jueves, 25 de marzo de 2021

Dia de lxs trabajadores de prensa: aniversario del Estatuto del Periodista Profesional y del secuestro de Rodolfo Walsh

En el día en que se cumple el 44° aniversario (1977) de aquella pieza emblemática de la denuncia hacia la dictadura cívico militar que dio el golpe de 1976, la ‘Carta de un escritor a la junta militar´, y el ataque hacia su autor, Rodolfo Walsh, por un grupo de tareas que lo acribilló a balazos y lo secuestró, recordamos también la firma del decreto 7618 (1944) como base del Estatuto del Periodista Profesional. Ese decreto fue debatido y ratificado como Ley 12.908 en 1946 y lo propio ocurrió en ese año con el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, ambos de tanta trascendencia para la vida gremial, que desde hace unos años se nombra al 25 de marzo como el Día de lxs Trabajadorxs de Prensa.

Rodolfo Walsh tuvo muchos ‘oficios terrestres’. El de escribir e investigar lo apasionó y hubo un punto en el que el periodista se fundió con el escritor y de manera inescindible con el militante, el político de reflexiones profundas que tuvo una poética de la denuncia, el que ensayó esa nueva narrativa sobre la base de la no ficción, en una fusión entre literatura y periodismo que dio surgimiento, justamente, a lo que conocemos con Nuevo Periodismo. Walsh no se resignó ni calló ante el silencio o la complicidad de muchos medios y periodistas con la dictadura y trabajó en la creación de otros instrumentos de información: uno de ellos fue Cadena Informativa (diciembre de 1976). Allí daba el fundamento político de la iniciativa con una invocación a un pase de manos: "…Reproduzca esta información, hágala circular…", decía, para concluir: "El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Haga circular esta información".

Por otra parte el EPP no es sólo la ley marco que dice quiénes son periodistas profesionales en la Argentina y protege sus derechos taxativamente laborales sino que contiene entre sus disposiciones algunas que podríamos llamar especiales y que tienen que ver con la característica esencial del trabajo con el mundo de las ideas. El EPP con el que muchos gobiernos intentaron terminar, en especial las dictaduras, contiene la protección de la libertad de pensamiento y de expresión, la del derecho a formar parte de la organización sindical o de un partido político sin ser perseguidx por esa razón, la libertad de tránsito y acceso a la información, todos aspectos relacionados con el derecho a la información de toda la sociedad contenido en tratados supranacionales incorporados a nuestra Constitución.

El Sindicato de Prensa Rosario saluda a todxs lxs compañerxs en este día con un fuerte compromiso de defensa del Estatuto, sobre todo en un momento de fuerte precarización de la actividad periodística como el que vivimos. Sin duda también es una fecha propicia para recordar al compañero Juane Basso, fallecido recientemente. Juane era trabajador del periódico El Eslabón, de la cadena informativa -cuyo nombre es un manifiesto walshiano- y de la Cooperativa La Masa y un incansable defensor de las prácticas éticas por el derecho a la comunicación.
Rosario, 25 de marzo de 2021
Sindicato de Prensa Rosario

miércoles, 24 de marzo de 2021

Etchevehere y Grenón podrían quedar impunes en la causa por estafa y vaciamiento de El Diario

Los abogados de Walter y Viviana Grenón, los financistas que pergeñaron junto a los Etchevehere la maniobra de estafa y vaciamiento de El Diario de Paraná que terminó con 85 trabajadores en la calle, solicitaron al juez de primera instancia Carlos Ríos la prescripción de la causa y la exclusión de Dolores Etchevehere de la querella. Ríos les negó el pedido, pero los letrados apelaron y ahora la encargada de decidir será la jueza penal Carolina Castagno, la misma que ordenó el desalojo de Dolores Etchevehere y los integrantes de Proyecto Artigas de Casa Nueva. El próximo martes 23 de marzo será la audiencia en la Cámara de Apelaciones.

