La tensión salarial que atravesó esta semana a la policía de la provincia de Santa Fe volvió a poner en primer plano un problema que, para Enrique Font, excede largamente la discusión por los sueldos. Exsecretario de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad provincial, máster en Criminologías y profesor en la Universidad Nacional de Rosario, Font es una de las voces que más ha estudiado la trama compleja que une a la policía santafesina con la política, la Justicia y el fenómeno de la violencia en Rosario.
El acuerdo salarial alcanzado por el gobierno provincial —que incluyó aumentos pero mantuvo una porción significativa de los ingresos en carácter no remunerativo— cerró formalmente el conflicto. Sin embargo, para Font, lo que quedó expuesto fue mucho más profundo que un reclamo coyuntural. La protesta, extendida en distintas ciudades de la provincia, reveló no solo el malestar por los ingresos sino tensiones estructurales dentro de la institución policial y en la propia política de seguridad.
El contexto económico y la relación con otras fuerzas
El acuerdo salarial alcanzado por el gobierno provincial —que incluyó aumentos pero mantuvo una porción significativa de los ingresos en carácter no remunerativo— cerró formalmente el conflicto. Sin embargo, para Font, lo que quedó expuesto fue mucho más profundo que un reclamo coyuntural. La protesta, extendida en distintas ciudades de la provincia, reveló no solo el malestar por los ingresos sino tensiones estructurales dentro de la institución policial y en la propia política de seguridad.
El contexto económico y la relación con otras fuerzas
Una primera lectura, admite, podría inscribir el conflicto en un marco más amplio: la policía forma parte de ese 70% de trabajadores asalariados que, bajo el gobierno de Javier Milei, perciben menos de un millón de pesos mensuales. Esa realidad golpea al conjunto del empleo público —salud, educación y fuerzas de seguridad— y constituye el telón de fondo del reclamo.
Pero en Santa Fe, advierte, intervienen otras variables. Font señala que el actual gobernador, Maximiliano Pullaro, ya había ocupado cargos clave en materia de seguridad cuando fue ministro durante la gestión de Miguel Lifschitz. En aquel entonces, recuerda, Pablo Cococcioni se desempeñaba como secretario. Durante la campaña y luego al asumir la gobernación, Pullaro apeló —según su análisis— a una retórica de demagogia punitiva, una narrativa de inspiración "bukeleana", un "bukele de utilería", ironiza, que colocó discursivamente a la policía en un lugar central.
Nada de eso —subraya— ocurrió en Santa Fe. Profesionalizar implicaría, por ejemplo, construir una carrera policial con formación sistemática, generar incentivos para capacitarse y atar los ascensos a ese proceso. Del mismo modo que en educación se estimula la formación continua, la policía debería contar con mecanismos similares.
También menciona la necesidad de revisar el régimen laboral. Aunque los agentes pueden realizar horas adicionales en otros empleos, persiste una lógica heredada de estructuras militarizadas que habilita las "recargas" de servicio: extensiones obligatorias de la jornada por decisión jerárquica, cinco horas más que no estaban previstas en la planificación diaria. A eso se suma la falta de previsibilidad en los horarios y la dificultad para regresar a sus lugares de origen.
Desigualdad y falta de vocación profesional
Pero en Santa Fe, advierte, intervienen otras variables. Font señala que el actual gobernador, Maximiliano Pullaro, ya había ocupado cargos clave en materia de seguridad cuando fue ministro durante la gestión de Miguel Lifschitz. En aquel entonces, recuerda, Pablo Cococcioni se desempeñaba como secretario. Durante la campaña y luego al asumir la gobernación, Pullaro apeló —según su análisis— a una retórica de demagogia punitiva, una narrativa de inspiración "bukeleana", un "bukele de utilería", ironiza, que colocó discursivamente a la policía en un lugar central.
Sin embargo, ese protagonismo fue más retórico que estructural. Ni cuando fue ministro ni ahora como gobernador —con Cococcioni al frente del Ministerio de Seguridad— se impulsaron transformaciones profundas dentro de la fuerza. Y para Font, allí reside uno de los núcleos del problema.
