Crítican a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación en Santa Rosa

El diario La Arena de La Pampa se pregunta para que fue la reunión de la Autoridad de aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El matutino sostiene: "no sólo no hubo una reunión formal de la AFSCA, sino que tampoco se produjo el debate anunciado en la Universidad, y menos aún sus autoridades le concedieron una audiencia a la Cooperativa Popular de Electricidad ni le dieron explicaciones a la Municipalidad sobre porqué no respondieron las notas cursadas preguntando por la situación legal de Cablevisión"
El presidente de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, Juan Gabriel Mariotto, dijo algo sin decirlo expresamente: que Cablevisión, la empresa que monopoliza el servicio de cable en Santa Rosa, no tiene licencia para brindar el servicio. Y que en algunos lugares usa la licencia de Multicanal, pero factura a su nombre.
El funcionario kirchnerista respondió textualmente cuando este diario le preguntó sobre si Cablevisión tiene o no licencia: "Doy una respuesta general, no específica. Multicanal tiene licencias para operar en determinados distritos. Esa empresa fue absorbida irregularmente por Cablevisión. O sea que los abonados reciben las facturas a nombre de Cablevisión, pero Cablevisión opera con licencias de Multicanal". ¿Habrá hablado elípticamente sobre la realidad santarroseña?
Lo que no hizo Mariotto fue darle respuesta a las tres notas que la Municipalidad le envió preguntándole si Cablevisión tiene autorización para brindar el servicio de tevé por cable. Frente a ese requerimiento específico, sólo manifestó que "están en el Departamento de Asuntos Jurídicos" y que serán contestadas "en breve".
La primera nota fue remitida el 15 de enero, la segunda el 12 de febrero -solicitando un pronto despacho- y la restante el 15 de abril. Lo que pidió el intendente Francisco Torroba es que la AFSCA precise cuál es la situación de la empresa prestataria de la firma que pertenece al Grupo Clarín y que monopoliza el mercado santarroseño. El Ministerio de Economía de la Nación, ante una inquietud similar, ya remitió la documentación requerida.
Mariotto es la máxima autoridad del organismo nacional creado para controlar la aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual -más conocida como Ley de Medios-, cuya vigencia está suspendida por una medida cautelar de una jueza mendocina. La Arena habló a solas con el funcionario en dos momentos, antes y después del acto realizado en la Universidad.
- Una consulta específica. ¿Tiene conocimiento de que el municipio le envió varias notas preguntando específicamente por la fusión entre Cablevisión y Multicanal?
- Sí, se están tramitando en el Departamento de Asuntos Jurídicos, para tener precisiones sobre las consultas.
- ¿Cuál es hoy la situación legal de Cablevisión? ¿Tiene o no licencia para operar?
- La empresa llevó adelante una fusión (con Multicanal) sin ninguna autorización. Ese es un tema que está en la Corte Suprema. La realidad es que las empresas no estaban autorizadas a fusionarse, pero desde el 1 de mayo se fusionaron de hecho en muchos puntos del país (NdeR: en el Aula Magna dijo que fue "casi de prepo"). Por eso se está esperando el fallo de la Corte.
- ¿Pero quién tiene licencia para brindar el servicio, Cablevisión o Multicanal?
- Tendría que revisar bien los expedientes, yo ahora de memoria no me animo a decirlo. Debería revisarlos para dar una respuesta precisa.
- La impresión en Santa Rosa es que el gobierno nacional habla mucho en defensa de la desmonopolización de los medios, pero frente a un municipio que pelea a favor de ese precepto, la AFSCA demora mucho su respuesta y no lo defiende.
- No, no hay mora. Los municipios tienen potestad para habilitar o no un cableado, o para disponer si debe ser aéreo o subterráneo. Eso no está en discusión. Por lo de la fusión, las empresas han ido a la justicia para intentar revertir una resolución de la Autoridad de Aplicación que establece que no pueden trabajar fusionadamente.
- ¿Cuándo tendrá la municipalidad de Santa Rosa una respuesta sobre si Cablevisión tiene o no licencia?
- En breve. Las notas están en Asuntos Jurídicos. Ocurre que no tengo en mente todos los pedidos que ingresan por mesa de entrada.
- Lo único que se le pregunta es si Cablevisión tiene o no licencia.
- Doy una respuesta general, no específica. Multicanal tiene licencias para operar en determinados distritos. Esa empresa fue absorbida irregularmente por Cablevisión. O sea que los abonados reciben las facturas a nombre de Cablevisión, pero Cablevisión opera con licencias de Multicanal.
- ¿Eso es irregular?
- Para nosotros sí.
- ¿Si Multicanal operara con su licencia sería regular?
- En muchos aspectos sería regular. Pero ello no es obstáculo para que el municipio fije las condiciones del cableado, más allá de la titularidad de la licencia. Son dos cosas diferentes.
- Pero una depende del municipio y la otra de Nación.
- El permiso del cableado depende siempre del municipio.
- Pero la inquietud de la municipalidad sobre la titularidad de la licencia debe ser respondida por Nación.
- ... Por la Autoridad de Aplicación.

