jueves, 23 de octubre de 2025

Tras meses de idas y vueltas, Telefe pasa a manos de los accionistas de Grupo América

Gustavo Scaglione y Darío Turovelzky

Desde el canal comunicaron oficialmente que Gustavo Scaglione, Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt adquirieron la totalidad de la emisora. La operación abarca la sede principal de Telefe en Buenos Aires, así como sus tres filiales regionales en Rosario, Santa Fe y Córdoba.

Los accionistas de Grupo América concretaron la compra de Telefe, el canal de televisión abierta con mayor audiencia en Argentina. La operación, valuada en 95 millones de dólares, consolida la expansión del grupo en el sector audiovisual. El grupo está encabezado por Gustavo Scaglione, secundado por los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano, y por Claudio Belocopitt.

La venta cierra un proceso de negociaciones que Paramount Global, anterior propietaria, mantuvo con diversos actores del mercado. Según fuentes cercanas, "fue un largo proceso en el que tres grupos pugnaron por quedarse con la compañía".

Desde Telefe confirmaron que un grupo de medios adquirió la emisora en su totalidad a Paramount, y trascendió el monto final de la operación. El holding argentino liderado por Gustavo Scaglione anunció la adquisición del total del paquete accionario de Telefe (Televisión Federal S.A.).

"La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos", afirmó Scaglione.

Por su parte, Kevin MacLellan, presidente de Distribución Global de Contenidos y Medios Internacionales de Paramount, expresó: "Telefe ha sido durante mucho tiempo un referente de la televisión argentina, y confiamos en que continuará creciendo y prosperando bajo su nueva gestión local. Expresamos nuestro sincero agradecimiento a los talentosos equipos en Argentina que, con su dedicación y creatividad, contribuyeron al éxito de Telefe a lo largo de los años".

Gustavo Scaglione agregó: "Es un verdadero honor y privilegio que una compañía tan prestigiosa como Paramount haya confiado en el grupo que lidero el futuro de Telefe. Este canal representa la excelencia y cuenta con una audiencia masiva en toda la Argentina".
"La adquisición refuerza el compromiso del grupo con la inversión y el apoyo al crecimiento de los medios nacionales, garantizando que Telefe continúe ofreciendo contenido de alta calidad a millones de espectadores", señalaron desde la empresa.

Integra Capital S.A., el holding de José Luis Manzano, actuó como estructurador y asesor financiero de la operación, mientras que The Raine Group, Quantum Finanzas y G5 Partners asesoraron a Paramount. Los detalles financieros completos no serán divulgados.

Darío Turovelzky, quien continuará como CEO de Telefe, declaró: "La llegada de Gustavo Scaglione nos brinda una plataforma sólida para escalar nuestro negocio. En Telefe estamos comprometidos a seguir liderando y a crear contenidos que inspiren y conecten con las audiencias. Siendo fieles a nuestro ADN, en esta nueva etapa seguiremos desafiando los límites de la industria para potenciar nuestro ecosistema y consolidar un modelo de gestión innovador que impulse el desarrollo y el crecimiento de todas las marcas del grupo".

Con esta operación, Gustavo Scaglione concreta una de las transacciones más relevantes de la industria de medios en Argentina. Su holding, que incluye Televisión Litoral S.A. y La Capital Multimedios, amplía su presencia en televisión, radio y prensa. Con Telefe, se consolida como el grupo mediático más importante del país.

Aunque no se informó oficialmente, fuentes del mercado estimaron el monto en 94 millones de dólares, significativamente menor a los 345 millones que Viacom había pagado por Telefe en 2016. La adquisición incluye señales adicionales en el interior del país y se cerró tras varios meses de negociaciones, como parte de la estrategia de desinversión de Paramount en la región.

La operación marca el regreso del canal líder de la televisión argentina a capitales nacionales, ocho años después de que Viacom lo adquiriera a Telefónica. Uno de los factores clave para la venta fue el cumplimiento de normas de "compliance" que garantizan controles estrictos sobre el origen de los activos.

