La investigación impulsada por equipos de la Universidad Nacional de Rosario junto a la Multisectorial contra la Violencia Institucional fue coordinada por la antropóloga e investigadora Eugenia Cozzi. Se desarrolló entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, a partir del trabajo territorial con jóvenes de entre 15 y 30 años. Los encuentros se realizaron en seis barrios distribuidos en cuatro distritos de la ciudad: Tablada, en el distrito Sur; Triángulo, Moderno, Alvear y Toba, en el distrito Oeste; Las Flores Sur, en el Sudoeste; y Empalme Graneros, en el distrito Noroeste. En esos espacios, la escucha directa, los intercambios y el registro colectivo permitieron construir un mapa común de prácticas policiales que se repiten, con variantes, en cada territorio. A través de talleres comunitarios, se documentaron prácticas policiales abusivas, allanamientos violentos, robos, amenazas, detenciones arbitrarias y estrategias de resistencia barrial frente a estas situaciones.
El informe invita a pensar alternativas: ¿es posible construir barrios seguros sin vulnerar derechos? ¿Qué políticas públicas pueden garantizar tranquilidad sin criminalizar la pobreza? Y sobre todo: ¿paz para quién?
El panel de apertura estuvo integrado por voces provenientes de distintos ámbitos del trabajo institucional, académico y territorial. Participaron Cintia Pinillos, en representación de la Universidad Nacional de Rosario; Gustavo Palmieri, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; Horacio Crespo, del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe; Santiago Bereciartua, de la Secretaría de Políticas de Prevención de la Violencia Institucional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; y Julieta Riquelme, de la Multisectorial contra la Violencia Institucional. La coordinación de la mesa estuvo a cargo de Evangelina Benassi, docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la UNR.
Durante su discurso, Pinillos subrayó la necesidad de ampliar la conversación pública, reconociendo que es posible —e incluso necesario— pensar desde la diferencia y la divergencia. En este sentido, enfatizó que el conocimiento académico no puede producirse al margen de su contexto, sino que debe generarse en diálogo permanente con el entorno, con los actores territoriales y con las instituciones.
Asimismo, afirmó: "Creo firmemente que esa es una de las misiones fundamentales de la Universidad Pública. Una misión que tal vez siempre estuvo presente, pero que en los últimos tiempos —al menos aquí, en la Universidad Nacional de Rosario, y particularmente en nuestra Facultad— hemos asumido con mayor claridad".
Pinillos sostuvo que la universidad no debe presentarse como portadora de un saber cerrado, exclusivo o jerárquico desde una única lógica científica. Por el contrario, planteó que el conocimiento se enriquece en el vínculo con otros saberes, adquiere mayor pertinencia y se vuelve más útil para pensar nuevas formas de construcción de políticas públicas.
Finalmente, destacó que, en ámbitos tan sensibles como los abordados en el informe, es fundamental seguir apostando a que las políticas diseñadas desde el Estado estén cada vez más alineadas con la sociedad que aspiramos a construir, una sociedad que, según sus palabras, "sin duda, representa un horizonte posible".
Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda
Avanzando en su exposición, el funcionario puntualizó uno de los factores que contribuyen a esta desigualdad: la discriminación por el color de piel. Al respecto, relató una situación reciente: "Lo menciono porque, justo antes de llegar, vi un video del actor Oski Guzmán, en el que relataba cómo fue demorado por personal policial para la verificación de su identidad y terminó siendo víctima de violencia física. Él mismo señalaba que el motivo aparente fue su color de piel. Aunque parezca obvio, sigue impactando escucharlo en primera persona y de manera tan emotiva".
Este caso, según Bereciartúa, resulta especialmente ilustrativo de una problemática estructural: "Lo que pone en evidencia ese testimonio —y que también se refleja en este informe— es que ciertas políticas públicas terminan generando una fractura social profunda. En este sentido, la relevancia del informe es doble: no solo visibiliza esta problemática, sino que, al contar con el respaldo académico de universidades, nos permite utilizarlo como una herramienta válida dentro del ámbito judicial, ya sea para impulsar acciones o exigir medidas concretas".
A lo largo de su intervención, también puso el foco en el impacto social de las políticas de seguridad aplicadas, y planteó una inquietante interrogante que el propio informe propone: "Una de las preguntas que formula el informe —y que considero sumamente elocuente— es: ¿A qué costo alcanzamos esta paz? Es cierto que las tasas de homicidios han disminuido, y eso es algo que todos deseábamos. Pero cuando observamos el costo social que ha tenido el paquete de políticas públicas implementadas, vemos que existe un hostigamiento generalizado hacia ciertos sectores de la población".
