El expediente fue girado a la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal por el juez Edmundo Carbone. Se trata de la apelación presentada por el Estado contra el fallo que en noviembre rechazara el levantamiento de una cautelar sobre el artículo 161
El juez Edmundo Carbone, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº 1, elevó este miércoles a la Cámara de Apelaciones del fuero el recurso de apelación presentado por el Estado nacional contra el fallo que, en noviembre último, rechazara el pedido de levantamiento de la medida cautelar que había suspendido la aplicación el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como la fijación de un plazo de vigencia de esa medida, en el marco de una causa iniciada por el Grupo Clarín SA.
La causa fue girada a la Sala I del tribunal.
Fuente: Centro de Información Judicial
miércoles, 2 de febrero de 2011
Sobre el hecho consumado y dirigido a Cablevisión: El Gobierno tomará medidas para evitar el aumento
El ministro de Economía, Amado Boudou, dijo hoy que el Gobierno "no permitirá" el aumento aplicado por Cablevisión a sus abonados, y afirmó que hay empresas que "están intentando hacer aumentos de precios que no se condicen con la situación macroeconómica de la Argentina"
"Vamos a estar aplicando seguramente esta tarde la resolución 50, así que yo le diría a los consumidores que tienen que esperar, porque vamos a llevar los precios a lo que tienen que ser", sostuvo el ministro en declaraciones a radio Continental.
Boudou comparó el aumento de Cablevisión con los aplicados por Shell y Techint y observó: "Están intentando hacer aumentos de precios que no se condicen con la situación macroeconómica de la Argentina, entonces esto no es inflación, es aprovechamiento de empresas para jorobar a los consumidores".
Fuente: TelAm
NdE: El aumento del servicio de cable había sido anunciado el mes pasado por las empresas San Luis CTV, Carolina Cable, TVC Puntana, Cablevisión, Red Intercable, entre otros, pero las declaraciones del Ministro solo hacen foco en la batalla que el gobierno mantiene con el Grupo Clarín y su empresa Cablevisión.
Boudou comparó el aumento de Cablevisión con los aplicados por Shell y Techint y observó: "Están intentando hacer aumentos de precios que no se condicen con la situación macroeconómica de la Argentina, entonces esto no es inflación, es aprovechamiento de empresas para jorobar a los consumidores".
Fuente: TelAm
NdE: El aumento del servicio de cable había sido anunciado el mes pasado por las empresas San Luis CTV, Carolina Cable, TVC Puntana, Cablevisión, Red Intercable, entre otros, pero las declaraciones del Ministro solo hacen foco en la batalla que el gobierno mantiene con el Grupo Clarín y su empresa Cablevisión.
Ratifican que la licencia de Canal 9 de Comodoro Rivadavia caducó y que ahora el Gobierno nacional llamará a concurso público
El Coordinador General de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Luis Lázaro, estuvo ayer en Comodoro, garantizando la continuidad de Canal 9. Eso sí: “ajustándose a derecho como corresponde y en el marco de las disposiciones que sea necesario tomar”. También trajo tranquilidad al personal que depende de la emisora
En conferencia de prensa, Lázaro manifestó su preocupación ante la escasa oferta de medios televisivos a nivel local.
Luis Lázaro confesó ayer en Comodoro su “asombro” ante algunas declaraciones que plantean amenazas de cierre del Canal 9. Al respecto dijo que “son apreciaciones que corren por cuenta de quien las pronuncia, y que no tienen nada que ver con los objetivos de la ley”.
Sobre las interpretaciones de la decisión de concursar la señal de Canal 9, que afirmaban que de esta forma se atenta contra la libertad de expresión, Lázaro, dijo que “lo que tiene que ver con la libertad de expresión es la defensa de la ley y la defensa de una política que tiene que ver con la pluralidad, y no de uno sino de muchos medios, tanto en radio como en televisión y sistemas complementarios”.
Luego reiteró que la situación de la licencia de Canal 9 se dio a partir del vencimiento de la misma, y que ante el segundo pedido de prórroga la ley establece que se debe convocar a concurso. “Se llamará a concurso a futuro para que en forma democrática y transparente se presenten las propuestas que permitan dar continuidad, en el marco de convocatorias a la creación de nuevos canales de televisión. Porque además el gobierno también está promoviendo concursos de televisión digital abierta, así que oportunamente también esto será parte de la oferta en Comodoro”.
En este marco, el funcionario nacional sostuvo que no hay plazos determinados, ya que los mismos “son los administrativos y están corriendo en el caso de la Autoridad Federal, que ya dio los pasos que tenía que dar y ahora este tema no está en nuestra órbita”.
Escasa oferta en Comodoro
En conferencia de prensa, Lázaro manifestó su preocupación ante la escasa oferta de medios televisivos a nivel local. De hecho, recordó que Canal 9 es el único medio transmitiendo actualmente, dado que hoy no se emite en Comodoro la señal del canal estatal provincial, en tanto tampoco funciona la repetidora del Canal Público (el ex Canal 7) que depende de Nación.
El funcionario arribó a Comodoro Rivadavia el lunes a la noche, reuniéndose con dirigentes de los sindicatos de Prensa y de Televisión, además de empresarios locales.
En ese marco, el coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales indicó también que en estos momentos se elabora el plan técnico que permitirá determinar la cantidad de frecuencias que se licitarán en los próximos meses, lo cual será “a partir de cruzar los registros de las licencias preexistentes con las reservas que prevé la ley, en función de los que se anotaron”.
La ley establecía un plazo para esta tarea de 180 días a partir de la reglamentación, lo que tuvo lugar en setiembre de 2010. “Estamos corriendo con los tiempos, pero estamos trabajando para llegar con el plan técnico. Una vez terminado este proceso se conocerá cuántas licitaciones se harán”, concluyó el funcionario nacional, en una conferencia de prensa realizada en el Lucania Palazzo Hotel.
“No es una intervención, sino una nueva administración”
El coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, Luis Lázaro, se reunió ayer en Comodoro con dirigentes de los sindicatos de Televisión y de Prensa local, para abordar la situación de los trabajadores en el marco del posible llamado a concurso para explotar la señal de Canal 9. Son 28 los empleados en la actualidad por la firma ProTel -integrada por cuatro socios-, que explota la señal de Canal 9, la cual a su vez aporta cinco trabajadores.
Tras el encuentro con el funcionario nacional, el secretario general del Sindicato de Televisión, Ángel “Tino” Acosta, primero pidió no “mezclar la cuestión del canal con política”, y luego indicó que “nosotros sabíamos que no se iba a cerrar el canal como se dijo. Se va a mantener al aire siempre y los empleados vamos a estar siempre trabajando. Sabemos que se va a llamar a concurso y no es una intervención, sino una nueva administración la que se incorporaría a Canal 9; por eso nosotros siempre estuvimos tranquilos, con la seguridad de que íbamos a seguir trabajando”.
Sobre la actividad desarrollada por Protel afirmó que con “la conformación de esta productora el canal pudo seguir funcionando para que crezca la producción, no el canal. El canal se fue deteriorando con el tiempo y hoy es nada”. Si bien dijo que “nunca tuvimos problemas para cobrar el sueldo”, pidió “que los políticos nos ayuden a cobrar la zona que hace 25 años la pedimos”.
