El Gobierno traslada a los particulares la responsabilidad por su propia inacción.
Los casos de Fibertel y Cablevisión, “además de inscribirse dentro de la escalada ilegal de hostigamiento administrativo contra el Grupo Clarín, revelan un nuevo y peligroso formato de amenaza al derecho a la propiedad y otros de raigambre constitucional (libertad de elección, de expresión, derecho a la identidad y la intimidad, derecho del consumidor, etc)”, advirtió ayer la empresa a través de un comunicado.Añadió que “ambos casos tienen en común un abuso flagrante de la autoridad administrativa para intentar trasladar a los particulares responsabilidades por la propia inacción del Estado y su incumplimiento de las normas y regulaciones vigentes”.
“En la resolución 100, la Secretaría de Comunicaciones (SeCom) dispuso la caducidad de la licencia de Internet de Cablevisión que opera bajo la marca Fibertel, argumentando dos causales del decreto que regula las telecomunicaciones. Lo abusivo de la medida se refleja no sólo en su propia falta de sustento, sino en los 90 días que da a sus abonados para cambiar de proveedor, en que no hubo notificación ni intimación previa, y en que tampoco se le dio a la empresa derecho de defensa”. Aclara además que la absorción “fue notificada a la Comisión Nacional de Comunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones no para su aprobación, que no era necesaria, sino para su conocimiento, el 5 de marzo de 2003. Y desde entonces viene funcionando, sin interrupciones ni objeciones administrativas”.
“Pero hay otro dato contundente. Para evitar cualquier riesgo, Cablevisión acreditó el cumplimiento de todos los recaudos necesarios para una transferencia, para el supuesto en que la CNC o la SeCom consideraran, erróneamente, que se trataba de ese caso. Así sucedió, y todas las dependencias técnicas y jurídicas de la CNC se expidieron a favor de la autorización, elevando el expediente a la SeCom con el proyecto de resolución afirmativa. El organismo tenía 60 días para aprobación desde el ingreso del pedido (desde marzo de 2003). Pasaron más de 7 años.
Y no se trataba de una facultad discrecional del Estado, sino de una obligación”, explicó. Sobre la otra causal referida a una liquidación de la compañía, por quiebra o disolución, la firma aclaró que esa situación “claramente no se verifica en este caso, ya que Fibertel S.A. no fue liquidada sino absorbida, pasando sus bienes a la absorbente”.
En 2009, Cablevisión informó a la SeCom que la fusión por absorción había sido finalmente inscripta en la Inspección General de Justicia, único organismo estatal que regula estas reorganizaciones, instando una vez más a que registrara la licencia a nombre de Cablevisión. “La SeCom no solamente no lo hizo, violando su obligación como agente estatal, sino que en un acto ilegítimo, hoy pretende no sólo quitarle la licencia sino arrebatarle su principal activo: su millón de abonados, que quedarán a merced de la improvisación estatal, perderán capacidad de elección, deberán abandonar una tecnología de vanguardia y verán reducirse la competencia a una única opción, en la mayoría de los casos”, concluye.
Fuente: Diario Clarín
