TelAm desmiente a TelAm

Ayer la agencia de noticias TelAm publicó un cable (todavía disponible en su web) donde citaba declaraciones de una fuente de Edenor que "aseguró a TelAm que no tomaron las precauciones que debían porque "en este contexto de conflictos políticos como el paro policial y los saqueos, sabíamos que medios como Clarín también le iban a echar la culpa de esto al Gobierno". A la noche otro cable de TelAm decía: "Edenor aseguró esta tarde que "ningún vocero o funcionario" de la compañía habló hoy con periodistas de TelAm sobre los cortes de electricidad y el nivel de prestación del servicio de parte de la compañía, al desmentir de manera "terminante" un cable emitido por la agencia en el que se sostiene que las "empresas reconocen que podrían haber evitado cortes extendidos".

Ver anterior: 120 días de Martín Insaurralde y Sergio Massa en la portada de TelAm

Acceso a la información pública, una exigencia de la hora

Por: Hugo Maldonado
Nadie ignora que en nuestro país subsisten problemas con el acceso a la información pública y que en la última década se hizo cada vez más evidente la falta de voluntad política del oficialismo, para abordar el grave déficit de transparencia dentro de ciertos organismos del gobierno
Por ello, el desafío de controlar al poder en la Argentina y de asumir la transparencia como un valor democrático, resulta una tarea titánica en los tiempos que corren, con las dificultades que enfrentan periodistas, legisladores y asociaciones civiles, para acceder a información pública relevante sobre casos de trascendencia institucional.
Mientras en muchos países la legislación en materia de transparencia va ampliando los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de los funcionarios para garantizar este derecho humano fundamental, la Argentina se encuentra, aún hoy, entre los pocos países de América Latina que no cuentan con una ley de acceso a la información.
Un proyecto de ley que obtuvo media sanción del Senado de la Nación a fines de 2010, perdió estado parlamentario luego de no haber sido tratado por la Cámara de Diputados, lo que ha sido, sin duda, por una decisión política del gobierno nacional.
Hace largo tiempo que vengo luchando y me siento comprometido con el desarrollo y la promoción del libre acceso a la información pública, que he impulsado con distintas acciones. Puedo dar testimonio de ello con la sanción de la Ley 6431 del año 2009 que, sobre la base de un proyecto de mi autoría, regula actualmente el acceso y el derecho a la información en la Provincia del Chaco.
Con ese propósito, soy autor de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene por objeto promover y regular el acceso a la información pública como uno los derechos fundamentales de la persona humana y de la vida en democracia. En dicho proyecto de ley he tratado de resguardar algunos criterios que aseguren prioritariamente algunas cuestiones centrales que, a mi juicio, debiéramos contemplar:
La mayor amplitud y extensión de la información pública a suministrar, ante el pedido de cualquier ciudadano, sin necesidad de justificación alguna; la información gubernamental debe estar disponible para el escrutinio público y las excepciones necesarias, deberán ser limitadas y determinadas; debe asegurarse también un procedimiento administrativo ágil y un recurso judicial específico frente a todo entorpecimiento del derecho, sin perjuicio de sanciones especiales por incumplimiento.
Debe instituirse una Autoridad de Aplicación que actúe con independencia del Poder Ejecutivo. A la vez, corresponde imponer un mecanismo de “transparencia activa” para publicar en Internet la información pública obrante en poder de los sujetos obligados por la ley. Como en otras iniciativas similares, se promueve también la creación de un Consejo Federal de Acceso a la Información Pública como organismo ínter jurisdiccional de carácter permanente para la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En definitiva, un régimen de libre acceso a la información pública debe reflejar con naturalidad el sentido común para garantizar con la mayor amplitud este derecho primordial del ser humano, en la medida en que permite y valoriza el ejercicio de los demás derechos.
Si el Estado cuenta con información que administra en función de la sociedad, no hay razón para que cada miembro de la sociedad no tenga acceso a ella. Solo hace falta instrumentar un sistema administrativo que permita de modo manual o informatizado y digitalizado, brindar acceso a quien lo solicita. Sin duda, una regulación eficiente del derecho a la información, importará beneficios, tanto para los ciudadanos por el aumento de la transparencia y una mayor confianza en la gestión pública, como para el Estado y las autoridades públicas.
La ampliación de la base informativa estatal permitirá también una mejor calidad de las decisiones públicas, al contar con una ciudadanía más y mejor informada. Además abrirá la oportunidad de demostrar una gestión transparente y de recuperar la credibilidad en las instituciones públicas.
Regular el acceso a la información mediante una ley que reglamente su ejercicio, sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia argentina. Con la sanción sin más demoras de una ley nacional de acceso a la información, contaremos con una herramienta valiosa para luchar contra la corrupción y para implementar principios de transparencia en el diseño, seguimiento y control de las políticas públicas, como un valor esencial de la democracia.
*Diputado Nacional UCR, Chaco
Fuente: AdEPA

