25 millones de pesos para la puesta en valor, reparación, refacción de las terrazas sobre los espacios públicos que son parte de la Televisión Pública y que estaban muy abandonadas", dijo Bauer al noticiero del Siete.
Y explicó que la importancia radica en que "es un edificio que no ha tenido mantenimiento, pero gracias a nuestra Presidenta y el Ministerio de Planificación hemos comenzado estas obras muy importantes".
"Hay un recambio de equipamiento muy grande y esto requería la cobertura para evitar filtraciones, goteras y problemas que tiene un edificio sin atender", apuntó el funcionario, quien consideró: "Lo tenemos que celebrar todos los argentinos. Porque la televisión pública, que mejora día a día su calidad, que hace una apuesta a la TV digital, ahora tendrá una casa que la cobija a la altura de las necesidades".
Ver anterior: Televisión Pública: Planificación adjudica obra a empresa cuestionada
Podrían disimular un poco: Rossi en el portal de Radio Nacional Rosario
Radio Nacional Rosario tiene una web que no se actualiza desde finales de enero. Allí se presenta al Diputado Agustín Rossi en varias noticias: "Encabezando un plenario", pidiendo "apoyo para Cristina", "Respaldan a Rossi Intendentes y Jefes Comunales". Aparece también el gobernador de Santa Fe: "Binner se acerca a Cristina", "Binner arremete contra Giustiniani".
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El Diario La Nación le pide disculpas a Orlando Vignatti
El presidente de SA La Nación, Julio C. Saguier, se disculpó por medio de una carta dirigida al presidente de este medio, Orlando Vignatti, por la nota publicada en ese matutino en la que se incurrió en inexactitudes referidas a la circulación y al alcance de este diario
Ámbito Financiero denunció en su tapa del viernes 21 de enero el comportamiento del diario colega al consignar datos incorrectos que dañaban su imagen. Motivo de ello, ayer se recibió la misiva firmada de puño y letra, que se transcribe a continuación, con la cual damos por finalizado el desencuentro.
Señor presidente de Ámbito Financiero,
Orlando Vignatti
E/M
De mi mayor consideración: En la edición del jueves 20 de enero de Ámbito Financiero se afirma que La Nación ha mentido y faltado a la verdad al publicar cifras y porcentajes concernientes a la publicidad oficial. Solicita, además, de mi parte, que exprese una aclaración correctiva al respecto.
No es este el lugar para ratificar nuestra opinión editorial sobre los excesos de una política oficial que premia, en unos casos, y castiga, en otros, con la publicidad y propagandas oficiales a costa de los contribuyentes. Ello constituye una realidad palmaria, casi sin antecedentes por la magnitud de las arbitrariedades que se cometen. De todo eso se han ocupado instituciones de la relevancia de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y publicaciones periodísticas de todo el mundo.
Dice usted bien que los datos de Ámbito Financiero y del Buenos Aires Herald no están registrados en el Instituto Verificador de la Circulación (IVC). No ocurre eso con La Nación. Como usted sabe, el IVC es la fuente irreprochable de datos sobre la circulación genuina de diarios, periódicos y revistas, a menos que esta fuera falseada por los editores en las comunicaciones a la entidad. Para eso existen severos remedios legales.
Los datos concernientes a Ámbito Financiero fueron publicados por la sección Economía de La Nación, sobre la base de información provista por una consultora privada especializada en el tema y a condición de que se preservara el anonimato de su identidad. Usted sabe de qué manera se extiende el anonimato informativo en países en que gentes y empresas temen por las eventuales represalias oficiales. Debemos cumplir, pues, con la regla de oro del off the record sobre la cual se accedió a entregarnos datos de la publicidad oficial de orden general como los que publicamos. La información que usted objeta no estaba, pues, estrictamente referida a Ámbito Financiero ni a Buenos Aires Herald.
La expresión "grupo", aplicada a un conglomerado, chico o grande, de empresas periodísticas, está legitimada por los usos y costumbres, tanto en la Argentina como en el exterior. Estamos habituados, como accionistas de SA La Nación, a ese tratamiento, que en modo alguno consideramos desdoroso.
Pero el punto central al que quiero referirme es que La Nación en forma alguna ha pretendido mentir o faltar a la lealtad comercial. No figura ese estilo en sus prácticas periodísticas ni comerciales, prolongadas a lo largo de 141 años. Sentiría, sí, que algunos de los datos publicados y concernientes a las empresas a su cargo hayan sido incorrectos. Involuntariamente incorrectos. Comprendo, en tal caso, la incomodidad que pudiera usted haber sentido.
Eso me lleva al punto central de la carta que le escribo. Las páginas de La Nación están abiertas a la rectificación informativa que usted considere oportuno difundir. Sería de nuestra parte lo que correspondería hacer a quien quiera se dirigiera a nosotros con tal propósito.
