El martes 2 de diciembre se presentó en el Senado de la Nación el Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025, elaborado por SiPreBA, la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con apoyo de Democracy at Work. La actividad tuvo lugar en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por la senadora María Carolina Moisés.
Entre los expositores, disertaron el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales Diego de Charras; la vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Zuliana Lainez; los periodistas Julia Mengolini y Ari Lijalad; el secretario General de la CGT, Jorge Sola; el director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales; el presidente de ARGRA, Sebastián Vricella; la directora de la carrera de comunicación de la UBA, Larisa Kejval; y la periodista y representante del SiPreBA, Ángela Lerena.
"Desde hace dos años este gobierno despliega un plan sistemático y persistente para atacar a quienes ejercemos la comunicación, que incluye represión, persecución y desfinanciamiento de los medios públicos. Todo eso se traduce en el informe de este año", afirmó Gaudensi.
La senadora Moisés destacó que "la libertad de expresión es un derecho integral de las personas a participar de la vida política, cívica o sindical" y recordó que se trata de "un pilar del sistema democrático".
El informe revela que las agresiones policiales a periodistas, trabajadores de prensa y reporteros gráficos aumentaron un 66% respecto de 2024, con 83 casos documentados hasta octubre de 2025. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que fue herido el reportero gráfico Pablo Grillo, se registraron 20 hechos de violencia policial, que incluyeron intoxicaciones con gases, balas de goma, golpes y vejaciones.
También se consolidaron prácticas de persecución judicial, obstaculización del trabajo periodístico y hostigamiento digital desde el Poder Ejecutivo, como estrategias para disciplinar voces críticas. El documento señala el uso de figuras legales —como "resistencia a la autoridad"— para criminalizar a quienes registran abusos estatales durante protestas sociales.
Deepfakes, ciberpatrullaje y nuevas formas de control en el ecosistema digital
Uno de los ejes centrales del informe es el análisis de las herramientas digitales aplicadas a la esfera pública. El documento dedica secciones específicas a describir cómo las tecnologías se están utilizando en el actual contexto político.
Sobre manipulación informativa, el relevamiento documenta el uso de Inteligencia Artificial generativa durante el año electoral, incluyendo la circulación de deepfakes de dirigentes como Mauricio Macri y Jorge Taiana. El informe destaca que estas prácticas fueron incluso justificadas públicamente por el Presidente de la Nación bajo el argumento de la libertad de expresión.
En relación con la cibervigilancia y las tareas de inteligencia, el documento analiza cambios normativos recientes, entre ellos la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y la Resolución 828/2025, que habilitan la infiltración de agentes digitales y el monitoreo de redes sociales.
Durante el panel, Jorge Sola (CGT) advirtió: "La amalgama entre el odio y el algoritmo empieza a funcionar de una manera que vende". Y añadió una definición técnica sobre el impacto social de estas herramientas: "Los algoritmos no son neutros, son arquitectos de subjetividades".
Uno de los ejes centrales del informe es el análisis de las herramientas digitales aplicadas a la esfera pública. El documento dedica secciones específicas a describir cómo las tecnologías se están utilizando en el actual contexto político.
Sobre manipulación informativa, el relevamiento documenta el uso de Inteligencia Artificial generativa durante el año electoral, incluyendo la circulación de deepfakes de dirigentes como Mauricio Macri y Jorge Taiana. El informe destaca que estas prácticas fueron incluso justificadas públicamente por el Presidente de la Nación bajo el argumento de la libertad de expresión.
En relación con la cibervigilancia y las tareas de inteligencia, el documento analiza cambios normativos recientes, entre ellos la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y la Resolución 828/2025, que habilitan la infiltración de agentes digitales y el monitoreo de redes sociales.
Durante el panel, Jorge Sola (CGT) advirtió: "La amalgama entre el odio y el algoritmo empieza a funcionar de una manera que vende". Y añadió una definición técnica sobre el impacto social de estas herramientas: "Los algoritmos no son neutros, son arquitectos de subjetividades".