Un poco de contexto. La causa fue iniciada a partir de una denuncia de Dolores Etchevehere en el año 2013. Ella misma fue quien aportó documentación y pruebas a la causa que desde entonces, fue cajoneada. El pasado 30 de octubre, en el marco del conflicto en Casa Nueva, el juez Ríos activó la causa y llamó a indagatoria a todos los acusados: los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, su madre, Leonor Barbero, Walter y Viviana Grenón, y los actuales dueños de El Diario.

Desde entonces, todos ellos han desfilado por los tribunales de Paraná en extensas declaraciones indagatorias que aún no terminaron. El primero fue Luis Miguel Etchevehere, quien sorprendentemente reconoció todas las maniobras fraudulentas. La última es Leonor Barbero Marcial que comenzó a declarar el viernes 12 de marzo y aún continúa.

En el medio, los Grenón pidieron la prescripción del delito y la exclusión de Dolores Etchevehere de la querella, lo cual significa un escándalo para la Justicia de Entre Ríos ya que fueron ellos mismos quienes cajonearon durante 9 años la causa, a pesar de la enorme cantidad de documentación y pruebas aportadas por Dolores Etchevehere y por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

La responsable de decidir si la causa prescribe o no es la jueza Carolina Castagno, quien ordenó el desalojo de Dolores Etchevehere y Proyecto Artigas de Casa Nueva que terminó con el encarcelamiento de la propia Dolores en un operativo que tuvo más de 150 efectivos policiales.

Recientemente, el dictamen del fiscal federal Federico Delgado dejó en ridículo aquel fallo de la jueza Castagno por dos motivos: en primer lugar, porque Delgado probó que la documentación que Castagno utilizó como argumento para ordenar el desalojo carece de validez jurídica y además, es apócrifa; en segundo lugar, porque Castagno ignoró la perspectiva de género que el juez Flores había tenido en su fallo de primera instancia –recordemos que había dictado medidas de protección para Dolores y restricción perimetral para los Etchevehere- y el propio fiscal Delgado ratificó el encuadre jurídico de género entendiendo que se trata de un caso de violencia de género del tipo económica.
Fuente: Proyecto Artigas

45 Años del golpe cívico militar, 45 Textos

Radio Reloj: la hora a cada minuto desde hace más de 70 años

Por: Fernando García
La emisora se fundó el 1 de julio de 1947. Y desde entonces repite su fórmula. Nada de música, nada de diálogos, fuera distracciones. Sólo noticias y la hora. La hora una y otra vez, cantada cada minuto. Lo único que ha variado es la orientación informativa. Las razones se comprenden al instante cuando ubicamos el medio. Baste decir por ahora que el estilo apenas ha variado desde 1959.

La lectura de las noticias se acompasa con un sonoro segundero que al principio era marcado por un metrónomo para músicos y ahora es una señal electrónica. Al llegar cada minuto exacto suena un pitido múltiple y rápido, como de morse.

Las reglas de locución de los textos son bien precisas. Primero: "Las cuartillas leídas a dos voces deben tener entre 15 y 16 líneas escritas, y las anunciadas a una voz, entre 13 y 15", dicta la norma. "Siempre que la información cumpla ese requisito y el locutor lea a un ritmo adecuado desde el comienzo, la lectura concluirá en el minuto exacto", añade el libro de instrucciones.

Y segundo: "Cuando la noticia se extiende por más de este tiempo -sesenta segundos-, justo antes de que transcurra el minuto el locutor debe decir: 'Continuará". Y al concluir dicha noticia en el minuto siguiente, dirá para finalizar el texto y avisar: "Conclusión...".

Al finalizar la noticia, y salvo que se trate de un comunicado oficial de la autoridad competente, se cita el nombre del redactor: "Reportó Orestes Eugellés Mena", por ejemplo (y el nombre es real). Al llegar la hora en punto al final de cada bloque (matinal, verpertino, nocturno), se nombra a los locutores. Y de vez en cuando se recita un refrán.