Respaldo político
La segunda parte de la charla se dio cuando Mariotto salía del hall de la Universidad.
- Una pregunta desde lo político: Usted habla permanentemente de las presiones que recibió y recibe el gobierno nacional por impulsar la Ley de Medios, pero cuando una comuna del interior le envía notas, no las responde. Acá se lo siente como que desde la Autoridad de Aplicación no se respalda políticamente al municipio en su pelea contra la desmonopolización.
- No es que falte respaldo político. Hay trámites que administrativamente deben ajustarse a lo existe en los expedientes. No se pude hacer una mirada política frente a una consulta, sino que debe dar una respuesta jurídica y precisa; y es lo que hará la Autoridad. Tampoco doy una mirada política cuando digo que la fusión (entre Cablevisión y Multicanal) se hizo sin ningún tipo de aprobación. No es una interpretación política, es un hecho de la realidad. La Afsca actuó para que la fusión no se produzca porque esta violando no sólo el espíritu de la ley de la democracia, sino que también viola la vieja ley 22.285 de la dictadura (NdeR: la que fue reemplazada por la 26.522).
- Se insiste. Imagínese que si el gobierno nacional sufre presiones, qué puede pasarle a una ciudad de algo más de 100.000 habitantes. Por eso, más allá de lo jurídico y de las facultades de la comuna para el cableado, parece necesario un apoyo político real para dar esta pelea.
- Para eso vinimos a La Pampa. Tomamos contacto con esta realidad, observamos que existe una gran inquietud y rápidamente daremos respuestas.

Capitanich y la corte
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, estimó que la Corte Suprema de Justicia no debería demorarse "más de 30 o 60 días" en resolver el recurso del procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, contra la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dispuesta por una jueza mendocina a pedido de Enrique Thomas, diputado nacional del PJ disidente.
A su vez, el presidente de la AFSCA, Gabriel Mariotto, al hablar en el Aula Magna, manifestó que "estamos muy cerquita" de que la ley 26.522 entre en vigencia, y consideró que el diputado Thomas tiene una "dudosa legitimidad" para haber pedido la suspensión.

La CPE sólo recibió una promesa
Después de una hora y media de exposiciones en el Aula Magna, la pregunta surgió sola: ¿a que vino la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación Audiovisual a Santa Rosa? La explicación oficial fue que su presidente, Juan Gabriel Mariotto, y los directores Jorge Capitanich, Claudio Schifer, Eduardo Seminara y el pampeano Manuel Baladrón (la oposición aún no designó los lugares vacantes), llegaron para realizar la segunda reunión del organismo en el interior del país.
Sin embargo, no sólo no hubo una reunión formal de la AFSCA, sino que tampoco se produjo el debate anunciado en la Universidad, y menos aún sus autoridades le concedieron una audiencia a la Cooperativa Popular de Electricidad ni le dieron explicaciones a la Municipalidad sobre porqué no respondieron las notas cursadas preguntando por la situación legal de Cablevisión.
La única promesa que recibieron sus autoridades fue que Mariotto u otros directores podrían recibirlas el lunes o martes, en Buenos Aires, para hablar de la posibilidad a futuro de ofrecer televisión por cable y plantear sus quejas por el cableado ilegal que tendió Cablevisión en 200 manzanas de la ciudad utilizando las columnas de la entidad.
La CPE estuvo presente en la charla con una delegación concurrida: el presidente Oscar Nocetti, el consejero Hugo Martina, la representante ante la Fepamco, Mercedes Tubán, el gerente general Ariel Martínez y el gerente de Telecomunicaciones, Fabián Denda. Ellos fueron con expectativas, pensando en que Baladrón podría acercarlos a Mariotto. Pero eso no ocurrió. Apenas se quedaron con aquella promesa. Por eso cabe el interrogante: ¿cómo cinco funcionarios que vinieron desde Buenos Aires, en avión, para hablar específicamente de la Ley de Medios, no tuvieron media hora para escuchar las inquietudes de la empresa más importante de La Pampa, y una institución que respaldó la norma y que desde hace viene luchando por ingresar al mercado de cable con la promesa de bajar los costos?
¿Qué pasó entonces en esos 90 minutos? Hablaron Mariotto y los cuatro directores, escucharon una sola pregunta (los tres restantes expositores se dedicaron a detallar situaciones particulares) y se fueron tan rápidamente como llegaron. Para lo único que tuvieron tiempo extra fue para reunirse en su despacho con el gobernador Oscar Mario Jorge. Una fuente ligada a las organizaciones que impulsaron la venida de la Autoridad, fue muy gráfica: "Tuvieron tiempo para ver al gobernador, pero no para escucharnos a nosotros".
En la sala hubo alrededor de 170 personas, con mucho marinismo y kirchnerismo y nada de vernismo. El listado incluyó al intendente Francisco Torroba; al viceintendente Guillermo Di Liscia; al ex gobernador Rubén Marín; a los ex ministros Rodolfo Gazia y Miguel Tanos; al delegado del Inadi, Santiago Ferrigno; al delegado local del Pami, Heriberto Mediza; al presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Oscar Nocetti; al jefe de la CGT-Zona Sur, Jorge Lezcano; a la secretaria general de los docentes, Noemí Tejeda; al presidente de Corpico, Miguel Langé; al diputado provincial Mariano Fernández; a representantes de Carta Abierta; al concejal Eduardo Molteni; a sindicalistas; a dirigentes de movimientos sociales, etc.
El rector Sergio Baudino dio la venida desde el escenario, que sólo estuvo adornado por tres banderas, una de DNI, la agrupación peronista que terminó cuarta en las elecciones en la Facultad de Económicas y Jurídicas; y dos de la Juventud Universitaria Peronista, que no se presentó en las recientes elecciones. El séptimo nombre de la cabecera fue el de Raúl Ortiz, secretario general de la Gobernación y representante pampeano en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Hay 15.000 operadores
En su discurso, Mariotto reiteró que "no puede haber monopolios ni posiciones dominantes" y que ello "no es una inquietud política de un sector, sino la necesidad de toda la comunidad". Lo ejemplificó diciendo que "ninguna universidad pública alzó su voz en contra" de la Ley de Medios, a pesar de la diversidad de opiniones que coexisten.
Indicó que muchos gobiernos debieron "hocicar" frente a las presiones corporativas y resaltó que "Mendoza (donde se dictó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley) es una provincia particularmente vinculada a grupos monopólicos" (NdeR: ahí es fuerte el Grupo Vila y también pesa el Grupo Clarín). En ese sentido recordó las restricciones que tuvo Canal 7 cuando quiso instalar una repetidora en San Rafael.
Capitanich remarcó que la "estrategia defensiva" de los grupos monopólicos apunta centralmente a dos artículos de la nueva ley, el 42 y el 161. El primero hace referencia a la facultad de la AFSCA para otorgar licencias, y el segundo fija un plazo máximo para el proceso de desinversión, por el que los propietarios de medios deben adecuarse a la cantidad máximo del número de licencias que pueden tener. También expresó que es imprescindible un ordenamiento del espectro radioeléctrico ya que un relevamiento preliminar mostró que "hay 15.000 operadores de radios AM y FM y canales de televisión".
"Los monopolios hacen creer que los políticos somos basura, pero permiten que cualquiera prendido a un micrófono pueda distorsionar la realidad todos los días", enfatizó el mandatario chaqueño. Esa frase fue aplaudida, y lo mismo ocurrió cuando mencionó la presencia de Marín. Justamente ambos charlaron animadamente al concluir el acto.
Con relación a los expositores, Daniel Blandi comentó cómo Emisora Pampeana tuvo que transformarse en una cooperativa de trabajo a partir de que el último dueño abandonó la empresa (Mariotto aseguró que con la nueva ley eso no ocurriría porque las licencias serán intransferibles); Avelino Rodríguez, de la Asociación Patagónica de Radiodifusores, se quejó porque "Manolito" (así lo llamó a Baladrón) no consiguió que la AFSCA los recibiera; y Carlos Villarreal, del Frente Barrial Petete Juárez, agradeció la presencia de los funcionarios nacionales.
El único que preguntó fue Flavio Frangolini, en nombre del Sindicato de Prensa local. Cuestionó que la Ley de Medios no cumpliera con el punto de los 21 de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que diferencia claramente lo que deben ser medios del Estado de medios gubernamentales. Mariotto respondió que la norma "refleja a rajatablas" los 21 puntos de la Coalición.