Lejos de nuestro ánimo se encuentra, por otra parte, interferir con las actividades legítimas de las empresas que se encuentran a su cargo. Tampoco en ese terreno La Nación tendría nada para hacer, obstaculizar o dañar, sino por el contrario. Creemos en la solidaridad que debe aunar, detrás de los grandes principios comunes, a la prensa argentina, cuya independencia y fortaleza son manifiestamente necesarias para la República.
Quedo, pues, respecto de lo dicho, a lo que usted disponga. Y aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente.
Julio C. Saguier
Presidente de SA La Nación
Fuente: Ámbito Finaciero
Ver anterior: Ámbito Financiero: "El diario La Nación miente y falta a la lealtad comercial" (y se lo dijo en dos idiomas)
Ámbito Financiero denunció en su tapa del viernes 21 de enero el comportamiento del diario colega al consignar datos incorrectos que dañaban su imagen. Motivo de ello, ayer se recibió la misiva firmada de puño y letra, que se transcribe a continuación, con la cual damos por finalizado el desencuentro.
Señor presidente de Ámbito Financiero,
Orlando Vignatti
E/M
De mi mayor consideración: En la edición del jueves 20 de enero de Ámbito Financiero se afirma que La Nación ha mentido y faltado a la verdad al publicar cifras y porcentajes concernientes a la publicidad oficial. Solicita, además, de mi parte, que exprese una aclaración correctiva al respecto.
No es este el lugar para ratificar nuestra opinión editorial sobre los excesos de una política oficial que premia, en unos casos, y castiga, en otros, con la publicidad y propagandas oficiales a costa de los contribuyentes. Ello constituye una realidad palmaria, casi sin antecedentes por la magnitud de las arbitrariedades que se cometen. De todo eso se han ocupado instituciones de la relevancia de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y publicaciones periodísticas de todo el mundo.
Dice usted bien que los datos de Ámbito Financiero y del Buenos Aires Herald no están registrados en el Instituto Verificador de la Circulación (IVC). No ocurre eso con La Nación. Como usted sabe, el IVC es la fuente irreprochable de datos sobre la circulación genuina de diarios, periódicos y revistas, a menos que esta fuera falseada por los editores en las comunicaciones a la entidad. Para eso existen severos remedios legales.
Los datos concernientes a Ámbito Financiero fueron publicados por la sección Economía de La Nación, sobre la base de información provista por una consultora privada especializada en el tema y a condición de que se preservara el anonimato de su identidad. Usted sabe de qué manera se extiende el anonimato informativo en países en que gentes y empresas temen por las eventuales represalias oficiales. Debemos cumplir, pues, con la regla de oro del off the record sobre la cual se accedió a entregarnos datos de la publicidad oficial de orden general como los que publicamos. La información que usted objeta no estaba, pues, estrictamente referida a Ámbito Financiero ni a Buenos Aires Herald.
La expresión "grupo", aplicada a un conglomerado, chico o grande, de empresas periodísticas, está legitimada por los usos y costumbres, tanto en la Argentina como en el exterior. Estamos habituados, como accionistas de SA La Nación, a ese tratamiento, que en modo alguno consideramos desdoroso.
Pero el punto central al que quiero referirme es que La Nación en forma alguna ha pretendido mentir o faltar a la lealtad comercial. No figura ese estilo en sus prácticas periodísticas ni comerciales, prolongadas a lo largo de 141 años. Sentiría, sí, que algunos de los datos publicados y concernientes a las empresas a su cargo hayan sido incorrectos. Involuntariamente incorrectos. Comprendo, en tal caso, la incomodidad que pudiera usted haber sentido.
Eso me lleva al punto central de la carta que le escribo. Las páginas de La Nación están abiertas a la rectificación informativa que usted considere oportuno difundir. Sería de nuestra parte lo que correspondería hacer a quien quiera se dirigiera a nosotros con tal propósito.
Lejos de nuestro ánimo se encuentra, por otra parte, interferir con las actividades legítimas de las empresas que se encuentran a su cargo. Tampoco en ese terreno La Nación tendría nada para hacer, obstaculizar o dañar, sino por el contrario. Creemos en la solidaridad que debe aunar, detrás de los grandes principios comunes, a la prensa argentina, cuya independencia y fortaleza son manifiestamente necesarias para la República.
Quedo, pues, respecto de lo dicho, a lo que usted disponga. Y aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente.
Julio C. Saguier
Presidente de SA La Nación
Fuente: Ámbito Finaciero
Ver anterior: Ámbito Financiero: "El diario La Nación miente y falta a la lealtad comercial" (y se lo dijo en dos idiomas)
miércoles, 2 de febrero de 2011
Realizan un operativo de la Secretaría de Comercio Interior en la sede de Cablevisión
Inspectores de la Secretaría de Comercio Interior concurrirán esta tarde a la sede de la empresa Cablevisión para verificar si el anunciado aumento a sus abonados respeta la legislación vigente
Según fuentes oficiales, los inspectores de Comercio Interior constatarán si la empresa de televisión por cable utilizó los parámetros previstos en la resolución número 50 de marzo de 2010 para calcular el último aumento.