Por su parte Mónica Baeza, secretaria general del Sindicato de Prensa, expresó que se seguirá muy de cerca todo el proceso “con el único objetivo de garantizar la fuente laboral de los trabajadores, más allá de quién esté al frente del canal. La participación en la reunión con Lázaro permitió conocer los alcances del concurso, que establece la continuidad para los empleados de la emisora, pero no es un tema cerrado”.
Luego señaló que se necesitan garantías al respecto, lo que implica también que la empresa comience a modificar su política de recursos humanos; a partir de ello, “se instrumentarán todos las acciones que estén al alcance de la organización gremial para que los trabajadores de prensa conserven sus puestos laborales, pero también para que mejoren su actual situación”.
El Sindicato de la Televisión asegura que Canal 9 no cierra ni será intervenido
El secretario general del SATSAID, Ángel "Tino" Acosta, se reunió este martes con Luis Lázaro. Habrá continuidad laboral para los trabajadores de la emisora y se llamará a un concurso para adjudicar la señal.
La emisora comodorense seguirá al aire, asegura el Gobierno nacional
El secretario general del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) en Comodoro Rivadavia, Ángel "Tino" Acosta, se reunió este martes con el coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, Luis Lázaro, "que nos aseguró que habrá continuidad laboral para los trabajadores de Canal 9 y se llamará a un concurso para adjudicar la señal", relató el conocido camarógrafo y sindicalista, que además es empleado de la emisora en cuestión.
Acosta aclaró que Canal 9 "no será ni cerrado ni intervenido", y que la autoridad nacional sólo va a readjudicarlo tras un proceso licitatorio. También cuestionó la expansión que tuvo en estos años la productora Protel -gerenciadora de Canal 9- y la desinversión en el canal: "ProTel -del empresario Daniel Fasciglione- trabajó todos estos años por y para la productora, no para el canal. El canal hoy es nada", sentenció.
Lázaro ratificó ayer que la licencia actual de Canal 9 de Comodoro Rivadavia "caducó por el paso del tiempo". Inclusive, advirtió que una vez concluida la actual segunda prórroga solicitada por los actuales administradores de la emisora (ProTel), “la ley dice que la señal tiene que ir a concurso. A esas irregularidades se suma que las personas que actualmente conducen la emisora no acreditan las condiciones que la ley establece y no han presentado documentación para sostener lo que han solicitado”, aseguró el funcionario nacional al diario El Patagónico.
En ese sentido, Lázaro también aclaró: “El Estado nacional deberá garantizar emisiones y fuentes laborales, por lo que al momento de adjudicarse por concurso al ganador, tendrá un porcentaje adicional quien tenga en cuenta estas cuestiones”, adelantó.
“No hay planteo en relación con la intervención. No existe esa figura en relación con los medios, los que funcionan o dejan de funcionar por distintas razones”, argumentó.
“Cuando se acaba la licencia, y no por la nueva ley (de Servicios de Comunicación Audiovisual) o la vieja (ley de Radiodifusión), sino en cualquier escenario jurídico, se hace un llamado a concurso para que la misma siga prestando el servicio a una comunidad”, aclaró Lázaro e insistió en que la misma “se extinguió por paso del tiempo”.
Fuentes: Diario El Patagónico y Jornada
Ver anteriores: Canal 9, Comodoro Rivadavia: "Nos desaparecieron diez años de autorización y nos rechazaron la solicitud de renovación"
En conferencia de prensa, Lázaro manifestó su preocupación ante la escasa oferta de medios televisivos a nivel local.
Sobre las interpretaciones de la decisión de concursar la señal de Canal 9, que afirmaban que de esta forma se atenta contra la libertad de expresión, Lázaro, dijo que “lo que tiene que ver con la libertad de expresión es la defensa de la ley y la defensa de una política que tiene que ver con la pluralidad, y no de uno sino de muchos medios, tanto en radio como en televisión y sistemas complementarios”.
Luego reiteró que la situación de la licencia de Canal 9 se dio a partir del vencimiento de la misma, y que ante el segundo pedido de prórroga la ley establece que se debe convocar a concurso. “Se llamará a concurso a futuro para que en forma democrática y transparente se presenten las propuestas que permitan dar continuidad, en el marco de convocatorias a la creación de nuevos canales de televisión. Porque además el gobierno también está promoviendo concursos de televisión digital abierta, así que oportunamente también esto será parte de la oferta en Comodoro”.
En este marco, el funcionario nacional sostuvo que no hay plazos determinados, ya que los mismos “son los administrativos y están corriendo en el caso de la Autoridad Federal, que ya dio los pasos que tenía que dar y ahora este tema no está en nuestra órbita”.
Escasa oferta en Comodoro
En conferencia de prensa, Lázaro manifestó su preocupación ante la escasa oferta de medios televisivos a nivel local. De hecho, recordó que Canal 9 es el único medio transmitiendo actualmente, dado que hoy no se emite en Comodoro la señal del canal estatal provincial, en tanto tampoco funciona la repetidora del Canal Público (el ex Canal 7) que depende de Nación.
El funcionario arribó a Comodoro Rivadavia el lunes a la noche, reuniéndose con dirigentes de los sindicatos de Prensa y de Televisión, además de empresarios locales.
En ese marco, el coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales indicó también que en estos momentos se elabora el plan técnico que permitirá determinar la cantidad de frecuencias que se licitarán en los próximos meses, lo cual será “a partir de cruzar los registros de las licencias preexistentes con las reservas que prevé la ley, en función de los que se anotaron”.
La ley establecía un plazo para esta tarea de 180 días a partir de la reglamentación, lo que tuvo lugar en setiembre de 2010. “Estamos corriendo con los tiempos, pero estamos trabajando para llegar con el plan técnico. Una vez terminado este proceso se conocerá cuántas licitaciones se harán”, concluyó el funcionario nacional, en una conferencia de prensa realizada en el Lucania Palazzo Hotel.
“No es una intervención, sino una nueva administración”
El coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, Luis Lázaro, se reunió ayer en Comodoro con dirigentes de los sindicatos de Televisión y de Prensa local, para abordar la situación de los trabajadores en el marco del posible llamado a concurso para explotar la señal de Canal 9. Son 28 los empleados en la actualidad por la firma ProTel -integrada por cuatro socios-, que explota la señal de Canal 9, la cual a su vez aporta cinco trabajadores.
Tras el encuentro con el funcionario nacional, el secretario general del Sindicato de Televisión, Ángel “Tino” Acosta, primero pidió no “mezclar la cuestión del canal con política”, y luego indicó que “nosotros sabíamos que no se iba a cerrar el canal como se dijo. Se va a mantener al aire siempre y los empleados vamos a estar siempre trabajando. Sabemos que se va a llamar a concurso y no es una intervención, sino una nueva administración la que se incorporaría a Canal 9; por eso nosotros siempre estuvimos tranquilos, con la seguridad de que íbamos a seguir trabajando”.
