En este último sector, su principal activo es el Grupo América, propietario de canales como América TV y A24 en Argentina. En su cartera también figura la cadena Telefe, participación que mantiene en sociedad con Gustavo Scaglione, Daniel Vila y Claudio Belocopitt —sus socios en América—, además de radios locales y diarios como El Cronista.
viernes, 12 de diciembre de 2025
España: José Luis Manzano se posiciona como inversor clave en la nueva Televisión Digital Terrestre
En este último sector, su principal activo es el Grupo América, propietario de canales como América TV y A24 en Argentina. En su cartera también figura la cadena Telefe, participación que mantiene en sociedad con Gustavo Scaglione, Daniel Vila y Claudio Belocopitt —sus socios en América—, además de radios locales y diarios como El Cronista.
Telefe presentó su propuesta 2026 con nuevos formatos, figuras y una estrategia multiplataforma potenciada
Conducido por Iván de Pineda y China Ansa, el encuentro reunió a varias de las personalidades más reconocidas de la pantalla: Santiago del Moro, Wanda Nara, Marley, Vero Lozano, Rodolfo Barili, Lizy Tagliani, Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, Sofía Martínez, La Tora Villar y Grego Rosello, entre otros. La presencia masiva del talento del canal selló una presentación atravesada por anuncios estratégicos y el relanzamiento de marcas históricas.
El encuentro, que contó con la asistencia de clientes y partners estratégicos, se convirtió en una vitrina para presentar tres grandes novedades: la colaboración con el canal de streaming Olga para realizar la versión argentina de El Hormiguero, el regreso del icónico docu-reality musical Popstars, y la primera producción vertical de ficción del canal, protagonizada por Wanda Nara y Maxi López interpretándose a sí mismos en situaciones de humor y conflicto detrás de cámaras. Estas iniciativas reflejan, según explicaron los directivos de Telefe, la intención de combinar la tradición de la marca con formatos innovadores adaptados a los consumos digitales.
Darío Turovelzky, CEO del canal, resumió la filosofía que guía la propuesta de 2026: "La propuesta para el 2026 reafirma la evolución de Telefe, sin abandonar lo que define nuestra identidad y liderazgo hace 35 años: contar historias que conectan, que generan conversación en las audiencias. En un mercado en constante movimiento, esa capacidad de generar vínculo real, detener y atraer la mirada, es lo que nos permite seguir creciendo y sumar a nuestros socios".
En materia deportiva, Telefe se prepara para cubrir la Copa Mundial FIFA 2026, con una estrategia multiplataforma que incluye transmisiones en vivo, contenido exclusivo y coberturas especiales desde el sorteo de grupos que comenzó el pasado 5 de diciembre. La propuesta incluirá también la transmisión de los mejores partidos de la CONMEBOL Libertadores, consolidando la oferta de contenidos deportivos premium con foco en los equipos argentinos.
El evento también sirvió para anticipar la celebración de los 10 años de "Corta por Lozano", repasando el recorrido del ciclo y adelantando nuevos desafíos para 2026, así como para reafirmar el liderazgo de sus cuatro ediciones de noticias, reconocidas nuevamente como las más confiables del país según el ranking de la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters.
Telefe confirmó además la realización de los principales eventos de la industria: los Premios Martín Fierro, el Martín Fierro de la Moda, el Martín Fierro de canales de streaming y los Premios Ídolo, reforzando la presencia del canal en los espacios de alta visibilidad y relevancia multiplataforma.
Con esta propuesta, Telefe encara 2026 consolidando su liderazgo histórico y ampliando su ecosistema de contenidos, que combina entretenimiento, deportes, información, ficción y realities con nuevas narrativas digitales. La marca busca mantener su conexión con audiencias cada vez más activas y ofrecer a los anunciantes oportunidades de integración y visibilidad reales, reafirmando su identidad y su capacidad de innovar en un mercado en constante transformación.
jueves, 11 de diciembre de 2025
Una reforma laboral que amenaza un siglo de derechos para quienes trabajan en la actividad periodística
El Sindicato de Prensa Rosario expresó su rechazo firme al proyecto de ley de reforma laboral, al considerar que promueve una mayor precarización y un marcado retroceso en los derechos conquistados por las y los trabajadores. Según la entidad, la propuesta "apunta a un país con trabajadores sin derechos".
