sábado, 19 de septiembre de 2009

Clarín judicializará la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para ganar tiempo y reducir pérdidas

En el principal grupo de medios de la Argentina creen que no podrán ganar la batalla legislativa por el proyecto oficial de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso refuerzan su estrategia legal con dos objetivos: que el texto aprobado entre en un limbo judicial durante dos o tres años, y además se reconozcan “derechos adquiridos”. El experto Gregorio Badeni se incorporó a su equipo de abogados. No se descarta la creación de un ‘dream team’ de constitucionalistas. Algunos socios de AdEPA no quieren que la asociación de empresas periodísticas sea usada en favor del grupo.
Por: Rodolfo Barros
Ejecutivos del Grupo Clarín comenzaron a visitar a senadores de la oposición y los “aliados circunstanciales” del Gobierno con un PowerPoint de más de 60 páginas bajo el brazo que contiene cifras que relativizan la posición dominante o el mote de “monopolio” que impuso el discurso oficial. Aunque en el grupo se evalúa que la batalla legislativa está perdida, los ejecutivos cumplen con sus visitas mientras se prepara otro frente, el judicial, con el que esperan reducir pérdidas o al menos dilatar el proceso de venta de activos al que deberá someterse de aprobarse el proyecto oficial de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Tanto el departamento de Legales del grupo, como su estudio jurídico histórico, Sáenz Valiente, se encuentran delineando la estrategia para golpear al proyecto oficial cuando se transforme en ley.
Los objetivos sobre los que se centrará el cañoneo serán la supuesta vulneración de derechos adquiridos que plantea el artículo que obliga a los multimedios de desprenderse de activos y licencias para adecuarse a la nueva norma; y la inconstitucionalidad de la ley.
Para ello, el grupo contrató los servicios del reconocido constitucionalista Gregorio Badeni y no se descartan otras incorporaciones.
De prosperar sus presentaciones, los abogados del grupo esperan reducir pérdidas o al menos ganar algunos años para someterse a las desinversiones que le impondrá la ley en caso de ser aprobada.
Clarín deberá desprenderse de Canal 13, si se concentra en el negocio del cable, y además reducir Cablevisión para no acaparar más de 35% de los abonados totales (hoy tiene 49%), de aprobarse el proyecto oficial. También deberá desprenderse de sus señales nacionales, como TN, Magazine, Metro y Volver, o quedarse con una de ellas para convertirla en un canal local.
Ante esto, el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, le dijo ayer a Radio Continental que “no necesariamente tiene que desaparecer TN, ya que “puede ser la señal de distribución propia de Multicanal”.
Insistió en que “un mismo grupo que distribuye cable no puede tener en la grilla de programación seis o siete señales de generación propia porque eso atenta contra las de la competencia”.
Sobre la posibilidad de que se despida a trabajadores si cierran esas señales, el funcionario dijo que las nuevas licenciatarias “tendrán que asimilarlos, reasignarles tareas y en el peor escenario van a tener lo posibilidad de inscribirse en otras empresas que van a surgir”.
Mariotto no descartó que el Senado modifique el plazo de un año a tres que los medios tendrán para adaptarse a las nuevas disposiciones.
“Eso va a depender del tratamiento en Senado. Nosotros tomamos como ejemplo a Microsfot, donde tuvieron plazo de un año para ajustarse a derecho y ser competentes.”
La Asociación de Radiodifusores Privados de la Argentina pugna por que la Ley se sancione con compensaciones por esas desinversiones.
Por otra parte, el Grupo Clarín parece que está perdiendo poder de lobby. Ayer se conoció la renuncia del diario pampeano La Arena a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), que algunos afirman que es controlada por Clarín.
“Este diario ha afirmado siempre que es necesaria una nueva ley que deje atrás la normativa de la dictadura militar y que el Parlamento le debe a la sociedad un nuevo ordenamiento que supere las injusticias y los abusos que esta legislación permitió”, se leyó en la editorial de ayer de La Arena que explicó la renuncia a la entidad a raíz de la oposición de ésta al proyecto oficial.
Fuentes de AdEPA aseguraron a Perfil que son varios los socios que “se cansaron del control de los medios más grandes”. Explicaron que las posiciones se extremarán la semana que viene, cuando la entidad realice su asamblea. Allí los medios más pequeños pedirán que la entidad cambie su método de elección de autoridades.