Desde su perspectiva, muchas de estas prácticas no solo son contraproducentes, sino también prescindibles: "A mi entender, muchas de estas prácticas son, además de ineficaces, innecesarias. Si se eliminaran ciertos niveles de hostigamiento estatal, posiblemente los índices de homicidios seguirían bajando del mismo modo", apuntó.
En este marco, Bereciartúa fue categórico al señalar una responsabilidad compartida por todos los estamentos estatales: "Como Estado, en sus tres poderes, debemos reconocer que estamos diseminando más dolor del necesario con el objetivo de reducir la violencia", remarcó.
Uno de los ejemplos más claros, según su exposición, es el de las demoras policiales por verificación de identidad, práctica que consideró poco transparente y difícil de evaluar en términos de resultados: "Un caso paradigmático que expone la falta de evaluación de eficacia de algunas medidas es el de las demoras policiales por verificación de identidad. En el marco de una audiencia de habeas corpus, solicitamos conocer cuántas de las personas demoradas en este contexto efectivamente estaban siendo buscadas por la justicia. La respuesta de los representantes del gobierno provincial fue que no era posible determinar ese porcentaje, ya que, según explicaron, cuando la persona resulta estar efectivamente evadida o prófuga, no se deja constancia en un acta de demora, sino que se formaliza directamente como un acta de aprehensión. Esto impide cualquier análisis riguroso de la eficacia de esta práctica".
Finalmente, el Secretario cerró su participación rescatando el valor del informe como herramienta crítica y transformadora: "En síntesis, el informe ¿Paz para quién? no solo interpela, sino que ofrece elementos clave para pensar y actuar sobre las políticas públicas de seguridad desde una perspectiva crítica, ética y legal".
No hay paz posible mientras el Estado siga considerando sospechoso al que vive en un barrio popular
Desde su lugar como militante y habitante de estos territorios, Riquelme enfatizó la falta de participación real en la toma de decisiones que afectan a sus comunidades: "No nos queda mucho de otro viejo, no podemos, tampoco nos preguntan, digamos, son pocas las personas que van a nuestros barrios a preguntarnos qué es lo que estamos necesitando, y no directamente con un, nada, a llenarnos de policía, de patrulleros y demás en los barrios".
En esta línea, cuestionó abiertamente el accionar policial y su sesgo clasista y racial: "La policía sigue actuando como si ser pobre fuera un delito, como si tu color de piel fuera un delito, como si tu vestimenta fuera un delito". Y subrayó que el problema no se reduce a conductas individuales, sino que forma parte de una política estructural: "Entonces, charlar sobre eso, y también decir que no se trata que si hay policías buenos o policías malos, sino que pasa por una política de estado, que decide que la seguridad se garantiza con más expresión, con más cárcel, con más control, pero solo un sector de la sociedad".
Desde su experiencia personal y la de su entorno, Riquelme expuso la normalización de prácticas violentas e ilegales por parte del Estado: "Eso me parece que quienes dejamos acá lo tenemos muy claro y que somos muy pocas las personas, de hecho, que estamos acá, que podemos levantar la mano y decir que nosotros convivimos con eso todo el tiempo y que en menos de un mes, al menos una vez fuimos detenidos por la policía por averiguación de antecedente o llevado a una cárcel o a una comisaría por no portar el DNI, por ejemplo, porque estos son cuestiones".
Finalmente, reivindicó el valor del informe como una advertencia urgente sobre el rumbo de las políticas de seguridad actuales: "Este informe es una advertencia: no hay paz posible mientras el Estado siga considerando sospechosos al que vive en un barrio popular. La paz verdadera no se construye con más patrulleros, se construye con justicia social. Que cuando el Estado en serio, con respeto, con trabajo y con derecho".
Violencia institucional y desigualdad territorial
Palmieri también destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones estatales, organizaciones sociales y universidades, reconociendo tanto su potencial como su dificultad: "Articular es fácil de decir, pero siempre es lo más difícil de hacer", sostuvo. En relación con los proyectos educativos y de intervención en contextos de encierro, celebró la participación universitaria y el trabajo en territorio: "Si es útil que entremos nosotros, también es útil que entren otros", dijo, en alusión a la importancia de abrir los espacios carcelarios a la sociedad civil. El comisionado del Comité advirtió que algunas de las propias prácticas de seguridad son las que terminan generando nuevas formas de inseguridad: "Parte de estas políticas de seguridad son, justamente, las que generan nuevas formas de inseguridad".
