Caso Noble Herrera: la próxima semana se conocerá la resolución de Casación Penal

Será el jueves 2 de junio. Es por los recursos presentados contra la decisión que confirmara el fallo que ordenó “la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras”

La Sala II Cámara Nacional de Casación Penal dará a conocer el próximo jueves 2 de junio, a partir de las 12, la resolución en la causa 13.957 "Noble Herrera, Marcela y otro s/recurso de casación". Dicha causa tiene lugar a raíz del recurso de casación formulado por los letrados apoderados de Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera contra la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que confirmó la decisión de la jueza de primera instancia en cuanto dispuso "Hacer lugar a la medida de prueba solicitada por la querella Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, disponiendo así la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas pertenecientes en forma indubitada a Marcela y Felipe Noble Herrera, las que resultan necesarias para dar curso al peritaje de poligformismo de ADN con fines identificatorios ordenado en autos. (.)".
La fecha se dio a conocer al término de una audiencia donde la defensa de los hijos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, se opuso a la medida por considerarla "inconstitucional y violatoria de su derecho a la autonomía", mientras que la fiscalía y los querellantes afirmaron que debe realizarse la toma de muestras y que se usa a los jóvenes "como escudos para proteger a la imputada", Herrera de Noble, como dijo el abogado Pablo Llonto.
El fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Raúl Plee, se pronunció a favor de rechazar la apelación de los hermanos contra la decisión de someter a una extracción no voluntaria de sangre, saliva u otras muestras a ambos para realizar un estudio de histocompatibilidad que determine si fueron apropiados en la última dictadura militar.
"Se han dado los motivos de necesidad y razonabilidad" que fundamentan la medida "y se están respetando principios de identidad" de las víctimas ante un caso donde se "han agotado todas las demás posibilidades" ante la presencia de "un delito de lesa humanidad", aseveró Plee al comenzar su exposición ante la sala II de la Cámara que debe resolver la cuestión.
Fuentes: Centro de Información Judicial, Agencia TelAm

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: de la utopía al sectarismo