Trabajadores de Canal 3
Trabajadores de Canal 3 (el canal gubernamental de La Pampa) le entregaron una nota a Mariotto remarcando que la emisora es "un medio público estatal, sostenido con fondos de toda la comunidad pampeana", que no cumple "con su función social" ni "respeta el pluralismo en todas sus manifestaciones, posibilitando el acceso a las diferentes voces". Agregaron que "desde hace tiempo estamos reclamando que deje de aplicarse la censura extrema que viene ejerciéndose desde hace años, en abierta contraposición con los fines para los cuales fue creada".

Torroba quiere que Mariotto le otorgue una licencia a la CPE
Oscar Nocetti, presidente de la CPE, sostuvo que tras la audiencia pública del jueves de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, "al menos pudimos establecer una reunión con (su titular, Juan) Mariotto y (el director Manuel) Baladrón para el martes que viene en Buenos Aires".
Pese a que era intención de los cooperativistas tener una reunión con los visitantes, éstos se fueron sin atenderlos apenas terminada la audiencia, como también hicieron con el intendente Francisco Torroba y el viceintendente Guillermo Di Liscia, que en vano esperaron la entrevista pautada con los funcionarios nacionales.
"Nos interesan algunas cosas que nos dejaron preocupados y otras que queremos aclarar, queremos ver la cuestión del cableado y cómo sigue esto, porque hubo algunas definiciones: que no están las licencias, ni de Multicanal ni de Cablevisión, por lo que la red de fibra óptica que han tirado es cuanto menos ilegal".
-Nocetti, ¿quién tiene la licencia?
-Se supone que la debe tener el primigenio dueño de los canales (Pampa TV). Aquí hay un problema, como dirían nuestros amigos los gitanos, de que están flojos de papeles.
-Pero la Autoridad Federal de Aplicación tiene que tener conocimiento de esto.
-Supongo que sí, pero hasta no hace mucho tiempo nada se movía en el ComFeR sin que el multimedio tuviera conocimiento y diera sus opiniones.
-Pero esa historia pasó.
-Por eso mismo, cuando quisieron acomodar los papeles fue tarde. El problema ahora, me parecen quien va a tener que tomar decisiones muy serias, no digo drásticas, es el municipio.
-¿Usted dice que la comuna debería bajar los cables?
-No sé si tiene otra alternativa, porque haberse tendido una red de fibra óptica en 200 manzanas sin tener licencia que lo habilite, es un hecho cuanto menos grave.
-Es como abrir un comercio sin habilitación municipal.
-Sí, o me pongo a circular en un taxi sin tener la patente. Ahora la pelota está en el campo de municipio.
-¿Pero la comuna no necesita el amparo legal del informe de la Autoridad de Aplicación en esto de la licencia?
-Sí, hasta ahora lo que la autoridad de aplicación ha dicho es que las licencias no existen, pero que no se atreven a decirlo con todas las letras porque el tema está en la justicia y hasta que no se expida la Corte ellos no pueden expresarse, salvo en media lengua, con lo cual no deja de tener cierta lógica. Pero lo que nos dejó más preocupados es que ayer (en la audiencia) se dijo que si la Corte se expide a favor de la Ley de Medios, viene la reglamentación, que será sometida a consideración de la sociedad en audiencias públicas, lo que llevará mucho tiempo y como los papeles que hay que hacer para solicitar las licencias y el modo en que se llenan y presentar al ex Comfer, que a su vez depende de cómo se reglamente la ley, a nuestro juicio podría demorar mucho o bastante la entrega de licencia para dar el servicio de TV por cable. Una vez que salga la reglamentación (de la ley) vendrán otra vez los recursos ante la justicia.