El Gobierno promociona la TV digital
Los usuarios de la autopista Buenos Aires La Plata, entre otras, se sorprendieron ayer cuando en los puestos de peaje se les entregó un folleto del Ministerio de Planificación que explica las bondades de la televisión digital.
Siguiendo los lineamientos del fútbol gratis, el coqueto panfleto anuncia que pronto llegará la “televisión fija y móvil, libre y gratuita para todos”. En su interior aclara que el usuario deberá comprar un receptor “o los dispositivos adecuados para la TV móvil”.
También asegura que entre las ventajas de la norma adoptada, que no nombra, pero que es la japonesa brasileña, en detrimento de la estadounidense y de la europea; figura la facilidad de transmitir señales a receptores fijos y móviles “en forma libre y gratuita”.
Los que promueven las normas que no fueron seleccionadas aseguran que las mismas también lo hacen y en las mismas condiciones.
Asevera que la Argentina no pagará regalías por las patentes y aplicaciones de la norma japonesa.
Chile también se volcó a principios de la semana por esta norma, lo que ratificó lo que piensan algunos observadores: “Es un gran paso para la industria de Brasil”.

El ComFeR apelará contra Cablevisión
El interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, aseguró ayer que el organismo de control apelará la decisión de la Justicia a favor de la fusión de Multicanal y Cablevisión.
“Tenemos razones para actuar en el expediente en función de que Defensa de la Competencia está opinando acerca de si la fusión convierte a la distribución de señales del grupo en monopólica” y “nosotros miramos la Ley 22.285 y sólo opinamos porque vemos que hay más licencias de lo que la ley permite”.
El jueves, la Justicia dejó sin efecto la Resolución 577/09 del ComFeR que denegaba la autorización para que Cablevisión y Multicanal se fusionaran. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) autorizó su fusión en el 2007.
El juez Esteban Furnari, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo número 2, ordenó la suspensión de la resolución del ComFeR por considerar que ese organismo dictó la Resolución 577/09 sin estar facultado para actuar como lo hizo.
El ComFeR apelará diciendo que su resolución no tiene nada que ver con la decisión de la CNDC, sino que les pide a las empresas fusionadas que se adecuen a la Ley de Radiodifusión. Entiende que Cablevisión debió devolver licencias en lugares en que se superpusieron y no lo hizo debidamente.
El ComFeR entiende que la licencia no es sólo “un papel” y que la misma se ejerce con equipos y otros bienes afectados a la explotación que deberían ser vendidos cuando Cablevisión resignó las licencias.

Los outsiders festejan el triple play

Las cooperativas asociadas a la Federación de Cooperativas Telefónicas (FeCoTel) podrían incrementar sus ingresos hasta en $ 400 millones cuando comiencen a ofrecer el servicio de triple play y sumen a su oferta de telefonía y acceso a Internet el de televisión paga, esto según Adalberto Bóccoli, titular de la entidad. Cooperativas y empresas de cable podrán dar los tres servicios de aprobarse el proyecto oficial de radiodifusión.
“Una vez que tengamos el servicio en la misma base de usuarios de telefonía las cooperativas podrán ingresar entre 300 y 400 millones de pesos”, le aseguró a TelAm.
“Este monto es muy significativo para la situación de las cooperativas, porque hoy nuestra economía está afectada por el servicio telefónico, ya que no podemos aumentarlo, pero los costos son en dólares”, apuntó.
Las cooperativas telefónicas, indicó Bóccoli, estudian proyectos para dar el servicio de radiodifusión a sus abonados y estiman que el abono tendría un valor mensual 40% inferior al que pagan los clientes de las empresas de cable