Por: Nahuel Gonzalo Abregú*
Todos los que alguna vez pisamos la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA escuchamos hablar sobre la modificación urgente de la ley de medios de la dictadura; participamos en foros, firmamos solicitadas, y estuvimos de acuerdo en generar un debate extra-facultad para que la sociedad en su conjunto comprendiera la importancia de legislar en materia de medios de comunicación audiovisual.
En la madrugada del 10 de octubre de 2009 fue aprobada la ley 26.522, apoyada por todo el arco oficialista y aliados políticos; los medios tradicionales (el oficialismo utiliza el término hegemónicos) no acordaban con la ley sancionada, aducían que iba a generar problemas por el cierre de sus empresas y por encontrar en la ley tintes autoritarios.
Desde mi visión, la LDMCA** (Ley de Medios de Comunicación Audiovisual) es un documento académico que tiene aportes interesantes para generar una cultura inclusiva, pero, y aquí viene el problema, es una ley de imposible cumplimiento: en ninguno de sus artículos y agregados se habla de financiación, y si hablamos de televisión, hablamos de una maquinaria aceitada que subsiste gracias al aporte de entes privados (empresas, ONG´s,) y publicidad oficial. En la Argentina existe hoy un debate muy fuerte sobre publicidad oficial y compra de voluntades políticas. Si enumeramos todos los casos denunciados por discriminación de pauta oficial a medios críticos del gobierno nacional o gobiernos regionales, saldría del eje que planteo: la imposibilidad de financiación de programación (la publicidad oficial, según ADC / Asociación Por Los Derechos Civiles, se da en gran parte a medios que responden positivamente a los políticos de turno). En el caso de las productoras alejadas de Buenos Aires existe un problema extra: subsisten (subsistimos) gracias al aporte de entes privados (en un número menor al de Buenos Aires!), que se interesan por nuestros productos, confían en nosotros, y generan movimiento económico a través del trabajo de: editores, periodistas, productores, camarógrafos, guionistas, iluminadores, sonidistas, gaffer, maquilladores, conductores y directores.
Al reducir la publicidad en varios minutos (12 a TV abierta y 8 a TV por cable) y fiscalizar el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) la PNT (publicidad no tradicional) no podemos mantener las estructuras laborales mínimas para sostener las productoras en las cuales trabajamos; la nueva LDMCA exige la máxima calidad de servicios (productos) televisivos cumpliendo parámetros europeos, y no nos dice como pagaremos esos servicios. En una sociedad capitalista el trabajo es rentado, y para poder pagarle a los trabajadores necesitamos dinero, ¿donde está ese dinero?, en la publicidad, ¿y si desaparece el dinero de la publicidad? Tenemos que cerrar las productoras.
Las grandes empresas de comunicación (operadoras de cables) están emitiendo programación de bajísima calidad para completar tiempos obligatorios de programación infantil, sin cumplir un solo parámetro de lo especificado en el ítem de la UNESCO en las generales de la LDMCA; desde el punto de vista crítico, es detestable, desde el punto de vista racional económico, es la única salida posible: al no contar con publicidad en el espacio de programación infantil y obligar al explotador del cable a pasar tres horas por día de la misma (resolución 474/2010 AFSCA), los productos locales destinados a ese público serán hechos con la mínima tecnología disponible, actores principiantes o ni siquiera actores, pésima musicalización y peor edición. Algo totalmente lógico si vaciamos de dinero a las productoras de TV regionales sin tener otras fuentes de financiación para poder mantener nuestras empresas funcionando.
En el canal Somos El Valle, propiedad de Cablevisión Alto Valle de Río Negro y Neuquén, emiten un programa destinado a la infancia, de tristísima calidad, solo para ocupar las tres horas exigidas por la ley para la niñez, ¿no es un mecanismo perverso obligar a productoras locales a hacer malos productos que nada tienen que ver con el espíritu europeo de la ley?, esto tiene una respuesta:
Según José Crettaz no es lo mismo Disney Channel produciendo programas para chicos, que una productora que cobra 2000 pesos una tanda publicitaria y a la cual le sacan tres minutos de publicidad y todos los zócalos.
Calculando que un editor cobra como mínimo 500 pesos para editar un programa semanal de media hora, el dinero que recauda la productora con las limitaciones de publicidad hace imposible sostener a ese editor profesional: ¿quien hace la edición entonces?: el primer amateur que ande dando vueltas por ahí, que probablemente sea el hijo o el sobrino del dueño de la productora, ¿seguimos hablando de televisión de calidad similar a la europea? ¿Estamos compitiendo con el imperialismo cultural, o solo le quitamos audiencia a la televisión regional para que Disney Channel sea la única opción... ¿porque la televisión local es pésima?.
El caso de la obligación de emitir tres horas de programación para niños lo uso como ejemplo, en todas las áreas de producción existe el mismo problema.
Para ir resumiendo, sin aportes estatales que signifiquen mucho dinero a las productoras independientes, sin acceso a la publicidad oficial, y con limitaciones insostenibles por rebaja de tiempo de publicidad, los mayores perjudicados por la LDMCA serán los televidentes, que optarán por lo que AFSCA desea que “en rigor” no pase: que nadie esté dispuesto a ver la televisión que producimos en la Argentina. La Utopía de una televisión comprometida con mejorar los valores sociales solo podrá ser ejercida por canales oficiales, y eso, desde mi punto de vista, dista de ser democrático, ya que atenta contra la pluralidad de voces.
* Periodista, Productor de TV Regional (Alto Valle de Río Negro y Neuquén)
**El nombre correcto es Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)
El Diario Clarín publica hoy otra nota del autor: La ley de medios ya causa estragos en el interior

Fuentes:

Portal Unesco
Diario La Nación On Line
Diario Clarín
Latin America Media Observatory
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
Asociación por los Derechos Civiles
Publicado originalmente en Simultaneidades

Seis Sarlo Ocho

Fuente: Televisión Pública

FoPeA acompaña la preocupación de los periodistas mendocinos por nuevo convenio laboral

