Tras su revisión en comisión, la Convención aprobó hoy el derecho a réplica ante informaciones maliciosas, inexactas o agraviantes por parte de un medio. La nueva versión eliminó la condición de que la respuesta sea gratuita e inmediata, lo que motivó disidencias y votos en contra. También se criticó la incorporación de la “malicia”. Alasino* aseguró que los cambios obedecieron a la petición de los medios.
“Toda persona afectada en su honra o reputación por informaciones maliciosas, inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de un medio de comunicación social de cualquier especie, tiene el derecho a obtener su rectificación o respuesta por el mismo medio. La mera crítica no está sujeta al derecho a réplica. La ley reglamentará el ejercicio del derecho previsto en la presente disposición”. Con esta redacción fue aprobado hoy, con 35 votos a favor y cinco en contra, el despacho de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías que consagra el derecho a réplica en la Constitución reformada.
El despacho había vuelto a comisión para su revisión, luego de la preocupación puesta de manifiesto por Adepa. La nueva versión del texto retira la condición de que la respuesta sea realizada por el medio en forma inmediata y gratuita, lo que se suscitó disidencias expresadas en el recinto y, posteriormente, votos en contra.
Por otro lado, se cuestionó la incorporación, en la nueva versión del texto, de la “malicia” en la información publicada, lo que habilitaría el ejercicio del derecho. Se consideró que esta incorporación terminaba por hacer “ilusoria” la réplica por cuanto la existencia o no de malicia quedaba sujeto a la decisión del juez por cuanto “el medio no reconocerá la maliciosidad en la información”, entendió el convencional de la Coalición Cívica - Partido Socialista (CC- PS), Américo Schvartzman.
Por otro lado, por Viva Entre Ríos, Augusto Alasino reclamó “audacia” a la Convención; fustigó el modo en que el avance en el derecho a la información terminó por igualar “a consumidores y usuarios con propietarios de los medios” y cuestionó que “siempre” aparezcan “los lobbys” de las empresas de medios de comunicación limitando el Derecho a Réplica.
El texto fue votado a favor por 35 convencionales (muchos de los cuales intentaron dejar plasmada su disidencia parcial al momento de dar su postura), y en contra por cinco miembros: Alasino, Hermo Pesuto, Flavia Pasqualini (los tres de Viva Entre Ríos); Nelio Calza (por el oficialismo); y Martín Acevedo Miño (Recrear).
Fundamentos
El presidente de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías fundamentó la vuelta a comisión del dictamen en la intención de “abrir el texto a la incorporación de una doctrina penal que, nos pareció, tenía que afiliar en universales no contingentes”.
“La idea de que la protección del funcionario amengua cuando se trata de defender la reputación, nos parecía consustancial a la democracia y debía quedar librada de los vaivenes que la jurisprudencia pudiera dejar caer sobre el instituto”, añadió.
“Entendimos que estos vaivenes no podían inmiscuirse en este instituto y hubo aportes que nos permitieron incorporar la idea de que la real malicia, soporte de la protección de la reputación del funcionario, había entrado en el texto”, explicó Raúl Barrandeguy.
Continuó, luego, dando cuenta de la revisión del texto para incorporar “el lenguaje textual que utiliza el Pacto de San José de Costa Rica” por lo que se consideró necesario “suprimir la idea de la gratuidad en la respuesta y dejar que la forma en que se ejerciera este derecho lo decida la ley”.
Barrandeguy, luego, expuso largamente sobre jurisprudencia respecto del Derecho de Réplica en la Argentina y otros países para fundamentar que el mismo está consagrado en el derecho del país.
“No hay razón para abrigar temor alguno acerca de que este derecho pudiera significar algún problema menor para la prensa libre que debe ser una prensa seria, comprometida con la verdad”, enfatizó.
“Se incorpora, en este texto, la malicia como ingrediente justificatorio de la acción que se declara. Establece con toda claridad, por otro lado, que la mera crítica no está sujeta al derecho de réplica. Hablamos exclusivamente de información maliciosa, inexacta o agraviante”, repasó.
El radical Luis Brasesco, por su parte, se manifestó “totalmente de acuerdo con el contenido del despacho”. “Debemos tener presente, primero, que debe haber una persona afectada en su honra y su reputación, es éste el bien jurídico protegido”, afirmó el convencional que observó que, surge del texto, una “doble obligación del Estado: a garantizar el honor, la privacidad y la honra de las personas, y a garantizar la libre información y la libertad de prensa”.
“Esta Convención está enfocando el problema de la universalidad armónica del conjunto de normas jurídicas que tienen que coadyuvar al bienestar general en la provincia donde no deben colisionar los derechos”, sintetizó.
“Se puede estar a favor o en contra del derecho de réplica pero lo que no se puede discutir es que el derecho está plenamente vigente en el derecho positivo argentino”, concluyó Brasesco.
Disidencias
Por la CC- PS expuso el periodista Américo Schvartzman que destacó “la gran importancia” del texto en consideración y lo enmarcó en una “batería” de normas ya aprobadas por la Convención para asegurar “la libertad de expresión”.
Al asociar la libertad de expresión con el derecho a réplica, Schvartzman citó como ejemplo la existencia de medios que “en una sección fija prevén la respuesta a informaciones que deban ser rectificadas, de modo inmediato y gratuito”, dijo para aludir luego a las condiciones de ejecución del derecho que fueron eliminadas del dictamen en su segunda versión.
Advirtió el convencional que se trata de “proteger la verdad” pero que “hoy la verdad es una construcción intersubjetiva”. “Para que esa verdad intersubjetiva se exprese y se ponga en práctica, es necesario que consagremos este derecho con una efectividad directamente operativa”, añadió.
Mencionó, luego, los derechos no sólo del afectado por la información publicada si no del derecho del público a conocer esa respuesta u otra verdad en juego. “A nuestro criterio, con la simple incorporación en el texto de que esa respuesta sea de modo inmediato y sin cargo, se estaría salvando la novedad que tenía el anterior despacho y este no lo tiene”, hizo notar.
Enfatizó que “la doctrina de la real malicia no tiene nada que ver con este tema”. “No estamos involucrando las acciones legales que puedan derivar de una publicación. La incorporación de la palabra ‘maliciosa’ en el dictamen nos manda directamente al juez porque, indudablemente, el medio no va a reconocer que la información es maliciosa”, advirtió Schvartzman que añadió que “para agravar este problema que tenemos, se elimina la manda de una rectificación inmediata y gratuita”.
“Corremos el riesgo de consagrar un derecho ilusorio porque si el medio determinara si tengo que pagar o no para publicar mi respuesta evidentemente le estamos dejando al arbitrio del medio lo que establezca como condición, y segundo a la posibilidad efectiva que tenga el afectado de pagar”, afirmó el convencional para, luego, afirmar que el derecho no está destinado a “un funcionario” si no a un entrerriano “común” afectado por la publicación de una información errónea “por ejemplo respecto de un accidente”.
