lunes, 1 de abril de 2024

El Parlamento de Israel aprueba prohibición de Al Jazeera y otros medios

Benjamin Netanyahu, quien apoyaba el proyecto de ley, dijo que usará "inmediatamente" la normativa. "El canal terrorista dejará de emitir", apuntó. La nueva ley prohíbe retransmitir cualquier medio que 'dañe la seguridad del Estado'

El Parlamento de Israel aprobó este lunes (01.04.2024) una ley que permite prohibir de manera temporal la difusión en ese país de cualquier medio extranjero que "dañe la seguridad del Estado", y que busca limitar las informaciones sobre la guerra en Gaza del canal qatarí Al Jazeera, una normativa que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, usará "inmediatamente", según afirmó.
Esta ley otorga al ministro de Comunicaciones el poder de ordenar a los "proveedores de contenidos", por un plazo renovable de 45 días, el fin de su retransmisión desde el país; además del cierre de sus oficinas, la confiscación de sus equipos y el bloqueo del servidor de su página web.
"El canal terrorista Al Jazeera dejará de emitir en Israel. Tengo la intención de actuar inmediatamente de conformidad con la nueva ley para poner fin a las actividades del canal", escribió el mandatario israelí en la red social X (Twitter). La ley fue aprobada por 70 votos a favor y 10 en contra, y además permite cerrar las oficinas en Israel de los canales extranjeros afectados.

"Al Jazeera perjudicó la seguridad de Israel, participó activamente en la masacre del 7 de octubre", cuando el grupo islamista palestino Hamás atacó territorio israelí y mató a unas 1.200 personas, "e incitó contra los soldados de las fuerzas de defensa. Es hora de retirar el shofar (el cuerno con el que según la tradición judía se avisa a la comunidad) de Hamás de nuestro país", añadió el premier.
Estados Unidos, preocupado
El ministro israelí de Comunicaciones, Shlomo Karhi, se mostró de acuerdo con Netanyahu y aseguró que "no habrá libertad de expresión para los portavoces de Hamás en Israel" y que "Al Jazeera cerrará en los próximos días".
Esta ley otorga al ministro de Comunicaciones el poder de ordenar a los "proveedores de contenidos", por un plazo renovable de 45 días, el fin de su retransmisión, además del cierre de sus oficinas, la confiscación de sus equipos y el bloqueo del servidor de su página web. La ley dice que la orden para cerrar un canal debe presentarse a revisión judicial en un tribunal de distrito, que debe decidir en 72 horas si desea modificar o acortar el período de la orden.

Israel acusó en enero a un periodista de Al Jazeera y a un freelance, fallecidos en un bombardeo en Gaza, de ser "agentes terroristas". También afirmó que otro periodista de la cadena qatarí, que resultó herido en un ataque, era un "comandante adjunto de compañía" de Hamás. Al Jazeera niega las acusaciones y afirma que Israel ataca sistemáticamente a sus empleados en la Franja de Gaza.

Al Jazeera es uno de los canales con mayor despliegue y periodistas en la Franja, y desde octubre ha informado sobre bombardeos de hospitales, ataques contra edificios residenciales y la muerte de gazatíes no armados, lo que según expertos podrían ser crímenes de guerra.

Varios de sus periodistas han muerto también en ataques israelíes - como Hamza Wael Dahdouh y Mustafa Thuria cuando un misil impactó contra su vehículo en el sur de Gaza-, mientras que corresponsales estrella como Wael Dahdouh han perdido a la mayoría de sus familiares, incluido su hijo primogénito y periodista, Hamza.

Estados Unidos, en tanto, se mostró preocupado por la decisión. "Una acción como esta es preocupante. Creemos en la libertad y Estados Unidos apoya el trabajo de importancia crítica que realizan los periodistas en todo el mundo y eso incluye a aquellos que informan sobre el conflicto en Gaza", apuntó en la rueda de prensa diaria la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

El veto de Israel a Al Yazira amenaza a los medios internacionales
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señaló este lunes que el veto temporal de Israel al canal catarí Al Yazira para limitar su cobertura de la guerra en Gaza es una "amenaza importante a los medios internacionales en el país".
 