El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) se solidariza con el reclamo de participación y debate sobre las condiciones profesionales que llevan adelante más de dos centenares de periodistas de la Provincia de Mendoza, en el ámbito de la redefinición del convenio colectivo de trabajo a nivel local
La falta de previa consulta a los principales afectados sobre el contenido de los cambios es una actitud reprobable. En ese sentido, FoPeA apoya la intención de los periodistas de la provincia de generar ámbitos de discusión, ya que las condiciones laborales y el respeto a las pautas legales son dos de los factores principales para promover la calidad periodística, algo que no sólo es beneficioso para los medios y los periodistas, sino para la comunidad en un conjunto.
FoPeA no es una organización gremial ni pretende serlo. Pero entiende que en el caso de Mendoza, el nuevo convenio propuesto por las empresas y avalado por el sindicato de Prensa local, puede afectar el trabajo de los periodistas, avanzando sobre derechos adquiridos e intentando regular sin consulta previa aspectos relacionados con el desempeño profesional.
Según la denuncia realizada ante FoPeA por varios profesionales mendocinos nucleados en una asamblea permanente, el nuevo texto del convenio colectivo consensuado entre el gremio y las empresas locales careció de un debate amplio con los propios afectados por las modificaciones. En particular, se advirtió que en el articulado se avanza sobre cuestiones centrales que merecen una discusión más amplia y la búsqueda de consensos, como la existencia de un sueldo mínimo general para la profesión, los límites de las funciones del periodistas y del reportero gráfico, la realización de múltiples tareas sin retribución especial, el régimen de descansos compensatorios, entre muchos otros aspectos.
FoPeA recuerda una vez más el derecho de los periodistas a organizarse y a participar en distintas instancias, como los gremios específicos y las comisiones internas, sin que eso implique sufrir represalias.
Foro de Periodismo Argentino

ADC sostiene que los buscadores de Internet no tienen responsabilidad por contenidos de terceros

Presentó un amicus curiae ante la Corte en una causa en la cual está en juego la responsabilidad de los buscadores por contenidos de sitios web de terceros. La ADC sostiene que, en este caso, los estándares de libertad de expresión protegen a los motores de búsqueda. La discusión es relevante por sus efectos sobre la circulación de información en Internet, en un contexto en el cual se ha comenzado a debatir jurisprudencial y legislativamente la materia en el país 
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa en la cual se discute la responsabilidad de los buscadores de Internet por contenido generado por terceros. En su amicus (un escrito que aporta argumentos al tribunal que decide en la causa), la ADC sostiene, en este caso, que los estándares que rigen el derecho a la libertad de expresión protegen a los buscadores. La ADC considera que el caso es particularmente relevante por sus efectos sobre la circulación de información en Internet, en un contexto en el cual se ha comenzado a discutir jurisprudencial y legislativamente la materia en el país.
En la causa “Da Cunha, Virginia c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios”, la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó una sentencia de primera instancia que condenaba a Google y Yahoo! a pagar una suma en concepto de reparación por la vinculación del nombre e imagen de la cantante con contenidos que consideraba agraviantes.
En su escrito de amicus curiae, la ADC presenta los siguientes argumentos:

1) La ADC comienza explicando el funcionamiento y relevancia de los buscadores de Internet. Así, sostiene que el carácter descentralizado de Internet vuelve a los buscadores intermediarios necesarios entre los usuarios y quienes proveen contenidos en Internet, a la vez que los transforma en “puntos de control” de los gobiernos y las entidades privadas que quieren ejercer cierto dominio sobre los contenidos. Por otra parte, su proceso de funcionamiento es automático, a través de algoritmos matemáticos programados en el software.
En conclusión, existe una intrínseca vinculación entre los buscadores y el derecho a recibir y buscar información garantizado en los artículos 13 de la Convención Americana y 14 y 32 de la Constitución Nacional.

2) Según la ADC, es necesario aplicar a este caso la doctrina de la Corte conocida como “Campillay”, que sostiene que los medios de comunicación no son responsables por la difusión de una noticia falsa o inexacta cuando identifican la fuente de la noticia. “Los motores de búsqueda se limitan a reproducir los contenidos que provienen de otras “fuentes”, que son precisamente los links a sitios web que arrojan los resultados de las búsquedas realizadas por los usuarios”, postula la ADC.

La aplicación de una doctrina que la Corte consideró tradicionalmente para los medios de prensa no significa equiparar a los buscadores con dichos medios. En realidad, advierte la ADC, “los motores de búsqueda no tienen el control sobre el contenido que difunden del mismo modo en que sí lo tienen los medios de prensa a los cuales se les ha aplicado el estándar constitucional mencionado. El funcionamiento de los motores de búsqueda es automático, sin el trabajo de edición periodística propio de los medios de prensa, que implica decidir qué y cómo se publica una información determinada, así como su tratamiento periodístico, entre otras cuestiones”. En definitiva, sostiene la ADC, “si la Corte ha aplicado un estándar alto de protección a los medios de prensa, no parece razonable restringirlo para el caso de los simples intermediarios como los buscadores de Internet”.
Cómo explica la ADC, el fundamento de dicha doctrina radica en la necesidad de evitar el efecto disuasivo e inhibitorio que tendría sobre los intermediarios la posible atribución de responsabilidad por contenidos de terceros.