“Estamos pensando en la injusticia cuando se informa acerca de las personas que forman parte de los sectores más vulnerables de la sociedad. Cuando se alude a malvivientes, o a concubinos para hablar de una pareja, o cuando no se averigua si se puede o no publicar el nombre de un menor”, dijo en una crítica al tratamiento periodístico que suele hacerse.
Retroceso
“Hemos retrocedido”, dijo Alasino tras comparar los dos dictámenes. “Para empezar hay que eliminar del lenguaje la expresión réplica. Nadie la usa. La usan los dueños de los medios para desvirtuar, bastardear la respuesta. Hay que decir como dice el Pacto de San José de Costa Rica: respuesta o rectificación”.
“El mix que ha hecho ahora la comisión, es un retroceso. Siempre reclamé como reclamaba Danton a la Revolución Francesa, audacia a esta Convención. No la tuvo. Pero en este tema se había dado un paso más y ahora de pronto, se retrocede y se lo deja peor que lo que estaba”, opinó.
“Nunca en Costa Rica se habló de malicia. Esto es una vieja idea de Adepa que siempre quiere, antes de rectificar, mandarte a tribunales. Digo Adepa porque a mí me llamaron. Este es el momento para reivindicarte, me dijeron”, relató Alasino que llamó a defender a “usuarios y consumidores para que no se lo lleven por delante con los monopolios, con la publicidad, la propaganda”.
Observó que “el derecho a la información ha ido avanzando y no es sólo libertad de expresión, es una parte”. “Este derecho avanza y pone en igualdad de condiciones a usuarios y consumidores con los propietarios de los medios”, advirtió.
“Qué cosa curiosa que el periodista no tiene problemas en discutir y en bancarse su opinión y en recibir la respuesta. Tiene problemas el medio, el propietario, que siempre ha confundido libertad de prensa con libertad de empresa. Para la libertad de prensa están”, cuestionó Alasino.
“Acá se ha vuelto para atrás en la gratuidad. Cuando los legisladores traten este tema deberán soportar el lobby grande de las empresas. Por allí se animan y le dan gratuidad y le dan la inmediatez, pero si la Convención se había animado a ir más allá y por primera vez, en mi opinión, tenía la audacia que le hace falta la revolución. La revolución gana con audacia”, insistió.
Responsabilidad
“En verdad no es la audacia de Danton la que necesitamos los convencionales entrerrianos, si no la cabeza que tuvieron aquellos que dictaron las normas fundamentales en que se sustentó la institucionalidad de la revolución francesa”, replicó, a su turno, Julio Federik.
“Este texto viene a consideración con el equilibrio necesario, con toda la reflexión que pudimos colocarle a este texto que viene sostenido también por el Pacto de San José de Costa Rica y dejamos a la ley que lo reglamente”, concluyó.
Finalmente, el convencional Nelio Calza pidió explicaciones acerca de por qué, mientras se aprobó la “rectificación inmediata” y la gratuidad para rectificar datos erróneos en los registros públicos (en habeas data), el mismo criterio no se siguió respecto de las respuestas en los medios de comunicación.
Al respecto, Barrandeguy distinguió, claramente, entre propiedad pública (como los registros) y privada (como los medios). Abundó en un argumento sostenido por Adepa que tiene que ver, concretamente, con que la regulación en materia de medios es potestad del Congreso de la Nación. También, y específicamente ante la postura de Calza, aludió que es materia de la Nación imponer a un privado que, gratuitamente, realice algo.
Fuente: Página Política
NdE: En la nota se menciona a *Augusto Alasino, convencional constituyente, es el mismo que atrás de su casa se escondía la ciudad de Concordia.
domingo, 31 de agosto de 2008
Una disposición audaz ahogada al nacer
Fermín Luis Garay
Como todo parece indicarlo, la Convención Reformadora de la Constitución de Entre Ríos ha excluido de su texto la doctrina de la “real malicia”. De haber procedido de manera opuesta no solamente habría dado a esta libertad estratégica la máxima extensión posible acorde los lineamientos de la ciencia constitucional de nuestro tiempo sino que hubiera sido el primer estado del mundo en integrar la mencionada doctrina como un precepto constitucional.- Simplificando los conceptos puede afirmarse con la Suprema Corte de los Estados Unidos de América ( por vez primera en “New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) ” que no basta al oficial público probar la falsedad de la descripción de sus actos realizados como tal para obtener una retractación sino que, deberá probar, además, que la publicación que objeta fue articulada con “real malicia” esto es a sabiendas de que los hechos eran falsos o con total desaprensión por determinar esta circunstancia.
Orden republicano. Simplificando aún más los medios masivos de comunicación sólo responden cuando ha existido la pura intención de falsear la realidad para perjudicarlo o han incurrido en la grave negligencia que supone no tomar recaudo alguno para determinar si la especie era verdadera o falsa. Y no se necesita ser abogado para advertir las dificultades de esta probanza. La libertad de prensa quedó establecida en los Estados Unidos por la sanción de la Primera Enmienda (1791): “El Congreso no hará ley alguna por la que se adopte una religión como oficial del Estado o se prohiba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”. Pero sólo con la adopción de la jurisprudencia citada alcanza el vuelo incomparable que advertimos en nuestros días.
Por supuesto que el famoso fallo no nació por un acto de inspiración “genial” sino que fue preparado por otras decisiones de la Corte Suprema respecto del orden republicano que reconocieron la conveniencia de la “libre discusión política”, “la necesidad de tal discusión política”, que debe ser “ desinhibida, robusta y amplia” y que necesariamente acarrea para el funcionario público “vehementes, desagradables y agudos ataques” con fundamento en hechos no siempre ciertos que conllevan exageraciones y probables abusos pero que, en suma, esclarecen las cuestiones en pugna y fortifican el régimen republicano.-” Es muy enjundioso a este respecto el voto de Mr. Justice Brennan quien además cita dichos y actitudes de prohombres como Madison quien nos recuerda que “es el pueblo y no el gobierno el absoluto depositario de la soberanía”.
No en el silencio. La república democrática no vive en el silencio sino en el bullicio, la polémica, los encuentros y desencuentros, la puja de las diferentes etnias por prevalecer, el capitalismo y los sindicatos, los desarrollistas y los ecologistas, la Torre de Babel de los idiomas diferentes, es decir la vida, lo humano en toda su poderosa y multiforme manifestación... “Yo soy Walt Whitman un hijo de Manhattan, me canto y me alabo a mí mismo... soy grosero, fuerte y sensual” exclama el gran poeta yankee.- Este es el mundo turbulento de la República, sucio, mentiroso y pleno, no obstante, de grandeza y de la mayor elevación de lo humano que los hombres hemos obtenido en nuestro histórico avatar.