Remarcó también la importancia del trabajo articulado con organizaciones sociales y de la escucha sostenida en el tiempo. "Cada vez que hacemos una visita, nos reunimos también con familiares y organizaciones sociales. Con la Multisectorial contra la Violencia Institucional tuvimos varias reuniones. Necesitamos saber qué tenemos que mirar, pero también recibir información que no siempre aparece durante una semana de visitas: qué se acumula, qué se ve en el tiempo", explicó. En esa línea, defendió el acompañamiento a proyectos territoriales: "No porque haya dinero, sino porque facilitamos que se realicen. Facilitamos el acceso a lugares donde hay personas privadas de libertad, lugares restringidos. Nos parece importante que universidades e instituciones también entren. Si es útil que entremos nosotros, también lo es que entren otros. Y que ese acceso sea un derecho".
Por último, destacó el valor del trabajo presentado en el informe, señalando que no solo describe metodologías de intervención en contextos de encierro o en espacios abiertos, sino que también asume una posición política frente a las violencias: "Este documento tiene valor porque no solo describe metodologías para trabajar en espacios de encierro o abiertos, sino que también toma posición frente a situaciones de violencia. Articula respuestas desde la seguridad y desde lo social".
¿Quién es el enemigo público número uno?
Comenzó su intervención cuestionando el rol de los medios de comunicación y su influencia en la construcción social del miedo: "Los medios masivos, ¿qué papel cumplen en esto? ¿Cuál es el esquema y la estructura de nuestros noticieros? ¿La inseguridad de cada día y el infortunio, la tragedia, inesperada, el incendio de la casa, el choque en la ruta, el choque en la calle. ¿Cuánto tiempo lleva?".
A continuación, se detuvo en el funcionamiento del sistema penal y su lógica fundacional, asociada a una idea de enemigo social: "¿El derecho penal y las cárceles fueron pensadas para hacer justicia en la sociedad o fueron pensadas también en base al esquema que en la sociedad hay un sector peligroso para el conjunto? El derecho penal y los tipos penales están configurados sobre la base del enemigo, que siempre es de la gente de baja condición".
En ese mismo sentido, identificó cómo este sistema se enfoca selectivamente en un grupo social específico, al que se le asigna el lugar del enemigo público: "¿Quién es el enemigo público número uno ahora? Los jóvenes, y los jóvenes de cierta característica".
Más adelante, se refirió a la realidad del sistema carcelario en Argentina, poniendo el foco en la población que lo habita y en las condiciones de detención: "Y las cárceles nuestras, en el noventa y cinco por ciento, quienes la habitan, jóvenes entre dieciocho años y treinta y cinco años, ¿no es así? Y las cárceles, ya que usted hablaba de tortura, la primera tortura no es la cárcel. Antes de ninguna tortura, ¿qué es? La superpoblación de las cárceles".
Cuestionó el verdadero propósito de estas acciones represivas y su impacto real en los barrios: "Que en el fondo, vos decís, vienen a proteger o vienen a hacer control sobre la gente, ¿y vienen a qué? Por ejemplo, yo me pregunto este detalle nomás: Gendarmería ahí en las vías del ferrocarril entre Paraná y Felipe Moré, permanentemente, ¿es disuasoria de qué? ¿Qué hace Gendarmería ahí? ¿Cuánto le sale a la ciudad eso?".
Desde una mirada estructural, propuso redirigir el foco hacia las políticas públicas de base: "Y me pregunto cuáles son las políticas económicas y sociales para que haya un poco más de justicia y entonces la gente no sea peón del narcotráfico ni consuma y se haga bolsa".
A su vez, convocó a pensar de forma crítica el rol del sistema educativo en la reproducción de las desigualdades: "¿Cuál es la política económica y social y educativa que favorece que los muchachos no dejen el secundario? ¿Cómo es la reforma, la refundación de la escuela primaria para que los chicos no tengan tantos problemas de aprendizaje en nuestros barrios?".
Y cerró celebrando el espacio de debate abierto por el informe y su presentación: "Todas son preguntas que tenemos que hacernos. Bienvenidos que acá en la universidad se pueda dialogar de esto".
