Fuente: El Observador
Control remoto
Por: Natalia Uval
Astori entiende que deben analizarse “en profundidad” las características de los órganos de regulación que crea la ley de medios.
El debate realizado ayer en la sede de Asamblea Uruguay marcó dos posturas claras en relación a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA): la de los representantes empresariales, que entienden que la norma regula en exceso, y la del gobierno, que impulsa su aprobación. Gustavo Gómez, redactor del proyecto y asesor en comunicación de la secretaría de Presidencia de la República, rebatió las críticas a la norma. Dijo que son “injustas e inciertas”, y opinó que quienes la formulan “o no la leyeron, o hay mala intención, o puede haber confusión”.
El vicepresidente Danilo Astori ofició como presentador de la actividad; afirmó que la ley de SCA supondrá una “transformación estructural” del sistema de medios del país. El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, opinó que la ley de SCA incorpora tres aspectos centrales: transparencia en el otorgamiento de licencias y establecimiento de plazos y contraprestaciones para el usufructo de ellas; una nueva institucionalidad para “proteger los derechos de los prestadores y de la sociedad” con la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual y el defensor de las audiencias; y la promoción de los contenidos audiovisuales.
El representante de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), Rafael Inchausti, consideró que la regulación de los medios debe ser abordada “con cuidado”, para que “no perjudique el acceso de la población a los medios y no genere perjuicios a quienes han contribuido con el desarrollo de la comunicación durante muchísimos años”. En una línea similar a los argumentos planteados por Andebu en la comisión de Industria de la Cámara de Representantes, donde está a estudio el proyecto, Inchausti evaluó que “algunas de las propuestas que contiene este proyecto de ley pueden lesionar los derechos de los titulares de medios de radiodifusión” y vulnerar “garantías constitucionales” y tratados internacionales. Afirmó que se vulnera el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica, al trabajo y a la propiedad, y se preguntó si existen razones de interés general como para vulnerar esos derechos.
Consideró que la institucionalidad que prevé el proyecto establece un sistema de “vigilancia y control sobre todos los aspectos de los medios de comunicación”, y que se establece un “marco intimidatorio hacia los medios de comunicación” que “podría dar lugar a la autocensura”. Finalmente, valoró el “respeto y tolerancia” que han tenido los gobiernos frenteamplistas hacia los medios.
El origen de las cosas
Gómez rebatió las críticas que han formulado la oposición y representantes empresariales sobre el proyecto. “Se ha dicho que es una ley mordaza, que plantea la censura gubernamental, que es un proceso inconsulto, que surgió de la nada a partir de algún burócrata o algún censor. Todo esto que se dice no es cierto. O no leyeron, o hay mala intención, o puede haber confusión”, manifestó. Afirmó que sólo hay cinco artículos en 183 que se refieren a regulación de contenidos, y que tienen que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes y con el combate a la discriminación. Sostuvo que los conceptos contenidos en esos artículos fueron en su mayoría tomados del Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado durante el gobierno de Jorge Batlle, así como de códigos de ética de los propios medios o agencias de publicidad. “Esto cumple con los estándares internacionales, al contrario de lo que dice Andebu”, remarcó. Sobre el horario de protección al menor, que va entre las 6.00 y las 22.00 y ha sido criticado por ser “muy extenso”, Gómez recordó que Chile y Estados Unidos tienen el mismo horario de protección, y que además se “copió” la legislación chilena en sus definiciones respecto de imágenes que contengan violencia excesiva o truculencia.
Respecto de las limitaciones que se establecen a la publicidad dirigida a los niños y adolescentes, Gómez sostuvo que la referencia fueron las legislaciones de Dinamarca y Suecia. A su turno, Patricia Lussich, otra de las oradoras ayer y ex presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, concluyó que “la publicidad es un reflejo de la realidad en que vivimos, y estamos muy alejados de Dinamarca y Suecia en muchos aspectos”. Lussich defendió la autorregulación y recordó que la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad tiene un Código de Ética y que no ha habido prácticamente denuncias o quejas respecto de la publicidad dirigida a niños y adolescentes. “Los niños y adolescentes están protegidos”, afirmó. “Desde el punto de vista de la inversión publicitaria, esta ley va a perjudicar a los anunciantes y a las empresas que quieren hacer publicidad en el país, y va a generar una fuga de la inversión publicitaria hacia otros países”, aseguró.