Gustavo Scaglione, empresario rosarino y titular de Televisión Litoral, fue la figura central de las negociaciones y lideró la adquisición que fortalece el ecosistema mediático del país. 
Foto: Adrián Diaz

Ver también: Se concretó la venta del 55% de Televisión Litoral, Televisión Litoral, a punto de cambiar de manos, LT 15 Radio del Litoral: sin luz, sin rumbo y cada vez con menos onda, Entre Ríos: Gustavo Scaglione suma otra radio I, Santa Fe: Gustavo Scaglione suma otra radio, Entre Ríos: Gustavo Scaglione suma otra radio II, Gustavo Scaglione suma más radios en Santa Fe y Entre Ríos, Carta abierta de las y los trabajadores de LT15 a la población, Los salvadores que quieren quedarse con El Diario, Denuncia contra una mutual salpica a Tinelli, Scaglione y Trini, "El Diario", en la mira de Gustavo Scaglione, Gustavo Scaglione es el nuevo dueño de El Diario de Paraná, La justicia autorizó a Gustavo Scaglione a comprar las acciones de El Diario Gustavo Scaglione pagaría más de $420 millones por El Diario, según valuación judicial, Gustavo Scaglione pone fecha al desembarco en Córdoba y amplía su imperio con la histórica LV2, Televisión Litoral busca expandirse desde el interior hacia la capital, Paramount se desprendió de Canal 9 Bahía Blanca, Alberto Fernández adjudicó LV2 a Gustavo Santiago Scaglione, El Ocho de Tucumán se suma al Grupo Televisión Litoral, Televisión Litoral le compró a Clarín el principal multimedios de Río Negro, Gustavo Scaglione adquiere la productora de contenidos Ideas HD, Gustavo Scaglione confirma que es accionista del Grupo América, Telefe en venta: Paramount acelera su salida del país, Daniel Marx, el economista argentino a cargo de la venta de Telefe y Chilevisión Gustavo Scaglione consolida su multimedios en Córdoba bajo la marca Núcleo Media, Paramount activa despidos y pone en venta Telefe en medio de una fuerte reestructuración, Televisión Litoral va por Telefe: busca quedarse con los canales de Paramount en Argentina, Gustavo Scaglione avanza en la compra de Telefe y se perfila como nuevo actor clave en el mapa de mediosLa novela de Telefe: sin comprador confirmado, la negociación sigue abierta y con muchas dudas

lunes, 20 de octubre de 2025

Rosario, perfil de una ciudad al límite: la crónica de quienes resisten desde los márgenes

El jueves 16 de octubre, en el Cultural Fontanarrosa, Arlen Buchara presentó su libro Rosario, perfil de una ciudad al límite, acompañada por los periodistas Sonia Tessa y Daniel “Batata” Schreiner. Ante una sala llena, la autora ofreció una lectura profunda y desafiante sobre la realidad local, que invita a pensar la ciudad más allá de sus estigmas. La charla también fue compartida en Señales, el programa de Aire Libre Radio Comunitaria.

El libro recorre la última década de Rosario, marcada por "el fuego cruzado de bandas criminales, políticas de seguridad fallidas y estigmatización mediática". Desde el triple crimen de Villa Moreno en 2012 hasta los asesinatos mafiosos de marzo de 2024, Rosario se convirtió para el resto del país en sinónimo de inseguridad y desigualdad. Pero, como señala Buchara, esta no es solo una crónica sobre la violencia. Se trata de "una exploración de lo que significa pensar un país desde una ciudad, escribir desde adentro sobre los contrastes de un territorio fragmentado".

El relato transita por el río —con su costanera y sus islas—, los barrios —con sus veredas, centros comunitarios y sus muertos—, y el centro, entendido como organizador político y económico de toda la ciudad. Arlen Buchara evita respuestas fáciles y se detiene en los matices, las contradicciones y las preguntas sin respuesta que definen a Rosario.

Se destacan capítulos como "El carpetazo de Winnie Pooh", donde Marina Marsili, contadora y funcionaria del poder judicial, relata su papel clave en la detención de Esteban Alvarado, el narcotraficante más brutal de la ciudad. También "El hermano de Jimmy", que recoge la entrevista a Carlos Varela, abogado de alto perfil mediático vinculado a los jefes narcos.

