Por: Martin Hacthoun
Tras el receso invernal, la Corte Suprema argentina reanudó sus labores y sus siete miembros deberán fallar en los próximos días sobre candentes temas que tendrán gran relevancia en la vida política y pública, en especial la Ley de Medios.
Además de esa legislación, deberán abordar otras causas sensibles como la estatización del predio de La Rural en Palermo, los fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el cepo cambiario, como llaman a la disposición implementada para evitar la fuga de capitales.
En el último día hábil antes del feriado invernal, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que la ley de medios es constitucional, con lo cual abrió la posibilidad a un rápido fallo por el tribunal supremo.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, su nombre oficial, fue promulgada por la presidenta Cristina Fernández octubre de 2009, en sustitución de la norma de Radiodifusión, que decretada en 1980 por la dictadura militar, a fin de, entre otros objetivos, frenar la monopolización de los medios.
Su aprobación y reglamentación significó un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales, abriendo y garantizando la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto como productores activos de la comunicación social.
Pero desde su puesta en vigor fue impugnada por el consorcio mediático Grupo Clarín, que la vio como una amenaza a sus intereses monopólicos y políticos en este campo e interpuso demandas y abrió un pleito legal.
Así, transitó un largo camino judicial, que incluyó denuncias a jueces que intervinieron, recusaciones, excusaciones, fallos contrapuestos, y una resolución de la Cámara Civil y Comercial Federal que consideró constitucional algunos artículos e inconstitucionales otros.
La causa llegó a la Corte apelada por el gobierno y el Grupo Clarín, y ahora el máximo tribunal tendrá la última palabra. Habrá que esperar ahora si el fallo sale a la luz antes de las elecciones primarias del 11 de agosto.
Otro peliagudo expediente sobre el que la Corte Suprema deberá emitir un veredicto es la re-estatización del predio de exposiciones de Palermo el cual en los años de abierto neoliberalismo el gobierno de Carlos Menem vendió en 1991 a la asociación de hacendados agrícolas La Rural.
En diciembre pasado, la presidenta Cristina Fernández dispuso revocar la venta del espacioso recinto ferial, a lo que se oponen los acaudalados rurales y el caso también llegó a la justicia. La Cámara Civil y Comercial Federal dictó una medida cautelar y suspendió la norma.
La procuradora general, Gils Carbó, opinó que la Cámara Civil y Comercial dejó al Estado en situación de "indefensión" al suspender la decisión de la dignataria, y le pidió a la Corte Suprema que acepte el recurso extraordinario y se aboque de inmediato al caso.
Esas dos causas, al igual que el denominado cepo cambiario y la que enfrenta al gobierno de la provincia de Córdoba, de la derecha radicalista, sobre fondos de la Anses, reflejan la pugna de grupos derechistas y acaudalados con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández por medidas populares, democráticas y de defensa económica.
De ahí, que los fallos que emita el tribunal supremo tendrán una pesada carga ideológica y política.
Fuente: Prensa Latina
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