Nuestra Constitución Nacional adoptó la libertad de prensa según el modelo americano y no el europeo y por lo tanto en la escala valorativa la primacía del orden republicano aún sacrificando a veces, los derechos personales cuando se trata de funcionarios estatales, políticos y figuras de público relieve o de simples particulares actuando en cuestiones de interés público. Así lo ha entendido, en general, nuestra Suprema Corte y por lo tanto nada tiene de particular que haya adoptado el “test Sullivan” para juzgar sobre la responsabilidad de los diarios. Y en esta misma tesitura encontramos a la Corte Suprema en su composición actual en los autos “Patitó, José Angel y Otro c/ Diario La Nación y otros” del 24/06/ 2008. Allí el Alto Tribunal dijo:”En el caso se encuentra en discusión la aplicación del principio de “real malicia” vinculado con expresiones publicadas en la editorial del diario demandado referidas al funcionamiento de un organismo público -Cuerpo Médico Forense- mediante un lenguaje que incluye opiniones críticas sobre ciertas circunstancias que fueron mencionadas asertivamente y que pone en conflicto el derecho a la libertad de expresión, información y prensa y el derecho a la honra y reputación” (Voto de la mayoría).“La jurisprudencia de la Corte ha incorporado el principio de real malicia y no el test de la verdad como adecuada protección a la libertad de expresión, debiéndose constatar si la parte actora demostró que el medio periodístico supo o debió saber que los hechos, a los cuales se califica como “estructura ilegal” y que sirvieron de apoyo para solicitar una depuración del Cuerpo Médico Forense podían ser falsos, pues si se elude dicho análisis se restringe el espacio necesario para el desarrollo de un amplio debate público sobre temas de interés general que ha sido garantizado por el Art 14 de la Constitución nacional” (voto de la mayoría) “La tutela de la libertad de expresión no puede limitarse a las afirmaciones que -con posterioridad al hecho- son declaradas “verdaderas” por un órgano jurisdiccional sino que resulta imperativo determinar –ante la existencia de una doctrina inexacta- el grado de diligencia desplegado por el informador en la tarea de determinar su veracidad” “El carácter difamatorio de los términos del editorial cuestionado no superan el nivel de tolerancia que es dable esperar de un funcionario público que se desempeña en el Cuerpo Médico Forense cuando se lo critica en su esfera de actuación pública, máxime cuando los hechos tuvieron una amplia cobertura periodística en otros medios nacionales, por lo que la decisión que responsabilizó al diario constituye una restricción indebida a la libertad de expresión que desalienta el debate público de los temas y debe ser revocada.“ (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Resultan en verdad hilarantes los dichos del constituyente Dr. Alasino en el sentido de que la famosa doctrina es un invento de Adepa y de los editores cuya única meta sería ganar plata vituperando a la inocente corporación política. Con ese criterio, por supuesto, el pleito lo hubiera ganado el represor de negros y Jefe de Policía de Alabama Sullivan y no el New York Times. En fin, una oportunidad perdida. Otra más.
Fuente: El Diario de Paraná
Como todo parece indicarlo, la Convención Reformadora de la Constitución de Entre Ríos ha excluido de su texto la doctrina de la “real malicia”. De haber procedido de manera opuesta no solamente habría dado a esta libertad estratégica la máxima extensión posible acorde los lineamientos de la ciencia constitucional de nuestro tiempo sino que hubiera sido el primer estado del mundo en integrar la mencionada doctrina como un precepto constitucional.- Simplificando los conceptos puede afirmarse con la Suprema Corte de los Estados Unidos de América ( por vez primera en “New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) ” que no basta al oficial público probar la falsedad de la descripción de sus actos realizados como tal para obtener una retractación sino que, deberá probar, además, que la publicación que objeta fue articulada con “real malicia” esto es a sabiendas de que los hechos eran falsos o con total desaprensión por determinar esta circunstancia.
Orden republicano. Simplificando aún más los medios masivos de comunicación sólo responden cuando ha existido la pura intención de falsear la realidad para perjudicarlo o han incurrido en la grave negligencia que supone no tomar recaudo alguno para determinar si la especie era verdadera o falsa. Y no se necesita ser abogado para advertir las dificultades de esta probanza. La libertad de prensa quedó establecida en los Estados Unidos por la sanción de la Primera Enmienda (1791): “El Congreso no hará ley alguna por la que se adopte una religión como oficial del Estado o se prohiba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”. Pero sólo con la adopción de la jurisprudencia citada alcanza el vuelo incomparable que advertimos en nuestros días.
Por supuesto que el famoso fallo no nació por un acto de inspiración “genial” sino que fue preparado por otras decisiones de la Corte Suprema respecto del orden republicano que reconocieron la conveniencia de la “libre discusión política”, “la necesidad de tal discusión política”, que debe ser “ desinhibida, robusta y amplia” y que necesariamente acarrea para el funcionario público “vehementes, desagradables y agudos ataques” con fundamento en hechos no siempre ciertos que conllevan exageraciones y probables abusos pero que, en suma, esclarecen las cuestiones en pugna y fortifican el régimen republicano.-” Es muy enjundioso a este respecto el voto de Mr. Justice Brennan quien además cita dichos y actitudes de prohombres como Madison quien nos recuerda que “es el pueblo y no el gobierno el absoluto depositario de la soberanía”.
No en el silencio. La república democrática no vive en el silencio sino en el bullicio, la polémica, los encuentros y desencuentros, la puja de las diferentes etnias por prevalecer, el capitalismo y los sindicatos, los desarrollistas y los ecologistas, la Torre de Babel de los idiomas diferentes, es decir la vida, lo humano en toda su poderosa y multiforme manifestación... “Yo soy Walt Whitman un hijo de Manhattan, me canto y me alabo a mí mismo... soy grosero, fuerte y sensual” exclama el gran poeta yankee.- Este es el mundo turbulento de la República, sucio, mentiroso y pleno, no obstante, de grandeza y de la mayor elevación de lo humano que los hombres hemos obtenido en nuestro histórico avatar.