La máxima animación llega a mediodía y medianoche, cuando se da cuenta de la hora que es en ese momento en más de veinte capitales del mundo, una por una: "La una de la madrugada en Brasilia, Brasil. Las cinco horas en Madrid, España. Las siete horas en Moscú, Rusia...".

El noticiario continuo cubre todo el espectro de la información: local, nacional, internacional, deportes, el tiempo, reportajes varios. Predominan, eso sí, los informes sobre logros y "sobrecumplimientos" en el área productiva, así como las conmemoraciones y efemérides relacionadas con los episodios más gloriosos de la patria.

Aunque la emisora siga sin ser muy conocida en Europa, en el caso de España todo el mundo escuchó su soniquete y su nombre en la canción con la que Manu Chao la hizo famosa hace justo 20 años.

Fue, y sigue siendo, su composición de mayor éxito: Me gustas tú. "Qué horas son, mi corasón", arranca la melodía... Para poco después reproducir el sonido de la emisora a las "doce de la noche en La Habana, Cuba; las once de la noche en San Salvador, El Salvador", etcétera... Y para terminar con las voces de un pareja mixta de locutores: "Rrrrradio Reloj. Cinco de la mañana", anuncia él. "No todo lo que es oro brilla", añade ella, sin que sepamos a qué se refiere.

Radio Reloj nació como una versión depurada de la emisora mexicana XEQK, que daba la hora a cada minuto. Fue el comunicador Gaspar Pumarejo propuso crearla en el seno de la compañía de radio y televisión cubana CMQ.

Hasta el triunfo de la Revolución, en 1959, los avisos horarios se alternaban tanto con noticias como con anuncios en vivo. Era la Cuba del presidente Batista en su primer mandato. El Gobierno de Fidel Castro conservó la marca y la fórmula, cambió los anuncios por consigna... y reescribió la información.
El asalto de 1957
La Comisión Nacional de Monumentos del Gobierno cubano tiene declarado Monumento Nacional una vieja cabina de Radio Reloj “por sus valores históricos” en relación con los sucesos del 13 de marzo de 1957, fecha del asalto al Palacio Presidencia protagonizado por el Directorio Revolucionario. Aquel día, el líder de la Federación Estudiantil Universitaria José Antonio Echeverría encabezó la ocupación de la emisora para informar sobre el asalto. El joven dirigente, de 24 años, afirmó ante el micrófono que los asaltantes acababan de "ajusticiar revolucionariamente" al dictador Fulgencio Batista “en su propia madriguera”. La alocución quedó cortada cuando un empleado de la radio la interrumpió. Echeverría, al saber que ya no estaba en antena, salió huyendo a la vez que ametrallaba la cabina. A los pocos minutos, Echeverría “cayó acribillado a balazos" por la policía de Batista en las inmediaciones de la Universidad de La Habana
Fuente: Diario La Vanguardia

Declaran inconstitucional artículo que obliga a canales y radios a difundir publicidad electoral gratis

La jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini, declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos que obliga a canales y radios a difundir publicidad electoral gratis de los partidos políticos.

El planteo había sido realizado por el abogado Tomás Pérez Virasoro en su carácter de apoderado de América TV S.A, de la Red Celeste y Blanca S.A y de Radio Libertad S.A (con participación accionaria en las radios Blue 101.7 y AM Belgrano). La resolución de la magistrada, según publicó Infobae, abre la posibilidad a otros grupos de medios a solicitar una decisión similar en la antesala de las elecciones legislativas nacionales que se realizarán este año.

El artículo cuestionado es el 43 quater de la ley 26.215, que establece: "De acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, los servicios de comunicación y de televisión por suscripción están obligados a ceder en forma gratuita el cinco por ciento (5%) del tiempo total de programación para fines electorales. A partir del año 2020, del porcentaje mencionado en el párrafo anterior, la mitad será cedida a título gratuito y la otra mitad será considerada pago a cuenta de impuestos nacionales".