La autoridad de aplicación, de nuevo en la mira
Por: Gabriel Ziblat

Son muchos los diputados que estiman que si el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es aprobado en el Senado le espera un futuro turbulento en los tribunales judiciales. Por eso, durante el debate sacaron a relucir los diferentes puntos del proyecto que son plausibles de ser “judicializados”.
Legisladores del PRO, la Coalición Cívica, el radicalismo y el peronismo disidente enumeraron los artículos controvertidos. Desde el macrismo, no obstante, aclararon que no realizarán ninguna demanda, salvo que algún punto de la reglamentación lo amerite. El derecho adquirido es uno de los aspectos que repitieron todos los opositores y podría ser una de las impugnaciones que los privados realicen a la ley. El artículo 161, que los obliga a aquellos que no cumplan con la nueva ley a desprenderse de sus licencias en un año, y las limitaciones que se fijan en materia de multiplicidad de licencias, son los puntos donde las empresas podrían apelar a la defensa de sus derechos adquiridos
El artículo 7, por otro lado, establece que “los servicios de radiodifusión están sujetos a la jurisdicción federal”, motivo que muchos interpretan que viola el artículo 32 de la Constitución, que fija que en temas de “libertad de imprenta” no se puede establecer la jurisdicción federal. “La Constitución prohíbe al Estado nacional arrogarse sobre la prensa competencias federales”, explicó ayer el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que anunció que ellos evalúan recurrir a la Corte para hacer un pedido de inconstitucionalidad.
En la integración del Consejo Federal, en su inciso a, también se violaría una facultad provincial, porque no se define una ley de adhesión y el órgano lo integra la máxima autoridad local.
Para el PRO, existen en el capítulo sobre contenidos disposiciones que son “violatorias del artículo 14 de la Constitución, porque la autoridad confiere la licencia previa evaluación de la propuesta de programación, y eso puede ser censura previa”. También sostienen que en materia de publicidad en la televisión por cable “existen claras restricciones que afectan la viabilidad del negocio”.
En la Coalición Cívica hicieron hincapié en el inciso c del artículo 25. Dicen que da lugar al ingreso de capitales extranjeros a los medios de comunicación, motivo suficiente para declarar su nulidad. Dicho inciso hace referencia a tratados internacionales de reciprocidad, que protegen las inversiones extranjeras.
También es motivo de sospecha el artículo 98, ya que fija que la autoridad de aplicación podrá disponer de exenciones o reducciones de gravámenes, potestad que pertenece al Congreso.
Por último, algunos legisladores sostienen que la violación del reglamento en la sesión especial, cuando se superó la media hora de plazo en la que tendría que haberse iniciado, también puede ser motivo de denuncia.

