No se trata sólo de que la tele difunda “la frivolidad, la banalidad, la inescrupulosidad”, sino –sostiene la autora de este ensayo– de que instala eso que Jean Piaget conceptualizó como “lo posible” (“para que una acción pueda efectivamente desplegarse, primero hubo de ser concebida como posible”) y esto vale para actos como el bullying, el acoso a pares perpetrado por jóvenes
Por: Dora Laino*
El lector de En busca del tiempo perdido puede tener deseos de comer magdalenas después de leer el famoso texto en el que el narrador, al mojar una magdalena en el té, se ve llevado a recordar las magdalenas que le ofrecía su tía, los domingos en su infancia. El espectador de televisión puede tener ganas de consumir los productos que se muestran en el programa de cocina o directamente en la publicidad. Muchas veces los sujetos reproducen formas de expresión que difunden los medios o se descubren tarareando una cortina musical. En este orden, también podemos considerar los programas de “TV basura”, donde figuras del espectáculo desarrollan peleas, ataques diversos y acusaciones múltiples; podemos asociar esto con las formas de acción de púberes y adolescentes en las redes sociales, a través de Internet, practicando un bullying virtual disruptivo y patologizante.
Es frecuente que la pantalla televisiva difunda una cultura frívola, banal, carente de escrúpulos, a destinatarios que viven en condiciones de vida muy distantes de ese mundo que se muestra y que deben afrontar situaciones y exigencias de vida que poco tienen que ver con lo exhibido por esa farándula. Pero la vertiente más importante que deberíamos considerar es la de la instalación de “lo posible”. Jean Piaget sostuvo en sus últimos trabajos que, para que exista una acción, primero fue necesario considerarla posible; lo real es una actualización de los múltiples posibles preexistentes; para que una acción pueda efectivamente desplegarse, primero hubo de ser concebida como posible. Esta “apertura de posibles” está en la base de la constitución de nuevas realidades. Fue necesario concebir que era posible volar para llegar a lograrlo, y ninguna de las nuevas tecnologías existiría si antes no se hubieran considerado posibles, algo que fue habilitado primero a través de significantes y que luego fue transformando la realidad en diferentes momentos históricos.
El interjuego entre las comunicaciones por Internet y las acciones en espacios públicos como escuelas o plazas no sólo ha sido noticia en nuestro país, a raíz de convocatorias a “chupinas” o “rateadas” colectivas, sino que ha cumplido funciones políticas importantes en la Primavera Arabe y en los encuentros de los diversos grupos de “indignados” en numerosos países, inaugurando formas de accionar político impensadas antes de la existencia y empleo masivo de Internet. Formas de acción que se hicieron reales después de estimarse posibles.
No hay que dejar de considerar estas circulaciones de significantes en la trama cultural-epocal que hoy interviene en la socialización de niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
En nuestro país, el estallido de la crisis del 19 y 20 de diciembre del 2001, del que están por cumplirse diez años, produjo un efecto de anomia que aún hoy sigue manifestando consecuencias. Hay transformaciones sociales que dejan huellas irreversibles en las socializaciones y subjetivaciones de muchos sujetos. Algunas consecuencias se visibilizan en acciones en conflicto con la ley, otras en patologías de diversa naturaleza, pero hay otras, de orden simbólico-cultural, que afectan a una mayor proporción de la sociedad. Respecto de este tercer grupo, cabe pensar en cómo, hoy, tensiones y conflictos se modulan y expresan de maneras diferentes de las anteriores al estallido social.
Efectivamente, hay circunstancias y situaciones conflictivas que hoy alcanzan una visibilidad que no habrían logrado antes. Las formas implícitas, los supuestos comunes del “así se hacen las cosas”, variaron notablemente en cuanto a la difusión de hechos vinculados con espacios de poder económico, político, social o mediático-comunicacional. Cierta opacidad, vivida durante décadas como natural, hoy se ha transformado: se hacen visibles conflictos y situaciones que antes no trascendían a la opinión pública y se mantenían en espacios acotados, reservados a la toma de decisiones políticas. A ello han contribuido también las nuevas tecnologías, con su velocidad de transmisión y con su menor posibilidad de control, como lo ha demostrado el caso de Wikileaks.
“Nunca vista”
El marco de estabilidad o desorden del mundo en el que se constituyen los niños es definido por sus adultos cercanos. Son los adultos responsables de las criaturas quienes establecen esa realidad en la que se constituyen. Los adultos les dan seguridad o incertidumbre, mantienen encuadres claros que aportan confianza o sólo inseguridad y sufrimiento. Cuando alguno de los progenitores desaparece, particularmente si es la madre, se generan inseguridades y son otros adultos de la familia quienes deben dar contención, organizar y asegurar la estabilidad del mundo de la vida de los niños. Cuando no hay familiares que se hagan cargo de las criaturas y éstas son institucionalizadas, se configuran riesgos significativos para la salud mental de esos niños.
En una sociedad, quienes la conducen son los que brindan ese marco organizativo y de estructuración del mundo en donde se sitúa la mayoría de los ciudadanos que la integran. Pero también son los medios masivos de comunicación los que instalan formas de acción, difunden modas o inducen a cierto tipo de consumos. Muchos sujetos asimilaron formas de expresión y de acción social transmitidas por conductores de televisión, desde que este medio audiovisual se instaló en la mayoría de los espacios domésticos.
Por otra parte, cabe pensar en lo que sucede cuando un sujeto, individualmente, se desequilibra por situaciones que lo afectan personalmente más que a otros. El aislamiento impulsado por la antigua psiquiatría alienista, con bases positivistas, es negativo, no sólo porque no contribuye al restablecimiento sino porque agrava la perturbación que ese sujeto vive. Por el contrario, el conjunto que rodee al individuo es el que puede reorientarlo en sus apreciaciones, percepciones y acciones; así sucede en los numerosos grupos de “anónimos” en los tratamientos de adicciones diversas. En los años recientes, el énfasis excluyente en el soporte orgánico, desde el predominio de un recuperado enfoque positivista, aumentó la separación individualizada de los sujetos que sufren alguna perturbación, lo cual contribuyó en muchos casos a agravarla.
Si el conjunto que rodea y contiene al sujeto soporta y puede llegar a neutralizar, con el acompañamiento colectivo, el malestar individual, éste se diluye y alivia: se trata, salvando las distancias, de una descarga semejante a la que ocurría cuando el bebé era protegido y confortado por el grupo de pertenencia, dado que los recursos con los que contaba no eran suficientes para resolver la situación que lo aquejaba. Podríamos preguntarnos qué podría ocurrir en el mundo si se generalizara el desconcierto y no hubiera ya conductores que orientaran, ni conjuntos que pudieran absorber las tensiones; qué sucederá si siguen multiplicándose los indignados, si aumenta la desconfianza y se generaliza la crisis desplegada en muchos escenarios del norte de Occidente: se produciría esa anomia de la que habló Durkheim, pero en una escala nunca vista.
Por ello, también, aparece como un logro significativo el reconocimiento de una identidad regional en América latina. Los entendimientos entre presidentes latinoamericanos son algo nunca visto en las décadas anteriores; se trata de una marca epocal en nuestro subcontinente, que incidirá en los procesos de socialización de sus habitantes y en la constitución de sus subjetividades, en la medida en que los símbolos y signos que circulen así lo posibiliten, con una participación relevante de los medios de comunicación –multiplicados en la Argentina gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual–.
En esto convendría considerar el papel que cumplen los mensajes, permanentemente emitidos, en la salud mental y en la habilitación de acciones, por la instalación de nuevos “posibles”, en la subjetividad de sus receptores. Considerar hasta dónde la reiteración de hechos violentos o aberrantes no los aumenta, por naturalizarlos ante la recepción cotidiana, en el contexto doméstico, de millones de receptores que no en todos los casos están estructuralmente constituidos en sus posibilidades de discernimiento y diferenciación entre lo que forma parte de lo habitual y aquello que es de una excepcionalidad patológica.
*Profesora titular de Teorías Psicológicas del Sujeto y de Psicopedagogía en la Universidad Nacional de Córdoba. Texto extractado del trabajo “Sobre los medios y la constitución de subjetividades”.
Fuente: Diario PáginaI12
jueves, 1 de diciembre de 2011
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Otro fallo por difusión de contenidos privados: Crónicas Picantes... y sin autorización
La Cámara Civil condenó a una productora de televisión y América TV a indemnizar con 30 mil pesos a dos mujeres por haber difundido sus imágenes durante un velatorio en el programa conducido por Horacio Cabak. Los límites a la libertad de expresión y la instromisión en la esfera privada
La sala L de la Cámara Civil, integrada por José Luis Galmarini y Marcela Pérez Pardo (Liberman no firmó por encontrarse de licencia), condenó al canal de televisión América TV y a la productora “La Subida S.R.L.” a indemnizar a dos mujeres cuyas imágenes se difundieron sin autorización en un programa televisivo.
Se trata de la causa “CO c/ América TV SA s/ daños y perjuicios” que se inició luego de que el programa titulado “Cronicas Picantes”, conducido por Horacio Cabak, difundiera en noviembre del 2005 las imágenes de dos mujeres que se encontraban en el velatorio de la hija de una de ellas.
Los camaristas consideraron que “divulgar imágenes sin el consentimiento expreso de las personas filmadas comporta una violación del derecho a la imagen si se exhiben aspectos de la vida privada de esas personas –como ser el velatorio de un familiar importando una intromisión en la intimidad, que configura un hecho ilícito por el que se debe responder”.
En primera instancia, se admitió la demanda y se condenó a América Televisión S.A. y a la productora “La Subida S.R.L.” a pagar a una de las mujeres 12 mil en concepto de daño moral y 4 mil pesos a la otra.
