martes, 26 de abril de 2016

Cablevisión garantiza a sus accionistas el pago de $750 M

Cablevisión tuvo un beneficio neto de 2.474 millones en 2015. En tanto el Directorio dispuso la siguiente asignación: dividendos en efectivo por la suma de $750 M a sus accionistas y una reserva facultativa para mantener el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de la Sociedad por la suma de $1734M
En sintonía, en la Asamblea del Grupo Clarín decidieron la distribución de dividendos por $300 M, correspondientes al balance del pasado año. El monto representa más del 104% del capital nominal del holding y equivale a $ 1,043 por cada acción.

Paro en PáginaI12 por un 20% a cuenta

La asamblea de trabajadores de PáginaI12, ante la falta de respuesta al pedido de un 20% de adelanto a cuenta de la paritaria formulado el mes pasado, decidió parar hasta el cierre de la edición (NdE: el diario también saldrá sin firmas).

La resolución tiene lugar luego de reiterados pedidos de respuesta y en un contexto de inflación, tarifazos y demás medidas económicas --sobre las que informamos cotidianamente desde las páginas del diario-- que tornan insostenible llegar a fin de mes sin un aumento significativo de los salarios. Se produce además ante el destrato que se repite a año a año ante todos y cada uno de los reclamos de los trabajadores.

La asamblea solicita además al nuevo dueño de La Página S.A., Víctor Santa María, que acceda al pedido de reunión formulado por nuestra Comisión Gremial Interna.
Comisión Interna PáginaI12

Uruguay: Organizaciones piden reglamentar la Ley Audiovisual

Después de las últimas sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre varios recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine de Uruguay (AsoProd) solicitan al Poder Ejecutivo la puesta en marcha de la norma. Si bien la ley está aprobada, para la aplicación de algunas de sus disposiciones se requiere su reglamentación, y para otras es necesario que se tomen algunas resoluciones políticas. En ese sentido, si bien la SCJ declaró inconstitucionales algunos artículos e incisos de artículos, también se expidió sobre la constitucionalidad de varios más.

Un ejemplo de ello es la declaración de constitucionalidad del artículo 66 de la norma, que habla de la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), organismo encargado de controlar el cumplimiento de la LSCA. Según la norma, el CCA cuenta con autonomía técnica y está integrado por cinco miembros, uno de ellos designado por el Poder Ejecutivo -quien presidirá el consejo- y los otros cuatro por la Asamblea General del Parlamento, por dos tercios de votos. Además, sus integrantes deben acreditar “experiencia, calificación e idoneidad adecuadas para la función a desempeñar y en la defensa de los derechos a la libertad de expresión e información”.

Si bien la SCJ aún está estudiando varios recursos de inconstitucionalidad presentados por otras gremiales empresariales y empresas, a partir del supuesto de que la corte no modificará su integración en el corto plazo, la CCD y AsoProd solicitan al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que en su calidad de presidente de la Asamblea General designe a la comisión de nueve legisladores encargada de recibir las propuestas y evaluar la designación de los cuatro integrantes del consejo creado en la LSCA para garantizar su aplicación.

Además, las organizaciones solicitan al presidente de la República, Tabaré Vázquez, que reglamente la LSCA a la brevedad. Vázquez dijo varias veces que esperaría a que la SCJ se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la norma hasta aprobar una reglamentación de la LSCA. Según explicó a la diaria el integrante de la CCD José Imaz, actualmente se está consultando a otras organizaciones que estén interesadas en firmar el petitorio a los jerarcas.

Hasta el momento, la SCJ declaró constitucionales otras disposiciones que las organizaciones consideran importantes, como parte de los artículos que exigen mínimos de producción audiovisual nacional. Al respecto, la SCJ sólo declaró inconstitucional el literal C del artículo 60, que establece que 30% de la programación nacional exigida en la LSCA debería ser realizada por productores independientes. La sentencia de la SCJ cuestiona que se establezca un mínimo de horas y una franja horaria específica en la que se debería emitir este tipo de contenidos, porque ello “no se ajusta al contenido del derecho de libertad de expresión” establecido en la Constitución. Además, la SCJ declaró la constitucionalidad de los artículos que hablan sobre la protección de menores de edad y del que obliga a los cables a incluir las señales abiertas en sus grillas. De esta forma, tanto la CCD como AsoProd tienen especial interés en que este tipo de artículos queden operativos mediante la reglamentación que solicitan a Vázquez.
Fuente: La Diaria

El presidente de PRISA demanda a medios por vincularlo con los 'Panamá Papers'

Las claves de los 'Panamá Papers' La petrolera de Cebrián y su socio iraní Zandi se oculta en Seychelles y Samoa
El presidente ejecutivo del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, ha emprendido acciones legales contra varios medios de comunicación por intentar vincularle con los denominados 'Papeles de Panamá' y ha calificado de "absolutamente falsas" estas insinuaciones.