Reformas estructurales que nunca llegaron
Las policías argentinas, explica, arrastran conflictos históricos y en distintas provincias se ensayaron reformas destinadas a ordenar y profesionalizar su funcionamiento: modificar estructuras de gestión, mejorar condiciones laborales, diseñar carreras con incentivos claros, vincular ascensos a formación y capacitación, y aproximar su lógica organizacional a la de otras burocracias estatales como salud o educación, sin perder la especificidad del trabajo policial.Nada de eso —subraya— ocurrió en Santa Fe. Profesionalizar implicaría, por ejemplo, construir una carrera policial con formación sistemática, generar incentivos para capacitarse y atar los ascensos a ese proceso. Del mismo modo que en educación se estimula la formación continua, la policía debería contar con mecanismos similares.
También menciona la necesidad de revisar el régimen laboral. Aunque los agentes pueden realizar horas adicionales en otros empleos, persiste una lógica heredada de estructuras militarizadas que habilita las "recargas" de servicio: extensiones obligatorias de la jornada por decisión jerárquica, cinco horas más que no estaban previstas en la planificación diaria. A eso se suma la falta de previsibilidad en los horarios y la dificultad para regresar a sus lugares de origen.
Desigualdad y falta de vocación profesional
El reclutamiento, señala, se concentra en el centro-norte de la provincia, donde el acceso al empleo es más limitado, mientras que buena parte del desempeño se da en el centro-sur. Esa ecuación revela, a su entender, un problema adicional: la institución no resulta atractiva como opción laboral. "Tenés que estar embromado en términos de acceso al trabajo para ir a la policía", resume, describiendo una fuerza que no logra seducir perfiles diversos ni consolidar vocaciones profesionales.
El bajo desempeño investigativo y la brecha en esclarecimiento de homicidios
El bajo desempeño investigativo y la brecha en esclarecimiento de homicidios
En ese marco, el discurso pro-policial del gobernador aparece, para Font, como una narrativa vacía. Sostiene que el respaldo político se traduce más en gestos hacia afuera —presiones sobre el Poder Judicial en casos de uso de fuerza letal o advertencias públicas ante investigaciones por delitos graves— que en una transformación real de las condiciones estructurales de la fuerza. La policía, afirma, ha sido utilizada políticamente, aunque el sentido de ese uso quedaría por desentrañar.
El conflicto salarial, entonces, no es un hecho aislado sino la expresión de una crisis más profunda. Santa Fe, dice Font, es considerada por numerosos especialistas como la provincia con la peor policía del país, no solo por sus déficits de formación sino también por su desempeño. Y ofrece, antes de enumerar indicadores concretos, una advertencia implícita: sin reformas estructurales, cualquier acuerdo salarial será apenas un parche sobre una institución atravesada por problemas mucho más hondos.
La radiografía que traza Enrique Font sobre la policía santafesina se vuelve todavía más cruda cuando la compara con otras fuerzas del país. No se trata solo de una percepción académica ni de una crítica política: los números, afirma, exponen una brecha difícil de justificar. La policía de Santa Fe, sostiene, no esclarece los delitos más graves con la eficacia que muestran otras jurisdicciones.
El indicador más utilizado para medir la capacidad investigativa es el porcentaje de esclarecimiento de homicidios dolosos. Allí la distancia es notoria. En provincias como Córdoba o Buenos Aires, las policías logran identificar sospechosos en nueve de cada diez asesinatos. El proceso judicial posterior —si hay condena o absolución— es otra discusión, pero la identificación del presunto autor se concreta con rapidez. En Santa Fe, en cambio, el número desciende, en el mejor de los casos, a seis de cada diez. Y hay años en que la cifra es aún menor.
La brecha no es solo cuantitativa, también es temporal. En Córdoba y Buenos Aires, los sospechosos suelen ser ubicados y puestos a disposición de la Justicia en plazos relativamente breves. En territorio santafesino, en cambio, se acumulan expedientes que pasan años sin responsables identificados. Hay crímenes graves que permanecen en esa zona gris: el hecho está esclarecido en su materialidad, pero los autores no aparecen.
Cuando se indaga en las razones de esa ineficacia, la explicación que surge desde los barrios —dice Font— es inquietante. Se habla de pagos mensuales, de "arreglos" para no ser identificados o para evitar ser vinculados a un hecho delictivo. Se paga para desaparecer del radar. Se paga para que una investigación se estanque. Esa lógica de regulación informal atraviesa, según su mirada, distintos niveles del delito.
