Durante la jornada se presentó el Documento con Propuestas para una Constitución Ecosocial, construido de forma colectiva por distintos espacios comprometidos con la justicia ambiental y social.
Las exposiciones de Melisa Argento (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial), Jorge Bártoli (El Paraná No Se Toca) y Damián Verzeñassi (Instituto de Salud Socioambiental), marcaron ejes centrales: la necesidad de una participación real en el proceso constituyente, la defensa de los bienes comunes frente al avance del extractivismo, y el rol protagónico de las organizaciones territoriales frente a la crisis climática y ecológica.
El evento contó con la participación también de Macarena Vázquez (STS Rosario) y Mirko Moskat (Taller Ecologista), el panel puso en común la urgencia de consagrar una Constitución que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI, reconociendo el carácter interdependiente entre naturaleza, salud, justicia social y democracia.
Fragmento de la disertación de Melisa Argento del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial:
En el avance sobre la Ley de Glaciares, se ve cómo hay un lobby —y, sobre todo, en el caso de la Ley de Humedales— que tiene que ver con la minería, el agronegocio, y con una articulación entre ambos sectores, para frenar cualquier tipo de reglamentación que pueda fortalecer la defensa de nuestros humedales. Esta ha sido una de las demandas más fuertemente sostenidas, particularmente en la ciudad de Rosario en el año 2020, y seguramente todos ustedes han estado, de alguna u otra manera, implicados en esa lucha.
Pero esto no llegó solo. Llegó también de la mano de un total avance criminalizador y represivo hacia la protesta social. Lo vimos claramente en toda la política que lleva adelante Patricia Bullrich. Y acá podríamos hablar desde el ejemplo que tenemos en este momento —la lucha de nuestros jubilados y jubiladas— hasta cada uno de los hechos que han sucedido a lo largo de este tiempo. Realmente es dramático.
Me quisiera detener en un acápite particular: el nuevo Plan de Inteligencia Nacional, donde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) establece, entre sus principios —sus puntos más susceptibles de ser perseguidos, aunque aún no sepamos cómo— a todos aquellos actores que nos oponemos al avance extractivo sobre nuestros bienes comunes. A quienes sostenemos o acompañamos luchas territoriales a lo largo y ancho del país por la defensa de los territorios, de las vidas, de la reproducción de la vida y de las fuentes de trabajo.
Pero además hay algo muy curioso que marca este contexto: un profundo negacionismo frente al problema más grande que tenemos como sociedad y como humanidad, que es la crisis socioambiental. Se llega incluso a categorizarnos como enemigos por plantear cuestiones vinculadas a las energías renovables, por sostener proyectos que apuntan hacia ellas.
Una cosa inédita, que no se puede encontrar en otro lugar.
Entonces, entre el RIGI —ese régimen que otorga estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria, tributaria y todo lo que se les ocurra, por 30 años, a las grandes corporaciones, sobre todo en el sector energético, hídrico y de materias primas—, y una política extractiva sostenida, lo que vemos es que se prioriza el suministro estable de energía a esas corporaciones, incluso en detrimento del abastecimiento a nuestras poblaciones.
¿Qué quiere decir esto? Que se garantizará el suministro de energía a las corporaciones por 30 años, aunque una ciudad esté atravesando una ola de calor o de frío extremo como consecuencia del cambio climático, y su población esté sufriendo sus efectos. Esa es la lógica.
Ese es el contexto.
En ese marco, la provincia de Santa Fe impulsa una reforma constitucional. Y las reformas constitucionales deberían ser —además de nuevos pactos societales, políticos, económicos, etc.— momentos de apertura de la autonomía política de una provincia. Momentos para redefinir sus nuevas reglas de juego.
Hay experiencias donde las reformas constitucionales sí fueron procesos reflexivos, críticos y participativos. Por ejemplo, las reformas constitucionales en Bolivia y Ecuador en 2008 y 2009, respectivamente.
Una de las garantías de que pudieran incluirse conceptos como Sumak Kawsay, Suma Qamaña, el Buen Vivir, los Derechos de la Naturaleza, y otras herramientas con las que hoy defendemos nuestras cuencas hídricas, fue la activación social y política sostenida por actores y sectores que empujaron esas agendas durante años.