Cebrián ha emprendido estas acciones legales en nombre propio y en el del Grupo contra La Sexta televisión, Elconfidencial.com y Eldiario.es por el carácter difamatorio de las informaciones, según explica en un comunicado.
Se trata de unas "informaciones y comentarios difamatorios" que tienen "una clara intención de vincularle con los denominados 'Panamá Papers".

"Dichas insinuaciones son absolutamente falsas, tienen clara intención difamatoria y suponen un grave menoscabo de la honorabilidad y reputación, tanto de Juan Luis Cebrián, como del Grupo PRISA y sus empresas", concluye.

El presidente del Grupo Prisa y su socio y amigo Massoud Farshad Zandi, empresario español de origen iraní, y también amigo del ex presidente Felipe González, son accionistas de la petrolera luxemburguesa Star Petroleum, que usó el despacho de Mossack Fonseca para ocultar la titularidad de sus accionistas, según informa hoy El Confidencial. Juan Luis Cebrián tiene actualmente un 2% donado [por Zandi] de esta compañía desde una offshore "por una larga relación de amistad y mutuo apoyo en materias personales y profesionales" con el hispano-iraní.

Los documentos de la investigación ponen de manifiesto que el empresario fue ayudado por el despacho de Mossack Fonseca para constituir sociedades offshore en Seychelles y Samoa, a través de las cuáles controlaba Star Petroleum, con sede operativa en Madrid y con sede fiscal en Luxemburgo.

Además, el presidente de la empresa editora del periódico El País y propietaria de la Cadena Ser, entre otros medios, tiene opciones para comprar otro 3% del capital de la luxemburguesa por 14,67 millones de euros. Desde julio a diciembre de 2015 fue consejero de esta compañía.

Joaquín Arespacochaga es socio de Star Petroleum, a través de Kunert Beteilligung S.A, así como Javier Merino, en fase de divorcio con Mar Flores, la familia Mesonero Romanos e Ignacio Yufera, hijo del fundador de la empresa Seur, según la información aportada hoy por El Confidencial.

La información por la que Cebrián ha emprendido acciones legales se refiere a que la Fundación Atman para el Diálogo entre Civilizaciones, impulsada por él y el ex presidente González, tiene entre sus principales miembros a empresarios ligados a Star Petroleum. Massoud Farshad Zandi fue nombrado presidente y Teresa Aranda, mujer entonces del presidente de Prisa, vicepresidenta y primera ejecutiva. En la misma figuraban Javier Merino y Joaquín Arespacochaga. Cebrián respondió a esta información negando a La Sexta y El Confidencial el haber tenido nunca sociedades offshore.
Fuente: Europa Press

Noruega, primer país del mundo en apagar su señal de FM

En enero de 2017 Noruega será el primer país en sustituir sus emisiones de radio por FM para digitalizarlas, implantando tecnología Digital Audio Broadcasting
Por: Lara Olmo
Primero fueron los tocadiscos, después las cabinas telefónicas y ahora les ha llegado el turno a los radiotransistores. Estos aparatos, que poco a poco estaban cayendo más y más en desuso, definitivamente se convertirán en reliquias de coleccionistas dentro de unos meses, al menos en Noruega. El país escandinavo se convertirá en el primero en apagar su señal de de Frecuencia Modulada (FM) a partir del 11 de enero de 2017, para sustituirla por radio digital.

Así lo ha anunciado la ministra noruega de Cultura, Thorhild Widvey, en un comunicado donde ha explicado que el apagón de la radio FM se efectuará implantado la tecnología conocida como DAB (Digital Audio Broadcasting), ampliamente extendida en el país, ya que más de la mitad de los hogares noruegos tiene un aparato con un terminal adaptado a este sistema.

“Los oyentes tendrán acceso a contenidos de radio más diversos y plurales con nuevas funciones y una mejor calidad de sonido“, ha dicho la ministra, “es menos vulnerable a errores en la transmisión en condiciones extremas, permite acceder a todos los canales y, finalmente, permite la transmisión, en simultánea y a través de todos los canales, de mensajes de emergencia para la población“.

Según el gobierno noruego, actualmente el país cuenta con 22 estaciones nacionales de emisión digital, y aún hay espacio en su plataforma digital para otras 20. Además estima que la digitalización de sus emisiones nacionales de radio supondrá un ahorro anual de unos 25 millones de dólares.

