Inspectores de la Secretaría de Comercio Interior concurrirán esta tarde a la sede de la empresa Cablevisión para verificar si el anunciado aumento a sus abonados respeta la legislación vigente
Según fuentes oficiales, los inspectores de Comercio Interior constatarán si la empresa de televisión por cable utilizó los parámetros previstos en la resolución número 50 de marzo de 2010 para calcular el último aumento.
Esta mañana, el ministro de Economía, Amado Boudou, había asegurado que el Gobierno "no permitirá" el aumento aplicado por Cablevisión a sus abonados.
"Vamos a estar aplicando seguramente esta tarde la resolución 50, así que yo le diría a los consumidores que tienen que esperar, porque vamos a llevar los precios a lo que tienen que ser", sostuvo el ministro en declaraciones a radio Continental.
En la resolución 50, recordó Boudou, "les indicamos que nos tienen que mostrar cuáles son los costos que impactaron y qué impacto tienen para que trasladen eso a los consumidores".
Fuente: TelAm
Comunicado de Cablevisión:
Ante las recientes manifestaciones de funcionarios públicos, Cablevisión considera que el Gobierno Nacional vuelve a revelar una animadversión manifiesta y un trato discriminatorio hacia la compañía frente a otras empresas del sector y del resto de las actividades económicas.
Respecto del anuncio de sanciones por parte de la AFSCA referidas a la grilla de programación, Cablevisión ratifica que tales sanciones son arbitrarias e ilegales, ya que dos fallos judiciales vigentes obligan a la compañía a no hacer modificaciones en su grilla de canales.
Dichas sanciones serán impugnadas y revelan una clara animosidad contra Cablevisión, ya que la grilla oficial que intenta imponer el Gobierno no se encuentra vigente en ningún operador de TV paga. Sin embargo, sugestivamente, el Lic. Mariotto anuncia sanciones sólo contra Cablevisión.
Respecto de la actualización del abono por inflación, Cablevisión cumplió con todas las normativas legales y administrativas acerca de la oportunidad y comunicación de dicho ajuste.
El mismo, que obedece al incremento generalizado de costos, se concretó con posterioridad a los realizados recientemente por otras empresas de televisión paga. Y su porcentaje es menor al de otros servicios, como la telefonía celular.
Por eso, llama poderosamente la atención que funcionarios del Gobierno pretendan objetar selectivamente la tarifa de una empresa en particular, por razones claramente persecutorias. Más aún, apelando a una resolución que está suspendida por la Justicia Federal por su inconstitucionalidad.
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