El problema es cultural
Desde su experiencia comunitaria, Naporichi denunció: "Hay muchos jóvenes en las comunidades indígenas que son perseguidos por la Policía por no tener documentos, son golpeados". A partir de esa situación concreta, sostuvo que "la verdad que hoy en día la justicia necesita una perspectiva indígena también".
Más adelante, puso en duda el compromiso real de la clase política con los sectores históricamente marginados: "Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué también cumplen los legisladores locales y provinciales? ¿Intereses políticos o intereses sociales? Esa es la pregunta que nos debemos hacer".
Con tono crítico y directo, subrayó que esta tensión entre intereses políticos y derechos fundamentales es una realidad que los pueblos originarios padecen a diario: "Y lamentablemente nosotros, como pueblos indígenas, lo debemos decir, lo vemos a diario, a mi entender. Que muchas veces juegan los intereses políticos sobre los derechos de los indoafro argentinos. Pesan más los intereses políticos que los ideales, que los derechos. Y eso se ve diariamente, y eso se vio en la Convención Constituyente".
Sobre el cierre, Naporichi advirtió sobre el riesgo de que estas discusiones no se traduzcan en acciones concretas: "La verdad, yo creo que esto podemos hablar muchísimo, pero si a la práctica no lo hacemos, la verdad no tiene sentido. Porque es como hablarle al viento. Y esto lo digo por experiencia, y no es la primera vez que lo escucho".
Finalmente, retomó las preguntas planteadas por otros oradores, conectando su reflexión con el debate más amplio sobre el rol de los medios y el sistema político: "Y repito, la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué papel cumplen los medios pasivos en esto? ¿Qué papel cumplen los legisladores provinciales y locales si juegan a los intereses políticos? Y esto que tiene que ver con la justicia, que es lo que acaba de decir hoy el compañero. ¿O si juegan para los intereses sociales o los intereses del pueblo? Porque ¿quién dice como un sabio alguna vez que el origen de la democracia es la voluntad del pueblo?".
Estamos todos atravesados por estas subjetividades
Con claridad, Crespo planteó que "el neoliberalismo, sabemos perfectamente que no es un gobierno, pero estamos todos atravesados por esas subjetividades". Desde esa perspectiva, relató una contradicción que observa con frecuencia en distintos ámbitos: "En muchas ocasiones, compañeras y compañeros con los que marchábamos, en marcha de protesta los veinticuatro de marzo y demás. Al otro día, cuando he tenido muchas instituciones de una guardia, se transforma en un energúmeno que rechazan y maltratan a otros sujetos racializados, o por la causa que sea".
Al señalar que esta tensión va más allá de los gobiernos de turno, Crespo advirtió que "más allá de quién esté gobernando, las características, estamos metidos en un gran problema de nuestras subjetividades".
En ese sentido, llamó a asumir una responsabilidad personal y colectiva frente a estas contradicciones: "Con las cuales creo que tenemos que poder lidiar y, en primer lugar, hacer ese esfuerzo cada una, cada uno de nosotros".
Seguridad es vida con dignidad
"Bueno, yo creo que eso de la paz para quién tiene mucho que ver con la pregunta de seguridad. ¿Qué entendemos por seguridad? ¿Seguridad para quién?", planteó de entrada. Y agregó: "Es decir, nosotros, incluso todos, tomamos el concepto de seguridad hablando solo de la policía y del aparato represivo. En realidad, por ejemplo, para la PDH la seguridad es otra cosa".
Desde una visión social del derecho, sostuvo: "Partiendo de la base de que la sociedad es dividida en clases, seguridad e inseguridad nunca es lo mismo para cada quien. Entonces nosotros decimos, para nosotros seguridad es que un chico tenga comida, que tenga salud, que tenga educación, que tenga sus padres en su casa todo el tiempo posible con esos muertos que tuvimos hace 100 años por las 8 horas de trabajo y demás. Seguridad es eso, es la vida con dignidad, es la vida con posibilidades".
En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias dramáticas de las políticas represivas en los territorios populares: "Es una de las cosas que nosotros vemos ahora y lo que genera todo este horror de la represión salvaje en los barrios. Allí lo decían, yo creo que el informe está hecho muy seriamente, está con gente genuina, con gente que vive la desesperación".