El sobrino de una de las demandantes prestó testimonio afirmando que “vio las imágenes que repitieron del velatorio de su prima en un programa de Horacio Cabak emitido por América TV” y vio a su tía “llorando” y que también enfocaron a otras primas de él y a otros familiares”. Y aclaró que “no había conexión entre el robo que se mencionaba en la nota y el fallecimiento de su prima”. Es que en el programa el tratamiento del tema se había titulado “Gitana bendijo el dinero de una mujer y se lo robó”.
Tanto América TV, como la productora, sostenían que “no ha de tenerse en cuenta esta prueba por tratarse de un único testigo y porque es el sobrino de la co-actora”. Sin embargo, los camaristas explicaron que aunque “es cierto que el testimonio debe ser valorado con mayor rigor en tanto se trata de un testigo único”.
Agregando que “el hecho de que el testigo sea el sobrino de la actora tampoco le resta credibilidad a sus dichos” para los jueces es indudable que “quienes se encuentran en condiciones de declarar qué personas se mostraban en el programa televiso, son allegados o conocidos de las actoras y no por ello necesariamente debe descreerse de los dichos del testigo”.
Ello, sumado a que la empresa jamás presentó los videos sobre el hecho, consideró “cierto” que las demandantes “aparecieron en el programa ‘Crónicas Picantes’, dado que así lo declaró el testigo y fueran identificadas por el magistrado al trasmitir la cinta de video acompañada por la actora”.
“La responsabilidad de un canal de televisión debe juzgarse también conforme a la idea del aprovechamiento económico, porque es justo que quien obtiene beneficios que comparte con el productor, soporte también los riesgos inherentes” consignaron los jueces sobre la responsabilidad del canal ya que “debe responsabilizarse a América TV por la reproducción de las imágenes de las actoras en el velatorio”.
Además los magistrados decidieron aumentar los montos indemnizatorios dispuestos en primera instancia a 30 mil pesos, 20 mil pesos para una de las mujeres y 10 mil para la otra.
Foto: TelAm
Fuente: Diario Judicial
La sala L de la Cámara Civil, integrada por José Luis Galmarini y Marcela Pérez Pardo (Liberman no firmó por encontrarse de licencia), condenó al canal de televisión América TV y a la productora “La Subida S.R.L.” a indemnizar a dos mujeres cuyas imágenes se difundieron sin autorización en un programa televisivo.
Se trata de la causa “CO c/ América TV SA s/ daños y perjuicios” que se inició luego de que el programa titulado “Cronicas Picantes”, conducido por Horacio Cabak, difundiera en noviembre del 2005 las imágenes de dos mujeres que se encontraban en el velatorio de la hija de una de ellas.
Los camaristas consideraron que “divulgar imágenes sin el consentimiento expreso de las personas filmadas comporta una violación del derecho a la imagen si se exhiben aspectos de la vida privada de esas personas –como ser el velatorio de un familiar importando una intromisión en la intimidad, que configura un hecho ilícito por el que se debe responder”.
En primera instancia, se admitió la demanda y se condenó a América Televisión S.A. y a la productora “La Subida S.R.L.” a pagar a una de las mujeres 12 mil en concepto de daño moral y 4 mil pesos a la otra.
El sobrino de una de las demandantes prestó testimonio afirmando que “vio las imágenes que repitieron del velatorio de su prima en un programa de Horacio Cabak emitido por América TV” y vio a su tía “llorando” y que también enfocaron a otras primas de él y a otros familiares”. Y aclaró que “no había conexión entre el robo que se mencionaba en la nota y el fallecimiento de su prima”. Es que en el programa el tratamiento del tema se había titulado “Gitana bendijo el dinero de una mujer y se lo robó”.
Tanto América TV, como la productora, sostenían que “no ha de tenerse en cuenta esta prueba por tratarse de un único testigo y porque es el sobrino de la co-actora”. Sin embargo, los camaristas explicaron que aunque “es cierto que el testimonio debe ser valorado con mayor rigor en tanto se trata de un testigo único”.
Agregando que “el hecho de que el testigo sea el sobrino de la actora tampoco le resta credibilidad a sus dichos” para los jueces es indudable que “quienes se encuentran en condiciones de declarar qué personas se mostraban en el programa televiso, son allegados o conocidos de las actoras y no por ello necesariamente debe descreerse de los dichos del testigo”.
Ello, sumado a que la empresa jamás presentó los videos sobre el hecho, consideró “cierto” que las demandantes “aparecieron en el programa ‘Crónicas Picantes’, dado que así lo declaró el testigo y fueran identificadas por el magistrado al trasmitir la cinta de video acompañada por la actora”.
“La responsabilidad de un canal de televisión debe juzgarse también conforme a la idea del aprovechamiento económico, porque es justo que quien obtiene beneficios que comparte con el productor, soporte también los riesgos inherentes” consignaron los jueces sobre la responsabilidad del canal ya que “debe responsabilizarse a América TV por la reproducción de las imágenes de las actoras en el velatorio”.
Además los magistrados decidieron aumentar los montos indemnizatorios dispuestos en primera instancia a 30 mil pesos, 20 mil pesos para una de las mujeres y 10 mil para la otra.
Foto: TelAm
Fuente: Diario Judicial
Cámara revoca medida cautelar a favor de Cablevisión en Córdoba
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó una resolución de la justicia federal de Córdoba que a través de una medida cautelar había suspendido la aplicación de resoluciones tarifarias de la Secretaría de Comercio de la Nación respecto de la empresa de televisión por cable Cablevisión, según el fallo
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó una resolución de la justicia federal de Córdoba que a través de una medida cautelar había suspendido la aplicación de resoluciones tarifarias de la Secretaría de Comercio de la Nación respecto de la empresa de televisión por cable Cablevisión, según el fallo.
La decisión de la sala IV del Tribunal de Apelaciones hizo lugar a una presentación del Estado Nacional y declaró su "competencia para entender en el caso".
El tribunal aclaró que no se expidió sobre la cuestión de fondo de la demanda judicial, sino que no encontró razones que justifiquen el dictado de una medida cautelar de parte.
Los camaristas declararon la competencia del tribunal para el caso, rechazaron declarar esta causa "conexa" a otra que tramita en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y revocaron la medida cautelar cordobesa, dictada por el titular del Juzgado Federal 1 de la capital cordobesa, Ricardo Bustos Fierro.
"Asiste razón a la apelante cuando afirma que la peticionaria de la medida cautelar no ha logrado satisfacer plenamente los requisitos que justifiquen acceder a la medida requerida", consideró el fallo al advertir además que la casa matriz de la empresa no está en Córdoba, donde sólo hay una sucursal, por lo cual no es la justicia provincial la que debe intervenir en un tema de alcance nacional.
Cablevisión se había presentado en esa provincia para pedir una medida cautelar que suspendiera los efectos de la resolución 50-10 de la Secretaría de Comercio Interior y obtuvo respuesta favorable del juzgado federal 1, en lo relativo a los parámetros de fijación del valor del abono básico del servicio, algo que ahora fue revocado.
La Cámara advirtió la necesidad de "profundizar" sobre la cuestión de fondo planteada a raíz de la "complejidad" del caso y entendió que la medida cautelar revocada "en los términos en que fue concedida producía los mismos efectos que la declaración de inconstitucionalidad de los actos impugnados y tal anticipación se manifiesta inaceptable".
Además los jueces afirmaron que la medida cautelar provocaba "gravosos efectos" tanto "en la autoridad de aplicación de la ley" como en el "interés general en la medida que impide totalmente a la administración que ejerza legalmente los poderes atribuidos en todo el territorio nacional".
"No se encuentra acreditado que en esta etapa la vigencia de los actos cuestionados pongan en riesgo la continuidad de la empresa", concluyeron además en base a las ganancias obtenidas por Cablevisión en el 2010 y presentadas en la causa por el Estado Nacional.
Fuente: Centro de Información Judicial y TelAm
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó una resolución de la justicia federal de Córdoba que a través de una medida cautelar había suspendido la aplicación de resoluciones tarifarias de la Secretaría de Comercio de la Nación respecto de la empresa de televisión por cable Cablevisión, según el fallo.
La decisión de la sala IV del Tribunal de Apelaciones hizo lugar a una presentación del Estado Nacional y declaró su "competencia para entender en el caso".
El tribunal aclaró que no se expidió sobre la cuestión de fondo de la demanda judicial, sino que no encontró razones que justifiquen el dictado de una medida cautelar de parte.
Los camaristas declararon la competencia del tribunal para el caso, rechazaron declarar esta causa "conexa" a otra que tramita en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y revocaron la medida cautelar cordobesa, dictada por el titular del Juzgado Federal 1 de la capital cordobesa, Ricardo Bustos Fierro.
"Asiste razón a la apelante cuando afirma que la peticionaria de la medida cautelar no ha logrado satisfacer plenamente los requisitos que justifiquen acceder a la medida requerida", consideró el fallo al advertir además que la casa matriz de la empresa no está en Córdoba, donde sólo hay una sucursal, por lo cual no es la justicia provincial la que debe intervenir en un tema de alcance nacional.
Cablevisión se había presentado en esa provincia para pedir una medida cautelar que suspendiera los efectos de la resolución 50-10 de la Secretaría de Comercio Interior y obtuvo respuesta favorable del juzgado federal 1, en lo relativo a los parámetros de fijación del valor del abono básico del servicio, algo que ahora fue revocado.
La Cámara advirtió la necesidad de "profundizar" sobre la cuestión de fondo planteada a raíz de la "complejidad" del caso y entendió que la medida cautelar revocada "en los términos en que fue concedida producía los mismos efectos que la declaración de inconstitucionalidad de los actos impugnados y tal anticipación se manifiesta inaceptable".