La tecnología DAB pronto se extenderá al resto de países de occidente. Esta transición recuerda a la que hace unos años se produjo con la televisión digital terrestre en nuestro país. Sin embargo, mientras que la transición a los sistemas TDT solo implicaba a los televisores, las emisiones de radio afectan a muchos más equipos y escenarios. Por ejemplo, las radios de los coches o incluso de los smartphones. De ahí que el sector automovilístico noruego sea el principal afectado por esta transición, que no se producirá repentinamente, sino de forma gradual a partir del 11 de enero de 2017.
Fuente: ticbeat.com

Osvaldo Bayer: "Las empresas periodísticas tendrían que pertenecer a periodistas, no a capitalistas"

Por: Gabriela Vulcano gvulcano@diariobae.com
Las ausencias le pesan. La de sus compañeros de tertulias David Viñas, León Rozitchner y Osvaldo Soriano. La de sus amigos entrañables Rodolfo Walsh, Haroldo Conti y Paco Urondo, secuestrados y asesinados en la última dictadura cívico-militar. La de los 30 mil desaparecidos por los que fue a reclamar el último 24 de marzo a la Plaza de Mayo. La de su esposa, Marlies Joos, quien falleció hace apenas unos meses. A los 89 años, esas mismas ausencias son las que impulsan al historiador y escritor Osvaldo Bayer a seguir por el camino que eligió a fines de los ’50 cuando fundó el periódico La Chispa, desde donde denunció el trato que recibían los pueblos originarios en la Patagonia. A tan sólo cuatro meses de la llegada de la alianza Cambiemos al Poder Ejecutivo nacional, denuncia que la reciente visita del presidente estadounidense Barack Obama fue “una falta de respeto”, que desde el gobierno de Mauricio Macri “van a tratar de avanzar contra los derechos humanos, pero no van a poder” y que su gestión es de tinte “conservador” similar al de Agustín Pedro Justo.

Su casa de Belgrano, bautizada como “El Tugurio”, está abarrotada de objetos, libros, regalos, recuerdos que recolectó en cada una de sus estadías en Buenos Aires. “Este es un cuadro nuevo. Soy yo. Lo pintó mi nieta”, dice con orgullo Bayer. “Hasta hizo el pañuelo afuera del bolsillo del pantalón”, agrega. Se lava la cara para despabilarse de la siesta, ofrece un aperitivo y se sienta a conversar en su pequeño patio poblado de potus.

“Antes que nada, gracias por venir”, apunta. Hace una pausa y agrega: “Los discursos, noticias y notas que se hacen en los diarios y radios ayudan a que se mantenga viva la memoria”.

¿Como definiría a la memoria colectiva?
Es la verdadera historia de un país, por eso es tan importante la marcha del aniversario de los 40 años del golpe militar que se hizo el último 24 de marzo. Hemos recordado un período muy desgraciado para todos. En lo personal, fue el período más desgraciado de mi vida. Fui perseguido, tuve que huir y pasar momentos muy difíciles, como en el aeropuerto cuando el jefe de Ezeiza me sacó el pasaporte y me dijo: “Usted se va a poder ir ahora porque lo pide la embajada de un país muy amigo de la Argentina, que es Alemania, pero acuérdese que nunca más va a volver a pisar el suelo de la patria”. Y yo le creí a ese tipo.

Sin embargo, acá está, todos los años viene y se queda algunos meses en la Argentina.
Once años después volví a pisar el suelo de la patria. Me la pasé recorriendo las calles del centro de Buenos Aires para ver si me encontraba a este señor, incluso fui a Ezeiza. Si me lo encontraba, le iba a hacer la venia y le iba a decir: “Comodoro, estoy pisando de nuevo el suelo de la patria”.

Aunque camina, el recorrido era largo y no quería perderse ni un centímetro de una de las movilizaciones más numerosas que se hicieron luego del regreso de la democracia. Se subió a una silla de ruedas para recordar y gritar “Nunca más”. “Hay mucho olvido, pero estos actos del 24 de marzo ayudan mucho. La gente está enfocada en lo suyo, no vive pensando en el pasado sino en la actualidad”, explica Bayer.

¿Considera que existe alguna posibilidad de que se resignifique o se le quite peso al día de la Memoria?
No, pero es necesario repetir que nunca vuelva a ocurrir la desaparición de personas. Hay que recordar todas las fechas nefastas del país, como por ejemplo todas las dictaduras, como la de 1930 que rompió el equilibrio del país; también los actos terribles que hizo la democracia argentina como los fusilamientos de los peones rurales patagónicos organizados por el presidente (Hipólito) Yrigoyen, y también los realizados en el Chaco.