En el caso de Montecristi (Ecuador, 2008), uno de los actores clave en materia de derecho ambiental fue la Asamblea Nacional Ambiental, que coordinaba luchas de la Amazonía, la Sierra, etc. Esa Asamblea tenía una trayectoria amplia, articulando propuestas que luego se llevaron a la reforma constitucional. No todas pasaron —porque sabemos cómo es la política—, pero sí lograron permear con conceptos revolucionarios. La Constitución del Ecuador supuso un reconocimiento inédito en la región. Y lo mismo ocurrió en Bolivia.
Ese no es el contexto en el que nos encontramos en la provincia de Santa Fe. No lo es.
Más bien, deberíamos mirar la trayectoria de las reformas constitucionales en Argentina en los últimos tiempos. Permítanme este "divague", como le llamo: pensemos en el Pacto de Dominio Originario de los Recursos Naturales a las Provincias, un pacto entre los partidos principales, que transfirió los servicios, las deudas y también los recursos a las provincias. Ese pacto permitió dos cosas dramáticas en términos de salud y justicia socioambiental en nuestro país:
La soja transgénica, desde 1996 en adelante.
La Ley de Inversiones Mineras, antecedente directo del RIGI.
Ninguna otra actividad había tenido tantos beneficios como los que recibieron las corporaciones mineras.
Esos son los antecedentes a nivel nacional.
A nivel provincial, hay un antecedente que me preocupa mucho: la Reforma Constitucional de la Provincia de Jujuy, en 2023.
Fue una reforma pactada por dos grandes partidos tradicionales. Una reforma preescrita, que —aunque su procedimiento contemplaba participación ciudadana y social— incumplió absolutamente todos los pasos.
Tenía un plazo de 90 días para aprobarse. Se aprobó en dos semanas. Se impidió el ingreso de la gente, de expertos, de miembros de movimientos sociales. Se cerraron las puertas en la cara. Entre gallos y medianoche, y con una población alzada en las calles resistiendo al grito de "¡Arriba los salarios, abajo la reforma!", igual se aprobó.
Y se aprobó con una represión que fue el antecedente directo de la derechización política actual. Patricia Bullrich fue una de sus responsables, y hoy está directamente ligada a toda la política represiva que se busca implementar.
El pueblo de Jujuy se levantó. Se levantaron las docentes —en un 90% mujeres—, los trabajadores municipales, los estatales, incluso los trabajadores mineros, que paradójicamente fueron los últimos en sumarse, pero dijeron: "Nosotros también estamos acá".
Todo el pueblo resistió.
Por supuesto, esta movilización terminó con una represión brutal, que no le faltó ningún componente del repertorio que hemos visto en América Latina: pensemos en Chile (2019), con jóvenes perdiendo sus ojos en las movilizaciones, Bolivia tras el golpe de Jeanine Áñez.
Esa reforma constitucional provincial derechizó el escenario político. No solo porque, a los pocos meses, llegó Javier Milei, sino porque se consolidó un antagonismo racial y político, condenando a las comunidades indígenas que se levantaron en el Malón de la Paz. Denunciaron el saqueo de los bienes comunes: el litio, el agua, los salarios, estaban todos en juego.
Ese Malón viajó por todo el país, llegó hasta el Monumento Nacional a la Bandera. El primero de agosto comenzaron y sostuvieron cuatro meses de movilización permanente. Fueron desoídos por el Poder Ejecutivo Nacional.
Entonces, en un contexto de movilización social absoluta, la respuesta fue la represión.
Nosotros tenemos la obligación de activar todos los canales de solidaridad: internacional, nacional y local.
No podemos permitir que esta reforma constitucional sea la misma cáscara vacía que fue la de Jujuy:
un pacto político que no solo le dio la espalda a la ciudadanía, sino que le dio palos y gases.
Tenemos la obligación de sostener estas propuestas. Y de ceder cuando haya que ceder, de no ser puristas, de disfrutarnos en el proceso para sostener, efectivamente, que la provincia de Santa Fe —por donde sale más del 60% de la riqueza del país, una de las que más contribuye al PBI nacional— tiene la fuerza. No es Jujuy. Tiene la fuerza.
Tiene la ciudadanía. Y tiene la posibilidad de activar una reforma constitucional que nos incluya a todos.