La cuestión técnica gira en torno a los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, que resguarda la propiedad privada. Tras analizar el planteo de los medios, la reconocida magistrada federal concluyó que la cesión en sí de los espacios no es inválida, pero sí resulta de "dudosa constitucionalidad" la ausencia de una contraprestación económica y además precisó que debería ser el Estado quien se haga cargo de estos costos y no las empresas privadas de radio y televisión.

"Entiendo que durante las campañas electorales, al verse obligadas a ceder espacios de su programación diaria gratuitamente –los que habitualmente serían otorgados a terceros, a título oneroso-, las empresas licenciatarias dejan de percibir una determinada suma de dinero y ello redunda en un perjuicio económico. Que dicho perjuicio haya sido conocido y aceptado en el momento mismo de ser concedida la licencia por parte del Estado, no obsta a que se las coloque en una situación de desigualdad respecto de los demás intervinientes en el proceso eleccionario", explicó Servini.

Y agregó: "En efecto, el perjuicio no es sólo afirmado por las demandantes sino también reconocido indirectamente por el Estado Nacional, cuando al reformar el artículo 43 quater de la ley 26.215 se dispone que aquella originaria cesión del 10 por ciento, completamente gratuita, se reducirá al 5 por ciento y que, a partir del año 2020, este porcentaje disminuirá en un cincuenta por ciento mientras que la otra mitad será considerada un desembolso a modo de cancelación, a cuenta de impuestos nacionales".

A partir de la sanción de la Ley Audiovisual, la Dirección Nacional Electoral (DiNE) cede espacios gratuitos a partidos políticos en canales y radios: la distribución se realiza a través de un sorteo público. Las emisoras afectadas son de TV Abierta, TV por cable, señales nacionales, radios AM y FM habilitadas por ENaCom, quienes están obligadas a ceder el 5 por ciento de 12 horas de transmisión diarias, es decir 36 minutos por día.
Fuente: Noticias Argentinas

Lecciones de los Walsh para la era de la desinformación y el odio

La valentía y el humor de un periodista y una escritora enseñan a buscar la verdad y hablarle al poder en una época marcada por la mentira, el engaño y la banalidad
Al centro, Jorge Rafael Videla, en la Casa Rosada el 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado militar. Al año siguiente, el escritor Roberto Walsh escribió una carta abierta a la Junta Militar y fue desaparecido por la dictadura
Por: Roberto Herrscher
Ayer se cumplieron cuatro años del asesinato de la periodista mexicana Miroslava Breach. El 23 de marzo de 2017 recibió ocho disparos en la cabeza en la puerta de su casa. Había denunciado las alianzas entre el crimen organizado y la política. Un año y medio más tarde, el 2 de octubre de 2018, el periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado dentro del consulado de su país en Estambul, después de haber denunciado la corrupción del príncipe heredero.

Estos son casos extremos, pero todavía el peligro sigue latente para los que investigan el poder: cárcel, censura, cierre de medios y amenazas de muerte son rutina en muchos países.

Sin embargo, las cosas han mejorado en el último medio siglo. En los años setenta, en las dictaduras latinoamericanas los que levantaban la voz contra las injusticias eran secuestrados, torturados, desparecidos o marchaban al exilio; sus obras eran censuradas, sus libros quemados.

Hoy predominan las democracias y los derechos. Pero han surgido líderes autoritarios que mienten a destajo, intereses corporativos que ocultan crímenes y infantilizan los temas serios, voces poderosas que ocultan lo importante, privilegian lo banal e instalan el miedo al cambio y el odio a los distintos.


Ante los peligros actuales, me parece útil volver la vista a dos valientes textos argentinos de hace casi medio siglo que daban pistas sobre dos aspectos de la era de las dictaduras: el por qué se cometían los crímenes, y las condiciones culturales que los hicieron posibles.

