El jueves pasado, un día antes de la maratónica jornada en el Senado de la Nación donde se sancionó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el macrismo presentó en la Legislatura porteña un proyecto de Ley para regular la televisión por cable que crea una versión distrital del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) -en otras palabras, un ComFeR porteño.Según el texto presentado por el diputado Oscar Moscariello, presidente del bloque de legisladores PRO de la Ciudad, está prevista la creación de una Agencia de Medios y Libertad de Prensa (ALIP) que les cobrará a todas las señales de cable de origen nacional o extranjero un gravamen del 4% sobre su facturación bruta.
El proyecto, conocido como Ley de Garantía de las Libertades y Prensa en la Comunicación Audiovisual, establece que todos los canales de cable que quieran operar en los 202 kilómetros cuadrados del territorio porteño deberán tener la autorización de la ALIP para prestar sus servicios de comunicación.
Si no lo hacen, o no cumplen con las nuevas regulaciones técnicas que dictará el nuevo ente, deberán afrontar multas y sanciones públicas que podrán llegar al 10% de la facturación total de la publicidad vendida durante el mes anterior al momento de la falta cometida, al impedimento de transmitir comerciales o a la caducidad de la autorización para transmitir.
Su impacto no será menor, ya que la Capital Federal tiene una cifra cercana al millón de abonados y los totales facturados por mes son los principales ingresos nacionales de las tres empresas que operan en la ciudad: Cablevisión, Multicanal y Telecentro. Las dos primeras pertenecen al Grupo Clarín y la tercera a Alberto Pierri, dueño de Canal 26 y presidente de la Cámara de Diputados durante toda la década del noventa.
Si la ley porteña tiene éxito, el nuevo ente será el encargado de regular sus intervenciones en la ciudad, el mercado más codiciado de toda la televisión.
Dentro de los 81 artículos de la nueva ley, el proyecto PRO prevé la posibilidad de regular el negocio y deja abierta la puerta para admitir el triple play, el servicio de telefonía, cable e internet por parte de un mismo operador, a contramano de la flamante Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nacional.
El capítulo 2 del proyecto PRO determina la posibilidad de controlar “la incorporación de nuevas tecnologías”, “otorgar nuevas autorizaciones a nuevos operadores” e “intervenir en casos de posiciones dominantes”.
Según la consultora Analogías, más del 50% de los hogares que reciben los tres servicios en forma separada están interesados por tenerlo todo a través de un solo prestador. Dentro de la industria, las estimaciones sostienen que en los próximos cinco años ese negocio podría llegar al millón de abonados.
Fuentes del gobierno porteño confirmaron que el proyecto cuenta con el aval de Mauricio Macri, y busca “reafirmar los derechos de la ciudad y de las provincias sobre la prensa audiovisual local”. El texto ingresó el jueves a la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura, pero su trámite podría ser tan abreviado como el que Macri le cuestionó al gobierno nacional para la sanción de la ley de medios.
Desde el interior del cuerpo legislativo, fuentes del PRO aseguraron que el macrismo tiene previsto llevarlo al recinto en la primera mitad de noviembre, cuando falte un mes para que asuman los nuevos diputados opositores.
Para el macrismo, este proyecto tiene su futuro garantizado porque no es contradictorio con la Ley de medios aprobada por el Senado la semana pasada. Pero si hubiera contradicciones, el macrismo tiene previsto llevar el caso a la Corte, donde están convencidos de ganar cualquier cuestionamiento de la Nación respecto a la televisión por cable.
Fuente: Redusers.com