3) Para apoyar su postura, la ADC presenta jurisprudencia y legislación comparada donde, aún con distintos modelos, se otorga distinto grado de protección a los intermediarios. Sin este tipo de protecciones, advierte la ADC, “los incentivos de los buscadores –en tanto empresas con fines comerciales— podrían colisionar con el pleno respeto por la libertad de expresión de quienes usan sus servicios”.
Fuente: ADC

España: Los 'indignados' leen un manifiesto a favor de la "libre información" en la sede de la TV murciana

Por el momento, la organización del campamento en Murcia desconoce cuántos 'indignados' han sido interceptados por la Guardia Civil

Un grupo de 'indignados' movilizados en apoyo a la iniciativa 'Democracia Real Ya', ha accedido este martes a las dependencias de la sede de la televisión autonómica '7 Región de Murcia', donde han leído un manifiesto reivindicando "el derecho a una libre información, a una programación cultural de mayor nivel y, en definitiva, a utilizar una televisión pública para dar una información pública de verdad".
En declaraciones a Europa Press, uno de los miembros del grupo de 'indignados' que han ocupado la sede de la televisión autonómica ha dicho que se han retirado de la sede por su propio pie con las manos en alto gritando "no somos violentos" y, el grupo se ha dispersado en vehículos en el momento en que llegaba la Guardia Civil.
Según ha informado la organización de la acampada de 'Democracia Real Ya' en Murcia, por el momento, no se sabe cuántos coches de 'indignados' han sido interceptados por la Benemérita, aunque sí se sabe que ha habido un intento por parte de la Guardia Civil de parar a varios de los manifestantes para recoger, a modo de procedimiento rutinario, la documentación de algunos de ellos.
Asimismo, destacan que los empleados de la empresa '7 Región de Murcia' "han informado que no ha habido daños en el mobiliario ni material" de la sede.
Por último, la organización ha recordado en su blog que 'Acampada Murcia' solo lleva a cabo acciones, manifestaciones y movilizaciones "aprobadas en asamblea", por lo que ha informado que "este movimiento representa a las personas que libremente han participado y aquellas que, también personalmente, la hayan aprobado".
Fuente: Europa Press

Comunicado desde Acampada Murcia a propósito de lo sucedido en 7Rm
Esta mañana se ha organizado una acción que contaba con gente del campamento y otras personas 'indignadas', que de forma autónoma se han movilizado hasta la sede de la televisión pública autonómica 7RM.

Cerca de cien personas han entrado pacíficamente y sin responder a la provocación por parte de algunos miembros de dicha empresa. Aún así, la actitud por parte de los representantes de la cadena y del único guardia de seguridad de la misma, ha sido agresiva e intimidatoria. Se han producido los siguientes hechos:
A la entrada, el responsable de seguridad de un 'manotazo' ha tirado la cámara de video que llevaba uno de los 'indignados'.
Se han colocado en una de las salas del edificio y se ha leído el manifiesto. Mientras se leía, una persona de la de televisión gritaba y empujaba a los manifestantes. La contestación por la parte del grupo se ha mantenido rigurosamente pacífica y sin entrar en discusión o valoración de las increpaciones.
A la salida, han empujado a uno de los 'indignados' contra la puerta de la entrada y aún así, nadie ha reaccionado. Se ha continuado la salida gritando “no somos violentos”, alzando las manos mientras.
El grupo se ha dispersado cada uno a los vehículos y en ese momento llegaba la guardia civil. Por el momento no se sabe cuántos coches han sido interceptados, aunque sí se sabe que ha habido intento por parte de la guardia civil de parar a varios de los manifestantes para recoger, a modo de procedimiento rutinario, la documentación de algunos 'indignados'.
Desde los empleados de la empresa han informado que no ha habido daños en el mobiliario ni material.
Recordamos que Acampada Murcia sólo lleva a cabo acciones, manifestaciones y movilizaciones aprobadas en asamblea. Informamos, por tanto, que este movimiento representa a las personas que libremente han participado y aquellas que, también personalmente, la hayan aprobado.
Acampada Murcia

Córdoba: juez ordenó a Cablevisión a cobrar 109 pesos en la ciudad de Villa María

