Canal 7 Argentina, una saga interminable

Fiel a su historia, la pantalla de Canal 7, la emisora de televisión estatal argentina, sigue debatiéndose entre una programación comercial que compita por audiencia y publicidad con los canales privados y otra, de servicio público, que constituya una alternativa a la concentración mediática. La ausencia de un marco institucional que defina objetivos de largo plazo, métodos de designación de autoridades, así como instancias de control por parte de la sociedad, relega al canal y abre la puerta a disputas de poder y negocios a costa de todos los argentinos

Por: Pablo Stancanelli

"La televisión es un componente esencial de la vida humana moderna, (...)
es el instrumento principal de aportación de información cultural patrimonial (el pasado), de contemplación de lo que pasa (el presente) y por lo tanto de una conciencia que necesita tener proyectos de futuro. Después de la formación
familiar y escolar, (...) la televisión es el instrumento más activo en la formación de la conciencia personal y colectiva."
Manuel Vázquez Montalbán, "Por el mercado hacia la verdad única" 1

"Canal 7 pinta con Tersuave. El poder de la pintura". El auspicio comercial impacta. Destacado en el cartel luminoso que en su fachada presenta el nuevo y enésimo logo de LS82 TV Canal 7, le imprime al canal de televisión público argentino un aire privatizado.

Porque a lo largo de toda su historia, Canal 7 ha sido una poderosa herramienta de difusión de propaganda tanto para dictaduras como para gobiernos democráticos y ha generado pingües negocios privados en detrimento del Estado; pero más allá de la calidad de gestión de uno u otro director y del mérito de haber producido muchos programas memorables, nunca ha cumplido con su rol esencial: el de un servicio público de carácter universal que se proponga informar, educar, entretener y difundir la diversidad cultural del país al margen del interés privado. Así, el "instrumento de comunicación audiovisual más poderoso de la época moderna" 2, ha sido hasta ahora una herramienta cultural y social desperdiciada.

Sin embargo, debe destacarse que el ex presidente Carlos Menem no haya podido sumar Canal 7 al desguace del Estado realizado durante sus mandatos. En marzo de 1992, su gobierno decidió la liquidación de Argentina Televisora Color LS82 Canal 7; estableció que sus deudas fuesen absorbidas por el Estado y creó ATC Sociedad Anónima, conducida por Gerardo Sofovich. Al mismo tiempo, habilitó la posibilidad de publicitar productos dentro del contenido de los programas. Tres años más tarde, una auditoría de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) señaló serias irregularidades en el manejo del canal y una nueva deuda acumulada de 67 millones de dólares. Menem nombró entonces interventor a Germán Kammerath, con el mandato de privatizar la empresa. ATC S.A. se declaró en concurso preventivo de acreedores, al tiempo que el Decreto presidencial 1.022/95 asignaba al canal la frecuencia 4, sustituyendo así su señal habitual, la frecuencia 7, que se pretendía adjudicar por licitación.

La intervención de congresistas, de los trabajadores del canal y de parte de la opinión pública impidió la privatización de la emisora, así como la de su frecuencia, contrariamente a lo que sucedió con la de Radio Municipal 3. En abril de 2002, Canal 7 recuperaría su frecuencia original durante la gestión del ex presidente provisional, Eduardo Duhalde, quien derogó el Decreto 1.022/95.

Entre ambos momentos, el ex presidente Fernando de la Rúa desperdició la oportunidad de otorgar un marco institucional al canal. Aludiendo a una "necesaria" reducción del gasto público, De la Rúa vetó el 31-12-1999 la ley 25.208, aprobada por el Congreso de la Nación el mes anterior 4. Dicha ley creaba Radio y Televisión Argentina S.E. y disponía el "control público no gubernamental" de los medios de comunicación del Estado. En su reemplazo, con el objetivo de racionalizar los recursos del Estado, el gobierno de la Alianza crearía por decreto el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) que agrupa a las emisoras del Servicio Oficial de Radiodifusión. Actualmente, el SNMP, que depende de la Secretaría de Medios de Comunicación a cargo de Enrique Albistur, tiene como interventor a Luis Ricardo Palacio.

¿Un nuevo canal?
"Nace Canal Siete". El 17-10-04, en conmemoración de los 53 años de Canal 7, el gobierno de Néstor Kirchner difundió un aviso publicitario en los periódicos de mayor circulación del país donde se señalaba: "consciente (...), de su importancia estratégica, de la función social que tiene y del rol fundamental que debe desempeñar en un Estado moderno, el Gobierno Nacional tiene la firme decisión política de volver a ponerlo en el lugar que se merece. Jerarquizando las funciones de todos quienes lo integran. Modernizando su equipamiento e instalaciones. Y aumentando en cantidad y extensión territorial sus repetidoras. Así, en muy poco tiempo volverá a ser una señal competitiva, colocándose a la altura de las mejores emisoras estatales del mundo".

Entre estos puntos, el gobierno fijó como prioritarios la modernización del equipamiento y de las instalaciones, y la extensión de su señal a mayores franjas del territorio nacional. Debido a su desastroso estado, la sede edilicia del canal fue objeto de arreglos en su fachada y se repararon las filtraciones internas. Por otra parte, se aprobó un plan para renovar en tres años el aparato tecnológico del canal, que en muchos aspectos data de hace más de 20 años. En cuanto a la extensión territorial de sus repetidoras, el pasado 9 de febrero un decreto presidencial autorizó al SNMP a instalar y poner en funcionamiento 17 nuevas repetidoras propias en diversos puntos del país, que se suman a las 280 ya existentes 5. Esta decisión constituye un paso adelante, ya que contrariamente a una extendida opinión, Canal 7 sólo llega de manera gratuita a un 38% de la población. En muchas grandes ciudades del país, como Córdoba o Mendoza, sólo se accede a la emisora estatal a través de la señal de cable.

Si bien estos avances son un requisito esencial y responden a reivindicaciones permanentes de sus trabajadores, no constituyen en sí mismos una política de comunicación. El mismo jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reconocía el 28-5-04 en una reunión con la Asociación "Periodistas" la falta de una política para los medios públicos 6. En esa misma reunión Fernández hizo un diagnóstico de lo que el Gobierno entendía era el mayor problema de la emisora: "La situación con los sindicatos es muy grave".

La víspera, el jefe de Gabinete había aparecido en la pantalla del canal junto a Osvaldo Quiroga, conductor del programa "El refugio de la cultura" para anunciar la continuidad del mismo, así como del programa "Los siete locos" conducido por Cristina Mucci. El canal había anunciado una semana antes el levantamiento de ambos ciclos, lo que derivó en un escándalo mediático con gran repercusión de televidentes y personalidades de la cultura, y generó el posterior reconocimiento de error por parte de Fernández.

Pero, lo que parecía ser fruto de una reiterada improvisación en la programación 7, se reveló como una disputa en la conducción bifronte del canal. En efecto, en un hecho poco frecuente, la dirección de Canal 7 se encuentra dividida en una dirección artística, a cargo de Leonardo Bechini, guionista de varias series de televisión exitosas, y una dirección de información periodística, a cargo de Ana de Skalon, que cuenta con una vasta experiencia en el canal británico Channel Four, dependiente de la British Broadcasting Corporation (BBC). Los ciclos levantados pertenecían al área de Skalon, quien también reconoció el error. Sin embargo, un funcionario de alto nivel en el gobierno reveló entonces que la decisión había surgido directamente de la intervención del SNMP y había sido adjudicada a Skalon. La directora de información periodística había asumido a propuesta del presidente Kirchner, pero no sería bien vista en el ámbito de la Secretaría de Medios 8.

Para Skalon, el incidente debía entenderse de manera positiva: "Que esta situación se dé y que suscite este nivel de respuesta y debate sobre qué es un medio público es muy bienvenido (...). Tanto es así que Canal 7 planea ahora transformarse en el lugar desde donde se va a discutir qué es lo que se entiende por un medio público. (...) Porque tiene que acabarse la ley de radiodifusión que existe hoy y hay que discutir una nueva ley acorde con estos tiempos. Nosotros, como canal público del Estado, tenemos que abarcar a todos, no podemos tener una agenda igual a un canal comercial. Nuestra premisa debe ser informar. Y cuando se habla de informar -que es el mandato por el que yo entré a este canal por parte del Presidente de la Nación- no se habla de informar sólo a través del noticiero. El televidente debe enriquecerse a través de toda la programación". Más allá de una emisión en el programa "Huella Digital" dedicada al debate sobre medios públicos, el Canal no parece haber asumido plenamente ese desafío.

