domingo, 27 de agosto de 2017

Jones Huala: Lanata vino a provocar. No fue un debate, me vino a tomar el pelo

Facundo Jones Huala está preso en Esquel, Diego Rojas lo entrevistó luego de su encuentro con Jorge Lanata. Las operaciones estatales y mediáticas sobre Santiago Maldonado y los mapuches
Por: Diego Rojas @zonarojas
En Esquel, una pequeña ciudad al pie de las montañas del noroeste de Chubut, se encuentra preso Facundo Jones Huala a la espera de que la Justicia decida por el pedido de extradición realizado por el gobierno de Chile. Jones Huala es el lonko -es decir, el líder- de la comunidad Pu Lof Cushamen, que en marzo de 2015 recuperó y se instaló en unas tierras cuyos títulos de propiedad dice tener el grupo latifundista italiano Benetton, pero que los mapuche reclaman como suyas. Allí fue visto por última vez con vida Santiago Maldonado el 1 de agosto, luego de que un operativo represivo desalojara el corte de ruta en protesta por la detención de Jones Huala y de que Gendarmería ingresara en la comunidad a los tiros, momento en el que detuvo a Maldonado y se lo llevó para que -hasta hoy- no se supiera más de él. Prensa Obrera dialogó con el lonko Jones Huala sobre su situación. El día anterior había sido entrevistado por Jorge Lanata, que había sido parte del operativo estatal que pavimentó la represión de la gendarmería, ya que antes de la desaparición de Maldonado y en concordancia con hechos represivos sobre los mapuche previos al 1 de agosto, preparó un informe sobre una supuesta guerrilla mapuche. También sobre este encuentro abrevó la entrevista.

¿Cuál es su situación de detención?
Se trata de una detención política hecha por un acuerdo político entre los Estados de Argentina y Chile. Es un nuevo Plan Cóndor. Dos veces juzgado por la misma causa por presión de la Sociedad Rural. Se trata de un plan conjunto en base a acuerdos bilaterales. Es una reedición del Plan Cóndor o de la pacificación de la Auraucania del siglo XIX. Hay un intento de caratular mi detención como si correspondiera a un delito común, sin embargo, en lo mediático y en declaraciones y procedimientos políticos la plantean como propia de los estándares del terrorismo, podrían aplicar la ley chilena de antiterrorista, es a las claras una detención política. La prensa chilena de derecha vincula mi detención a la supuesta violencia mapuche. Incluso el fiscal chileno reconoció que se trata de una cuestión política, habla del conflicto político pero a la hora de la justicia quieren juzgarme como un delincuente común.

¿Qué diferencia implica una y otra denominación en la decisión sobre su extradición?
La justicia argentina no determina la existencia o no del delito que la justicia chilena investiga, sino que debe pronunciarse si corresponde la extradición. Ya fui liberado porque la acusación sobre mí se montó sobre la base de torturas a los testigos. Esto lo determinó el juez de Esquel, Otranto. Ahora otra vez piden mi extradición. Están juzgándome dos veces. Pero deben definir si se trata de una situación política y, en ese caso, negar la extradición. Y esto es así. Además, tengo la opción de pedir ser juzgado en la Argentina si quisiera. Pero la justicia local no decide sobre la acusación, sino sobre el orden de la acusación. Soy un preso político, es una causa política, no deben extraditarme. Este juicio está viciado de nulidad.

¿Cómo cree que se resolverá la cuestión de su extradición o no?
Creo que depende de la movilización política y social, del pueblo mapuche y de todos los grupos y organizaciones. Se trata de torcerle el brazo al poder. Se trata de un hecho político. Si logramos torcerle el brazo vamos a evitar que situaciones políticas sean juzgadas como crímenes comunes. Y vamos a vencer a esta ley de extradición.

Usted fue entrevistado por Jorge Lanata, ¿cómo evalúa esa entrevista?
Primero, rompieron un acuerdo. Yo había pedido que me entrevistara en vivo, pero no lo hizo, de todos modos respondió. Entonces accedí a la entrevista, pero acordé con la productora que charlaríamos antes unos minutos sobre cómo sería la entrevista ya que no era en vivo. Lo recibí, lo saludé y no sabía que ya estaba grabando, porque no era el acuerdo, pero decidí seguir, podría haberme levantado e ido, pero eso habría hecho que Lanata dijera que era un violento que no aceptaba una entrevista, cuando él sabía que no había respetado un acuerdo. Igual me quedé.

¿Cómo se desarrolló el encuentro?
Lanata vino a provocar. No fue un debate, me vino a bolacear, a tomar el pelo. Yo aproveché ese rato para plantear nuestra posición. En un momento me trató de “oligarca”.

¿En qué sentido?
Yo le explicaba que no eramos mapuche por elección, sino que era por un linaje, una cultura. “Ah, como la oligarquía, vos sos oligarca”, me dijo. Pero no se puede comparar una cultura con una clase social. Nuestra lucha es de pueblo, nacional y cultural. Hay lucha de clases y no es un insulto que nos digan clasistas, como me dijo Lanata. Yo no sabía si me estaba piropeando o qué. En un momento le dije: “Hace quince años yo te vi llamando a la rebelión, ¿por qué cambiaste?”. Y me respondió: “La situación era otra, ahora estamos bien”. Eso me dijo. “Vos porque tenés ese reloj”, le dije, “yo tengo las mismas alpargatas desde que entré al penal. Para vos es distinto, yo trabajaba en la construcción, eso es ser un obrero”.