Casos emblemáticos y gestión de la violencia
El asesinato de Luis "Pillín" Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central, fue un punto de inflexión. El crimen puso bajo la lupa a una organización que, según recuerda, llevaba años bajo observación policial y judicial: la banda conocida como "Los Menores", originada en el barrio 7 de Septiembre de Rosario. Con el tiempo, algunos de sus líderes —incluso detenidos— extendieron su influencia y se movían entre Rosario y barrios cerrados de la Ciudad de Buenos Aires. Bracamonte había advertido públicamente quiénes querían matarlo y que ya habían intentado hacerlo. Tras su asesinato, la presión pública derivó en la detención de algunos integrantes de la banda. Pero el hecho, para Font, evidenció algo más profundo: estructuras criminales conocidas que operaban durante años sin desarticulación efectiva.
El problema no se agota en la eficacia investigativa. También atraviesa el apego a los derechos humanos. La policía santafesina, recuerda, fue la que más personas mató durante la represión de diciembre de 2001. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires hubo cinco víctimas fatales en las protestas de aquellos días, en Rosario se registraron siete —o incluso ocho, según algunas discusiones estadísticas—. Si se pondera la cifra por cada 100.000 habitantes, el impacto rosarino resulta mucho más alto.
La diferencia, subraya, también estuvo en las consecuencias institucionales. Por los hechos ocurridos en Buenos Aires fueron llevados a juicio el entonces presidente Fernando de la Rúa, su ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. Hubo condenas para algunos mandos. En Santa Fe, en cambio, prácticamente no hubo responsabilidades políticas. Apenas unos pocos policías fueron juzgados por hechos puntuales, como el caso de Claudio "Pocho" Lepratti. El contraste dejó la impresión de una fuerza habituada a la impunidad judicial.
Esa es, según Font, la institución sobre la cual el actual gobernador construyó su política de seguridad. Maximiliano Pullaro capitalizó políticamente la reducción de los homicidios registrada en 2024, sobre todo en Rosario. La tasa, que había superado los 20 homicidios cada 100.000 habitantes —con picos de 22 y 23— descendió a un valor apenas superior a 10. La caída es significativa y constituye, admite, un dato objetivo.
Sin embargo, la pregunta que abre Font es cómo se logró esa reducción y qué costos o efectos colaterales implica. Porque mientras los homicidios bajaron, los robos no siguieron el mismo camino. Por el contrario, sostiene que aumentaron, aunque las estadísticas oficiales no siempre lo reflejen con claridad. Basta —dice— recorrer la ciudad para advertirlo, tanto en barrios populares como en zonas de clase media y alta.
La baja de homicidios en Santa Fe no desarticula el narcotráfico: la policía regula el delito más que erradicarlo
El conflicto salarial, entonces, no es un hecho aislado sino la expresión de una crisis más profunda. Santa Fe, dice Font, es considerada por numerosos especialistas como la provincia con la peor policía del país, no solo por sus déficits de formación sino también por su desempeño. Y ofrece, antes de enumerar indicadores concretos, una advertencia implícita: sin reformas estructurales, cualquier acuerdo salarial será apenas un parche sobre una institución atravesada por problemas mucho más hondos.
La radiografía que traza Enrique Font sobre la policía santafesina se vuelve todavía más cruda cuando la compara con otras fuerzas del país. No se trata solo de una percepción académica ni de una crítica política: los números, afirma, exponen una brecha difícil de justificar. La policía de Santa Fe, sostiene, no esclarece los delitos más graves con la eficacia que muestran otras jurisdicciones.
El indicador más utilizado para medir la capacidad investigativa es el porcentaje de esclarecimiento de homicidios dolosos. Allí la distancia es notoria. En provincias como Córdoba o Buenos Aires, las policías logran identificar sospechosos en nueve de cada diez asesinatos. El proceso judicial posterior —si hay condena o absolución— es otra discusión, pero la identificación del presunto autor se concreta con rapidez. En Santa Fe, en cambio, el número desciende, en el mejor de los casos, a seis de cada diez. Y hay años en que la cifra es aún menor.
La brecha no es solo cuantitativa, también es temporal. En Córdoba y Buenos Aires, los sospechosos suelen ser ubicados y puestos a disposición de la Justicia en plazos relativamente breves. En territorio santafesino, en cambio, se acumulan expedientes que pasan años sin responsables identificados. Hay crímenes graves que permanecen en esa zona gris: el hecho está esclarecido en su materialidad, pero los autores no aparecen.
Cuando se indaga en las razones de esa ineficacia, la explicación que surge desde los barrios —dice Font— es inquietante. Se habla de pagos mensuales, de "arreglos" para no ser identificados o para evitar ser vinculados a un hecho delictivo. Se paga para desaparecer del radar. Se paga para que una investigación se estanque. Esa lógica de regulación informal atraviesa, según su mirada, distintos niveles del delito.