Conflictos e intereses
Un nuevo conflicto, de mayores consecuencias, pero de menor repercusión mediática, se produjo en el mes de septiembre de 2004 con el levantamiento del ciclo periodístico "Visión Siete Edición Especial", conducido por los periodistas Raúl Dellatorre, Mauro Federico, Pablo Feldman e Hinde Pomeraniec, los domingos a las 22 horas. Skalon entendía al programa como una extensión del noticiero, por lo que decidió que fuese realizado por los trabajadores de prensa del canal, afiliados a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).

El Sindicato Argentino de Televisión (SAT), mayoritario en el canal, entendía que la producción era de su competencia, por lo que decidió retirar su colaboración desde su primera edición, el 1 de agosto. Durante cuatro domingos el programa salió al aire con la colaboración del personal jerárquico, pero el 5 de septiembre los trabajadores del SAT encadenaron la puerta del estudio 6 y bloquearon su entrada, impidiendo la salida al aire del programa. La tensión había ido en aumento desde el sábado 27 de agosto, cuando el Ministerio de Trabajo, que en un primer momento había dictado la conciliación obligatoria, dictaminó que la cámara y la edición fuesen realizadas por personal del SAT. La UTPBA impugnó el fallo y el 3 de septiembre el Ministerio revirtió su decisión y le dio la razón, volviendo a la conciliación original. Ante esa situación, Skalon salió al aire en lugar del programa y leyó un comunicado en el que afirmaba: "(...) he querido hoy informarles acerca de una situación interna que afecta al programa ‘Visión Siete Edición Especial' del domingo. Lo hago (...) porque considero que son ustedes, los contribuyentes argentinos, los verdaderos dueños de un medio que queremos realmente público y no coaccionado por intereses mafiosos o corporativos de ningún tipo. (...) Hoy no podemos salir al aire porque en los pasillos del canal, los máximos dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión prohíben al personal enrolado en su sindicato cumplir con su débito laboral por el cual el Estado argentino les paga. Además impiden por la fuerza y con actitudes patoteriles que otros trabajadores del canal puedan suplir la tarea que ellos se niegan a realizar. Con esta conducta atentan contra el medio público que dicen defender (...)." 9.

Al día siguiente Skalon declaraba: "Yo estaba satisfecha porque nuestra actitud siempre fue que participaran (el SAT) en el programa. Esto forma parte de la idea de jerarquizar los oficios dentro del canal, después de veinte años de abusos, de deriva. Yo quiero que esto realmente sea un medio público que le sirva al Estado y a la gente, por lo que voy trabajando con cada oficio con lo mejor que tienen. Ahora hacemos todo con personal del canal, algo muy distinto a cuando se traían latas y se hacían coproducciones que usaban el canal y se llevaban los beneficios" 10.

En un comunicado, el SAT respondió que el conflicto gremial "surge a partir de que la empresa y específicamente la dirección de contenidos, haciendo una interpretación tendenciosa y arbitraria de otros convenios colectivos con la intención de favorecer claramente a otra entidad gremial, perjudica a los trabajadores del SAT afectando sus puestos de trabajo" y señaló que "fueron los trabajadores en asamblea los que decidieron retener tareas. (...) Estamos totalmente de acuerdo en que el canal es público, que debiera ser no gubernamental y cuyas autoridades deberían elegirse por concurso".

La tensión siguió en aumento. Ese mismo día, una productora del programa "Huella Digital", conducido por Mauro Federico, también conductor del programa en conflicto, fue amenazada telefónicamente y le arrojaron una pastilla de gamexane en su oficina. Al no llegarse a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo -que finalmente dictaminaría que se trataba de una decisión de la empresa- la intervención del SNMP fue levantando los sucesivos programas que seguían produciéndose semana a semana, aludiendo a peleas entre sindicatos. Los trabajadores de prensa del canal afiliados a UTPBA, que entonces se aprestaba a elegir a sus autoridades, manifestaron en varios comunicados su rechazo ante la "prohibición y censura" ejercida sobre el programa, "todo ello en medio del silencio y/o engaño argumental por parte de distintos funcionarios y del gobierno, quienes extraoficialmente reconocen la legitimidad del reclamo de los trabajadores de prensa y la UTPBA y ‘justifican' su actitud a partir de confrontaciones internas que deben saldar de algún modo (...)" 11. Distintas fuentes confirman que uno de los programas emitidos, referido al desmonte en la provincia de Salta, provocó una queja de funcionarios del gobierno de Juan Carlos Romero ante la Jefatura de Gabinete por sufrir el agravio de las cámaras estatales. Desde la jefatura se habría reconocido la inconveniencia de tratar estos temas en momentos en que se discutía la coparticipación federal.

Pero un periodista del ciclo cree que había otras razones de por medio: "A alguien le tocó en sus negocios o en sus posibles negocios que nuestro programa se hiciera integralmente en el canal, que el piso se hiciera en el canal, que los periodistas fueran del canal, que no hubiera manera de decir acá podemos meter el billete o sacar el billete".

Las coproducciones constituyen una práctica habitual y beneficiosa en los canales de televisión, pero en el caso de Canal 7 han sido histórica y mayoritariamente fuente de negocios turbios y de fuertes pérdidas para la emisora estatal. En un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentado a la Oficina Anticorrupción en el año 2000, se señalaba que sólo en 1999 el canal había perdido unos 3,5 millones de dólares por acuerdos firmados con los presentadores Mauro Viale y Lucho Avilés, que incluían además de salarios astronómicos un reparto desigual de la publicidad.

Asimismo, un informe de situación del Sistema Nacional de Medios Públicos, confeccionado por periodistas trabajadores de prensa del noticiero de Canal 7 y de Radio Nacional presentado en julio de 2003 ante la Secretaría de Medios, señala a la tercerización de la programación como una forma de privatización encubierta "al mismo tiempo que se llevó a su mínima expresión el sistema de comercialización de publicidad, lo cual dejó el segundaje en manos de los coproductores, situación para nada casual". Informa asimismo gastos excesivos en alquiler de equipos cuya compra hubiese sido ampliamente amortizada con el uso, serias irregularidades con el material de archivo del canal, un patrimonio público de gran valor, del que las coproducciones hacen "uso y abuso". También incluye un anexo presentado en el año 2002 a la Sigen donde en un análisis de las coproducciones se señala: "es común y llama la atención que las coproducciones comiencen su emisión meses antes de ser firmado el contrato. (...) La empresa, aun teniendo conocimiento de la existencia de publicidad excedida y no programada en forma reiterada no ha realizado reclamo alguno ni exigido su pago. Los costos del coproductor figuran en forma genérica y no están detallados en los contratos". El informe estima en un total de 567.804 pesos (calculando una tarifa mínima de 6 pesos por segundo de publicidad), el monto excedido por las coproducciones y no facturado.

Aunque la situación descripta antecede a la actual intervención, en los pasillos del canal sostienen que nada ha cambiado. El Dipló pudo acceder a una nota interna del Canal, firmada por Leonardo Bechini y Ricardo Palacio, referida a la publicidad del programa "30 y pico", en la que se informa a la gerencia comercial que "dado el aumento de costos de la coproductora y ante el interés del Canal de continuar con un programa de alto rating que implica un fuerte beneficio para la venta publicitaria se acordó una distribución publicitaria a partir del primer peso de ingreso del 75% para la coproductora y el 25% para el Canal. Por otra parte la coproductora se compromete a ingresar una pauta al Canal de 10.000 segundos por mes a un valor de $ 2.- el segundo, y 10.000 pesos bonificados". En la página internet de Canal 7, el precio del segundo de publicidad para ese mismo programa es de 60 pesos. El Dipló intentó comunicarse en numerosas oportunidades tanto con Ricardo Palacio como con Leonardo Bechini para confirmar esta situación, pero sin resultado.

En el Canal sostienen que el número de coproducciones ha bajado y que resulta imposible tener mayor producción propia con un presupuesto escaso y en gran parte dedicado a pagar salarios 12, pero la falta de transparencia es una constante. Luego de que en junio de 2004 un periódico difundiera las cifras de distintos contratos y afirmara que "esta es la primera vez que la emisora estatal deja ver oficialmente los números que maneja. Pero el conocimiento público de esos datos crea resquemores en la dirección del canal", el acceso a los contratos en la página internet del SNMP fue bloqueado 13.