Un pedido frustrado
El intendente Francisco Torroba recibió la palabra de Manuel Baladrón de que al terminar la audiencia pública, el jueves en la UNLPam, sería recibido por el titular de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, Juan Mariotto.
El jefe comunal iba a concurrir al encuentro, el que se haría en una oficina del Rectorado, junto al viceintendente Guillermo Di Liscia y la concejal Alicia Iribarren.
Pero pese a los oficios de Baladrón, apenas terminó la audiencia, Mariotto y su gente se retiró raudamente del lugar sin que se concretara el encuentro con la delegación municipal, como tampoco con los directivos de la CPE, aunque a éstos al menos se les comunicó que la semana que viene serían recibidos por Mariotto en Buenos Aires.
"Me llamó Baladrón por teléfono para decirme que estaban retrasados, que se iba a demorar un poco lo de la audiencia, y fue cuando le pedí que nos recibiera Mariotto, Me dijo que no había problemas, que nos íbamos a reunir en algún lugar del Rectorado", le relató a La ARENArena el intendente Torroba.
"Después, en la UNLPam, me encontré con Baladrón y me confirmó que ya estaba todo listo para la reunión, aunque no aprecié mucha voluntad para que el encuentro se concretara", continuó el jefe comunal.
Finalizada la audiencia, y aduciendo que las autoridades nacionales debían trasladarse a la residencia oficial del gobernador Jorge para almorzar, un colaborador de Baladrón le propuso a Torroba, que esperaba con Di Liscia e Iribarren, que se sumara al contingente y participara de la comida. "No acepté, porque mi intención era hablar con Mariotto y la residencia no era el lugar indicado para hacerlo, máxime que allí habría mucha gente. Después de eso, no supe más nada, o mejor dicho nos quedamos sin la reunión".
El interés de las autoridades municipales en conversar con el titular de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación no sólo pasaba por la polémica desatada en torno al cableado realizado por una empresa del grupo "Clarín", sino que eran portadores de un pedido para Mariotto: que se le permita a la CPE prestar el servicio de televisión por cable.
"Queríamos pedirle personalmente al titular de la Autoridad Federal de Aplicación que le otorgara una licencia provisoria a la CPE para que pueda dar el servicio, hasta tanto se aclare lo de la Ley de Medios y su implementación", expresó el intendente Torroba.

"No es tan sencillo"
El intendente Francisco Torroba expresó que el titular de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación, Juan Mariotto, incurrió en una contradicción con respecto a la inexistencia de una licencia habilitante para Cablevisión: "Es la misma autoridad de aplicación (ex ComFeR) la que le exige a la empresa que no abandone el servicio" en Santa Rosa.
"Lo que dijo Mariotto es una obviedad; la utilización del espacio aéreo es una prerrogativa municipal, algo que nadie discute. Ahora, todas las empresas que prestan un servicio tienen una autoridad de aplicación, la que permite que una empresa lleve seis años sin autorización o licencia, como dice la ordenanza, lo que es reconocer que están en otro mundo, que no se cumplió ninguna función".
-En definitiva, una empresa, sea cual sea, que durante seis años tendió cables en forma ilegal.
-Mariotto pudo haber dicho esto hace cuatro o cinco meses cuando desde la Municipalidad se le pidió información. Insisto, si la autoridad de aplicación no tiene (otorgada la) licencia, ¿por qué no interviene si es la autoridad de aplicación del espectro?
-¿Qué espera la Municipalidad para tomar una determinación sobre este tema del cableado?
-Espero que la justicia resuelva la medida cautelar (presentada por Cablevisión), porque esto va a dar una orientación. Y fíjese que la justicia ante esta medida cautelar, que habitualmente se expide con prontitud, ha abierto a prueba y pide información. No es tan sencillo poner o sacar, porque toda resolución que tome el intendente tiene consecuencias. No es tan sencillo decir que se puede hacer tal cosa, porque hay antecedentes que se fueron acumulando. Por eso digo que hubiera sido muy bueno que lo que nos prometió el servicio jurídico de la Autoridad Federal de Aplicación se hubiera plasmado por escrito en tiempo y forma, no a la pasada.
-Mariotto dice que la potestad en el tema del cableado la tiene la comuna.
-Es una expresión de él. Nosotros tomamos la decisión de esperar con prudencia qué decide la justicia.