Me refiero a la “Carta abierta a la Junta militar” del cronista y novelista Rodolfo Walsh y a “Desventuras en el país-jardín-de-infantes” de la poeta y cantautora María Elena Walsh, quienes compartían el mismo apellido sin ser parientes.

Para los periodistas y los intelectuales argentinos la carta abierta de Rodolfo Walsh condensa la valentía de enfrentar al poder, contar la verdad y el mal en la cara del tirano. El 25 de marzo de 1977, un día después del primer aniversario del golpe de Estado que instauró una dictadura militar (1976-83), Walsh salió a meter copias de su carta en distintos buzones de Buenos Aires para que llegara a los diarios porteños cuando un Grupo de Tareas de la Armada intentó secuestrarlo; él se defendió a balazos y fue abatido en plena calle.

La historia la cuentan los autores de sus dos biógrafías, Eduardo Jozami y Michael McCaughan. Se llevaron su cuerpo agonizante, y desde entonces Walsh es uno de los miles de desaparecidos argentinos. Ningún diario publicó su carta, pero hoy se enseña en las escuelas de periodismo y se cita como ejemplo de lucidez y valentía.

El texto detalla con datos y ejemplos los miles de secuestros, las torturas y asesinatos, la maquinaria de la muerte. Presenta fuentes con la precisión y el estilo que caracteriza la obra más conocida de Walsh, la pionera novela de no ficción Operación Masacre, publicada en 1957.

Pero, cuando parecía que nada podía ser peor que el horror que estaba desvelando, es cuando comienza la lección más útil para estos tiempos.

“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren”, dice el autor en su carta. Las muertes y torturas son el medio; el objetivo es la transformación económica del país para quitar derechos a los trabajadores y beneficiar a las grandes fortunas. Ese es el para qué.

Dos años después de la carta, Clarín publicó un alegato mucho menos famoso pero igual de potente, y que considero que hoy debe leerse junto con la carta de Rodolfo: se trata de “Desventuras en el país-jardín-de-infantes”, de María Elena Walsh.

Se trata de un divertido y firme argumento contra la censura de los medios, la prohibición de obras artísticas, la infantilización de todo un país. Dice María Elena Walsh en plena dictadura: “Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca ¡porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista! estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir”.

Y termina así: “Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra”.

María Elena Walsh era la más querida autora de canciones y libros para niños del país, como cuentan las biografías de Alicia Dujovne y de Sergio Pujol. No podían desaparecerla. Pero apenas salió el artículo, todas sus canciones fueron prohibidas en la radio y la televisión y sus obras expurgadas de los colegios.

Su artículo enfrenta al poder con ironía y humor, se centra en la censura cultural y denuncia la autocensura de la población, necesaria para el sostenimiento de cualquier régimen autoritario.

De estos dos textos, hoy convertidos en documentos de una época oscura, tenemos mucho que aprender y aplicar hoy: de la de Rodolfo Walsh, la importancia de investigar con denuedo y precisión los datos que el poder quiere esconder, combinar números con casos concretos que los acerquen y humanicen, y no quedarse en lo tenebroso de asesinatos y robos. Cuando el poder delinque es para obtener un fin: Walsh marcó el camino del “qué”, el “quién” y el “cómo” al “para qué”.

Los asesinatos de periodistas o de líderes ambientalistas, los pagos de empresas contratistas a políticos en paraísos fiscales, las maniobras ilegales para influir en la justicia que vemos en los diarios de hoy tienen una razón, un objetivo, una meta.

Y de la columna de María Elena Walsh, la importancia del humor inteligente, la ironía, la sutileza para hablar de la censura, la represión y el olvido de los oprimidos en su propia tragedia. No todo es violencia explícita ni todo el mal viene de gobernantes, magnates y grupos armados: el “país-jardín-de-infantes” requiere de adultos que aceptan ser tratados como niños, y que delegan en el poder su capacidad de procesar verdades incómodas y realidades complejas, que se infantilizan poniendo una “descomunal goma de borrar” en sus propios cerebros.