Con voces de militantes, trabajadoras, docentes, artistas, fiscales y referentes barriales, el libro reconstruye un perfil colectivo de una ciudad que va a contracorriente, culturalmente vibrante y políticamente activa, pero también marcada por sus heridas y desafíos.
La ley, el poder y los márgenes: una lectura desde la voz que presenta
La intervención de Daniel Schreiner abre con una declaración de incertidumbre que funciona, paradójicamente, como puerta de entrada a una lectura aguda del libro de Buchara. Dice no saber cómo se presenta un libro, pero en esa honestidad instala un tono de cercanía, de habla directa, que rápidamente se convierte en interpretación.

Enseguida lanza una provocación: en tiempos de redes sociales —dice— no conviene crear demasiado suspenso, sino provocar desde el comienzo. Y eso hace: lanza una frase —dicha por un funcionario—  que lo impactó del libro y la usa como puerta de entrada a una lectura personal, crítica y comprometida. La frase es: "Cumplimos la ley porque la escribimos". Y desde a partir de allí despliega un conjunto de reflexiones que exceden la literalidad del texto, pero que dialogan profundamente con su espíritu.

La pregunta por la ley y quién la dice se convierte en una excusa para pensar el poder, sus formas visibles e invisibles, su encarnación en el cuerpo, en las instituciones, pero también en los márgenes. Schreiner apunta hacia el poder real, ese que se ejerce más allá de los papeles.

En esa línea, lo que hace es colocar el libro como una herramienta de lectura de la ciudad, de Rosario como construcción simbólica y material. Una ciudad que se cuenta a sí misma como "santa", como mito fundante, pero que en realidad es el producto —como él dice— de las "cabezas duras" de sus habitantes, de sus insistencias, de sus resistencias.

También denuncia —sin necesidad de elevar el tono— la exclusión. Señala cómo muchos —la mayoría, incluso— quedamos fuera de ese círculo que escribe y hace cumplir las leyes. Y pone en crisis la idea de república como garantía de igualdad ante la ley, cuando en la práctica esa igualdad es constantemente vulnerada.

Finalmente, cierra esta parte con una digresión que no es tal: irse "por las ramas" se revela como un método, una forma de pensar en rizoma, que se habilita precisamente por el libro que tiene entre manos, que invita a pensar sin corsé, a dejarse afectar por las preguntas incómodas, a reconocer que muchas veces lo más valioso está en las orillas del discurso.

Y es entonces, con esa misma apertura, que cierra su intervención con una invitación que no es retórica, sino genuina, necesaria, y que funciona como bisagra en el acto: "Es el momento de preguntarle a Arlen qué significa este primer libro para ella".

Una frase que no solo da paso a la autora, sino que reconoce que toda lectura, incluso la más comprometida, necesita volver al origen: a quien la escribió.

Un libro nacido de las voces y las calles de Rosario
Arlen Buchara toma la palabra con una emoción contenida pero palpable. Agradece a quienes la acompañan en la mesa —Daniel "Batata" Schreiner y Sonia Tessa—, no solo por estar allí, sino por haber sido parte del proceso mismo de escritura del libro. No es un agradecimiento de cortesía: Arlen los nombra como formadores, como interlocutores fundamentales en la gestación del texto. En ellos —y también en un grupo de amigas editoras presentes en el público— reconoce una red afectiva, profesional y política que sostuvo el proyecto desde el inicio.

El libro no nace de una certeza, sino de una pregunta abierta y un estado de desborde. Arlen recuerda sus primeras conversaciones con Schreiner en un momento de desesperación: ¿cómo abordar todo lo que deseaba decir? ¿Cómo abarcar una ciudad atravesada por múltiples capas de sentido, conflicto y afecto?

Esa pregunta inicial se convierte en motor. A lo largo de un año y medio de trabajo, Buchara desarrolla un proceso de investigación que no es solo periodístico, sino profundamente situado: entrevistas, caminatas, charlas, recitales, esquinas, encuentros fortuitos, lecturas compartidas. El libro —insiste— es el resultado de múltiples voces. Entre ellas, la de María Chiponi, del Programa de Educación en Cárceles de la Universidad Nacional de Rosario, una entrevistada que aparece en el capítulo mencionado por Batata y que lo cierra con una reflexión que condensa el espíritu del texto: pensar hacia dónde vamos como ciudad.