Además los jueces afirmaron que la medida cautelar provocaba "gravosos efectos" tanto "en la autoridad de aplicación de la ley" como en el "interés general en la medida que impide totalmente a la administración que ejerza legalmente los poderes atribuidos en todo el territorio nacional".
"No se encuentra acreditado que en esta etapa la vigencia de los actos cuestionados pongan en riesgo la continuidad de la empresa", concluyeron además en base a las ganancias obtenidas por Cablevisión en el 2010 y presentadas en la causa por el Estado Nacional.
Fuente: Centro de Información Judicial y TelAm
Grecia: Apagón informativo en Atenas por una huelga de periodistas
La grave crisis por la que atraviesa el país y la caída de los ingresos de publicidad han afectado duramente al sector. Los ciudadanos se mantienen informados por la prensa de fuera de la capital
Con el paro, durante la jornada de hoy, en todos los medios de comunicación griegos se da inicio a la huelga general convocada contra el nuevo gobierno de coalición como protesta con la drástica política de recortes en curso.
El resto de los trabajadores están convocados para mañana jueves, al que será el séptimo paro total durante el presente año, y con el que los sindicatos convocantes pretenden revocar las leyes aprobadas por el anterior ejecutivo que incluyen alza de impuestos, recortes salariales y despidos en el sector público.
El mismo jueves el Parlamento votará el presupuesto estatal para 2012 que lleva aparejadas severas rebajas en todas las partidas presupuestarias, excepto en las relativas al gasto militar, valoradas en 4 mil millones de euros y nuevos recortes a los derechos sociales y laborales.
Por tal razón la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), el mayor sindicato del país, pidió a los trabajadores resisitir ante unas políticas que no sólo son injustas, sino que afectan al empleo y son absolutamente ineficaces.
Según explicaba el comunicado de la Confederación, la "GSEE y el movimiento sindical del país reclaman una política económica diferente, al servicio de la gente y sus necesidades en vez de servir a los beneficios y a los banqueros".
A su vez la Confederación de Empleados Públicos (ADEDY) alertó sobre la continuidad de las políticas neoliberales del nuevo gobierno, y denunció que el problema de la deuda en Europa está siendo usado por los poderosos como pretexto para eliminar los derechos de los trabajadores y los pueblos.
También el sindicato de orientación comunista PAME declaró que el nuevo ejecutivo de coalición era en realidad "el gobierno de la troika, (Ángela) Merkel y (Nicolás) Sarkozy, los bancos, el status quo político y económico" y no un gobierno elegido por el pueblo griego.
Mañana por tanto pararán todos los servicios públicos, incluidas aduanas y judicatura, ministerios e instituciones, y únicamente funcionarán servicios de urgencia en la red de hospitales del Estado.
No habrá transporte público, excepto durante unas horas para facilitar el acceso de los trabajadores a las distintas manifestaciones convocadas.
Igualmente confirmaron su adhesión a la huelga los empleados de la red ferroviaria nacional y los del sector marítimo, que dejarán amarrada toda la flota nacional. No así, por el momento, los empleados del sector aéreo, quienes decidirán hoy en asamblea la posición a adoptar para la jornada del jueves.
Todos los sindicatos convocantes ya anunciaron el horario y lugar de inicio que tendrán sus marchas en distintas ciudades del país, y en el caso de la capital todas las columnas de manifestantes confluirán en la céntrica plaza de Syntagma frente al Parlamento.
Fuente: Prensa Latina
Con el paro, durante la jornada de hoy, en todos los medios de comunicación griegos se da inicio a la huelga general convocada contra el nuevo gobierno de coalición como protesta con la drástica política de recortes en curso.
El resto de los trabajadores están convocados para mañana jueves, al que será el séptimo paro total durante el presente año, y con el que los sindicatos convocantes pretenden revocar las leyes aprobadas por el anterior ejecutivo que incluyen alza de impuestos, recortes salariales y despidos en el sector público.
El mismo jueves el Parlamento votará el presupuesto estatal para 2012 que lleva aparejadas severas rebajas en todas las partidas presupuestarias, excepto en las relativas al gasto militar, valoradas en 4 mil millones de euros y nuevos recortes a los derechos sociales y laborales.
Por tal razón la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), el mayor sindicato del país, pidió a los trabajadores resisitir ante unas políticas que no sólo son injustas, sino que afectan al empleo y son absolutamente ineficaces.
Según explicaba el comunicado de la Confederación, la "GSEE y el movimiento sindical del país reclaman una política económica diferente, al servicio de la gente y sus necesidades en vez de servir a los beneficios y a los banqueros".
A su vez la Confederación de Empleados Públicos (ADEDY) alertó sobre la continuidad de las políticas neoliberales del nuevo gobierno, y denunció que el problema de la deuda en Europa está siendo usado por los poderosos como pretexto para eliminar los derechos de los trabajadores y los pueblos.
También el sindicato de orientación comunista PAME declaró que el nuevo ejecutivo de coalición era en realidad "el gobierno de la troika, (Ángela) Merkel y (Nicolás) Sarkozy, los bancos, el status quo político y económico" y no un gobierno elegido por el pueblo griego.
Mañana por tanto pararán todos los servicios públicos, incluidas aduanas y judicatura, ministerios e instituciones, y únicamente funcionarán servicios de urgencia en la red de hospitales del Estado.
No habrá transporte público, excepto durante unas horas para facilitar el acceso de los trabajadores a las distintas manifestaciones convocadas.
Igualmente confirmaron su adhesión a la huelga los empleados de la red ferroviaria nacional y los del sector marítimo, que dejarán amarrada toda la flota nacional. No así, por el momento, los empleados del sector aéreo, quienes decidirán hoy en asamblea la posición a adoptar para la jornada del jueves.
Todos los sindicatos convocantes ya anunciaron el horario y lugar de inicio que tendrán sus marchas en distintas ciudades del país, y en el caso de la capital todas las columnas de manifestantes confluirán en la céntrica plaza de Syntagma frente al Parlamento.
Fuente: Prensa Latina
martes, 29 de noviembre de 2011
El FPCyS presentó proyecto para "democratizar" Canal 3
El texto, elaborado por el frepamista Carlos Pessi, propone integrar un Consejo Consultivo de nueve miembros y que la Legislatura nombre al director general. Impone también más contenidos nacionales y locales en la grilla de programación
El Frente Pampeano, Cívico y Social presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para regular y organizar la emisora gubernamental Canal 3 para hacerla compatible con la Ley Nacional de con la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual. La iniciativa, cuyo autor es el diputado Carlos Pessi y fue firmado por el resto del bloque Frepam, ingresó en la sesión del jueves 24 de noviembre y fue remitido a la Comisión de Legislación General para su análisis y tratamiento.
El proyecto determina los objetivos que debe tener el Canal gubernamental, los criterios para su programación y establece pautas para su dirección, como la incorporación de un Consejo Consultivo que democratice la conducción de la emisora.
Sobre los contenidos, Pessi indica en su iniciativa que "se regirá por lo establecido en el artículo 65° de la Ley Nacional número 26522" que implica "la emisión de un mínimo del sesenta por ciento (60%) de producción nacional y un 30% de producción local y propia, que incluya noticieros o informativos locales" y "de un mínimo del 10% de la programación basada en producción local independiente". También garantizar un programa semanal de temática política y otro de las actividades de la Legislatura.
Consultores
En cuanto a la dirección de la emisora, el proyecto precisa que debería estar a cargo de una director general "quien deberá contar con reconocida trayectoria y méritos profesionales en comunicación audiovisual y no poseer vinculación alguna con empresas privadas pertenecientes al sector en cuestión". Sería designado por la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo por un período de cuatro años.
También establece la creación de un Consejo Consultivo de Canal 3 en el ámbito de la Subsecretaria de Medios de Comunicación, que pude sancionar a los funcionarios y establece la política pública de comunicación. El Consejo cumplirá funciones ad honorem y estará integrado por un miembro del Ejecutivo, dos del Legislativo, uno por un gremio vinculado a la televisión, otro de la educación, uno de la UNLPam, uno de la Asociación Pampeana de Escritores, otro de Canal 3 y otro de la Secretaría de Derechos Humanos.
Se establece además que el Consejo Consultivo convocará a la realización de Foros Abiertos y Participativos -serían cinco en toda la provincia- para el diseño de la política pública de comunicación audiovisual de La Pampa "garantizando de esta manera la participación ciudadana en la elaboración y discusión de la política comunicacional a implementar".
Pautas claras
Pessi indicó en los fundamentos de su iniciativa que actualmente la emisora estatal LU89 TV Canal 3 se encuentran sin regulación legal y que su funcionamiento está basado en un decreto que "no considera aspectos esenciales introducidos por las leyes, convenciones, pactos, tratados e incluso la Constitución Nacional hoy vigentes. Entre otras cosas, esto permite una serie de abusos en el manejo del canal de TV estatal que han sido motivos de críticas, debates y denuncias durante muchos años".
El diputado explicó que desde 1983 se discutió pero sin pautas claras, y que la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "permite ahora contar con pautas y principios claros que van mas allá de declaraciones de derechos o de voluntad, y se convierten en muchos casos en obligaciones impuestas por una ley nacional".
Fuente: Diario La Arena
El Frente Pampeano, Cívico y Social presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para regular y organizar la emisora gubernamental Canal 3 para hacerla compatible con la Ley Nacional de con la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual. La iniciativa, cuyo autor es el diputado Carlos Pessi y fue firmado por el resto del bloque Frepam, ingresó en la sesión del jueves 24 de noviembre y fue remitido a la Comisión de Legislación General para su análisis y tratamiento.
El proyecto determina los objetivos que debe tener el Canal gubernamental, los criterios para su programación y establece pautas para su dirección, como la incorporación de un Consejo Consultivo que democratice la conducción de la emisora.