El resultado de obedecer a demagogos autoritarios que simplifican la realidad se está viendo en el desastroso manejo de la pandemia y las vacunas a lo ancho del continente. Y la burla a los que piensan distinto con pueriles argumentos de matón de escuela primaria está llevando a la imposibilidad de escuchar los argumentos de los adversarios.

Las cartas de Rodolfo y de María Elena Walsh están dirigidas a nosotros, como si las estuvieran escribiendo hoy.

En la época de los crímenes sepultados por torrentes de banalidad, las fake news, el tuit facilón y el efímero influencer, hay muchos periodistas valientes y lúcidos, como Khashoggi y Breach, que enfrentan al poder, explican sus causas y sus efectos, y nos alertan, como los dos Walsh, del peligro de los países-cárcel y los países-jardín-de-infantes.
Roberto Herrscher es profesor de periodismo en la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
Fuente: The New York Times

martes, 23 de marzo de 2021

Proponen una nueva ley de contenidos audiovisuales


El presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, Alfredo Luenzo, fue ratificado hoy al frente de ese cuerpo en una reunión en la que adelantó que el "gran desafío" a emprender en el nuevo año legislativo será "volver al marco regulatorio inspirado en lo que en algún momento fue la ley de contenidos audiovisuales".

El senador agradeció el acompañamiento de sus pares y trazó "una agenda activa" para el trabajo legislativo de este período ordinario. "Hay muchísimo trabajo que tenemos que hacer y creo que es un momento en el marco de la pandemia donde las tecnologías de la información son clave. De hecho, no estaríamos hoy funcionando si no es a través de este esquema. Pero más allá de estas posibilidades que son virtuosas, también hay otras cosas que el mundo está revisando", dijo a continuación.

En ese sentido, Luenzo señaló que "uno de los temas que tenemos en la Argentina es volver a recuperar un marco regulatorio que esté inspirado en lo que en algún momento se entendió como la ley de contenidos audiovisuales, pero en una propuesta de ampliar a los servicios emergentes. Lo que en definitiva estoy hablando es de las plataformas digitales", subrayó.

Al respecto, el legislador se mostró a favor de "retomar el espíritu de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en conjunto con la ley 17.741 de fomento de la actividad cinematográfica nacional y su modificatoria la ley 24.377 y todo el conjunto de políticas públicas que derogó o suspendió de hecho el gobierno anterior con el objetivo de que podamos reactivar la industria cultural nacional y generar trabajo argentino nuevamente".

"La industria audiovisual de la República Argentina está sufriendo una asimetría cada vez más profunda y por eso tenemos que trabajar en iniciativas para la promoción de la generación de contenidos nacionales y su exhibición en las diferentes plataformas. El esquema actual perjudica a nuestra cultura, el empleo argentino en este sector tiene recursos humanos reconocidos a nivel internacional y hoy no tienen la posibilidad de estar trabajando o se encuentran en desventajas", explicó.

Internet y redes sociales
Por otro lado, Luenzo sostuvo que "el otro tema es el gran debate que hoy está abriendo el mundo y es la regulación de las plataformas digitales".

En ese marco, propuso a sus pares presentar un documento desde la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado en la Audiencia "Moderación de Contenidos en Internet y Libertad de Expresión en las Américas" organizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se celebrará este jueves 25 de marzo durante el próximo periodo de sesiones de la CIDH.

"Les elevé una propuesta a la comisión que ya está circulando para que impulsemos un documento en la sesión de este jueves de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en al área de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fijando una postura para un tema que se abre ahora como debate que es la Libertad de Expresión en las Plataformas", explicó al respecto el legislador.

Luenzo contó que "la Relatoría va a funcionar en Washington" y que "está conformando un grupo de trabajo justamente para analizar la moderación de contenido que hoy está en manos solamente de las corporaciones, de remover contenidos, de editorializar y de avanzar con criterios que no era la internet que en algún momento imaginamos".

