A casi 50 años del Villazo, la justicia volvió a fallar en contra de los trabajadores

A casi cincuenta años del Villazo, la historia volvió a escribirse, pero no con justicia. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario absolvió a los diecisiete acusados, entre ellos policías federales y dos ex directivos de la empresa Acindar, por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra trabajadores metalúrgicos en 1975 en Villa Constitución.

El juicio, que había comenzado en noviembre de 2023, investigó los crímenes sufridos por setenta y cinco hombres y mujeres, la mayoría obreros organizados sindicalmente en el cordón industrial del Corazón Santafecino. Crímenes que fueron el preludio del terrorismo de Estado que, un año después, arrasaría el país.

La decisión del tribunal cayó como un baldazo helado entre sobrevivientes, familiares y militantes de derechos humanos. En el edificio de Boulevard Oroño al 900, la sensación fue de estupor, de bronca, de impunidad. A medio siglo de aquellos días, el eco de la injusticia sigue resonando entre abrazos y lágrimas.

La invasión a Villa Constitución

Fue en marzo de 1975 cuando Villa Constitución fue invadida por tierra, por agua y por aire. Más de cuatro mil efectivos, entre policías, militares y grupos paraestatales, arrasaron con todo. Más de trescientas detenciones ilegales, treinta asesinatos, cientos de casos de tortura y desaparición. La operación, bautizada La Serpiente Roja del Paraná, buscó desmantelar la organización obrera y quebrar la fuerza sindical que había nacido en torno a la fábrica Acindar. El Villazo fue una rebelión obrera, pero también una advertencia.

Allí se ensayó el modelo represivo y empresarial que luego se expandiría a todo el país durante la dictadura. Por eso este juicio era clave: pretendía demostrar la responsabilidad civil y empresaria en los delitos de lesa humanidad, pero la justicia volvió a mirar para otro lado.

Memoria y bronca

Hoy, la emoción y la bronca se mezclan otra vez en Villa Constitución. Aquellos obreros que paralizaron la industria durante cincuenta y nueve días vuelven a encontrarse, pero esta vez no para festejar una victoria, sino para reafirmar una convicción: que la memoria no se archiva, que la verdad no se borra y que la justicia, aunque llegue tarde todavía, es una deuda que este país tiene con sus trabajadores. Porque, como dicen ellos, "nuestros muertos no están muertos, viven en la memoria y en el entusiasmo popular".

La voz de la querella

Para hablar de lo que dejó el juicio la abogada Julia Giordano, querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, habló en Señales. Giordano describió la sentencia con crudeza: fue un golpe tremendo, inesperado.

"Entendemos que durante el juicio las pruebas que se produjeron probaron sin lugar a dudas lo que había sucedido y quiénes eran los responsables. Y, por supuesto, que eran muchos más que las diecisiete personas que estaban sentadas en el banquillo, pero son las diecisiete que podíamos juzgar. La responsabilidad de cada una de ellas estaba probada, sin lugar a dudas, por la prueba que hemos dado en el debate. Así que fue un golpe totalmente inesperado. Por eso venimos diciendo con toda claridad que la sentencia es una vergüenza", señaló la abogada de la APDH.

Acindar fue absuelta

"Sí, sin duda —dijo Giordano—, porque entre los diecisiete acusados, dos son empleados jerárquicos de Acindar. Si bien, como sabemos, no está ya Martínez de Hoz, cuando se hizo la denuncia en su momento, en el 2010, todavía estaba vivo Alfredo Martínez de Hoz, quien fuera, en el momento de los hechos, el presidente del directorio de Acindar. Por supuesto que la impunidad no solamente viene de la mano de esta sentencia; la impunidad biológica había actuado mucho antes. Y en el 2013 falleció Alfredo Martínez de Hoz, sin la posibilidad de que fuera juzgado por estos hechos".

Aun así, explicó que la responsabilidad de la empresa estaba representada en los dos empleados jerárquicos que continuaban vivos. "Tenían dos o tres funciones —detalló—. Por un lado, marcar quiénes eran los trabajadores y las trabajadoras que no solamente formaban parte de la lista marrón, sino que apoyaban la lista marrón, que apoyaban la huelga, que apoyaban la organización obrera. Entregar los legajos personales y laborales a las fuerzas de seguridad para que pudieran identificar con claridad a los trabajadores y proceder luego a su secuestro y, en muchos casos, lamentablemente, a sus asesinatos y torturas. Y, en tercer lugar, realizar de propia mano los pagos por estas tareas clandestinas y por estas tareas ilegales."

Giordano recordó además que un ex policía, Peregrino Fernández, declaró desde el extranjero y confirmó que Roberto Pellegrini, uno de los acusados, era quien entregaba personalmente los pagos a las fuerzas de seguridad, en particular a la Policía Federal.

Cuando se le preguntó qué explicación dio el tribunal para justificar las absoluciones, fue tajante: "Ninguna, ninguna. Si bien adelantó que dentro de los plazos de ley el 6 de febrero se van a leer los fundamentos o se van a dar a conocer, llama la atención que fijó para esa lectura el horario de las 20 horas, en horas inhábiles. Entendemos que la pretensión es justamente no dar los fundamentos, porque fijarlo un viernes a las ocho de la noche es casi una burla para quienes queremos conocerlos."