Fuente: Diario La Arena

Allanaron la casa de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble

Los domicilios de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera fueron allanados nuevamente esta tarde, en operativos que fueron calificados como "violentos, vejatorios e innecesarios" por los abogados de la defensa
"Es realmente incomprensible que contando con una muestra sanguínea brindada voluntariamente por los jóvenes en diciembre pasado, y con nuevas muestras de material genético obtenidas en un allanamiento un día después, se los exponga nuevamente a esta innecesaria vejación", sostuvo Alejandro Carrió, abogado de los hermanos.
"Los jóvenes fueron muy claros cuando ratificaron que ellos habían entregado su sangre para la realización del análisis en sede judicial, tal como había sido ordenado por todas las instancias de la Justicia. Y le pidieron a la jueza que escuche sus reclamos en el sentido de que se respete ese modalidad, que les ofrece seguridad y que fue avalada en su momento por la Cámara de Casación y la Corte Suprema", agregó.
En tanto, Roxana Piña, también abogada de los hermanos, agregó que "resulta innecesario este allanamiento aún para el supuesto de que no se atiendan los reclamos de los jóvenes". Marcela y Felipe han dicho reiteradamente que temen una manipulación de los análisis y reclaman mayores garantías porque el Banco de Datos Genéticos depende desde el año pasado del Poder Ejecutivo Nacional.
"Para ese caso ya se hizo un allanamiento en diciembre pasado, por lo que este de hoy resulta doblemente vejatorio e intimidatorio", dijo Piña y agregó: "Es un evidente exceso, hubo amenazas de policías, persecuciones a los automóviles de los hermanos, y hasta llegaron a amenazarnos con armas a los abogados". También requirieron prendas íntimas de los hermanos, algo absolutamente inusual. "Y tuvieron cercados los domicilios durante varias horas, se trata de un cúmulo de abusos gravísimos", concluyó.

Fuente: Diario Clarín

Los hermanos Herrera de Noble se opusieron a que se utilicen sus muestras de sangre

Los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Felipe y Marcela Noble Herrera, se opusieron hoy a que se utilicen sus muestras de sangre y se negaron también a realizarse nuevas extracciones para que esos resultados sean cotejados con otros de familiares de secuestrados en la última dictadura
Así lo informó hoy la fiscal de San Isidro Rita Molina, luego de entrevistarse con Felipe y Marcela, en el marco de la causa que lleva adelante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien había citado a los jóvenes para que respondieran hoy a esos requerimientos.
"Se negaron rotundamente a que sea utilizado el material que tenemos", contó Molina luego de mantener una audicencia de dos horas con los hijos adoptivos de Herrera de Noble, quienes -dijo- "tienen derecho" a oponerse a la medida.
La jueza federal Arroyo Salgado citó a Felipe y Marcela luego de reiterados fallos judiciales que dejaron firme una decisión de la Cámara Federal de San Martín en cuanto a determinar si ambos jóvenes fueron apropiados durante la dictadura.
Los hijos adoptivos de Herrera de Noble se extrajeron sangre el año pasado pero en el Cuerpo Medico Forense, dependiente de la Corte Suprema y a condición de que las muestras sólo fueran comparadas con dos familias querellantes en la causa.
Como estas muestras no pueden usarse en el Banco Nacional, la justicia buscó el consentimiento de los jóvenes para una nueva extracción, ya que no se puede hacer de manera compulsiva.
Con todo, la fiscal advirtió que "no es necesario el consentimiento" para ordenar el entrecruzamiento de datos obtenidos a través de muestras genéticas y no descartó que el lunes próximo se decida una nueva medida.
De esta forma, Molina aclaró que si bien no puede obligarlos a extraerse nuevamente sangre, sí puede ordenar estudios con las muestras ya obtenidas o con futuras muestras que se adquieran en los domicilios.
"El objetivo de esta fiscal es conocer la verdad y la verdad sólo la tenemos que obtener con las muestras y con el examen de histocompatibilidad, no sólo con la familia querellante sino con todas las muestras que hay en el Banco genético", insistió.
Molina remarcó la necesidad de "terminar con este tema que perjudica tanto a los chicos como a la sociedad toda, que está expectante ante (la comisión de) un supuesto delito".
Fuentes judiciales habían manifestado esta semana que si los hijos adoptivos de la dueña de Clarín se negaban a nuevas extracciones, los estudios de ADN deberían hacerse sobre muestras encontradas en objetos personales de ambos.
La causa judicial abierta por denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en el caso, investiga si ambos hermanos fueron adoptados ilegalmente por la directora de Clarín en la dictadura y sustraídos a secuestradas que dieron a luz en centros clandestinos de detención.
Ernestina Herrera de Noble esta imputada en el caso y estuvo detenida en su momento por orden del luego destituido ex juez federal Norberto Marquevich, primer magistrado del caso.
Posteriormente fue liberada y la causa siguió su curso hasta que el año pasado la Cámara de San Martín amplió el objeto procesal para determinar si fueron sustraídos a detenidos desaparecidos en general y no sólo demostrar si son hijos biológicos de dos familias querellantes en la causa, que los reclaman.
Los Noble habían aceptado hacerse los ADN para ser comparados sólo con muestras de estas dos familias y en el Cuerpo Médico Forense, algo rechazado ya en distintas instancias judiciales donde quedó firme la resolución de hacer los estudios de manera general en el Banco Nacional, donde se almacenan todas las muestras.