Casos emblemáticos y gestión de la violencia
El asesinato de Luis "Pillín" Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central, fue un punto de inflexión. El crimen puso bajo la lupa a una organización que, según recuerda, llevaba años bajo observación policial y judicial: la banda conocida como "Los Menores", originada en el barrio 7 de Septiembre de Rosario. Con el tiempo, algunos de sus líderes —incluso detenidos— extendieron su influencia y se movían entre Rosario y barrios cerrados de la Ciudad de Buenos Aires. Bracamonte había advertido públicamente quiénes querían matarlo y que ya habían intentado hacerlo. Tras su asesinato, la presión pública derivó en la detención de algunos integrantes de la banda. Pero el hecho, para Font, evidenció algo más profundo: estructuras criminales conocidas que operaban durante años sin desarticulación efectiva.
El problema no se agota en la eficacia investigativa. También atraviesa el apego a los derechos humanos. La policía santafesina, recuerda, fue la que más personas mató durante la represión de diciembre de 2001. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires hubo cinco víctimas fatales en las protestas de aquellos días, en Rosario se registraron siete —o incluso ocho, según algunas discusiones estadísticas—. Si se pondera la cifra por cada 100.000 habitantes, el impacto rosarino resulta mucho más alto.
La diferencia, subraya, también estuvo en las consecuencias institucionales. Por los hechos ocurridos en Buenos Aires fueron llevados a juicio el entonces presidente Fernando de la Rúa, su ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. Hubo condenas para algunos mandos. En Santa Fe, en cambio, prácticamente no hubo responsabilidades políticas. Apenas unos pocos policías fueron juzgados por hechos puntuales, como el caso de Claudio "Pocho" Lepratti. El contraste dejó la impresión de una fuerza habituada a la impunidad judicial.
Esa es, según Font, la institución sobre la cual el actual gobernador construyó su política de seguridad. Maximiliano Pullaro capitalizó políticamente la reducción de los homicidios registrada en 2024, sobre todo en Rosario. La tasa, que había superado los 20 homicidios cada 100.000 habitantes —con picos de 22 y 23— descendió a un valor apenas superior a 10. La caída es significativa y constituye, admite, un dato objetivo.
Sin embargo, la pregunta que abre Font es cómo se logró esa reducción y qué costos o efectos colaterales implica. Porque mientras los homicidios bajaron, los robos no siguieron el mismo camino. Por el contrario, sostiene que aumentaron, aunque las estadísticas oficiales no siempre lo reflejen con claridad. Basta —dice— recorrer la ciudad para advertirlo, tanto en barrios populares como en zonas de clase media y alta.
La baja de homicidios en Santa Fe no desarticula el narcotráfico: la policía regula el delito más que erradicarlo
El negocio de la venta de drogas, además, no parece haber sufrido un golpe estructural. Cambiaron algunas modalidades: se clausuraron ciertos "búnkeres" y se expandió la modalidad de delivery. Pero la actividad continúa con relativa estabilidad. Si la violencia letal descendió sin que el mercado ilegal se desarticule de manera visible, ¿cuál es la explicación?
Font apunta a dos decisiones clave adoptadas al inicio de la gestión. La primera fue la aprobación, con amplio respaldo legislativo, de la adhesión a las leyes de narcomenudeo, que habilitan a las fiscalías provinciales a intervenir en delitos de drogas a pequeña escala. Se trata de una facultad prevista en la legislación federal, pero muy cuestionada en distintas provincias. Estudios realizados en lugares donde se implementó —como Buenos Aires, Córdoba o Chaco— muestran, según explica, que no debilitó a las estructuras superiores del narcotráfico. En cambio, llenó las cárceles de eslabones bajos, "perejiles", y afectó de manera particular a mujeres involucradas en tareas menores dentro de las redes.
Santa Fe siguió ese camino. En paralelo, señala, se consolidó un control más directo del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público de la Acusación. Aunque históricamente nunca fue completamente independiente del poder político, en la actual gestión —a través de concursos y designaciones— su alineamiento sería más evidente.
En ese contexto, la policía adquirió una herramienta que antes no tenía con la misma intensidad: la capacidad de regular el negocio minorista de drogas en articulación con fiscales provinciales. El mensaje implícito, describe Font, sería claro: se puede vender, se puede pagar, pero no se puede disparar. Si alguien desborda ese acuerdo tácito, se activan allanamientos y causas que desmantelan el punto de venta.