¿Por qué cree que esos hechos no son recordados como otros?
Porque siempre trató de olvidarse. Lo de la Patagonia se trató de olvidar hasta que mi padre me relató todo porque él había vivido en la Patagonia. Estuve 12 años investigando y encontré documentos, archivos y testimonios de la época; fueron cuatro tomos. Descubrí algo que había sido escondido completamente: La Patagonia Rebelde.

El guión de la película La Patagonia Rebelde lo llevó al destierro durante la última dictadura cívico- militar. En 2013 supo que su nombre figuraba en algo más que una lista negra. Era parte de unos “archivos secretos” en los que se lo definía como un “individuo inquietante y peligroso”.

¿Existe algún vínculo entre La Patagonia Rebelde y el terrorismo de Estado de 1976?
Se repiten absolutamente los crímenes. El presidente Yrigoyen había eliminado la pena de muerte y cuando se hizo la huelga la restableció. Fue uno de los peores crímenes, con casi 1500 fusilados, y lo llevó adelante un gobierno democrático, elegido por el pueblo.

Hace poco, el ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, puso en cuestión la cifra de desaparecidos; y Macri prefirió hablar de “violencia política” y no de terrorismo de Estado, ¿cree que hay un intento de reinstalar la teoría de los dos demonios?
Lo del señor Lopérfido es una perfidia. También es una perfidia lo del señor presidente de la República. No pueden negar lo que se ha demostrado, está todo en los juicios. Dicen eso porque son partidarios de la dictadura y por eso quieren justificarla.

¿Cree que se podrá avanzar en los juicios a los sectores civiles que fueron cómplices de los militares?
Está todo demostrado. Las investigaciones que se hicieron después de la dictadura fueron a fondo. Por primera vez un dictador se murió en la cárcel, como es el caso de Rafael Videla. Ya es algo. Antes morían en la casa cobrando un sueldo de general. Eso ya es una gran enseñanza. Creo que nunca más va haber una dictadura militar, creo que se aprendió.

Es la historia de la Argentina. Una parte de su historia también. Bayer toma en sus manos un portaretratos en la que está con su compañera de toda la vida y viaja a través de la memoria a los años ’70 cuando tuvo que exiliarse a Berlín. “Estuve 67 años de casado y ahora no está más. ¡Qué compañera que fue! Estuvo en los momentos difíciles, cuando hubo que dejar todo, empezar de cero… Nunca protestó por nada, me siguió en todo. Y ahora no está”, reflexiona. Levanta la cabeza y dice: “Todos tenemos un desaparecido”.

¿Por qué afirma que todos tenemos un desaparecido?
Porque si no fue un pariente directamente, ha sido un amigo, o un amigo de los hijos, o un vecino, o algún conocido. Todos tenemos alguien desaparecido.

¿Qué análisis hace de la llegada de Obama a la Argentina en vísperas de un 24 de marzo?
Me parece una falta de respeto, al menos debería haber hecho la autocrítica sobre el rol de Estados Unidos en las dictaduras de América latina. Ese país se tiene que hacer una autocrítica tremenda.

¿Por qué cree que no lo hizo?
Porque lo niegan. Hacen como si no hubiera existido. Apoyaron todas las dictaduras latinoamericanas y lo niegan. Es como si nada hubiera ocurrido. Es un gran cinismo.

Más allá de su política exterior, ¿cómo definiría al gobierno de Macri puertas adentro?
Hemos dado un paso atrás al haber elegido a Macri. Volvimos a la década del ’30. En esos años se defendía el mismo conservadurismo que hoy defiende Macri.

¿Cuáles son las principales medidas que critica?
Es la política en general. Van a tratar de avanzar contra los derechos humanos, pero no van a poder. Van a dar libertad a algunos de los genocidas que están en prisión, los que están menos complicados. Es necesario hacer una gran oposición.

¿Quiénes deberían integrarla?
El periodismo libre, los sindicatos… El kirchnerismo tiene que ayudar mucho pese a sus defectos.

“Las empresas tendrían que pertenecer a los periodistas no a los capitalistas”
El gobierno de Mauricio Macri dirigió sus primeras medidas al terreno comunicacional. Por decisión de sus políticas se disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), se modificó la Ley Audiovisual a través de un decreto, dejó de estar en el aire de la Televisión Pública el programa 678, se desvinculó al Estado argentino de la cadena Telesur. En este período también se dejó de publicar el diario Tiempo Argentino, despidieron de radio Continental a Víctor Hugo Morales y comenzó a tambalear el grupo mediático de Cristóbal López a raíz de denuncias de la AFIP que tienen como finalidad que su dueño se desprenda de sus medios, según admiten desde la Casa Rosada. Todos, en mayor o menor medida, eran y son voces contrarias a la actual gestión.