Fuente: Agencia TelAm

Encuentro regional de radios comunitarias en Río Gallegos

Comenzara hoy y se extenderá hasta mañana en la EGB Nº19. El taller promovido por FARCo, pero con el apoyo de Nación, capacitará a personas y ONG´S que tengan relación con radios comunitarias, educativas y de frontera, entre otras. El temario, que apunta a los jóvenes especialmente, incluirá producción periodística-creativa
La EGB Nº 19 será sede del primer encuentro regional de radios comunitarias. Será un taller con modalidad teórico- práctico que capacitará a las personas que desarrollan actividades dentro de radios comunitarias, como así también a organizaciones que podrán acceder a este medio debido a la nueva Ley de Servicios Audiovisuales que rige en nuestro país.
Federico Barese, de Radio Estación Sur de la Plata junto a Judith Gerbaldo, directora de Formación de FARCo -Foro Argentino de Radios Comunitarias– y otros especialistas disertarán hoy y mañana.
La actividad formará parte del proyecto nacional “Todas las voces, Todos” que lleva adelante FARCo con el área de proyectos especiales de la actual autoridad de aplicación ex ComFeR con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Es en este contexto en el cual este proyecto se inició el año pasado y se extiende hasta julio de este año.
Consiste de un plan de capacitación único en su tipo en Latinoamérica, que abarca a 100 emisoras comunitarias, juveniles, de fronteras, educativas e interculturales. “Mas de 100 emisoras de todo el país nucleadas en torno a este proyecto que apunta la formación de las radios y gente que las integra en torno al proyecto político comunicativo”, detalló Judith Gerbaldo, directora de Formación de FARCo TiempoSur.
El año pasado se efectuaron visitas a las emisoras del país a modo de relevamiento para conocer cual es la realidad de estas radios a nivel nacional. Luego, se diseñaron 10 encuentros regionales, uno de ellos es el que se realizará hoy en nuestra ciudad, y simultáneamente se realiza en Córdoba.
El taller -que también está destinado a las ONG´S las que de acuerdo a la nueva ley podrán acceder a este medio de difusión- será teórico práctico y se llevará a cabo hoy y mañana de 14:00 a 18:00 en la EGB Nº19.
Apuntará especialmente a temáticas para los jóvenes, como por ejemplo: producción periodística, producción creativa, profundización del propio proyecto de la radio, como fortalecer las radios, dificultades de las emisoras, características de las radios comunitarias en nuestro país y en el continente, como así también su rasgo identitarios.
La actividad servirá de diagnóstico para adentrase en el panorama provincial de este tipo de emisoras, en la que participarán organizaciones de Tierra del Fuego y Chubut, dado que es el punto más cercano en donde se concretará el encuentro.
La formación guarda una profunda relación con la nueva Ley de Servicios Audiovisuales. Gerbaldo recordó que FARCo fue una de las organizaciones que promovió la democratización de la radiodifusión en Argentina. “Haber conseguido desarrollar este proyecto es muy importante porque va a contribuir a fortalecer los proyectos existentes y de la mano de la nueva ley poder trabajar los desafíos que se les viene a los medios de comunicación en el marco de los ejes de esta ley”, precisó.

FARCo
Es la organización que agrupa emisoras que ejercen la radiodifusión como un servicio a la comunidad y la comunicación como un derecho de todas las personas. Es una red de radios que busca construir un camino común para apoyarse y fortalecer la comunicación de nuestro pueblo.
Nuclea a radios de entidades u organizaciones sociales que desarrollan una comunicación pluralista y participativa como canal de expresión de los sectores sociales y culturales con menor posibilidad de acceso a los medios con fines exclusivamente comerciales.
Las radios integrantes de FARCo ejercen la radiodifusión como un servicio y no como una simple actividad comercial-lucrativa.
La entidad se identifica como parte del amplio movimiento social que trabaja por una sociedad más justa, solidaria y sin exclusiones.
Es una red que impulsa el desarrollo y la articulación de organizaciones sociales y populares.
Defiende y promueve la democratización de la comunicación como condición necesaria para la democratización de la sociedad.
Detecta con preocupación y denuncia la creciente concentración en la propiedad de los medios.

Foto: Judith Gerbaldo, como integrante del equipo de formación de ALER, en un Taller con los compañeros de Radio Pio XII de Bolivia
Fuente: Tiempo Sur

SiGeN investigará una denuncia contra Papel Prensa

La Sindicatura General de la Nación indagará sobre una acusación acerca de retornos en la compañía de capitales mixtos. El reclamo fue formulado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, durante una asamblea de la firma
La Sindicatura General de la Nación (SiGeN) investigará una denuncia sobre retornos en Papel Prensa formulada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, durante una asamblea de la compañía de capitales mixtos.
El pedido para que la SiGeN tome cartas en el asunto fue realizado por el propio Moreno, que en una nota dirigida al titular del ente contralor, Daniel Reposo, pidió que "se investiguen los hechos oportunamente relatados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en la empresa el día 20 de mayo".
De acuerdo al acta de esa reunión en Papel Prensa, a la que TelAm tuvo acceso y difundió la semana pasada, el secretario de Comercio Interior afirmó que la firma "ha funcionado en las últimas décadas con retornos de proveedores recolectados por el actual gerente Jorge Noseda y repartidos personalmente a los accionistas".
La denuncia de Moreno fue ratificada luego por el ex dueño del diario La Razón José Pirillo, quien relató que las empresas no habían hecho aportes "sino que los aportes que debían hacer los tres diarios a Papel Prensa se habían efectuado vía retornos que pagaban las empresas constructoras de la planta de Papel Prensa".
Esos retornos, de acuerdo a lo expresado por el funcionario en la asamblea de accionistas del pasado jueves 20 de mayo, oscilan "entre el 10 y el 15 por ciento de cada factura de compra".
"No se trata de versiones periodísticas de fuentes no conocidas sino de directivos de esta empresa que informan que el señor Noseda era el ´cajero` para recolectar el 10 o el 15% de las facturas de los proveedores que era reciclado a los accionistas", aseveró Moreno ante el resto del Directorio de Papel Prensa.
Además, en esa reunión en la representó al Estado nacional como socio de la firma, aseguró que en un informe que está elaborando "se sabrá la conducta de los accionistas y de las personas físicas que operaban en nombre de personas jurídicas".
También, el secretario de Comercio Interior planteó "muchas dudas respecto de cómo se produjeron las transacciones entre los accionistas originarios de la empresa, los que en la actualidad tienen el capital mayoritario", o sea Clarín y La Nación.
"Esas dudas nacieron en razón de que las transacciones finales fueron hechas en lo que se ha dado en llamar el comprobado terrorismo de Estado, en el que una banda facciosa apoderada del poder de la República trabajó como brazo armado de algunos pseudos empresarios para beneficiar sus negocios", aseveró.