"Ha dejado de ser una internet abierta, inclusiva, democrática, sin intervención. Por el contrario, la autorregulación ha sido un fracaso y lo que vemos hoy son plataformas que están regulando contenido de acuerdo a un criterio subjetivo que no es transparente y afecta muchas veces a la libertad de expresión", continuó.

Al respecto, recordó además que "la Comunidad Económica Europea ha avanzado mucho desde el año 2010" y que "inclusive tiene observatorios acerca de la desinformación o fake news que son observatorios de la sociedad civil, pero creo que también dentro del ámbito de lo público ponerlos en debate".

Finalmente, el titular de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión propuso "trabajar en un proyecto de ley en los términos del DNU 690/20" que "garantice la conectividad como un derecho humano esencial" y que "brinde herramientas al ENaCom para terminar con los que se quieren hacer los distraídos y cobran cualquiera cosa en las boletas".
Fuente: Parlamentario

lunes, 22 de marzo de 2021

Propuesta para federalizar y democratizar la distribución de la pauta publicitaria

Con la intención de impulsar una distribución justa, federal y equitativa de la Pauta Pública Oficial desde julio pasado diversas federaciones, redes y sindicatos de la comunicación del país llevan adelante encuentros en el marco de los cuales se redactó un documento que será presentado el próximo 30 de marzo, en la Plaza del Congreso de 16 a 18 hs. .

Esta propuesta pretende ser el origen de una Ley que permita la distribución de la Pauta Pública Oficial de manera que este sistema garantice el derecho a la información de los ciudadanos y las ciudadanas con un criterio de equidad y transparencia entendiendo además que los medios de comunicación cooperativos y autogestivos tienen una importante incidencia en sus comunidades.

Consideramos necesario legislar la asignación de Publicidad Oficial. Se trata de dineros públicos, por lo que proponemos que se establezcan criterios claros de asignación de esos recursos. Consideramos importante también que la ciudadanía conozca la distribución de esos fondos. Creemos que la asignación de la publicidad oficial debe ser transparente y equitativa.

Entendemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 es un avance sustancial en orden a la necesaria democratización de la Comunicación. La Ley establece la exigencia para los medios audiovisuales de publicar en la “Carpeta de acceso público” la pauta publicitaria oficial. Art 72 Inc. e. “(viii) La(s) pauta(s) de publicidad oficial que recibiera el licenciatario, de todas las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando cada una de ellas”.

A su vez, en el Art. Nº 76, se afirma que “la autoridad de aplicación dispondrá, previa consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los topes de publicidad oficial que podrán recibir los servicios de carácter privado comercial o sin fines de lucro atendiendo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de mercado de las diferentes localizaciones. Para la inversión publicitaria oficial el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión”. Estos artículos de la Ley están en vigencia aunque no se cumplen por la disolución del Consejo Federal de Comunicación.
Los mismos criterios establecidos para los medios audiovisuales podrían extenderse a los gráficos y digitales.

Sostenemos que la Pauta Publicitaria Oficial debería promover la diversidad y pluralidad para llegar a toda la población asegurando la libertad de expresión y el derecho a la información. Es obligación del Estado evitar el creciente proceso de concentración de la información y la comunicación. Tal concentración que se da en la propiedad de los medios, en la asignación de recursos públicos y privados y en su localización geográfica.

Resulta evidente que el Estado al pautar anuncios y mensajes dirigidos a la población no puede utilizar criterios de Mercado. Al sector publicitario privado, le interesa la franja demográfica denominada ABC, que representa el 80% del consumo, pero sólo el 52% de la población.

1. Entendemos por “Publicidad Oficial” a toda comunicación, información, anuncio o campaña comunicacional que realice cualquier organismo o empresa con participación mayoritaria del Estado Nacional en forma paga en cualquier tipo de medio de comunicación.