Alcanzar la madurez
El objetivo de posicionarse entre los mejores canales estatales del mundo parece aún lejano, aunque los propios debates y problemas que acarrean las emisoras públicas británicas, francesas, alemanas, españolas e italianas, puedan acortar el camino. En una señal auspiciosa, el interventor del SNMP señaló que dejaría su cargo en mayo de 2005 para ser reemplazado por un directorio y que se designaría un presidente para el Canal.

No obstante, es imprescindible una legislación que establezca mecanismos permanentes de gestión, transparencia y participación civil. Existen proyectos. En noviembre de 2003 se presentó el documento "Una radiodifusión pública para la democracia" elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en colaboración con CIPPEC, Poder Ciudadano, CELS, Asociación Periodistas, FoPeA y FARN y el aporte de la organización inglesa Article XIX. Auspiciado y financiado por la embajada británica en Buenos Aires, planteaba entre los puntos a debatir la universalidad en el acceso, la independencia editorial, la necesidad de instrumentos legales, la federalización del sistema, la composición del directorio, controles y transparencia, el financiamiento y la venta de publicidad, así como participación de los televidentes.

No existe ninguna razón ontológica que impida un canal público de calidad. Es necesario que el gobierno impulse el debate y que la ciudadanía se comprometa con un canal que le pertenece. La falta de presupuesto y de plazos concretos, los intereses, las disputas de poder, las peleas sindicales, las capas geológicas de funcionarios que permanecen en el canal tras las sucesivas intervenciones, la corrupción, todo conspira para que incluso el proyecto más bien intencionado fracase. En una entrevista otorgada al diario El País sobre la crisis de las emisoras públicas en Europa, la periodista Christine Ockrent, quien presentó durante muchos años el noticiero de uno de los canales públicos de Francia, respondía a una pregunta sobre la inmadurez de la televisión española de una manera que puede aplicarse a la situación argentina: "No hay más porvenir que el de una reforma que ayude a los profesionales a conquistar su independencia. Es posible alentar la calidad de la información y la independencia de los periodistas. Lo que me plantea (...) es cuestión de institución y de reglas" 14.

1. Prólogo al libro de Eduardo Giordano y Carlos Zeller, Políticas de televisión. La configuración del mercado audiovisual, Icaria, Barcelona, 1999.
2. Pedro Simoncini, "Frustraciones eternas", La Nación, Buenos Aires, 16-6-04. Para una historia de Canal 7: Leonardo Mindez, Canal 7, medio siglo perdido. La historia del Estado argentino y su estación de televisión, Ediciones Ciccus - La Crujía, Buenos Aires, septiembre de 2001.
3. Guillermo Mastrini, "¿Televisión estatal o gubernamental?"; y Natalia Aruguete y Washington Uranga, "Medios del Estado, al servicio del poder económico", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2000 y abril de 2004 respectivamente.
4. Actualmente existe un nuevo proyecto de ley que retoma con incorporaciones la ley vetada por De la Rúa.
5. El SNMP tiene 90 días a partir de la fecha del decreto para presentar la documentación técnica ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. Las ciudades alcanzadas por las nuevas repetidoras son Río Gallegos, Santa Rosa, San Luis, La Rioja, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, Mendoza, San Rafael, San Salvador de Jujuy, Salta, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Junín, San Juan, San Carlos de Bariloche y San Miguel de Tucumán.
6. Clarín, Buenos Aires, 29-5-04.
7. A comienzos del verano 2005, Canal 7 anunció en distintos medios una programación "estelar" para la temporada estival que incluía programas conducidos por Moria Casán y Juan Alberto Mateyko desde las playas de la costa argentina. Tales contrataciones fueron vetadas desde el Gobierno, por lo que finalmente las emisiones se cancelaron aduciendo "falta de presupuesto".
8. Mariano Obarrio, "Kirchner se metió en la pelea de Canal 7", La Nación, 31-5-04.
9. Véase: http://argentina.indymedia.org/news/2004/09/221060.php
10. Página/12, 6-9-04. Luego del conflicto, Ana de Skalon ha debido ausentarse de Canal 7 por cuestiones de salud.
11. Véase: www.periodistascanal7.com.ar
12. En 2004 el presupuesto de Canal 7 fue de aproximadamente 35 millones de pesos, a los que se sumaron una partida extra de 3 millones de pesos. Asimismo el gobierno dispuso una suma de 35.582.600 pesos para pagar deudas de la ATC residual. Para 2005, el presupuesto del canal es de 40 millones de pesos.
13. Verónica Bonacchi, La Nación, Bs. As., 6-6-04 y 29-10-04.
14. El País, Madrid, 6-3-04.

Fuente: El Dipló

Jorge Luis Borges: He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral

Borges, junto al periodista de Gente, Néstor Montenegro; al frente, de espaldas, declara Víctor Basterra

Una fría jornada del invierno de 1985. Jorge Luis Borges asistió en silencio a una de las audiencias del Juicio a las Juntas militares. Más tarde, en pocas líneas, describió la desolación de un hombre despojado de todo aditamento: "No era peronista ni comunista, era un hombre que sufría".

Ese hombre era Víctor Basterra, operario gráfico, detenido-desaparecido en la ESMA. Allí fue obligado a falsificar la documentación con la que los marinos de Massera se apropiaron de pertenencias, campos, dinero y viviendas de las familias de algunos presos en cautiverio. Su crónica fue publicada por la Agencia EFE y reproducida por el diario El País de Madrid. 

Su crónica:

Por: Jorge Luis Borges

Lunes, 22 de julio de 1985
He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos cuatro años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto. Ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio había delatado a sus camaradas; éstos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas sesiones cualquier hombre declara cualquier cosa. Ante el fiscal y ante nosotros enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. Doscientas personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De este o del otro lado de los barrotes siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno. Stevenson creía que la crueldad es el pecado capital; ejercerlo o sufrirlo es alcanzar una suerte de horrible insensibilidad o inocencia. Los réprobos se confunden con sus demonios; el mártir, con el que ha encendido la pira. La cárcel es, de hecho, infinita.

De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó, para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares (repito las palabras del huésped). Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el Señor de ese Infierno y les deseó Feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de sí mismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal.

¿Qué pensar de todo esto? Yo, personalmente, descreo del libre albedrío. Descreo de castigos y de premios. Descreo del infierno y del cielo. Almafuerte escribió: "Somos los anunciados, los previstos, / si hay un Dios, si hay un punto omnisapiente; / y antes de ser, ya son, en esa mente, / los Judas, los Pilatos y los Cristos".

Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse, de algún modo, en su cómplice.

Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el código civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer.

Inauguración del Centro de Producción de FARCo en Rosario

Las/os invitamos a la inauguración del Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este centro interconecta a las radios comunitarias de Argentina. Desde Rosario se realizan envíos con información de la red de corresponsales de FARCo y via satélite llegan a todo el país y América Latina via ALER Satelital.
Las/os esperamos el viernes 4 de marzo a las 18 hs. en Tucumán 3950.

“Este gobierno mantiene un doble discurso con el tema de las cooperativas y la radiodifusión”

En un mercado cada vez más concentrado, un grupo de cooperativas se unió para dar pelea en el mercado de cable y de radiodifusión
Por: Natalia Aruguete
“Una cooperativa sola es imposible”, con este espíritu, el 5 de mayo de 1995 se creó el Grupo Colsecor (Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión), un operador múltiple de TV por cable dedicado a organizar, contratar y transportar programación, generar contenidos y operar circuitos de radiodifusión comunitaria. Nació “por el impulso integrador de trece televisoras de raíz cooperativa de la provincia de Córdoba”, dicen en la entidad, que ocupa el sexto lugar de importancia en Argentina y está dentro de los primeros veinte operadores de América latina. Hoy tiene más de cien socios y es el sector con mejores chances de competir con los grandes operadores de radiodifusión, asegura en diálogo con Cash su director, Rodolfo Santecchia.

¿Cómo caracteriza a Colsecor?
Como un producto exitoso de la economía solidaria de los noventa. Colsecor introdujo un protagonista dentro de la radiodifusión con poder económico, jurídico y de negociación que compensa el poder de los grandes del sector, que concentran el 50 por ciento de los abonados del cable.