Ríos retomó parte del contenido del informe para resaltar una situación especialmente dolorosa que se da en los sectores más empobrecidos: "Ellos le decían, bueno, ¿qué pasa? Que por ahí están tomando, creo que uno de los disertantes dijo, lo atendemos, qué sé yo, y después al otro día si te tiene que pegar, te pega. Porque en realidad las familias están divididas, entre la mitad son policías y la otra mitad, qué sé yo, con suerte trabajadores. Y esto es un drama cotidiano".
Sin embargo, fue clara al señalar que esa supuesta "paz" que se presenta como objetivo de las políticas públicas no es para todos: "Entonces la paz se busca para alguna gente que desarrolla tranquilamente sus negocios. Y el caso de los narcos es uno".
Ríos denunció con firmeza los vínculos entre sectores del poder y el narcotráfico: "Digo, acá cuando dicen hay menos muertos, acá lo que hay son arreglos de la política para que no los jodan. Si pagan, todos sabemos que la plata de los narcos va a la política, a las grandes inmobiliarias, etc. No queda en el pobre y infeliz del barrio, que necesariamente tiene que ser parte de eso, porque de última es una mercancía como cualquier otra para vender, y son los que ponen los muertos, los presos, etc. A nosotros nada".
Desde esa mirada, valoró el enfoque del informe: "Entonces, la paz... creo que hacen un buen análisis de eso. Nosotros sufrimos las 24 horas del día. Hay barrios distintos. Yo vivo en un barrio muy popular, muy de trabajadores, y obviamente no vivimos tanto esos problemas, pero entiendo que están hablando de barrios un poco más marginales".
Finalmente, remarcó el crecimiento desordenado y desigual de la ciudad, con sus consecuencias sociales: "Rosario está cada día más extendida, más grande, más dolorosa, porque se extiende sin agua potable, se extiende sin cloacas, se extiende sin pavimento, se extiende sin luz, se extiende sin trabajo".
Y cerró con una valoración clara del trabajo presentado: "Pero me parece que creo que lo fundamental es que es muy serio este trabajo que están haciendo, y muy importante que por lo menos se ponga sobre el tapete".
Los jóvenes son los más perseguidos
Desde esa mirada, advirtió que actualmente en Rosario se están consolidando nuevas formas de acuerdo social que merecen ser cuestionadas: "Hoy en la ciudad hay pactos, nuevos pactos, nuevos acuerdos y una nueva construcción de los sujetos sociales".
López señaló que las políticas actuales de seguridad no son responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, sino el resultado de una serie de decisiones compartidas: "El gobernador Maximiliano Pullaro, digamos, por un lado, quiero decir que fueron todos los partidos políticos que modificaron los cambios que hoy rigen en materia de persecución penal, en materia de leyes de protección a niños, niñas y adolescentes".
Sin embargo, remarcó que la forma en que se implementan esas políticas sí corresponde al actual gobierno provincial: "Este gobierno es responsable de decidir llevar adelante, con Pullaro como conducción y Pablo Cococcioni como ministro de seguridad, lo que es la persecución a los jóvenes, la persecución a los perfiles de la pobreza".
Desde el Observatorio de Violencias por Motivos de Género 'Mercedes Pagnutti', del que forma parte, trabaja directamente con jóvenes en instituciones educativas: "Recorremos mucho las escuelas, y, sobre todo, lo que significa escuchar a los pibes y darles herramientas, porque ya saben qué les van a revisar, qué les preguntan, dónde los paran y cómo los coerciona la policía a los más jóvenes".
En cuanto al sistema penitenciario, denunció el creciente cierre del acceso a espacios de control y acompañamiento por parte de legisladores y organismos de derechos humanos: "Nosotros, como políticos y legisladores de la ciudad, nos cuesta muchísimo ingresar al sistema carcelario. Este año pudimos ingresar —perdón, el año pasado— a la cárcel de mujeres, cuando antes lo hacíamos más habitualmente, incluso en lo que era el gobierno de Miguel Lifschitz, cuando Pullaro era ministro de seguridad".
Señaló también que las condiciones de vida dentro de los penales se han endurecido: "Ahora es muy difícil ingresar, viven castigadas, tienen, digamos, algunos sistemas —por ejemplo— no les permiten hacer talleres. Eso es muy cruel".
Finalmente, advirtió sobre un fenómeno que considera alarmante: el modo en que la crisis social puede llevar a ciertos sectores a tolerar o incluso justificar la violencia estatal: "Creo que el empobrecimiento de la sociedad hace que algunos sectores admitan prácticas violentas de parte de los gobiernos".