Fuente: Agencia TelAm

Carta abierta la Presidenta

Los trabajadores del diario Crítica de la Argentina concurrirán el viernes 28, a las 17, a la Casa Rosada para entregar a la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, una carta por la cual le pedirán una urgente reunión y su intervención en el conflicto
Además, resolvieron continuar con la permanencia pacífica durante las veinticuatro horas en los puestos de trabajo en defensa de la fuente laboral y la continuidad del diario y con la exigencia del pronto pago de los salarios adeudados.
El próximo lunes 31 de mayo, a las 13, convocan a una movilización al Ministerio de Trabajo, Av. Leandro N. Alem 630, para solicitar la pronta efectivización del compromiso asumido por el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, el pasado día 17, en el sentido de gestionar el pago de la publicidad que el gobierno nacional le debe al diario, con la condición de que ese dinero sea derivado exclusivamente a saldar los haberes impagos del personal.
Por otra parte, el jueves 27 por la tarde, se llevó a cabo en distintas redacciones de diarios, revistas y agencias de noticias la segunda jornada de solidaridad con el diario Crítica, que adoptó distintas modalidades en cada medio: paros de una hora, aplausos y asambleas. Los trabajadores que participaron en la jornada pertenecen a los diarios BAE, Página/12, Popular, Crónica, El Argentino, Tiempo Argentino, Miradas al Sur, El Cronista y La Nación; Editorial Perfil; las agencias Télam, DyN y NA y Canal 13/TN.

El oficialismo no se presentó a discutir los proyectos de "Publicidad oficial"

Pasa el Bicentenario y todo vuelve a la normalidad. Con escasa convocatoria, la Comisión de Libertad de Expresión discutió brevemente los proyectos que buscan regular la publicidad oficial. Silvana Giudici, diputada de la UCR, calificó de “escandalosa” la asignación publicitaria gubernamental e insistió en criticar la nueva Ley de Medios
Este mediodía, la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados se reunió para discutir los proyectos de publicidad oficial en la sala 2 del Anexo. Ante una escasa convocatoria, la diputada Silvana Giudici, presidenta de la comisión, consideró que era un “gran avance” la búsqueda de una ley “transparente y equitativa” en la materia.
Sin la presencia del oficialismo, se acordó que por lo pronto los proyectos sobre publicidad oficial serán debatidos el martes que viene en una reunión de asesores. “Una vez que tengamos los consensos, solicitaremos a la Comisión de Comunicaciones que, en realidad es la de cabecera, que se trate en un plenario”, explicó Giudici sobre el futuro de las propuestas en la Cámara baja.
En tanto, en cuanto a los motivos de los proyectos impulsados por el arco opositor, la diputada radical destacó que “la distribución de publicidad oficial es escandalosa, ha crecido exponencialmente y además se utiliza como un elemento de presión sobre la línea editorial de los medios, por eso regular la publicidad oficial mejora la libertad de expresión y de prensa”, según manifestó en dialogo con este medio.
La base del proyecto presentado por Giudici plantea la creación de un registro público donde el ciudadano inmediatamente pueda informarse sobre los recursos que se utilizan, qué medios los cobran, cuál es el plazo y cómo está el trámite de cada una de las carpetas.
“Este gobierno ha establecido un cerco informativo sobre los puntos más álgidos de la gestión. En cuanto a publicidad oficial, recientemente negaron un pedido de organizaciones civiles sobre la ejecución del gasto en publicidad oficial. Es la primera vez que esto sucede”, manifestó la legisladora de la UCR.
Al respecto de la breve reunión del día de hoy, consideró que era “un pasito más cerca hacia un consenso”, debido a que se confía en que el oficialismo esté de acuerdo en transparentar la asignación de recursos, porque también ha presentado proyectos.

