Un despido que reveló los límites de la libertad
Sánchez tiene una historia particular dentro de la administración pública. Durante mucho tiempo se desempeñó en la vieja Dirección General Impositiva —hoy ARCA—, donde llegó a ser jefe interino del Distrito Esquel. Su salida del cargo se produjo tras un episodio que, según él mismo cuenta, ilustra los límites de la "libertad" que pregonan ciertos sectores del poder actual. Todo comenzó cuando publicó una crítica a la actitud de Javier Milei durante la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, una escena que le pareció desmedida para un presidente argentino. El comentario se difundió en un medio, alguien en Buenos Aires lo leyó, se ofendió, y poco después Sánchez fue despedido.
Mientras se confirma su conexión telefónica, se repasa parte de su trayectoria: desde hace años trabaja de manera ad honorem defendiendo comunidades mapuches, entre ellas la comunidad Paicil Antriao, de Villa La Angostura, que recientemente fue sobreseída por la justicia. En ese caso, el denunciante había sido Emanuel Ginóbili, quien sostenía que la comunidad le estaba usurpando tierras. Sin embargo, la investigación judicial demostró lo contrario: fue el exbasquetbolista quien terminó adquiriendo terrenos pertenecientes a pueblos originarios.
El diálogo comienza retomando su situación laboral, recientemente fue desplazado del cargo en ARCA. Sánchez menciona que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidió abrir su queja y dar vista a la Defensoría para que emita un dictamen. Sin embargo, mientras ese trámite avanza, ARCA inició un juicio de desalojo contra él y su familia, apelando a una normativa heredada de la dictadura: la Ley 1097.
Esa ley —detalla Sánchez— permite al Estado desalojar sin traslado de la demanda, es decir, sin que la persona afectada pueda defenderse, y se aplica en teoría sólo para concesionarios de servicios públicos esenciales que deben garantizar su continuidad. "En la práctica —agrega— es la misma ley que utilizan irónicamente para desalojar a las comunidades mapuches."
A pesar de que la Corte mantiene abierta su queja —lo cual, según él, indica una alta probabilidad de que su demanda por nulidad del acto de remoción sea aceptada—, ARCA avanzó con el intento de desalojo. "La Corte no suele pedir un expediente para rechazarlo —enfatiza—. Si lo pidió, es porque piensa hacer lugar, aunque los tiempos son muy largos, puede demorar un año o más."
En ese lapso de incertidumbre, Sánchez y su familia se vieron sometidos a una presión constante. "Estoy con menores de quince años —cuenta—. Mis hijas llegaron a Esquel cuando tenían diez; hoy tienen sus amigos, su escuela, su vida acá." Sin embargo, los funcionarios decidieron trasladarlo compulsivamente a Neuquén, sin tener en cuenta el ciclo escolar de las niñas. "No es el cargo lo que me preocupa —aclara—, sino el castigo que implican estos traslados. Lo hacen para exhibir crueldad, para disciplinar, para aleccionar: el viejo mensaje de la dictadura, 'no te metas, porque te puede pasar esto'."
Relata que la semana anterior un oficial de justicia llegó a su casa para sacar fotos, preparativos del inminente desalojo. Sánchez respondió presentando un recurso de apelación, que fue aceptado con efecto suspensivo, logrando así detener momentáneamente el procedimiento. "Tengo herramientas legales para defenderme —dice—, pero el costo emocional es altísimo, para mí y para mi familia. Yo ya decidí que a fin de año me voy a Neuquén; no voy a exponer más a mis hijas a esta situación. Sólo pedí quedarme hasta el 15 de diciembre, para que puedan terminar el ciclo escolar. Pero ni eso respetan: les importa más hacer una demostración de fuerza que un gesto de humanidad."
El abogado insiste en que su caso es apenas un ejemplo de una persecución institucional sistemática. "Yo tengo los medios para resistir —señala—, pero ¿qué pasa con los que no son abogados, con los que no tienen herramientas? Es terrible lo que está ocurriendo." Por eso, afirma, continúa defendiendo a las comunidades mapuches: "Lo que enfrentan es violencia institucional. Son sectores sociales vulnerables, sin respaldo, y es precisamente a ellos a quienes el Estado decide atacar."