Sobre los contenidos, Pessi indica en su iniciativa que "se regirá por lo establecido en el artículo 65° de la Ley Nacional número 26522" que implica "la emisión de un mínimo del sesenta por ciento (60%) de producción nacional y un 30% de producción local y propia, que incluya noticieros o informativos locales" y "de un mínimo del 10% de la programación basada en producción local independiente". También garantizar un programa semanal de temática política y otro de las actividades de la Legislatura.
Consultores
En cuanto a la dirección de la emisora, el proyecto precisa que debería estar a cargo de una director general "quien deberá contar con reconocida trayectoria y méritos profesionales en comunicación audiovisual y no poseer vinculación alguna con empresas privadas pertenecientes al sector en cuestión". Sería designado por la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo por un período de cuatro años.
También establece la creación de un Consejo Consultivo de Canal 3 en el ámbito de la Subsecretaria de Medios de Comunicación, que pude sancionar a los funcionarios y establece la política pública de comunicación. El Consejo cumplirá funciones ad honorem y estará integrado por un miembro del Ejecutivo, dos del Legislativo, uno por un gremio vinculado a la televisión, otro de la educación, uno de la UNLPam, uno de la Asociación Pampeana de Escritores, otro de Canal 3 y otro de la Secretaría de Derechos Humanos.
Se establece además que el Consejo Consultivo convocará a la realización de Foros Abiertos y Participativos -serían cinco en toda la provincia- para el diseño de la política pública de comunicación audiovisual de La Pampa "garantizando de esta manera la participación ciudadana en la elaboración y discusión de la política comunicacional a implementar".
Pautas claras
Pessi indicó en los fundamentos de su iniciativa que actualmente la emisora estatal LU89 TV Canal 3 se encuentran sin regulación legal y que su funcionamiento está basado en un decreto que "no considera aspectos esenciales introducidos por las leyes, convenciones, pactos, tratados e incluso la Constitución Nacional hoy vigentes. Entre otras cosas, esto permite una serie de abusos en el manejo del canal de TV estatal que han sido motivos de críticas, debates y denuncias durante muchos años".
El diputado explicó que desde 1983 se discutió pero sin pautas claras, y que la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "permite ahora contar con pautas y principios claros que van mas allá de declaraciones de derechos o de voluntad, y se convierten en muchos casos en obligaciones impuestas por una ley nacional".
Fuente: Diario La Arena
Ayer venció el plazo para que Clarín cumpla con el artículo 161 ¿Y...?
Ayer venció el plazo para que todas las empresas del espectro radioeléctrico cumplan con el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Excepto para Clarín. Los privilegios del grupo y las estrategias de sus abogados para eliminar parte de la nueva competencia: el estudio Rosenkrantz nuevamente en acción
El 28 de noviembre finalizó el plazo establecido por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para el cumplimiento del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual n° 26.522, que exige que quienes posean más licencias de las permitidas deberán deshacerse de ellas.
El Grupo Clarín es el único que se verá eximido de cumplir con el artículo gracias a una medida cautelar del 2009, que tendrá vigencia hasta fines del 2013, según lo estableció la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal a cargo de los jueces María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras.
La ley traza un límite máximo de 10 licencias de radio y televisión abierta de hasta 24 licencias de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. Según una nota publicada por Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), el Grupo Clarín controla más de 200 licencias, por lo tanto supera largamente el límite estipulado.
Si bien desde la promulgación de la ley se hicieron diversas presentaciones judiciales en todo el país para frenar su aplicación y se obtuvieron varias medidas cautelares que obstaculizaron la implementación total de la norma, la única que sigue vigente hoy es la otorgada por el juez Edmundo Carbone –juzgado Civil y Comercial Federal n°1- que resolvió la suspensión del artículo 161 a favor del Grupo Clarín.
Una ley que rompe más que un monopolio
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) n° 26.522, sancionada el 10 de octubre de 2009, está hoy en plena vigencia. De modo que podría decirse que la concentración de medios que mantiene hoy el Grupo Clarín sería prácticamente el último resabio de la vieja Ley de Radiodifusión n° 22.285, aprobada durante la última dictadura cívico-militar.
La LSCA es la segunda ley en materia de radiodifusión en la historia de la Argentina promulgada en democracia. La primera había sido sancionada durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón en 1953 – Ley 14.241- y prácticamente no pudo ser aplicada. El resto de las regulaciones, incluyendo la legislación que estuvo vigente hasta el 2009, habían sido producto de gobiernos militares, por lo tanto eran normas de facto.
Estos antecedentes y la judicialización de la que está siendo objeto la LSCA, ilustran el hecho de que la implementación de una ley de estas características no es tarea sencilla, tanto por los intereses puestos en juego, como por las consecuencias que acarrea en términos de la distribución de la palabra: uno de los objetivos principales de la LSCA es la democratización de los servicios audiovisuales. Esta meta implica en los hechos la construcción de un modelo de comunicación distinto al actual, en el que se conciba a la comunicación como un derecho, en el que se lleven a cabo acciones que tiendan a garantizar la pluralidad y la diversidad de voces y, sobre todo, en que se anulen los privilegios de los monopolios del poder económico mediático concentrado.
La LSCA es –mal- llamada habitualmente “Ley de medios” porque la ley sólo regula los servicios de comunicación audiovisual o de radiodifusión; es decir que quedan afuera los diarios, Internet y cualquier otro tipo medio de comunicación que no esté vinculado con el uso espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un recurso limitado y además es patrimonio de la humanidad y por ello requiere de la acción de los Estados, que tienen el deber de establecer qué frecuencia –qué lugar en el espectro- le corresponde a cada quien, para que el servicio pueda brindarse en las mejores condiciones posibles.
La promulgación de la ley está en el comienzo de un cambio más amplio, que implica el reconocimiento de la comunicación como un derecho. Para que este derecho pueda ser ejercido por toda la ciudadanía, es condición que los monopolios dejen de serlo, y que la justicia no otorgue privilegios.
En la Capital Federal la resistencia a la aplicación de la ley se ve reflejada sobre todo en dos casos radicados en el fuero Civil y Comercial Federal.
Al margen de la ley
Cuando la ley aún esperaba su aprobación legislativa, el Grupo Clarín SA ya había presentado una medida cautelar ante el tribunal civil y comercial federal para que se impida el tratamiento legislativo del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero no lo consiguió. Entonces cambió el objeto de su demanda, pidiendo se suspenda la aplicación de los artículos 41 y 161 de la Ley. El Artículo 41 básicamente establece que las licencias son intransferibles, mientras que el artículo 161 dispone la adecuación de los prestadores de servicios audiovisuales a los requisitos y límites que impone la ley. Para el Grupo, los artículos son inconstitucionales porque afectan derechos de propiedad.
En diciembre de 2009, el Juez Edmundo Carbone, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín. En mayo de 2010 la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el fallo de Carbone pero revocó la suspensión del artículo 41.
El artículo 161 de la Ley determina el plazo de un año para la adecuación de los prestadores, contado a partir del momento en el que la autoridad de aplicación establece los mecanismos de transición. Esto tuvo lugar en septiembre de 2010 a través de la Resolución N° 0297 AFSCA, por lo que el plazo para la adecuación se fijó para septiembre de 2011. Sin embargo, a fines de septiembre de este año AFSCA emitió una nueva resolución – Resolución Nº 1295 – en la que informó que se extendía el plazo hasta el 28 de noviembre, dado que se pudo haber generado algún tipo de confusión respecto de los plazos por el hecho de que algunos artículos de la ley fueron objeto de cuestionamientos judiciales.
Este plazo rige para todos menos para el Grupo Clarín, ya que la medida cautelar del juez Carbone está vigente y lo seguirá estando por lo menos hasta noviembre del 2013, según lo resolvió en mayo de este año la Sala I, integrada por los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta.
La fijación de un “plazo razonable” para las medidas cautelares fue un pedido de la Corte Suprema, que se expresó en este sentido en varias ocasiones, pero sin fijar plazos concretos, es decir, sin especificar qué se considera “razonable”. Si se tiene en cuenta la fecha en la que se sancionó la ley y lo dispuesto por la Cámara Civil y Comercial Federal, el Grupo Clarín habrá logrado mantenerse en el incumplimiento del artículo 161 por cuatro años, sin que se haya resuelto la cuestión de fondo. Esto no sólo excede ampliamente el plazo de un año dispuesto por la LSCA para la adecuación, sino que además genera una desigualdad de condiciones respecto de otras empresas mediáticas.
Otro dato a resaltar es que la nueva ley dispone que las licencias tienen una duración de diez años a partir del momento de su adjudicación, por lo tanto estos años que ha logrado ganar el Grupo Clarín constituyen de hecho casi la mitad del tiempo asignado a una licencia.
Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación audiovisual y del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), dijo al respecto que “la medida cautelar que se prolonga por tres años es una medida provisoria, justamente, cautelar, por las dudas de lo que se resuelva en la sentencia. Pero en la práctica esta medida tiene el efecto de sentencia y deja la sensación de que estos grande grupos económicos tienen formas de burlar la ley y que la ley no es igual para todos, así que realmente me parece una decisión absurda”. El Estado apeló a la medida y espera que la Corte se expida sobre el asunto.
El estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados bajo un nuevo disfraz
La anterior no fue la única causa en la que participó Grupo Clarín. El 27 de abril de 2011, se presentó otra demanda ante el juzgado de Edmundo Carbone solicitando como medida cautelar la suspensión de la aplicación del artículo 30 de la Ley de Servicios Audiovisuales que regula a las licenciatarias sin fines de lucro.
La demanda está presentada por Beatriz Villosio y Daniel Celentano como representantes de Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATCV), ambos patrocinados por el abogado Mario Hugo Lezana.
