Los medios de comunicación empresariales inician una nueva embestida en momentos en que reflota el debate sobre la necesidad de dictar una nueva norma que combata los oligopolios mediáticos. En nuestro país urge una ley antioligopólica de tal forma a pluralizar las fuentes informativas a través de una redistribución del espectro radioeléctrico y la inclusión de nuevas voces frente al orden actual en que más del 90% de las licencias son explotadas por empresas privadas.
Una investigación realizada por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) revela la gran concentración de medios en nuestro país de parte de oligopolios con nexos en otros rubros de la economía como la importación, la tierra, la banca, el agronegocio, entre otros.
Por ejemplo, el grupo empresarial de Antonio Vierci posee el Canal 4 Telefuturo con 26 repetidoras, Canal 11, el diario Última Hora, las radios 1080 AM, Urbana FM, La Estación FM, además de empresas que controlan el sector de la importación y las cadenas de distribución como supermercados.
El caso más emblemático de un medio de comunicación que hace de guardia pretoriana de los oligopolios del propietario es el diario ABC Color de Aldo Zuccolillo. Este empresario utiliza su diario para emprender desaforadas campañas en defensa de sus intereses particulares en distintos rubros. Este grupo posee 22 empresas, entre las que se destacan Inmobiliaria del Este, Banco Atlas, Shopping Mcal. López, Nueva Americana, Asunción Supercentro, Tape Ruvichá, Constructora Atlas, Hotelera Atlas, La Metalúrgica, Núcleo Personal, Editorial Mercurio, Shopping del Sol, entre otras firmas que incluyen un medio escrito regional en Alto Paraná, el diario Vanguardia.
Por su parte, el Grupo Multimedia controla el diario Popular, FM Popular, FM Corazón y Radio Uno AM. En tanto, el Grupo Nación tiene los diarios La Nación, diario Crónica, 970 AM y radio Montecarlo FM.
Más del 90% de los medios está en manos de empresas y las radios comunitarias son perseguidas con una legislación restrictiva que reduce su alcance a niveles ínfimos y con un marco legal que impide su sustentabilidad económica.
El diario ABC Color sustenta su visión oligopólica en supuestos imperativos constitucionales, pero omite el cumplimiento de los derechos establecidos en la Carta Magna que protege las prerrogativas de los periodistas a disentir.
El artículo 29 de la libertad de ejercicio del periodismo establece que “los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.
El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso”.
Sin embargo, en el diario rige una sistemática censura mediante la cual se rechazan constantemente los artículos que sean contrarios a los intereses del propietario dándose incluso casos de despidos debido a la negativa de periodistas de “actuar contra los dictados de su conciencia”. Este fue el caso del redactor-editor de Internacionales Paulo López, quien fue despedido por negarse a atribuir al presidente de Cuba, Raúl Castro, declaraciones que nunca dijo.
Situaciones como estas hacen necesario la existencia de un nuevo marco jurídico para que otros actores se sumen al juego de la comunicación, ya que los oligopolios mediáticos omiten y retacean información de manera habitual de acuerdo a los intereses y posiciones políticas de sus propietarios.