Giustiniani también votara a favor
Binner defendió el apoyo del socialismo a la Ley de Radiodifusión
Por: Franco Ruiz
El gobernador santafesino, Hermes Binner, defendió ayer el apoyo de los diputados socialistas al proyecto oficial de Ley de Radiodifusión, y descontó que el senador Rubén Giustiniani votará en el mismo sentido.
El respaldo de nueve de los diez diputados socialistas al proyecto de Ley de Radiodifusión –a excepción de la cordobesa Laura Sesma– generó duros cuestionamientos en un sector de la oposición, que insinuó que hubo un acuerdo político entre el mandatario y la Casa Rosada.
En esta línea, el diputado electo por Unión-PRO Felipe Solá deslizó que “acá sigue funcionando la chequera”.
Voceros de Giustiniani aseguraron a Perfil que el voto del titular del Partido Socialista (PS) será afirmativo, porque “así fue acordado” en el debate partidario.
Respecto del malestar que generó en el Acuerdo Cívico y Social el apoyo socialista a la polémica Ley de Medios, fuentes del PS explicaron que el frente está integrado por “partidos independientes” y que, en ese sentido, han votado distinto en otras oportunidades.
“Nosotros somos absolutamente respetuosos de nuestra historia”, subrayó Binner, y afirmó que el proyecto de medios aprobado anteayer en la Cámara baja “es superador de la ley vigente”. Aclaró, sin embargo, que en la iniciativa “hay muchos puntos oscuros” y otros que habrá que “debatir en el Senado”.
“Si revisan la participación de Estévez Boero en la Legislatura nacional, en 1989, van a ver que él ya planteaba la necesidad de modificar esta ley de la dictadura”, argumentó Binner.
Al ser consultado sobre el voto negativo de la UCR y las críticas de sus aliados políticos por la supuesta funcionalidad del socialismo al kirchnerismo, el gobernador adoptó una postura conciliadora: “Sobre este tema en particular tenemos miradas diferentes, pero en nada daña el Frente Progresista en Santa Fe para lograr una mejor provincia, una mejor realidad cultural, educativa y en salud”, resaltó el mandatario provincial.
“Nosotros tenemos una visión muy crítica con el Gobierno nacional, fundamentalmente por el conflicto agropecuario, ya que el error del Gobierno lo terminamos pagando los santafesinos”, tomó distancia el gobernador.

Fuerte debate ideológico interno
Las razones del voto afirmativo del PS: asfixia económica y el plan del canal propio
Por: Francisco Marzioni
Las decisiones que definen una movida política de peso como la aprobación de la Ley de Medios Audiovisuales rara vez tienen como único respaldo los argumentos que sustentan el voto. Y el caso del visto bueno del Partido Socialista no es la excepción. Existen tres fundamentos claves por los que el socialismo decidió votar la Ley de Medios favorablemente.
En primer lugar, el partido atraviesa una interna ideológica, que se reactiva cada vez que hay un tema de alcance nacional. Mientras que el gobernador Hermes Binner representa al sector progresista, los más duros ven en el senador Rubén Giustiniani un aliado ideal. El debate por la ley puso al PS otra vez en una encrucijada. Esta tensión se mantuvo en la última semana, y fuentes cercanas a ambas fuerzas internas relataron a Perfil que, tras varias llamadas cruzadas se impuso la postura binnerista. Esta negociación no fue un intercambio de “favores”, sino un debate ideológico, vinculado a su histórico pedido por una nueva Ley de Medios. La CTA y técnicos de las universidades de Rosario y Santa Fe vinculados al binnerismo reclamaron el visto bueno a una norma.
También influyó en el voto positivo a la ley, el proyecto de Binner para crear un canal de televisión público que lleve una programación cultural e informativa a toda la provincia. Esta idea surgió del Consejo Consultivo para el Crecimiento de Santa Fe y lo hizo amparándose en el decreto 1214, que Eduardo Duhalde firmó antes de dejar la Presidencia, y que le permite a las provincias contar con sus propias señales. “Pero una empresa particular interpuso una medida cautelar y todo se frenó en la Corte. El decreto tiene media sanción en la Cámara de Diputados y falta que se expida el Senado”, detalló el secretario de Comunicación, Rubén Galassi, cuando presentó un proyecto que lo reemplazaría: una señal de cable estatal inspirado en el canal Encuentro. Si se aprueba la nueva Ley de Medios, el gobierno santafesino ya no deberá sortear un laberíntico camino.
Por otro lado, la Ley de Medios llega a debate en el Congreso precisamente cuando Binner negocia para que el Gobierno nacional abone, aunque sea en parte, una multimillonaria deuda que el Estado nacional contrajo con la provincia de Santa Fe y que se remonta al menemismo. Según los números extraoficiales la deuda sumaría 4.200 millones de pesos.