¿Cómo era su trato hacia usted?
Lanata quería mostrarme como el violento o el subalterno. Me parece importante que se note cómo quiere mostrar esa imagen subalterna. Sigue pensando que los indios somos mano de obra. “Sos una persona inteligente, pero te falta leer mucho”, me dijo fuera de cámara. Después me dijo: “Quién te creés que sos, ¿Sartre?”. Qué forro.

¿Qué piensa sobre la desaparición de Santiago Maldonado?
Están negando una desaparición forzada. Lo más jodido es que nosotros, con todo el hostigamiento y la represión, nos preparamos para esto. Nos preparamos psicológicamente para la cárcel, hemos pasado un montón de situaciones, Pero cuando le pasa a una persona que vino en solidaridad, ajena al conflicto, te pega de otra manera. Si hubiera pasado con alguno de los miembros de la comunidad, nos hubiera pegado mucho, claro. Pero como no era un miembro de la comunidad, nos pega más. Lo importante es recalcar que era una persona consciente, que se quedó frente a la represión y que se lo llevaron. Dicen que era anarquista. Yo soy crítico del anarquismo, pero respeto esa identidad. El era un militante social que apoyó la causa del pueblo mapuche. Es importante rescatar eso.

¿Hablaron con Lanata sobre el tema?
Para él no hubo desaparición forzada. “Esto no es como la ESMA”, me dijo, “no es un plan sistemático”. Pero nadie dice eso. Yo le creo a mi gente que dice que vio cuando Gendarmería se lo llevó. Bullrich nos declaró “enemigos internos” desde el año pasado y Pablo Noceti estuvo dirigiendo el operativo. Fue una desaparición con responsabilidad del Estado.

En su columna de Clarín del sábado, Lanata decía que ustedes querían volver al siglo XVIII, a la poligamia
(Ríe) La folklorización de nuestra cultura tiene el objetivo de quitar la explicación. Los mapuche tenemos un bagaje cultural y espiritual. Hoy es un tabú la poligamia. Pero no entre los mapuche no era sólo de un lado. Hombres y mujeres podían tener varias parejas. Es en los últimos años que la influencia católica hizo que todo esto sea tabú. En nuestra cultura existe desde siempre el divorcio. La homosexualidad no fue nunca condenada. Los viejitos cuentan que había homosexualidad y no se mataba a la gente por gay. Esos tabúes tienen que ver con occidente y su cultura.

En los últimos días hubo actos que el gobierno señaló como responsabilidad de los mapuche. ¿Qué piensa sobre esto?
Hay varias situaciones en que fue la policía, no nosotros. Otras protestas las reivindicamos, claro. Pero el gobierno dice que los actos violentos son de los mapuche para generar el repudio de la población. Una vez hubo un corte que nos atribuyeron pero no era nadie nuestro, muy violento. Por ahí fue la patota de los terratenientes, pero no nosotros. Son operaciones para embarrarnos.
Fuente: Prensa Obrera
Ver anterior: Jones Huala: "Desafío a Jorge Lanata a entrevistarme en vivo"

Google devuelve fondos a anunciantes víctimas de "fraude publicitario"

Google comunicó a cientos de compañías que algunos anuncios comprados mediante su plataforma DCBM habían sido expuestos a tráfico "inválido" en ciertas páginas web, un asunto que suele resolver dando pequeños créditos a sus anunciantes
La tecnológica Google ha devuelto fondos a algunos anunciantes afectados por un "fraude publicitario" que situaba sus anuncios en páginas con un falso tráfico generado a través de programas automatizados o robots, informó el viernes The Wall Street Journal.

El diario cita fuentes cercanas a la situación que no especificaron las cantidades devueltas, aunque algunos anunciantes señalaron que la cifra alcanza desde unos pocos dólares hasta "cientos de miles" debido a las dimensiones del fraude, más amplio de lo habitual.

Google comunicó a cientos de compañías en las últimas semanas que algunos anuncios comprados mediante su plataforma DoubleClick Bid Manager (DCBM) habían sido expuestos a tráfico "inválido" en ciertas páginas web, un asunto que suele resolver dando pequeños créditos a sus anunciantes.

Esta plataforma posibilita subastas de anuncios entre páginas y anunciantes a tiempo real, y conecta en cuestión de segundos con docenas de intercambios publicitarios, lo que permite a las firmas captar audiencias en numerosos sitios web.

Google ofreció a las víctimas devolverles la tasa que les cobra por el uso de DCBM, que suele ser de hasta el 10 % respecto al total invertido en la compra de anuncios, lo que no ha satisfecho a algunos ejecutivos del sector publicitario por representar solo una pequeña parte de las pérdidas.

Los afectados en este caso sufrieron el fraude publicitario este año en el segundo trimestre, especialmente, y el tráfico "inválido" impactó en anuncios situados en vídeos, que suelen ofrecer más atractivo a los timadores por sus elevadas tarifas.

Según CNBC, la devolución de dinero sugiere que esta tecnología de Google, que compra anuncios automáticamente, puede ser más propensa al fraude de lo que preveía la firma, que ya tiene en desarrollo algunas herramientas para ofrecer mayor transparencia a sus anunciantes.

Este problema preocupa al sector del marketing, ya que si se descubre demasiado tarde, es difícil que los anunciantes recuperen el dinero invertido en las páginas con tráfico falso y generado por robots.