Testimonios sobre criminalización, ataques digitales y disputa por la verdad
El periodista Ari Lijalad analizó la lógica detrás de la persecución judicial y los ataques desde el Ejecutivo: "El problema de Milei no es con los periodistas, es con la información periodística. Él piensa que su opinión se transforma automáticamente en un hecho". Lijalad advirtió además que "incitar al odio contra los periodistas tiene consecuencias", vinculando el discurso oficial con agresiones físicas y digitales a quienes intentan contrastar los relatos oficiales con datos verificables.
El informe incluye métricas sobre hostigamiento digital. Citando datos de la consultora AdHoc, señala que el perfil del presidente Javier Milei en la red X registró más de 1.589 insultos durante el período analizado, un nivel de violencia superior incluso al de cuentas anónimas o "trolls".
La periodista Julia Mengolini relató haber sido víctima de la fabricación de contenidos pornográficos falsos mediante Inteligencia Artificial, una modalidad de violencia digital con fuerte impacto emocional, político y laboral. El documento también reseña el caso de Ian Moche, un niño autista de 12 años que fue expuesto públicamente por la máxima autoridad del Ejecutivo.
El periodista Ari Lijalad analizó la lógica detrás de la persecución judicial y los ataques desde el Ejecutivo: "El problema de Milei no es con los periodistas, es con la información periodística. Él piensa que su opinión se transforma automáticamente en un hecho". Lijalad advirtió además que "incitar al odio contra los periodistas tiene consecuencias", vinculando el discurso oficial con agresiones físicas y digitales a quienes intentan contrastar los relatos oficiales con datos verificables.
El informe incluye métricas sobre hostigamiento digital. Citando datos de la consultora AdHoc, señala que el perfil del presidente Javier Milei en la red X registró más de 1.589 insultos durante el período analizado, un nivel de violencia superior incluso al de cuentas anónimas o "trolls".
La periodista Julia Mengolini relató haber sido víctima de la fabricación de contenidos pornográficos falsos mediante Inteligencia Artificial, una modalidad de violencia digital con fuerte impacto emocional, político y laboral. El documento también reseña el caso de Ian Moche, un niño autista de 12 años que fue expuesto públicamente por la máxima autoridad del Ejecutivo.
Testimonios de periodistas: acoso judicial, ataques digitales y estigmatización
Participaron además Julia Mengolini, quien sufrió ataques coordinados en redes por cuentas vinculadas al gobierno y una denuncia penal del presidente Javier Milei, y Ari Lijalad, quien también enfrenta hostigamiento judicial por parte del mandatario.
La FIP advirtió que el Estado argentino "no solo ha abandonado sus obligaciones de protección, sino que se ha convertido en uno de los principales agresores de la prensa", mediante estigmatización, represión, judicialización y desmantelamiento de organismos clave. "No defendemos solo a la prensa: defendemos el derecho de la ciudadanía a estar informada", subrayó Laínez.
El documento describe además:
- Censura judicial inédita en 30 años, como la prohibición de difundir audios de Karina Milei.
- Uso de inteligencia artificial y videos falsos (deepfakes) durante el año electoral para manipular el debate público.
- Vaciamiento del ENaCom, la Defensoría del Público y los medios públicos, junto a la pérdida de transparencia en la pauta oficial.
- Deterioro de las condiciones laborales, con congelamiento salarial, falta de paritarias y despidos masivos.
- Vigilancia estatal y patrullaje digital destinados a criminalizar la protesta y la expresión crítica.
Un Estado que retrocede en su rol de garante del derecho a la información
En su intervención, Diego de Charras expresó que la situación de 2025 es aún más grave que la de 2024: "Hemos retrocedido mucho y hoy nos preocupa la integridad física de reporteros y fotorreporteros. El Estado ha abandonado su responsabilidad de custodiar la libertad de expresión".