¿Qué función cumple Colsecor?
Aglutina a múltiples cooperativas que atienden a los usuarios finales. Eso les permite negociar, manejar grandes sumas de dinero y realizar grandes operaciones que no podrían hacer solas.

¿Cómo fue el proceso de crecimiento?
La primera etapa duró desde el ’95 hasta el ’97. Todos los asociados eran de Córdoba, primero fueron 13 y luego 14 cooperativas.

¿Que pasó después de esos primeros años?
En 1997, se creó Carco (Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y otros Prestadores Comunitarios de Radiodifusión), que es nuestra organización de lucha gremial. Nos pusimos en contacto con otras cooperativas del resto del país que brindaban servicios de radiodifusión. Se intentó crear integraciones similares a Colsecor, pero en ninguna de esas provincias estaban dadas las condiciones. Entonces abrimos las puertas de Colsecor para que se integrasen. Saltamos de una organización provincial a una nacional.

¿Cuántos socios son ahora?
Ciento cinco en todo el país. Llegamos a 150 mil hogares y somos el sexto operador de Argentina, con el tres por ciento del mercado de cable.

¿Cómo fue el desempeño financiero?
En tres años llegamos a facturar el primer millón de pesos. Desde ahí, crecimos geométricamente y en este momento estamos facturando más o menos 17 millones de pesos anuales.

¿Con qué obstáculos se encuentran?
Las cooperativas no tienen trabas en la telefonía, pero sí en la radiodifusión, sobre todo por las limitaciones del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión. En telefonía, hay cerca de seiscientos mil usuarios; en el servicio eléctrico, casi dos millones; en la radiodifusión no llegan a 160 mil. El marco regulatorio impide el desarrollo de las cooperativas en el sector. Si se eliminan las barreras, creemos que el único sector que crecerá fuertemente en el servicio de radiodifusión será el cooperativo. Hay un obstáculo interno: el 70 por ciento de los usuarios cooperativos de cable forma parte de Colsecor, el otro 30 está aislado. Eso es un error del movimiento.

¿Que visión tiene Colsecor del actual gobierno?
Hasta hoy, la actitud de Kirchner ha sido igual a la de gestiones anteriores. Este gobierno mantiene un doble discurso con el tema de las cooperativas y la radiodifusión.

¿Qué diferencia a las cooperativas de los grandes prestadores?
Para nosotros, los consumidores no son clientes sino asociados. Es una relación basada en el principio de propiedad común. Nuestra frase es: “Sea dueño, no cliente”.

¿Qué significa para el cliente “ser dueño”?
Participar en la toma de decisiones sobre la prestación del servicio, en el control de la gestión, en la elección de quienes gestionan el servicio y hasta en los riesgos empresarios.
Fuente: Página/12

Privatización, que se privatice todo

Por: José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998

De regreso de un viaje a Bolivia y Argentina mis cuñados María y Javier traen el periódico Clarín del 30 de agosto. En él, viene la noticia de que va a ser presentada al parlamento peruano una nueva Ley de Turismo que contempla la posibilidad de entregar la explotación de zonas arqueológicas importantes como Machu Picchu y la ciudadela preincaica de Chan Chan a empresas privadas mediante concurso internacional. Clarín llama a esto "la loca carrera privatista de Fujimori". El autor de la propuesta de ley es un tal Ricardo Marcenaro, presidente de la Comisión de Turismo, Telecomunicaciones e infraestructura del Congreso peruano, que alega lo siguiente: "En vista de que el Estado no ha administrado bien nuestras zonas arqueológicas ¿qué pasaría si las otorgáramos a empresas especializadas en esta materia que vienen operando en otros países con gran efectividad?" A mí me parece bien. Que se privatice Machu Picchu, que se privatice Chan Chan, que se privatice la Capilla Sixtina, que se privatice el Partenón, que se privatice Nuno Gonçalves, que se privatice la catedral de Chartres, que se privatice el Descendimiento de la cruz de Antonio da Crestalcore, que se privatice el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que se privatice la cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos. Y, finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo... Y, metidos en esto, que se privatice también a la puta que los parió a todos.

Fragmento de Cuadernos de Lanzarote (1993-1995)