Según un informe de la Asociación Nacional de Anunciantes, este año el sector prevé perder unos 6.500 millones de dólares debido a este tipo de incidentes, por debajo de los 7.200 millones que estimó en 2016.
Fuente: Agencia EFE

sábado, 26 de agosto de 2017

Trabajadores de Clarín unidos en rechazo a los retiros “(in)voluntarios”

Reunidos en asamblea este jueves 24/08, los trabajadores de AGEA/Clarín votamos de forma unánime el apoyo incondicional a los compañeros intimados por distintos jefes para que adhieran al retiro "(in)voluntario" y el rechazo a esas presiones, las cuales interpretamos como veladas amenazas de despidos.
También resolvimos solicitar, una vez más, que la gerencia periodística realice una reunión con todo el sector, en la que brinde explicaciones sobre los retiros en particular y sobre el rumbo de la empresa en general.

Por último, nos sumamos a la campaña en solidaridad con los despedidos del Diario Los Andes (propiedad del Grupo Clarín), y al reclamo urgente por la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Asamblea de AGEA/Clarín

Los trabajadores de Clarín rechazan aprietes patronales para aceptar retiros
La asamblea de trabajadores de AGEA-Clarín “votó de forma unánime el apoyo incondicional a los compañeros intimados por distintos jefes para que adhieran al retiro ‘(in)voluntario’ y el rechazo a esas presiones. Las interpretamos –dice un comunicado de la Comisión Interna- como veladas amenazas de despidos”. Se planteó iniciar una campaña bajo las consignas "Sin periodistas no hay periodismo” y "Basta de retiros (in)voluntarios".

Este nuevo rechazo mantiene una línea de continuidad con las medidas de lucha del año pasado (quites de firmas, cortes de calle, cacerolazos), una rebelión interna que tuvo como lema: “Pagame por quedarme y no porque me vaya”.

La política de los retiros voluntarios, que se cuentan por cientos dentro de las redacciones de Clarín, acompaña el plan de la ‘convergencia’: se trata de un esquema que, bajo la bandera de la “vanguardia tecnológica”, multiplica la producción con menos trabajadores, precarizados y multifuncionales, en medio de la coexistencia del formato papel y la web.

En la naturaleza de este modelo hay un proceso de descalificación del oficio periodístico. La política de la ‘convergencia’ no es producto del extraordinario avance de la ciencia y la tecnología, sino una reorganización de los medios masivos de comunicación como rescate capitalista ante la crisis.

Esta ofensiva de la patronal de Clarín se enmarca en un ataque de las patronales en todo el gremio, con despidos en el Grupo Crónica de los Olmos; el cierre del Buenos Aires Herald; el vaciamiento en Radio del Plata; la falta de pago del aguinaldo en Perfil; el retraso y la censura en Ámbito Financiero; la falta de pago del aumento salarial de convenio en Página 12 y, más allá de Buenos Aires, con los despidos en el diario Los Andes de Mendoza.

Tras la importante jornada de lucha del Sipreba en todas las redacciones durante la primera semana de agosto —con asambleas y reclamos— es necesario sumar más fuerza con la convocatoria a un nuevo plenario abierto de delegados y trabajadores de prensa para decidir nuevas medidas de lucha de conjunto en el gremio.

La asamblea reclamó la urgente aparición con vida de Santiago Maldonado. Lo hizo a través de una foto colectiva, tomada en medio de la redacción, con carteles que apuntaban: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”.

El pronunciamiento de los trabajadores de Clarín por Santiago -cuya desaparición forzada es responsabilidad de la Gendarmería de Patricia Bullrich tras la represión en Lof Cushamen-, vuelve a poner de manifiesto que los trabajadores de Prensa y las empresas en las que trabajan (las líneas de editoriales, las operaciones políticas) no son lo mismo. Ahí sí hay una profunda grieta.
Fuente: Prensa Obrera

Macri abre el camino a Movistar TV y Claro TV Satelital

Lo revela Fernando Krakowiak, en PáginaI12: El Gobierno tiene decidido habilitarlas para que puedan brindar televisión vía satélite. El objetivo es equilibrar la cancha luego de que la fusión Telecom/Cablevisión dejara al Grupo Clarín mejor posicionado de cara a la competencia que viene. La flexibilización incluiría exigencias para que igual expandan su red de fibra y protección para pequeñas localidades
El secretario de TIC, Héctor Huici, es quien impulsa la flexibilización que beneficiaría a las telefónicas
El Gobierno tiene decidido habilitar a las telefónicas para que puedan brindar televisión vía satélite. El objetivo es equilibrar la cancha luego de que la fusión entre Telecom y Cablevisión dejara al Grupo Clarín mejor posicionado de cara al escenario de competencia que se abrirá en enero. La flexibilización incluiría exigencias para que igual expandan su red de fibra óptica y protección para pequeñas localidades. Todavía queda por resolver qué condiciones pondrá el gobierno para aprobar la fusión. Una posibilidad en carpeta es que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) obligue a Telecom/Cablevisión a desinvertir en la provincia de Córdoba donde la firma concentrará cerca del 95 por ciento del negocio de banda ancha.

Las telefónicas sostienen que una vez autorizada la fusión la única empresa que estará en condiciones de brindar cuádruple play (telefonía fija, móvil, televisión paga y banda ancha) en el corto plazo es Telecom-Cablevisión porque la red de las telefónicas es fundamentalmente de cobre y no resiste un paquete de señales audiovisuales. Por eso reclaman poder brindar televisión por satélite. Del lado de Cablevisión responden que ellos tienen una red mejor porque invirtieron en fibra óptica, mientras que las telefónicas no lo hicieron. A su vez, remarcan que si se habilita a las telefónicas a dar televisión satelital nunca invertirán en fibra óptica. Las telcos responden que no invirtieron en fibra porque tenían prohibido brindar televisión y que ahora están dispuestas a hacerlo pero no lo pueden concretar antes de fin de año para competir de igual a igual en las ciudades donde estarán habilitadas para brindar televisión paga.

El secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Héctor Huici, es quien tiene a cargo la negociación destinada a darle luz verde a las telefónicas en el segmento satelital, con el respaldo del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. A su vez, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, de quien depende formalmente Huici, sumó a la mesa de negociación a Raúl Martínez, secretario de País Digital y flamante director de Arsat, ya que mira a Huici con cierta desconfianza. La habilitación incluiría dos exigencias: 1) prohibición para operar en las localidades más pequeñas para proteger a las pymes (probablemente, el corte sea las localidades de menos de 80 mil habitantes); y 2) exigencias de inversión para que las telefónicas avancen con el despliegue de su red de fibra óptica.

Entre algunos funcionarios del gobierno, por ejemplo, hay malestar con Telefónica Argentina porque consideran que no invirtió lo suficiente ni durante el kirchnerismo ni después. Por lo tanto, una posibilidad es que busquen asegurar esa inversión obligando a las telcos a destinar una parte de la facturación que les ingrese por la televisión satelital a la expansión de su red de fibra. Si finalmente se decide avanzar, la habilitación debería salir por DNU ya que la prohibición figura en el artículo 10 del DNU 267/15.

El desembarco de las telefónicas a través del satélite no preocupa tanto al Grupo Clarín sino a empresas de rango medio como Supercanal (Daniel Vila) y Telecentro (Alberto Pierri), quienes por lo bajo amenazan con recurrir a la Justicia para frenar esa apertura.

Otro punto clave de la agenda oficial en materia de comunicaciones son las condiciones que se le fijará al Grupo Clarín para aprobar la fusión Cablevisión/Telecom. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) no le pondrá obstáculos a la operación, trasladándole la responsabilidad de intervención a la CNDC. Luego de que las asambleas societarias de ambas firmas aprueben la operación, Telecom y Cablevisión tendrán una semana para notificar la fusión a la oficina antimonopolio. El punto más conflictivo se concentra en el negocio de internet por banda ancha donde la nueva compañía pasaría a controlar casi el 60 por ciento del mercado con localidades donde se transformará en el único oferente del servicio. Un caso extremo es el de Córdoba donde concentra cerca del 95 por ciento de las conexiones por banda ancha. La intención de Huici es obligar al Grupo Clarín a desinvertir en esa provincia, pero el Grupo resiste con el argumento de que en Córdoba no está vedado el ingreso para el que quiera entrar a competir.

También está pendiente de revisión el límite de espectro por empresa. Telecom/Cablevisión concentraría en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y también en otras zonas del país, cerca de 230 Mhz y el límite actual es de 140 Mhz. Cuando todavía era ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró públicamente que la intención era subir ese techo a 180 Mhz, pero las telefónicas le hicieron saber al gobierno que sería una desprolijidad elevar el tope justo ahora que Telecom/Cablevisión va a quedar claramente por encima. Fuentes del sector sostienen que Huici es partidario de mantener el techo en 140 Hhz, lo que obligaría a Clarín a desprenderse de una porción importante de ese activo, pero la negociación está abierta.
Fuente: Página12

viernes, 25 de agosto de 2017

Edita Ámbito: El "pack fútbol" se lleva entre 7% y 14% de los ingresos en los hogares medios

El experto en políticas de comunicación y planificación de gestión pública Diego Rossi advirtió que la reprivatización de las trasmisiones de los partidos de fútbol de Primera División "agranda la brecha comunicacional" entre los argentinos y beneficia a los oligopolios
A través de un análisis titulado "Fútbol no apto para pobres", el licenciado en Comunicación Social de la UBA, determinó que la obligatoriedad de pagar para ver los encuentros genera exclusión. "El criterio de comunicaciones convergentes aplicado por el Gobierno y la AFA al fútbol ha construido consumos digitales restringidos para pocos, lo cual constituye un parámetro regresivo en la garantía del derecho a la comunicación", explicó el profesor universitario.

Rossi asegura que a pesar de la TDA y algunos artículos de la Ley de Medios todavía vigentes, que buscan garantizar el servicio de TV gratuito para todos los argentinos, hay familias que optan por contratar un abono a un servicio aún en hogares con necesidades básicas insatisfechas. "La televisión paga es parte creciente del destino mensual de los ingresos de asalariados y cuentapropistas", señaló el asesor legislativo, y llamó la atención de que muchos usuarios se quejan de los tarifazos de luz, agua o gas, pero no del costo de los contenidos audiovisuales.

El especialista en comunicación no dejó de remarcar que los argentinos van a contramano de la tendencia mundial, de dar de baja a la suscripción al cable o TV satelital, y en cambio se mantienen "estables" la cantidad de conexiones. Rossi estimó que entre 80% y 82% de los hogares pagan por ver televisión, lo que representa unos 11 millones de clientes, sin incluir las plataformas on the mand, como Netflix. Cablevisión detenta el 40% de este mercado, con 2,25 millones de abonados. En los primeros seis meses del año perdió 10.000 y el número crece.

Según un informe de la consultora The Competitive Intelligence Unit del primer trimestre de 2017, en la Argentina el promedio del paquete de TV por suscripción es uno de los más caros de América Latina: $ 637 cuesta el analógico de Cablevisión, $ 855 el pack HD y $ 890 Direct TV. "En conjunto marcan un promedio de u$s 52 por mes", destacó Rossi, en base a THE-CIU.