La entrevista cierra con una reflexión contundente: "En los casos de supuesta usurpación que nos toca atender —como el que tuve ayer, en una audiencia—, vemos siempre el mismo patrón: se criminaliza la pobreza y la pertenencia indígena, mientras se encubre a quienes verdaderamente usurpan los territorios. La persecución se ha transformado en cacería."
La doble vara de la justicia: cuando la tierra es mapuche, la ley se vuelve penal
Sánchez plantea un análisis crudo y sostenido en los hechos: si uno observa las estadísticas judiciales del país, no existen causas penales por usurpación que involucren a personas que no sean mapuches. "Cuando hay un conflicto entre vecinos, cuando alguien discute si una franja de terreno es de uno o del otro —indica—, esas disputas se resuelven mediante cartas documento, juicios civiles, trámites de mensura. Los jueces analizan quién tiene un derecho preferente. Pero si el conflicto es con una comunidad mapuche, la causa automáticamente se traslada al fuero penal. Se los criminaliza."
Según el abogado, esa respuesta del Estado no es casual, sino que responde a intereses estratégicos y económicos. "Hay movimientos sociales que defienden la tierra, como la Asamblea del Agua o las organizaciones antimineras de Esquel —dice—, pero las comunidades mapuches están en el territorio, y eso las convierte en el enemigo directo. El Estado ha comprometido recursos y concesiones vinculadas a la extracción de uranio, el oro, las tierras raras y hasta la venta de agua a empresas como Mekorot. Y los mapuches son el obstáculo que hay que eliminar porque impiden el avance de esos intereses."
Una persecución extendida: del territorio a las redes solidarias
El ataque no se limita a las comunidades. "Se han dado cuenta de que no alcanza con perseguir a los mapuches. A diferencia de otros pueblos más vulnerables del norte, como los wichí, que no tienen la misma capacidad organizativa, las comunidades mapuches se han fortalecido, tienen redes de solidaridad. Por eso también se apunta contra esas redes: los abogados, antropólogos, profesionales y militantes que colaboran solidariamente con ellos. Hay que destruir ese tejido, porque es la herramienta que se interpone entre los intereses económicos y el territorio."
La reflexión que sobresale es que toda esa persecución parece tener un trasfondo político: un castigo por su compromiso con las comunidades originarias. Sánchez no duda: "Totalmente. Es censura y disciplinamiento. En mi caso no me pudieron disciplinar porque tengo herramientas para defenderme y el apoyo de compañeros de la Gremial de Abogados. Pero hay profesionales solidarios que, por miedo o agotamiento, deciden no involucrarse. Todos tenemos familia. Yo tengo la suerte de contar con una mujer que me apoya, pero si la familia no acompaña, es imposible resistir. Hay gente con convicciones, militantes comprometidos, que simplemente dicen: 'Hasta acá llegué'. Y eso es lo que el gobierno está atacando ahora. Hacen un trabajo muy preciso, muy eficiente y muy cruel. Están dispuestos a todo."
En ese contexto, el periodista menciona el reciente caso de la Lof Costa de Lepá, donde varias personas fueron detenidas, y le pide que lo explique. Sánchez lo define como "paradigmático", porque encarna esa doble vara judicial que denuncia.
"En esas tierras —cuenta— ni siquiera hay títulos de propiedad. Un hombre llamado Dutcher, desde Francia, le compró los derechos y acciones a alguien que decía vivir allí. Con ese papel, fue al IAC (Instituto Autárquico de Colonización), que tenía hacía años el expediente de la comunidad mapuche dividido en dos carpetas, esperando resolución. Esas tierras siguen siendo fiscales, pero el IAC le entregó la posesión a Dutcher, que acaba de llegar al país. Las comunidades llevaban más de treinta años reclamando la regularización, pero a él le bastó con un papelito para que se las adjudicaran."
Cuando los integrantes de la comunidad decidieron realizar una acción de reivindicación territorial para visibilizar la situación, la respuesta del Estado fue inmediata y desmedida. "Mandaron un ejército de policías, como si se tratara de un robo a un banco —relata—. Los detuvieron y les armaron una causa. Por suerte logramos que nadie quedara preso, pero es el mismo patrón de siempre."