“Me parece una barbaridad que saquen periodistas, programas y canales. Hay que dejar la absoluta libertad de prensa. Siempre voy a hacer lo posible para defender hasta donde pueda”, advierte el historiador y escritor Osvaldo Bayer.

“Las empresas tendrían que pertenecer a periodistas, no a capitalistas. Los hombres y mujeres que llevan adelante el oficio deberían ser los dueños a través de una cooperativa. Periodistas de todas las tendencias políticas. Así se puede garantizar la libertad de prensa”, resume Bayer.
Foto: Gustavo MuñozFuente: Diario BAE

Rebote del Panamá Papers: Un diario apareció con espacios en blanco en protesta por despido

El diario hongkonés Ming Pao publicó el lunes 25 de abril del 2016 por segunda vez varias columnas en blanco en protesta por el despido de su redactor jefe el pasado martes después de que éste autorizara la difusión de una lista de destacados políticos y empresarios de la ciudad ligados a los 'Panama papers'.

Cinco columnistas del periódico en chino de Hong Kong presentaron en total sus espacios en blanco en el diario local desde el domingo en protesta por el despido, en lo que consideran fue un castigo vinculado a cuestiones ligadas a la libertad de expresión.

Tres de los espacios en blanco salieron a la luz en el suplemento dominical del diario, con la intención de criticar el despido del editor en sus titulares, cuyos textos fueron sustituidos, sin embargo, por un comunicado de la dirección del periódico aduciendo la falta de texto a la reducción de costes.

En la edición de ayer, dos nuevas columnas aparecieron en blanco bajo el titular "No pueden matarnos a todos".

Keung Kwok-Yuen fue despedido en la madrugada del pasado martes horas antes de que el periódico sacara a la luz detalles sobre la riqueza y los negocios ocultos en empresas caribeñas de destacados miembros de la élite política y financiera de Hong Kong.

Mientras la dirección administrativa del diario justificó el despido atendiendo a motivos económicos, su cese recibió insistentes críticas por parte de sindicatos y organizaciones vinculadas a los medios aduciendo que se trata de un ataque contra la libertad de prensa en la ciudad.

"Se está penalizando a los trabajadores de la redacción por verter opiniones diferentes", señaló en un comunicado la Asociación de Trabajadores de Ming Pao horas después de conocerse el cese de Keung.

El director de Ming Pao, el malayo Chong Tien Siong, visto por parte de la plantilla del diario como afín al Gobierno de Pekín, está al frente del periódico desde hace dos años tras reemplazar al veterano periodista Kevin Lau, decisión que provocó entonces protestas por parte del personal.

Poco después, Lau fue apuñalado por dos encapuchados en plena calle, dejándole gravemente herido, un ataque que provocó gran inquietud sobre la libertad de información en la ciudad. La Asociación de Trabajadores de Ming Pao ha pedido a la dirección que revoque la decisión sobre el despido de Keung y pida disculpas.

El despido de Keung coincidió con la publicación del último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras, en el que se recogía que la libertad de prensa en Hong Kong había disminuido ligeramente durante 2015, ubicando a la ciudad en el puesto 69 a nivel mundial.
Fuente: Agencia EFE

lunes, 25 de abril de 2016

La CIDH expresa su preocupación por condena por difamación a periodista

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su "preocupación" por la condena por difamación en Perú en contra del periodista Fernando Valencia Osorio, director de Diario 16
Para el ex presidente Alan García, esta portada aprobada por Fernando Valencia en marzo del 2013 daña su imagen
En un comunicado, la CIDH indicó que, el pasado 18 de abril, el Séptimo Juzgado Penal de Lima condenó a Valencia por los delitos de difamación agravada por la difusión de publicaciones en perjuicio del expresidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011).

El tribunal condenó a Valencia a un año y ocho meses de prisión y al pago de una multa de 1.900 soles (unos 580 dólares estadounidenses).

El tribunal también impuso al periodista el pago al exmandatario de una reparación civil equivalente a 100.000 soles (unos 30.000 dólares estadounidenses).

La comisión hizo un llamamiento a Perú para que "se apegue a los estándares internacionales" en materia de libertad de expresión, "de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer el periodismo sin interferencias indebidas, y a la sociedad en su conjunto a estar informada".

La CIDH también instó al Estado peruano a "promover la modificación de su legislación interna en materia de figuras penales que son utilizadas para penalizar expresiones de interés público o sobre funcionarios públicos".

Según la organización panamericana, la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público y funcionarios resulta "desproporcionada" y vulnera el derecho a la libertad de expresión.