Pero para ver el fútbol de Primera se requiere un abono HD (alta definición), por lo que esta situación "empuja a quienes tienen los abonos de menor precio de TV de pago, hacia combos, promociones u ofertas empaquetadas que elevan" el gasto. Por ejemplo, si se toma el abono más económico de Cablevisión (el analógico de $ 637), se le debe agregar un plus de $ 242 de "mantenimiento" del HD, más el "Pack Fútbol" de $ 300 por mes. Total: $ 1.179. En ciudades como Río Cuarto, Oberá o Santa Rosa la competencia con operadores locales o cooperativas es mayor y el costo es menor. En la capital de La Pampa el abono básico cotiza $ 495. Su principal competidor, la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, lo ofrece por $ 229 más $ 25 por el decodificador.

THE-CIU subrayó además que en la Argentina, a pesar de los altos precios y el menor número de canales ofrecidos, la proporción del gasto en abono básico de televisión por suscripción se calcula en 3,2% en relación al ingreso per cápita. Pero para Rossi ese dato está incompleto. "El indicador ingreso per cápita no alude a personas de carne y hueso", señaló.

Por ese motivo, lo comparó con el ingreso total familiar medio en aglomerados urbanos que mide el INDEC, que en el primer trimestre alcanzó $ 23.468. En los sectores de menos recursos (deciles más bajos) el ingreso medio disminuye escalonadamente a $ 16.727, $ 8.358 y $ 4.531. "Para estos hogares, acceder a contenidos audiovisuales pagos como el fútbol representa no menos del 7% de sus ingresos mensuales", alertó el académico.

Si se toma la Canasta Básica Total de julio pasado, cuando una familia de dos adultos y dos menores en edad escolar necesitó $ 15.024 para no ser pobre, el costo del pack fútbol se llevaría el 7,8% de sus ingresos mensuales.

Y si se compara con los datos del informe "La desigualdad en el ingreso de los ocupados", del CIFRA-CTA, un empleado en blanco que trabaja al menos 35 horas por semana y recibe menos de $ 12.000 por mes debería destinar más del 9,8% para disfrutar de los partidos de la A. Para los asalariados no registrados, que perciben unos $ 8.000 promedio, el porcentaje de sus ingresos destinado al fútbol sube a 14,7%.

Con estos números, Rossi aseveró que para ver los goles en vivo y en directo "buena parte de estas argentinas y argentinos de bajos ingresos debería recurrir a estrategias asociativas o de ajuste de otros consumos si decidiera pagar para ver contenidos audiovisuales, incluyendo el fútbol".

En esa línea, recordó que la redistribución del ingreso no se produce sólo en términos de salario, sino también de accesibilidad a bienes culturales, educativos, recreativos y de conocimiento y consideró que "el cambio de modelo de comercialización de transmisiones, constituye un retroceso o regresión de derechos en los servicios de comunicación audiovisual".

Rossi aseguró que esta práctica es el resultado de la aplicación de políticas públicas contrarias al esquema doctrinario al cual adhirió la Argentina por medio de la Ley 23.054 y por la falta de regulación. ¿Por qué si en Estados Unidos se atiende a las tendencias de los cord-cutters (cortadores de cable) o los shavers (recortadores del cable), acá el abono del fútbol viene "atado" a la televisión de pago?, se preguntó.

Y se respondió: "Mientras el discurso de la librecompetencia del Gobierno actual favorece a los prestadores TIC, en este caso se alinea con los tiempos y las formas de los principales interesados en ser parte mediadora del negocio", en referencia a FOX, Tuner y el Grupo Clarín.

"El fútbol para pocos resulta entonces, una nueva forma de disciplinamiento hacia el pago por visionado de contenidos de interés masivo, donde resulta esperable para las autoridades públicas y corporativas que los excluidos asuman o resuelvan su incapacidad de estar a la altura de la nueva 'Canasta Básica de Consumos Audiovisuales", concluyó.
Fuente: Ámbito.com

Aclara el ENaCom que el canal provincial no se puede “privatizar o vender”

“En función de la legislación Nacional que da origen a la instalación y funcionamiento de esta emisora (LU85 Canal 9 Santa Cruz)”, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), delegación Santa Cruz aclaró que “es improcedente la privatización de la misma en función de su carácter público”
De este modo el organismo nacional dejó en claro la situación, en medio de los rumores y versiones sobre una supuesta privatización o venta de la emisora de televisión Abierta Estatal provincial.

Desde el ENaCom, se explicó que la aclaración se da “ante la cantidad de inquietudes recepcionadas directamente en nuestra delegación por parte de los trabajadores en cuestión; medios y vecinos de la localidad, respecto a la situación que atraviesa Canal 9.

Además se dejó en claro que “ las autorizaciones no son transferibles al sector privado, esto lo establece la Ley N ° 26.522. que regula el servicio de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina.

Respeto
“Un canal del estado es un bien público cuyo uso y disfrute puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano sin distinción, respetando la equidad y la igualdad”, enfatizó ayer Vanesa Posse, titular de la delegación provincial del ENaCom.

De este modo la funcionaria salió a explicar el contexto y a llevar tranquilidad a la comunidad y a los trabajadores del sector.

Vale mencionar que desde que se profundizó el conflicto en el canal provincial, creció la inquietud ante las versiones de un posible pase a manos privadas. “El espectro es patrimonio público y el Estado debe administrarlo conforme a los criterios que garanticen la pluralidad”, remarcó la funcionaria quien además aludió a la legislación vigente en esta materia.

“Las autorizaciones, las licencias, deben ser razonables y otorgar oportunidades para todos.