Sobre la actividad desarrollada por Protel afirmó que con “la conformación de esta productora el canal pudo seguir funcionando para que crezca la producción, no el canal. El canal se fue deteriorando con el tiempo y hoy es nada”. Si bien dijo que “nunca tuvimos problemas para cobrar el sueldo”, pidió “que los políticos nos ayuden a cobrar la zona que hace 25 años la pedimos”.
Por su parte Mónica Baeza, secretaria general del Sindicato de Prensa, expresó que se seguirá muy de cerca todo el proceso “con el único objetivo de garantizar la fuente laboral de los trabajadores, más allá de quién esté al frente del canal. La participación en la reunión con Lázaro permitió conocer los alcances del concurso, que establece la continuidad para los empleados de la emisora, pero no es un tema cerrado”.
Luego señaló que se necesitan garantías al respecto, lo que implica también que la empresa comience a modificar su política de recursos humanos; a partir de ello, “se instrumentarán todos las acciones que estén al alcance de la organización gremial para que los trabajadores de prensa conserven sus puestos laborales, pero también para que mejoren su actual situación”.
El Sindicato de la Televisión asegura que Canal 9 no cierra ni será intervenido
El secretario general del SATSAID, Ángel "Tino" Acosta, se reunió este martes con Luis Lázaro. Habrá continuidad laboral para los trabajadores de la emisora y se llamará a un concurso para adjudicar la señal.
La emisora comodorense seguirá al aire, asegura el Gobierno nacional
El secretario general del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) en Comodoro Rivadavia, Ángel "Tino" Acosta, se reunió este martes con el coordinador general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, Luis Lázaro, "que nos aseguró que habrá continuidad laboral para los trabajadores de Canal 9 y se llamará a un concurso para adjudicar la señal", relató el conocido camarógrafo y sindicalista, que además es empleado de la emisora en cuestión.
Acosta aclaró que Canal 9 "no será ni cerrado ni intervenido", y que la autoridad nacional sólo va a readjudicarlo tras un proceso licitatorio. También cuestionó la expansión que tuvo en estos años la productora Protel -gerenciadora de Canal 9- y la desinversión en el canal: "ProTel -del empresario Daniel Fasciglione- trabajó todos estos años por y para la productora, no para el canal. El canal hoy es nada", sentenció.
Lázaro ratificó ayer que la licencia actual de Canal 9 de Comodoro Rivadavia "caducó por el paso del tiempo". Inclusive, advirtió que una vez concluida la actual segunda prórroga solicitada por los actuales administradores de la emisora (ProTel), “la ley dice que la señal tiene que ir a concurso. A esas irregularidades se suma que las personas que actualmente conducen la emisora no acreditan las condiciones que la ley establece y no han presentado documentación para sostener lo que han solicitado”, aseguró el funcionario nacional al diario El Patagónico.
En ese sentido, Lázaro también aclaró: “El Estado nacional deberá garantizar emisiones y fuentes laborales, por lo que al momento de adjudicarse por concurso al ganador, tendrá un porcentaje adicional quien tenga en cuenta estas cuestiones”, adelantó.
“No hay planteo en relación con la intervención. No existe esa figura en relación con los medios, los que funcionan o dejan de funcionar por distintas razones”, argumentó.
“Cuando se acaba la licencia, y no por la nueva ley (de Servicios de Comunicación Audiovisual) o la vieja (ley de Radiodifusión), sino en cualquier escenario jurídico, se hace un llamado a concurso para que la misma siga prestando el servicio a una comunidad”, aclaró Lázaro e insistió en que la misma “se extinguió por paso del tiempo”.
Fuentes: Diario El Patagónico y Jornada
Ver anteriores: Canal 9, Comodoro Rivadavia: "Nos desaparecieron diez años de autorización y nos rechazaron la solicitud de renovación"
Fiscal considera "ilegal" plazo para dictaminar sobre la causa Papel Prensa
Alejandra Gils Carbó rechazará hoy el plazo ilegal de 10 días que le impuso la sala C de la Cámara Comercial para que dictamine en el caso Papel Prensa, según aseguró una fuente a Mercado y Transparencia. Si aceptara dictaminar “a las apuradas” estaría abandonando su deber de funcionaria y no podría esgrimir obediencia debida, asegura en su escrito
La fiscal de la Cámara Comercial Alejandra Gils Carbó rechazará hoy el plazo ilegal de 10 días que le impuso la sala C de la Cámara Comercial para que dictamine en el caso Papel Prensa, aseguró una fuente a Mercado y Transparencia.
La fiscal argumenta que la imposición de un plazo de diez días para que emita dictamen en los casos "Comisión Nacional de Valores c/ Papel Prensa S.A. s/ apelación directa" y “Estado Nacional c/Papel Prensa” carece de fundamento normativo y viola el artículo 120 de la Constitución Nacional, que exige que el Fiscal General ante la Cámara examine y estudie el expediente cuanto sea necesario y razonable por la índole de las funciones de interés general que tiene asignadas.
En ningún momento el tribunal justifica cuáles serían las razones de urgencia que expliquen su particular interés en urgir el dictamen, dado que jamás antes en la historia de la Cámara Comercial se han impuesto plazos al dictamen de la Fiscalía General, dice además el escrito de ocho páginas al que tuvo acceso MyT.
“La voluntad arbitraria del tribunal no puede conducir a que se emita un pronunciamiento a las apuradas en un caso de interés general para la sociedad, como lo es el tema Papel Prensa”, aseguró la fiscal en el escrito fechado el 30 de diciembre que hoy ingresó a Tribunales.
La fiscal también se pregunta cómo es posible que le exijan un plazo exiguo cuando la propia Sala ha registrado y registra demoras notorias en los millonarios casos de Transportadora de Gas del Norte y Comercial del Plata.
El interés del tribunal en urgir con plazos exiguos los dictámenes del caso Papel Prensa, sin que medie ninguna razón de urgencia que lo justifique, resulta tanto más llamativo cuando en otros casos donde sí mediaba la exigencia de atender reclamos prioritarios y donde la Fiscalía General pidió reiteradamente a la Sala C que dicte urgente resolución, ésta no lo hizo, dice la Fiscal.
Al juez Monti, concretamente, le enrostra haber demorado dos años en resolver un caso de flagrante estafa procesal a una mujer y su hija, acreedoras de créditos alimentarios, quienes litigaban hacía siete años en sede civil para poder cobrarlos contra un deudor procesado tres veces por no pagar alimentos.
Luego de afirmar que no es posible cumplir con la exigencia de la Cámara, la Fiscal argumenta que “tampoco es procedente pedir una prórroga, porque implicaría admitir que la Cámara puede inventar plazos no previstos en las leyes, y dar órdenes ilegales incompatibles con la función del Ministerio Público Fiscal.” Y asegura entonces que la Fiscalía emitirá el dictamen en el tiempo que sea necesario y razonable para cumplir adecuadamente la función del Ministerio Público Fiscal.