Porque esta reforma define y delimita las características de nuestro futuro. Y nosotros queremos que sea un futuro ecosocial y justo.
Palabras de Jorge Bártoli de la ONG El Paraná No Se Toca:
Vamos a reformar la Constitución.
Bueno... ¿de dónde venimos?
Es decir, vamos a hacer lo que no hicimos nunca, lo que nunca nos enseñaron en la escuela, lo que prácticamente nadie de los que están acá hizo antes de este proceso: leer la Constitución actual y ver de qué trata. Salvo, por supuesto, quienes la han estudiado por cuestiones profesionales.
Y cuando lo hicimos, nos encontramos con una Constitución donde no se menciona la palabra "ambiente", no se menciona la palabra "río", no se menciona la palabra "agua". Y estamos hablando de una provincia que tiene 800 kilómetros de costa sobre uno de los principales ríos del mundo.
¿Qué es lo que... yo les voy a decir qué es lo que no vamos a poder lograr, lamentablemente, después de este proceso.
Y acá voy a cometer el pecado de ser un poco autorreferencial, porque, por cuestiones laborales, viajo mucho. He tenido la suerte de poder conocer toda la provincia de Santa Fe, de punta a punta.
No vamos a poder lograr, por lo acotado de la convocatoria, llevar este debate a Gato Colorado, por ejemplo. No vamos a poder —ojalá podamos, ojalá esté equivocado— llegar a comunidades como Las Petacas, en el oeste de nuestra provincia, o a Rufino, en la punta de la bota.
Vamos a seguir teniendo esas enormes diferencias que nos plantea la provincia de Santa Fe. Porque, de hecho, hoy los dos espacios físicos de debate siguen siendo Santa Fe Capital y Rosario.
Esa deuda... ojalá este proceso de reforma, una vez iniciado, tome suficiente vuelo en los medios. Yo creo que va a tener cierto impacto mediático. Y en esto, otra vez, reivindico el rol de los medios de comunicación en este tipo de procesos.
Nosotros, en todas las dramáticas situaciones de las quemas, nos hemos sentido muy acompañados por muchos medios. Algunos, obviamente, por una cuestión de rating. Pero muchos otros, por una cuestión de compromiso con la noticia.
Creemos que, una vez avanzado el proceso de reforma, quizás podamos llevar voces a los confines de la provincia. A esta provincia tan dispar y tan vasta. Y sería muy importante que algo de estos debates pudiera llegar a esos territorios.
Bueno, no quiero dejar pasar —porque nos toca muy en el corazón como grupo— el tema del derecho al agua.
Obviamente, si tenemos que garantizar —y es necesario garantizar— constitucionalmente el derecho al agua, también tenemos que proteger sus fuentes.
Es decir, tenemos que proteger nuestros ríos, tenemos que proteger nuestros humedales.
Santa Fe cuenta con una ley provincial de humedales, que nunca fue reglamentada. Hasta hace poquitos días, cuando se reglamentaron —sin previo aviso y sin mucha comunicación— algunos artículos, cuyo alcance estamos estudiando en este momento.
Este proceso nos obliga a pensar a 10, 20, 30 años hacia adelante. A preguntarnos qué es lo que, cada uno desde su granito de arena, va a dejar sembrado.
Pero sin duda, tenemos que tener muy en cuenta dónde estamos parados ahora y cuáles son las amenazas del contexto.
Ojalá esto pueda ser un antes y un después. Y ojalá esa conjunción de organizaciones —a las que se han sumado y se siguen sumando muchas más—, junto con algunos actores desde lo individual, podamos sentar en este proceso un precedente, un punto de inflexión.
Ojalá que en una provincia donde todo el mundo hace lobby, nosotros también podamos hacerlo. Y que tengamos una voz sólida desde las organizaciones socioambientales, para plantear nuestro propio poder de debate, que yo creo, sinceramente, no es menor.
Estamos ante una situación histórica en la provincia, sin duda. Desde 1962 hasta acá, muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando se estableció la actual Constitución. Esto no quiere decir que la próxima reforma deba esperar otros 40 años, pero ya tenemos un antecedente que marca el tiempo que se toma la provincia de Santa Fe para repensarse.
