Por: Eduardo Bertoni
Primer acto: el 4 de noviembre el Senado argentino comienza a debatir el proyecto de ley Argentina Digital enviado por el Poder Ejecutivo. No es un proyecto más debido a su complejidad técnica: trata sobre la regulación de telecomunicaciones, de redes de conexión a Internet y de la televisión satelital, entre otros temas.
Segundo acto: el 10 de diciembre y en menos de 6 horas de pretendido debate, el Senado aprueba el proyecto con algunas modificaciones respecto del recibido por el Poder Ejecutivo. La aprobación por parte de senadores del oficialismo se produce luego de recibir un dictamen elaborado en alrededor de dos semanas por una de sus comisiones.
Tercer acto: al día siguiente, el 11 de diciembre por la mañana el proyecto aprobado por el Senado ingresa a revisión de la Cámara de Diputados. En pocas horas está en la agenda de discusión de una de sus comisiones. Esa misma noche, esa comisión aprueba un dictamen sobre el proyecto que recibió del Senado y lo deja listo para que el pleno de la Cámara lo trate la semana del 15 de diciembre.
Hay dos posibles explicaciones para entender cómo los senadores oficialistas aprobaron la iniciativa del Ejecutivo en pocos días, y los diputados del mismo signo político lo hicieron en comisión en unas pocas horas. O nuestros representantes son superdotados o deberíamos estar muy preocupados llegando a otra conclusión: son muy irresponsables y votaron sin un adecuado análisis.
Es cierto que el proyecto originalmente enviado por el Poder Ejecutivo tuvo modificaciones en el Senado. Por ejemplo, la incorporación de la definición del concepto "neutralidad de la red" que no estaba en el proyecto del Ejecutivo, fue positiva. Justamente porque es un concepto complejo, que básicamente determina que no se puede discriminar el tráfico en Internet en función de quién es su emisor o receptor o cuál es su contenido, una Comisión del Senado tardó más de un año en acordar la definición de la "neutralidad de la red" que fue plasmada en otro dictamen de esa comisión realizado con anterioridad. Sin embargo, el proyecto Argentina Digital involucra muchas más complejidades técnicas que van mucho más allá de ponerse de acuerdo en un sólo concepto, pero como decía al comienzo, unos pocos días bastaron para discutir todos los aspectos involucrados y aprobarlo. Entonces, en este caso, ¿son superdotados o irresponsables?
También es cierto que, oyendo muchas de las observaciones que varios hicimos públicas, el Senado dejó de lado la idea de que una ley no podía crear su propia autoridad de aplicación y que ello era una potestad del Ejecutivo. En un cambio de criterio de 180 grados, el Senado creó no sólo un nuevo organismo, sino tres: la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización y una Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Aquí impresiona aún más el trabajo en poco tiempo del Senado: de no saber quién sería el que haría cumplir con las reglas en el mundo de las telecomunicaciones e Internet pasamos a la creación de superpoderosos organismos que serán continuadores de otros que ya existían como la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones, que no funciona de manera independiente por estar intervenida por el Poder Ejecutivo desde 2002.
A pesar de estos cambios positivos, hay problemas en el proyecto de ley que persisten, pero sería yo el superdotado -o el irresponsable- si pudiera escribirlos en una nota de opinión. Este proyecto no sólo necesita un prudente análisis técnico sino también un análisis de impacto en el ejercicio de derechos humanos y del impacto económico que su implementación y puesta en vigencia puedan traer.
El final de este cuento que sinteticé en tres actos al comienzo de la nota, es todavía abierto. Queda la posibilidad que en la discusión en la Cámara de Diputados tengamos una mayoría de representantes que no sean ni superdotados ni irresponsables y adviertan que una reforma a la ley de telecomunicaciones como la que se discute no sólo debe estudiarse detenidamente por su complejidad técnica, sino también por el impacto que puede tener en la economía nacional y en derechos fundamentales. Ojalá lluevan en el recinto gotas de responsabilidad que hagan reflexionar a sus integrantes sobre lo que van a votar.
Fuente: Diario La Nación