Allí se argumentó que como las cooperativas están exentas de pago del Impuesto a las Ganancias tendrían ventajas a la hora de fijar el precio para la prestación del servicio, ocasionando un perjuicio a la competencia. Se impugnó el mencionado artículo 30 LMA sosteniendo que “su arbitrariedad e irrazonabilidad determinan lesiones, restricciones, alteraciones y amenazas a los derechos y garantías de las actoras …en especial los de propiedad y de ejercer industria lícita (arts. 14 y 17 de la Const Nacional) en un mercado libre de distorsiones”, dice el expediente.
La perjudicada por el artículo habría sido en principio Beatriz Villosio, titular de Televisora Centro Mortero de la provincia de Córdoba y luego se habrían sumado otros integrantes de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).
Lo llamativo de este caso es que a pocas semanas de iniciada la demanda, la parte actora informó un cambio de patrocinio: el nuevo letrado en la causa sería Guillermo Díaz Reynolds, abogado del estudio “Bouzat, Rosenkrantz & Asociados”, entre cuyos clientes figura el Grupo Clarín. Tal como informó Mercado y Transparencia, Carlos Fernando Rosenkrantz y Gabriel Bouzat, los socios principales de este estudio son, además, los dos fundadores de la ONG fantasma que presentó un amparo a favor de Cablevisión y contrario a la resolución de la Secretaría de Comunicaciones por la que se declaró la caducidad de la licencia de Fibertel para la prestación de los servicios de internet y telecomunicaciones.
En julio el Juez Carbone hizo lugar a la medida cautelar solicitada por ACTV, suspendiendo la aplicación del art. 30. Entonces el AFSCA pidió la recusación de Carbone y el caso pasó al Juzgado Civil y Comercial Federal n°2, a cargo de Horacio Alfonso.
Finalmente, el 14 de noviembre pasado el juez Alfonso revocó la medida cautelar solicitada por Villosio y los abogados de Clarín, permitiendo que las entidades sin fin de lucro puedan participar del mercado de la comunicación audiovisual.
“La presunción de constitucionalidad de las leyes no debe ceder sino ante la prueba tan clara y precisa como sea de la transgresión constitucional que se les imputa, no bastando la mera estimación de los interesados. Tampoco el fundamento de la medida cautelar podrá reducirse a la petición de inconstitucionalidad atendiendo al acierto o al error, al mérito o a la conveniencia de las soluciones legislativas pues éstos no son puntos sobre los que el poder judicial pueda pronunciarse, por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley –acto de suma gravedad institucional- no puede fundarse en apreciaciones de tal naturaleza, sino que requiere de la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable”, dice el fallo.
Fuente: MyT
El 28 de noviembre finalizó el plazo establecido por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para el cumplimiento del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual n° 26.522, que exige que quienes posean más licencias de las permitidas deberán deshacerse de ellas.
El Grupo Clarín es el único que se verá eximido de cumplir con el artículo gracias a una medida cautelar del 2009, que tendrá vigencia hasta fines del 2013, según lo estableció la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal a cargo de los jueces María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras.
La ley traza un límite máximo de 10 licencias de radio y televisión abierta de hasta 24 licencias de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. Según una nota publicada por Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), el Grupo Clarín controla más de 200 licencias, por lo tanto supera largamente el límite estipulado.
Si bien desde la promulgación de la ley se hicieron diversas presentaciones judiciales en todo el país para frenar su aplicación y se obtuvieron varias medidas cautelares que obstaculizaron la implementación total de la norma, la única que sigue vigente hoy es la otorgada por el juez Edmundo Carbone –juzgado Civil y Comercial Federal n°1- que resolvió la suspensión del artículo 161 a favor del Grupo Clarín.
Una ley que rompe más que un monopolio
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) n° 26.522, sancionada el 10 de octubre de 2009, está hoy en plena vigencia. De modo que podría decirse que la concentración de medios que mantiene hoy el Grupo Clarín sería prácticamente el último resabio de la vieja Ley de Radiodifusión n° 22.285, aprobada durante la última dictadura cívico-militar.
La LSCA es la segunda ley en materia de radiodifusión en la historia de la Argentina promulgada en democracia. La primera había sido sancionada durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón en 1953 – Ley 14.241- y prácticamente no pudo ser aplicada. El resto de las regulaciones, incluyendo la legislación que estuvo vigente hasta el 2009, habían sido producto de gobiernos militares, por lo tanto eran normas de facto.
Estos antecedentes y la judicialización de la que está siendo objeto la LSCA, ilustran el hecho de que la implementación de una ley de estas características no es tarea sencilla, tanto por los intereses puestos en juego, como por las consecuencias que acarrea en términos de la distribución de la palabra: uno de los objetivos principales de la LSCA es la democratización de los servicios audiovisuales. Esta meta implica en los hechos la construcción de un modelo de comunicación distinto al actual, en el que se conciba a la comunicación como un derecho, en el que se lleven a cabo acciones que tiendan a garantizar la pluralidad y la diversidad de voces y, sobre todo, en que se anulen los privilegios de los monopolios del poder económico mediático concentrado.
La LSCA es –mal- llamada habitualmente “Ley de medios” porque la ley sólo regula los servicios de comunicación audiovisual o de radiodifusión; es decir que quedan afuera los diarios, Internet y cualquier otro tipo medio de comunicación que no esté vinculado con el uso espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un recurso limitado y además es patrimonio de la humanidad y por ello requiere de la acción de los Estados, que tienen el deber de establecer qué frecuencia –qué lugar en el espectro- le corresponde a cada quien, para que el servicio pueda brindarse en las mejores condiciones posibles.
La promulgación de la ley está en el comienzo de un cambio más amplio, que implica el reconocimiento de la comunicación como un derecho. Para que este derecho pueda ser ejercido por toda la ciudadanía, es condición que los monopolios dejen de serlo, y que la justicia no otorgue privilegios.
En la Capital Federal la resistencia a la aplicación de la ley se ve reflejada sobre todo en dos casos radicados en el fuero Civil y Comercial Federal.
Al margen de la ley
Cuando la ley aún esperaba su aprobación legislativa, el Grupo Clarín SA ya había presentado una medida cautelar ante el tribunal civil y comercial federal para que se impida el tratamiento legislativo del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero no lo consiguió. Entonces cambió el objeto de su demanda, pidiendo se suspenda la aplicación de los artículos 41 y 161 de la Ley. El Artículo 41 básicamente establece que las licencias son intransferibles, mientras que el artículo 161 dispone la adecuación de los prestadores de servicios audiovisuales a los requisitos y límites que impone la ley. Para el Grupo, los artículos son inconstitucionales porque afectan derechos de propiedad.
En diciembre de 2009, el Juez Edmundo Carbone, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín. En mayo de 2010 la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el fallo de Carbone pero revocó la suspensión del artículo 41.
El artículo 161 de la Ley determina el plazo de un año para la adecuación de los prestadores, contado a partir del momento en el que la autoridad de aplicación establece los mecanismos de transición. Esto tuvo lugar en septiembre de 2010 a través de la Resolución N° 0297 AFSCA, por lo que el plazo para la adecuación se fijó para septiembre de 2011. Sin embargo, a fines de septiembre de este año AFSCA emitió una nueva resolución – Resolución Nº 1295 – en la que informó que se extendía el plazo hasta el 28 de noviembre, dado que se pudo haber generado algún tipo de confusión respecto de los plazos por el hecho de que algunos artículos de la ley fueron objeto de cuestionamientos judiciales.
Este plazo rige para todos menos para el Grupo Clarín, ya que la medida cautelar del juez Carbone está vigente y lo seguirá estando por lo menos hasta noviembre del 2013, según lo resolvió en mayo de este año la Sala I, integrada por los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta.
La fijación de un “plazo razonable” para las medidas cautelares fue un pedido de la Corte Suprema, que se expresó en este sentido en varias ocasiones, pero sin fijar plazos concretos, es decir, sin especificar qué se considera “razonable”. Si se tiene en cuenta la fecha en la que se sancionó la ley y lo dispuesto por la Cámara Civil y Comercial Federal, el Grupo Clarín habrá logrado mantenerse en el incumplimiento del artículo 161 por cuatro años, sin que se haya resuelto la cuestión de fondo. Esto no sólo excede ampliamente el plazo de un año dispuesto por la LSCA para la adecuación, sino que además genera una desigualdad de condiciones respecto de otras empresas mediáticas.
Otro dato a resaltar es que la nueva ley dispone que las licencias tienen una duración de diez años a partir del momento de su adjudicación, por lo tanto estos años que ha logrado ganar el Grupo Clarín constituyen de hecho casi la mitad del tiempo asignado a una licencia.
Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación audiovisual y del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), dijo al respecto que “la medida cautelar que se prolonga por tres años es una medida provisoria, justamente, cautelar, por las dudas de lo que se resuelva en la sentencia. Pero en la práctica esta medida tiene el efecto de sentencia y deja la sensación de que estos grande grupos económicos tienen formas de burlar la ley y que la ley no es igual para todos, así que realmente me parece una decisión absurda”. El Estado apeló a la medida y espera que la Corte se expida sobre el asunto.
El estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados bajo un nuevo disfraz
La anterior no fue la única causa en la que participó Grupo Clarín. El 27 de abril de 2011, se presentó otra demanda ante el juzgado de Edmundo Carbone solicitando como medida cautelar la suspensión de la aplicación del artículo 30 de la Ley de Servicios Audiovisuales que regula a las licenciatarias sin fines de lucro.
La demanda está presentada por Beatriz Villosio y Daniel Celentano como representantes de Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATCV), ambos patrocinados por el abogado Mario Hugo Lezana.