"El CPJ está profundamente preocupado por la nueva legislación que autoriza al Gobierno de (Benjamín) Netanyahu a cerrar Al Yazira en Israel", dijo la organización en un comunicado en X firmado por su director de programa, Carlos Martínez de la Serna.
 
"La ley otorga al Gobierno el poder de cerrar cualquier empresa de medios extranjera que opera en Israel, lo que supone una amenaza importante a los medios internacionales en el país", dijo De la Serna sobre la llamada 'Ley Al Yazira', aprobada por el Parlamento israelí hoy.
 
"Esto contribuye a un clima de autocensura y hostilidad hacia la prensa, una tendencia que ha escalado desde que empezó la guerra entre Israel y Gaza", agregó.
 
La legislación prohíbe de forma temporal la retransmisión en Israel de cualquier medio extranjero que "dañe la seguridad del Estado" y, tras su aprobación, Netanyahu envió el siguiente mensaje en X: "El canal terrorista Al Yazira ya no transmitirá desde Israel".
 
La ley otorga al ministro de Comunicaciones el poder de ordenar a los “proveedores de contenidos”, por un plazo renovable de 45 días, el fin de su retransmisión desde el país; además del cierre de sus oficinas, la confiscación de sus equipos y el bloqueo del servidor de su página web.
 
Estados Unidos mostró este lunes su preocupación por esta ley, y la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró que el país cree en "el trabajo de importancia crítica que realizan los periodistas en todo el mundo y eso incluye a aquellos que informan sobre el conflicto en Gaza".
 
También el portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que el cierre de Al Yazira, si se concreta "es preocupante" porque "toda limitación al derecho de los periodistas a trabajar desde cualquier parte del mundo es de gran preocupación". 
Foto: Agencia AFP
Fuentes: Agencias EFE, AFP

domingo, 31 de marzo de 2024

Señales en Aire Libre Radio Comunitaria

Este último sábado de marzo pasaron por los micrófonos de Aire Libre Radio Comunitaria, Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, para hablar de los cambios en el Código Procesal Penal de Santa Fe; el Ingeniero nuclear, Eduardo Gigante, con el charlamos sobre la acción de la Comisión Nacional de Energía Atómica que frenó la construcción de los reactores. Manuel Leiva presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, se refirió a la suspensión de más de 11.000 cooperativas; con Esteban Paulón, conversamos sobre su proyecto para declarar monumento histórico nacional al edificio de la TV Pública y con Delia Valía Martin que nos contó: "Se prepara una estafa inmobiliaria a jubiladas/os y pensionadas/os". Escuchá las notas: 

Julián Alfie cambios en el Código Procesal Penal de Santa Fe
El director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, se refirió a la puesta en funcionamiento del nuevo código procesal penal involucró una reforma integral que, además de representar un cambio normativo, planteó transformaciones profundas y provocó un cambio cultural en el quehacer cotidiano en la administración de justicia.

Ese cambio de hace más de una década se tradujo en el paso de una justicia penal inquisitiva a otra de tipo acusatorio. Con estás modificaciones retrocedemos varios casilleros
Eduardo Gigante - Ing. Nuclear -La Comisión Nacional de Energía Atómica frenó la construcción de los reactores Central Argentina de Elementos Modulares "CAREM" y el Reactor Argentino Multipropósito "RA-10"
El CAREM está en etapa avanzada, pero tuvo que frenar sus obras por el despido de un centenar de trabajadores. Perfilaba como el primer reactor nuclear modular de baja y media potencia del mundo. Íntegramente desarrollado en Argentina. 
Manuel Leiva pretenden suspender a más de 11.000 cooperativas
El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento FACTTIC, que es una federación de cooperativas de trabajo, compuesta por 40 empresas que agrupan alrededor de 600 profesionales del ámbito tecnológico, localizados en todo el territorio argentino.