Nuestra Constitución Nacional adoptó la libertad de prensa según el modelo americano y no el europeo y por lo tanto en la escala valorativa la primacía del orden republicano aún sacrificando a veces, los derechos personales cuando se trata de funcionarios estatales, políticos y figuras de público relieve o de simples particulares actuando en cuestiones de interés público. Así lo ha entendido, en general, nuestra Suprema Corte y por lo tanto nada tiene de particular que haya adoptado el “test Sullivan” para juzgar sobre la responsabilidad de los diarios. Y en esta misma tesitura encontramos a la Corte Suprema en su composición actual en los autos “Patitó, José Angel y Otro c/ Diario La Nación y otros” del 24/06/ 2008. Allí el Alto Tribunal dijo:”En el caso se encuentra en discusión la aplicación del principio de “real malicia” vinculado con expresiones publicadas en la editorial del diario demandado referidas al funcionamiento de un organismo público -Cuerpo Médico Forense- mediante un lenguaje que incluye opiniones críticas sobre ciertas circunstancias que fueron mencionadas asertivamente y que pone en conflicto el derecho a la libertad de expresión, información y prensa y el derecho a la honra y reputación” (Voto de la mayoría).“La jurisprudencia de la Corte ha incorporado el principio de real malicia y no el test de la verdad como adecuada protección a la libertad de expresión, debiéndose constatar si la parte actora demostró que el medio periodístico supo o debió saber que los hechos, a los cuales se califica como “estructura ilegal” y que sirvieron de apoyo para solicitar una depuración del Cuerpo Médico Forense podían ser falsos, pues si se elude dicho análisis se restringe el espacio necesario para el desarrollo de un amplio debate público sobre temas de interés general que ha sido garantizado por el Art 14 de la Constitución nacional” (voto de la mayoría) “La tutela de la libertad de expresión no puede limitarse a las afirmaciones que -con posterioridad al hecho- son declaradas “verdaderas” por un órgano jurisdiccional sino que resulta imperativo determinar –ante la existencia de una doctrina inexacta- el grado de diligencia desplegado por el informador en la tarea de determinar su veracidad” “El carácter difamatorio de los términos del editorial cuestionado no superan el nivel de tolerancia que es dable esperar de un funcionario público que se desempeña en el Cuerpo Médico Forense cuando se lo critica en su esfera de actuación pública, máxime cuando los hechos tuvieron una amplia cobertura periodística en otros medios nacionales, por lo que la decisión que responsabilizó al diario constituye una restricción indebida a la libertad de expresión que desalienta el debate público de los temas y debe ser revocada.“ (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Resultan en verdad hilarantes los dichos del constituyente Dr. Alasino en el sentido de que la famosa doctrina es un invento de Adepa y de los editores cuya única meta sería ganar plata vituperando a la inocente corporación política. Con ese criterio, por supuesto, el pleito lo hubiera ganado el represor de negros y Jefe de Policía de Alabama Sullivan y no el New York Times. En fin, una oportunidad perdida. Otra más.
Fuente: El Diario de Paraná
sábado, 30 de agosto de 2008
Oaxaca: gobierno saquea Radio Comunitaria Indígena La Rabiosa
Autoridades federales y oaxaqueñas asaltan y saquean radio comunitaria indígena en Oaxaca
Ayer a las 10 y media de la mañana la COFETEL, la SCT, 20 militares de la PFP, así como policía estatal y de transito local, por medio de un operativo de corte militar asaltan y saquean la Radio Comunitaria Indígena La Rabiosa, con sede en Huajuapan de León, en el norte de Oaxaca, territorio Mixteco. El asalto ocurre en la víspera del Encuentro de radios comunitarias y libres que se realiza a partir de este sábado en Zaachila.
También la policía decomisó los equipos de transmisión y de cómputo de la estación de la Radio Comunitaria "La Candente", que solo emitía música, según denunciaron sus directivos.
La Rabiosa, radio del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos - CACTUS, transmitía contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca. El artículo 2 de la Constitución Mexicana señala que la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de: "Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen." A pesar del mandato constitucional las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo incumplen su obligación, sino que reprimen, golpean, saquean y boicotean los intentos y propuestas de los pueblos indígenas para ejercer su derecho a tener sus propios medios de comunicación, en este caso una radio comunitaria, cultural, educativa y social.
El operativo policiaco-militar saqueó el equipo de transmisión, la fonoteca, computadoras, micrófonos, mezcladora y escaló la torre de transmisión para cortar la antena. En un afán intimidatorio tomaron fotos de los comunicadores y comunicadoras que transmitían en ese momento, así como de las personas que asistieron a solidarizarse. El operativo duró hora y media. No hay personas detenidas.
El operativo se inscribe en una escalada nacional contra las radios comunitarias, que incluye desde campañas negras que las acusan de "radios piratas" hasta el asalto y saqueo de las radios a cargo de fuerzas federales y locales, en operativos fuertemente armados. Uno de los blancos de esta escalada han sido las radios comunitarias de organizaciones adherentes a La Otra Campaña, particularmente las radios comunitarias indígenas.
Esa escalada nacional va contra el espíritu del artículo 2 constitucional y viola diversas garantías constitucionales como la libertad de expresión e información, derechos humanos esenciales garantizados por la legislación internacional también, y por el convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas.
El Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos - CACTUS, adherente a La Otra Campaña, es una de las organizaciones que fueron blanco de la persecución del presunto criminal de lesa humanidad Ulises Ruiz durante el conflicto oaxaqueño de 2006-2007. Decenas de personas integrantes de CACTUS estuvieron detenidas y desaparecidas durante el conflicto social oaxaqueño, cuando CACTUS se integró a la APPO. Ambas trabajaban en la estación de radio "La Voz que rompe el Silencio".
En abril pasado en otro acto de represión adyacente, fueron asesinadas las comunicadoras indígenas Felicitas Martínez y Teresa Bautista, de la radio comunitaria indígena triqui Radio Copala, del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, sin que hasta el momento las investigaciones ubiquen a los culpables.
Fuente: Indymedia Chiapas
Ayer a las 10 y media de la mañana la COFETEL, la SCT, 20 militares de la PFP, así como policía estatal y de transito local, por medio de un operativo de corte militar asaltan y saquean la Radio Comunitaria Indígena La Rabiosa, con sede en Huajuapan de León, en el norte de Oaxaca, territorio Mixteco. El asalto ocurre en la víspera del Encuentro de radios comunitarias y libres que se realiza a partir de este sábado en Zaachila.
También la policía decomisó los equipos de transmisión y de cómputo de la estación de la Radio Comunitaria "La Candente", que solo emitía música, según denunciaron sus directivos.
La Rabiosa, radio del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos - CACTUS, transmitía contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca. El artículo 2 de la Constitución Mexicana señala que la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de: "Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen." A pesar del mandato constitucional las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo incumplen su obligación, sino que reprimen, golpean, saquean y boicotean los intentos y propuestas de los pueblos indígenas para ejercer su derecho a tener sus propios medios de comunicación, en este caso una radio comunitaria, cultural, educativa y social.
El operativo policiaco-militar saqueó el equipo de transmisión, la fonoteca, computadoras, micrófonos, mezcladora y escaló la torre de transmisión para cortar la antena. En un afán intimidatorio tomaron fotos de los comunicadores y comunicadoras que transmitían en ese momento, así como de las personas que asistieron a solidarizarse. El operativo duró hora y media. No hay personas detenidas.
El operativo se inscribe en una escalada nacional contra las radios comunitarias, que incluye desde campañas negras que las acusan de "radios piratas" hasta el asalto y saqueo de las radios a cargo de fuerzas federales y locales, en operativos fuertemente armados. Uno de los blancos de esta escalada han sido las radios comunitarias de organizaciones adherentes a La Otra Campaña, particularmente las radios comunitarias indígenas.
Esa escalada nacional va contra el espíritu del artículo 2 constitucional y viola diversas garantías constitucionales como la libertad de expresión e información, derechos humanos esenciales garantizados por la legislación internacional también, y por el convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas.
El Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos - CACTUS, adherente a La Otra Campaña, es una de las organizaciones que fueron blanco de la persecución del presunto criminal de lesa humanidad Ulises Ruiz durante el conflicto oaxaqueño de 2006-2007. Decenas de personas integrantes de CACTUS estuvieron detenidas y desaparecidas durante el conflicto social oaxaqueño, cuando CACTUS se integró a la APPO. Ambas trabajaban en la estación de radio "La Voz que rompe el Silencio".
En abril pasado en otro acto de represión adyacente, fueron asesinadas las comunicadoras indígenas Felicitas Martínez y Teresa Bautista, de la radio comunitaria indígena triqui Radio Copala, del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, sin que hasta el momento las investigaciones ubiquen a los culpables.
Fuente: Indymedia Chiapas
Al fin...
LaCapital.com.ar suspende la posibilidad de publicar comentarios en las notas
El relanzamiento de LaCapital.com.ar implicó allá por diciembre pasado muchos cambios en el sitio para beneficio de los lectores. Más y variada información, nuevas secciones, columnas de opinión, servicios, galerías de fotos y videos, entre otros. Además, se habilitó sin ningún tipo de restricción la posibilidad de que los usuarios puedan comentar cada una de las notas que se publican. El objetivo era que todos pudieran expresarse con la más absoluta libertad, pero también con la condición de ser respetuosos con sus opiniones.
La inmensa mayoría de los lectores comulgó con esta idea, pero en las últimas semanas algunos usuarios, amparados en el anonimato, han utilizado esta valiosa herramienta de participación para la ofensa gratuita, el insulto y la falta de respeto.
LaCapital.com.ar respeta todas las ideas, sin ningún tipo de censura, tanto sean críticas a funcionarios de cualquier nivel del Estado como a este propio medio u opiniones acerca de cualquier tema, y los usuarios tienen la amplia libertad para decirlo de mil maneras diferentes. Pero no va a permitir en absoluto que unos pocos desubicados utilicen este sitio como vehículo para agraviar e insultar. Por lo tanto, LaCapital.com.ar se ha visto en la necesidad de interrumpir temporalmente la posibilidad de realizar comentarios de las notas hasta tanto se encuentre el método más eficiente para filtrar este tipo de opiniones.
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LaCapital.com.ar respeta todas las ideas, sin ningún tipo de censura, tanto sean críticas a funcionarios de cualquier nivel del Estado como a este propio medio u opiniones acerca de cualquier tema, y los usuarios tienen la amplia libertad para decirlo de mil maneras diferentes. Pero no va a permitir en absoluto que unos pocos desubicados utilicen este sitio como vehículo para agraviar e insultar. Por lo tanto, LaCapital.com.ar se ha visto en la necesidad de interrumpir temporalmente la posibilidad de realizar comentarios de las notas hasta tanto se encuentre el método más eficiente para filtrar este tipo de opiniones.
Concurso de la Academia Nacional de Periodismo
El Premio a la Creatividad de la Academia Nacional de Periodismo estará dedicado este año a trabajos inéditos sobre el tema: "Informar y opinar en los medios periodísticos".
Abierto a argentinos o extranjeros con residencia legal en el país, los participantes deberán entregar sus trabajos antes del 15 de octubre acompañando sus datos personales (nombre y apellido, documento de identidad, domicilio y teléfono), en la sede de la Academia Nacional de Periodismo, Agüero 2502, 3er. piso (edificio de la Biblioteca Nacional), 1425 Buenos Aires, de lunes a viernes, de 11 a 16.
También podrán hacer su presentación por vía postal, para lo cual se tomará como fecha de remisión la que indique el matasellos. Cada concursante sólo podrá entregar un trabajo para optar al premio.
Se otorgará un premio consistente en diploma y la suma de $ 3.000. El jurado estará integrado por cinco académicos, quienes deberán expedirse antes del 15 de noviembre de 2008.
Las bases del concurso pueden encontrarse en: www.academiaperiodismo.org.ar.
Abierto a argentinos o extranjeros con residencia legal en el país, los participantes deberán entregar sus trabajos antes del 15 de octubre acompañando sus datos personales (nombre y apellido, documento de identidad, domicilio y teléfono), en la sede de la Academia Nacional de Periodismo, Agüero 2502, 3er. piso (edificio de la Biblioteca Nacional), 1425 Buenos Aires, de lunes a viernes, de 11 a 16.
También podrán hacer su presentación por vía postal, para lo cual se tomará como fecha de remisión la que indique el matasellos. Cada concursante sólo podrá entregar un trabajo para optar al premio.
Se otorgará un premio consistente en diploma y la suma de $ 3.000. El jurado estará integrado por cinco académicos, quienes deberán expedirse antes del 15 de noviembre de 2008.
Las bases del concurso pueden encontrarse en: www.academiaperiodismo.org.ar.
viernes, 29 de agosto de 2008
La ley que no tenemos
Por: Adriana Amado Suárez
Cada vez que gobierno y prensa tensan su delicada relación, aparece de fondo la tan mentada "Ley de Radiodifusión". Desde hace años, muchos dicen que es imperioso derogarla pero en 25 años nadie lo ha conseguido. Ahora dicen que esta vez sí, que se va a dictar una nueva ley que acabe con esta "herencia del proceso" y organice democráticamente el escenario de los medios. Sin embargo, a pesar de que se habla mucho del tema, sus contenidos siguen siendo el secreto mejor guardado del gobierno. Y aunque hubo numerosas reuniones con los grupos interesados, a cinco meses del anuncio no se encuentra a nadie que pueda decir, con precisión, de qué se trata.
Así las cosas, es difícil hablar de la "nueva ley", por lo que vamos a hacer como todos: repasar reclamos históricos y discusiones nunca zanjadas, y las expectativas que muchos tienen en el nuevo marco legal:
Cada vez que gobierno y prensa tensan su delicada relación, aparece de fondo la tan mentada "Ley de Radiodifusión". Desde hace años, muchos dicen que es imperioso derogarla pero en 25 años nadie lo ha conseguido. Ahora dicen que esta vez sí, que se va a dictar una nueva ley que acabe con esta "herencia del proceso" y organice democráticamente el escenario de los medios. Sin embargo, a pesar de que se habla mucho del tema, sus contenidos siguen siendo el secreto mejor guardado del gobierno. Y aunque hubo numerosas reuniones con los grupos interesados, a cinco meses del anuncio no se encuentra a nadie que pueda decir, con precisión, de qué se trata.
Así las cosas, es difícil hablar de la "nueva ley", por lo que vamos a hacer como todos: repasar reclamos históricos y discusiones nunca zanjadas, y las expectativas que muchos tienen en el nuevo marco legal:
- La actual Ley de Radiodifusión es efectivamente el decreto-ley 22.285 de 1980, redactado con la lógica de los medios como responsables de la seguridad nacional y de la moral de occidente. Sin embargo, no hay que olvidar que tiene encima veinticinco años de decretos que la democracia infligió a la norma maldita, que fueron respondiendo a distintas necesidades de los dueños de los medios. Todavía peor, el caso Radio Continental nos vuelve a recordar que nadie está muy seguro de qué se derogó y qué sigue vigente.