Con argumentos similares, votos diferentes

El proyecto K dividió al progresismo
La sanción en la Cámara de Diputados de la nueva norma que regula los medios de comunicación exhibió las diferencias entre los partidos de centroizquierda que alguna vez miraron con simpatía al kirchnerismo. Aunque todos recurrieron a fundamentaciones similares, como la necesidad de reformar la ley de la dictadura y de dotar de mayor pluralidad al sistema, hubo votos a favor, en contra y abstenciones. En diálogo con Perfil, la jefa del bloque socialista, Silvia Augsburguer, explica el inesperado apoyo de su bancada; y Miguel Bonasso cuenta por qué no respaldó la norma.
Por: Gabriel Ziblat
¿Por qué el socialismo decidió votar a favor en general?
Porque la restricción a las empresas comerciales de telefonía era un punto para nosotros que marcaba una inflexión en el debate de esta ley. Desde el viernes, que el comité nacional del partido dijo que como estaba el proyecto no contaba con el acompañamiento del socialismo, al dictamen que se puso en consideración, hubo cambios sustanciales, que el socialismo valora.
¿Para algunos opositores el cambio en la autoridad de aplicación es negativo?
No. Nosotros creemos que es un avance, que no alcanza y por eso lo votamos negativamente. Creemos que, si bien mantiene una mayoría oficialista, deja de sostener una mayoría del Ejecutivo, como estaba planteando originalmente. E incorpora, aun en forma insuficiente, un espacio para los distritos y para la sociedad civil, que eran dos planteos del socialismo.

¿Ustedes no comparten que el debate debería haber sido distinto y que eso es motivo suficiente para votar en contra?
Compartimos que ha sido una metodología absolutamente irregular. Ponemos en duda la voluntad real del oficialismo de tener una nueva ley de la democracia con esa metodología, pero creemos que a la hora de votar debemos tener en cuenta el texto que se pone en consideración, y por eso nuestro apoyo en general.
¿Que el Ejecutivo tenga la posibilidad de sacar o quitar licencias discrecionalmente no puede afectar la libertad de expresión?
Es que esa discrecionalidad hoy existe, porque tenemos un interventor del ComFeR. Y la autoridad de aplicación hoy dejó de tener esa mayoría del Ejecutivo.

¿Cuál fue la postura de Binner y qué influencia tuvo en la decisión final?
La posición que adoptó el socialismo fue discutida en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, del que Binner es miembro. Esto fue discutido y aprobado por unanimidad. Luego de conocidas las modificaciones, discutimos en ambos bloques parlamentarios, hicimos las consultas también a los máximos referentes partidarios de todo el país y hay mayoría en el partido para sostener esta decisión.

Hay sectores del progresismo que tomaron distintas posturas. Por ejemplo el caso de Bonasso que se abstuvo, y ustedes que votaron a favor. ¿A qué cree que se deben estas diferencias?
Esas diferencias se han dado siempre. Puedo nombrar otras leyes, que han sido claves, como la ley nacional de educación, cuando el socialismo la votó a favor porque consideraba que era un avance frente a la ley federal. Y otros sectores del llamado progresismo la votaron en contra. También en la estatización de los fondos de los jubilados. Es una situación habitual que ocurre en el Parlamento, y que para el socialismo no es obstáculo para seguir trabajando con los bloques políticos con los que acordamos.

Bonasso: “Cristina y Néstor están haciendo disparates”
¿Por qué se abstuvo?
No voté en contra porque hubiese sido dar la señal de que todo lo que está en esta ley es malo, es negativo, y que todo lo que figura hasta ahora como normativa, que viene de la dictadura con modificaciones, es bueno. He luchado muchos años por que hubiera una nueva Ley de Radiodifusión. Me da mucha tristeza no poder apoyarla, pero no puedo ceder en un punto que para mí es fundamental. El núcleo de mi disidencia es la autoridad de aplicación. Si el ente que se va a generar en reemplazo de este lamentable y miserable ComFeR va a ser un ente autárquico como lo propongo en mi proyecto, o va a ser como lo propone el Ejecutivo, dependiendo del Ejecutivo. Ahora, yo no puedo votar en general este proyecto y criticar este punto porque de estos puntos derivan muchos otros. La nueva empresa estatal que se crea también tiene que tener autarquía, el Consejo Federal y la Defensoría del Público también.