2. Los objetivos de la Publicidad Oficial son garantizar el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública, promover el ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas y promover la participación ciudadana, los Derechos Humanos, la diversidad de culturas locales y regionales, la cultura nacional y los valores democráticos. Por tanto, la Publicidad Oficial, será distribuida en forma transparente, justa y equitativa, entre los diferentes medios garantizando la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo informativo.

3. Por lo antes expuesto señalamos que la distribución de Publicidad Oficial no puede regirse por criterios de mercado. No se trata de vender un producto o servicio a clientes o consumidores. La publicidad comercial tiene un objetivo muy concreto: promover el consumo de un bien o servicio. Sus mensajes se dirigen a un consumidor al que se trata de convencer. La lógica es comercial y se buscan beneficios puramente mercantiles. En el caso de la Publicidad Oficial la perspectiva es distinta: el Estado no se dirige a un consumidor, sino a un ciudadano. El gobierno no vende un producto o un servicio, busca informar y educar a ciudadanos. En otras palabras: La comunicación gubernamental en las sociedades democráticas se funda en el derecho de los ciudadanos a ser informados y en el deber del Gobierno de informar, transparentar su acción y rendir cuentas.

4. De igual forma entendemos que la Publicidad Oficial no debe promocionar directa o indirectamente la gestión personal de funcionarios, ni de ningún partido político.

5. El órgano de aplicación de la Ley debería ser la Agencia Estatal TelAm S.E. (como establecía la Ley de creación de la Agencia) y por tanto que toda la publicidad de los diversos organismos y empresas del Estado, se realice a través de la Agencia estatal TelAm. Dicha Agencia debería mantener un Registro Único y público de proveedores de publicidad en el que se inscriban los medios que aspiran a recibir publicidad. En ese Registro estarán incluidos los titulares de medios. Sólo podría ser rechazada la inscripción o eliminado del Registro el medio que falseara datos en su inscripción, incumpliera obligaciones fiscales o la legislación laboral en forma reiterada.
6. La Publicidad Oficial debe ser contratada directamente y solamente a los titulares de cada uno de los medios. Esto resulta indispensable para evitar la duplicación o multiplicación de facturación de un medio a través de distintas figuras jurídicas, “productoras” o agencias de publicidad.

7. A fin de promover y garantizar la pluralidad de medios de comunicación proponemos que la Ley establezca que un medio o los medios de un mismo grupo económico podrán recibir un máximo de 3% del monto total de la publicidad oficial.

8. En igual sentido y a fin de asegurar la distribución equitativa de publicidad en los medios de todo el territorio nacional con un criterio federal proponemos que la Ley establezca cupos por provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires siguiendo los mismos criterios con los que se asigna la coparticipación federal de impuestos.

9. Con igual criterio proponemos que la ley establezca un cupo de no menos del 33 % de la Publicidad Oficial a ser adjudicada a medios de titularidad de entidades sin fines de lucro.

10. Para hacer posible la transparencia y el control ciudadano sobre las contrataciones de publicidad de organismos del Estado entendemos necesario que la Ley establezca la obligación de publicar en un sitio público en internet todos los contratos publicitarios, indicando medio, empresa titular del medio, tipo de anuncio (espacio, cantidad de menciones y tiempo de emisión según sea el caso) y monto de la contratación.

11. Compartimos la idea de crear un Consejo Federal asesor en materia de publicidad y de invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a legislar en el mismo sentido.

12. Finalmente establecer como criterio excluyente para el otorgamiento de pauta publicitaria estatal que el medio privado comercial que la perciba cumpla con las normativas convencionales y los salarios acordados en paritaria con los sindicatos de actividad, en consonancia con el Art. Nº 64 de la Ley 12.908 (Estatuto del Periodista Profesional).

La actividad frente al Congreso es organizada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADiCCRA), Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), Federación Gráfica Bonaerense (FGB), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Sindicato de Prensa de Rosario, Red de Medios Digitales (RMD), Diario Tiempo Argentino y El Ciudadano ambos integrantes de la Red de Diarios Recuperados, Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SiVenDia) y Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba.

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