Específicamente, el escrito solicita que “se tenga a bien cumplir con incluir en las grillas de programación de las estaciones de radio y televisión propiedad del Estado Nacional, productos audiovisuales relacionados y producidos por otras corrientes de opinión política, en igual proporción y forma, y horarios de similar audiencia, con que se difunden las actividades de la corriente de opinión política que encarna el Poder Ejecutivo Nacional”.
La solicitud no es solo para la señal de la “Televisión Pública” difundida por canal 7 de Buenos Aires, sino que incluye a todos los medios de gestión estatal, que suman alrededor de cincuenta difusoras entre radios y canales de televisión, a lo largo de todo el país. Tampoco pretenden las legisladoras que se les otorguen espacios a ellas específicamente, sino que la medida apunta a que todo el espectro político no oficialista, en los distintos puntos del país, juegue en igualdad de condiciones con el kirchnerismo en cuanto a la difusión de sus ideas.
A modo de prueba de la forma en que actualmente se manejan estos medios, Montero presenta a Tristán Bauer tres pedidos: en primer lugar, detallando uno por uno a todos los medios de gestión estatal del país, según reza el escrito “se solicita se giren Oficios a los siguientes medios de comunicación, para que manifiestan formalmente cuantos programas y/o espacios de opinión o formadores de opinión se emiten en sus respectivas grillas, asimismo se especifiquen los presupuestos y tiempos absorbidos por dicho espacios”; luego presenta como testigos para que den sus opiniones al respecto a los periodistas Jorge Lanata y Beatriz Sarlo, y finalmente solicita que “se realice una pericia contable y sea traída a este procedimiento, del presupuesto de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) afectado por el Programa de Opinión Política denominado “6,7,8” emitido por LS 82 Canal 7”.
Fuente: lauramontero.com