Repudian presencia de la Federal en acto contra los despidos en Perfil

La Naranja de Prensa repudia enérgicamente la presencia de miembros de la Policía Federal durante el acto de trabajadores de Perfil realizado durante el día de hoy contra los despidos en la Editorial
Los integrantes de las fuerzas de seguridad se dedicaron a filmar el acto y, advertidos por los propios trabajadores que denunciaron su presencia, se alejaron para continuar con su actividad de filmación de los manifestantes. Algo similar había ocurrido en el acto realizado en la puerta de Perfil hace dos meses por el mismo tema del despido de los compañeros. Era el mismo policía, que entonces estaba de civil e intentando infiltrarse entre los compañeros fotógrafos que lo descubrieron y lo obligaron a retirarse.
Resulta un hecho sumamente grave que sienta, además, un precedente preocupante. Sin embargo, no es una novedad dado que, recientemente, fue descubierto que un agenta de esa fuerza desempeñaba tareas 'infiltrado' en la Agencia Rodolfo Walsh, algo nunca esclarecido y explicado por el gobierno nacional, a pesar de que esto duró una década entera. Estamos ante hechos que nos retrotraen a las páginas más oscuras de la historia argentina. Esto, cuando el gobierno impulsa la aprobación de un genocida y jefe de inteligencia como Milani al frente del Ejército.
Convocamos al conjunto del gremio, a los medios comunitarios, y a todas las organizaciones en general, a repudiar este hecho y a reclamar al Poder Ejecutivo el esclarecimiento inmediato de estos sucesos.
La Naranja de Prensa

Las audiencias fueron decisivas para el fallo de la Corte sobre la Ley de Medios

En la Defensoría del Público se dialogó sobre el significado político de la declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, discusión en la que todos los panelistas coincidieron en definir a las audiencias amicus curiae como decisivas para la determinación final de la Corte Suprema de Justicia