La organización afirmó que continuará defendiendo los estatutos del periodista profesional y del personal administrativo de empresas periodísticas, así como los convenios colectivos y el derecho inalienable a un trabajo digno, con pleno respeto a la libertad de expresión.
En el comunicado, se recordó que la historia del sindicato da cuenta de una lucha sostenida para preservar las fuentes laborales, garantizar salud a través de la obra social y ofrecer servicios a sus afiliados. “"No vamos a permitir que borren estas conquistas", señalaron.
El gremio advirtió además que la reforma presentada implica un escenario de sometimiento laboral que retrocede varias décadas y debilita de manera deliberada la capacidad sindical para defender a trabajadoras y trabajadores, cuya fuerza se basa en la negociación colectiva y la movilización.
Finalmente, el Sindicato de Prensa Rosario reafirmó su confianza en sus principios, en la unidad del sector y en la acción conjunta con otras organizaciones, reiterando su posición de rechazo a la reforma laboral.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa sostiene que es una regresión de un siglo
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y los sindicatos que la integran expresaron su profunda preocupación frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Según señalaron, la iniciativa representa "una regresión de un siglo" en materia de derechos y conquistas obtenidas por generaciones de trabajadoras y trabajadores.
El documento recuerda que, a pocos días de asumir, el gobierno presentó su plan de “modernización laboral”, concepto bajo el cual —según el análisis gremial— se oculta un programa regresivo que ya tuvo una aplicación parcial mediante la Ley Bases y que ahora pretende ser profundizado. De aprobarse, advierten, la vida laboral de quienes trabajan, con o sin registro formal, sería más precaria y desprotegida, afectando tanto a los nuevos ingresos como a quienes ya ejercen el oficio.
El gremio alertó especialmente sobre el impacto del proyecto en la actividad periodística. La iniciativa, sin debate previo, propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas, ambos pilares vigentes desde hace ocho décadas. Estas normas, explican, garantizan estabilidad laboral, permiten intimar a empleadores ante irregularidades y ofrecen mejores condiciones para negociar sin necesidad de acudir a la justicia. También constituyen una protección esencial para ejercer la libertad de informar frente a presiones políticas y económicas.
Asimismo, la federación cuestionó que el proyecto deroga artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y elimina gravámenes que sostienen a medios públicos, comunitarios y pequeñas empresas del sector. Esta decisión, remarcan, beneficia doblemente a los grandes grupos mediáticos: les quita derechos a sus trabajadoras y trabajadores y los libera de impuestos destinados a asegurar un sistema informativo plural y democrático. A la vez, recuerdan que estas mismas empresas impulsan la flexibilización mientras evitan discutir en paritarias cuestiones como la regulación de la inteligencia artificial, el teletrabajo y las nuevas funciones.
La declaración también denuncia que esta ofensiva avanza sin debate real, ya que en los últimos años ni el gobierno ni las empresas de medios promovieron conversaciones sobre la vigencia o actualización del Estatuto del Periodista.
La federación enmarca esta situación en un contexto más amplio de pérdida de poder adquisitivo, señalando que la devaluación inicial del gobierno significó una transferencia de recursos desde quienes trabajan hacia los grandes grupos económicos.
Finalmente, la organización llamó a fortalecer la unidad y la acción conjunta con otras centrales sindicales para defender el derecho a contar con derechos laborales. Anunció que continuará la lucha en el Congreso, en la Justicia y en las calles, y convocó a trabajadoras y trabajadores de prensa a participar, afiliarse y frenar la reforma laboral.
APeRA rechaza la derogación del Estatuto del Periodista incluida en la reforma laboral
La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) expresó hoy su rechazo y oposición a la decisión del Gobierno nacional de derogar el Estatuto del Periodista, norma que establece el marco regulatorio para el ejercicio profesional en medios de comunicación.
La medida forma parte del proyecto de reforma laboral enviado al Senado este miércoles. Según la asociación, la decisión fue tomada de manera "intempestiva e inconsulta", sin convocar a los distintos sectores afectados.
El Estatuto del Periodista rige desde 1946 y, aunque APeRA reconoce la necesidad de actualizarlo, subraya que en democracia resulta fundamental que participen todos los involucrados y no solo el Poder Ejecutivo.
