En un reciente intercambio epistolar entre César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, y Galo Mora Witt, secretario particular de Rafaél Correa, Presidente de la República de Ecuador, se enfrentaron en dos cuestiones: la protección del honor de los funcionarios públicos, por un lado, y
su libertad de expresión, por el otro.Mora Witt entiende que las palabras de Ricaurte llevarían a sostener que “los ciudadanos ya no son iguales ante la ley, sino que, por una especie de concesión a la prensa, los funcionarios públicos deben dejar a un lado su orgullo, su condición humana y filial de padres, hijos, hermanos, y deben arrodillarse ante quienes, seguramente protegidos por la Providencia, se encargan de ser acusadores, fiscales y jueces de su vida y de su obra”.
En relación con la protección del honor de los funcionarios públicos, recordamos que al enviar al Congreso argentino la reforma despenalizando delitos de calumnias e injurias, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner explicó que “aun a costa muchas veces de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras o que no son ciertas, yo prefiero mil millones de mentiras antes que cerrar la boca o ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien. Esta es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática”.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción se encuentra obligado Ecuador, ha expresado en distintas ocasiones “que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza”.
En relación con la libertad de expresión de los funcionarios, la Corte es también la que ha determinado que “en una sociedad democrática no solo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos”.
En conclusión, creo que preguntas tales como ¿es que los funcionarios no tienen honor? o, ¿es que los funcionarios no tienen libertad de expresión? son preguntas muy válidas. Sin embargo, el contenido de sus respuestas cuando vienen de las altas jerarquías del gobierno, sobre todo cuando no atienden la perspectiva en el derecho internacional, puede marcar el límite entre la convivencia democrática y el autoritarismo. Las respuestas del Secretario del Presidente son preocupantes y es imprescindible que el propio presidente de la República aclare de manera urgente que esas declaraciones no corresponden a una política de Estado.
*Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, Argentina. Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA
Fuente: Diario El Universo