Desde esa perspectiva, la baja de los homicidios estaría vinculada menos a una reforma estructural y más a una forma de administración del mercado ilegal, donde la violencia se contiene para evitar escaladas que perjudiquen la estabilidad política. No se trataría de la erradicación del delito, sino de su regulación.
Font reconoce que hubo otros factores. Cuando se estudió el aumento extraordinario de homicidios en Rosario durante los años más críticos, aparecieron múltiples causas: falta de esclarecimiento, prófugos que nunca eran capturados, descoordinación entre agencias. También pesó, añade, el funcionamiento deficiente de la Justicia Federal, responsable de investigar delitos complejos vinculados al narcotráfico. Esa ineficiencia contribuyó a la consolidación de organizaciones criminales que operaron durante años con márgenes amplios de acción.
La reducción actual de los homicidios, entonces, no puede analizarse de manera aislada. Para Font, forma parte de un esquema más amplio donde la policía, lejos de haber sido profesionalizada o reformada, continúa operando con lógicas antiguas, ahora reconfiguradas en un nuevo equilibrio de poder. Un equilibrio que disminuye la violencia letal pero deja abiertas preguntas profundas sobre la calidad institucional, la transparencia y la sostenibilidad de esa aparente pacificación.
Judicialización y zonas grises
Font apunta a dos decisiones clave adoptadas al inicio de la gestión. La primera fue la aprobación, con amplio respaldo legislativo, de la adhesión a las leyes de narcomenudeo, que habilitan a las fiscalías provinciales a intervenir en delitos de drogas a pequeña escala. Se trata de una facultad prevista en la legislación federal, pero muy cuestionada en distintas provincias. Estudios realizados en lugares donde se implementó —como Buenos Aires, Córdoba o Chaco— muestran, según explica, que no debilitó a las estructuras superiores del narcotráfico. En cambio, llenó las cárceles de eslabones bajos, "perejiles", y afectó de manera particular a mujeres involucradas en tareas menores dentro de las redes.
Santa Fe siguió ese camino. En paralelo, señala, se consolidó un control más directo del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público de la Acusación. Aunque históricamente nunca fue completamente independiente del poder político, en la actual gestión —a través de concursos y designaciones— su alineamiento sería más evidente.
En ese contexto, la policía adquirió una herramienta que antes no tenía con la misma intensidad: la capacidad de regular el negocio minorista de drogas en articulación con fiscales provinciales. El mensaje implícito, describe Font, sería claro: se puede vender, se puede pagar, pero no se puede disparar. Si alguien desborda ese acuerdo tácito, se activan allanamientos y causas que desmantelan el punto de venta.
Desde esa perspectiva, la baja de los homicidios estaría vinculada menos a una reforma estructural y más a una forma de administración del mercado ilegal, donde la violencia se contiene para evitar escaladas que perjudiquen la estabilidad política. No se trataría de la erradicación del delito, sino de su regulación.
Font reconoce que hubo otros factores. Cuando se estudió el aumento extraordinario de homicidios en Rosario durante los años más críticos, aparecieron múltiples causas: falta de esclarecimiento, prófugos que nunca eran capturados, descoordinación entre agencias. También pesó, añade, el funcionamiento deficiente de la Justicia Federal, responsable de investigar delitos complejos vinculados al narcotráfico. Esa ineficiencia contribuyó a la consolidación de organizaciones criminales que operaron durante años con márgenes amplios de acción.
La reducción actual de los homicidios, entonces, no puede analizarse de manera aislada. Para Font, forma parte de un esquema más amplio donde la policía, lejos de haber sido profesionalizada o reformada, continúa operando con lógicas antiguas, ahora reconfiguradas en un nuevo equilibrio de poder. Un equilibrio que disminuye la violencia letal pero deja abiertas preguntas profundas sobre la calidad institucional, la transparencia y la sostenibilidad de esa aparente pacificación.
El panorama de la justicia y la seguridad en Rosario se complica aún más cuando se observa el rol de los actores judiciales. Uno de los ejemplos más claros es el caso de los jueces federales que se encargan de temas de drogas, especialmente en Rosario. Uno de esos jueces, Marcelo Bailaque, se encuentra bajo prisión domiciliaria, con una condena de diez años pendiente, debido a hechos de corrupción. Es un caso que viene siendo investigado desde hace más de 15 años, y a pesar de las sospechas sobre su falta de idoneidad, su situación solo se ha resuelto recientemente. La ineficiencia del sistema judicial, remarca Font, ha tenido repercusiones directas sobre el funcionamiento de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.