- La ley determina quién puede acceder a la explotación de las frecuencias de radio y televisión y en qué condiciones. La realidad es que hoy los canales de comunicación se multiplican más allá del espectro radioeléctrico (vía cable, celdas telefónicas, internet, etc.), con lo que a esta altura hablar de "Radiodifusión", deja fuera las innovaciones tecnológicas en cuestiones de comunicación.
- Desde hace unos años un grupo de organizaciones de la sociedad civil, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, viene trabajando en lo que se conoce como los 21 puntos que debería tener la ley. Su propuesta se basa en el derecho, amparado constitucionalmente, que toda persona tiene de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas a través de los medios de comunicación. Para que pudiera ejercerse plenamente, sostiene esta propuesta, el sistema de medios debería brindar las garantías de pluralidad de voces, evitando todo tipo de concentración que beneficia a unos pocos propietarios de medios y pone a otros en inferioridad de condiciones.
- El actual sistema de medios es "no público": está compuesto en su mayoría por medios privados y comerciales, y los que deberían ser públicos, son claramente del gobierno (o de acceso pago, como el caso de Encuentro). El desafío es un sistema que garantice medios de servicio público de calidad y de acceso universal para la ciudadanía. Hoy buena parte del país tiene que pagar cable para poder recibir un mínimo de canales de TV, y le se complica sintonizar radio, por las interferencias y la oferta caótica de señales. Ordenar esto ya es un gran tema, sin siquiera entrar en la discusión de la calidad de contenidos, que no sabemos si va a ser parte de la nueva ley.
La crítica al intelectual del poder
Por: Gabriel Rafart*
Durante la disputa sostenida entre el gobierno y las corporaciones rurales surgió un novedoso actor. Hablamos del "colectivo" de los intelectuales. Ensayistas y académicos de diversas disciplinas, artistas y poetas llevaron a cabo distintas reuniones y, con mayor o menor organicidad, decidieron participar públicamente de los temas en debate. Hubo por lo menos tres de esos colectivos que lograron reunir un número considerable de adherentes en condiciones de fijar "posición" pública. Otros intelectuales prefirieron elevar su voz a modo de solistas, insistiendo en su autonomía.
El más numeroso y de mayor organicidad entre esos colectivos es el que se dio a conocer como "Carta Abierta". Su punto de reunión sigue siendo la sede de la Biblioteca Nacional. El director de esa institución Horacio González, junto con el filósofo José Pablo Feinmann, son sus figuras relevantes. Siendo inicialmente cerca de trescientos los firmantes de la primera carta, en su cuarto pronunciamiento han logrado la adhesión de más de mil quinientos intelectuales. La difusión de esas cartas y la autorizada voz de algunos de sus suscriptores avivaron un intenso debate, haciendo que algunos pasajes del conflicto fueran sacudidos en su monotonía y primarización del lenguaje utilizado por no pocos de los actores en disputa. Sobre todo ante las exigencias de un conflicto que desnudó las limitaciones de la videopolítica. Imitando esta experiencia, Carta Abierta está presente en varios puntos del país. Rosario, Córdoba, entre otros escenarios, cuentan con sus propios "colectivos" de intelectuales. Recientemente se ha conformado una sede en Neuquén. Quien escribe esta columna es uno de sus adherentes.
Sobre los intelectuales de Carta Abierta se ha dirigido una mirada crítica e interesada que apunta a la falta de autonomía de sus integrantes, a la "opción" sólo discursiva por la redistribución de las riquezas; en otros términos, por el acompañamiento a la iniciativa estatal respecto de las retenciones sobre el agro. Se los acusa por su "organicidad", sin reparar en matices, trayectorias ni pertenencias; en definitiva, sin detenerse en las biografías políticas e intelectuales de sus miembros. Tampoco en la importancia de su presencia. Difícil resulta realizar ese trabajo de precisión, ya que esos críticos recurren al mismo método que se supone en manos de quienes son enjuiciados: el de la simplificación. Los reproches hablan además de un intelectual filisteo, mercader de su propia producción, "aprendientes de Maquiavello, genuflexo ante el poder y varias de esas otras retahílas descalificatorias que parecieran ubicar a nuestro mundo de pensadores en una equivalente línea al "charrismo intelectual" imperante en la historia de México del siglo XX. Es que, sin decirse, se iguala a nuestro actual conjunto de intelectuales "orgánicos" al que existió en territorio mexicano durante el largo dominio del Partido Revolucionario Institucional.
La crítica tampoco se detiene en lo que se dice o en todo caso en sus hipótesis de trabajo. Todo pareciera supeditado a una supuesta relación de mando/obediencia. Por ello la descalificación de una profesión a partir de un exceso de vocabulario como el que engordaba la narrativa de Joseph Proudhon hace siglo y medio. Esas frases disparadas seguramente tienen un fondo "doctrinario": el anarquismo de la antipolítica de estos tiempos que poco aporta al debate. Sin duda algo más elegante en el uso del vocabulario, pero no muy distinto en cuanto a sus fines que el que surge de aquella frase lanzada al aire por un periodista radial después de escuchar la opinión crítica de Nicolas Casullo (firmante de Carta Abierta) hacia las corporaciones agrarias. Ese periodista decía: "Cuando escucho a este tipo de intelectuales tengo ganas de vomitar".
Ese discurso antipolítico remite a un tipo de intelectual -dejando de lado nuestra observación de si "mercadea" con su propia crítica- participante de una "práctica política kitsch" que identificó el politólogo Martin Plot para dar cuenta de los comportamientos de muchos actores frente a los sucesos del 2001. Este tipo de prácticas escapa a "la complejidad de lo real a través de lo que podría sumariamente describirse como una actitud política empirista". La ausencia de la "complejidad de lo real" deja de lado todo lo que dicen esos intelectuales pa-ra ubicarse exclusivamente en la denuncia de una oligarquía prebendaria. Dicha fórmula es equivalente al "enunciado" público de aquellos años que hablaba de una única dirigencia política que debía ser vilipendiada y "escrachada" no por el sentido de sus políticas sino por su conformación en términos de "clase política". La crítica ahora está dirigida a la "clase intelectual".
Lo curioso de esa voz es que afirma algo que no sostienen esos "intelectuales del poder". Ninguno de ellos se arroga funciones representativas. De hecho hay presencias muy modestas en cuanto a su protagonismo público. Sólo mencionar el bajo perfil del abogado y politólogo José Nun en la Secretaría de Cultura. Y aun aquellos cuya biografía tiene cierto pasado setentista ya no plantean esas pretensiones vanguardistas de otrora. Tampoco parecieran dispuestos a otorgarle una "buena conciencia" al gobierno. En todo caso hay un conjunto de materiales de "advertencia" sobre ciertas conductas del propio equipo gobernante y el retraso en su agenda favorable a una política de mayor equidad social. También hay una fuerte crítica a quienes ocupan el necesario rol opositor, especialmente por su apego a la volátil política de las calles. Además de las observaciones sobre el papel de los medios, la emergencia de ciertos dispositivos contrademocraticos -la hipótesis de lo "destituyente"- y los riesgos de esa política de la antipolítica que muchas veces procura soluciones antidemocráticas.