Y agregó que, aunque esté dentro de los plazos legales, después de quince años de proceso y dos años de juicio, las víctimas y las familias merecían otra cosa. "Hubieran merecido una mínima respuesta, que no obtuvieron de ninguna manera."

La dificultad de juzgar al poder económico

Sobre por qué todavía cuesta tanto que la justicia avance en los delitos cometidos desde el poder económico o empresarial, Giordano reflexionó con prudencia: "La verdad que no quiero hacer afirmaciones concretas, porque al no conocer los fundamentos no puedo decir si estas personas no consideraron que eran crímenes de lesa humanidad, si no lo consideraron probado, si no consideraron que Acindar tuvo ninguna participación, o si entendieron que eran crímenes comunes. La verdad es que no conocemos todavía las razones que los llevaron al tribunal a resolver de esta manera".

Más allá de este proceso en particular, la abogada apuntó que incluso en los hechos ocurridos después del 24 de marzo de 1976, nunca fue sencillo avanzar contra el poder económico. "Lo vimos en otras causas —recordó—. Lo que fue el tiempo que se esperó para que luego terminara declarándose incapaz, recordemos a Blaquier en la causa del ingenio azucarero Ledesma, nunca se pudo juzgar. De hecho, en la causa Ford también se terminó juzgando con penas muy bajas y ni siquiera todas las personas que habían sido acusadas, por ejemplo, como responsables dentro de la empresa."

"Puede ser parte, cuando tengamos los fundamentos, de un análisis más amplio —continuó—, que abarque no solo el hecho de que se trata de situaciones ocurridas en 1975, sino también la dificultad de dar cuenta de que el poder económico fue parte de la planificación del genocidio. Y reconocer eso es reconocer los poderes económicos actuales, reales, que siguen teniendo ese poder y esa injerencia en el Estado y en las decisiones de los gobiernos. Yo creo que eso es lo principal. Luego veremos, en este caso en particular, si tuvo que ver con eso o si intervinieron otras situaciones."

De ayer a hoy: Represión al movimiento obrero y estigmatización de la protesta
La abogada repasó luego el contexto histórico que dio origen al Villazo. "Muchos señalan que este juicio también es actual —dijo—, porque continúa vigente la persecución al movimiento obrero y la criminalización de la protesta."

Hizo entonces una aclaración: "Lo que se conoce como la gesta histórica del Villazo comenzó el 16 de marzo de 1974. No fue un hecho represivo, sino una victoria. Luego de varios días de huelga y toma de la fábrica, entre el 7 y el 16 de marzo, los trabajadores lograron arrancarle a la burocracia sindical el compromiso de convocar a elecciones en la UOM seccional Villa Constitución. Después de décadas, los obreros volvieron a tener la posibilidad de elegir a sus representantes."

Las elecciones se realizaron en noviembre de ese mismo año, y la lista marrón, encabezada por Alberto Piccinini, ganó con más del 50 % de los votos. En diciembre asumió la nueva comisión directiva.

Sin embargo, el contexto político y económico era cada vez más crítico. "El gobierno atravesaba una profunda crisis y una pérdida de legitimidad —recordó Giordano—. La inflación subía por el ascensor y los salarios por la escalera, se decía entonces." La lista marrón mantenía una lucha articulada con el movimiento obrero antiburocrático de todo el país. Ese mismo año, en Villa Constitución, se realizó el plenario antiburocrático en el que participaron figuras como Agustín Tosco y René Salamanca, quienes apoyaron abiertamente la causa de los metalúrgicos.

Las reivindicaciones eran elementales: mejoras en salud y seguridad laboral, pago por trabajo insalubre, condiciones básicas de protección para los obreros. "Pedían cosas tan simples como guantes, cascos, o que se pagaran las calorías gastadas en tareas pesadas. Cosas básicas", enfatizó.

Pero esas demandas chocaban con los intereses empresariales. "Acindar y otras metalúrgicas preferían arreglar con la burocracia sindical, la que lideraba Lorenzo Miguel desde Buenos Aires, antes que escuchar a los trabajadores", señaló. La lucha, por eso, no solo era contra la conducción de la UOM y el gobierno de Isabel Martínez de Perón, sino también contra la patronal, que se aliaba con el poder para aplastar el reclamo obrero.

Giordano destacó que las detenciones no se limitaron a esa ciudad. "También hubo operativos en Rosario, San Lorenzo, Zárate y Campana. A lo largo de todo el cordón industrial se llevaron a los trabajadores que habían apoyado la lucha, los que habían participado en reuniones antiburocráticas, los que habían juntado firmas o colectas para sostener la huelga", recordó. Durante aquella primera huelga, los obreros se mantenían con la ayuda solidaria de otros sectores que enviaban alimentos y dinero, ya que no cobraban sus sueldos.