Dentro del padrón que presentó el Gobierno con la suspensión de más de 11.000 cooperativas, algunas tecnológicas, que dan laburo a miles de personas

No es casual que el presidente de INAES, Marcelo Collomb fue el mismo que en la gestión de Macri. En ese momento arrancó con cerca de 36 mil Cooperativas registradas y cuando se fue quedaron alrededor de 9.600 con matrícula vigente.
La gestión de Javier Milei dejó al canal sin programación, hay fuertes rumores sobre un negocio inmobiliario con la venta del histórico edificio, algo que el vocero desmintió: "no está en análisis", dijo. Un proyecto de ley busca declarar al edificio de la TV Pública, ubicado en el barrio porteño de Palermo, como Monumento Histórico Nacional, en medio de rumores que aseguran que el Gobierno planifica vender el predio para el desarrollo inmobiliario privado.
Delia Valía Martin - Caso Sciutto Se prepara una estafa inmobiliaria a jubiladas/os y pensionadas/os 
Jubilados y jubiladas de Rosario repudiamos la iniciativa del Concejal Manuel Sciutto que consiste en la posibilidad de que el banco Municipal de Rosario otorgue préstamos revertidos a adultos mayores.
El proyecto tiene el propósito de que el Banco Municipal se termine adueñando de las propiedades de jubiladas/os y pensionadas/os en virtud de una hipoteca que sería ejecutada con el fallecimiento del titular de la propiedad.  

jueves, 28 de marzo de 2024

La Televisión Pública es del pueblo Argentino

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos manifiesta su profundo rechazo a la decisión de las autoridades de Televisión Pública de reducir a su mínima expresión la programación de la emisora, dado que se ha decidido recurrir a repeticiones de contenidos ya emitidos sin nuevos programas en vivo o a grabar, para luego ponerlos en pantalla. Consideramos que esta decisión es un agravio a nuestro trabajo, que de persistir crea más incertidumbre y dudas sobre cuál es el objetivo de la gestión, teniendo en cuenta el contexto en el que el Gobierno Nacional ejecuta el achicamiento del Estado. 

Nuestros trabajadores han dado sobradas muestras de profesionalismo para llevar adelante las tareas asignadas con responsabilidad y calidad. El archivo audiovisual del canal, abierto y gratuito para toda la población, da cuentas de nuestra predisposición y capacidad para realizar todo tipo de cobertura audiovisual en vivo, desde cualquier parte del país y del mundo, así como la realización de programas artísticos, documentales, periodísticos y deportivos que han sido ampliamente reconocidos. 

No obstante, debemos aclarar que no es el personal por nosotros representado el que define los contenidos de la programación o el sesgo político que cada gestión de gobierno le imprimió a la Televisión Pública a lo largo de la historia de la emisora. 

Nuestros compatriotas deben saber, que el canal se emite desde una frecuencia valiosísima tal como es LS 82 TV Canal7, y está ubicado en un amplísimo predio concebido como un gran centro de producción audiovisual, único en el país, y uno de los más importantes del mundo. Para eso está dotado de 8 estudios, un móvil satelital, mini móviles y cámaras para exteriores, y 49 repetidoras distribuidas en todo el país. Esto significa que está preparado para realizar contenidos para las plataformas, para el propio canal y para formatos digitales de manera simultánea. Esta capacidad de producción y recursos es patrimonio activo de nuestro pueblo y tiene función indelegable de garantizar la difusión de la educación, la salud, las campañas de prevención, la cultura, el deporte, el entretenimiento, los avances científicos y tecnológicos que incluyan con orgullo y con carácter federal a todos los habitantes de la nación. 

Como ejemplo de lo que afirmamos, los países más desarrollados del mundo, entre ellos Estados Unidos, Canadá y más de 50 naciones europeas, cuentan con televisiones públicas a través de las cuales afirman identidad y soberanía para sus pueblos y ante el mundo. 

Por todo lo expresado, reclamamos firmemente a las autoridades la puesta en marcha de una urgente programación. No solo para preservar nuestra fuente de trabajo, sustento de nuestras familias y de una vida digna, sino para que se garantice la existencia misma de nuestra Televisión Pública, a la que siempre defendimos, con un propósito claro y definido que constituya una fuerte señal para el presente y sobre todo para el futuro. 
¡Sin Medios Públicos no hay democracia! 
Cuerpo de Delegados TV Pública
Consejo Directivo Nacional 
El  SATSAID declara el estado de alerta en la TV Pública 
El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), realizó una multitudinaria asamblea con las y los trabajadores de la TV Pública (TVP) para analizar el estado de situación, tras la preocupante decisión por parte de la intervención de la emisora, de levantar gran parte de la programación.

