Francisco “Paco” Rabini, secretario adjunto electo de SiPreBA y Julia Mengolini, periodista y fundadora de la radio FutuRöck denuncian hostigamiento al sector de la prensa argentino por parte del Gobierno de Milei
Organizaciones internacionales y argentinas —entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), SiPreBA, FoPeA y Amnistía Internacional— denunciaron la campaña de hostigamiento contra la prensa atribuida al Gobierno del presidente Javier Milei, durante una audiencia pública realizada este miércoles en la Universidad de Miami (Estados Unidos), en el marco del 194º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Estado argentino respondió de modo insuficiente ante el deterioro sostenido y alarmante en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. En una audiencia celebrada en Miami, la Comisión recibió denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre un panorama de hostigamiento, deslegitimación y ataques contra periodistas, comunicadores y manifestantes.
Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas, las organizaciones de la sociedad civil presentaron datos concretos y testimonios que describen el inquietante panorama actual, agravado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Tras considerar estos argumentos y la respuesta del Estado nacional, los integrantes de la Comisión expresaron su preocupación y dejaron abierta la posibilidad de realizar una visita oficial al país para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de la situación.
Un contexto de hostigamiento creciente
En la audiencia, Amnistía Internacional, el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), SiPreBA, FATPren, ARGRA, Poder Ciudadano y otras organizaciones expusieron un deterioro pronunciado de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Argentina. Se denunciaron ataques hacia opiniones críticas, campañas de odio, hostigamiento digital, agresiones físicas en manifestaciones, vigilancia estatal, persecución a través de la justicia penal, desmantelamiento de medios públicos, falta de apoyo a medios comunitarios y un contexto general de control de la opinión tras la publicación de fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional.
Las organizaciones señalaron un contexto en el cual el propio Estado emplea su poder para perseguir, humillar y silenciar tanto en el terreno virtual como en las calles. FoPeA aportó datos alarmantes: en 2024 se registraron 179 casos de ataques al ejercicio periodístico —un aumento del 53% respecto de 2023—, y en lo que va de 2025 ya hay 257 casos. "El presidente encabeza la mayor parte de los agravios. Es responsable de 113 de los 250 casos registrados hasta noviembre del 2025", afirmó Paula Moreno, presidenta de FoPeA, quien destacó el uso de "narrativas de odio y desinformación" y la difusión de la frase "no odiamos lo suficiente a los periodistas" desde las más altas autoridades.
Testimonios de periodistas bajo ataque
La CIDH se solidarizó con Julia Mengolini, quien relató una campaña de difamación sin precedentes: "Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí, acompañados de amenazas de violación y muerte, incluso contra mi hija de 6 años. El propio presidente amplificó esas agresiones, publicando casi 100 mensajes en cuatro días y justificando la violencia diciendo que 'me merecía el vuelto'".
Hugo Alconada Mon describió intentos de hackeo, amenazas y la registración de sitios pornográficos a su nombre tras revelar un plan de inteligencia gubernamental que habilitaba el espionaje sobre opositores y periodistas. A esto se sumó el testimonio del sindicato SiPreBA sobre ataques físicos concretos habilitados por discursos oficiales que estigmatizan a la prensa.
Los testimonios de fotoperiodistas ilustraron la gravedad de la situación en la calle. "Desde hace dos años, los trabajadores de prensa normalizamos equiparnos como si fuéramos a una zona de guerra", relató Tomás Cuesta, de ARGRA. Paola García Rey (Amnistía Internacional Argentina) recordó que entre 2024 y 2025 casi 300 trabajadores de prensa resultaron heridos durante operativos represivos. Estas imágenes fueron clave para reconstruir la trayectoria del cartucho de gas lacrimógeno que perforó el cráneo del fotógrafo Pablo Grillo, caso en el que el Ministerio de Seguridad intentó responsabilizar a la víctima bajo el argumento de haberse puesto "en la línea de tiro".
Otra línea de ataque es el desguace de los medios públicos nacionales. La agencia de noticias TelAm fue vaciada de su capacidad editorial, sus periodistas desplazados y su financiamiento reducido. Radio Nacional, la Televisión Pública y las señales educativas y culturales sufrieron congelamiento salarial, pérdida de personal y cierre de programas. Además, la pauta publicitaria estatal fue redirigida de manera arbitraria hacia medios afines al gobierno, afectando gravemente a los medios comunitarios, muchos de los cuales debieron cerrar o reducir sus operaciones.
La postura del Gobierno
El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, representó al Estado y negó problemas de libertad de expresión. Afirmó que los ataques individuales no pueden adjudicarse a políticas oficiales, calificó las denuncias como casos aislados y aseguró que la actividad periodística está protegida. Acusó a las organizaciones de formular críticas fuera del objeto de la audiencia y sostuvo que en Argentina "no existen medidas regresivas".
Esta postura fue cuestionada por la CIDH. La secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, subrayó que la Comisión observa una tendencia, no episodios aislados: "Todo hace parecer que hay un contexto de amenazas, criminalización a las personas periodistas o activistas de derechos humanos". El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que la voz de un gobernante tiene un impacto directo y que ninguna autoridad debe contribuir a generar riesgos para la prensa. La comisionada Gloria De Mees señaló que para dialogar "hay que reconocer que hay un problema".
FoPeA amplía el diagnóstico
- Durante la audiencia, FoPeA remarcó tres elementos que evidencian la degradación del clima para el ejercicio periodístico:
- Aumento inédito de agresiones, especialmente violencia digital protagonizada desde las máximas autoridades.
- Uso de acciones judiciales para intimidar a periodistas.
- Violencia física contra la prensa en manifestaciones y operativos.
El representante de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, advirtió sobre el uso de la justicia como arma política y cuestionó las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública. Claudio Jacquelin subrayó que la descalificación oficial "busca deshumanizar a los periodistas" y alertó sobre la paralización de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados.
Organizaciones como SiPreBA, FATPren y ARGRA sumaron denuncias sobre el uso sistemático de gases, balas de goma y agresiones directas a reporteros, mientras Amnistía Internacional destacó un ensañamiento particular contra mujeres periodistas.
Pedido de monitoreo y misión oficial
Las organizaciones solicitaron a la CIDH:
- Monitorear el contexto represivo en Argentina.
- Exigir al gobierno medidas para detener ataques contra periodistas y voces críticas.
- Poner fin a la represión contra manifestantes y trabajadores de prensa.
- Realizar una misión oficial junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
- Elaborar un informe exhaustivo sobre la situación en el país.
- Instar a derogar el Decreto 780/2024 por limitar el acceso a la información pública.
- Crear un Observatorio Permanente sobre libertad de expresión.
- Activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema argentina.
- Elaborar un protocolo que garantice litigio sin costos económicos en casos de solicitud de información pública.
El pedido fue acompañado también por AMARC, Fundación Transparencia Activa, Innocence Project Argentina, la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, REDCOM, el Colectivo Revista Crisis y la Fundación Heinrich Böll.
La CIDH evalúa una visita a la Argentina
Tras escuchar las exposiciones, la CIDH —a través de su presidente José Luis Caballero y de la secretaria ejecutiva Tania Reneaum— manifestó su preocupación, respaldó la labor de la Relatoría Especial y dejó abierta la posibilidad de realizar una visita formal al país. "Preocupa que no haya una restricción normativa pero que en la vía de los hechos sí haya afectaciones", señaló Reneaum.
La CIDH concluyó que existe una tendencia de amenazas, criminalización, discursos estigmatizantes y represión incompatibles con los estándares democráticos.