La comisión directiva de la asociación instó además al presidente Javier Milei a reflexionar sobre la medida y a buscar consensos, recordando las críticas públicas que ha hecho hacia el periodismo.
"Llamamos a un diálogo amplio por el bien de la República y de la profesión periodística", concluye el comunicado.
Rechazo al proyecto de reforma laboral y a la avanzada represiva contra la prensa
La Mesa Sindical de las Comunicaciones de Córdoba manifiesta su más enérgico rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Esta iniciativa profundiza el rumbo iniciado con el DNU 70/23 y la Ley Bases, avanzando sobre las instituciones laborales, destruyendo derechos históricos de les trabajadores y beneficiando de manera exclusiva a los grandes grupos empresariales.
Pero este no es solo un ataque al mundo del trabajo: se trata de una ofensiva directa y grave contra la comunicación, la cultura y el periodismo, pilares esenciales de la democracia y la soberanía popular.
En primer lugar, el proyecto propone la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) y de la Regulación del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas (Ley 13.839). Esta decisión atenta directamente contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a las fuentes, vulnerando garantías constitucionales fundamentales. Desregular el periodismo es desproteger a quienes informan y habilitar mecanismos de censura indirecta y disciplinamiento.
En segundo término, la iniciativa elimina un capítulo completo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), suprimiendo los gravámenes que hoy sostienen el financiamiento de la cultura y la comunicación pública. Se verían afectados:
- el INCAA (25%),
- el Instituto Nacional del Teatro (10%),
- RTA (20%),
- la Defensoría del Público (5%),
- los proyectos especiales de comunicación audiovisual (10%),
- y el Instituto Nacional de la Música (2%).
La comunicación y la cultura no son mercancías: son herramientas estratégicas para construir soberanía, identidad y democracia.
Por estas razones, los gremios nucleados en la Mesa Sindical de las Comunicaciones de Córdoba —SATSAID, UOGC, AATRAC, SUTEP y CISPren— llamamos a la sociedad a defender la democracia y a organizarnos colectivamente para frenar este avasallamiento a los derechos conquistados.
Mesa Sindical de las Comunicaciones de Córdoba
SATSAID – Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos
UOGC – Unión Obrera Gráfica Cordobesa
AATRAC – Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones
SUTEP – Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines
CISPren – Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) advirtió que la intención del Gobierno nacional de derogar el Estatuto del Periodista Profesional, incluida en el proyecto de reforma laboral, constituye un grave ataque a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada.
En diálogo con Radio La Torre, de La Rioja, su presidente, Sebastián Vricella, afirmó que "después de tantos años resulta inviable eliminar una norma que garantiza derechos laborales y protege la libertad de expresión, obligación expresa de la Constitución Nacional". Para ARGRA, esta medida no es aislada, sino parte de un proceso más amplio de disciplinamiento y control de la información.
"Este ataque se complementa con la represión directa a trabajadores y trabajadoras de prensa en la calle. Somos blanco de agresiones por mostrar la realidad", sostuvo Vricella, señalando la creciente violencia estatal durante coberturas de manifestaciones.
En ese marco, destacó el caso de Pablo Grillo, joven fotógrafo y exestudiante de la escuela de fotoperiodismo de ARGRA, gravemente herido el pasado 12 de marzo por un disparo fuera de protocolo mientras trabajaba. "Lo de Pablo fue una bisagra. Todavía lucha por su vida. Denunciamos este hecho a nivel nacional e internacional y acompañamos a su familia en cada instancia", afirmó, recordando que desde la sede de ARGRA se exigió la renuncia de la entonces ministra de Seguridad por su responsabilidad política.
La derogación del Estatuto del Periodista, remarcó, dejaría a los trabajadores de prensa "librados al mercantilismo, sin herramientas para defender sus condiciones laborales", facilitando el control de la circulación informativa. "Las imágenes de la represión son irrefutables. Por eso quieren silenciar a quienes documentan el abuso del poder", subrayó.
Vricella también alertó sobre la intención oficial de reemplazar el trabajo periodístico por contenidos generados con inteligencia artificial, como parte de un intento de construir "un relato no real". "No lo vamos a permitir. La democracia necesita información verdadera y periodistas con derechos", afirmó.
Desde diciembre de 2023, ARGRA articula acciones junto a FATPren, CELS, sindicatos de prensa y organismos de derechos humanos, presentando denuncias en los planos legislativo, judicial e internacional. "Vamos a seguir dando esta pelea en todos los ámbitos", aseguró.