El encuentro que se realizó el miércoles fue encabezado por el cuerpo de delegados de canal, el secretario general adjunto, Hugo Medina, y los dirigentes del Consejo Directivo Nacional: Darío Aguilar, Aldo Bravo, Horacio Dri y Pablo Storino; y se analizó el complejo escenario imperante.
El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), realizó una multitudinaria asamblea con las y los trabajadores de la TV Pública (TVP) para analizar el estado de situación, tras la preocupante decisión por parte de la intervención de la emisora, de levantar gran parte de la programación.

El encuentro que se realizó el miércoles fue encabezado por el cuerpo de delegados de canal, el secretario general adjunto, Hugo Medina, y los dirigentes del Consejo Directivo Nacional: Darío Aguilar, Aldo Bravo, Horacio Dri y Pablo Storino; y se analizó el complejo escenario imperante.

Además, se buscó dar contención ante la incertidumbre que generada la falta de respuestas sobre lo que pasará con la emisora y los despidos que se vienen dando en todo el Estado nacional.
Tras el debate, el SATSAID emitió un comunicado dónde destacó, entre otras cosas, que la TV Pública brinda contenidos de calidad para todo el territorio nacional, es fuente de trabajo de muchos compañeros y compañeras, pero por sobre todas las cosas es patrimonio de todo el pueblo argentino.

Las televisoras públicas son valoradas, no solo en nuestro país, sino también en los países más importantes del mundo, entre los que se destacan, Estados Unidos, Canadá y casi 50 naciones europeas, quienes mantienen sus medios públicos a través de las cuales afirman identidad y soberanía.

En este contexto, se declaró el estado de alerta en la TVP y todos los medios públicos, bajo la consigna compartida: ¡Sin medios públicos no hay democracia!

miércoles, 27 de marzo de 2024

Proponen declarar monumento histórico nacional al edificio de la TV Pública

La gestión de Javier Milei dejó al canal sin programación, hay fuertes rumores sobre un negocio inmobiliario con la venta del histórico edificio, algo que el vocero desmintió: "no está en análisis", dijo
Un proyecto de ley busca declarar al edificio de la TV Pública, ubicado en el barrio porteño de Palermo, como Monumento Histórico Nacional, en medio de rumores que aseguran que el Gobierno planifica vender el predio para el desarrollo inmobiliario privado.

La propuesta es impulsada por el diputado nacional Esteban Paulon junto a la diputada nacional y presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein. A través de su cuenta en la red social X, el legislador compartió el proyecto presentado y señaló: "Presentamos un proyecto para declarar al edificio de la @TV_Publica como Monumento Histórico Nacional y mantenerlo como Centro de producción audiovisual. Nuestra propuesta es proteger el patrimonio cultural frente a los negocios de la casta inmobiliaria".
Teniendo en cuanta el valor arquitectónico e histórico del edificio, no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación ante los trascendidos que indicarían que parte de la reformulación de Radio y Televisión Argentina S.E., incluiría enajenar el predio encuestión. Es gravísimo que en este "revival" de las privatizaciones de los 90 se ponga en juego un edificio de tamaña importancia para la historia de nuestro país. Alcanzamos este grado de zozobra porque ya en campaña, dirigentes del hoy oficialismo, han plasmado en los medios periodísticos su voluntad de “...poner a la venta el edificio de la TV Pública (...) y construir en su lugar una torre de cien metros para recaudar dinero y destinarlo a la construcción de escuelas públicas…” sumando los hechos recientes como la eliminación de la programación que poseíael canal público de referencia nacional y cesanteo de sus trabajadores, y que,vemos allanado el camino para su venta y consecuente pérdida para siempre de algo que es de todas y todos los argentinos
"El centro de producción de televisión de Buenos Aires es Patrimonio Cultural de todo el país. Allí se emitió por primera vez la TV a color", explicó Paulon al tiempo que sostuvo: "El edificio fue pensado para promover la industria audiovisual y creemos que debe conservarse".

Además, criticó la posibilidad de que el predio donde funciona el canal estatal sea vendido para la construcción de edificios: "No coincidimos en que el Patrimonio cultural pueda estar al servicio de los negocios inmobiliarios".