Sánchez suele exponer este contraste en las audiencias judiciales. Recuerda, por ejemplo, el caso de la comunidad Winkul Lafken Mapu, en Bariloche, acusada de usurpación. "Llevé testigos y peritos que demostraron algo elemental: Bariloche fue construida sobre tomas de tierra. La ciudad creció en base a ocupaciones que luego el Estado regularizó, otorgando títulos y servicios, siempre tarde. En Neuquén ocurre lo mismo: casi todas las tierras eran fiscales, y la gente, ante la falta de planificación, ejerció su derecho constitucional a una vivienda mediante tomas organizadas. Así crecieron las ciudades. Sin embargo, ¿cuántas causas penales por usurpación existen en esos casos? Ninguna. Porque todos entienden que no se trata de un delito, sino de una respuesta social ante la necesidad."
El contraste, subraya, aparece cuando los protagonistas son mapuches. "Las circunstancias son las mismas —afirma—, pero la reacción judicial cambia. Las tierras comunitarias tienen un régimen especial: no se pueden comprar ni vender. Y, sin embargo, cuando alguien como Dutcher aparece con un papel en la mano, el Estado lo legitima, y cuando una comunidad mapuche ocupa el territorio que le pertenece, se le aplica el Código Penal. Esa es la doble vara que demuestra que la persecución no es legal: es política."
La víctima es el territorio: justicia, poder y una democracia de baja intensidad
Para Luis Virgilio Sánchez, el caso Dutcher representa una inversión moral y jurídica: el supuesto denunciante es, en realidad, el responsable del delito. "Este señor Dutcher, que se presenta como víctima, es en verdad el victimario —afirma—. Las verdaderas víctimas son los mapuches, y están sentadas en el banquillo de los acusados. Porque hablamos de tierras comunitarias, que no se pueden vender ni ceder; lo prohíbe el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional."
Sánchez explica que lo que ocurrió encuadra perfectamente en una compra ilegal de tierras, prevista en el artículo 173, inciso 3, y en el artículo 179 del Código Penal, ambos referidos a defraudación. "Cuando alguien compra o vende tierras que no le pertenecen, comete un delito. Pero acá hay un agravante: intervino el Estado, a través del IAC (Instituto Autárquico de Colonización). Entonces, además, hay incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, porque el IAC no puede ignorar lo que establece la Constitución, y menos cuando en sus propios archivos figura una carpeta donde se reconoce que esas tierras deben asignarse a las comunidades mapuches."
El relato se vuelve casi absurdo cuando describe cómo avanzó la operación. "Aparece un señor desde Francia, manda un mail diciendo que compró unas tierras a alguien que las ocupaba, presenta un apoderado, y el IAC le adjudica la propiedad de inmediato. Si yo fuera fiscal y actuara con honestidad, diría: 'Acá lo grave no es la supuesta usurpación de los mapuches; lo grave es cómo el Estado le entrega tierras comunitarias a un particular extranjero'. Pero no: ellos no ven eso. Lo único que ven es la usurpación mapuche, y para eso despliegan un operativo policial descomunal, con recursos del Estado y el aval del Ministerio Público Fiscal."
Sánchez anticipa que este será un juicio emblemático, porque permitirá poner en evidencia la doble vara judicial y la promiscuidad entre el poder político, el sistema judicial y los intereses privados. "No es un caso aislado —advierte—. Es un patrón. Se repite en todas las causas donde hay comunidades originarias involucradas."
Aldo Dutcher, el protagonista de esta historia, es técnico de Quilmes y exjugador de fútbol en Francia. A partir de ahí, un oyente aporta una reflexión: que el derecho, tal como se aplica hoy, responde a los intereses de los saqueadores, y que el sistema judicial argentino sigue siendo colonial y racista.
Sánchez asiente. "Exactamente. Y eso es así porque siempre fue así. El Poder Judicial históricamente convalidó los abusos del poder. Recordemos la dictadura militar: las desapariciones, el secuestro de niños, las atrocidades documentadas en el Nunca Más. Todo eso ocurrió con la complicidad judicial. Y ese poder nunca cambió: se acomoda al gobierno de turno. El problema estructural es que los jueces son vitalicios. No digo que haya que elegirlos por voto, eso es discutible, pero al menos deberían revalidar sus cargos cada cuatro o cinco años. Que vuelvan a concursar, que compitan con otros abogados. Si sos juez y sabés que tu puesto es para toda la vida, sólo respondés ante el poder que te sostiene, no ante la sociedad."