* Profesor de Derecho Político de la Universidad Nacional de Comahue
Fuente: Diario Río Negro
Durante la disputa sostenida entre el gobierno y las corporaciones rurales surgió un novedoso actor. Hablamos del "colectivo" de los intelectuales. Ensayistas y académicos de diversas disciplinas, artistas y poetas llevaron a cabo distintas reuniones y, con mayor o menor organicidad, decidieron participar públicamente de los temas en debate. Hubo por lo menos tres de esos colectivos que lograron reunir un número considerable de adherentes en condiciones de fijar "posición" pública. Otros intelectuales prefirieron elevar su voz a modo de solistas, insistiendo en su autonomía.
El más numeroso y de mayor organicidad entre esos colectivos es el que se dio a conocer como "Carta Abierta". Su punto de reunión sigue siendo la sede de la Biblioteca Nacional. El director de esa institución Horacio González, junto con el filósofo José Pablo Feinmann, son sus figuras relevantes. Siendo inicialmente cerca de trescientos los firmantes de la primera carta, en su cuarto pronunciamiento han logrado la adhesión de más de mil quinientos intelectuales. La difusión de esas cartas y la autorizada voz de algunos de sus suscriptores avivaron un intenso debate, haciendo que algunos pasajes del conflicto fueran sacudidos en su monotonía y primarización del lenguaje utilizado por no pocos de los actores en disputa. Sobre todo ante las exigencias de un conflicto que desnudó las limitaciones de la videopolítica. Imitando esta experiencia, Carta Abierta está presente en varios puntos del país. Rosario, Córdoba, entre otros escenarios, cuentan con sus propios "colectivos" de intelectuales. Recientemente se ha conformado una sede en Neuquén. Quien escribe esta columna es uno de sus adherentes.
Sobre los intelectuales de Carta Abierta se ha dirigido una mirada crítica e interesada que apunta a la falta de autonomía de sus integrantes, a la "opción" sólo discursiva por la redistribución de las riquezas; en otros términos, por el acompañamiento a la iniciativa estatal respecto de las retenciones sobre el agro. Se los acusa por su "organicidad", sin reparar en matices, trayectorias ni pertenencias; en definitiva, sin detenerse en las biografías políticas e intelectuales de sus miembros. Tampoco en la importancia de su presencia. Difícil resulta realizar ese trabajo de precisión, ya que esos críticos recurren al mismo método que se supone en manos de quienes son enjuiciados: el de la simplificación. Los reproches hablan además de un intelectual filisteo, mercader de su propia producción, "aprendientes de Maquiavello, genuflexo ante el poder y varias de esas otras retahílas descalificatorias que parecieran ubicar a nuestro mundo de pensadores en una equivalente línea al "charrismo intelectual" imperante en la historia de México del siglo XX. Es que, sin decirse, se iguala a nuestro actual conjunto de intelectuales "orgánicos" al que existió en territorio mexicano durante el largo dominio del Partido Revolucionario Institucional.
La crítica tampoco se detiene en lo que se dice o en todo caso en sus hipótesis de trabajo. Todo pareciera supeditado a una supuesta relación de mando/obediencia. Por ello la descalificación de una profesión a partir de un exceso de vocabulario como el que engordaba la narrativa de Joseph Proudhon hace siglo y medio. Esas frases disparadas seguramente tienen un fondo "doctrinario": el anarquismo de la antipolítica de estos tiempos que poco aporta al debate. Sin duda algo más elegante en el uso del vocabulario, pero no muy distinto en cuanto a sus fines que el que surge de aquella frase lanzada al aire por un periodista radial después de escuchar la opinión crítica de Nicolas Casullo (firmante de Carta Abierta) hacia las corporaciones agrarias. Ese periodista decía: "Cuando escucho a este tipo de intelectuales tengo ganas de vomitar".
Ese discurso antipolítico remite a un tipo de intelectual -dejando de lado nuestra observación de si "mercadea" con su propia crítica- participante de una "práctica política kitsch" que identificó el politólogo Martin Plot para dar cuenta de los comportamientos de muchos actores frente a los sucesos del 2001. Este tipo de prácticas escapa a "la complejidad de lo real a través de lo que podría sumariamente describirse como una actitud política empirista". La ausencia de la "complejidad de lo real" deja de lado todo lo que dicen esos intelectuales pa-ra ubicarse exclusivamente en la denuncia de una oligarquía prebendaria. Dicha fórmula es equivalente al "enunciado" público de aquellos años que hablaba de una única dirigencia política que debía ser vilipendiada y "escrachada" no por el sentido de sus políticas sino por su conformación en términos de "clase política". La crítica ahora está dirigida a la "clase intelectual".
Lo curioso de esa voz es que afirma algo que no sostienen esos "intelectuales del poder". Ninguno de ellos se arroga funciones representativas. De hecho hay presencias muy modestas en cuanto a su protagonismo público. Sólo mencionar el bajo perfil del abogado y politólogo José Nun en la Secretaría de Cultura. Y aun aquellos cuya biografía tiene cierto pasado setentista ya no plantean esas pretensiones vanguardistas de otrora. Tampoco parecieran dispuestos a otorgarle una "buena conciencia" al gobierno. En todo caso hay un conjunto de materiales de "advertencia" sobre ciertas conductas del propio equipo gobernante y el retraso en su agenda favorable a una política de mayor equidad social. También hay una fuerte crítica a quienes ocupan el necesario rol opositor, especialmente por su apego a la volátil política de las calles. Además de las observaciones sobre el papel de los medios, la emergencia de ciertos dispositivos contrademocraticos -la hipótesis de lo "destituyente"- y los riesgos de esa política de la antipolítica que muchas veces procura soluciones antidemocráticas.
* Profesor de Derecho Político de la Universidad Nacional de Comahue
Fuente: Diario Río Negro
La TV reaviva la polémica sobre la ética en los medios
El canal TN reabrió el debate sobre la cobertura noticiosa en la Argentina. Dalmasso y Lapa, los antecedentes. Habla una especialista.
Por Silvina Fiszer Adler *
Con pocos días de diferencia, dos polémicas surgidas en diferentes programas renovaron el debate sobre la ética periodística, la manipulación de la información y la difusión de noticias sensibles en la televisión argentina.
El primer episodio sucedió la semana pasada, sobre todo en España, por la emisión de un video en el canal Todo Noticias (TN) en donde se mostró una placa con el supuesto diálogo entre los pilotos del avión de Spanair que explotó en Barajas (TN más tarde explicó que el video era un versión editada del original). Luego, el sábado, el filósofo Tomás Abraham criticó con dureza al programa TVR por un informe sobre la pedofilia y el caso del padre Julio Grassi.