De los siete especialistas que tomaron parte en el debate, seis de ellos habían participado en las audiencias del máximo tribunal en agosto último, donde hablaron los que defendieron la vigencia plena de la ley y los representantes del Grupo Clarín, la contraparte.
La defensora del Público, la periodista Cynthia Ottaviano, abrió el intercambio destacando que "este año será bisagra, porque se aprobó la ley y ha sido el de los 30 años de democracia. Lleva 30 años la lucha por tener una ley democrática de medios".
Por otra parte, la Defensora se refirió a la importancia de la comunicación para la democracia. Y dijo: “Estos hechos creo que están absolutamente ligados, aparecen separados pero en realidad tienen un mismo ADN”. Y agregó: “Lleva treinta años la lucha por una comunicación democrática en la República Argentina, lleva 30 años la lucha por cambiar ese paradigma que era autoritario, era mercantilista y liberal, para tener este nuevo paradigma en la perspectiva en los derechos humanos y lleva también 30 años el sueño colectivo por tener un organismo público, por tener una Defensoría del Público, un espacio para poder defender a las audiencias comprendidas como los nuevos sujetos de derecho”.
Participaron del panel el periodista y titular del CELS, Horacio Verbitsky; la directora de Jurídicas del Ministerio de Defensa, Graciana Peñafort; los abogados Damián Loreti, Víctor Abramovich y Pablo Wisznia y el representante de los medios cooperativos, Miguel Rodríguez Villafañe.
La charla fue denominada "La batalla de la Corte", porque los panelistas entendieron que la discusión en las amicus curiae fueron una prueba de fuerza para la democracia argentina.
Verbitsky las calificó de "afortunadas, extraordinarias, aunque no muchos las percibieron así. Nosotros, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entendimos que eran extraordinarias, porque teníamos una experiencia previa, podían definir el destino de la causa".
Verbitsky aseguró: “Si la Ley no está sustentada por la organización y la movilización popular, la ley no existe aunque esté en los libros”, en referencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En tanto Peñafort dijo: “La Ley es buena por independencia de la representación del Estado”. El periodista y escritor hizo mención a una frase que dice que "Dios ayuda a los malos cuando son más. En este caso, los malos no eran más que los buenos".
Reflexionó también sobre por qué la representación de Clarín no pudo torcer la buena defensa del Estado y de los representantes de las Ong. "Ellos estaban incómodos. Les gusta hacerlo en la comodidad del estudio, en la oreja de alguien. El debate público los pone mal", sintetizó.
El periodista elogió además el rol de Peñafort en las audiencias, al punto que dijo "nace una estrella".
La abogada aceptó la alabanza y pidió: "me dan un video de lo que dijo Horacio".
"Lo escribí", respondió el periodista de PáginaI12. "Y yo lo leí a las cinco de la mañana", añadió Peñafort en un diálogo picante, quien además contó que se lo había hecho leer a su padre.
Peñafort señaló que cuando estaban exponiendo en favor de la ley ante la Corte, los expositores escuchaban los gritos de aliento de los que estaban en plaza Lavalle en respaldo a los funcionarios del Estado y de las organizaciones no gubernamentales.
Peñafort dijo que en el salón de la Corte sentía "que hicimos un gol, un gol. Casi empezamos a cantar la marcha peronista, que éramos el comando John William Cooke", en referencia a quien fue delegado personal de Juan Perón en los primeros años sesenta. La confesión de la abogada desató una carcajada en la sala de la Defensoría.
Peñafort puntualizó que "ninguna asociación pudo demostrar que Clarín no hizo prácticas predatorias para alcanzar la posición lograda ni que no tiene una posición dominante".
Abramovich reconoció "que hay una evolución en el trabajo de la Corte", mientras que Loreti apuntó que la Corte tiene una clara visión de adónde quiere ir: "es al modelo de la de los EE.UU." Loreti hizo un comentario sobre los que dicen que la ley es obsoleta porque deja afuera internet. "Cuidado con decir que es obsoleta porque no regula internet, porque se les puede cumplir", añadió en tono de advertencia y de ironía.
Por su parte, Rodríguez Villafañe detalló: “En el mundo la discusión son las 3 P, porque se decía que los medios de la economía solidaria deben ser pocos, pobres y pequeños. “Para mí, antes de la discusión de esta ley, teníamos 12 P, porque se pretendía que fuéramos pocos, pobres, pequeños, permisos precarios provisorios, poca potencia, para postergar propuesta popular”.
Además Rodríguez Villafañe denunció que en la ciudad santafecina de Venado Tuerto, "Cablevisión no tiene licencia y se nos están subiendo a los postes y les dijimos que los vamos a denunciar penalmente".
Consultados sobre lo que viene, Verbitsky resaltó que "hay que aplicar la ley. Se ha removido uno de los obstáculos principales", que era que la norma pudiera ser declarada anticonstitucional. "Esta ley fue construida socialmente, ahora hay que aplicarla bien. No se puede aplicar espuelas a Clarín y no hacerlo con Telefónica o al Grupo Vila-Manzano".
Al contestar sobre qué hubiera pasado si la defensa del Estado no hubiera sido tan buena, Verbitsky respondió "sin la representación del Estado no se ganaba. ¿Ustedes vieron la película MachtPonit, de Woody Allen? Bueno, no siempre ganan los buenos".
Fuente: Agencia TelAm y Defensoría