Las radios alternativas no bajan la voz, resiten

Se calcula que hay más de seis mil radios que no responden a grandes grupos o empresas y que resisten los embates de una legislación perimida. En el mapa radiofónico argentino, lo alternativo genera sus propios espacios
Por: Cristian Vitale
Hace un tiempo figuraban en las mediciones como “radios no identificadas”, hoy la mayoría de los rankings ni siquiera las ponderan. Ocurre que de a una tienen, por lógico efecto de alcance, poco peso en el universo mediático. Pero en conjunto –se calcula que hay más de seis mil entre Ushuaia y La Quiaca– cosechan entre un 30 y 40 por ciento de preferencia entre los radioescuchas. Los grupos interesados en evitarlas las llaman ilegales, truchas o simplemente “no autorizadas”. Otros, en cambio, prefieren términos menos peyorativos: alternativas, populares, barriales o cooperativas. Lo cierto es que a la mayoría las une un rasgo común: el contacto cara a cara con los vecinos de su área de influencia.
“Nos vemos con la gente todos los días y nunca adoptamos posiciones neutrales, la gente sabe que estamos de su lado, abriendo el micrófono para dar cuenta de lo que les pasa”, dice a Página/12 Mario Farías, director de FM Sur, ubicada en Villa Libertador, Córdoba. Pese a que trasmite sólo con 1 kw de potencia, la radio llega al 70 por ciento de la ciudad –unas 120 mil personas– y, como tantas, tiene fluida relación con las organizaciones sociales. “Interactuamos con unas 100 organizaciones barriales. Aquí se dictan talleres y cursos de capacitación, proyectos de radios escolares, etc.”, agrega. Calles rotas, contaminación ambiental, inundaciones o simplemente la necesidad de expresión de la población –el derecho a ser o pensar diferente– son otras preocupaciones centrales de las radios cooperativas. Radio Encuentro de Viedma opera sobre esta realidad. Néstor Busso, su director, lo explica así: “La comunidad participa en la programación y la producción de la radio. Esto es central en las emisoras comunitarias. La relación con la sociedad es muy intensa”.
El ámbito cooperativo abarca también organizaciones que no son precisamente radios, pero sí generan programas para el micrófono. Entre ellas está Incupo, una productora independiente de la ciudad de Reconquista, Chaco, que produce programas –en vivo o envasados– para unas cien FM’s de Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe. “Los programas están relacionados a la cultura campesina, la producción agroecológica, el cuidado de la salud en manos de la comunidad, la lucha de los pueblos indígenas por la tierra, etc.”, manifiesta Luis Nocenti, significando una realidad apta para relacionarla con las actividades de FM Pocahullo, de San Martín de Los Andes. Roberto Arias, que integra su directorio, sostiene que están construyendo una nueva realidad con las necesidades del Pueblo Nación Mapuche. “Otro poder, diríamos que más popular”, sostiene.
Las más de 6 mil radios que operan en el país en estas condiciones soportan desde hace 24 años los efectos de la ley 22.285, que fue sancionada durante la última dictadura y sostenida en democracia por grupos concentrados o cámaras empresariales (llámese Daniel Hadad o todo lo que se parezca). En efecto, una de las razones que ellas aluden para que no se derogue la ley (ver aparte) ancla en causas ideológicas. Es habitual que, al reproducir los problemas concretos del vecindario, suelan tener inconvenientes con funcionarios o empresas con alguna responsabilidad en la problemática barrial.
“La critica nunca es bien digerida. Nosotros no asumimos posiciones ultras, pero si hay critica fuerte y bien fundada son los oyentes quienes interpelan y discuten con funcionarios. Hay algunos que se esconden, pero a la larga nos atienden, porque saben que pagan un precio bastante alto”, dice Miguel Farías. Arias va más a fondo y reconoce que las relaciones con las autoridades son muy malas. “Hemos sufrido amenazas, sabotajes y denuncias de todo tipo. Una vez –ejemplifica– descubrimos a un funcionario municipal y lo grabamos cuando planificaba quemarnos la radio. También un compañero fue amenazado de muerte por el secretario privado del intendente, Sergio Schroh.” En este sentido, las anécdotas del universo radial alternativo son numerosas. Busso cuenta que, si bien las relaciones con el municipio no siempre son inicuas, han tenido muchos problemas con los funcionarios. “El gobernador de Río Negro se enojó varias veces y salió a insultarnos por otros medios... también nos atacó la policía y ganamos juicios consiguiendo la condena de un comisario mayor.”
Otro rasgo común a todas las radios es la mirada negativa sobre monopolios y multimedios. “Nosotros producimos un hecho que quedará en nuestra historia”, ejemplifica Claudio De Luca, de Radio Aire Libre de Rosario. “Durante el litigio en Bolivia levantamos la programación para transmitir en vivo con la Red Erbol. Los compañeros de Indymedia lo subieron a internet y en las madrugadas recibíamos llamadas de distintos lugares del planeta que nos pedían no interrumpir la transmisión. Si en este país tuviéramos los beneficios de Manzano, otra sería nuestra historia, no tendríamos que pelear el lugar con más de 150 radios en el aire y nuestro trabajo tendría mayor llegada y repercusión.” Farías prefiere apelar a la historia para explicar lo mismo. “Las políticas neoliberales favorecieron la concentración económica y mediática, medios que aplaudieron el modelo económico de exclusión.” Busso agrega: “Romper los monopolios es condición para asegurar la democracia”.
El nivel de exposición y los peligros que acarrea mantener una actitud autónoma respecto del poder motivó que las radios cooperativas se nuclearan en una organización tendiente a proteger sus derechos: el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), que además de tener activa participación tendiente al dictado de una nueva Ley Nacional de Radiodifusión, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), que define a este tipo de emprendimientos radiofónicos como “contraculturales”. “En el Foro –explica Arias– pretendemos enmarcar a todas aquellas radios que son de propiedad social, ya sean fundaciones, asociaciones, clubes o juntas vecinales que tengan tres características básicas: propiedad social, gestión democrática y participación.”
Entre los intereses que defienden las organizaciones están los económicos. De hecho, muchas de ellas desaparecen por no poder mantener la infraestructura mínima de funcionamiento. Y las que logran mantenerse, sobre todo las que sostienen una postura ideológico-social comprometida, se pierden la posibilidad de ser auspiciadas por grandes empresas u organismos de gobierno, y a menudo son sostenidas por pequeños comercios de barrio o filántropos interesados. La mayoría de ellas no vende espacios (como sí hacen otras radios que, pese a autodenominarse “cooperativas”, funcionan en realidad como empresas comerciales que venden sus espacios al mejor postor). “Acá no se le vende el espacio a nadie –afirma Arias–, los programas son de la radio y para mantenerlos vendemos la tanda comercial a cinco pesos la salida o buscamos auspicios. El teléfono y la luz, por ejemplo, lo solventamos con canjes.” “Nosotros tampoco vendemos espacios –ratifica Busso–, sólo publicidad, siempre y cuando no condicione los contenidos.” FM Sur no escapa a la generalidad. “Tenemos coproducciones para los programas deportivos, pero el 70% de la programación es propia. No vendemos espacios.” Otro canal de financiación –el auspicio– cuenta con estrategias propias de la comunicación alternativa, aunque muchas radios comerciales también la apliquen. Sur, por ejemplo, tiene un plan para pequeños anunciantes –les cobra 100 pesos por mes por 8 menciones diarias– y otro para grandes, que van desde el gobierno provincial o municipal, hasta grandes empresas. “Nuestra radio tiene presupuesto anual de 120 mil pesos, en concepto de publicidad, eventos, alquiler de sala de grabación, ejecución de proyectos sociales. Parte de ese presupuesto está destinado a los sueldos de once personas y al pago de servicios”, afirma Arias, de Pocahullo, que funciona con un transmisor de 300 watts.
La cantidad de gente que demanda una radio comunitaria standard para funcionar normalmente no supera las 30 personas, entre periodistas, productores, administradores, operadores y conductores. En Pocahullo trabajan cerca de 50 “sin sueldo fijo”. “Nos repartimos lo mucho o poco que hay para repartir”, informa Arias, redondeando el espíritu comunitario de las emisoras hasta hoy perseguidas por una ley de la dictadura.

Esa ley de la dictadura
El sistema democrático le debe hace más de 20 años a la sociedad una Ley de Radiodifusión que equilibre la balanza entre los grandes medios y los pequeños. La ley actual (22.285) fue dictada en 1980 por la dictadura y favorece claramente la concentración, las corporaciones y el monopolio. Hace un tiempo la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del artículo 45, que impedía a las organizaciones sin fines de lucro acceder a la propiedad de los medios de comunicación y generó perspectivas auspiciosas, pero que tardan en pasar al plano de la realidad. La movida inconclusa obedece a una causa iniciada por la Asociación Mutual Carlos Mugica, que opera en la radio comunitaria “la Ranchada” (103.7), de Córdoba. “Esta situación de semilegalidad ha facilitado el crecimiento desmedido de las grandes empresas multimedia”, dice Luis Nocenti, de Incupo. La legislación actual es además incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Tratado de Torremolinos –que afirma que el espectro radioeléctrico es patrimonio común de la humanidad– y el Pacto de San José de Costa Rica. “Estoy preocupado por la alta concentración de medios y la inacción de la clase política que en 30 años se animaron a vender todo y no tuvieron los huevos necesarios para sacar una verdadera ley de radiodifusión”, enfatiza De Luca.
Pese a la derogación del artículo 45, la ley sigue vigente y amerita la crítica de quienes eligieron la comunicación alternativa. “Es inconstitucional, inaplicable y fue modificada por decreto para facilitar la concentración en la propiedad de los medios. Nosotros la objetamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, remata Busso.