Finalmente, confirmó la participación de ARGRA en las movilizaciones frente al Congreso y concluyó: "Los verdaderos trabajadores de prensa son quienes están en la calle informando lo que pasa. Defender el Estatuto es defender el derecho de la sociedad a saber".
lunes, 8 de diciembre de 2025
Una foto, una vida y una lucha que sigue: entre el estigma mediático y la resistencia
La Corte Suprema, que mantiene una afinidad notoria con las reformas impuestas en tiempos de Mauricio Macri, volvió a inclinar la balanza hacia ese lado. El jueves pasado, sus tres integrantes —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— ratificaron la constitucionalidad de la cuestionada Ley 27.426. Aquella Reforma Previsional que, en diciembre de 2017, se sancionó al calor de muchas protestas y bajo una represión feroz al mando de Patricia Bullrich.
En ese marco, el caso de Sebastián Romero emergió como un verdadero paradigma. Así lo planteó en su momento en Señales Sergio Smietniansky, abogado de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, quien afirmó dos puntos esenciales en toda causa judicial: esclarecer cómo sucedieron los hechos y determinar si pueden tipificarse como delito. Bajo esas claves, decía, lo de Romero revelaba la profunda asimetría entre la protesta social y la maquinaria penal del Estado.
Smietniansky explicaba que Romero era delegado gremial de la automotriz General Motors en Rosario y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU). Había concurrido, junto a miles, a la Plaza de los Dos Congresos el 18 de diciembre de 2017 para repudiar un proyecto que dañaba directamente a jubilados y jubiladas: la Reforma Previsional del gobierno de Mauricio Macri. Y en ese día, en ese instante donde se cruzaron el ajuste y la represión, la imagen de Romero se viralizó: pasaba a ser, sin buscarlo, "El Gordo Mortero".
Sebastián retomó el hilo años después desde el micrófono de Aire Libre Radio Comunitaria, agradeciendo el espacio y la difusión de las luchas del movimiento obrero. Él mismo se presenta para quienes no lo conocen: Sebastián Romero, el gordo del mortero, figura estigmatizada por los grandes medios tras aquella jornada del 18 de diciembre.
Relata que ese día enfrentó la represión estatal con lo que tenía a mano: un palo con un mortero de pirotecnia, herramienta habitual de las movilizaciones para hacer ruido. Pero la escena fue convertida por los medios en símbolo de violencia, ocultando —según él— la violencia principal: la del Estado que buscaba imponer un ajuste sobre quienes menos tienen.
Cuenta que llegó a la plaza con un mandato de base. Era obrero de General Motors, parte de los trescientos trabajadores suspendidos y luego despedidos, en un momento en que —denuncia— los sindicatos no estaban defendiendo la lucha. Se reorganizaron: hicieron asambleas masivas, paralizaron la planta, sostuvieron un plan de lucha por los puestos de trabajo. Y así, desde ese proceso de organización, llegaron a la movilización del 18.
Pero la imagen viral terminó siendo arma política. Romero pregunta, casi con indignación cansada: ¿por qué aún hoy, años después, los medios y ciertos partidos siguen usando su imagen para campañas? La respuesta que propone es clara: porque buscan estigmatizar la protesta y al mismo tiempo infundir miedo. Criminalizan su figura para criminalizar la resistencia social.
Y trae el presente: el gobierno de Javier Milei profundizando el ajuste —en discapacidad, en jubilaciones, en derechos laborales— mientras se reciclan viejas narrativas que apuntan contra quien protesta. Romero interpela directamente a la audiencia: ¿Tiene derecho el pueblo a protestar? ¿Tiene derecho a defenderse cuando la represión aparece para imponer políticas rechazadas por la mayoría?
Hacia el final, conecta la memoria con la lucha: recuerda que están por cumplirse casi veinticinco años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde hubo represión brutal y muertos, pero donde también el pueblo expulsó cinco presidentes y conquistó derechos que hoy vuelven a ser amenazados. Ese recuerdo, dice, es más que historia: es advertencia y brújula.
Romero cierra agradeciendo a la audiencia y a la radio, con la esperanza de que su mensaje llegue y de que la organización popular vuelva a ser fuerza capaz de frenar el ajuste y defender la dignidad de la vida y del trabajo.