Lo que le lleva a argumentar que la ilegitimidad de la orden autoriza a su incumplimiento de acuerdo con la doctrina elaborada respecto a la obediencia debida como causa de justificación por Zaffaroni, Alagia y Slokar en su obra "Derecho Penal. Parte General". Gils Carbó también cita a su Jefe, el procurador Esteban Righi, para decir “que actúa justificadamente quien al realizar la acción no hizo otra cosa que cumplir con un deber en el cual la conducta está jurídicamente aprobada de un modo más intenso, pues no sólo el orden jurídico permite sino que obliga al sujeto a infringir una prohibición,” doctrina esbozada por Righi en "Antijuridicidad y justificación“.
Y de paso, Gils Carbó no sólo le informa a la sala C que emitirá el dictamen fiscal pertinente en el plazo que sea necesario y razonable para cumplir adecuadamente el mandato del artículo 120 de la Constitución Nacional, sino que lo envía con copia a Righi pidiéndole que investigue las razones por las cuales los jueces José Luis Monti y Alfredo Kolliker Frers asignaron un diverso tratamiento al caso Papel Prensa y a los casos “Vilar s/concurso preventivo”, “Sociedad Comercial del Plata s/ concurso preventivo” y “Anses c/ Transportadora Gas del Norte”.
Fuente: Mercado y Transparencia
La fiscal argumenta que la imposición de un plazo de diez días para que emita dictamen en los casos "Comisión Nacional de Valores c/ Papel Prensa S.A. s/ apelación directa" y “Estado Nacional c/Papel Prensa” carece de fundamento normativo y viola el artículo 120 de la Constitución Nacional, que exige que el Fiscal General ante la Cámara examine y estudie el expediente cuanto sea necesario y razonable por la índole de las funciones de interés general que tiene asignadas.
En ningún momento el tribunal justifica cuáles serían las razones de urgencia que expliquen su particular interés en urgir el dictamen, dado que jamás antes en la historia de la Cámara Comercial se han impuesto plazos al dictamen de la Fiscalía General, dice además el escrito de ocho páginas al que tuvo acceso MyT.
“La voluntad arbitraria del tribunal no puede conducir a que se emita un pronunciamiento a las apuradas en un caso de interés general para la sociedad, como lo es el tema Papel Prensa”, aseguró la fiscal en el escrito fechado el 30 de diciembre que hoy ingresó a Tribunales.
La fiscal también se pregunta cómo es posible que le exijan un plazo exiguo cuando la propia Sala ha registrado y registra demoras notorias en los millonarios casos de Transportadora de Gas del Norte y Comercial del Plata.
El interés del tribunal en urgir con plazos exiguos los dictámenes del caso Papel Prensa, sin que medie ninguna razón de urgencia que lo justifique, resulta tanto más llamativo cuando en otros casos donde sí mediaba la exigencia de atender reclamos prioritarios y donde la Fiscalía General pidió reiteradamente a la Sala C que dicte urgente resolución, ésta no lo hizo, dice la Fiscal.
Al juez Monti, concretamente, le enrostra haber demorado dos años en resolver un caso de flagrante estafa procesal a una mujer y su hija, acreedoras de créditos alimentarios, quienes litigaban hacía siete años en sede civil para poder cobrarlos contra un deudor procesado tres veces por no pagar alimentos.
Luego de afirmar que no es posible cumplir con la exigencia de la Cámara, la Fiscal argumenta que “tampoco es procedente pedir una prórroga, porque implicaría admitir que la Cámara puede inventar plazos no previstos en las leyes, y dar órdenes ilegales incompatibles con la función del Ministerio Público Fiscal.” Y asegura entonces que la Fiscalía emitirá el dictamen en el tiempo que sea necesario y razonable para cumplir adecuadamente la función del Ministerio Público Fiscal.
Lo que le lleva a argumentar que la ilegitimidad de la orden autoriza a su incumplimiento de acuerdo con la doctrina elaborada respecto a la obediencia debida como causa de justificación por Zaffaroni, Alagia y Slokar en su obra "Derecho Penal. Parte General". Gils Carbó también cita a su Jefe, el procurador Esteban Righi, para decir “que actúa justificadamente quien al realizar la acción no hizo otra cosa que cumplir con un deber en el cual la conducta está jurídicamente aprobada de un modo más intenso, pues no sólo el orden jurídico permite sino que obliga al sujeto a infringir una prohibición,” doctrina esbozada por Righi en "Antijuridicidad y justificación“.
Y de paso, Gils Carbó no sólo le informa a la sala C que emitirá el dictamen fiscal pertinente en el plazo que sea necesario y razonable para cumplir adecuadamente el mandato del artículo 120 de la Constitución Nacional, sino que lo envía con copia a Righi pidiéndole que investigue las razones por las cuales los jueces José Luis Monti y Alfredo Kolliker Frers asignaron un diverso tratamiento al caso Papel Prensa y a los casos “Vilar s/concurso preventivo”, “Sociedad Comercial del Plata s/ concurso preventivo” y “Anses c/ Transportadora Gas del Norte”.
Fuente: Mercado y Transparencia
martes, 1 de febrero de 2011
"Algunos concejales le tienen mucho miedo al propietario del diario La Capital"
Así lo manifestó el concejal radical de General Pueyrredón Carlos Katz, quien pretende que la comuna no otorgue publicidad oficial a los medios de comunicación que difundan avisos de servicios de prostitución
La medida abarcaría a empresas periodísticas de nivel nacional, provincial y local.
En dialogo con Radio Residencias, el edil reiteró que insistirá con su proyecto, aunque los concejales oficialistas no lo aprueban para que sea tratado en el recinto de sesiones.
El legislador sostiene que la situación se registra básicamente en el Diario La Capital, propiedad de Florencio Aldrey Iglesias, el cual, a raíz de ciertas resoluciones judiciales, ha optado por modificar la modalidad de los avisos con el propósito de evitar quedar al borde del delito en medio del debate que se ha generado.
En una gacetilla de prensa Katz indicó que “han desaparecido en el diario La Capital los avisos en los que se solicitaban señoritas para trabajar en privados. Es que además de la presión que genera la puesta en debate de estos temas sobre los responsables de los medios de comunicación, también se puede observar que desde la Justicia se accionan mecanismos que ayudan a limitar este tipo de negocios”, “reconforta saber que forzar ciertos debates, trae resultados”.
Más adelante destacó que “a partir de un dictamen de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) perteneciente al Ministerio Público de la Nación, en el que se hace expresa mención a la terminología utilizada en avisos detectados en el Diario La Capital, se puede advertir que en los avisos denominados de ‘ofertas laborales dudosas’ se han eliminado referencias a situaciones de vulnerabilidad por edad u origen”.
Entre otras consideraciones, se recomendaba a “los fiscales el inicio de investigaciones penales preventivas en función de su posible vinculación con el negocio de la explotación de la prostitución ajena y la trata de personas”.
El periodista del programa “Curados de Espanto” leyño fragmentos del dictamen de la UFASE "la mención en la oferta de ‘paraguayas, dominicanas, portorriqueñas, etc… o de jovencitas, bebotas, chiquititas, etc.’ podrían indicar situaciones de explotación y/o trata penadas por la ley”.