Si bien se trató de dos incidentes puntuales, la discusión trasciende en mucho a los programas afectados, e incluso a los canales en cuestión, ya que la impresión generalizada es que fueron sólo dos ejemplos de tantos hechos que ocurren casi a diario en cualquier canal de televisión del país dedicado a la cobertura de información.
Consultada sobre la polémica, Adriana Amado Suárez, doctora en Ciencias Sociales y directora de la licenciatura de Comunicación Social de la UCES, opina que el eje de la discusión no debería girar en torno a si la información dada a conocer por TN es real o si se trató de una reconstrucción, sino más bien en pensar si corresponde que esos datos sean difundidos.
“Me parece que más allá de si hubo manipulación o no, la pregunta es qué es lo que tiene que dar a conocer los medios, y eso se resuelve preguntando qué es lo que necesita conocer la ciudadanía”, explicó la investigadora en diálogo con Perfil.com, e hizo hincapié en la difusión de datos que constituyen elementos procesales de casos delicados como en esta oportunidad la muerte de 154 personas.
En la misma línea que Abraham, Amado Suárez considera que la charla entre los pilotos –reconstruida o no- no debería haber salido al aire. “No me parece que lo incómodo del asunto sea si era real o no era real, porque si hubiera sido textual tampoco convalida la publicación de algo que forma parte de un proceso que involucra la muerte de personas”. Su afirmación es aplicable para cualquier situación similar en cualquier canal.
Para Amado Suárez, los ejemplos de información que los medios dan a conocer y que no debería difundirse son cotidianos. “El caso de la placa del diálogo entre los pilotos es el mismo caso que el de las imágenes de Nora Dalmasso o las imágenes que pasó TVR en relación a Grassi. Yo no necesito ver eso, y lo que si necesito, como dijo Tomás Abraham, es saber un montón de cosas que no me están contando”.
“Con el caso del accidente aéreo nosotros estamos en medio de una discusión pública acerca de lo que es la aerolínea de bandera y sabemos que España tiene que ver con lo que nos pasa. Mucho más necesario entonces para un ciudadano argentino hoy es conocer el entramado del negocio que tiene que ver con la seguridad aérea en general que particularmente lo que estaban hablando los pilotos antes de despegar”, explicó la analista.
El caso de la placa de TN tiene ribetes similares a la difusión de la desgrabación de la última charla de los pilotos que protagonizaron la tragedia de Lapa. “En ese audio se podía escuchar a los pilotos hablando livianamente, pero al margen de que ellos ya no estaban para defenderse hay una familia, hay gente involucrada en esa información. La pregunta es si la tiene que conocer primero la ciudadanía o el juez”, señala Amado Suárez, y da pie a la discusión sobre el valor de la primicia para los medios de comunicación.
“El valor primicia hace olvidar cualquier evaluación de ética o respeto al derecho ciudadano a informarse. No estamos en una sociedad de transparencia total, entonces sabemos que hay cosas que se velan pero que hay cosas que no. Entonces la pregunta es por qué eso si y por que otras cosas no”, concluye la doctora en Ciencias Sociales.
Fuente: Perfil.com
Por Silvina Fiszer Adler *
Con pocos días de diferencia, dos polémicas surgidas en diferentes programas renovaron el debate sobre la ética periodística, la manipulación de la información y la difusión de noticias sensibles en la televisión argentina.
El primer episodio sucedió la semana pasada, sobre todo en España, por la emisión de un video en el canal Todo Noticias (TN) en donde se mostró una placa con el supuesto diálogo entre los pilotos del avión de Spanair que explotó en Barajas (TN más tarde explicó que el video era un versión editada del original). Luego, el sábado, el filósofo Tomás Abraham criticó con dureza al programa TVR por un informe sobre la pedofilia y el caso del padre Julio Grassi.
Si bien se trató de dos incidentes puntuales, la discusión trasciende en mucho a los programas afectados, e incluso a los canales en cuestión, ya que la impresión generalizada es que fueron sólo dos ejemplos de tantos hechos que ocurren casi a diario en cualquier canal de televisión del país dedicado a la cobertura de información.
Consultada sobre la polémica, Adriana Amado Suárez, doctora en Ciencias Sociales y directora de la licenciatura de Comunicación Social de la UCES, opina que el eje de la discusión no debería girar en torno a si la información dada a conocer por TN es real o si se trató de una reconstrucción, sino más bien en pensar si corresponde que esos datos sean difundidos.
“Me parece que más allá de si hubo manipulación o no, la pregunta es qué es lo que tiene que dar a conocer los medios, y eso se resuelve preguntando qué es lo que necesita conocer la ciudadanía”, explicó la investigadora en diálogo con Perfil.com, e hizo hincapié en la difusión de datos que constituyen elementos procesales de casos delicados como en esta oportunidad la muerte de 154 personas.
En la misma línea que Abraham, Amado Suárez considera que la charla entre los pilotos –reconstruida o no- no debería haber salido al aire. “No me parece que lo incómodo del asunto sea si era real o no era real, porque si hubiera sido textual tampoco convalida la publicación de algo que forma parte de un proceso que involucra la muerte de personas”. Su afirmación es aplicable para cualquier situación similar en cualquier canal.
Para Amado Suárez, los ejemplos de información que los medios dan a conocer y que no debería difundirse son cotidianos. “El caso de la placa del diálogo entre los pilotos es el mismo caso que el de las imágenes de Nora Dalmasso o las imágenes que pasó TVR en relación a Grassi. Yo no necesito ver eso, y lo que si necesito, como dijo Tomás Abraham, es saber un montón de cosas que no me están contando”.
“Con el caso del accidente aéreo nosotros estamos en medio de una discusión pública acerca de lo que es la aerolínea de bandera y sabemos que España tiene que ver con lo que nos pasa. Mucho más necesario entonces para un ciudadano argentino hoy es conocer el entramado del negocio que tiene que ver con la seguridad aérea en general que particularmente lo que estaban hablando los pilotos antes de despegar”, explicó la analista.
El caso de la placa de TN tiene ribetes similares a la difusión de la desgrabación de la última charla de los pilotos que protagonizaron la tragedia de Lapa. “En ese audio se podía escuchar a los pilotos hablando livianamente, pero al margen de que ellos ya no estaban para defenderse hay una familia, hay gente involucrada en esa información. La pregunta es si la tiene que conocer primero la ciudadanía o el juez”, señala Amado Suárez, y da pie a la discusión sobre el valor de la primicia para los medios de comunicación.
“El valor primicia hace olvidar cualquier evaluación de ética o respeto al derecho ciudadano a informarse. No estamos en una sociedad de transparencia total, entonces sabemos que hay cosas que se velan pero que hay cosas que no. Entonces la pregunta es por qué eso si y por que otras cosas no”, concluye la doctora en Ciencias Sociales.
Fuente: Perfil.com
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