Otros sectores de la centroizquierda, como el socialismo, que a partir de las modificaciones decidieron apoyar el proyecto, dicen que esto es mejor que lo que hay.
Estoy en absoluta y casi perfecta soledad. He estado muchas veces solo, de acuerdo con mis principios. Hay una línea de continuidad en mi actuación como periodista, como diputado y como militante popular, que es la coherencia en las posiciones. Yo no soy Clarín ni Kirchner, afortunadamente. No pertenezco a ninguno de los dos polos en los que se dividió esto. Me da tristeza tener que votar así.

¿Qué lectura hace de que grupos del mismo sector ideológico voten de manera distinta?
Las razones del voto del resto habría que preguntárselas a ellos. Yo lo lamento. Significa que todavía tenemos muchas diferencias y que por alguna razón no se logra armar el gran partido o fuerza que se debería armar. Por esta razón, dirigentes bastante mediocres de la derecha tienen un protagonismo tremendo en este país. Y por esta misma razón también se pueden hacer los disparates que están haciendo en este gobierno de Cristina, Néstor Kirchner y demás, hundiendo su propio proyecto de mala manera. Cuando uno legisla, lo tiene que hacer para 20, 30 o 40 años vista y no para el jueves que viene. No para la pequeña pugna barrial que existe.

¿Este proyecto pone en riesgo el sistema de medios?
Más que poner en riesgo, desperdicia una magnífica oportunidad. Lo terrible y lamentable de este malentendido es que esto debería haber ocurrido hace 26 años, y con otro texto.

¿Después del 10 de diciembre hay que hacerle modificaciones?
Yo creo que obviamente se le van a hacer. Esta es una victoria pírrica, lo van a llevar al Senado, y les vaya como les vaya, esta ley, mal hecha, va a ser reformada. Es inevitable.

El vice estará al frente del ejecutivo
El oficialismo demora el giro al Senado para evitar a Cobos
Por: Gabriel Ziblat
Con o sin intención, el oficialismo parlamentario está actuando como si el vicepresidente Julio Cobos fuese un escollo a superar. El proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, sigue con su andar irregular por el Congreso, ya que al cierre de esta edición todavía no había sido remitido al Senado. Lo que se está poniendo en juego con la demora es cuántas comisiones tratarán la iniciativa y quién tendrá que tomar esa decisión.
La especulación que más está dando vuelta es que el objetivo del kirchnerismo es esperar al lunes próximo, cuando Cobos va a estar a cargo del Ejecutivo porque Cristina Fernández de Kirchner estará de viaje en los Estados Unidos. En ese caso, la presidencia del Senado pasaría a estar ocupada por el kirchnerista José Pampuro.
El funcionario que decide a qué comisión o comisiones se envía un proyecto cuando ingresa a la Cámara alta es el secretario parlamentario, cargo ocupado por Juan Estrada. Normalmente, el trámite es automático: el secretario recibe y decide. “Pero éste es un tema más político. La potestad la tiene el presidente del Senado y la delega en el secretario”, aseguran desde las filas de Cobos. De hecho, el mendocino ya le envió a Estrada una carta con “instrucciones” claras: remitir el proyecto a cinco comisiones (Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías, y Educación y Cultura).
Cuando Cobos asuma la presidencia del Ejecutivo, las instrucciones que dejó en el Senado caducan, por lo que Estrada tendría que decidir como lo hace habitualmente o, en todo caso, recibir nuevas instrucciones de Pampuro. La directiva que el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, recibió de Cristina es que las comisiones que intervengan en el debate sean sólo las dos primeras. Así el trámite no se demoraría demasiado y la iniciativa podría ser tratada en el recinto el 7 o 14 de octubre.
Desde Diputados, en tanto, aseguran que la demora en el envío no obedece a ningún tipo de especulación. El presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, el jueves pidió “no generar suspicacias ni acciones intencionales ya que cuando se termine de resolver el trámite parlamentario con prolijidad y celeridad se girará la sanción al Senado”. Ayer, desde su despacho aseguraron que “si no es hoy (por ayer), será enviado el lunes a primera hora, pero no cambia nada”. “Se le dio más tiempo a Taquigrafía para que puedan corregir todo y no quede en indio”, agregaron.
Desde la oposición, en cambio, reiteran que el tiempo de la demora es inédito. “Es una barbaridad lo que está pasando, están haciendo una manipulación institucional con la media sanción, que tiene que aparecer”, aseguró la diputada Patricia Bullrich. Lo cierto es que hubo casos en donde un proyecto con media sanción pasó al Senado la misma noche de su aprobación en Diputados.