Katz presentó, meses atrás, un proyecto de ordenanza con el objeto de que la Municipalidad no otorgue más publicidad ni propaganda oficial a aquellos medios de comunicación, sean locales o nacionales, que entre sus contenidos promocionen la oferta sexual a través de avisos clasificados.
El concejal de Acción Marplatense (oficialista) Ricardo Palacios se opuso al tratamiento de la ordenanza por que esta práctica no estaba prohibida por ley y que no se podía dictar una ordenanza “que sobrepase a leyes nacionales”. “Una ordenanza no puede cambiar algo que hace a la libertad de prensa”, sentenció.
“Esta es una buena manera de que el Ejecutivo no se quede anclado en exclamaciones discursivas. Además no tendría motivos para oponerse porque la pauta oficial de la ciudad la manera el propio Municipio. Nada impide que lo hagan”, dijo el concejal. “Nadie podría presentar un amparo por no recibir publicidad oficial”, finalizó.
Escuchá la nota:
En dialogo con Radio Residencias, el edil reiteró que insistirá con su proyecto, aunque los concejales oficialistas no lo aprueban para que sea tratado en el recinto de sesiones.
El legislador sostiene que la situación se registra básicamente en el Diario La Capital, propiedad de Florencio Aldrey Iglesias, el cual, a raíz de ciertas resoluciones judiciales, ha optado por modificar la modalidad de los avisos con el propósito de evitar quedar al borde del delito en medio del debate que se ha generado.
En una gacetilla de prensa Katz indicó que “han desaparecido en el diario La Capital los avisos en los que se solicitaban señoritas para trabajar en privados. Es que además de la presión que genera la puesta en debate de estos temas sobre los responsables de los medios de comunicación, también se puede observar que desde la Justicia se accionan mecanismos que ayudan a limitar este tipo de negocios”, “reconforta saber que forzar ciertos debates, trae resultados”.
Más adelante destacó que “a partir de un dictamen de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) perteneciente al Ministerio Público de la Nación, en el que se hace expresa mención a la terminología utilizada en avisos detectados en el Diario La Capital, se puede advertir que en los avisos denominados de ‘ofertas laborales dudosas’ se han eliminado referencias a situaciones de vulnerabilidad por edad u origen”.Entre otras consideraciones, se recomendaba a “los fiscales el inicio de investigaciones penales preventivas en función de su posible vinculación con el negocio de la explotación de la prostitución ajena y la trata de personas”.
El periodista del programa “Curados de Espanto” leyño fragmentos del dictamen de la UFASE "la mención en la oferta de ‘paraguayas, dominicanas, portorriqueñas, etc… o de jovencitas, bebotas, chiquititas, etc.’ podrían indicar situaciones de explotación y/o trata penadas por la ley”.
Katz presentó, meses atrás, un proyecto de ordenanza con el objeto de que la Municipalidad no otorgue más publicidad ni propaganda oficial a aquellos medios de comunicación, sean locales o nacionales, que entre sus contenidos promocionen la oferta sexual a través de avisos clasificados.
El concejal de Acción Marplatense (oficialista) Ricardo Palacios se opuso al tratamiento de la ordenanza por que esta práctica no estaba prohibida por ley y que no se podía dictar una ordenanza “que sobrepase a leyes nacionales”. “Una ordenanza no puede cambiar algo que hace a la libertad de prensa”, sentenció.
“Esta es una buena manera de que el Ejecutivo no se quede anclado en exclamaciones discursivas. Además no tendría motivos para oponerse porque la pauta oficial de la ciudad la manera el propio Municipio. Nada impide que lo hagan”, dijo el concejal. “Nadie podría presentar un amparo por no recibir publicidad oficial”, finalizó.
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Nicaragüa: La venta de un Canal de televisión reabre debate sobre patrimonio del presidente Ortega
Por: Moisés Martínez
El cierre del círculo referido a la compra de Canal 8 de Televisión, por parte de la familia del presidente Daniel Ortega, reabre el debate sobre a cuánto asciende realmente el patrimonio del mandatario.
La Prensa reveló el sábado pasado que la empresa Televisora Nicaragüense S.A., que aglutina al Canal 8 de Televisión y la radio Clásica (antes Radio Uno), en la 101.9 Frecuencia Modulada (FM), tiene como apoderado legal generalísimo a José Jorge Mojica Mejía, empleado de confianza de Ortega.
Esta operación habría rondado los diez millones de dólares, dinero del que no se tiene certeza si salió de los fondos personales del mandatario o son parte de los recursos petroleros que canaliza la empresa Alba de Nicaragua S.A. (AlbaNiSA).
Para Guillermo Argüello Poessy, presidente de facto de la Contraloría General de la República (CGR), el hecho que Mojica Mejía sea el actual representante de Televisora Nicaragüense S.A. no representa necesariamente un vínculo con el mandatario y esta empresa.
“Eso no quiere decir que Canal 8 sea un patrimonio del presidente Daniel Ortega y su familia. Por eso no quisiera emitir alguna opinión sobre algo que no me resulta un hecho concreto y solamente son especulaciones”, reiteró Argüello Poessy vía telefónica. “Si el presidente Ortega realmente ha adquirido el Canal 8 y forma parte de su patrimonio, pues entonces tendrá que reportarlo en su declaración de probidad que se encuentra aquí en la Contraloría, de la cual no puedo comentar absolutamente nada porque eso es una información privada”, añadió.
La última vez fue en 2002
La última vez que se supo algo concreto de la declaración de probidad del presidente Ortega fue en el 2002, antes de que éste asumiera como diputado (cargo que finalmente delegó en Agustín Jarquín Anaya).
Fue la primera vez que Ortega presentó su declaración de probidad ante la Contraloría, reconociendo en ese entonces un patrimonio de 3 millones 18 mil 513 córdobas (217 mil 943 dólares para ese año, cuando el cambio oficial con respecto al dólar estaba a 14.67 córdobas).
“Yo siempre he dicho que las declaraciones de probidad de los servidores públicos deberían ser abiertas y transparentes, no veo por qué tienen que ser manejadas como algo privado, pero así lo quieren”, admitió Argüello Poessy.
El Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TelCor) emitió la resolución administrativa 254-2010, autorizando a Mojica Mejía, en su carácter de apoderado generalísimo de Televisora Nicaragüense S.A., la renovación de la licencia de la frecuencia 101.9 FM.
Radio Clásica (antes Radio Uno) opera en el complejo de Radio Sandino, otra empresa que pertenece a la familia del presidente Ortega.
Apropiación vergonzosa
El diputado liberal y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, señaló que el incremento del patrimonio del presidente Daniel Ortega gira en torno al uso discrecional que da el Gobierno al millonario acuerdo petrolero firmado en Venezuela.
“Lo que sucede es que jurídicamente no podemos decir que hay una apropiación de fondos públicos, porque los fondos venezolanos están privatizados y no están incorporados al Presupuesto General de la República. Para la Asamblea Nacional esa deuda con Venezuela no existe y por eso son recursos privados usados aparentemente con toda la discreción por el presidente Ortega y su entorno”, opinó Pallais.