Hizo lugar así a la medida cautelar impulsada por el concejal Carlos De Falco y el auditor Ricardo Borsato, quienes se presentaron como “ciudadanos comunes”
El juez Federal Subrogante de Villa María, Mario Eugenio Garzón, estudió el caso durante el fin de semana. F2: Carlos De Falco se presentó ante la Justicia en representación de la totalidad de usuarios de la ciudad
El juez Federal de Villa María Mario Garzón hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el defensor del Pueblo de la ciudad y el presidente del bloque de ediles de Unión por Córdoba y ordenó a la empresa Cablevisión SA que las facturas de mayo y junio se emitan por la suma de 109 pesos y no 143 pesos como sucede actualmente.
Para eso, el magistrado reconoció la participación del ombudsman Ricardo Borsato y del concejal Carlos De Falco “en representación del universo de usuarios de Cablevisión en la ciudad de Villa María” y corrió vista al fiscal Federal Julián Falcucci y ordenó a la citada empresa y al Estado nacional a que en el término de 15 días presenten el informe previsto por el octavo artículo de la ley 16.986.

Por qué
El viernes pasado, los dos funcionarios, representando a los usuarios del servicio de distribución de tevé por cable de la ciudad, interpusieron una acción de amparo en contra de la firma del Grupo Clarín a fin de que se le ordene cumplir con tres resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, refacture el servicio prestado, restituya lo abonado y se abstenga de interrumpir o modificar el servicio.
Los consumidores de la televisión por cable pagaron en enero pasado 123, 90 y desde febrero vienen abonando 143 pesos mensuales, cuando de conformidad a las normas referidas anteriormente (emitidas por la Secretaría de Comercio) deberían pagar 109 pesos.
El legislador y el ombudsman señalaron, en su presentación judicial, que “la relación entre la empresa y el colectivo de usuarios que representan se enmarcan dentro del ámbito de un contrato de adhesión, lo cual dificulta el reclamo ante incumplimientos y abusos por parte de la prestadora del servicio” y expresaron que en la presente causa “son aplicables los principios propios de la relación de consumo”.

Qué dijo el juez
Garzón, juez Federal Subrogante, dijo que “se observa la existencia de una lesión actual a un derecho explícitamente reconocido por la Constitución Nacional”. Se refiere así a la obligación de pagar un abono por un monto mayor al fijado por la autoridad administrativa competente, lo que afecta el derecho a la propiedad.
También, apuntó que se ve “el carácter manifiesto de tal lesión”: “Basta confrontar las resoluciones cuya aplicación se solicita con las boletas emitidas por Cablevisión”.
Garzón advirtió que “no se advierte la existencia de otros recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho de que se trata, y la demanda ha sido presentada mientras se encuentra vigente y continuada la precitada lesión”.
Al momento de pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada, precisó: “En lo atinente a la verosimilitud en el derecho, y por tratarse de materia cautelar, no debe pretenderse un conocimiento acabado, exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino sólo periférico o superficial, encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido”. En ese sentido, apreció que “la contradicción entre lo ordenado por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación y la conducta de Cablevisión aparece suficientemente acreditada” en el expediente “por medio de las facturas incorporadas a la causa”.
También indicó que “el peligro en la demora aparece también acreditado en tanto se advierte que están próximos a vencer los períodos respecto de los cuales se solicita la medida cautelar”.

Qué dijeron los impulsores
Consultado por El Diario, De Falco dijo que en el Concejo Deliberante y en la Auditoría General de Villa María se habían receptado numerosos reclamos de clientes de la empresa de televisión “lo que nos llevó a reunirnos para ver qué podíamos hacer”.
El legislador local, que también es abogado, reveló que “estudiamos los antecedentes legales y analizamos que podíamos representar al colectivo de usuarios” presentándose como ciudadanos comunes, encontrando “el entramado jurídico para llegar a ese punto”.
De Falco valoró la celeridad del juez subrogante de la Justicia Federal, ya que la presentación se produjo el viernes y la resolución se dio a conocer ayer.
“El juez ha demostrado ser independiente y no temer a las grandes empresas, actuando conforme a derecho y viendo a Cablevisión como cualquier hijo de vecino”, resaltó.
Los impulsores de la medida presentaron un escrito de 30 páginas en los que citaron jurisprudencia.