También apuntó contra al Gobierno al indicar: "No hay nada más casta que hacer negocios inmobiliarios con la cultura y la historia de la ciudadanía argentina".
A partir de este jueves 28 de marzo hasta el martes 2 de abril, el canal no tendrá programación en vivo. No habrá noticieros, y se repetirán programas ya emitidos, partidos de fútbol, recitales, documentales. El vaciamiento de la Televisión Pública está en marcha.
La situación de la TV Pública es la misma que se viene repitiendo en otras empresas estatales, con un fuerte ajuste que, en este caso, la dejó prácticamente sin programación. La dirección del canal decidió que Cocineros Argentinos, uno de los ciclos insignia, finalice a fin de mes junto a otros dos programas, así como se levantaron las emisiones del noticiero de los fines de semana.

Incluso, el director ejecutivo de la TV Pública, Juan Parodi, renunció de manera imprevista el viernes pasado en medio de los recortes presupuestarios, apenas un mes y medio después de asumir en el cargo.
Por el momento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró en la conferencia de prensa de este miércoles que el tema "no está en análisis". A través de la red social X, Rial señaló que el predio de la avenida Figueroa Alcorta 2977 se vendería por u$s400 millones, mientras que el terreno ubicado en Pacheco donde se encuentra la antena de Radio Nacional se comercializaría por u$s200 millones.

También indicó que una empresa inmobiliaria se encontraba "armando la propuesta que será aprobada por el Gobierno", una situación que el periodista calificó de "escándalo" y "dudosa liquidación de los medios" públicos.

Vinculan a un venadense con la liquidación de la TV Pública
Según el periodista porteño Jorge Rial, el venadense Martín Maestu estaría a cargo del proceso de liquidación de la estación de televisión abierta perteneciente al Estado nacional. Sin embargo, con el correr de las horas habría surgido una desmentida del protagonista
Por: Juan Franco, Sur24
La salida del aire de varios programas en las últimas semanas y las recientes renuncias de altos directivos de la TV Pública -el viernes último se fue el director Juan Parodi- reforzaron la hipótesis de un cierre inexorable en la televisora estatal fundada en 1951, en sintonía con la decisión anunciada por el Gobierno nacional. "Los rematadores en nombre del Estado" son el economista venadense Martín Maestu y Rodrigo Lugones, informó en una publicación en redes sociales el conductor de Argenzuela (C5N), Jorge Rial, sindicando al primero de ellos como "la cara visible" y al segundo como "el cerebro en las sombras".
Martín Maestu, el economista de 46 años sería el portador de la motosierra en la TV Pública

Cabe acotar que Maestu, quien se desempeña como Senior Partner en la consultora internacional McKinsey & Company, no es un recién llegado a las filas libertarias, sino que desde los primeros días de la asunción del presidente Javier Milei, su nombre fue mencionado en diversos medios nacionales como un posible integrante de las segundas líneas de la Casa Rosada, y si bien se lo relacionaba con el área de Oil & Gas, ahora surge su vinculación con los medios de comunicación y en el drástico rol de liquidador. 

La primera señal del desguace, en el marco de la intervención, había sido el desplazamiento de varios envíos de la grilla habitual de la TVP, incluso algunos de amplia trayectoria, como el clásico noticiero del mediodía, y la paulatina reducción de la programación, hasta instalarse la versión de una venta del coqueto predio de Figueroa Alcorta y Tagle (incluso se habló de un negocio inmobiliario de 400 millones de dólares), aunque en las últimas horas esa especie fue desautorizada por voceros de Balcarce 50.

Hasta entrada la tarde de este miércoles, ningún medio periodístico local, incluido Sur24, había logrado acceder a la versión del propio Maestu (se encontraba a punto de embarcar en un vuelo), aunque desde el envío "Nunca es Tarde" (LT29) se comunicaron con familiares venadenses del economista, quienes les transmitieron la rotunda desmentida del supuesto liquidador, asegurando que su especialidad es el rubro de la energía, y adjudicando el episodio que lo tiene como protagonista a una "operación política" del creador de "Intrusos". 

Fuentes cercanas al Gobierno divulgaron que son medidas que buscan "reducir el presupuesto" y "bajar el déficit" heredado de la gestión de Rosario Lufrano, cuando estaba al frente de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa que maneja Radio Nacional y la TV Pública, que en 2023 se había disparado por encima de los $ 20 mil millones.