Gaudensi alertó que "se está afectando la calidad democrática" y denunció ataques del Ejecutivo contra periodistas desde el plano judicial. Destacó también "el desguace de los medios públicos", remarcando especialmente la ausencia de Télam y su impacto en la mirada federal del sistema de medios.
La senadora Moisés señaló entre los hechos más críticos el intento de obligar a periodistas a revelar sus fuentes en un caso de corrupción: "Proteger las fuentes es proteger el derecho de la ciudadanía a informarse". También denunció censuras judiciales, allanamientos solicitados por el gobierno y persecución penal a comunicadores. Recordó que la Comisión, reactivada tras tres años de inactividad, creó un Observatorio para atender estas situaciones.
Voces de sindicatos, organismos y la academia
En la jornada tomaron la palabra Jorge Sola (CGT), Sebastián Vricella (ARGRA), Diego Morales (CELS) y Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación de la UBA. También intervino virtualmente desde Perú Zuliana Lainez Otero, de la FIP, quien destacó que "documentar las agresiones es el dato que mata el relato que quiere invisibilizar los ataques a nuestros colegas".
- Represión y criminalización: El número de 83 periodistas que denunciaron represión en manifestaciones hasta octubre de 2025, implica un incremento del 66% respecto al 2024. El relevamiento evidencia acciones sistemáticas de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, periodistas, docentes y activistas sociales. Ejemplos significativos, como el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, muestran la persistencia de la impunidad y la ausencia de respuesta institucional.
- Censura y hostigamiento judicial: La persecución judicial hacia periodistas, dirigentes, docentes, artistas y ciudadanos se incrementó y la judicialización se convirtió en una herramienta recurrente para silenciar voces críticas. Se destaca el primer caso de intento de censura judicial en más de 30 años, con la prohibición de difusión de audios de Karina Milei.
- Discursos de estigmatización y ataques digitales: Desde la Presidencia y cuentas oficiales se promovieron campañas de desprestigio, doxeo y amenazas hacia comunicadores y activistas críticos del gobierno. El Informe resalta el aumento de la violencia simbólica, con efectos agravados sobre mujeres periodistas, y detalla los casos más relevantes de 2025.
- Desinformación y deepfakes: El año electoral estuvo atravesado por el uso intensivo de inteligencia artificial para la creación de videos falsos y campañas de manipulación, lo cual afectó el debate público.
- Situación laboral: El informe registra un deterioro en las condiciones laborales en prensa y comunicación, con aumento de la precarización, pérdida de derechos y degradación salarial. El congelamiento de sueldos en medios públicos, la falta de actualización paritaria en medios privados y los despidos masivos agravan la crisis.
- Abandono estatal y vaciamiento: La profundización del vaciamiento de los medios públicos, la paralización de señales educativas y la eliminación de políticas de fomento para medios comunitarios, continuaron en 2025. También la drástica reducción en el acceso a la información pública y la opacidad en el manejo de pauta oficial.
- Vigilancia estatal y ataques a colectivos disidentes: El Poder Ejecutivo avanzó en la legalización de tareas de inteligencia y patrullaje digital para criminalizar la protesta y la expresión crítica en redes sociales. El Informe documenta la persecución a colectivos y referentes culturales, educativos y de derechos humanos.
Libertad de expresión como condición de la democracia
"Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia", concluye el documento.
La senadora Moisés cerró la actividad destacando la necesidad de que el Congreso actúe sobre la base de los datos presentados: "Este informe nos permite tener un diagnóstico y, sobre todo, pensar qué acciones podemos impulsar para garantizar este derecho fundamental".
La presentación dejó en claro que, frente al avance de la represión, el hostigamiento y la desinformación, documentar y visibilizar los ataques es una herramienta indispensable para la defensa del espacio cívico y del derecho a la información en Argentina.

