Muchos de nosotros, cuando se anunciaba o se preveía la posibilidad de esta reforma constitucional, asumíamos con bastante entusiasmo el proceso. Entendíamos que estábamos transitando un tiempo en el que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones políticas habían agendado lo que significa, para una sociedad, tener la posibilidad de poner en discusión cuáles son los principios y las bases que van a ordenar la vida y la organización de esa sociedad.
Yo vengo del campo de las ciencias de la salud —así lo llaman algunos— y quiero aclarar que no soy abogado. Pero como ciudadanos, entendíamos que una Constitución es eso: el lugar donde se escriben y se acuerdan los principios que nos van a permitir organizarnos socialmente.
Como bien se ha dicho —y lo hemos repetido en muchos espacios—, lamentablemente no fue un proceso participativo. No fue un proceso de discusión. No se generaron canales previos a los procesos de definición de listas y de elección de convencionales constituyentes para que pudiéramos tener espacios de encuentro: entre movimientos sociales, entre los espacios académicos y científicos, entre los decisores políticos, entre quienes pretendían ser candidatos y luego resultaron electos.
Así, no llegamos a una elección de convencionales ni a una reforma con una discusión profunda acerca de sobre qué pilares íbamos a organizarnos. Lo que debería haber sido una elección en función del perfil deseado para la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, terminó siendo una elección desprovista de esa discusión fundamental.
A nuestro entender, eso no ocurrió. Por muchos motivos, no ocurrió. Y lo que terminamos teniendo fue un proceso electoral donde lo que menos se discutió fueron justamente los principios con los cuales vamos a organizar nuestra sociedad en el futuro.
Hoy, por ejemplo, a menos de un mes —a 20 días— del inicio de la Convención Constituyente, me animo a decir que, de los 69 convencionales, más de la mitad no tiene idea de cuál va a ser el reglamento con el que tendrán que funcionar. Me animo a decir que probablemente unos 33 ya lo tienen claro.
Y no es una suposición. Estuve el martes en Santa Fe, en una actividad organizada por colegas de la Universidad Nacional del Litoral, donde una convencional constituyente del sector mayoritario en un momento dijo: "Bueno, nosotros la semana que viene, cuando aprobemos el reglamento…" ¿Cómo? ¿Ya lo tienen resuelto? Si recién, empieza el 14 la convención... Pero sí, la semana que viene ya lo tienen resuelto.
Yo no soy abogado, insisto. Pero alguna vez escuché eso de "confesión de parte..." Me parece que, en ese contexto, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, desde los espacios académicos y desde los movimientos sociales, con la preocupación puesta en la salud de nuestros territorios, para identificar cuáles son los poros a través de los cuales podríamos permear las distintas estructuras que hoy se presentan como bloques en la Convención.
La idea es lograr que se discutan algunos temas. Nosotros elaboramos un documento con principios generales. Sabemos que no vamos a lograr una Constitución que contemple el 100% de ellos. Pero no vamos a pedir menos que esto. Y no vamos a trabajar por menos que esto.
Después, claro, definirán los convencionales. Pero nosotros, al menos desde el espacio al que pertenezco —el Instituto de Salud Socioambiental y la Asociación Civil Salud Socioambiental—, como espacio académico y como parte de la sociedad civil, no vamos a aceptar menos que esto.
¿Y por qué? Porque para poder tener vida, necesitamos tener la posibilidad de transitar saludablemente nuestra vida. Y para eso, necesitamos territorios saludables.
Entonces, el primer punto: ¿por qué planteamos una Constitución Ecosocial? Porque no podemos seguir sosteniendo la idea de que lo ambiental está por un lado y lo humano por otro.
Pensar en una Constitución Ecosocial es comprender —en el siglo XXI— que ya no hay margen para esa mirada fragmentada de los inicios de la modernidad, de hace más de 300 años, que planteaba que el hombre era una cosa (y era, en todo caso, el hombre macho europeo) y que el resto era algo externo: un medio ambiente curioso que andaba dando vueltas.
Tenemos que reconocernos como parte del ambiente. La biología lo ha demostrado. No podemos seguir sosteniendo esa fragmentación: ser humano vs. ambiente. Ahí está, para nosotros, el eje de la importancia de pensar una Constitución en clave Ecosocial.
