Entrevista a Martín Becerra, Docente e investigador
Por: Victoria Linari vlinari@miradasalsur.com
"Valoro la discusión pública previa a la sanción de la ley y también el debate social y político durante su tratamiento en el Congreso, pero creo que hasta ahora no se ha estado a la altura de los desafíos democráticos que la ley plantea en estos últimos dos años y medio tras su sanción”, dice el investigador y docente universitario Martín Becerra.
Al margen de la pausa en la aplicación del artículo 161, ¿cuáles son los resultados más importantes que se dieron en estos dos años de vigencia de la ley y cuáles los que faltan?
En este lapso el gobierno avanzó, en un plan que tiene desde mi perspectiva muchos puntos interesantes, en el desarrollo de la televisión digital terrestre y gratuita. Pero lo hizo al margen de una exigencia elemental de la ley, que es que las nuevas señales se sometan a un concurso público. Hasta ahora nadie conoce otra obligación planteada en la ley: disponer de un plan técnico que brinde certidumbre acerca de cuántas licencias hay operativas y cuántas habrá con la digitalización de la televisión, y cuáles serán los topes para operadores no lucrativos en función de esa totalidad hoy desconocida por la sociedad. En el plano institucional, la falta de funcionamiento de la Comisión Bicameral, la no designación del Defensor del Público, la ausencia de la oposición que debería controlar al oficialismo en el Directorio de Afsca y de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, merecen destacarse como déficit. La falta de transparencia en el accionariado de grupos concentrados; la operación en redes privadas que la ley prohíbe; el funcionamiento de los medios de gestión estatal, que dista de ser público y tiende a ser gubernamental; la no aplicación del artículo que exige que los licenciatarios que reciben publicidad oficial informen sus montos y las campañas en que fueron empleados... todos estos son artículos que no se cumplen. Tampoco la cláusula que obliga a los operadores de televisión por cable a ofrecer un servicio con “tarifa social” dirigido a la población de menores recursos. Por último, a dos años y medio uno de los actores centrales en la discusión de la ley, que fueron los medios sin fines de lucro a los que la ley reserva nada menos que el 33% de las licencias, hasta ahora siguen siendo los convidados de piedra en el sistema de comunicación masiva de este país.
¿Cuáles serán las consecuencias de la resolución de la Corte Suprema, en caso de que se rechace la cautelar o se establezca el plazo de adecuación a la norma?
En el corto plazo, supongo que Clarín irá a instancias internacionales y al mismo tiempo ralentizará la vía administrativa de la adecuación de sus numerosas licencias a los límites establecidos por ley. Esto hará difícil que esa adecuación se produzca antes de la sucesión presidencial de 2015.
Fuente: Miradas al Sur
Otras Señales