Medios bárbaros
Por: Martín Becerra* y Guillermo Maestrini**
Cuando asumió la intervención del Comfer, en junio de 2003, Julio Bárbaro planteó un ambicioso programa político, que incluía la rápida sanción de una ley de radiodifusión de la democracia, la reducción de la concentración de la propiedad de los medios, la discusión pública de las licencias y la progresiva nacionalización de la propiedad de las emisoras. Para fines del año pasado, no sólo se mantenía vigente la ley de la dictadura, sino que la agenda había cambiado completamente. El único tema que quedó en la agenda es la propiedad argentina de los medios. Creemos importante plantear la discusión en torno de este punto, y volver a discutir los otros.
¿Fue mejor militar Pedro E. Aramburu por poseer pasaporte argentino que Líber Seregni, el fundador uruguayo del Frente Amplio? ¿Y Palito Ortega, el autodidacta tucumano, es un compositor de mayor calibre que la chilena Violeta Parra? ¿Son mejores los programas de televisión plenos de banalidades hipercomerciales y desapego moral que las emisiones que desde hace 35 años realiza el TV Cultura en San Pablo, Brasil? ¿Son preferibles las películas criollas de calibre paramilitar rodadas en la dictadura que un ciclo de Fellini? ¿Es preferible un aforismo nacional que un verso de Antonio Machado? ¿Cuál es el límite que lo “nacional” presenta en la creación cultural y en la gestión y el control de los medios de comunicación?
En ponencias y entrevistas periodísticas, Bárbaro se explaya con verborrea sobre las ventajas de contar con Raúl Moneta o Daniel Hadad como interlocutores, ya que “son de los nuestros, empresarios nacionales”. Lo demás, afirma Bárbaro, es secundario.
Sin embargo, cualquier mirada atenta a la política de medios contrasta con los categóricos barbarismos de Bárbaro. La nacionalidad de los propietarios de los medios, que suele ser protegida en casi todas las latitudes, aparece complementada por rigurosas normas que posibilitan la diversidad de voces, desalentando la concentración en pocas manos de esos medios, y la pluralidad de opiniones, contrarrestando la tendencia monocorde de los empresarios nacionales que suelen acceder a la gestión de las licencias. Cabe recordar además que en los primeros días del gobierno de Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó una ley (llamada de Protección de las Industrias Culturales) que permitió (aunque algunos pretendan señalar que limitó) hasta un 30 por ciento de propiedad extranjera en los medios.
La Argentina es uno de los países con más alta concentración de medios y el interventor del Comfer no parece preocupado por ello, mientras los licenciatarios (a quienes se trata como dueños y no como proveedores de un servicio que es público) tengan pasaporte nacional. Tal vez uno de los socios de Moneta, otrora ministro del Interior de Menem, pueda echar algo de luz sobre cómo se consigue ese valioso documento que para Bárbaro confiere patente de corso.
La exasperación del discurso nacionalista de Bárbaro es un axioma fallido. Bárbaro se ofusca cuando se le demuestra que las prácticas de muchos empresarios nacionales fueron y son nocivas para la mayoría de los argentinos (como la estatización de la deuda privada). La inmensa mayoría de los crímenes cometidos en nuestro país (desde la Campaña del Desierto, pasando por la Semana Trágica y siguiendo por la Triple A y la última dictadura) fueron perpetrados por argentinos contra argentinos, con la bandera como insignia y con buena parte del empresariado local celebrando matanzas.
El barbarismo nacionalista omite que en las industrias culturales los flujos transfronterizos de capitales, de productos y servicios, que son cotidianos y globales, cuentan con la contribución de los “empresarios locales”. Estos no sólo no sirven como valla de contención ante los capitales globales, sino que son su mejor punto de apoyo. Los empresarios locales de medios son socios, y desean incrementar sus sociedades, de los grupos globales de medios.
Con el anacronismo nacionalista ocurre ahora lo que ha ocurrido siempre: se pretende distraer la atención sobre las consecuencias de poner al Estado al servicio absoluto de los capitales privados. ¿Qué consecuencias? El mapa argentino de medios e industrias culturales lo muestra: concentración de la propiedad, centralización de la producción en un solo polo geográfico (la zona metropolitana de Buenos Aires), ausencia de un Estado que controle y ejecute políticas de servicio público. El recurso bárbaro del nacionalismo exime al Estado de poner debido coto a la lógica hipercomercial, discriminatoria, exitista, individualista y banal que impera en los medios donde los degradados representantes de la derecha autoritaria emiten en cadena para exigir, por ejemplo, el “despido” (sic) del rector de una universidad pública.
La protección de las industrias culturales, por su doble importancia política (porque están vinculadas con las expresiones y valores de la sociedad) y económica (porque inciden crecientemente en la generación de PBI), no puede reducirse al tema del pasaporte de los licenciatarios de medios. Los límites de la capacidad estatal para intervenir en el mercado de medios se refleja cuando el Grupo Prisa (España) negocia la compra de Radio Continental. La excusa encontrada en este caso deja en ridículo la estrategia nacionalista: los que compran tienen la misma nacionalidad que los que venden (Telefónica).
Hasta que el Estado no promueva la diversidad de contenidos, hasta que no aliente la descentralización de la producción, hasta que no controle los abusos de los licenciatarios de los medios, hasta que no incorpore a entidades de la sociedad civil como potenciales concesionarias, estaremos condenados a concebir que la cultura industrializada quede en manos del mercado, sea cual fuere el pasaporte de los empresarios que acceden a las licencias.
* Universidad Nacional de Quilmes.
** UBA.
Fuente: Página/12

Clarín presentó "Tinta Fresca", su nueva editorial de libros escolares

Personalidades del mundo de la educación, la pedagogía y la cultura, maestros y funcionarios llenaron la sala Casacuberta del Teatro San Martín para participar del lanzamiento de esta iniciativa
Nadie del mundo de la educación, la pedagogía y la cultura se quiso perder la presentación en sociedad de Tinta Fresca, la flamante editorial de libros educativos del Grupo Clarín. La nueva editorial planea arrancar con todo: para el próximo año Tinta Fresca ya tiene programado editar 27 libros para los tres ciclos de EGB.
La ceremonia de presentación se llevó a cabo, en la noche del lunes, en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín. Estuvieron presentes el ministro de Educación Daniel Filmus; el presidente del Consejo General de Cultura y Educación bonaerense, Mario Oporto; el subsecretario de Educación de Santa Fe, Ricardo Dupuy; y el secretario de Cultura de la Ciudad, Gustavo López. Tampoco faltaron los principales representantes de las cámaras y editoriales de todo el país.
Por el Grupo Clarín, participaron Héctor Aranda, gerente general del diario y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín. También asistieron Marcela Noble Herrera; Jorge Rendo, director de Relaciones Externas del Grupo Clarín; Saturnino Herrero Mitjans, director de Asuntos Corporativos; Jorge Figueiras, gerente de Personal; y Jorge Ezequiel Sánchez, editor general de Revistas y Productos Especiales.
En el nacimiento y desarrollo de la flamante editorial contribuyó un equipo interdisciplinario de especialistas. Entre ellos, cuarenta autores de contenidos y veinte editores, a los que se sumaron asistentes de edición, cartógrafos, editores de imagen, diagramadores, fotógrafos e infógrafos.
La dirección editorial de Tinta Fresca está a cargo de Beatriz Tornadú, una reconocida autora de libros escolares y vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Fundación El Libro.
La ceremonia fue conducida por Magdalena Ruiz Guiñazú. La periodista sostuvo que el nacimiento de esta nueva editorial se inscribe en la tradición y compromiso que tiene el Grupo Clarín con la educación. Y destacó que Clarín es uno de los principales productores bibliográficos del país. Lleva editados y distribuidos, en fascículos semanales y también en libros, más de 15 millones de volúmenes educativos. Esto incluye diccionarios, atlas, enciclopedias y manuales.
Este mismo espíritu de llevarle a la gente más herramientas de formación prevaleció en el desarrollo de productos como las revistas Genios y Jardín de Genios. Y, desde este año, para darles apoyo a la tarea de los maestros de todos los niveles, se publica la revista Enseñar.
Ante esa inmensa platea de intelectuales —la Sala Casacuberta lució repleta— Ruiz Guiñazú se hizo una pregunta: "¿Un chico puede estudiar sin libros?". Más tarde, de alguna manera, un video dio la respuesta a ese interrogante: es imposible. En la pantalla se sucedieron opiniones de maestras y chicos con guardapolvo blanco que decían, por ejemplo, que los libros son "una herramienta educativa básica".
Después, subió al escenario Héctor Aranda, gerente general de Clarín. "Crear una nueva empresa, abrir nuevas fuentes de trabajo siempre es una alegría. Pero si además el objetivo es hacer libros que enseñen a leer y a sumar, eso merece un gran festejo", aseguró. Y agregó: "El foco de Tinta Fresca es mejorar la calidad pedagógica. Estamos ante un compromiso nuevo y fuerte en el que Clarín se suma al mundo de la pedagogía. Buscamos darles a los jóvenes una mejor herramienta en la vida, para así tener un país más inclusivo".
Después de las palabras de Aranda, el pianista Gerardo Gandini interpretó tres tangos: "Soledad", "Nunca tuvo novio" y "El choclo". Magdalena Ruiz Guiñazú, luego, presentó a Beatriz Tornadú, a la que calificó como "el alma de Tinta Fresca". Tornadú deslizó un dato que sorprendió a muchos: la mitad de los estudiantes matriculados en el sistema educativo no tocan ni un solo libro durante todo el año. "Hay que trabajar para reinstaurar el hábito abandonado de estudiar con libros", suplicó.
El último discurso fue el del ministro de Educación Daniel Filmus. "La lectoescritura —sostuvo— es hoy una carta de ciudadanía. Por eso, se trata de una cuestión de Estado. En otros países no se cuestiona que es imposible estudiar sin libros. Nosotros todavía seguimos haciéndonos esa pregunta". Y cerró su discurso con una afirmación: "Vamos a recuperar la cultura del libro".

La propuesta de textos para 2005
Tinta Fresca editará 27 libros para los tres ciclos de EGB durante 2005. Para cada año del primer ciclo de la EGB desarrolló un texto. Cada volumen propone materiales de lectura variados, que estimulan el gusto por la literatura y la imaginación. Las matemáticas son abordadas a partir de problemas, invitando al despliegue de estrategias personales. Y hay recortables para realizar juegos y experiencias.
En cada año del 2º y 3er ciclos de EGB habrá un libro por área: Sociales, Matemáticas, Naturales y Lengua. Doce libros por ciclo que se completan con fichas para docentes y con una Carpeta de Actividades. Los libros del 2º ciclo apuntan a entrenar a los chicos en el uso de textos, en la adquisición de autonomía en la lectura y los prepara para las exigencias de la siguiente etapa escolar. La propuesta agrega el atlas "Mi lugar, mi provincia, mi país" al volumen de 4º año. En el 3º ciclo los libros crecen en complejidad: el objetivo es brindar las herramientas para afrontar los desafíos del Polimodal.