En tal sentido, en su cuenta de X, el periodista aseguró que "la crisis en los medios públicos se está acelerando", ya que el Gobierno quiere aprovechar Semana Santa para “dar de baja la programación de la Televisión Pública", así como ya sucedió con el cierre de la agencia de noticias TelAm. 

"400 millones de dólares por el predio de la @TV_Publica. Ya está IRSA y un empresario de medios radiales armando la propuesta que será aprobada por el gobierno. 200 millones más por el predio en Pacheco donde está la antena de @radionacionalAR. Su comprador sería Constantini", aseguró el conductor de radio y televisión en el impactante posteo.

Para dimensionar la gravedad del futuro cercano de la exArgentina Televisora Color (ATC), Rial describió: “Hay dudas en cuanto a si en pantalla aparecerá un fondo negro, como dicen algunos, o si la medida alcanza nada más que a dejar a la emisora sin programas en vivo y solo pasar contenidos enlatados", a partir del mes de abril. 

Milei dispuso el cierre operativo de las delegaciones provinciales del ENaCom

El gobierno nacional dispuso el cierre operativo de todas las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) "a partir del 1° de abril de 2024". Fue a través de una resolución conocida este miércoles. En la misma, se establece "un período de transición" de 60 días para "atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales".

El ENaCom, ente que regula los servicios de comunicación, se encuentra intervenido por 180 días desde el 26 de enero pasado y quedó a cargo de Juan Martín Ozores y sus interventores adjuntos, la abogada Patricia Zulema Roldán y Alejandro Pereyra, exdirector de ENaCom en la gestión de Mauricio Macri.

Esta resolución oficial significa el despido para fines de marzo de al menos de 50 trabajadores, con un número final de 200 que serán cesanteados en los próximos meses.

Según el artículo 3 de la mencionada disposición oficial, se resolvió disponer de "una dotación mínima de agentes que garantice la realización de las tareas de cierre y que elabore un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones".

Asimismo, se instó a "difundir" mediante las vías de comunicación pertinentes, los medios de atención, ingreso de denuncias y demás trámites administrativos del ente en reemplazo de la atención presencial que se efectuaba en las sedes.

A finales de enero de este año, la administración de Javier Milei dispuso la intervención del organismo, y designó a Juan Martín Ozores como interventor; ubicando al ENaCom bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

El interventor Ozores, en una entrevista otorgada hace menos de un mes, afirmó querer "facilitarle el trabajo a la industria de telecomunicaciones", generar "un marco normativo que facilite su desarrollo" y explicitó su rechazo al DNU 690/2023 decretado por Alberto Fernández, que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, a raíz de la pandemia del coronavirus.

"Estamos más en posición de desregular pero en ese proceso tendremos que pensar en un ecosistema que es más amplio y distinto que hace 10 ó 15 años", resaltó Ozores en comunicación con DPL News y agregó: "Avanzaremos en aliviar la carga y hacer que la industria pueda hacer bien su trabajo y mejore al mismo tiempo su performance económico. Buscaremos que la industria vuelva a tener negocios saludables, que puedan invertir y que eso redunde en mejores servicios". 

Ente autárquico y descentralizado
El ENaCom, según describe la página oficial del organismo, es un ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Su objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.

Fue creado en diciembre de 2015 a través del Decreto 267. Allí se establece que su rol es el de regulador de las comunicaciones con el fin de asegurar que todos los usuarios del país cuenten con servicios de calidad.

El ENaCom poseía Centros de Atención al Usuario de servicios de comunicación audiovisual, TIC y postales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaciones en todas las provincias. Según el organismo, estas delegaciones permiten elevar la capacidad de respuesta en todo el territorio nacional y descentralizar las actividades de control, fiscalización y recepción de reclamos por problemas con el suministro normal de los servicios de comunicaciones.