Allí se argumentó que como las cooperativas están exentas de pago del Impuesto a las Ganancias tendrían ventajas a la hora de fijar el precio para la prestación del servicio, ocasionando un perjuicio a la competencia. Se impugnó el mencionado artículo 30 LMA sosteniendo que “su arbitrariedad e irrazonabilidad determinan lesiones, restricciones, alteraciones y amenazas a los derechos y garantías de las actoras …en especial los de propiedad y de ejercer industria lícita (arts. 14 y 17 de la Const Nacional) en un mercado libre de distorsiones”, dice el expediente.
La perjudicada por el artículo habría sido en principio Beatriz Villosio, titular de Televisora Centro Mortero de la provincia de Córdoba y luego se habrían sumado otros integrantes de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).
Lo llamativo de este caso es que a pocas semanas de iniciada la demanda, la parte actora informó un cambio de patrocinio: el nuevo letrado en la causa sería Guillermo Díaz Reynolds, abogado del estudio “Bouzat, Rosenkrantz & Asociados”, entre cuyos clientes figura el Grupo Clarín. Tal como informó Mercado y Transparencia, Carlos Fernando Rosenkrantz y Gabriel Bouzat, los socios principales de este estudio son, además, los dos fundadores de la ONG fantasma que presentó un amparo a favor de Cablevisión y contrario a la resolución de la Secretaría de Comunicaciones por la que se declaró la caducidad de la licencia de Fibertel para la prestación de los servicios de internet y telecomunicaciones.
En julio el Juez Carbone hizo lugar a la medida cautelar solicitada por ACTV, suspendiendo la aplicación del art. 30. Entonces el AFSCA pidió la recusación de Carbone y el caso pasó al Juzgado Civil y Comercial Federal n°2, a cargo de Horacio Alfonso.
Finalmente, el 14 de noviembre pasado el juez Alfonso revocó la medida cautelar solicitada por Villosio y los abogados de Clarín, permitiendo que las entidades sin fin de lucro puedan participar del mercado de la comunicación audiovisual.
“La presunción de constitucionalidad de las leyes no debe ceder sino ante la prueba tan clara y precisa como sea de la transgresión constitucional que se les imputa, no bastando la mera estimación de los interesados. Tampoco el fundamento de la medida cautelar podrá reducirse a la petición de inconstitucionalidad atendiendo al acierto o al error, al mérito o a la conveniencia de las soluciones legislativas pues éstos no son puntos sobre los que el poder judicial pueda pronunciarse, por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley –acto de suma gravedad institucional- no puede fundarse en apreciaciones de tal naturaleza, sino que requiere de la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable”, dice el fallo.
Fuente: MyT
La Justicia pidió bloquear el acceso a series en Cuevana, ahora por pedido de Turner
Lo dispuso el juez Gustavo Caramelo, como medida cautelar y con respecto a las obras audiovisuales “Falling Skies”, “Bric” y “26 personas para salvar el mundo”. Fue dictada bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria en caso de incumplimiento
A continuación, la parte dispositiva de la resolución:
“1) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada en los términos del art.232 del CPCC y art.79 de la leyt 11.723:
2) Ordenar a las empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet (ISP), identificadas en la lista aportada por la actora, que, en forma inmediata, procedan a bloquear el acceso de cualquier usurario de Internet a los recursos del sito Web conocido como Cuevana, en tanto lo por ellos requerido sea la reproducción o comunicación de las obras audiovisuales "Falling Skies", "Bric" y "26 personas para salvar el mundo", ello bajo apercibimiento de imponerles una multa de pesos un mil ($ 1.000.-) diarios, en caso de incumplimiento, así como de considerar a sus responsables incursos en delito de desobediencia, formulando la denuncia pertinente (art. 177 del Código Procesal Penal de la Nación). Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles
3) Ordenar que se comunique lo aquí decidido al Sr. Secretario a cargo de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación Arquitecto Carlos Lisandro Salas y al Sr. Interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones Ingeniero Ceferino Namuncurá para que presten la debida colaboración a los fines de su comunicación a las empresas proveedoras de Internet (ISP) en Argentina mencionadas en el punto anterior. A tal fin, líbrense oficios;
4) Ordenar que, oportunamente, se cumpla con la notificación prevista en el art.198 del CPCC., haciendo saber a la demandada que, sin perjuicio de lo dispuesto, deberá abstenerse de divulgar sin autorización previa de las accionantes, los contenidos por los que se demanda en autos;
5) Hacer saber que consideraré a la actora notificada de esta decisión en los términos del artículo 133 del CPCCN, en razón de tratarse de un pronunciamiento que provee una petición suya.”
Cuevana denunció bloqueos de los proveedores de acceso a Internet
Por: José Crettaz
La Justicia pidió bloquear el acceso a series en Cuevana
El culebrón del video a demanda por Internet no para. Tras la denuncia fallida de Telefe y la real de HBO contra el popular sitio de películas y series Cuevana; el hackeo que sufrió esa página días después, y el oficio judicial para que el sitio bloquee el acceso a contenidos de Turner, fue el propio sitio Cuevana el que denunció censura.
Anteayer, la página web, cuya gestión de la propiedad intelectual es cuestionada por otros actores de la industria audiovisual, denunció que los proveedores de Internet argentinos están bloqueando el acceso a los servidores donde se encuentran alojadas las películas y, consecuentemente, la funcionalidad del sitio.
"Algunos proveedores de Internet no están resolviendo a Megaupload (Speedy, Telmex, al menos). Consultar con su proveedor", denunció Cuevana desde su cuenta oficial en Twitter, la vía de comunicación con sus usuarios elegida por Tomás Escobar, creador de la página. En efecto, desde hace diez días, www.cuevana.tv ya no funciona como antes del entredicho con Telefe, el canal de Telefónica, y el posterior relanzamiento.
Eso generó malestar en muchos usuarios, que expresaron su disconformidad en las redes sociales. La imposibilidad de ver películas y series en Cuevana derivó buena parte de ese tráfico hacia páginas similares, como Monsterdivx.com y Moviezet.com, que funcionan en las mismas condiciones que el sitio creado por Escobar.
En este ecosistema digital conviven al menos tres actores. Los proveedores de acceso a Internet o ISP (Telefónica, Telecom, Cablevisión y Telmex-Claro, principalmente), los indexadores como Cuevana, Monsterdivx y Moviezet junto a servicios comerciales como Nextflix y las plataformas de video de las telefónicas (OnVideo, Arnet Play y Claro Ideas); y los servidores donde están alojados los contenidos, como Megaupload y Megavideo, entre otros. En el camino del indexador al servidor, están los ISP, a los que ahora denuncia Cuevana en Twitter. La Nación consultó ayer a los voceros de las empresas mencionadas por Escobar. "No existe restricción de acceso a contenidos ni hubo ningún problema en la red. Si existe es algo puntual", dijeron en Telefónica. En Claro-Telmex, tendrán una respuesta para mañana.
Los nuevos hábitos de consumo cultural y los derechos de propiedad intelectual en Internet están en el centro de la pelea, y no sólo en Argentina. La semana pasada, la Corte Europea de Justicia, el principal tribunal de la Unión Europea (UE), concluyó que los filtros instalados por los ISP "violan la directiva europea sobre comercio electrónico así como los derechos fundamentales del hombre" ( fallo completo ).
Tras anunciarle informalmente a Escobar el inicio de acciones legales por la violación de la ley de propiedad intelectual, de 1933, Telefe puso en suspenso esa medida ante la repercusión que su difusión pública alcanzó en las redes sociales. Esa efervescencia llevó a los directivos de Telefónica de España, dueña del canal de televisión, a rever la denuncia. Cuevana tenía hasta ahora 12 millones de usuarios únicos mensuales.
En cambio, los abogados de HBO (el paquete de canales premium de cine y series para TV paga) sí concretaron un planteo legal contra Escobar, aunque este todavía no había sido notificado.
Fuente: Diario La Nación
Ver anterior: HBO demanda a Cuevana, cenizas de un volcán
Derechos de autor en la web: ¿tolerancia o persecución?
La web Cuevana fue demandada por HBO ante el Juzgado de Instrucción 36
A raíz de las demandas contra la web Cuevana por parte de HBO y la amenaza de Telefe, el legislador de Proyecto Sur, Julio Raffo, elaboró un proyecto de ley para permitir que las obras culturales puedan ser divulgadas por Internet en sitios sin fines de lucro. Opiniones a favor y en contra. El bloqueo judicial a Cuevana por la series de I-Sat.
“Estoy en contra de la comercialización de obras ilegalmente, sin distinción, pero acceder a la estatua de Botero (por Fernando, el artista) que está en la Facultad de Derecho (por la casa de estudios de la Universidad de Buenos Aires), conmoverse, emocionarse, admirarla, eso no debe tener ningún tipo de restricción, y estamos refiriéndonos a una obra cultural”, aseveró el legislador por la ciudad de Buenos Aires, Julio Raffo (Proyecto Sur).
Es precisamente bajo ese precepto que Raffo elaboró una propuesta para que sea presentado desde el bloque de diputados nacional de Proyecto Sur.
La iniciativa se puede explicar brevemente: la idea es promover una reforma a la Ley de Derechos de Autor en la que se reconozca el derecho de libre acceso a obras culturales a través de Internet para usos no lucrativos. Todo ello, por supuesto, motivado a raíz de las denuncias en contra de los sitios Taringa y Cuevana.
La semana pasada, trascendió en los medios que Telefe demandaría a Cuevana por una supuesta violación a los derechos de autor. A pesar de que esa iniciativa de parte del canal de aire nunca se concretó, el sitio finalmente fue demandado por la señal de cable HBO, y cuyo expediente quedó radicado en el Juzgado de Instrucción 36, con intervención de la Fiscalía de Instrucción cuatro, en los autos "Escobar Tomás y Cuevana.com, sobre infracción a la ley 11.723".
Entre otras cosas, desde Cuevana aseguraron que nunca fueron notificados de la demanda de parte de HBO, que se enteraron a través de las consultas periodísticas.