¿Qué hacemos ahora, si ya ganamos el fallo y lo hacen igual?
Marasca explicó que la modificación de esa norma introdujo una nueva figura que abrió la puerta a una interpretación arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad: "La modificación de esa ley incorporó una facultad policial con una relación también bastante difícil, ¿no? De detenerte si no podía identificarte, digo, si había resistencia a ser identificado, dice la ley, pero la policía empezó a interpretar eso como no tener DNI encima".
Esto derivó rápidamente en una escalada de detenciones irregulares: "Entonces, empezamos a tomar conocimiento de la existencia de una gran cantidad de detenciones diarias. Por diez días pasamos de menos de diez a más de cien por día, entre los meses de junio y julio del año pasado".
Frente a esa situación, iniciaron un proceso de litigio: "A partir de ahí empezamos un litigio para declarar la ilegalidad de esa interpretación de ese artículo, que culminó en diciembre […] con un fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario, declarando ilegal esa forma de interpretar el artículo. Todo lo cual parecía que es un cuento que termina bien, ¿no? Digamos, litigamos y ganamos, y la policía no puede detenerte por no tener DNI".
Sin embargo, advirtió que el problema persiste: "Lamentablemente, sigue pasando. ¿Por qué sigue pasando? Porque la policía aprendió a cómo hacerlo, y que nos cueste mucho declararlo ilegal".
Frente a ese escenario, comenzaron un trabajo territorial activo para entender lo que sucedía después del fallo judicial: "En ese momento es que empezamos a realizar las reuniones en los barrios y empezamos a conocer qué pasaba después del fallo, y, a partir de ahí, empezar a pensar en acciones de prevención, de sanción y de reparación a partir de esa realidad que no estaba apareciendo".
Y se preguntó, como lo hacen quienes trabajan en terreno: "¿Y ahora qué hacemos? Porque ahora el fallo ya lo ganamos, esto no se puede hacer, y lo hacen igual. ¿Y ahora qué hacemos?".
Desde esa experiencia, reconoció que el trabajo jurídico debe estar anclado a lo territorial: "Cada vez que volvíamos a la defensa, nos volvíamos con la idea de, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo revertimos este proceso? Y empezamos a pensar —ahí seguimos hoy trabajando todos los días— en nuevas estrategias para revertir esta situación en el caso concreto".
Una de esas estrategias, explicó, es la del litigio caso por caso: "Ahora litigamos uno por uno, cada habeas corpus individual, en cada caso en donde lo hayan detenido solo por no tener DNI".
Y cerró con una afirmación contundente sobre el rol que debe asumir la defensa pública: "La defensa no puede aislarse en discusiones jurídicas tan alejadas de lo que pasa en el territorio, y la única forma de conocer lo que pasa es que los que están ahí te lo cuenten. Y la única forma de que te lo cuenten es estando al alcance, estando presente, siendo una cara reconocible que responda cuando te llaman y que te conteste los mensajes, y que haya ida y vuelta en ese quehacer cotidiano de enfrentar la violencia".
El Obrador: "una primera escucha" y construir redes de cuidado
Destacó la importancia de generar confianza y abrir espacios para que los chicos puedan compartir sus experiencias: "pudieron charlar bien y contar un montón de experiencias que por ahí nosotros ya sabíamos, pero que estaba bueno que las pudieran poner en común y aparte para escucharse entre todos porque me parece que las mejores estrategias se construyen en conjunto".
En relación a la violencia institucional, contó cómo surgen estrategias prácticas para cuidarse y crear redes de contención: "a un joven se lo llevaron saliendo del taller de carpintería del Obrador, pero podés decirle: ‘Mirá, estoy saliendo del taller, del Obrador, me voy a mi casa’… no ponerse de punta diciendo ‘mis derechos son estos’, pero sí, por lo menos, dejar claro desde dónde venís, o que hay otra gente que sabe que saliste de ahí y no llegaste a tu casa".
Resaltó la relevancia de la solidaridad y la comunidad entre los jóvenes: "hacer esa red que también muestre que uno no está solo, y entonces no pueden hacer cualquier cosa con uno… lo pensaba como una forma de atenuar un poco la situación".
Finalmente, valoró la labor de los espacios culturales para generar convivencia y nuevas formas de relacionarse: "una de las cosas que pensamos es cómo convivir, cómo poder encontrar maneras de convivir donde podemos escuchar entre todos y armar algo nuevo".