Tucumán: Canal 10 firmará un convenio con la Deutsche Welle

La vicepresidenta del canal público tucumano, Ingrid Lausberg, se reunió con directivos de Deutsche Welle, para impulsar acuerdos y fortalecer el derecho humano a la libertad de expresión y el acceso sin trabas a la información. Además, intercambiarán contenidos
En un contexto adverso en el que el Gobierno nacional cierra los medios de comunicación públicos, como TelAm, Canal 10 redobla la apuesta y busca abrirse al mundo. Es en este sentido que la vicepresidente de la señal tucumana, Ingrid Lausberg, viajó a Alemania para reunirse con los directivos de la Deutsche Welle (Onda alemana) o DW y firmar en un futuro un convenio de fraternidad y de intercambio de contenidos.

La DW cuenta con un programa para el desarrollo internacional de los medios de comunicación. Esto incluye la formación periodística y la transferencia de conocimientos. Sus proyectos buscan fortalecer el derecho humano a la libertad de expresión y el acceso sin trabas a la información.

El objetivo de este medio se centra en reivindicar el periodismo, la educación y la cultura. La mirada, en este sentido, está puesta en mejorar la vida de las comunidades. Las historias con impacto promueven el diálogo social. Las personas necesitan que los datos sean fiables, que estén clasificados de forma independiente y que la forma de presentarlos y el acceso al conocimiento sean justos.
La Deutsche Welle en Latinoamérica
Verónica Marchiaro, project manager (gerente de proyectos) de Eco Latinoamérica, resaltó que es importante que "este producto se hiciera aquí y no en Alemania". "Queremos mostrar lo que hace cada región, cada país de este continente maravilloso, donde hay propuestas increíbles y la sociedad civil está trabajando en el tema", especificó.

Finalmente, Lausberg destacó a este medio sobre "el diálogo fructífero del encuentro" mantenido en Alemania. "El objetivo fue crear y profundizar lazos institucionales con Canal 10. Compartimos ideas sobre cómo comunicar los hechos y eventos más importantes de América Latina con una mirada intercontinental", detalló. 
Fuente: Canal 10

La voz de un delincuente cuando amenaza, no debe tener eco en los medios de comunicación

Alarma en Rosario: nuevas amenazas del crimen organizado al periodismo, sostiene el comunicado de FoPeA que compartimos:
Desde FoPeA vemos con preocupación la situación que enfrentan las y los colegas rosarinos. Nos solidarizamos con ellos y les brindamos nuestro acompañamiento.

El Foro de Periodismo Argentino vemos con preocupación que Rosario nuevamente es paralizada por las amenazas y ataques del crimen organizado contra toda la ciudadanía, pero en particular contra los periodistas. Como ya hemos dicho, la escalada violenta pone en riesgo la integridad física y psíquica de nuestros colegas, amenaza la libertad de prensa y de expresión y atenta contra el ejercicio del periodismo y el derecho a la información de la población.

En este contexto de alta volatilidad, los periodistas que reflejan estas historias están en constante amenaza.

Los periodistas denuncian graves falencias a la hora de brindar garantías para el ejercicio de la profesión y de seguridad para la población en general. Además, respecto del avance de las bandas narco  sobre el espacio público, es sabido que esto no sería posible sin la complicidad de elementos de la política, las fuerzas de seguridad y la Justicia.

La depuración del Estado de quienes lo corrompen desde adentro como también la investigación de la huella financiera que deja el dinero sucio son medidas vitales para impedir un mayor avance del narcotráfico. En esa tarea, el rol del periodismo profesional se vuelve imprescindible.

Desde FoPeA vemos con extrema preocupación la situación que enfrentan los colegas rosarinos. Nos solidarizamos con ellos y les brindamos nuestro acompañamiento, al tiempo que instamos a las autoridades de la Provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario a que extremen las medidas para proteger a los periodistas.

Asimismo, pedimos a todo aquel que tenga cualquier grado de responsabilidad a la hora de emitir una noticia, que el afán de obtener una primicia no lo convierta en un elemento funcional al crimen organizado.

Las fotos de las notas con amenazas que dejan los narcos no agregan información a la población y pueden en cambio ser mensajes que los delincuentes quieren hacer llegar más allá de su espacio cercano, a aliados, funcionarios o bandas rivales. No contribuyamos a su difusión desde los medios periodísticos ni las redes sociales. 