El apuro hizo que el texto final contenga cambios que los diputados ignoraban

En las comisiones se introdujeron más de 200 modificaciones al proyecto original. La desprolijidad del procedimiento le permitió al oficialismo introducir nuevos cambios en la versión final. Como consecuencia, muchos legisladores no sabían cómo había quedado el texto definitivo. Las diputadas Silvana Giúdici y Patricia Bullrich denunciaron estas anomalías.
Las irregularidades en el tratamiento de la Ley de Medios en la Cámara de Diputados no se redujeron sólo a la velocidad que impuso el oficialismo. También incluyen cambios en el texto que se había difundido como el dictamen con modificaciones, con la versión que finalmente se puso a consideración en el recinto.
El martes, en el plenario de comisiones, el oficialismo dio a conocer las más de 200 modificaciones que le habían introducido al proyecto original. Las leyó un secretario y la oposición tuvo unas dos horas para revisarlas. Paso seguido, continuó el debate y se procedió a firmar el dictamen, lo que sucedió recién pasada la medianoche.
A las diez de la mañana del día siguiente, en la sesión especial en la que se aprobó la iniciativa, cada diputado tenía en su banca la orden del día número 2.005, con el dictamen de mayoría y los cuatro de minoría firmados la noche anterior. Pero sorpresivamente, algunos artículos aparecieron con modificaciones, que por la falta de tiempo para su lectura, probablemente fueron ignorados por gran parte de los legisladores.
Esta situación fue denunciada públicamente ayer por las diputadas Silvana Giúdici (UCR) y Patricia Bullrich (Coalición Cívica). Desde el bloque de los lilitos aseguraron que todo lo dicho por Bullrich era a título personal y que no representaba a la bancada.
El artículo más polémico es el 47 (en el original era el 40), que fue uno de los más cuestionados, ya que le daba la posibilidad a la autoridad de aplicación de revisar las licencias cada dos años. El oficialismo adujo que era un problema de escritura y aceptó modificarlo. “Preservando los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones, la autoridad de aplicación deberá proponer al Congreso de la Nación, en forma bianual...”, decía el proyecto con modificaciones que difundió el kirchnerismo y que incluso TelAm lo tenía subido ayer a su sitio web. El dictamen final, sin embargo, dice que la autoridad de aplicación “deberá elevar un informe al Poder Ejecutivo nacional y a la comisión bicameral...”.
Giúdici y Bullrich también anunciaron modificaciones en los artículos 14, que establece la composición de la autoridad de aplicación, y 161, que fija que las empresas que no cumplan con lo dispuesto por la ley deberán vender sus activos en un año.
Otro cambio se dio en el artículo 18, que crea la comisión bicameral. El borrador decía que “funcionará conforme las disposiciones y reglamentos de ambas Cámaras”. El dictamen final definió que la comisión “dictará su propio reglamento”. Además, se le borró la palabra “Honorable” al Congreso de la Nación.

Fuente: Diario Perfil

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