Los medios públicos deben respetar y asegurar el pluralismo político, y socio cultural, deben garantizar la diversidad de voces, y deben tener un alcance federal y de interés público, porque vivimos en una sociedad Democrática”, puntualizó la delegada del ENaCom, Vanesa Posse.
Fuente: Diario + Prensa

jueves, 24 de agosto de 2017

Sale competencia directa a DirectTV: 117 canales por $ 609.-

En el negocio de la televisión satelital asoma un nuevo jugador que desde hace unos días comenzó una fuerte campaña en redes y que planea pisar fuerte en Córdoba. Se trata de in TV que ofrece un paquete que incluye una grilla similar al líder (¿un commodity?) de la categoría por un precio algo menor
El tiempo dirá si pude comerle mercado a DirectTV, el “genérico” de la televisión satelital en nuestro país. Sus distribuidores aseguran que sí y que cuando en poco tiempo más sumen internet a su combo serán más fuertes en zonas donde la conexión por fibra óptica no llega.

El caballito de batalla de in TV es su pack de 117 canales (que incluyen algunos de HD) a $609.- mensuales. “Además permite pausar, grabar y rebobinar programas en vivo, almacenar sin límites la programación y disfrutar de los contenidos grabados en todas las teles de tu casa”, explica una agradable vendedora a la que consultamos.

El precio es algo menor al de DirectTV, cuyo servicio básico consta de 125 canales por $ 890 pero que si el pago es con tarjeta de crédito y se contrata al menos 6 meses de servicio se obtiene un descuento de entre $ 250 y $ 350, dependiendo el plástico con que se pague. (ver precios, aquí)

La grilla de in TV es muy similar a la de su competencia (podés verla acá) y desde la empresa ofrecen la instalación en hasta 48 horas.

El servicio de in TV opera desde 2010 como parte de la Red Intercable, una asociación de 240 pequeños y medianos operadores de TV por cable de Argentina, que hasta fines de 2015 usaba únicamente la capacidad del satélite Galaxy 28 de la compañía Intelsat, con base en Luxemburgo.

Pero desde hace casi 2 años se subió al Arsat-2 , que puede brindar servicios de TV, internet y datos a toda Latinoamérica.
Fuente: El diario de Infonegocios

Ordenan detener al expropietario de Tiempo Argentino y Radio América

Se trata de Mariano Martínez Rojas, es en una causa por lavado de dinero, "La estafa ocurrió por un auto de alta gama vendido y cheques sin fondos que le dieron a Hugo Sotelo Bertschinger, un amigo de Martínez Rojas", informó el abogado querellante, Néstor Javier Irazusta
El juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich libró orden de captura nacional e internacional contra el empresario Juan Mariano Martínez Rojas, ex dueño del diario Tiempo Argentino y de radio América, en una causa que lo investiga por maniobras de lavado de activos por unos 300 millones de pesos a través de empresas "fantasma" creadas para sacar ese dinero del país.

Según informaron fuentes judiciales, el empresario no había sido localizado hasta esta mañana, aunque indicaron que se encontraría en Estados Unidos.

El magistrado detuvo además a una mujer implicada en los hechos y citó a declaración indagatoria al gerente de un banco local cuya identidad no se informó aún.

La investigación se abrió por denuncia del actual titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, tras detectarse maniobras ilegales con las declaraciones Juradas Anticipadas de Exportación que comenzaron a confeccionarse mientras rigieron las restricciones a la salida de dólares del país.
Según investiga la Justicia, se habrían creado 56 empresas "fantasma" para simular estas operaciones y confeccionar las declaraciones, y lograr así lavar activos y enviar al extranjero unos 300 millones de pesos que se convertían a dólar.

El empresario, oriundo de Corrientes, se hizo conocido cuando apareció como comprador del diario Tiempo Argentino y de radio América, en 2016, luego de que sus dueños hasta ese momento Sergio Szpolski y Matías Garfunkel entraran en conflicto con el personal por falta de pago de salarios.

Pero el ahora prófugo empresario no asumió la conducción de esos medios de comunicación y, tras su desembarco, se profundizó aún más la situación crítica en esos medios. A partir de marzo del 2016, Tiempo Argentino comenzó a editarse bajo el formato de una cooperativa de trabajadores, mientras que radio América quedó fuera de aire y con sus trabajadores sin haber cobrado salarios ni indemnizaciones.

Mariano Martínez Rojas aceptó contestar algunas preguntas de Infobae desde un lugar que evitó precisar, pero que sería fuera de la Argentina.

Hoy su apellido volvió a ser noticia. Según el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, Martínez Rojas utilizó las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) que estaban vigentes durante el kirchnerismo para comprar dólares y sacarlos del país en la época en la que regía el cepo cambiario.

¿Se va a entregar?
Si no hay garantías, no me voy a entregar.

¿Qué garantías está pidiendo?
Esta causa surge a raíz de la compra de los medios. Cometí un error, que fue comprar los medios. A partir de ahí empezó una persecución hacia mi persona, en la cual me hicieron operaciones de prensa, sufrí amenazas, intentos de secuestro a mi esposa en la cochera del shopping Paseo Alcorta… Y hasta el día de la fecha el Poder Judicial no hizo nada para esclarecer lo que me pasó.

¿Quién lo persigue?
La persecución viene desde un sector que sigue vigente del gobierno anterior. Lo único que intentan es alejarme de mi país, de la compra de los medios y de los medios de comunicación mediante extorsión y el robo de mis empresas. Armaron una cooperativa y se quedaron con mi diario para continuar teniendo presencia en la opinión pública.

¿Se arrepiente de haber ingresado al mercado de medios?
La compra la hice de buena fe. No robé a nadie. No estafé a nadie. Los que se robaron la plata de los empleados continúan caminando por la calle.