El juicio se originó en 2013 cuando Diario 16 y otros medios de comunicación reprodujeron declaraciones del actual presidente de la República, Ollanta Humala, durante la inauguración de una obra de infraestructura en la región de San Martín.

Diario 16 tituló la mencionada cobertura en la portada con la frase "Los ladrones tienen que estar en la cárcel y no en sitios de poder" y se destacó la fotografía del expresidente Alan García, quien demandó penalmente a Valencia por los delitos de difamación.

A juicio de García, el actual presidente no lo había mencionado en su discurso, y por tanto vincularlo a las palabras de Humala, del modo que fue hecho en el caso concreto de Diario 16, "dañó su reputación e imagen".
Fuente: Agencia EFE

Los hechos y la denuncia judicial contra el periodista Fernando Valencia

El viernes 1 de marzo del 2013 el periódico Diario.16, dirigido entonces por el periodista Fernando Valencia Osorio (foto), publicó una portada principal bajo el titular “Ladrones a la cárcel y no en el Poder”, colando como imágenes de apoyo las fotografías del Presidente de la República Ollanta Humala Tasso y la del ex presidente Alan García Pérez
Adicionalmente, en la página 4 de dicho periódico se desarrolla dicha noticia, bajo el titular Ollanta Humala: “las obras inconclusas son lo peor que hay”, donde fundamentalmente se destacan las declaraciones del Presidente Humala Tasso realizadas el día anterior en la ceremonia de inauguración de un puente, en el departamento de San Martín.

En dichas declaraciones el presidente Humala Tasso señaló ante el público reunido que:
“Hoy inauguramos un puente, pero este debió hacerse hace dos años, cuando se tenía la carretera de Evitamiento. ¿Para qué la tenían si faltaba un puente? Porque las obras inconclusas son lo peor que hay.”
Además, señaló a la población reunida que:
“Cuando lleguen proyectos de saneamiento, controlen que vayan bien y que no entreguen a empresas bamba que pagan coimas y se paralizan a medio hacer. Entonces todos pagan pato (….) Los ladrones tiene que estar en la cárcel y no en sitios de poder.”
Como consecuencia de esta publicación el día 14 de marzo del 2013 el ex presidente de la República, Alan García Pérez, presentó una denuncia penal contra el director de Diario.16, Fernando Valencia Osorio, donde le imputó haber cometido el delito de difamación agravada al realizar una publicación ofensiva a su derecho al honor y buena reputación.

Resulta de particular relevancia tener en consideración que, tratándose de un acontecimiento político de pública relevancia como la inauguración de un puente, la mayoría de medios de comunicación tanto escritos como portales web destacaron la noticia al igual que Diario.16. En todas las otras publicaciones se destaca de manera preponderante el tono crítico de las declaraciones del presidente Humala Tasso sobre el gobierno del ex presidente García Pérez. Es un hecho evidente que para todos los medios de comunicación las críticas del presidente Humala estaban claramente dirigidas contra ese gobierno.

El proceso penal por difamación agravada
La demanda judicial presentada por el ex presidente Alan García fue derivada al Noveno Juzgado Penal de Lima, cuyo titular el magistrado Rómulo Chira Cabezas, el 29 de mayo del 2013 emitió un Auto de No Ha Lugar a abrir proceso contra Fernando Valencia, señalando que “…es de apreciarse que la noticia propalada por Diario 16 y según se tiene la carátula del mismo, no habría sido emitida en mérito a un juicio de valor…”.

Señala dicha resolución que “…no se aprecia que nítidamente se adecue dicho comportamiento a la conducta reprimida en el tercer párrafo del artículo 132º del Código Penal…”, ya que el denunciado Valencia Osorio “…se habría limitado a efectuar publicaciones informando sobre denunciar hechos relevados por una tercera persona…”.

Ante la emisión de esta resolución, el ex presidente García Pérez presentó recurso de apelación, y una Sala Penal de Lima revocó tal decisión y ordenó al referido magistrado que abra proceso penal contra el periodista Valencia Osorio.

Al regresar el expediente judicial al Noveno Juzgado, el juez Chira Cabezas se vio obligado a abrir el proceso penal, pero inmediatamente fue recusado por el demandante García Pérez. Si bien el mencionado juez rechazó la recusación, sí decidió apartarse por decoro del proceso, razón por la que el expediente judicial fue remitido al 7º Juzgado Penal de Lima para su tramitación.

Así, el 31 de enero del 2014 el juez Chira Cabezas emitió resolución por la cual resolvió “…Admitir a trámite la querella interpuesta por el querellante Alan Gabriel Ludwid García Pérez, por delito contra el honor, difamación agravada –contra el querellado Fernando Valencia Osorio, director del `Diario 16`….”.