Sin embargo, el convenio petrolero firmado entre Venezuela y Nicaragua es un acuerdo de Estado a Estado.
La Asamblea Nacional aprobó en el 2009 una resolución desconociendo cualquier deuda entre ambos países canalizada por medio del fondo Alba, pero hay temor acerca de un hipotético cambio de gobierno en cualquiera de las naciones, lo cual implique un requerimiento del dinero.
“Lo que hay aquí es una apropiación vergonzosa de estos fondos privados, que supuestamente son para luchar contra la pobreza del país”, dijo Pallais.
El parlamentario duda sobre lo planteado por el contralor Argüello Poessy referido a que este nuevo bien adquirido por la familia presidencial sea incorporado a la declaración de probidad del mandatario que está a resguardo bajo sigilo privado por el ente fiscalizador de los recursos públicos.
“Yo difiero del contralor Argüello Poessy en ese sentido porque esa compra se va ir ocultando por medio del uso de varias figuras jurídicas existentes, como testaferros, o el cambio de sociedades. Se va ir cambiando de sociedad en sociedad hasta que se arme toda una maraña de sociedades complicada de rastrear”, consideró.
El presidente de los pobres oculta su fortuna
En la única declaración patrimonial conocida del presidente Ortega éste dijo tener 3 millones 18 mil 513 córdobas, de los cuales 817 mil 117 córdobas corresponden a bienes inmuebles, que son las siete propiedades que compró un día antes de entregar el poder a la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro en 1990.
El resto de bienes corresponde a dos certificados a plazo fijo en dólares (que al cambio de la época suman 1.5 millones de córdobas) y una camioneta Mercedes Benz valorada en poco más de 450 mil córdobas.
Ortega nunca ha autorizado que se dé a conocer la declaración de probidad que habría presentado cuando se postuló como candidato a la Presidencia en el 2006.
Investigaciones periodísticas publicadas ese año revelaron que aunque el presidente Daniel Ortega alegará en su declaración de probidad que su patrimonio total asegurará 217 mil 943 dólares, tan sólo tres de las camionetas Mercedes Benz que habitualmente utiliza tienen un valor en conjunto de 281 mil dólares.
Fuente: Diario La Prensa
El cierre del círculo referido a la compra de Canal 8 de Televisión, por parte de la familia del presidente Daniel Ortega, reabre el debate sobre a cuánto asciende realmente el patrimonio del mandatario.
Esta operación habría rondado los diez millones de dólares, dinero del que no se tiene certeza si salió de los fondos personales del mandatario o son parte de los recursos petroleros que canaliza la empresa Alba de Nicaragua S.A. (AlbaNiSA).
Para Guillermo Argüello Poessy, presidente de facto de la Contraloría General de la República (CGR), el hecho que Mojica Mejía sea el actual representante de Televisora Nicaragüense S.A. no representa necesariamente un vínculo con el mandatario y esta empresa.
“Eso no quiere decir que Canal 8 sea un patrimonio del presidente Daniel Ortega y su familia. Por eso no quisiera emitir alguna opinión sobre algo que no me resulta un hecho concreto y solamente son especulaciones”, reiteró Argüello Poessy vía telefónica. “Si el presidente Ortega realmente ha adquirido el Canal 8 y forma parte de su patrimonio, pues entonces tendrá que reportarlo en su declaración de probidad que se encuentra aquí en la Contraloría, de la cual no puedo comentar absolutamente nada porque eso es una información privada”, añadió.
La última vez fue en 2002
La última vez que se supo algo concreto de la declaración de probidad del presidente Ortega fue en el 2002, antes de que éste asumiera como diputado (cargo que finalmente delegó en Agustín Jarquín Anaya).
Fue la primera vez que Ortega presentó su declaración de probidad ante la Contraloría, reconociendo en ese entonces un patrimonio de 3 millones 18 mil 513 córdobas (217 mil 943 dólares para ese año, cuando el cambio oficial con respecto al dólar estaba a 14.67 córdobas).
“Yo siempre he dicho que las declaraciones de probidad de los servidores públicos deberían ser abiertas y transparentes, no veo por qué tienen que ser manejadas como algo privado, pero así lo quieren”, admitió Argüello Poessy.
El Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TelCor) emitió la resolución administrativa 254-2010, autorizando a Mojica Mejía, en su carácter de apoderado generalísimo de Televisora Nicaragüense S.A., la renovación de la licencia de la frecuencia 101.9 FM.
Radio Clásica (antes Radio Uno) opera en el complejo de Radio Sandino, otra empresa que pertenece a la familia del presidente Ortega.
Apropiación vergonzosa
El diputado liberal y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, señaló que el incremento del patrimonio del presidente Daniel Ortega gira en torno al uso discrecional que da el Gobierno al millonario acuerdo petrolero firmado en Venezuela.
“Lo que sucede es que jurídicamente no podemos decir que hay una apropiación de fondos públicos, porque los fondos venezolanos están privatizados y no están incorporados al Presupuesto General de la República. Para la Asamblea Nacional esa deuda con Venezuela no existe y por eso son recursos privados usados aparentemente con toda la discreción por el presidente Ortega y su entorno”, opinó Pallais.
Sin embargo, el convenio petrolero firmado entre Venezuela y Nicaragua es un acuerdo de Estado a Estado.
La Asamblea Nacional aprobó en el 2009 una resolución desconociendo cualquier deuda entre ambos países canalizada por medio del fondo Alba, pero hay temor acerca de un hipotético cambio de gobierno en cualquiera de las naciones, lo cual implique un requerimiento del dinero.
“Lo que hay aquí es una apropiación vergonzosa de estos fondos privados, que supuestamente son para luchar contra la pobreza del país”, dijo Pallais.
El parlamentario duda sobre lo planteado por el contralor Argüello Poessy referido a que este nuevo bien adquirido por la familia presidencial sea incorporado a la declaración de probidad del mandatario que está a resguardo bajo sigilo privado por el ente fiscalizador de los recursos públicos.
“Yo difiero del contralor Argüello Poessy en ese sentido porque esa compra se va ir ocultando por medio del uso de varias figuras jurídicas existentes, como testaferros, o el cambio de sociedades. Se va ir cambiando de sociedad en sociedad hasta que se arme toda una maraña de sociedades complicada de rastrear”, consideró.
El presidente de los pobres oculta su fortuna
En la única declaración patrimonial conocida del presidente Ortega éste dijo tener 3 millones 18 mil 513 córdobas, de los cuales 817 mil 117 córdobas corresponden a bienes inmuebles, que son las siete propiedades que compró un día antes de entregar el poder a la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro en 1990.
El resto de bienes corresponde a dos certificados a plazo fijo en dólares (que al cambio de la época suman 1.5 millones de córdobas) y una camioneta Mercedes Benz valorada en poco más de 450 mil córdobas.
Ortega nunca ha autorizado que se dé a conocer la declaración de probidad que habría presentado cuando se postuló como candidato a la Presidencia en el 2006.
Investigaciones periodísticas publicadas ese año revelaron que aunque el presidente Daniel Ortega alegará en su declaración de probidad que su patrimonio total asegurará 217 mil 943 dólares, tan sólo tres de las camionetas Mercedes Benz que habitualmente utiliza tienen un valor en conjunto de 281 mil dólares.