Resisten incluir fecha, hora y lugar de las imágenes informativas: "Es costoso y consumirá mucho tiempo de edición"

El regulador de los medios tiene nuevas reglas para los noticieros de televisión: A partir de ahora, deben agregar subtítulos que muestren dónde y cuándo fueron grabadas las imágenes. Productores manifiestan que añadir subtítulos será costoso y consumirá mucho tiempo, ya que requiere más trabajo de edición
El presidente de la autoridad audiovisual Martín Sabbatella dijo que "la imprecisión sobre dónde ocurre determinado hecho y si ya pasó o si está pasando en el momento en que es trasmitido resulta especialmente grave en el tratamiento de hechos de violencia, manifestaciones, tragedias o problemas en el espacio público, porque afecta el derecho a la información e impacta directamente en la vida de los usuarios y usuarias de esos medios".
Los espectadores deben saber si los problemas están sucediendo en el momento que están viviendo o si ya fueron atendidos, señaló.
Las nuevas reglas exigen que las imágenes de noticias viejas estén claramente etiquetadas como "archivo". Las tomas en vivo deberán identificar la ubicación, mientras que el vídeo grabado más temprano el mismo día debe incluir la hora, así como el lugar.
Dos productores de televisión dijeron a The Associated Press que sus canales no cumplirán hasta que sus abogados revisen la orden, y señalaron que añadir subtítulos será costoso y consumirá mucho tiempo, ya que requiere más trabajo de edición. Los productores hablaron bajo condición de anonimato a fin de evitar que sus canales sufran consecuencias por desafiar a los reguladores de una reciente ley de medios que impone muchos nuevos controles sobre la emisión de contenidos.
El defensor de la libertad de expresión Claudio Paolillo no ve problemas con las nuevas normas. Como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el editor de periódicos uruguayo dijo que es simplemente buen periodismo identificar claramente el contenido.
"Ningún periodista ni ningún medio de comunicación debería negarse a hacer lo que indica la práctica del buen periodismo", dijo Paolillo a la AP. "Sobre cualquier hecho de interés público y si utilizan imágenes para esa información, tiene que decir de qué lugar son y cuándo".
Funcionarios del gobierno han tratado de convertir en chivos expiatorios a las empresas de medios de comunicación críticas, al asegurar que cuando una semana de huelgas policiales por un aumento salarial provocó saqueos dispersos en muchas provincias argentinas, algunos canales de televisión transmitieron una y otra vez escenas de violencia sin identificar dónde o cuándo ocurrieron. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich y otros dijeron que esto fomenta una sensación de caos y alienta más crímenes.
"Si el gobierno lo que busca con esto es limitar o censurar los imágenes que no le gustan, esto sería un ataque a la libertad de expresión", dijo Paolillo, quien encabezó recientemente una delegación internacional que examinó la libertad de prensa en Argentina. Por otra parte, añadió, "me parece bien que las imágenes que muestran atrás mientras hablan y hablan muestren cuándo y dónde las imágenes pasaron".
Fuente: The Associated Press
Ver anterior: AFSCA: Los canales deberán incluir la fecha y el lugar de las imágenes informativas