"Te hice pica": el periodismo que escucha el submundo narco de Rosario
¿Dónde otros solo ven un sumario, toneladas de coca o un crimen, Nahuel encuentra, además, personajes, y demuestra que no has comprendido nada de la historia si no has entrado hasta el alma de sus protagonistas. Nahuel pone su mirada a la altura de los ojos de su fuente, no más arriba, no más abajo; no sale de la cama para ir a repetir a un sentenciado. Consigue lo que nadie más, que los criminales se cuenten por completo: cómo roban, cómo trafican, cómo celebran o huyen, cómo se corrompen, qué errores no saben dejar de cometer, a quién amaron, qué ambicionan o cómo se llevan con su mamá. Escribe sin azúcar, sin disculpa, sin reproches. Nahuel es un periodista que no da un paso sin sentir pasión. Todo empieza en su mirada. Es una lección sobre cómo alguien tiene que arrojarse al mundo para poder regresar y contarlo después.Javier Gómez Santander, guionista de La casa de papel
domingo, 7 de diciembre de 2025
Terminal Marítima Escobar: un megaproyecto que amenaza el delta del Paraná
Alcance ambiental y social
sábado, 6 de diciembre de 2025
San Jorge, el proyecto que amenaza el agua de Mendoza: ciencia censurada, represión, negocios opacos y un pueblo que vuelve a levantarse
En Mendoza, la discusión por el agua —ese recurso que sostiene la vida en una provincia desértica— se convirtió en un pulso social que vuelve cada cierto tiempo como un terremoto político. Esta semana, el Senado provincial tratará nuevamente el proyecto megaminero San Jorge, que pretende extraer cobre, oro y plata en Uspallata, dentro de la cuenca del río Mendoza. Allí se juega la salud del principal río de la provincia y, con él, el abastecimiento de tres de cada cuatro mendocinos. La votación no es una más: llegó envuelta en presiones políticas, informes científicos objetados, documentos oficiales alterados y un trámite legislativo acelerado.
En este clima crítico emerge la voz de Marcelo Giraud, geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, docente, investigador y miembro desde hace quince años de la Asamblea Popular por el Agua. Su participación constante en audiencias, debates y procesos legislativos lo convirtió en una referencia indispensable para comprender el conflicto minero en Mendoza.Un proyecto que vuelve por la ventana
Giraud recuerda que San Jorge es un emprendimiento de minería a cielo abierto ubicado en el norte del Valle de Uspallata, emplazado casi por completo dentro de la cuenca del río Mendoza. "Aguas abajo vivimos más de un millón y medio de personas", subraya, recordando que esa cuenca abastece no sólo al oasis norte, sino también al área conectada superficial y subterráneamente con el río Tunuyán inferior.
No es la primera vez que la historia se repite. El procedimiento original comenzó en 2008 y, luego de tres años de debates y una resistencia social creciente, la Legislatura lo rechazó en 2011. "Lo paradójico —subraya— es que quienes hoy impulsan el proyecto lo rechazaron en aquel momento: Alfredo Cornejo y Luis Petri entre ellos." Para Giraud, lo que vuelve ahora es apenas "un refrito" del proyecto anterior: cambios menores, sin mayores garantías y, en puntos clave, con "información incluso peor que la de hace quince años".
La actual Declaración de Impacto Ambiental aprobada por el Ejecutivo es, afirma, "más laxa" que la emitida en 2011. Por eso, el paso por la Legislatura —exigido por la Ley 7722— es determinante. Diputados ya dio media sanción; el Senado define el destino.
Informe científico, presión política y censura
En el centro del conflicto institucional aparece el episodio Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Mendoza tenía una representante en la Comisión Evaluadora que, según Giraud, "firmó un acta final sin consenso de la comunidad científica" y en contradicción con informes sectoriales de especialistas de la propia institución.
Con preocupación, un grupo de científicos elaboró un informe extenso que detallaba "incertidumbres enormes" y "deficiencias graves" del proyecto. El documento, respaldado institucionalmente, fue publicado en la web del CONICET.