Protesta policial y debilidad del gobierno
La reciente protesta salarial evidenció la dependencia política del gobernador Maximiliano Pullaro respecto a la policía. La fuerza no solo defendió intereses económicos, sino que también mostró su capacidad de presión sobre decisiones estratégicas: se puso en entredicho al jefe de la Unidad Regional 2, el MPA detuvo investigaciones, y el gobierno debió retroceder en varios frentes.
Font subraya que la policía santafesina sigue funcionando con lógicas tradicionales, donde los mandos superiores conservan privilegios y la base enfrenta condiciones precarias. Esto genera tensiones internas, fractura lealtades y condiciona cualquier intento de reforma profunda.
Historial de Pullaro y vínculos con jefes policiales cuestionados
Font recuerda que la relación de Maximiliano Pullaro con el mundo de la seguridad no comenzó en su mandato como gobernador, sino años atrás, cuando era diputado provincial por el sur de Santa Fe. En ese momento, respaldó públicamente a un jefe policial, Alejandro Druetta, sobre quien pesaban señalamientos persistentes: en el ambiente político y judicial era conocido como un hombre con vínculos con el narcotráfico.
Cuando un fiscal avanzó en la investigación, Pullaro lo defendió. Años más tarde, Druetta fue investigado en profundidad y finalmente condenado. Font evita hablar de connivencia penal, pero plantea interrogantes políticos: ¿Fue torpeza? ¿Fue voluntad de no saber? ¿Fue una decisión consciente de acercarse igual a determinados sectores policiales? Las preguntas siguen abiertas, aunque no hayan derivado en responsabilidades judiciales directas para Pullaro.
Este patrón, sostiene Font, no fue un episodio aislado. A lo largo de su trayectoria, Pullaro promovió y ascendió a cargos de conducción a policías “muy cuestionados”. No necesariamente condenados ni formalmente imputados, aclara, pero sí señalados por prácticas poco transparentes desde dentro de la fuerza y desde la política. En algunos casos, cuando finalmente fueron investigados, las sospechas derivaron en condenas. En otros, el Ministerio Público de la Acusación, debilitado y con fuerte influencia del Ejecutivo, operó como un manto de contención que evitó avances judiciales.
Casos paradigmáticos: juego clandestino y estructuras judiciales
Font menciona un caso emblemático vinculado al juego clandestino. El empresario Leonardo Peiti, convertido en “arrepentido”, aportó información que terminó comprometiendo a figuras de peso: el fiscal regional Patricio Serjal, el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, un empleado judicial y el entonces poderoso senador Armando Traferri. Estas denuncias no involucraban nombres menores dentro de la estructura institucional, y su investigación derivó en algunas condenas y destituciones.
Peiti también señaló a jefes policiales promovidos durante la gestión de Pullaro, incluyendo al jefe de la Policía de Investigaciones, quien hoy integra el gobierno provincial en un cargo ad honorem destinado a detectar gastos en el Ministerio de Educación. Font destaca que este fenómeno de retornos de retirados a posiciones estratégicas es otro foco de tensión dentro de la fuerza.
Dinámica de retirados y desigualdad interna
Según Font, hay exjefes que viven exclusivamente de su jubilación, que depende del salario de los policías en actividad, y otros que se retiraron con patrimonios millonarios y luego regresaron a ocupar posiciones estratégicas. En una fuerza de alrededor de 24.000 integrantes, en una ciudad donde todos se conocen, estas diferencias no pasan inadvertidas: se sabe quién vive en qué casa, qué vehículo conduce cada uno y cómo evolucionó su patrimonio.
Mientras tanto, la base de la pirámide trabaja en condiciones laborales precarias, lejos de sus familias, con salarios erosionados por la inflación y bajo la lógica de recarga horaria. La desigualdad visible erosiona la cultura institucional y se agrava cuando los agentes deben intervenir selectivamente en la actividad delictiva: cerrar un kiosco porque “se salió del acuerdo” mientras otro continúa operando sin sobresaltos. Font subraya que esta selectividad moldea subjetividades, produce cinismo y fractura lealtades internas.