Fuente: Diario Clarín

Códigos

Por: Juan Salinas
Cuando se iba a conformar la Asociación PERIODISTAS uno de los promotores más activos era Oscar Cardoso.
Recuerdo que nos vimos en Telam (donde yo y su esposa trabajábamos y él publicaba columnas semanales) y que me propuso integrarla. Cardoso me habló de una asociación muy representativa, con un mínimo de cien miembros (lo que me resulta curioso ahora, habida cuenta de la reciente iniciativa de "Los 100", una nueva asociación de periodistas, cuyo nacimiento es contemporáneo con la agonía de PERIODISTAS).
Después, a último momento y sorpresivamente, Cardoso desistió de formar parte de PERIODISTAS. Aunque nunca me dijo por qué, el rumor que me llegó fue que no estaba de acuerdo con que se restringiera la posibilidad de integrarla a un pequeño grupo de colegas, grupo que años después fue dejando de ser tan oligárquico y ampliándose. Sé que en algún momento hubo inadvertidos que propusieron mi nombre. Y se quienes "me pusieron la bolilla negra". Pero, en cualquier caso, las sucesivas ampliaciones de PERIODISTAS fueron democratizando la asociación, fueron sumando, sobre todo en los últimos tiempos, más trabajadores en relación de dependencia (como María Moreno, Claudia Selser y Claudia Acuña) a la minoría que se entremezclaba con editores y con algunos editores que también son comisarios políticos de ese gran polo de poder que encabeza el contador Héctor Magnetto, tanto en Clarín como en sus satélites más o menos lejanos: Página/12 y La Nación.

Aun así, y a pesar de haber entre sus miembros tantos colegas con los que es un placer conversar, el tono general de PERIODISTAS siempre fue para mi gusto demasiado propatronal. Y tal como le expresé personalmente a su coordinadora y directora general Mabel Moralejo, entiendo que PERIODISTAS se suicidó o al menos inició su suicidio cuando salió a defender a la dueña de Clarín en ocasión de ir ésta presa por haberse apropiado descaradamente (basta ver cuán truchas son las supuestas actas de adopción, donde se borra cualquier rastro de los progenitores y se hace nacer a los chicos con el apellido del finado Noble) de dos bebés que todo indica son hijos de detenidos-desaparecidos.

¿Qué tenía que ver eso con la tan meneada libertad de prensa?

Al mismo tiempo, Verbitsky presidía y preside el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un prestigioso organismo de defensa de los Derechos Humanos cuyos archivos permitieron perseguir a otros apropiadores de niños y que, para más inri -según me consta personalmente- sabe de la apropiación de ambos niños por Laura Ernestina Herrera de Noble al menos desde 1984 (sino desde el mismo momento que se produjo tal delito imprescriptible, ya que, como recordó Osvaldo Bayer, cuando Verbitsky trabajaba en Clarín pasaba muchas horas en el despacho de Octavio Frigerio... a cuyo padre, Rogelio, Verbitsky le atribuye ahora ambas "adopciones" a fin de librar de culpa y cargo a la viuda de Noble y a su canciller Magnetto).

Que el presidente del CELS haya impulsado la defensa de una apropiadora de niños es algo así como que los heridos sean fusilados por la espalda por la Cruz Roja.

Tras este sonado antecedente, poco puede extrañar este escandaloso final, en el que Verbitsky se sumó al coro de Luis Majul al recordarle a Lanata que una vez le pidió (es de suponer que como director de Página/12) que no publicara una nota que ponía en riesgo que le dieran un crédito para cuya concesión Lanata le había pedido ayuda a Fernando de Santibáñes, por entonces jefe de la SIDE (Majul dijo que fue Santibañes el que le dio a Lanata el dinero para poner su fallido portal data54, lo que deja entreabierta la posibilidad de que el dinero proviniera de los cuantiosos fondos reservados de la SIDE, es decir, del erario público), a lo que Lanata le contestó a Verbitsky con cajas destempladas reprochándole que en los inicios del diario le pidiera plata a Gorriarán, y que (se supone que tras el asalto al cuartel de La Tablada) lo terminara cagando (sic) a Gorriarán, así como que Verbitsky haya hecho campaña para Menem en 1989 y se haya callado voluntariamente la boca cuando se produjo "la venta (de Página/12) a Clarín" (sic).

Como periodista sometido a una férrea y ya añeja censura y ninguneo por Página/12 (diario que sin embargo compré desde su primer número, y sospecho que seguiré comprando mientras salga. entre otros motivos para seguir leyendo las notas de Julio Nudler, aunque no lleven firma) podría escribir una enciclopedia con las felonías de Verbitsky y Tiffemberg.

De Tiffemberg, como editor, recuerdo como una pesadilla las decenas de "observaciones" que nos hizo a Oscar Anzorena y a mi (que nos enzarzamos con él en durísima porfía) para "dulcificar" y hacer compatible con la Teoría de los dos demonios un cuadernillo con una breve historia de las organizaciones armadas del período 1969-1977.

Curiosamente, tuve que ver con las circunstancias en que Verbitsky y Tiffemberg se conocieron (desde entonces, Verbitsky desprecia ostensiblemente a Tiffemberg, quien se la pasa tragando bilis y negando aquella evidencia).

Por entonces Lanata y Tiffemberg eran un dúo tan inseparable como Laurel & Hardy. Yo los veía casi a diario en la redacción de El Porteño de la calle Sarmiento frente al Centro Cultural General San Martín, donde les hablaba maravillas del Perro, a quien admiraba.

Cuando la redacción ya se había mudado a la calle Cangallo (que muy pronto pasó a ser Presidente Perón, a pesar de lo cual casi todas las chapas dicen "teniente general" que, se ve, sabía a más) me enteré de que el proyecto Eduardo Luis Duhalde y Verbitsky de sacar a la calle La Hoja (una sola hoja tipo sábana con el análisis de las tres o cuatro noticias más importantes del día) había capotado por el boicot de los distribuidores y se los comenté. Y entonces a Lanata y Tiffemberg me pidieron que les diera el teléfono de Verbitsky, y una vez que se los di y acordaron encontrase con él en su oficina, se dieron cuenta de que no tenía ni la más pálida idea de adónde quedaba esta, y me pidieron que los llevara hasta ella. Así fue que los lleve hasta la oficina de la calle Lavalle a la que solía ir a conversar con Horacio (ambos integrábamos la agrupación de periodistas Rodolfo Walsh, de la recién creada Utpba) y todavía recuerdo como Tiffemberg me despidió a la salida diciéndome: "Mejor, no subas con nosotros. Nos dijeron que El Perro es fóbico, que no le gusta hablar con más de dos personas. Después te contamos".

Aquel fue el chispazo inicial de Página/12, diario del que me quedé afuera por no chuparles las medias y haberme opuesto a sus manejos discrecionales en El Porteño (Lanata y Tiffemberg me habían echado del comité de redacción pero tiempo después la asamblea de cooperativistas -en la que había colegas de la estatura profesional de Homero Alsina Thevenet, Osvaldo Soriano y Tomás Eloy Martínez- me repuso haciendo que desde entonces no puedan verme ni en figurita). Parece que fue Lanata quien consiguió que Gorriarán Merlo pusiese la plata (aclaro que yo, en su lugar, también la hubiera aceptado, y con entusiasmo: el MTP era una organización amplísima como demostró su periódico Entre Todos, dirigido por Carlos "Quito" Burgos, donde escribían Menem y Verbitsky. y donde yo, que era corresponsal del Mate Amargo –órgano del MLN Tupamaros- no escribía. porque me parecía insípida) aunque fue Verbitsky quien sacó mejor provecho del dinero emetepista.

"La solidaridad con sus compañeros de trabajo tampoco es la impronta de Verbitsky: en 1995 se deshizo en horas extras para que Página/12 estuviera en la calle, oponiéndose a la huelga de personal contra ochenta despidos que, finalmente, ayudó a concretar. El bien ganado calificativo de 'carnero' en este caso tenía una particular explicación: un día de 1986 llegó Pancho Provenzano y me dijo que habían arreglado para que Página/12 le pagara su sueldo en dólares, y que él (Pancho) dudaba de que fuera una resolución correcta.