La reacción política no tardó: según Giraud, fue la vicegobernadora Hebe Casado, —que también preside el Senado— quien llamó a autoridades nacionales y promovió una reunión "sumamente ríspida", en la que habrían mediado insultos y amenazas. Horas después, el informe fue dado de baja y reemplazado por otro mucho más liviano. Las organizaciones socioambientales y la Asamblea de Trabajadores del CONICET lo denunciaron como un acto de censura científica.
Desde enero, afirma Giraud, el gobierno "cumplió con las formas, pero no con el fondo" del proceso de evaluación ambiental. Recuerda que la audiencia pública fue convocada "dentro de una estancia privada de la empresa, en pleno invierno, a 2.600 metros de altura y lejos de Uspallata". Aunque hubo conexión virtual, la logística fue un obstáculo evidente para la participación.
Denuncia que altos funcionarios repitieron datos de empleo difundidos por la empresa que "no coinciden en absoluto" con el expediente oficial. Ejemplifica con una frase de la ministra que aseguró que el lugar de la audiencia estaba a 15 minutos de Uspallata, cuando en realidad son 42 kilómetros de camino de montaña.
Y está la estigmatización. La vicegobernadora llegó a afirmar que quienes se oponen al proyecto son "cuatro trastornados que no han leído nada". Para Giraud, el gobierno actuó "más como agente publicitario de la empresa que como organismo de control".
La batalla por la licencia social
La licencia social es hoy una de las disputas centrales. El gobierno interpreta que el 53% obtenido por su alianza en la elección nacional equivale a un apoyo al proyecto. Giraud lo considera "un absurdo". En Uspallata —zona más afectada— esa fuerza obtuvo apenas el 40% de los votos emitidos, que representan el 27% del padrón. "El 70% de la comunidad sigue oponiéndose, como en 2010 y 2011", asegura.
Mientras tanto, la oposición crece: peregrinaciones desde el Valle de Uco, el sur, Lavalle; caminatas con la imagen de la Virgen en el Día de la Inmaculada; y una masiva concentración esperada para el día de la votación. En redes sociales, el rechazo "atraviesa edades, clases y simpatías políticas". Para Giraud, se acerca un clima similar al de diciembre de 2019, cuando el gobierno tuvo que dar marcha atrás ante un estallido social.
Las comunidades originarias también entran en escena: los pueblos huarpes niegan haber otorgado el consentimiento libre, previo e informado que exige el Convenio 169 de la OIT. Denuncian afectación de su territorio, cultura y espiritualidad, y aseguran que el proceso de consulta gubernamental "no fue ni libre, ni previo, ni adecuadamente informado".
En el terreno económico, Giraud desarma el discurso oficial. Dice que es falso que la minería pueda generar "un millón de puestos de trabajo", cuando actualmente la minería metalífera emplea sólo a 11.000 trabajadores en todo el país, más de la mitad en Santa Cruz.
También señala que, junto con San Jorge, la Legislatura tratará una nueva ley de regalías mineras directamente alineada con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno de Javier Milei: fija un techo del 5% y abre la puerta a fuertes reducciones y exenciones. "Una ley hecha a medida de las mineras", dice, que garantiza seguridad jurídica a las empresas pero deja a Mendoza en la incertidumbre de si terminará percibiendo apenas "0%, 2% o 3%".
Sobre el empleo indirecto, afirma que se trata de "una de las grandes mentiras" del sector, ya que gran parte se genera en los países donde se fabrican los bienes de capital.
El riesgo real: la contaminación del acuífero de Uspallata
Aunque el proyecto no secaría el oasis productivo, el riesgo mayor es "la contaminación del acuífero de Uspallata". La empresa sostiene que el área pertenece a la cuenca endorreica de Yalguaraz, sin conexión con el río Mendoza. Pero, según Giraud, toda la evidencia científica indica lo contrario: hay comunicación subterránea. Y tres escombreras y la planta de tratamiento están directamente en la cuenca del Mendoza.
La consecuencia sería grave: agua contaminada con metales pesados o sustancias químicas llegar al río y al oasis productivo. "Está en riesgo el agua de nuestras canillas, y también la calidad de la producción agrícola y agroindustrial", advierte. Y alerta que la aprobación de San Jorge abriría la puerta a "una ola de nuevos proyectos" que modificarían profundamente el modelo de provincia.