Fuente: Diario La Prensa
Señalan un "obsceno plagio" en el programa Informe Klipphan de C5N
El programa de C5N difundió como propio el informe elaborado por Semanario Parlamentario en relación con lo que hablaron en 2010 los diputados nacionales
En el último programa de Informe Klipphan se difundió un informe elaborado por Semanario Parlamentario para su Indice de Calidad Legislativa, publicado en la edición 1064 de dicha revista, correspondiente al 14 de enero. El informe es ya una tradición para Parlamentario, ya que desde hace seis años se elaboran esos informes en ambas cámaras.
El programa fue emitido el jueves pasado y repetido el domingo, pero también contó con avances en la programación de C5N, ya que el tema era por demás interesante. Al verlo, se advertía que había sido enteramente elaborado en base al informe exclusivo de Semanario Parlamentario, haciendo hincapié en los detalles apuntados por esta publicación, tales como la existencia de un legislador que lleva seis años sin hablar.
El “levante” del informe es bienvenido por Parlamentario, que en su edición 1065 detalló la gran repercusión que tuvo esa nota en medios del interior. La información fue difundida también por la agencia Noticias Argentinas el domingo 16 de enero. Pero en todos los casos citaron la fuente. No así en el caso del programa Informe Klipphan.
Podría tratarse de un “error involuntario” muy común el de levantar informes ajenos y difundirlos sin citar la fuente. Pero en este caso, es más grave, ya que los conductores de ese programa no hicieron eso, sino que ¡lo difundieron como si fuera un trabajo propio!
Realmente una actitud por demás condenable, ya que la elaboración de ese informe lleva meses de trabajo y chequeos, lo que hace más condenable la actitud de Klipphan y su equipo, que directamente se apropió del mismo.
Fuente: Parlamentario
El programa fue emitido el jueves pasado y repetido el domingo, pero también contó con avances en la programación de C5N, ya que el tema era por demás interesante. Al verlo, se advertía que había sido enteramente elaborado en base al informe exclusivo de Semanario Parlamentario, haciendo hincapié en los detalles apuntados por esta publicación, tales como la existencia de un legislador que lleva seis años sin hablar.
El “levante” del informe es bienvenido por Parlamentario, que en su edición 1065 detalló la gran repercusión que tuvo esa nota en medios del interior. La información fue difundida también por la agencia Noticias Argentinas el domingo 16 de enero. Pero en todos los casos citaron la fuente. No así en el caso del programa Informe Klipphan.
Podría tratarse de un “error involuntario” muy común el de levantar informes ajenos y difundirlos sin citar la fuente. Pero en este caso, es más grave, ya que los conductores de ese programa no hicieron eso, sino que ¡lo difundieron como si fuera un trabajo propio!
Realmente una actitud por demás condenable, ya que la elaboración de ese informe lleva meses de trabajo y chequeos, lo que hace más condenable la actitud de Klipphan y su equipo, que directamente se apropió del mismo.
Fuente: Parlamentario
Chile: La pelea PRISA - Gobierno que calienta el dial
Las cosas cambiaron para el conglomerado de los Polanco, que controla dos tercios del mercado publicitario de la radio. Antes sus ejecutivos españoles podían almorzar en La Moneda y de hecho justo antes de terminar el gobierno de Bachelet, quedó firmada la resolución que ahora el subsecretario Jorge Atton decidió revisar
Por: Felipe Saleh
El mejor de los clichés sobre la venganza, que tarda pero llega, es aplicable a la disputa que hay al interior del mercado de la radiodifusión. Recién ayer lunes, llegó a la mesa de Marcelo Zuñiga, director ejecutivo de Iberoamericana Radio Chile, el documento con la resolución que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SubTel) difundió el viernes, y mediante el cual anuncia que suspende el proceso en el que la filial del grupo español PRISA aspira a renovar sus concesiones en el dial chileno.
La SubTel anunció que antes de renovar 37 concesiones de las 212 que tiene Iberoamericana a lo largo del país, se tomará el tiempo de “verificar” si se cumple con “rigor técnico legal”, como dijo el subsecretario Jorge Atton, el artículo 9º de la Ley de Prensa. Esto es que los propietarios con participación de capital extranjero, superior al 10%, deben acreditar que en su país de origen existen las mismas garantías y obligaciones para los chilenos. Lo que se denomina “principio de reciprocidad” y donde el caso de Iberoamericana, representante local de PRISA con presencia en 22 países, calza perfecto.
El gigante español
El dictamen de la SubTel es la mejor noticia para la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) desde que PRISA aterrizó con todo en Chile en 2007. En noviembre de ese año, la Corte Suprema ratificó un fallo del Tribunal de Libre Competencia (TDLC) que autorizaba la fusión del Consorcio Radial de Chile (CRC) con Iberoamericana Radio Chile.
El primero agrupó el intento fallido de PRISA por tener éxito en Chile replicando sus marcas “40 Principales” y “W”. Mientras el segundo, del grupo Claxson tenía las emisoras con más alta audiencia como Corazón, Pudahuel y Rock & Pop.
Con la billetera sobre la mesa no sólo aseguraron 11 de las radios más exitosas del país, sino también dos tercios de la torta publicitaria que se reparte en la radio.
El resto de los operadores vio con impotencia cómo se reorganizaba el escenario. Cooperativa debió sumarle la grúa que se llevó algunas “voces” y editores clave como Pablo Aranzáes y Rodrigo Hernández, el cerebro de “Al aire Libre”, el bloque deportivo de la radio ligada a la DC.
El nuevo escenario
Pero la hora de “los chicos” parece haber llegado. El grupo que forman la compañía Chilena de Comunicaciones (Cooperativa) Bío-Bío, de la familia Moschiatti, la Archi que agrupa también operadores regionales los Bezanilla dueños de FM Tiempo, Infinita y Romántica, celebró que se acogiera el requerimiento que presentaron en noviembre de 2010, en el contexto del proceso de renovación por los próximos 25 años.
Aunque la fiscalización puede durar seis meses al menos, para Luis Pardo, presidente de Archi, es posible ponerse en el siguiente escenario de que la reciprocidad efectivamente no se cumpla. “La ley más reciente en España es muy estricta con los inversionistas extranjeros y aunque ellos dicen que Iberoamericana es chilena, sabemos que no es así”, dice. Y agrega: “la guerra santa no es contra ellos, lo que queremos es cautelar el pluralismo informativo y que tengan un tamaño razonable de participación en el mercado”.
Las cosas ya no son iguales en Chile para PRISA, que está ligado al Partido Socialista Obrero Español sobre todo desde la puesta en marcha de su buque insignia, el diario El País. En junio de 2007, poco antes de morir, el fundador del conglomerado, Jesús de Polanco, fue condecorado por el gobierno debido sus “acciones loables de virtud y amistad hacia Chile”. Y en noviembre de ese año, durante el Foro Iberoamérica que antecedió a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el ex presidente Ricardo Lagos encabezó una cena donde se le rindió un homenaje, a la que asistieron el hombre fuerte de PRISA, su hijo Ignacio de Polanco; Juan Luis Cebrián, fundador de “El País”, y Augusto Delkader, presidente de Unión Radio, la filial radiofónica del grupo. En la misma visita, los enviados españoles almorzaron con la entonces presidenta Michelle Bachelet, donde detallaron sus planes en Chile.