Entre talleres, comunidad y resistencia frente a la represión
Desde su mirada, relató las violencias cotidianas que viven los jóvenes en los barrios: "Me llaman y me dicen: ‘Nicky, tuve que colaborar porque estaba andando en bici, y la bici podía ser presuntamente robada porque mi amigo tiene un tatuaje’". Describió situaciones de hostigamiento policial, represión y estigmatización que —dijo— "se vuelven comunes, se suman al hambre y al dolor de nuestros territorios".
Frente al discurso de una "Rosario pacificada", cuestionó: "¿Paz para quién?". Y advirtió que "esa paz no muestra lo real: cómo se vive en las cárceles, en los barrios, o por qué un nene de 16 años termina golpeado dentro de la chata de un policía". Vinculó estas prácticas al "Plan Bandera" y a "una política de represión cada vez más fuerte".
Recordó los talleres donde, junto a abogados y vecinos, aprendieron herramientas para enfrentar estas situaciones: "Nos decían: ‘No deberían llevarte, pero te van a llevar igual’". Subrayó el valor de esos espacios para acompañar a los pibes y a sus familias, "porque lo padece una familia entera, no solo el pibe".
Finalmente, destacó el trabajo de Casa Pueblo, espacios comunitarios de acompañamiento a jóvenes y personas con consumos problemáticos. Allí —contó— "los más golpeados, los que el sistema descarta, están adentro, haciendo música, cocinando, rapeando". Desde esos lugares, afirmó, buscan construir comunidad y dignidad:
"La calle tiene que ser un lugar que podamos transitar, un lugar que sea para todos. Porque lo lindo, lo bueno, también nos pertenece".
El narco se mete en la vida cotidiana de los barrios
"Estamos instaladas ahí en el barrio hace tres años. Vemos cómo avanza el narconegocio y se expande hacia nuestras vecinas, nuestros vecinos y los pibes y las pibas del barrio", afirmó. En ese marco, describió el impacto de estas redes en la vida cotidiana de las familias: "Las Flores es un barrio focalizado, donde tenemos mucha policía. Si bien trabajamos entre las instituciones y las organizaciones, vemos cómo ese narconegocio también se dispara hacia un montón de lugares".
Remarcó que no se trata solamente de narcomenudeo, sino de la consolidación de estructuras que ocupan un rol creciente en la economía informal del barrio: "No solamente es el narcomenudeo, que hace que entre algún dinero hacia las familias, sino que terminan siendo los prestamistas del barrio, los que tienen las tarjetas de las mujeres empeñadas. Y no solo es para el consumo, sino para la vida diaria".
Marisa denunció que la exclusión territorial —marcada por la falta de servicios públicos básicos— deja a los barrios aún más expuestos a estas dinámicas: "Van tomando un protagonismo altísimo, sobre todo en esos barrios donde nos sentimos que estamos excluidos de la ciudad. Porque si no te entra el bondi, llega un horario y no tenemos transporte, no tenés dónde cargar una tarjeta, no todo el mundo tiene acceso a un teléfono con Internet".
Explicó que muchas veces, incluso la conectividad depende de la presencia de espacios comunitarios: "Los vecinos a veces van a los dispositivos, donde ya tienen las contraseñas y pueden comunicarse desde ahí".
En ese contexto, el narconegocio va ocupando lugares que el Estado no cubre: "El avance narco se nota en el negocio, en cómo las familias, que su economía está muy mal —y sobre todo en este momento— recurren a ellos, no solamente los pibes y las pibas para el consumo, sino familias para un gasto extra, para avanzar algo en su casa, para ponerse un pequeño negocio. Entonces, terminan siendo los prestamistas".
Pero ese acceso a recursos también tiene consecuencias: "Ponen en peligro, porque después, si no pudiste pagar, si no pudiste juntar, te invaden la casa, te saquen las cosas que tenés". Marisa compartió el caso de una compañera de la red: "Tuvo que pedir para alquilar en otro lado, y después, como no pudo pagar a tiempo, le sacaron el televisor, que es un montón, porque tiene sus hijos".
Así, denunció una estructura narco que no solo avanza por la vía del consumo, sino por medio del control económico y territorial: "Sí vemos ese narconegocio que avanza de diferentes formas, no solo en el consumo y en el narcomenudeo, sino que se van apoderando de diferentes necesidades de los vecinos y las vecinas. De eso no se habla".