Las movilizaciones recientes conviven con un recuerdo que aún duele: la represión del 23 de octubre. Para Giraud, lo sucedido ese día fue "gravísimo, nunca visto en democracia". Identifica al comisario Mario Riili —entonces a cargo del operativo, vestido de civil— como quien inició la violencia contra la movilización. Hubo detenciones violentas, torturas, malos tratos físicos y personas ingresadas por la fuerza dentro de la Legislatura, transformada en un "centro de detención temporario".
Para el próximo martes, el gobierno anunció un fuerte vallado en la zona legislativa. Giraud pide que no se repita la violencia y destaca que la protesta reciente fue masiva, intergeneracional y totalmente pacífica. Confía en que la magnitud de la movilización será un factor disuasivo.
La empresa que impulsa el proyecto también mutó con los años. Aquel San Jorge original, de capitales canadienses, pertenecía a una empresa junior que buscaba aprobar ambientalmente el proyecto para venderlo. En 2014 pasó a manos rusas bajo un propietario estonio, la familia Bronstein. Tras la guerra en Ucrania, la operación se desplazó a Suiza bajo el paraguas de Solway Investment Group, firma con "un pésimo historial internacional", según Giraud. Hoy, la cara visible es Zonda Metals GmBH de Suiza, que actúa como pantalla local, y que se asoció con Alberdi Energy: 70% Solway (vía Zonda), 30% Alberdi.
El poder mediático también es parte del mapa. Giraud denuncia un "cuasi bloqueo informativo" por parte de los medios hegemónicos de la provincia, especialmente los del grupo Vila-Manzano, aunque no únicamente ellos. Según explica, esos conglomerados reproducen "un discurso único que repite las mentiras del gobierno y de la empresa", invisibilizando la resistencia y silenciando datos críticos. Recuerda que estos grupos tienen intereses propios en áreas mineras y petroleras de la provincia, lo que explica su alineación con el discurso pro-extractivista. Las voces críticas, en cambio, encuentran su espacio en medios comunitarios, universitarios y plataformas alternativas.
Acá tienen a la #Mendoza censurada.
— Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) December 6, 2025
Lo bueno de ser multitud en las calles es que la "no realidad" de la televisión deja de importar. La "no verdad" de las redes antisociales deja de importar. Los corruptos del Gobierno empiezan a verse como lo que son. Y los capitalistas temen. pic.twitter.com/RKW3qlL7IG
Domingo 7 de diciembreUspallata – 17 hConversatorio con Guillermo Folgueras: "Extractivismo y resistencias en los territorios".Feria Autogestiva Paseo del Valle.Godoy Cruz – 17 hRuidazo en la plaza principal.TunuyánAcampArt: acampe y festival artístico por el agua en el Puente del Río.Potrerillos – 14 a 16 hMesa informativa y serigrafía.Ciudad – 19 hBicicleteada por el Agua en el Parque San Martín.San Martín – 19:30 hArtistazo por el Agua en el Museo Las Bóvedas.General Alvear – 20 hConcentración en Km 0 y marcha de antorchas.Lunes 8 de diciembreSan Carlos – 6 hInicio de la caminata hacia la ciudad de Mendoza.Uspallata – 8 hSalida de la caminata hacia Mendoza.Tunuyán – 9 hSalida de la caminata hacia Mendoza.AcampArt continúa en el Puente del Río.Ciudad – desde la tardeDesVelada en Plaza Independencia.Potrerillos – 18 hRuidazo y recibimiento de la columna de Uspallata.La caminata continúa hacia Mendoza a las 21 h.Zona Oeste – 21 hCaravanazo y caminata.Luján de Cuyo – 21 hRecibimiento de la caravana del sur en Azcuénaga y Acceso Sur.General Alvear – 20 hVelada cultural por el Agua en el Paseo de los Artesanos.Luján de Cuyo – 6 hEncuentro de la caravana de Uspallata con la del Valle de Uco en Azcuénaga y Acceso Sur.San Rafael – 6 hInicio del caravanazo desde la Rotonda del Cristo.Lavalle – 7:30 hCaravanazo, concentración en la plaza departamental.Guaymallén – 8 hEncuentro en El Cóndor.Zona Este – 8:30 hCaravanazo rumbo a la Legislatura.Ciudad de Mendoza – 9:30 hConcentración frente a la Legislatura.Ciudad – 19 hRuidazo en Km 0.