La Justicia Criminal abrió una investigación por las elecciones en la UTPBA

Se trata de una investigación penal contra Lidia Fagale, secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), por "desobediencia", a raíz del incumplimiento de dos sentencias dictadas por la Justicia Nacional del Trabajo en el proceso electoral del sindicato, suspendido en septiembre pasado
El Juzgado Correccional Nro. 7, a cargo de Raúl Juan Emilio García, comenzó la instrucción del delito de “desobediencia judicial” contra Fagale, máxima autoridad de UTPBA, y Leticia Amato, presidenta de la Junta Electoral, a raíz de la negativa del sindicato a mostrar su padrón de afiliados en su proceso electoral, tal como fue ordenado por la Justicia laboral.
Fagale y Amato fueron imputadas del delito de desobediencia, regulado en el artículo 239 del Código Penal, que prevé una pena de quince días a un año de prisión a quien se resista o desobedezca a un funcionario público “en el ejercicio legítimo de sus funciones”.
La investigación penal es una derivación de una sentencia dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 63, luego confirmada por la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que suspendió el proceso de renovación de autoridades de UTPBA convocado para el 26 y 27 de septiembre por la falta de acceso al padrón de afiliados.
En esos pronunciamientos, la Justicia ordenó, a la UTPBA la inmediata entrega física del padrón a las listas opositoras, pero el sindicato no cumplió con la orden judicial.
En ese contexto, la asociación sindical convocó el miércoles pasado a nuevas elecciones el 30 y 31 de enero, aunque el cronograma electoral fue impugnado y deberá ser resuelto por la Justicia laboral y el Ministerio de Trabajo.
Las autoridades de la UTPBA tienen sus mandatos vencidos desde el 30 de septiembre y el sindicato funciona con una autorización transitoria otorgada por el Ministerio, que a fin de mes debe resolver su extensión o la designación de un funcionario para “normalizar” la vida interna del sindicato de prensa.
Fuente: Agencia TelAm

Pretenden declarar Estado de Sitio para Internet

Por: Beatriz Busaniche*
El diputado provincial de Entre Ríos, Rubén Almará, presentó un proyecto de ley por el cual pide al Poder Ejecutivo Provincial establecer “políticas de regulación y restricción de los medios electrónicos de internet y las redes sociales, limitando todos los comentarios, expresiones y/o información de carácter delictivo, que lesionen la paz ciudadana y que promuevan el odio y la intolerancia” en casos de conmoción interior.
El legislador insta al estado provincial para que solicite a la Nación “intervenir y emprender las acciones necesarias para solicitar a las empresas proveedoras de servicios el bloqueo de las redes sociales, en toda la provincia de Entre Ríos, para restablecer el orden público ante los delitos que atenten contra el orden constitucional y la vida democrática”.
Es evidente que lo que atenta contra el orden constitucional y la vida democrática es este proyecto que amenaza la libertad de expresión en Internet y el derecho de acceso a la información.
La legislación vigente en Argentina, en particular la Ley 26.032 establece que “la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”.
El legislador que propone el bloqueo y control de Internet parece desconocer o prefiere ignorar los altos estándares que la legislación Argentina tiene en materia de libertad de expresión, al proponer una regulación que va a contramano de los principios democráticos.
“El bloqueo obligatorio de sitios web, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema – análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión – que sólo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual” expresa la declaración sobre libertad de expresión en Internet de las relatorías de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
La medida propuesta por el Diputado Almará va contra los estándares internacionales de Derechos Humanos y contra el marco legal vigente en Argentina, es represiva y totalmente inútil. Además, tendría la consecuencia brutal de aislar a la ciudadanía entrerriana en un momento de crisis e incertidumbre, contribuyendo así a la angustia y la zozobra de las personas que el estado debería proteger.
Estudios académicos sobre la aplicación de medidas similares en otros entornos y momentos históricos, como el corte de Internet en Egipto durante la presidencia de Hosni Mubarak el 28 de enero de 2011, demuestran que el efecto de este tipo de bloqueos de comunicaciones es exactamente contrario al deseado por el gobierno que la implementa. Navid Hassanpour, investigador de la Universidad de Yale, publicó documentación empírica que demuestra que el bloqueo de las redes sociales y las comunicaciones en Internet contribuye a descentralizar, acentuar y promover las protestas y revueltas sociales.
Contrariamente a lo que el sentido común o los prejuicios podrían indicar, las redes sociales no son las causantes ni contribuyen de manera sustantiva a la movilización pública o a la protesta callejera. En esta misma lógica, el bloqueo de las redes tiene el efecto exactamente contrario: genera más movilizaciones, desconcentradas y dispersas, toda vez que deja en clara evidencia la intensión represiva de un gobierno que dispone medidas de esta naturaleza.
La iniciativa del Diputado Almará contaría con el apoyo del Ministro de Cultura y Comunicaciones de la Provincia de Entre Ríos, Pedro Báez, quien justificó la iniciativa diciendo que “cualquiera que utilice las redes sociales pudo ver que en estos días fueron usadas libremente en todo el país para instigar al vandalismo, para organizar la comisión de delitos y para generar pánico en la ciudadanía. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que esto se repita”.
Una sumatoria de prejuicios y desconocimiento se conjugan en estas declaraciones que muestran una elocuente vocación represiva de las libertades civiles. Atacar al mensajero, aislar a la ciudadanía entrerriana en momentos de crisis y tomar medidas contra la libertad de expresión están lejos de ser la forma más apropiada de evitar que los saqueos se repitan.
*Licenciada en Comunicación Social, Magister en Propiedad Intelectual y Candidata al Doctorado en Ciencias Sociales en FLACSO Argentina. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y Secretaria de la Fundación Vía Libre. www.vialibre.org.ar
Fuente: Cuestión Entreriana