La policía que Pullaro no transformó
Font define así a la policía santafesina:
- Utilizada políticamente
- Dependiente de los objetivos políticos del gobernador
- Funcionando en lógicas antiguas, adaptadas a pactos tácitos y jerarquías económicas paralelas
- Sin cambios estructurales ni profesionalización real
La protesta salarial expuso la tensión entre un gobierno que construyó su narrativa sobre la firmeza frente al delito y una fuerza que lo obligó a retroceder. Font insiste: lo que no se hizo cuando Pullaro fue ministro, y lo que tampoco se encaró al inicio de su actual mandato, difícilmente pueda hacerse ahora. Las reformas profundas requieren capital político, acuerdos transversales y tiempo. Según el entrevistado, ese momento ya pasó.
Intentos de reforma frustrados
Font recuerda que Marcelo Saín intentó impulsar una ley de transformación policial que estableciera una política de Estado, sostenida por oficialismo y oposición, blindada frente a los vaivenes partidarios. Sin embargo, la ley no prosperó, ni siquiera contó con el respaldo pleno de su propio espacio. El resultado es que cada gobierno administra lo que encuentra, sin modificar la matriz estructural de la policía.
Font enfatiza que las policías no surgen “de un repollo”: son producto de las instituciones políticas y judiciales que las moldean. Todos los partidos que gobernaron Santa Fe desde el retorno democrático tienen responsabilidad en el estado actual de la fuerza. El Poder Judicial provincial y federal tampoco actuó con eficacia para frenar prácticas corruptas dentro de la fuerza.
La violencia reciente: un nuevo pico en 2025
A pesar de la baja en la tasa de homicidios en Rosario en 2024, Font señala que, en 2025, la tasa volvió a aumentar. Aunque sigue siendo baja comparada con los picos alcanzados en años anteriores, el incremento de un 27% en la tasa de homicidios respecto al año anterior deja claro que la violencia no ha sido completamente contenida. Con más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, Rosario sigue estando por encima de otras ciudades de tamaño comparable en Argentina, como Córdoba o La Matanza, que tienen tasas de homicidio inferiores a 5 cada 100.000 habitantes.
Este dato, para Font, es revelador. No solo subraya la inestabilidad del esquema de seguridad en la provincia, sino también la fragilidad de las soluciones que se han implementado. Si bien el descenso de homicidios en 2024 fue notable, no se logró una transformación profunda en la seguridad de la ciudad y mucho menos en las condiciones estructurales de la policía.
Font sostiene que este dato es indicativo de que, aunque la situación mediática haya cambiado, la verdadera transformación en términos de seguridad sigue pendiente. El aumento reciente de homicidios confirma que los intentos por reducir la violencia letal han sido más superficiales que efectivos a largo plazo.
La crisis de gobernanza y la falta de reformas estructurales
En cuanto a la política de seguridad, Font asegura que la actual crisis de gobernanza se ve reflejada en la falta de reformas estructurales que transformen la policía y el sistema judicial. A pesar de que la tasa de homicidios en Rosario se redujo durante el último tiempo, la provincia sigue enfrentando una violencia persistente que no se limita solo a los crímenes letales, sino que se extiende a los delitos menores, como los robos, que aumentaron significativamente.
Font sostiene que el aumento de robos y la estabilidad del mercado de drogas en la ciudad son indicativos de que la violencia no solo se ha gestionado de manera selectiva, sino que también está regulada, en lugar de ser erradicada. Las bandas de narcotraficantes, si bien enfrentan menos enfrentamientos a tiros, continúan operando sin que se debilite su estructura de poder. A pesar de que se clausuraron algunos “búnkeres”, el negocio de las drogas sigue en expansión, y el delivery de sustancias ha reemplazado en parte las modalidades anteriores.
Este fenómeno tiene, según Font, una explicación más política que operativa: la reducción de homicidios está vinculada al control y la gestión del mercado ilegal de drogas. El gobernador Pullaro ha sido parte de una política que no erradica el narcotráfico, sino que lo regula de manera que no escale en violencia. La policía, en este sentido, actúa como un regulador de la violencia, más que como un órgano dedicado a la justicia criminal efectiva. Esta gestión de la violencia, en lugar de transformarse en una política de seguridad integral, ha acabado por generar equilibrios inestables entre política, justicia y crimen.