La Ley de Medios y la Corte
Como acérrima opositora a la nueva ley de servicios audiovisuales, la diputada radical opinó sobre el tratamiento de la norma que llevará a cabo el máximo tribunal de justicia del país. “La Corte podrá resolver sobre este fallo, pero hay otras causas que cuestionan artículos que no van a ser puestos en vigencia, los de desinversión por ejemplo, tienen cuatro fallos que los mantienen suspendidos”, consideró en dialogo con NCN.
Sucede que todavía no se está discutiendo judicialmente el contenido de la ley, sino la forma. “Está suspendida por las irregularidades cometidas durante el tratamiento, más allá de esto hay otras causas que tienen que ver con la inconstitucionalidad manifiesta de artículos que van en contra de toda jurisprudencia argentina”, manifestó.
A su vez, insistió en que hubo un “tratamiento irregular”, motivo por el cual “si la Corte Suprema mantiene el amparo la ley seguirá suspendida, si no entrara en vigencia parcialmente, porque hay artículos que son los más complejos, los claramente inconstitucionales, que están suspendidos y que no se pueden aplicar”.
Sobre las declaraciones del subsecretario General de la Presidencia, Gustavo López, quien opinó que el plazo de resolución de la Corte no debe superar el mes, Giudici manifestó que se trataba de “una presión”. “Un funcionario público pertenece a un poder del Estado y la Corte Suprema pertenece a otro, entonces no se puede ejercer ningún tipo de presión sobre los jueces”, agregó.< Finalmente, consultada sobre el supuesto encuentro de Héctor Magnetto, titular de Clarín, con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, admitió desconocer el hecho, aunque advirtió que “ni pública, ni privada, ninguna presión se debe ejercer sobre los jueces”.

Fuente: Noticias del Congreso Nacional

Libertad de expresión en Chile: Un derecho que se concursa

Por: Victoria Lozano
Esta mañana llegaron a las dependencias de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), distintas organizaciones sociales y radios comunitarias de la Región Metropolitana, para exigir que se cumpla el derecho a la libertad de emitir opinión y de informar de todas las personas, estipulado en la Constitución Política del Estado Chileno, y la libertad de expresión, derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948.
La convocatoria a esta movilización fue hecha por la radio comunitaria Sin Tierra, de Villa la Reina, creada por varios actores sociales de la población y autogestionada hace más de un año. Uno de sus gestores, Fidel Galaz, explica que “nuestra radio nace por la necesidad esencial de comunicarse y fortalecer el conocimiento y organización entre los vecinos.
“Lamentablemente a una dirigenta vecinal no le acomodaron las críticas que se le hacían a su actuar y nos denunció a la Subtel, teniendo yo que enfrentar un largo juicio en mi contra”, enfatizó Galaz.
A la manifestación se sumaron organizaciones sociales, reporteros independientes y medios de comunicación que se encuentran en la misma situación de ilegalidad y que son reconocidas en el medio popular por su perseverancia y sacrificio, como es el caso de la radio 1º de Mayo, de la población La Victoria, quienes también pudieron ingresar a la sala donde se reunieron con los representantes de la Subtel, Carlos Núñez, jefe de gabinete de la subsecretaría, Pablo Cereceda, periodista de la institución y Enoc Araya, jefe de Concesiones.
En esta reunión los comunicadores populares expusieron que demandan la regularización de legalidad para que radio Sin Tierra, pueda mantenerse al aire y la derogación del artículo 36B de la ley 18.168, que señala las penas a las que están expuestas quienes transmitan ilegalmente y que incluyen el presidio y multas que pueden llegar hasta las 5 mil UTM (más de 180 millones de pesos).
Nicolás Toro, de la comuna de la Reina, puntualizó lo dañino que es para la sociedad que el poder de los medios de comunicación se concentre en tan pocas manos, como sucede hoy en Chile, así como el insuficiente espacio otorgado a las radios comunitarias (que alcanzará según la nueva ley, a sólo un 5% del espectro radial), porcentaje que no alcanza a cubrir a todas las radios existentes que funcionan hoy en la marginalidad, ni menos impulsa la creación de nuevos medios comunitarios.
Frente a esta exposición, Carlos Núñez (Subtel), contestó que “independiente de estar o no de acuerdo con la ley, tenemos la obligación de cumplirla -como institución-. Al recibir una denuncia, debemos estudiar el caso y entregar los antecedentes al ministerio público”.
Y Pablo Cereceda, agregó: “Desafortunadamente, mientras se tramitó por casi tres años la nueva ley de radiodifusión comunitaria, no hubo interés político, de ningún sector, por aumentar el espectro para estas radios ni tampoco para derogar el artículo 36B. Estos dos aspectos fueron propuestos por la Subtel, y ningún parlamentario acogió esta iniciativa. Por lo tanto, no depende de nosotros que esta situación se modifique, porque finalmente las leyes, no se deciden aquí”.
La incapacidad de la Subtel de resolver esta problemática, sólo dio espacio para que las autoridades se comprometieran a informar esta situación en instancias superiores y a asesorar a todas las radios comunitarias que quieran concursar por ser legal aunque, finalmente -y por ser finito el espectro radial concursable, en caso de haber varias radios pretendiendo un mismo espacio en igualdad de condiciones, se decidirá por sorteo azaroso, sacando una bolita que definirá cual radio gana el concurso.
Al finalizar la reunión, Marco Cáceres de la radio 1º de Mayo, le indicó a Cereceda que “en esta institución se dicen imparciales, pero hay una política de hostigamiento hacia los medios comunitarios que viven bajo la constante amenaza. Es súper fácil la postura de la imparcialidad, por eso yo no trabajo en la Subtel, sino que en un medio representativo de la comunidad y de los trabajadores. Puede ser bonita tu pega, pero en definitiva, uno en esta vida tiene que tomar posición, si realmente quiere que la realidad cambie”.
Fidel Galaz, de radio Sin Tierra, señaló al término de la jornada que “nosotros vamos a seguir transmitiendo en la ilegalidad porque no estamos de acuerdo con la burocracia y falta de igualdad que existe en los trámites de las concesiones. Sentimos que la fuerza y la capacidad de revertir la situación están aquí afuera, en el poder popular”.

Ver artículo que explica por qué la Ley atenta contra los derechos fundamentales acá

Fuente: El Ciudadano