Sin perder la calma
Ricardo Berdichesky, gerente de Operaciones de Iberoamericana Radio Chile dice que el cumplimiento del artículo 9º que da origen a esta resolución de la SubTel “ya fue fiscalizada y se comprobó en marzo de 2010 que la cumplíamos”, sostiene. Este dictamen zanjaba también lo sugerido por la Contraloría respecto a este asunto en 2008, a instancias de los entonces diputados Álvaro Escobar y Esteban Velenzuela, y sobre el cuál la SubTel también se afirmó para dictar la resolución conocida el viernes.
El asunto fue uno de los últimos papeles que firmó René Cortázar como Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Aún así, Berdicheski descarta cualquier ingrediente político en esta disputa. “Dentro del proceso de renovación existe un proceso de oposición y ellos están haciendo uso de ese derecho, nosotros creemos que la SubTel hará un trabajo serio y estamos dispuestos a colaborar en todo”, afirma el ejecutivo, quien recalca que está muy tranquilo.
Pero eso no quita que no estén asesorándose por especialistas. Antes Iberoamericana trabajó con el estudio Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner. Ahora trascendió que el conglomerado contaría con los servicios de Bofill, Mir & Álvarez Jana, vinculado a los ex socios del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Fuente: El Mostrador
Ver anterior: PRISA a punto de perder 37 licencias radiofónicas en Chile por falta de reciprocidad
Por: Felipe Saleh
El mejor de los clichés sobre la venganza, que tarda pero llega, es aplicable a la disputa que hay al interior del mercado de la radiodifusión. Recién ayer lunes, llegó a la mesa de Marcelo Zuñiga, director ejecutivo de Iberoamericana Radio Chile, el documento con la resolución que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SubTel) difundió el viernes, y mediante el cual anuncia que suspende el proceso en el que la filial del grupo español PRISA aspira a renovar sus concesiones en el dial chileno.
La SubTel anunció que antes de renovar 37 concesiones de las 212 que tiene Iberoamericana a lo largo del país, se tomará el tiempo de “verificar” si se cumple con “rigor técnico legal”, como dijo el subsecretario Jorge Atton, el artículo 9º de la Ley de Prensa. Esto es que los propietarios con participación de capital extranjero, superior al 10%, deben acreditar que en su país de origen existen las mismas garantías y obligaciones para los chilenos. Lo que se denomina “principio de reciprocidad” y donde el caso de Iberoamericana, representante local de PRISA con presencia en 22 países, calza perfecto.
El gigante español
El dictamen de la SubTel es la mejor noticia para la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) desde que PRISA aterrizó con todo en Chile en 2007. En noviembre de ese año, la Corte Suprema ratificó un fallo del Tribunal de Libre Competencia (TDLC) que autorizaba la fusión del Consorcio Radial de Chile (CRC) con Iberoamericana Radio Chile.
El primero agrupó el intento fallido de PRISA por tener éxito en Chile replicando sus marcas “40 Principales” y “W”. Mientras el segundo, del grupo Claxson tenía las emisoras con más alta audiencia como Corazón, Pudahuel y Rock & Pop.
Con la billetera sobre la mesa no sólo aseguraron 11 de las radios más exitosas del país, sino también dos tercios de la torta publicitaria que se reparte en la radio.
El resto de los operadores vio con impotencia cómo se reorganizaba el escenario. Cooperativa debió sumarle la grúa que se llevó algunas “voces” y editores clave como Pablo Aranzáes y Rodrigo Hernández, el cerebro de “Al aire Libre”, el bloque deportivo de la radio ligada a la DC.
El nuevo escenario
Pero la hora de “los chicos” parece haber llegado. El grupo que forman la compañía Chilena de Comunicaciones (Cooperativa) Bío-Bío, de la familia Moschiatti, la Archi que agrupa también operadores regionales los Bezanilla dueños de FM Tiempo, Infinita y Romántica, celebró que se acogiera el requerimiento que presentaron en noviembre de 2010, en el contexto del proceso de renovación por los próximos 25 años.
Aunque la fiscalización puede durar seis meses al menos, para Luis Pardo, presidente de Archi, es posible ponerse en el siguiente escenario de que la reciprocidad efectivamente no se cumpla. “La ley más reciente en España es muy estricta con los inversionistas extranjeros y aunque ellos dicen que Iberoamericana es chilena, sabemos que no es así”, dice. Y agrega: “la guerra santa no es contra ellos, lo que queremos es cautelar el pluralismo informativo y que tengan un tamaño razonable de participación en el mercado”.
Las cosas ya no son iguales en Chile para PRISA, que está ligado al Partido Socialista Obrero Español sobre todo desde la puesta en marcha de su buque insignia, el diario El País. En junio de 2007, poco antes de morir, el fundador del conglomerado, Jesús de Polanco, fue condecorado por el gobierno debido sus “acciones loables de virtud y amistad hacia Chile”. Y en noviembre de ese año, durante el Foro Iberoamérica que antecedió a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el ex presidente Ricardo Lagos encabezó una cena donde se le rindió un homenaje, a la que asistieron el hombre fuerte de PRISA, su hijo Ignacio de Polanco; Juan Luis Cebrián, fundador de “El País”, y Augusto Delkader, presidente de Unión Radio, la filial radiofónica del grupo. En la misma visita, los enviados españoles almorzaron con la entonces presidenta Michelle Bachelet, donde detallaron sus planes en Chile.
Sin perder la calma
Ricardo Berdichesky, gerente de Operaciones de Iberoamericana Radio Chile dice que el cumplimiento del artículo 9º que da origen a esta resolución de la SubTel “ya fue fiscalizada y se comprobó en marzo de 2010 que la cumplíamos”, sostiene. Este dictamen zanjaba también lo sugerido por la Contraloría respecto a este asunto en 2008, a instancias de los entonces diputados Álvaro Escobar y Esteban Velenzuela, y sobre el cuál la SubTel también se afirmó para dictar la resolución conocida el viernes.
El asunto fue uno de los últimos papeles que firmó René Cortázar como Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Aún así, Berdicheski descarta cualquier ingrediente político en esta disputa. “Dentro del proceso de renovación existe un proceso de oposición y ellos están haciendo uso de ese derecho, nosotros creemos que la SubTel hará un trabajo serio y estamos dispuestos a colaborar en todo”, afirma el ejecutivo, quien recalca que está muy tranquilo.
Pero eso no quita que no estén asesorándose por especialistas. Antes Iberoamericana trabajó con el estudio Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner. Ahora trascendió que el conglomerado contaría con los servicios de Bofill, Mir & Álvarez Jana, vinculado a los ex socios del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Fuente: El Mostrador
Ver anterior: PRISA a punto de perder 37 licencias radiofónicas en Chile por falta de reciprocidad
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