La dependencia política de Pullaro
Font explica que la dependencia política de Pullaro respecto a la policía santafesina es uno de los factores que limita la capacidad del gobierno para llevar a cabo una reforma estructural real. Aunque el gobernador se presenta como firme en su política de seguridad, en realidad se ve atrapado por las dinámicas internas de la policía. Necesita mantener la cooperación de la fuerza para sostener su narrativa de éxito en la reducción de homicidios y otros índices de violencia. Sin embargo, esta dependencia política lo coloca en una situación de debilidad frente a la protesta policial, como se evidenció en las últimas semanas.
El giro del gobierno ante las presiones de la policía, que lo obligaron a retroceder en varias decisiones, muestra la fragilidad del esquema político que Pullaro ha mantenido. Font enfatiza que esta relación de dependencia está profundamente arraigada, dado que la policía ha sido históricamente utilizada como un instrumento político por diferentes gobiernos provinciales, y Pullaro no ha podido ni siquiera romper con esa lógica.
El dilema de la falta de reformas: ¿se perdió la oportunidad?
Font cree que la oportunidad de una reforma integral de la policía santafesina ya pasó. Los intentos de reformas anteriores, como la propuesta por Marcelo Saín cuando era ministro de Seguridad, quedaron truncos. La ley de transformación policial, que habría permitido un cambio significativo en la estructura de la fuerza, fue rechazada tanto por sectores del oficialismo como de la oposición. Esta ley había sido pensada para trascender las políticas partidarias y construir una estructura policial más profesional y menos politizada. Sin embargo, no prosperó, y lo que ha quedado es un sistema policial anquilosado y lleno de tensiones internas.
Para Font, este rechazo a la ley de reforma es emblemático de la falta de voluntad política para transformar las estructuras de poder en Santa Fe. Cada gobierno que asume administra lo que encuentra, sin cuestionar las dinámicas heredadas. En este contexto, Pullaro sigue dependiendo de una policía que no ha sido transformada y que, como otras instituciones en la provincia, está atrapada en lógicas políticas y económicas de ajuste salarial y clientelismo político.
El círculo vicioso: política, policía y mercado ilegal
Font concluye que, en la actualidad, la policía santafesina se encuentra profundamente vinculada a los intereses políticos de los gobiernos provinciales y a las dinámicas del mercado ilegal de drogas. Esta policía no se ha profesionalizado, ni se han implementado reformas estructurales reales. En lugar de una reconfiguración integral de la fuerza, lo que ha sucedido es una regulación informal de la violencia, donde los actores políticos y criminales coexisten en un equilibrio precario.
El resultado de esta falta de reformas es un sistema de seguridad debilitado que, aunque ha logrado reducir temporalmente algunos índices de violencia, sigue sostenido sobre bases frágiles. La policía santafesina, bajo la dirección de Pullaro, ha evitado grandes estallidos de violencia, pero a costa de un pacto tácito con las organizaciones criminales y de una dependencia política que socava cualquier intento de cambio real. Este círculo vicioso, donde el gobierno depende de una fuerza policial que a su vez depende de intereses ilegales, parece estar destinado a perpetuarse sin una transformación profunda.
La policía que no cambió
La reflexión de Font, en conclusión, es clara: la policía santafesina no ha cambiado. Aunque la reducción de homicidios y la disminución de algunos indicadores de violencia pueden presentarse como logros, la realidad es que la fuerza sigue atrapada en una lógica de poder político, economía paralela y clientelismo. Las reformas estructurales siguen siendo una deuda pendiente, y la policía, lejos de profesionalizarse, sigue operando en función de intereses que no tienen que ver con la justicia o la seguridad pública.
Este es el panorama que enfrenta el gobernador Maximiliano Pullaro, que, a pesar de sus intentos por modernizar la provincia, sigue dependiendo de una fuerza que no ha sido transformada y que, tal vez, ya no puede serlo sin un compromiso político más profundo y duradero.
La reforma sigue siendo una asignatura pendiente
Font cierra su análisis reconociendo que el cambio profundo en la policía de Santa Fe es una asignatura pendiente. Sin reformas estructurales, sin un sistema judicial más eficaz y sin voluntad política real, el ciclo de violencia y corrupción dentro de la policía santafesina continuará perpetuándose. En resumen, la protesta policial fue solo la última expresión de una crisis institucional mucho más profunda que involucra a la política, la justicia y las estructuras de poder en la provincia. Y si bien los gobernantes actuales intentan gestionar estos equilibrios, el futuro de la seguridad en Santa Fe depende de una reforma que todavía está por llegar.
Escuchá la entrevista completa:
Fotos: Juan José García