La causa por la cual pidieron su detención no está relacionada con la compra de los medios. ¿Cuál es su descargo?
Yo me dediqué al mercado financiero durante muchos años. Me vinculé con mucha gente relacionada a la Aduana, con importadores, con exportadores, con representantes de la Bolsa de Comercio y con sectores vinculados a ciertos gobiernos provinciales del norte del país. Todos tienen mucho miedo de cualquier declaración que yo pueda hacer.

¿A qué gobiernos se refiere?
Por ahora no voy a hablar más. Mi abogado (Alejandro Sánchez Kalbermatten) ya está en contacto con el juez. Él va a manejar todas las situaciones judiciables. Con el pasar de los días, voy a aclarar punto por punto. Voy a aclarar mi situación y voy a dar nombre y apellido de cada una de las personas que están vinculadas a estos temas.

Pese a la insistencia de Infobae, Martínez Rojas se disculpa y reitera antes de interrumpir la comunicación: "Quiero dejar en claro que esto es una persecución política de un sector del gobierno anterior que sigue vigente en el Poder Judicial".

El ex empresario que podría revelar la fachada que se escondió detrás de Szpolski
Martínez Rojas accedió a documentación sobre quiénes eran los verdaderos dueños de algunos medios kirchneristas.
Por: Alejandro Alfie
Cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el gobierno, se desintegró el Grupo 23, que había sido el mayor multimedio kirchnerista, subsidiado durante una década con dinero de la publicidad oficial.

En el mes de enero de 2016, Sergio Szpolski le transfirió Radio América y el diario Tiempo Argentino al empresario Mariano Martínez Rojas. Lo hizo sin la autorización de su socio, Matías Garfunkel, quien le inició juicio por estafa. Pero como todos los medios estaban registrados a nombre de testaferros, pudo concretar esa operación sin inconvenientes.

Entre los papeles a los que accedió Martínez Rojas, figura que uno de los dueños de Radio América era el anciano tío del auditor general de la Nación, Javier Fernández, quien trajinaba los juzgados federales en nombre del kirchnerismo y de Jaime Stiuso, hasta 2014, cuando los K rompieron con ese sector del espionaje.

Según fuentes cercanas a Martínez Rojas, "hay transferencias de dinero de Szpolski y sus socios ocultos", que estarían documentadas entre los papeles de su voluminosa valija con documentación que ofrece presentar al juez Gustavo Meirovich.

Parte de esa documentación también podría ser de utilidad para otra causa judicial contra Szpolski, Garfunkel y sus "socios ocultos", a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Uno de esos "socios ocultos" era el actual director de Administración y Finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan José Gallea, que fue gerente general del Grupo 23, entre 2009 a 2012, donde luego siguió haciendo diversas tareas, hasta que se disolvió el grupo ultra K. "Gallea tiene un papel clave en los vínculos de Szpolski que se denuncian en este escrito", sostuvo la presentación de la Procelac.

Martínez Rojas tenía 37 años cuando quedó a cargo de Radio América y Tiempo Argentino. Era el dueño del grupo M de Luxe, que organizaba shows musicales y eventos en la provincia de Corrientes.

Desde que se hizo cargo de los medios K, en enero de 2016, el empresario no pagó los sueldos ni los aportes de la seguridad social de sus empleados. En mayo de ese año, Martínez Rojas tomó por la fuerza la planta transmisora de Radio América, que estaba en manos de los empleados. Tres semanas después, comandó un grupo de choque de unas 20 personas que desalojó a los empleados que tomaban el edificio donde funcionaban la redacción de Tiempo Argentino y los estudios de América, provocando gravísimos destrozos en su interior.

En esa causa están imputados Martínez Rojas y los integrantes de su patota, a quienes la fiscal acusó de los delitos de “usurpación y daños”.

A los pocos días, el Ente Nacional de Comunicaciones intervino Radio América, la concursó y entregó la frecuencia a Editorial Perfil. Además, el organismo que conduce Miguel de Godoy presentó una denuncia penal contra el ex titular de AFSCA, Martín Sabbatella, por complicidad con Szpolski en el vaciamiento de la radio, ya que nunca la controló porque compartían el mismo espacio político en el Frente para la Victoria.

La declaración judicial de Martínez Rojas, bajo la figura de "arrepentido", podría ayudar a develar parte del entramado que se escondió detrás de algunos medios kirchneristas.

Un ex empresario de medios amenaza con revelar operaciones de lavado de dinero K
Martínez Rojas afirmó que cambió cheques de la obra pública de Formosa y de las loterías del Chaco y Buenos Aires.

El ex empresario de medios amenaza con revelar operaciones de lavado de dinero Kirchnerista
¿Documentos? En esta valija que Martínez Rojas dice se llevó al exterior habría informes de operaciones de lavado
Por: Daniel Santoro
“Si la Justicia me da las garantías de seguridad suficientes, voy a revelar los nombres de ex funcionarios Kirchneristas de la provincia de Buenos Aires, Formosa y Chaco, de la Aduana y del Banco Central que lavaban dinero de la obra pública”, dijo ayer Mariano Martínez Rojas a su entorno en EE.UU. donde se encuentra, según revelaron fuentes empresarias a Clarín. Martínez Rojas fue el comprador de los medios Kirchneristas Tiempo Argentino y Radio América en una sospechosa negociación con Sergio Szpolski.

Martínez Rojas, quien desde hace un año se fue del país por "amenazas e intento de secuestro de su mujer", está dispuesto a declarar como arrepentido, con un régimen parecido al que usó el ex valijero Leonardo Fariña, contó, por otra parte, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten a este diario. Como primera medida, el letrado solicitará hoy la eximición de prisión del empresario y medidas de seguridad para su cliente si llegara a volver al país. “Vivo con custodia permanente porque soy una boleta que camina”, relató el empresario a sus allegados.