Quedarnos con una Constitución que simplemente incorpore el artículo 41 de la Constitución Nacional como el máximo logro en el siglo XXI —ya transitado su primer cuarto— sería desperdiciar una oportunidad histórica de convertirnos en una provincia de avanzada, en un contexto mundial marcado por la crisis climática.
Crisis climática que va de la mano con la crisis de los combustibles fósiles. Aunque no lo parezca, están en crisis. Si uno mira las noticias internacionales de las últimas semanas, puede entender el sentido de muchos de los procesos bélicos que hay a nivel global.
Y un tercer elemento clave es el de reconocernos como sujetos que conformamos territorios hidrosociales. Pensar una reforma constitucional en Santa Fe —una provincia que es, sin duda, un territorio hidrosocial— implica discutir cuestiones que creíamos ya saldadas, como el derecho al agua.
Santa Fe tiene una ley ejemplar a nivel nacional, que en su primer artículo reconoce el agua como un derecho humano. Sin embargo, esa ley quedó virtualmente fuera de juego cuando, el año pasado, se aprobó el presupuesto provincial con una cláusula que adhiere al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Este régimen establece que ninguna cláusula provincial o municipal puede contradecir lo que allí se plantea.
Ese régimen nacional incluye un artículo que dice que los insumos necesarios para el funcionamiento de las industrias incorporadas al RIGI son prioritarios para esos emprendimientos. Y los dos principales insumos de cualquier emprendimiento son el agua y la energía.
Por eso creemos que estamos ante una posibilidad histórica: lograr que Santa Fe sea la primera provincia en reconocer el derecho al agua como derecho constitucional para las comunidades que habitan su territorio. No hablamos solo del acceso al agua, que permitiría que una empresa gestione su distribución y cobre al Estado cuando alguien no pueda pagar. Hablamos del agua como elemento vital, como un bien no comercializable ni mercantilizable.
Queremos una cláusula constitucional que diga explícitamente que, en la provincia de Santa Fe, el agua no puede ser un bien comercial. Que los constituyentes tengan que mirar a sus hijos a los ojos y decir si van a votar en contra de que el agua sea un derecho para la vida.
Creemos también que la energía debe consagrarse como un derecho de las comunidades. La biología nos enseñó que nuestros cuerpos funcionan gracias a la energía: respiramos, tomamos agua, comemos, para producir la energía que da vida a nuestras células.
Entonces, son dos elementos clave que tenemos que intentar instalar en la agenda de todos los bloques y convencionales constituyentes: agua y energía como derechos esenciales.
Otro aspecto fundamental: los modos de producción instalados en nuestra provincia son, en muchos casos, responsables de los problemas de salud que sufren nuestras ciudadanas y ciudadanos. Lo hemos demostrado, está evidenciado y publicado en revistas científicas internacionales. Existen trabajos que han demostrado cómo han cambiado los perfiles epidemiológicos —es decir, las formas de enfermar y morir— de las personas que viven en pueblos rodeados por modelos de producción dependientes de beneficios extractivos.
Por eso, quizás la Constitución de la Provincia de Santa Fe deba garantizar el derecho a la producción para quienes son de la provincia y producen en ella, respetando los ciclos vitales, los territorios y la salud de las comunidades.
Y, finalmente, otro punto que creemos importante: como movimientos socioambientales y como espacios académicos, en un proceso donde no está claro si quienes no fuimos electos convencionales vamos a poder participar a partir del 14 de julio, creemos que tenemos la posibilidad de generar una movilización colectiva que ponga en agenda de la sociedad los temas que se van a estar discutiendo en las cuatro paredes de esa convención.
Tenemos que advertir dos cosas. Por un lado, necesitamos un núcleo de derechos que deben ser discutidos y rediscutidos. Y, por otro, debemos estar muy atentos a los mecanismos institucionales.
Dicho en términos no académicos: los derechos son el bacalao, y los mecanismos institucionales definen quién, cómo y cuándo corta el bacalao.
Si solo nos concentramos en los derechos y no prestamos atención al apartado institucional de la Constitución, corremos el riesgo de tener un texto lleno de declaraciones hermosas... que no podremos implementar nunca.
Escuchá a la y los participantes acá:
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