En igual sentido, la reproducción de imágenes de asesinatos, como las que se vieron últimamente en todos los medios, no agrega valor informativo y solo genera morbo. Además, jerarquiza al delincuente en los círculos del crimen y puede llevar a un peligroso efecto imitación. Recordemos también que muchas veces el horario en el que se producen los ataques está relacionado con la especulación sobre su repercusión mediática.

Tener en cuenta estas cuestiones para no amplificar el terror que buscan imponer los narcos es lo mínimo que se puede hacer en solidaridad con los colegas en la primera línea de riesgo.

El maestro Javier Darío Restrepo, refiriéndose a la violencia narcoterrorista en Colombia y México, solía decir que el gran objetivo que tienen estos grupos es inhibir a la sociedad a través del miedo. Por eso, "la voz de un delincuente cuando amenaza, no debe tener eco en los medios de comunicación".
Foro de Periodismo Argentino

martes, 26 de marzo de 2024

Tribunal británico aplaza la extradición de Julian Assange y pide nuevas garantías a EE.UU.

Los jueces dieron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses, que quieren juzgar al australiano por una fuga masiva de documentos confidenciales, para que garanticen que Julian Assange podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión
Activistas colocan una pancarta a favor de Julian Assange frente a los Tribunales Reales de Justicia en Londres, en una imagen de archivo

La justicia británica pidió este martes a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que reservarían a Julian Assange, caso contrario otorgarían al fundador de Wikileaks un último recurso en Reino Unido contra su extradición. Los jueces dieron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses, que quieren juzgar al australiano por una fuga masiva de documentos confidenciales, para que garanticen que Assange podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte, según un resumen de la decisión.

"Si no se presentan estas garantías" en ese plazo, Assange podrá apelar su extradición, aceptada en junio de 2022 por el gobierno británico, según la decisión de los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson.

La justicia estadounidense reclama a Assange por la publicación desde 2010 de más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país, particularmente en Irak y Afganistán.

Entre ellos se encuentra un video que muestra a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007.

Assange fue arrestado por la policía británica en 2019 tras pasar siete años en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia en una investigación por violación, desestimada en 2019.

Deterioro de la salud
Numerosas voces pidieron al presidente estadounidense, Joe Biden, que retire los 18 cargos impuestos contra Assange durante el primer mandato de Donald Trump en virtud de una ley sobre espionaje de 1917.

En las últimas semanas, los familiares y allegados de Assange, recluido durante cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, han alertado del deterioro de su salud.

Su defensa también advierte sobre el riesgo de suicidio en caso de extradición.

El australiano se ausentó por razones médicas de las audiencias de febrero, a las que acudieron decenas de simpatizantes para expresarle su apoyo.

Durante esos dos días de debates, sus abogados argumentaron que este proceso en su contra es "político" y que una extradición pondría en peligro su salud e incluso su vida.

Según dijo entonces su abogado, Edward Fitzgerald, el australiano está siendo juzgado por "prácticas periodísticas ordinarias" consistentes en "obtener y publicar información".

Por ello su cliente se enfrenta a una sentencia desproporcionada en Estados Unidos y "existe un riesgo real de que sufra una flagrante denegación de justicia", agregó.

La abogada Clair Dobbin, que representa al gobierno estadounidense, argumentó por su parte que Assange había publicado "indiscriminadamente y a sabiendas los nombres de personas que servían como fuentes de información para Estados Unidos".

"Son estos hechos los que lo distinguen [de otros medios de comunicación] y no sus opiniones políticas", argumentó.

En enero de 2021, la justicia británica falló inicialmente a favor del fundador de WikiLeaks. Hablando del riesgo de suicidio, la jueza Vanessa Baraitser se negó entonces a autorizar la extradición. Pero esa decisión fue revertida más tarde.

Estados Unidos intentó despejar los temores sobre el trato que recibirá si es extraditado y aseguró que no será encarcelado en la prisión de alta seguridad de Florence, apodada la "Alcatraz de las montañas Rocosas", y que tendría la atención clínica y psicológica necesaria.

Washington también abrió la puerta a que Assange cumpla su eventual pena en Australia.

En su tierra natal, el primer ministro Anthony Albanese denunció recientemente la persecución contra Assange por parte de la justicia estadounidense y el Parlamento adoptó una moción pidiendo ponerle fin.
Foto: Tolga Akmen - Agencia EFE
Fuente: Agencia AFP

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