Martínez Rojas mostró su disposición a colaborar con la justicia luego de que el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich ordenó ayer su captura nacional e internacional en la causa por lavado de dinero en que se investigan maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) por 300 millones de dólares durante el gobierno K. En esta causa está imputado el ciudadano coreano conocido como “Mister Korea”, entre otros. Meirovich también detuvo a una mujer y ordenó la indagatoria de un ex gerente del banco Patagonia. Las DJAI fueron implementadas por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno durante el cepo cambiario para permitir el pago en dólares de importaciones. Pero varias bandas simulaban importaciones para sacar dólares a 8 pesos cuando ya valían más de 12 en el exterior. La causa se abrió por una denuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

Según las fuentes, el empresario correntido contó a su entorno que tiene “una valija con 70 kilos de documentación” para respaldar su eventual confesión y que “yo era solo un empleado que recibía órdenes y ejecutaba”. “Esa valija es mi seguro de vida”, añadió.

Cuando le preguntaron cómo era la operación, contó que “yo recibía, por ejemplo, cheques de refacturaciones de obras públicas de Formosa que se depositaban en cuentas de empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y luego se sacaba en los bancos el dinero en efectivo”. Entre el 2014 y el 2015, afirmó que con ese procedimiento se movieron “50 millones de pesos por semana”. Precisó que una de esas operaciones se hizo a través de la “empresa Monky”. El juez Meirovich investiga a 56 empresas truchas usadas para fugar los dólares a a través de las DJAI.

Antes las dudas, precisó que parte de esas supuestas operaciones “eran líneas que bajaba el empresario Roberto Erusalimsky quien llegó a mi conocimiento a través de mi ex amigo y vendedor de autos de alta gama Malek Fara”. Erusalmsky es el mismo empresario que le compró un campo en Mendoza a Fariña quien lo había adquirido en comisión por 5 millones de dólares para, según dijo, el empresario Lázaro Báez. Fara le vendió autos de alta gama a Fariña y al ex director de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender. Propuso que la Justicia pida las grabaciones de las cámaras de seguridad del garage del ex museo Renault donde tenía una “cueva” financiera y afirmó que “verán entrar muchas camionetas y a Fariña”.

En su descripción, de la supuesta operatoria de lavado aseguró que “también cambiaba cheques de la Lotería de Buenos Aires cuando estaba en manos del sciolista Luis Peluso o de la lotería del Chaco”.

Enojado con la situación que está viviendo, señaló “no quiero ser el payado de la fiesta, mientras ex funcionarios de la Aduana como “Barros, un socio de Mr. Korea, lo vieron tomando sol en el hotel Ritz de Miami como si nada”.

Denunció que se fue del país en noviembre del año pasado “porque me amenazaron de muerte, balearon mi camioneta y efectivos de la policía bonaerense trataron de secuestran a mi mujer”.

“Si yo hablo, saltan negocios de ex funcionarios K”, les dijo cuando le pidieron que documentara lo que denunciaba a fin de no quedar solo como un “mensaje” para terceros, en vez de terminar con una verdadera colaboración eficaz con la Justicia como hizo Fariña. En todo momento, Martínez Rojas buscó de aclarar que “no estoy fugado, ni escapado, solo quiero que me den las garantías de seguridad necesarias para declarar”. En caso de no conseguirlas, dice que está dispuesto a pedir asilo político en Estados Unidos a cambio de la información que tiene que dice involucra a ex funcionarios, empresas y bancos.

Abogado de Rojas Martínez pidió la eximición de prisión y dijo que tiene “70 kilos de información”
El abogado defensor del empresario correntino Mariano Martínez Rojas, presentó ayer al juez en lo penal económico Gustavo Meirovich un pedido de eximición de prisión. El doctor Alejandro Sánchez Kalbermatten, argumentó al respecto que “tenemos 70 kilos de información para aportar”.

“Estuve dos horas reunido con el juez y la secretaria, explicándole la encrucijada que nos coloca tener un pedido de captura sin el debido respaldo de notificaciones previas citándolo a una declaración indagatoria en domicilios verdaderos porque conspira contra el debido proceso y la garantía del imputado”, aseguró el letrado a medios de prensa de vecina provincia de Formosa.

Además de solicitar “la eximición de prisión” de su defendido, Kalbermatten analiza “plantear la nulidad del pedido de detención nacional e internacional que dispuso el juez” del empresario que en la actualidad estaría radicado en Estados Unidos, “por amenazas recibidas”, según argumentó.

Insistió en el hecho de que “tenemos 70 kilos de información en una valija que estamos dispuestos a aportar” que “involucran a funcionarios de Formosa, Chaco, de Buenos Aires, de la Nación y empresarios” manifestó a QTH Radio de Formosa.

Planteó además que “el juez Meirovich tiene el objetivo de desentrañar maniobras para sacar dinero del país”, pero le “faltan piezas que puede aportar” su cliente, que ganó relevancia al adquirir el diario Tiempo Argentino y Radio América. Sostuvo también que Martínez Rojas, que estaría dispuesto a colaborar con la justicia, “se siente engañado con la venta del diario, lo han demonizado. Resulta que todos los problemas le saltaron a él, mientras que los que tenían la cadena de responsabilidades (Sergio Szpolski y Matías Garfunkel) son millonarios que están desvinculados plenamente y uno de ellos anda cazando leones y elefantes en Sudáfrica”.

“Martínez no viene a traer una documentación para hacer una denuncia, se va a defender de una imputación que creemos que es injusta y arbitraria”, enfatizó su abogado.
Fuentes: TelAm, Infobae, Clarín

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