La cuestión es que el tiempo siguió su curso y la consecuencia del error no sólo se plasmó en su papelde rompe-huelgas, sino también en una ventaja que obtuvo y que no todo el mundo sabe: gracias a su previsión de exigir y lograr cobrar en dólares, pudo evitar los efectos de la hiperinflación de mediados del '89: en determinado momento, sólo su sueldo representó el 10% del total de los salarios pagados por la empresa", narra Gorriarán Merlo en su reciente libro de memorias.

No me consta que Verbitsky haya "cagado" a Gorriarán, como dice Lanata, pero si me consta que se ciscó en los acuerdos que hizo conmigo, amargándome la existencia.

Porque Lanata y Tiffemberg jamás me dijeron de donde salió el dinero para montar Página/12 y yo lo ignoraba: creía a pie juntillas que provenía de las explotaciones maderas de Sockolowicz. Y así fue que cuando se produjo el asalto al cuartel de La Tablada, me llamo profundamente la atención la borratina total de Página, que se mostraba renuente a hacer el menor comentario. Muy impactado (había hecho la colimba en ese cuartel, y desde que saltaron mis antecedentes estaba inerme a merced de los oficiales que estaban conformado el capítulo castrense de la Triple A. por lo que me hice el loco y pase dos meses cantando la cantata de los puentes amarillos de Spinetta entre la enfermería y el calabozo, hasta que me dieron la baja) decidí escribir un libro junto a Julio Villalonga, y eso -como me enteraría mucho después- produjo terror en la dirección de Página/12. Sus directivos, que tras el ataque al cuartel de La Tablada censuraban automáticamente cualquier referencia al MTP y que omitieron incluso respaldar la denuncia de que se habían producido desapariciones a pesar de haber sido filmada por la televisión española la rendición de dos desaparecidos, entraron en pánico porque hicieron dos suposiciones seguidas: una, que Villalonga y yo sabíamos o pronto averiguaríamos que el verdadero propietario del diario era Gorriarán y dos, que de enterarnos, la publicaríamos.

No era así para nada. "Nunca tuvimos el prurito de engrosar la animosa cohorte de los policías", parafraseamos a Giles Perrault en un acápite del libro a modo de chiste secreto.

Los gerentes del diario, junto a Verbitsky, Tiffemberg y estos secundados por adulones, trepadores y pánfilos que ni siquiera nos conocían, se dedicaron durante meses y meses a decir en todos lados que Villalonga y yo éramos de los servicios (general mente recordaban que el padre agrimensor de Julio había sido previamente oficial de la Armada para sugerir nuestra pertenencia al SIN) Cuando lo supimos fehacientemente, encaré a Verbitsky, que negó sin mover un músculo lo que había a los gritos una joven periodista de su círculo áulico: "¡El Perro me dijo que vos sos de los servicios!" .

Entonces, y contra la opinión de Villalonga, que me advirtió que no podía fiarme de él, me reuní con Verbitsky y le propuse un trato: no publicaríamos en nuestro libro nada que perjudicase o siquiera molestara a Página, a cambio de que el libro fuese reseñado y no ninguneado. "Que tenga un trato justo, como cualquier otro libro", le dije. Y él aceptó el trato. Me pidió que introdujera ocho modificaciones, en rigor, ocho cortes: que no pusiera que uno de los detenidos era cablero del diario; que no recordara que él había tratado al padre Puigjané de "lumpen sacerdote"; etc. Hice los cortes, peri el no cumplió con su parte.

Y no se trata sólo de que Verbitsky se ciscó en lo acordado y "Gorriaran, La Tablada y 'las guerras de inteligencia'..." fue ninguneado y su aparición silenciada por orden de la dirección de Página. Se de que yo mismo fui proscripto, puesto que lo mismo sucedió y siguió sucediendo con mis libros posteriores: "AMIA. El Atentado. Quienes son los autores y por qué no están presos" y "Ultramar sur. La última operación secreta del Tercer Reich".

En el caso de "AMIA...", producto de una investigación de tres años financiada por la propia mutual hebrea agredida, la dirección de Página le impidió a Tomás Eloy Martínez, director del suplemento "Primer Plano" y a quien era entonces su segunda y es hoy su esposa, Gabriela Esquivada (a quienes pongo por testigos), publicar una reseña en el suplemento "Primer Plano". Y en el caso del segundo, un periodista infatuado y necio del suplemento "Radar" se refirió despectivamente a "Ultramar..." sin siquiera mencionar su título aunque si a mí y Carlos De Nápoli (nos comparó con Fabio Zerpa, y a los submarinos alemanes que demostramos que vinieron después de la guerra, con improbables ovnis) pero, a pesar de mi insistencia, Martín Granovsky nos negó el derecho a réplica.

Con estos antecedentes, no me extraña que se haya llegado a la situación actual. La extensa, asqueante nota en la que Tiffemberg difamó a Nudler, mintiendo sin pudor, expresa bien su catadura moral.

La de Horacio Verbitsky se muestra, diáfana, en su columna de hoy. En ella, tras publicar la nota de Nudler con tres semanas de tardanza, seguidamente la refuta haciendo gala abiertamente de su calidad de abogado y portavoz del ministro Alberto Fernández y de su antiguo segundo en la Superintendencia de Seguros y actual superintendente general de la Nación, Claudio Moroni, a quienes Nudler acusó de delinquir en sociedad con las aseguradores y en perjuicio de los pobres pasajeros del transporte público.

Me enteré del contenido de la nota por el e-mail que me mandó un joven colega vinculado a un importante medio de los Estados Unidos.

"¿Verbitsky investigó las afirmaciones de Nudler? ¿O se dedicó a refutarlas citando excesivamente a los funcionarios involucrados? Si es así, lo que hace no es ni siquiera propaganda, es una defensa cerrada, una alabanza del Gobierno. Que además se hace a tres semanas de la censura a Nudler, cuando evidentemente tuvieron bastante tiempo para pensar qué decir, porque igualmente (Roberto) Guzmán está muerto...Da pena. Pero además hay un componente de vileza, cuando al comienzo habla de la enfermedad de Nudler.

Fui a la nota.

Dice Verbitsky que Nudler no fue censurado sino que, enfermo de cáncer de pulmón y con metástasis en los huesos "decidió incurrir en una locura hamletiana y romper los códigos" en "un conmovedor grito de desesperación y despedida, que merece el mayor respeto". Es decir, lo ningunea ya de movida, dándolo por prácticamente muerto.

En mi barrio, a eso se le decía ser hijo de puta.

Claro que Verbitsky también deja claro, tras batirse en defensa del padrino (cuando menos, del diario) Fernández e incluso de Moroni ("Miembros del Club de Cultura Socialista recibieron el testimonio de un abogado de seguros. 'Conozco como vive Moroni y sus medios de fortuna. Estoy seguro de que no es corrupto'", llegó a escribir luego de exigirle precisiones a Nudler y calificar su nota como "de escaso sustento").

En síntesis: Verbitsky le da la palabra al ministro Fernández que asegura que lejos de haber acordado pagar deudas inexistentes del Instituto Nacional de Reaseguros (INDeR) a las compañías aseguradoras por centenares de millones de dólares, tal como asegura Nudler "fui yo (.) Quien redujo las obligaciones del Estado en 500 millones de pesos".

¿Habrá que darle una medalla?.

"Nunca supe si la contradictoria senda de Verbitsky proviene de una personalidad aviesa o de una intención política premeditada", dice, parece que todavía perplejo, Gorriarán Merlo (quien sin embargo adelanta que a su juicio HV "aparenta lo que no es").

Lo que queda claro es que hay dos planos. En uno, el de la ética, entre Nudler y Tiffemberg, y Verbitsky, hay una distancia enorme. Y cada cual sabrá de qué lado se pone (por lo pronto, hacen bien quienes exigen garantías de que Claudia Selser y otros miembros de PERIODISTAS críticos de sus próceres no sufran represalias en sus lugares de trabajo).

En otro plano, el malvado Verbitsky es un cuadro político que está muy por encima de la mayoría de sus detractores. Digo, de los exangües defensores de una "libertad de prensa" que jamás ha existido.

Conclusión provisoria: ¡Qué difícil se ha vuelto ser buena persona, ejercer el periodismo y seguir apoyando la causa de la patria y del pueblo!