Qué pasará
De acuerdo a lo señalado por De Falco, ahora la firma puede apelar la determinación de la Justicia Federal de Villa María.
“En general las medidas cautelares no son apelables”, pero podrían recurrirla y el caso irá entonces a la Cámara Federal.
Fuente: El Diario

Gustavo Bulla: "El proceso de normalización va a llevar un tiempo más"

Así se refirió Bulla con respecto a las deudas del estado sobre la implementación de la Ley de Medios. Gustavo Bulla, director nacional de Supervisión y Evaluación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y profesor e investigador en políticas de comunicación de la Universidad de Buenos Aires y Lomas de Zamora, visitó Jujuy en el marco de los talleres de Comunicación Popular
Por: Valeria Alfaro

¿Nota interés de las personas en conocer la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
Notamos claramente el interés de la gente, hay gran concurrencia en los talleres en Jujuy y en el resto de país también. El entusiasmo ya se había verificado en los foros previos a la sanción de la ley, en los veinticuatro foros que se hicieron; después de la sanción de la ley el entusiasmo ha crecido y a los lugares a los que concurrimos siempre encontramos gente interesada en debatir y participar, estamos muy conformes.

¿Hay proyectos que ya estén conformados respecto a las posibilidades que brinda la Ley?
En los talleres realizamos una especie de simulacros de formulación los proyectos para que la gente tome en cuenta qué es lo que se debe contemplar a lo hora de pensar en la instalación de una emisora. Si después de eso surge alguno que se materialice, mucho mejor, nosotros le dejamos la posta a las universidades a través de sus políticas de Extensión Universitaria para que se corporicen estos proyectos con nuestro compromiso de apoyarlos.

¿Cómo analiza la situación de Jujuy?
La provincia tiene sus particularidades, cada región del país tiene su color local, pero en términos generales creemos que en Jujuy en poco tiempo más se va a poder realizar un proceso de multiplicidad de voces, mayor pluralismo, mayor acceso: ahora en poco tiempo más se van a sacar a licitación más de doscientos canales nuevos de televisión de aire, a Jujuy le va a tocar alguno para que se amplíe el espectro. En materia de televisión digital abierta también va a permitir a los jujeños tener una opción de calidad gratuita y variada, eso va a generar una modificación respecto de la dependencia de la televisión por cable y nosotros creemos que vemos un panorama bastante distinto de los últimos veinte años en cuanto a medios audiovisuales, cuando antes se había verificado un alto proceso de concentración de la propiedad y que perjudicaban el derecho a la comunicación de los ciudadanos. Creemos que en un mediano plazo la Argentina va a ser irreconocible respecto de su sistema de medios audiovisuales.

¿Cree que queda algún punto por resolver en cuanto a la aplicación de la Ley?
Sí, básicamente falta que la ley sea pareja para todos, porque por medio de artilugios jurídicos hoy el grupo Clarín tienen bajo una medida cautelar, suspendida la aplicación para ellos del artículo 161 que establece que en el período de un año los propietarios de medios deben adecuarse a la nueva situación. Es una medida cautelar que lo beneficia y estamos peleando para que la ley, como dice la Constitución Nacional, sea igual para todos.

¿Cuáles son las mayores dudas o denuncias que reciben?
Todavía nos siguen planteando el tema de que hay radios que siguen apareciendo y tapando otras que ya estaban, nosotros planteamos que estamos en un proceso de normalización que va a llevar un tiempo más, pero en el cual sólo van a existir radios con sus respectivas licencias y papeles en regla. Estamos trabajando en el plan técnico para ordenar y llamar a concurso todas las frecuencias disponibles que haya en las distintas regiones del país, y así cada uno emitirá y en la frecuencia y potencia que le corresponde.

¿Cree que si el partido oficialista perdiera en las próximas elecciones presidenciales seguirían contando con apoyo para la Ley?
Durante el debate de la ley hubo planteos de que la iban a derogar y modificar, pero esta ley como cualquier otra es modificable, pero para ellos los grupos opositores deberían sentarse, estudiar o buscar consenso: no es fácil constituir la arquitectura de un sistema como el que se creó. En términos generales lo que tendrían que hacer es que la ley funcione, y como en cualquier otra legislación pondrían hacer modificaciones. La apuesta de la oposición fue que el actual gobierno iba a cambiar en octubre y que con eso iba a caer la ley, da la impresión que eso no va a ser posible, hay datos elocuentes que es más que probable que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner siga siendo la presidenta de la Nación.
Fuente: El Tribuno