Finalmente, subrayó que el impacto más fuerte lo sufren las mujeres, que en estos contextos de crisis y abandono estatal, cargan con las mayores responsabilidades: "Las mujeres son las más golpeadas, porque es la que está al cuidado y es la que tiene que dar de comer, la que tiene que vestir, la que tiene que llevar a la escuela. Entonces, siempre son las mujeres las que empeñan sus tarjetas. No solo por el consumo, sino para ir sobreviviendo".
Nos vigilan, pero hay otra vigilancia más arriba
"Una reflexión que estuve leyendo estos días, que era la reflexión del panóptico. No sé si lo conocen. El panóptico está en una cárcel. Seguramente lo habrán visto mis compañeros en algunos documentales de gente que está en cana", comenzó señalando.
Explicó luego el concepto al que hacía referencia: "El panóptico es la cárcel gigante donde tiene una torre en el medio y montones de torres hacia los costados. O sea, Foucault —que es un filósofo, un polémico— describe cómo el poder funciona en la sociedad moderna. Dice que lo hace a través de un sistema de vigilancia".
Amarillo retomó la idea foucaultiana como una clave para pensar la estructura del control social actual: "Ese panóptico lo define como una forma de poder donde el que vigila ve a todos los que están presos y los presos no lo ven".
Finalmente, reflexionó sobre la vigencia simbólica de esa figura: "Entonces pensaba yo: nosotros estamos viendo que nos están vigilando, pero en realidad hay otra vigilancia que hay que ver, que seguramente está mucho más arriba, que seguramente es la que está pensando la forma de seguridad para que el pueblo no se despierte".
Si conocés tus derechos, te pegan igual
"La falta de conocimiento en los barrios populares es tremenda —comenzó diciendo—, y a veces hacer valer nuestros derechos o que nos respeten... Al no conocer nuestros propios derechos, quedamos vulnerados ya de por sí. Como decían, la calle es para todos, no solamente para algunos".
Zenas subrayó el impacto que produce el miedo cotidiano en estos territorios: "Imaginate si aquellos que tienen conocimiento tienen temores, aquellos que viven en los sectores, en los barrios populares, el miedo es tremendo".
Recordó, además, cómo las violencias institucionales son moneda corriente en el barrio: "Nosotros fuimos los que más preguntamos por muchas violencias institucionales que sufrimos. Nosotros no tenemos derecho ni siquiera a decir: disculpá, ¿tenés un papel de allanamiento para entrar a mi casa? No. Estás durmiendo con tus hijos, te patean la puerta, te golpean, te rompen todo, se van como si nada. Se llevan las cosas que están adentro —que fue una de las cosas que había pasado—. La misma policía se llevó plata de la casa. ¿A quién le reclamás? Si en el operativo no te mostraron un papel que decía qué comisaría es".
La indefensión frente a las detenciones arbitrarias también fue parte de su relato: "O cuando agarran a los pibes en los comandos radioeléctricos, ¿a qué comisarías denunciás? ¿Qué hacés?".
Sin embargo, destacó la importancia del conocimiento de derechos como herramienta de defensa y organización: "Nos sirvió muchísimo esto de decir y reconocer: tenés derecho a decir, bueno, listo, no tengo DNI, o está en trámite".
Y recordó un caso concreto que lo demuestra: "El conocimiento le llevó a uno de los chicos del barrio, que hoy vino a la charla —está por ahí Gonzalo— a plantarse con el comando, a decirle: mirá, flaco, no tengo DNI, pero recién me soltaron. Por decir 'yo reconozco mi derecho', porque a mí un abogado me dijo. Ah, ¿sí? ¿Conocés tu derecho? Bien, lo levantaron igual, lo cagaron a palos, solo por el simple hecho de decir 'yo reconozco mi derecho'".
Relató que esto no fue un caso aislado: "Después no fue Martero, fue Santiago. Lo agarraron a Santiago, le dijeron: 'Varón, ustedes nos dijeron que era nuestro derecho', y me levantaron y me cagaron a palos. Y ahora dicen: 'Caray, yo no fui, fue Marcelo, los vi yo'".
Zenas fue clara al señalar la raíz del problema: "Ellos están en todo conocimiento de los derechos que tenemos. Ahora está en las autoridades policiales, que son quienes tienen que hacer valer nuestros derechos civiles y respetarlos, a querer cumplir nuestro derecho. Hacerlo valer".
Lee el informe:
Fotos: Cristian Maio
Fuente: Señales, Aire Libre, Radio Comunitaria