"Las detenciones se sucedieron durante meses. Fueron 59 días los que duró esa huelga desde el 20 de marzo, cuando detienen a todos sus dirigentes", relató. "El resto de los obreros mantuvo la huelga, redobló la apuesta. La valentía del pueblo de Villa Constitución fue enorme. Sostuvieron 59 días de lucha en medio de una represión brutal, con decenas de asesinados, cuerpos torturados y mutilados expuestos al costado de los caminos para infundir terror. Era un mensaje: ese era el destino de quienes apoyaban la lista marrón."

Esa huelga, agregó, pedía la libertad de la comisión directiva y de los presos políticos secuestrados el 20 de marzo. "El objetivo final era disciplinar a la clase obrera. Y en eso se parece mucho a lo que pasa hoy", reflexionó.

"Hoy esta absolución se da en medio de una discusión por una reforma laboral, una nueva flexibilización más profunda incluso que la de los años noventa. Los derechos conquistados con huelgas y luchas se quieren borrar de un plumazo, como si hubieran sido un regalo de los poderosos. El disciplinamiento y la represión al movimiento obrero continúan, con otros métodos, pero con el mismo propósito", subrayó.

Los jueces no miraron a las víctimas

Entre los comentarios que circularon el martes, muchos testigos y familiares advirtieron con indignación que los jueces ni siquiera miraron a los familiares a la cara.

Giordano también se refirió a ese momento tan simbólico. Contó que, al conocerse la sentencia, los jueces no miraron a los familiares, ni a las víctimas, ni a los sobrevivientes. "Eso fue lo más doloroso", expresó. "Porque ni siquiera tuvieron la humanidad de mirar a los ojos a quienes esperaron durante tantos años una respuesta. Fue un gesto de desprecio, de distancia. Ni siquiera pudieron sostener la mirada de quienes llevan medio siglo esperando justicia".

La abogada describió la escena con un tono de profunda tristeza. En la sala, el silencio pesaba. Afuera, los gritos de indignación rompían el aire húmedo de Rosario. "Había madres, hijos, esposas, compañeros de trabajo, militantes. Todos esperaban al menos un reconocimiento, una palabra, una señal de empatía. Pero no hubo nada", recordó.

Luego explicó que la lectura del veredicto había sido breve, casi mecánica. "Fue una lectura formal, sin emoción ni respeto por lo que representa un hecho como este. Después de tantos años, escuchar la palabra ‘absueltos’ pronunciada con tanta frialdad fue devastador. Parecía que lo que habíamos reconstruido durante todo el juicio no había existido".

Giordano insistió en que el juicio había sido ejemplar en términos probatorios. "Declararon decenas de testigos, sobrevivientes que contaron con detalle lo que sufrieron, peritos, investigadores. Se presentaron documentos, legajos, archivos de la empresa, pruebas contundentes que demostraban el vínculo entre la represión y la estructura empresarial. Todo eso fue ignorado por el tribunal", señaló.

Entre los presentes, el sentimiento era de impotencia. Algunos sobrevivientes lloraban en silencio, otros se abrazaban. "Fue un momento de profunda frustración, pero también de reafirmación", dijo Giordano. "Porque sabemos que la verdad está de nuestro lado. Y aunque la justicia vuelva a negarse, nosotros no vamos a dejar de insistir".

La memoria y la esperanza

Al cierre de la jornada, los familiares encendieron velas frente al tribunal. En medio del murmullo, alguien leyó una frase en una pancarta: "La memoria no se archiva". Giordano se detuvo, la miró y dijo: "Esa es la verdad más simple y profunda de todas. Porque mientras haya memoria, hay lucha. Y mientras haya lucha, hay esperanza. Nos robaron la justicia, pero no nos van a robar la memoria". Esa frase, contó, se repitió entre los presentes como una consigna.

Mientras tanto, en Villa Constitución, la noticia recorrió los barrios, las fábricas y las casas de los trabajadores que alguna vez participaron del Villazo. Los más viejos recordaban aquellos días de marzo de 1975, cuando las sirenas de la fábrica se mezclaban con los pasos de los obreros y las banderas de la lista marrón flameaban en las calles. Hoy, decían, el eco de esa lucha seguía vivo, aunque el Estado volviera a darle la espalda.

Giordano reflexionó: "Lo que pasó en Villa Constitución fue el comienzo de un modelo represivo, un ensayo general del terrorismo de Estado. Y lo que vimos ahora es la continuidad de otro modelo: el de la impunidad. Un modelo que todavía protege a quienes tuvieron poder económico y político".

La abogada contó que los organismos de derechos humanos ya se preparan para apelar. "No nos vamos a quedar quietos. Vamos a recurrir todas las instancias necesarias. Este fallo no puede quedar así, porque es una ofensa a la memoria de los compañeros y a toda la sociedad argentina".

La historia del Villazo sigue abierta. A lo largo de los años, retumbas las voces de Vittorio Paulón, Alberto Piccinini y Aldo Strada que reclamaron memoria, verdad y justicia, en los micrófonos de Aire Libre, Radio Comunitaria. Hoy, la lucha continúa, recordando que los obreros de Villa Constitución no dejaron que su memoria sea olvidada, y que la batalla por justicia sigue siendo tan urgente como hace 50 años.

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