Esta mañana, el ministro de Economía, Amado Boudou, había asegurado que el Gobierno "no permitirá" el aumento aplicado por Cablevisión a sus abonados.
"Vamos a estar aplicando seguramente esta tarde la resolución 50, así que yo le diría a los consumidores que tienen que esperar, porque vamos a llevar los precios a lo que tienen que ser", sostuvo el ministro en declaraciones a radio Continental.
En la resolución 50, recordó Boudou, "les indicamos que nos tienen que mostrar cuáles son los costos que impactaron y qué impacto tienen para que trasladen eso a los consumidores".
Fuente: TelAm
Comunicado de Cablevisión:
Ante las recientes manifestaciones de funcionarios públicos, Cablevisión considera que el Gobierno Nacional vuelve a revelar una animadversión manifiesta y un trato discriminatorio hacia la compañía frente a otras empresas del sector y del resto de las actividades económicas.
Respecto del anuncio de sanciones por parte de la AFSCA referidas a la grilla de programación, Cablevisión ratifica que tales sanciones son arbitrarias e ilegales, ya que dos fallos judiciales vigentes obligan a la compañía a no hacer modificaciones en su grilla de canales.
Dichas sanciones serán impugnadas y revelan una clara animosidad contra Cablevisión, ya que la grilla oficial que intenta imponer el Gobierno no se encuentra vigente en ningún operador de TV paga. Sin embargo, sugestivamente, el Lic. Mariotto anuncia sanciones sólo contra Cablevisión.
Respecto de la actualización del abono por inflación, Cablevisión cumplió con todas las normativas legales y administrativas acerca de la oportunidad y comunicación de dicho ajuste.
El mismo, que obedece al incremento generalizado de costos, se concretó con posterioridad a los realizados recientemente por otras empresas de televisión paga. Y su porcentaje es menor al de otros servicios, como la telefonía celular.
Por eso, llama poderosamente la atención que funcionarios del Gobierno pretendan objetar selectivamente la tarifa de una empresa en particular, por razones claramente persecutorias. Más aún, apelando a una resolución que está suspendida por la Justicia Federal por su inconstitucionalidad.
Según fuentes oficiales, los inspectores de Comercio Interior constatarán si la empresa de televisión por cable utilizó los parámetros previstos en la resolución número 50 de marzo de 2010 para calcular el último aumento.
Esta mañana, el ministro de Economía, Amado Boudou, había asegurado que el Gobierno "no permitirá" el aumento aplicado por Cablevisión a sus abonados.
"Vamos a estar aplicando seguramente esta tarde la resolución 50, así que yo le diría a los consumidores que tienen que esperar, porque vamos a llevar los precios a lo que tienen que ser", sostuvo el ministro en declaraciones a radio Continental.
En la resolución 50, recordó Boudou, "les indicamos que nos tienen que mostrar cuáles son los costos que impactaron y qué impacto tienen para que trasladen eso a los consumidores".
Fuente: TelAm
Comunicado de Cablevisión:
Ante las recientes manifestaciones de funcionarios públicos, Cablevisión considera que el Gobierno Nacional vuelve a revelar una animadversión manifiesta y un trato discriminatorio hacia la compañía frente a otras empresas del sector y del resto de las actividades económicas.
Respecto del anuncio de sanciones por parte de la AFSCA referidas a la grilla de programación, Cablevisión ratifica que tales sanciones son arbitrarias e ilegales, ya que dos fallos judiciales vigentes obligan a la compañía a no hacer modificaciones en su grilla de canales.
Dichas sanciones serán impugnadas y revelan una clara animosidad contra Cablevisión, ya que la grilla oficial que intenta imponer el Gobierno no se encuentra vigente en ningún operador de TV paga. Sin embargo, sugestivamente, el Lic. Mariotto anuncia sanciones sólo contra Cablevisión.
Respecto de la actualización del abono por inflación, Cablevisión cumplió con todas las normativas legales y administrativas acerca de la oportunidad y comunicación de dicho ajuste.
El mismo, que obedece al incremento generalizado de costos, se concretó con posterioridad a los realizados recientemente por otras empresas de televisión paga. Y su porcentaje es menor al de otros servicios, como la telefonía celular.
Por eso, llama poderosamente la atención que funcionarios del Gobierno pretendan objetar selectivamente la tarifa de una empresa en particular, por razones claramente persecutorias. Más aún, apelando a una resolución que está suspendida por la Justicia Federal por su inconstitucionalidad.
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