Ya estando el expediente en el 7º Juzgado Penal de Lima se citó al periodista Valencia para que rinda su declaración instructiva el día 10 de abril del 2015, en la cual señaló como descargos que había cumplido con su deber periodístico de informar un hecho político relevante, por ser las declaraciones del presidente de la República Humala Tasso, y que la publicación no respondía a un ánimo de difamación o de lesionar el derecho al honor del ex presidente Alan García Pérez.

El 14 de abril del 2015 la defensa del periodista presentó ante el juzgado penal diversa documental por la cual se acreditaba que numerosos medios de comunicación, en la misma fecha de la publicación de Diario.16, también habían publicado el mismo acontecimiento referido a las declaraciones del presidente Humala Tasso, señalando con diversos titulares que el presidente se había referido de manera directa al gobierno del ex presidente.

La defensa del periodista
El 2 de julio del 2015 la defensa del periodista Valencia fue convocada por el magistrado William Lugo Villafana, titular del 7º Juzgado Penal de Lima, para presentar los alegatos de defensa. En esa fecha la defensa desarrolló como fundamentos que:
  1. La publicación del Diario.16, cuyo titular se cuestionaba a nivel judicial, contenía las declaraciones del presidente de la república Ollanta Humala Tasso en el marco de la inauguración de una obra pública, que según el dicho del jefe de Estado debió terminarse durante el gobierno anterior, el del ex presidente García. 
  2. El periódico había cumplido con el protocolo de publicar el dicho de una tercera persona colocando las respectivas comillas. 
  3. La utilización de las fotografías del presidente Humala Tasso y la del ex presidente García Pérez es un recurso periodístico completamente lícito, que sirve para transmitir la información de una manera más clara y concreta. 
  4. La colocación de la fotografía del ex presidente Alan García se sustenta en el hecho, absolutamente evidente, de que las declaraciones y críticas del presidente Humala Tasso están claramente dirigidas contra el gobierno del ex presidente. 
  5. Numerosos medios de comunicación difundieron la noticia bajo el mismo sentido de interpretación periodística, es decir, que las críticas del presidente Humala fueron contra el gobierno del ex presidente García Pérez. 
  6. Que el titular del periódico “Ladrones a la cárcel y no en el poder” también está consignado en el desarrollo de la noticia, la misma que se encuentra en la página 4 del mencionado medio impreso. 
  7. Bajo ninguna circunstancia la publicación tenía la intención de lesionar el honor y la buena reputación de la persona de Alan García Pérez.
El delito de difamación agravada en la ley penal peruana
El texto del artículo 132 tipifica el delito de difamación bajo los siguientes términos:
“El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa”.

El párrafo tercero de este artículo establece la llamada difamación agravada. Así: “Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa”.

La sentencia condenatoria
Desde la presentación de los alegatos de defensa a mediados del mes de marzo del 2016, el periodista Fernando Valencia fue sorprendido por una citación del juzgado penal para una diligencia de lectura de sentencia, la misma que se realizaría el día 18 de abril del 2016.

En esa fecha el juez William Lugo Villafana del 7º Juzgado Penal de Lima ha dictado sentencia condenatoria contra el periodista Fernando Valencia Osorio, por la supuesta comisión del delito de difamación agravada cometida en perjuicio de Alan García Pérez, al haber publicado el titular calificado como difamatorio del día 1 de marzo del 2013 en Diario.16.La mencionada sentencia le ha impuesto al periodista Valencia Osorio 1 año y 8 meses de pena privativa de la libertad suspendida, el pago de S/ 100,000 soles como reparación civil que deberá cancelar a favor de Alan García Pérez y el pago de S/ 1,900 soles como multa que deberá pagar a favor del Estado.

La sentencia señala que si bien “…de la lectura del contenido de la noticia que se desarrolla en el Diario 16 se hace mención que la obra el puente de Tarapato debió terminarse “hace dos años” se entiende que debió culminarse durante el gobierno del Presidente Alan García Pérez. Hasta ese momento no se advierte que el Mandatario haya mencionado los adjetivos que se consignan en la Portada del Diario 16 en la edición del 1 de marzo de 2013, pues dicho medio de comunicación lo que en ese momento hace es reproducir una declaración vertida por una tercera persona…“, Reconociendo que hay una mención directa al gobierno del presidente Alan García, comienza a desarrollar una línea de argumentación que solo tiene como objetivo destacar que el titular de Diario.16 es un texto resultado de la tergiversación del Director, ello muy a pesar de que en la misma sentencia el juez transcribe el texto del contenido de la nota periodística que desarrolla la noticia en la que textualmente, el presidente Humala, señala lo que había sido destacada en la portada. Así, líneas más adelante en la sentencia se copia lo siguiente:

“(…) Cuando lleguen los proyectos de saneamiento controlen que vayan bien y no entreguen a empresas bamba que pagan coimas y se paralizan a medio hacer. Entonces todos pagan pato. Los ladrones tienen que estar en la cárcel y no en sitios de poder”.