Según aclaró Raffo, su propuesta está íntegramente desarrollada en su libro “Derecho Autoral: hacia un nuevo paradigma”. “Acá hay un espacio público que surgió en los últimos veinte años y que es más importante, o bien tiene más alcance que otro espacios públicos, que es Internet. La web es globalizada, del mundo, entonces hay que entender que se den casos de gente que busca entretenerse a través de ella”, precisó Raffo.
A su vez, declaró que a pesar de que a nivel internacional la libertad de Internet fue reconocida ampliamente por distintos tribunales, en nuestro país los Juzgados “son más débiles a los lobbys internacionales y ante las presiones mediáticas”.
También señaló una contradicción en relación a la Ley de Derecho de Autor: “Hay autores protegidos y no obras protegidas, están equivocados quienes aseguran lo contrario. A su vez, son las multinacionales, las agencias recaudadoras de derechos autorales las que se muestran en contra de este tipo de iniciativas y, finalmente, terminan sacando más rédito ellos y los herederos de los creadores de las obras que los autores mismos”.
“Los magistrados y legisladores no entienden que Internet es parte de los nuevos tiempos y que, precisamente, los tiempos cambian. No apoyo la comercialización ilegal de obras, pero estamos hablando de cultura, y si no entendemos el papel que juega la web ahora, entonces, no entendemos nada”, concluyó el legislador.
Pero, como resultaba evidente, la propuesta generó algunos rechazos.
Leandro González Frea, del estudio González Frea y Naudín, especialistas en Tecnología y Nuevos Medios, opinó que “por una parte es una realidad inminente que hay que actualizar el modelo legal de derechos de autor, previendo el gran impacto y desarrollo de los nuevos medios tecnológicos. Pero por otra parte, esta actualización del modelo no debe soslayar los derechos autorales”.
“La propuesta de modificación de la ley que pretende la no penalización del acceso por Internet a obras culturales cuando se hace sin fines de lucro o de reproducción comercial es un concepto demasiado amplio que, si no es delimitado correctamente, podría implicar un perjuicio a los titulares de derechos de propiedad intelectual”, consignó el letrado.
“Internet es considerado mundialmente un ámbito libre, en cuanto a la libertad de expresión y el acceso a la cultura como patrimonio de la humanidad; pero dejar rienda libre a determinados aspectos de la protección de la propiedad intelectual bajo una premisa amplia de considerarlos “obras culturales” definitivamente podría inducir a un desmedro en los derechos de los titulares.”
“El tema es complejo y requiere de un modelo intermedio que respete los derechos de autor y a la vez contemple el uso e irrupción de las nuevas tecnologías en lo que hoy llamamos sociedad de la información”, finalizó González Frea.
El debate ha cobrado una relevancia que algunos internautas temen. Es que en Estados Unidos, donde muchos de los servidores de páginas con contenidos como series o películas están alojados, el 15 de diciembre comenzará el debate que tratará el Acta para Detener la Piratería en Línea (“Stop Online Piracy Act”, SOPA).
La iniciativa, que ya despertó las quejas de miles, y probablemente millones de internautas, prevé que los proveedores de Internet puedan bloquear las páginas que brinden contenido ilegal o amparado por licencias o patentes. A su vez, prohibirá que las webs reciban apoyo financiero como con el que cuentan actualmente, que puede ser a través de tarjetas de crédito. Esta iniciativa repercutirá en todo el mundo, y Argentina no quedará exenta del alcance de esta legislación.
Fuente: Diario Judicial
A continuación, la parte dispositiva de la resolución:
“1) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada en los términos del art.232 del CPCC y art.79 de la leyt 11.723:
2) Ordenar a las empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet (ISP), identificadas en la lista aportada por la actora, que, en forma inmediata, procedan a bloquear el acceso de cualquier usurario de Internet a los recursos del sito Web conocido como Cuevana, en tanto lo por ellos requerido sea la reproducción o comunicación de las obras audiovisuales "Falling Skies", "Bric" y "26 personas para salvar el mundo", ello bajo apercibimiento de imponerles una multa de pesos un mil ($ 1.000.-) diarios, en caso de incumplimiento, así como de considerar a sus responsables incursos en delito de desobediencia, formulando la denuncia pertinente (art. 177 del Código Procesal Penal de la Nación). Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles
3) Ordenar que se comunique lo aquí decidido al Sr. Secretario a cargo de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación Arquitecto Carlos Lisandro Salas y al Sr. Interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones Ingeniero Ceferino Namuncurá para que presten la debida colaboración a los fines de su comunicación a las empresas proveedoras de Internet (ISP) en Argentina mencionadas en el punto anterior. A tal fin, líbrense oficios;
4) Ordenar que, oportunamente, se cumpla con la notificación prevista en el art.198 del CPCC., haciendo saber a la demandada que, sin perjuicio de lo dispuesto, deberá abstenerse de divulgar sin autorización previa de las accionantes, los contenidos por los que se demanda en autos;
5) Hacer saber que consideraré a la actora notificada de esta decisión en los términos del artículo 133 del CPCCN, en razón de tratarse de un pronunciamiento que provee una petición suya.”
Cuevana denunció bloqueos de los proveedores de acceso a Internet
Por: José Crettaz
La Justicia pidió bloquear el acceso a series en Cuevana
El culebrón del video a demanda por Internet no para. Tras la denuncia fallida de Telefe y la real de HBO contra el popular sitio de películas y series Cuevana; el hackeo que sufrió esa página días después, y el oficio judicial para que el sitio bloquee el acceso a contenidos de Turner, fue el propio sitio Cuevana el que denunció censura.
Anteayer, la página web, cuya gestión de la propiedad intelectual es cuestionada por otros actores de la industria audiovisual, denunció que los proveedores de Internet argentinos están bloqueando el acceso a los servidores donde se encuentran alojadas las películas y, consecuentemente, la funcionalidad del sitio.
"Algunos proveedores de Internet no están resolviendo a Megaupload (Speedy, Telmex, al menos). Consultar con su proveedor", denunció Cuevana desde su cuenta oficial en Twitter, la vía de comunicación con sus usuarios elegida por Tomás Escobar, creador de la página. En efecto, desde hace diez días, www.cuevana.tv ya no funciona como antes del entredicho con Telefe, el canal de Telefónica, y el posterior relanzamiento.
Eso generó malestar en muchos usuarios, que expresaron su disconformidad en las redes sociales. La imposibilidad de ver películas y series en Cuevana derivó buena parte de ese tráfico hacia páginas similares, como Monsterdivx.com y Moviezet.com, que funcionan en las mismas condiciones que el sitio creado por Escobar.
En este ecosistema digital conviven al menos tres actores. Los proveedores de acceso a Internet o ISP (Telefónica, Telecom, Cablevisión y Telmex-Claro, principalmente), los indexadores como Cuevana, Monsterdivx y Moviezet junto a servicios comerciales como Nextflix y las plataformas de video de las telefónicas (OnVideo, Arnet Play y Claro Ideas); y los servidores donde están alojados los contenidos, como Megaupload y Megavideo, entre otros. En el camino del indexador al servidor, están los ISP, a los que ahora denuncia Cuevana en Twitter. La Nación consultó ayer a los voceros de las empresas mencionadas por Escobar. "No existe restricción de acceso a contenidos ni hubo ningún problema en la red. Si existe es algo puntual", dijeron en Telefónica. En Claro-Telmex, tendrán una respuesta para mañana.
Los nuevos hábitos de consumo cultural y los derechos de propiedad intelectual en Internet están en el centro de la pelea, y no sólo en Argentina. La semana pasada, la Corte Europea de Justicia, el principal tribunal de la Unión Europea (UE), concluyó que los filtros instalados por los ISP "violan la directiva europea sobre comercio electrónico así como los derechos fundamentales del hombre" ( fallo completo ).
Tras anunciarle informalmente a Escobar el inicio de acciones legales por la violación de la ley de propiedad intelectual, de 1933, Telefe puso en suspenso esa medida ante la repercusión que su difusión pública alcanzó en las redes sociales. Esa efervescencia llevó a los directivos de Telefónica de España, dueña del canal de televisión, a rever la denuncia. Cuevana tenía hasta ahora 12 millones de usuarios únicos mensuales.
En cambio, los abogados de HBO (el paquete de canales premium de cine y series para TV paga) sí concretaron un planteo legal contra Escobar, aunque este todavía no había sido notificado.
Fuente: Diario La Nación
Ver anterior: HBO demanda a Cuevana, cenizas de un volcán
Derechos de autor en la web: ¿tolerancia o persecución?
La web Cuevana fue demandada por HBO ante el Juzgado de Instrucción 36
A raíz de las demandas contra la web Cuevana por parte de HBO y la amenaza de Telefe, el legislador de Proyecto Sur, Julio Raffo, elaboró un proyecto de ley para permitir que las obras culturales puedan ser divulgadas por Internet en sitios sin fines de lucro. Opiniones a favor y en contra. El bloqueo judicial a Cuevana por la series de I-Sat.
“Estoy en contra de la comercialización de obras ilegalmente, sin distinción, pero acceder a la estatua de Botero (por Fernando, el artista) que está en la Facultad de Derecho (por la casa de estudios de la Universidad de Buenos Aires), conmoverse, emocionarse, admirarla, eso no debe tener ningún tipo de restricción, y estamos refiriéndonos a una obra cultural”, aseveró el legislador por la ciudad de Buenos Aires, Julio Raffo (Proyecto Sur).
Es precisamente bajo ese precepto que Raffo elaboró una propuesta para que sea presentado desde el bloque de diputados nacional de Proyecto Sur.
La iniciativa se puede explicar brevemente: la idea es promover una reforma a la Ley de Derechos de Autor en la que se reconozca el derecho de libre acceso a obras culturales a través de Internet para usos no lucrativos. Todo ello, por supuesto, motivado a raíz de las denuncias en contra de los sitios Taringa y Cuevana.