Para Sánchez, el poder judicial se ha vuelto un obstáculo para la democracia. "No es algo nuevo, pero cada vez tenemos una democracia de menor intensidad. A veces se conquistan derechos, y después llega la reacción para quitarlos. Es un ciclo constante."
A pesar del panorama adverso, el abogado destaca un logro reciente: los detenidos del caso Costa de Lepá recuperaron la libertad, y el juez rechazó el pedido de restitución de la tierra. "Fue una pequeña victoria —reconoce—, pero significativa. Esa cláusula del Código Procesal de Chubut, que permite al fiscal pedir la restitución de la tierra, es inconstitucional. El derecho penal está para determinar si alguien cometió un delito, no para desalojar o devolver tierras. Eso es materia civil. Usar el fuero penal para eso es, justamente, criminalizar el ejercicio de derechos. Este caso lo demuestra de manera contundente."
La reflexión que sobresale es que toda esa persecución parece tener un trasfondo político: un castigo por su compromiso con las comunidades originarias. Sánchez no duda: "Totalmente. Es censura y disciplinamiento. En mi caso no me pudieron disciplinar porque tengo herramientas para defenderme y el apoyo de compañeros de la Gremial de Abogados. Pero hay profesionales solidarios que, por miedo o agotamiento, deciden no involucrarse. Todos tenemos familia. Yo tengo la suerte de contar con una mujer que me apoya, pero si la familia no acompaña, es imposible resistir. Hay gente con convicciones, militantes comprometidos, que simplemente dicen: 'Hasta acá llegué'. Y eso es lo que el gobierno está atacando ahora. Hacen un trabajo muy preciso, muy eficiente y muy cruel. Están dispuestos a todo."
En ese contexto, el periodista menciona el reciente caso de la Lof Costa de Lepá, donde varias personas fueron detenidas, y le pide que lo explique. Sánchez lo define como "paradigmático", porque encarna esa doble vara judicial que denuncia.
"En esas tierras —cuenta— ni siquiera hay títulos de propiedad. Un hombre llamado Dutcher, desde Francia, le compró los derechos y acciones a alguien que decía vivir allí. Con ese papel, fue al IAC (Instituto Autárquico de Colonización), que tenía hacía años el expediente de la comunidad mapuche dividido en dos carpetas, esperando resolución. Esas tierras siguen siendo fiscales, pero el IAC le entregó la posesión a Dutcher, que acaba de llegar al país. Las comunidades llevaban más de treinta años reclamando la regularización, pero a él le bastó con un papelito para que se las adjudicaran."
Cuando los integrantes de la comunidad decidieron realizar una acción de reivindicación territorial para visibilizar la situación, la respuesta del Estado fue inmediata y desmedida. "Mandaron un ejército de policías, como si se tratara de un robo a un banco —relata—. Los detuvieron y les armaron una causa. Por suerte logramos que nadie quedara preso, pero es el mismo patrón de siempre."
Sánchez suele exponer este contraste en las audiencias judiciales. Recuerda, por ejemplo, el caso de la comunidad Winkul Lafken Mapu, en Bariloche, acusada de usurpación. "Llevé testigos y peritos que demostraron algo elemental: Bariloche fue construida sobre tomas de tierra. La ciudad creció en base a ocupaciones que luego el Estado regularizó, otorgando títulos y servicios, siempre tarde. En Neuquén ocurre lo mismo: casi todas las tierras eran fiscales, y la gente, ante la falta de planificación, ejerció su derecho constitucional a una vivienda mediante tomas organizadas. Así crecieron las ciudades. Sin embargo, ¿cuántas causas penales por usurpación existen en esos casos? Ninguna. Porque todos entienden que no se trata de un delito, sino de una respuesta social ante la necesidad."
El contraste, subraya, aparece cuando los protagonistas son mapuches. "Las circunstancias son las mismas —afirma—, pero la reacción judicial cambia. Las tierras comunitarias tienen un régimen especial: no se pueden comprar ni vender. Y, sin embargo, cuando alguien como Dutcher aparece con un papel en la mano, el Estado lo legitima, y cuando una comunidad mapuche ocupa el territorio que le pertenece, se le aplica el Código Penal. Esa es la doble vara que demuestra que la persecución no es legal: es política."