Es un hecho reiterativo en la fundamentación de la sentencia negar, que era un hecho absolutamente evidente, que Humala se refería al gobierno de Alan García. Por ello el juez Lugo declara que “…el querellado no advierte que después de dicha frase, el Presidente Humala Tasso en ninguna parte de su discurso- al menos de lo que está transcrito en el Diario 16 – hace mención al gobierno aprista, sino sólo se refiere, en términos generales, a gestiones anteriores…”, agregando que “…se puede concluir que no hace mención ni al Partido Aprista Peruano ni mucho menos al ex Presidente García Pérez…”.

Increíblemente, cuando de manera forzada analiza la prueba documental aportada por la defensa de Valencia, señala que “…si bien el querellado adjunta como prueba de descargo que otros medios de comunicación también publicaron en la página web sobre los hechos ocurridos y sostenían que las críticas iban dirigidas a la gestión del ex presidente Humala Tasso; sin embargo, se debe precisar que los titulares vertidos por los citados medios de comunicación son una interpretación que realizan cada uno de los Directores sobre las versiones vertidas por el Presidente Humala Tasso y no, necesariamente, lo que el Mandatario señaló en esa oportunidad, puesto que como se indicó en ninguna parte de las frases hace mención o señala expresamente adjetivos calificativos negativos al gobierno aprista o al ex Presidente García Pérez…”.

Muy a pesar de que cuando copia las declaraciones literales de Humala en el acto de inauguración, podemos encontrar la frase textual que Diario.16 colocó en la portada del periódico.

Así nos encontramos con un juez que niega la posibilidad de que los periodistas puedan ejercer o desarrollar una interpretación de los hechos o sucesos de la política nacional, aun cuando el mismo reconoce que todos los otros medios de comunicación efectivamente realizaron una interpretación de las declaraciones del Presidente Humala.

Ese mismo sentido de interpretación lo podemos encontrar cuando señala que “…se verifica que al momento de realizar el desarrollo de la noticia, ya dentro del contenido y desarrollo del Diario 16, expresamente en la página cuatro se indica como titular en letras grandes “Ollanta Humala: Las obras inconclusas son lo peor que hay” y no se hace mención que se refiere al gobierno aprista como sí lo hacen en la portada”. Esta afirmación resulta sumamente contradictoria con la afirmación que el propio Humala hace al inicio del acto de inauguración, cuando refiere que el puente debió inaugurarse hace dos años. Pues bien, desde la fecha de realización de ese acto político hacia dos años antes, es el período de gobierno del ex presidente García Pérez. Por lo tanto, ya no resulta necesario desarrollar un gran análisis sino, simplemente, ejercitar una simple resta para concluir categóricamente que Humala se refería a ese gobierno.

Pero, además, la sentencia declara que “…en el supuesto caso que el Presidente Humala Tasso se hubiera referido expresamente al gobierno, no existe justificación y motivo alguno para colocar en la portada la fotografía del ex Presidente García Pérez, porque al realizar dicha portada lo que brinda a la población es que el Presidente Humala Tasso señala que el ex Presidente García Pérez es “un ladrón que debe estar en la cárcel y no en el poder”, cuando en ningún momento ha ocurrido ello, este hecho daña la imagen del querellante”. Ya en este punto el juez Lugo se aparta de todo sentido de interpretación y valoración jurídica de los hechos, y se coloca muy claramente en una actitud de censor del medio de comunicación, papel en el que se permite señalar la “manera” en que un medio de comunicación debería difundir una noticia. Ese papel no le corresponde al Poder Judicial ni a alguna entidad del Estado.

Ese mismo sentido arbitrario e ilegal, de interpretar la libertad de información de un medio de comunicación, la podemos encontrar cuando la sentencia señala que “…tampoco se puede sostener que sea una noticia que debía publicarse de esa manera porque: i) no fueron frases vertidas por el Presidente Humala Tasso; ii) si se hubiera indicado que durante el gobierno aprista se produjeron dichas afirmaciones, no se puede señalar que por el simple hecho de ser ex Presidente de la República y presidente de un Partido Político que gobernó el país, pueda ser responsable de los actos ilícitos que hubieran cometido otras personas.”.

Esto no es otra cosa que censura y ello es abiertamente inconstitucional.
Fuente: justiciaviva.org.pe

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