Gómez, en tanto, recordó que el proceso de elaboración del proyecto de SCA tuvo una amplia participación de actores de la sociedad civil y de los propios empresarios, reunidos en el Comité Técnico Consultivo (CTC) que funcionó entre julio y diciembre de 2010. “Esta redacción toma textualmente muchas de las cosas que este CTC recomendó al gobierno. A fines de ese año se entregó un informe al ministro con más de 80% de acuerdo”, manifestó. Entre los puntos de unanimidad, que acordó incluso el representante de Andebu, figura la regulación de contenidos en materia de protección de los niños y adolescentes.
Tanto Gómez en su exposición como Astori luego, consultado por la diaria, coincidieron en que es necesario estudiar con mayor detalle la institucionalidad que crea la ley de medios, en particular el Consejo de Comunicación Audiovisual. Los legisladores del FA ya anunciaron que aceptarían que se designaran los cinco integrantes de la dirección del Consejo con venia del Parlamento (actualmente sólo tres se designan de esta manera, y a los dos restantes los nombra el Ejecutivo). Para Gómez se debe dar la mayor “independencia” al organismo. Para Astori, en tanto, hay que estudiar en detalle las “funciones y competencias” del Consejo y en qué medida podrían superponerse con las tareas de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones.
Fuente: La Diaria
El interés de la Ley de medios "es garantista"
Gómez afirmó que “es necesario que se apruebe en este período una Ley de SCA “porque la legislación que tenemos actualmente es muy vieja”.
“Es una Ley de la dictadura, de 1977. No logra una legislación de 36 años asumir los desafíos que implica, por ejemplo, la convergencia tecnológica. Es una Ley vieja”.
Además, “tenemos un marco legal muy disperso. Muy pocas Leyes y muchos decretos. Mucha decisión del Poder Ejecutivo que se suma y va emparchando, lo cual no da ninguna seguridad jurídica a ningún operador. Tener una Ley marco que reúna todo eso disperso en una única norma general parecía lo más indicado para ordenar este marco normativo tan disperso”.
El asesor de Presidencia, señaló que está Ley se debe a “una decisión política, programática del Frente Amplio en el Gobierno, atendiendo incluso recomendaciones internacionales, de avanzar en la democratización de las comunicaciones y garantizar el ejercicio pleno de la liberta de expresión a través de los medios audiovisuales”.
Gómez aclaró que no es una Ley de medios que regula a la prensa, “solamente a la radio y la televisión en sus distintas formas”, acotó.
El proyecto deja afuera de la regulación a los medios y contenidos que se distribuyen por Internet, un canal de comunicación cada vez más utilizado por el público, incluso en nuestro país, donde la fibra óptica de Antel y el Plan Ceibal está determinando que buena parte de la población acceda a Internet.
Sobre este punto, Gómez explicó: “No es una omisión, es una decisión. Hay muy poca claridad en el mundo de cómo regular Internet para no afectar derechos fundamentales y se quiso ser conservador en ese sentido. No es que no merezca una atención, incluso para proteger derechos. No vamos a regular servicios de radio y televisión que se retransmiten a través de Internet”.
Gómez aclaró que si bien todavía el Gobierno no tiene claro hasta dónde se pueden regular las nuevas tecnologías, no significa que no pueda “seguir avanzando en las que sí podemos”.
Conforme al asesor presidencial, el texto de la Ley hace prevalecer de forma marcada las garantías por encima de la aplicación práctica que marca la propia Ley. “El interés de la Ley es garantista”, subrayó Gómez y reconoce “los derechos de todas las personas y en particular de los operadores de medios de radio y televisión: la libertad editorial, la libertad de programación, la libertad de expresión”.
“En toda la Ley, de 183 artículos, hay sólo cinco artículos que tiene algún tipo de sesgo en cuanto a restricciones a las libertades. Son sólo cinco artículos y muy precisos, como recomiendan los estandartes internacionales. Cuatro de ellos están en función de defender los derechos de los niños y uno referido a discriminación y racismo”.
Fuente: El Espectador