Tucumán: Despiden del Canal 10 a grupo musical por solidarizarse con víctimas de los saqueos

La censura y los ataques a la libertad de expresión crecen en Tucumán. Desde hace meses, el grupo musical Caviar se presentaba los miércoles en el programa matutino "Día por Día", por Canal 10. Sin embargo, la semana pasada, luego de que sus integrantes se solidarizaran al aire con la gente que estaba padeciendo los saqueos, se les informó que no podrían volver a cantar más en el 10.
La decisión habría sido adoptada por Alejandro Laurnagaray de Urquiza, ex jefe de Prensa del Senado de la Nación y ex asesor de la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, hoy director del canal de la Universidad y del gobierno provincial.
Francis Moreno, el tecladista de Caviar, escribió lo siguiente en su Facebook:

Por razones que jamas entenderé...Por motivos que me niego rotundamente a creer que existan… nos hicieron saber por interpósita persona que “Caviar” no puede ir mas a Canal 10.
Sera porque sencillamente pensamos distinto y lo expresamos públicamente?…
Sera porque nos solidarizamos con la gente que vivió la amargura de los saqueos?...
Sera porque ademas de artistas somos ciudadanos libres e independientes? …
Sera porque no soy obsecuente con nadie?
Sera porque no comulgo con la política del canal que a la vez es consecuente con la política del “sistema”?
Lamentablemente no volveremos con “Caviar” a tocar en Día por Día, programa al cual le entregamos todo nuestro profesionalismos cada miércoles desde que nos convocaron; programa donde dejamos grandes amigos, entre ellos los camarógrafos, personal técnico, sonidistas, locutores y productores.
Que triste que las cosas se manejen de esta manera en los medios.
"Si para actuar en el canal del estado hay que ser oficialista y callarme la boca, Prefiero quedarme en casa."
muchas gracias a todos.
Gracias Oscar Alejandro Asensio Mirón, Gabriela Borraccetti, Claudia Fabiana Rearte, Art Diaz Velez, Mariana Soler, Ricardo Aguero, y muy especialmente a la dama de la voz, la sra. Cristina Cisterna.
Realmente muchas gracias!!!

Fuente: Contexto