La semana pasada, trascendió en los medios que Telefe demandaría a Cuevana por una supuesta violación a los derechos de autor. A pesar de que esa iniciativa de parte del canal de aire nunca se concretó, el sitio finalmente fue demandado por la señal de cable HBO, y cuyo expediente quedó radicado en el Juzgado de Instrucción 36, con intervención de la Fiscalía de Instrucción cuatro, en los autos "Escobar Tomás y Cuevana.com, sobre infracción a la ley 11.723".
Entre otras cosas, desde Cuevana aseguraron que nunca fueron notificados de la demanda de parte de HBO, que se enteraron a través de las consultas periodísticas.
Según aclaró Raffo, su propuesta está íntegramente desarrollada en su libro “Derecho Autoral: hacia un nuevo paradigma”. “Acá hay un espacio público que surgió en los últimos veinte años y que es más importante, o bien tiene más alcance que otro espacios públicos, que es Internet. La web es globalizada, del mundo, entonces hay que entender que se den casos de gente que busca entretenerse a través de ella”, precisó Raffo.
A su vez, declaró que a pesar de que a nivel internacional la libertad de Internet fue reconocida ampliamente por distintos tribunales, en nuestro país los Juzgados “son más débiles a los lobbys internacionales y ante las presiones mediáticas”.
También señaló una contradicción en relación a la Ley de Derecho de Autor: “Hay autores protegidos y no obras protegidas, están equivocados quienes aseguran lo contrario. A su vez, son las multinacionales, las agencias recaudadoras de derechos autorales las que se muestran en contra de este tipo de iniciativas y, finalmente, terminan sacando más rédito ellos y los herederos de los creadores de las obras que los autores mismos”.
“Los magistrados y legisladores no entienden que Internet es parte de los nuevos tiempos y que, precisamente, los tiempos cambian. No apoyo la comercialización ilegal de obras, pero estamos hablando de cultura, y si no entendemos el papel que juega la web ahora, entonces, no entendemos nada”, concluyó el legislador.
Pero, como resultaba evidente, la propuesta generó algunos rechazos.
Leandro González Frea, del estudio González Frea y Naudín, especialistas en Tecnología y Nuevos Medios, opinó que “por una parte es una realidad inminente que hay que actualizar el modelo legal de derechos de autor, previendo el gran impacto y desarrollo de los nuevos medios tecnológicos. Pero por otra parte, esta actualización del modelo no debe soslayar los derechos autorales”.
“La propuesta de modificación de la ley que pretende la no penalización del acceso por Internet a obras culturales cuando se hace sin fines de lucro o de reproducción comercial es un concepto demasiado amplio que, si no es delimitado correctamente, podría implicar un perjuicio a los titulares de derechos de propiedad intelectual”, consignó el letrado.
“Internet es considerado mundialmente un ámbito libre, en cuanto a la libertad de expresión y el acceso a la cultura como patrimonio de la humanidad; pero dejar rienda libre a determinados aspectos de la protección de la propiedad intelectual bajo una premisa amplia de considerarlos “obras culturales” definitivamente podría inducir a un desmedro en los derechos de los titulares.”
“El tema es complejo y requiere de un modelo intermedio que respete los derechos de autor y a la vez contemple el uso e irrupción de las nuevas tecnologías en lo que hoy llamamos sociedad de la información”, finalizó González Frea.
El debate ha cobrado una relevancia que algunos internautas temen. Es que en Estados Unidos, donde muchos de los servidores de páginas con contenidos como series o películas están alojados, el 15 de diciembre comenzará el debate que tratará el Acta para Detener la Piratería en Línea (“Stop Online Piracy Act”, SOPA).
La iniciativa, que ya despertó las quejas de miles, y probablemente millones de internautas, prevé que los proveedores de Internet puedan bloquear las páginas que brinden contenido ilegal o amparado por licencias o patentes. A su vez, prohibirá que las webs reciban apoyo financiero como con el que cuentan actualmente, que puede ser a través de tarjetas de crédito. Esta iniciativa repercutirá en todo el mundo, y Argentina no quedará exenta del alcance de esta legislación.
Fuente: Diario Judicial
Lucio Magri 1932 - 2011
Según publica hoy el diario que creó, "su vida se había hecho insoportable, tanto en el ámbito político como personal, en particular tras la muerte por un cáncer de su mujer". El político comunista, periodista y fundador del diario "Il Manifesto", Lucio Magri, se quitó la vida con un suicido asistido en una clínica suiza, según recogen hoy los medios de comunicación
Los diarios "La Repubblica" y "Il Manifesto" publican hoy en sus portadas la noticia de la decisión de Magri, de 79 años, que mientras atravesaba una grave depresión tras la muerte de su mujer tomó la decisión de morir ayer en Suiza.
El cuerpo del periodista será trasladado a la ciudad de Recanati, en el centro de Italia, donde será enterrado junto a su esposa Mara, como fue su deseo.
Sus amigos y compañeros de una vida han expresado su consternación por esta decisión de Magri, como explica la también periodista y miembro del desaparecido Partido Comunista Italiano (PCI), Luciana Castellina: "Nunca me hubiera imaginado que terminase así. El tiempo de la espera ha terminado, ahora comienza el del dolor".
Según publica hoy el diario "Il Manifesto", "su vida se había hecho insoportable, tanto en el ámbito político como personal, en particular tras la muerte por un cáncer de su mujer, Mara".
Magri, agrega el diario, había dejado todo escrito: "No quiero funerales, por favor, ni todas esas inútiles conmemoraciones. Y de necrológicos ni hablar. Luciana (Castellina) se ocupará de las gestión editorial de mis textos. Para los amigos y compañeros dejo una carta que leerán cuando todo se haya terminado".
Magri formaba parte de los llamados disidentes del Partido Comunista que en 1969 fundaron el diario "Il Manifesto", que actualmente sigue saliendo a la venta.
Magri entró al Partido Comunista Italiano (PCI) en los años cincuenta, tras una experiencia en la juventud democristianan en la norteña ciudad de Bergamo.
En 1969, luego del shock por la invasión soviética a Checoslovaquia tras cuestionar la timidez del PCI en condenarla, fundó con Rossana Rossanda, Luigi Pintor, Aldo Natoli, Valentino Parlato, Eliseo Milani, Luciana Castellina y Massimo Caprara, entre otros, la revista "il manifesto".
Sucesivamente fue expulsado del PCI, aunque fue readmitido en 1984, hasta su disolución y su transformación el el Partido de los Democeráticos de Izquierda.
A inicios de los noventa participó en la creación del Partido Refundación Comunista, donde permaneció hasta 1995, cuando la corriente a la que pertenecía abandonó sus filas y retornó a los Democrático de Izquierda.
En 1974 tras la salida del PCI, funda el Partido de la Unidad Proletaria por el Comunismo, aunque en 1984 vuelve al PCI, que de nuevo abandona en 1991 cuando se transforma en el Partido Democrático de la Izquierda (PDS) y participa en el nacimiento del Partido de la Refundación Comunista.
En 2009 se publicó su libro de memorias "El sastre de Ulm. El comunismo del siglo XX: hechos y reflexiones", considerada una guía de ideología comunista en todo el mundo.
Fuente: Agencia EFE
El cuerpo del periodista será trasladado a la ciudad de Recanati, en el centro de Italia, donde será enterrado junto a su esposa Mara, como fue su deseo.
Sus amigos y compañeros de una vida han expresado su consternación por esta decisión de Magri, como explica la también periodista y miembro del desaparecido Partido Comunista Italiano (PCI), Luciana Castellina: "Nunca me hubiera imaginado que terminase así. El tiempo de la espera ha terminado, ahora comienza el del dolor".
Según publica hoy el diario "Il Manifesto", "su vida se había hecho insoportable, tanto en el ámbito político como personal, en particular tras la muerte por un cáncer de su mujer, Mara".
Magri, agrega el diario, había dejado todo escrito: "No quiero funerales, por favor, ni todas esas inútiles conmemoraciones. Y de necrológicos ni hablar. Luciana (Castellina) se ocupará de las gestión editorial de mis textos. Para los amigos y compañeros dejo una carta que leerán cuando todo se haya terminado".
Magri formaba parte de los llamados disidentes del Partido Comunista que en 1969 fundaron el diario "Il Manifesto", que actualmente sigue saliendo a la venta.
Magri entró al Partido Comunista Italiano (PCI) en los años cincuenta, tras una experiencia en la juventud democristianan en la norteña ciudad de Bergamo.
En 1969, luego del shock por la invasión soviética a Checoslovaquia tras cuestionar la timidez del PCI en condenarla, fundó con Rossana Rossanda, Luigi Pintor, Aldo Natoli, Valentino Parlato, Eliseo Milani, Luciana Castellina y Massimo Caprara, entre otros, la revista "il manifesto".
Sucesivamente fue expulsado del PCI, aunque fue readmitido en 1984, hasta su disolución y su transformación el el Partido de los Democeráticos de Izquierda.
A inicios de los noventa participó en la creación del Partido Refundación Comunista, donde permaneció hasta 1995, cuando la corriente a la que pertenecía abandonó sus filas y retornó a los Democrático de Izquierda.
En 1974 tras la salida del PCI, funda el Partido de la Unidad Proletaria por el Comunismo, aunque en 1984 vuelve al PCI, que de nuevo abandona en 1991 cuando se transforma en el Partido Democrático de la Izquierda (PDS) y participa en el nacimiento del Partido de la Refundación Comunista.
En 2009 se publicó su libro de memorias "El sastre de Ulm. El comunismo del siglo XX: hechos y reflexiones", considerada una guía de ideología comunista en todo el mundo.
Fuente: Agencia EFE
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