La víctima es el territorio: justicia, poder y una democracia de baja intensidad
Para Luis Virgilio Sánchez, el caso Dutcher representa una inversión moral y jurídica: el supuesto denunciante es, en realidad, el responsable del delito. "Este señor Dutcher, que se presenta como víctima, es en verdad el victimario —afirma—. Las verdaderas víctimas son los mapuches, y están sentadas en el banquillo de los acusados. Porque hablamos de tierras comunitarias, que no se pueden vender ni ceder; lo prohíbe el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional."
Sánchez explica que lo que ocurrió encuadra perfectamente en una compra ilegal de tierras, prevista en el artículo 173, inciso 3, y en el artículo 179 del Código Penal, ambos referidos a defraudación. "Cuando alguien compra o vende tierras que no le pertenecen, comete un delito. Pero acá hay un agravante: intervino el Estado, a través del IAC (Instituto Autárquico de Colonización). Entonces, además, hay incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, porque el IAC no puede ignorar lo que establece la Constitución, y menos cuando en sus propios archivos figura una carpeta donde se reconoce que esas tierras deben asignarse a las comunidades mapuches."
El relato se vuelve casi absurdo cuando describe cómo avanzó la operación. "Aparece un señor desde Francia, manda un mail diciendo que compró unas tierras a alguien que las ocupaba, presenta un apoderado, y el IAC le adjudica la propiedad de inmediato. Si yo fuera fiscal y actuara con honestidad, diría: 'Acá lo grave no es la supuesta usurpación de los mapuches; lo grave es cómo el Estado le entrega tierras comunitarias a un particular extranjero'. Pero no: ellos no ven eso. Lo único que ven es la usurpación mapuche, y para eso despliegan un operativo policial descomunal, con recursos del Estado y el aval del Ministerio Público Fiscal."
Sánchez anticipa que este será un juicio emblemático, porque permitirá poner en evidencia la doble vara judicial y la promiscuidad entre el poder político, el sistema judicial y los intereses privados. "No es un caso aislado —advierte—. Es un patrón. Se repite en todas las causas donde hay comunidades originarias involucradas."
Aldo Dutcher, el protagonista de esta historia, es técnico de Quilmes y exjugador de fútbol en Francia. A partir de ahí, un oyente aporta una reflexión: que el derecho, tal como se aplica hoy, responde a los intereses de los saqueadores, y que el sistema judicial argentino sigue siendo colonial y racista.
Sánchez asiente. "Exactamente. Y eso es así porque siempre fue así. El Poder Judicial históricamente convalidó los abusos del poder. Recordemos la dictadura militar: las desapariciones, el secuestro de niños, las atrocidades documentadas en el Nunca Más. Todo eso ocurrió con la complicidad judicial. Y ese poder nunca cambió: se acomoda al gobierno de turno. El problema estructural es que los jueces son vitalicios. No digo que haya que elegirlos por voto, eso es discutible, pero al menos deberían revalidar sus cargos cada cuatro o cinco años. Que vuelvan a concursar, que compitan con otros abogados. Si sos juez y sabés que tu puesto es para toda la vida, sólo respondés ante el poder que te sostiene, no ante la sociedad."
Para Sánchez, el poder judicial se ha vuelto un obstáculo para la democracia. "No es algo nuevo, pero cada vez tenemos una democracia de menor intensidad. A veces se conquistan derechos, y después llega la reacción para quitarlos. Es un ciclo constante."
A pesar del panorama adverso, el abogado destaca un logro reciente: los detenidos del caso Costa de Lepá recuperaron la libertad, y el juez rechazó el pedido de restitución de la tierra. "Fue una pequeña victoria —reconoce—, pero significativa. Esa cláusula del Código Procesal de Chubut, que permite al fiscal pedir la restitución de la tierra, es inconstitucional. El derecho penal está para determinar si alguien cometió un delito, no para desalojar o devolver tierras. Eso es materia civil. Usar el fuero penal para eso es, justamente, criminalizar el ejercicio de derechos. Este caso lo demuestra de manera contundente."
Así, el caso Costa de Lepá no sólo expone una injusticia puntual, sino un síntoma más profundo: el uso del derecho penal como herramienta política en una democracia cada vez más frágil.
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