En su intervención, Buchara ubica su llegada a Rosario en 2006 como estudiante, y describe cómo fue eligiendo esta ciudad a lo largo del tiempo, en la medida en que tejía vínculos, construía un oficio y habitaba con más conciencia su territorio. Lo que aparece allí no es la épica del arraigo, sino una elección sostenida, hecha de fragmentos cotidianos, de encuentros, de trabajo.

El libro surge también por una inquietud editorial concreta: Futurock Libros le propone pensar qué pasó en Rosario en los últimos años. Pero Buchara va más allá del recorte periodístico o del informe. Lo que produce es una invitación a pensar la ciudad desde adentro, con otras y otros, a través de preguntas urgentes: ¿Qué significa vivir en una ciudad con altos niveles de violencia? ¿Cómo se transforma la vida cotidiana en los barrios, en la cultura, en los modos de caminar la ciudad, de habitarla?

La autora elige pensar el libro como una conversación abierta, no como un producto cerrado. Una conversación que tuvo lugar en entrevistas extensas en la experiencia misma de moverse por Rosario. Su trabajo se vuelve así una herramienta de pensamiento colectivo, una forma de estar en la ciudad, de leerla y preguntársela junto a otros.

Por eso, Arlen no se reserva el lugar de expositora única. Insiste en que la presentación sea también una oportunidad de intercambio. Le interesa escuchar a Schreiner y a Sonia no solo como presentadores, sino como miradas activas sobre la ciudad. Y extiende esa invitación al público presente, reconociendo el contexto particular en el que se da la presentación: una Feria Internacional del Libro, enmarcada en un aniversario polémico para la ciudad, el Tricentenario que genera adhesiones y rechazos.

Arlen cierra esta parte de su intervención agradeciendo, con emoción y humildad, a quienes la acompañan y sostienen, no solo en este evento, sino en el largo y colectivo proceso de construir una mirada sobre una ciudad que no se deja atrapar fácilmente. En esa emoción —compartida, no exhibida— se condensa también el gesto político del libro: hacer de la experiencia una pregunta común.

Una Rosario archipiélago: fragmentos que hablan desde el margen
Sonia Tessa elige la sobriedad para comenzar su intervención, pero no por falta de palabras: prefiere habilitar la conversación, dejar espacio para Arlen y para quienes quieran pensar en voz alta. Sin embargo, en su breve intervención despliega una lectura aguda, sensible y potente del libro.

Desde el inicio marca una diferencia clave con otros textos sobre Rosario: este no es un libro escrito desde los tribunales ni desde los discursos oficiales del poder. No surge del expediente ni del archivo institucional. Es, como ella dice, un libro hecho en la calle, escrito desde las voces de quienes viven y transitan la ciudad todos los días, especialmente desde los márgenes, desde zonas donde la mirada mediática o política rara vez se posa.

Para Tessa, esa forma refleja con precisión la ruptura real que atraviesa Rosario, una ciudad que, lejos de cualquier proyecto de integración, se parece cada vez más a un archipiélago: zonas desconectadas, experiencias disímiles, vidas que no se encuentran. En ese contexto, el trabajo de Arlen consiste en bordar, coser, articular esas voces, con el enorme desafío de no dejar a nadie afuera.

Ese afán totalizador —ese deseo de que no falte ninguna voz importante— no es solo un rasgo de estilo: es, para Sonia, una forma de ética periodística. Arlen "sufrió" el proceso, dice con cariño, porque se lo tomó con la seriedad de quien entiende que narrar la ciudad implica una responsabilidad.

Tessa señala que el libro recorre barrios como Santa Lucía y Las Flores, que busca experiencias vivas, concretas, múltiples, no figuras estereotipadas. Son vidas reales, atravesadas por las transformaciones sociales desde 2001 hasta hoy. Y ahí está el verdadero valor del libro: no se limita a describir una Rosario estigmatizada desde afuera, sino que escucha desde adentro, desde los cuerpos, desde la música, desde las identidades en formación.

En una metáfora poderosa, Sonia dice que es fácil decir que Rosario es "la ciudad de los músicos" si se mira a Nicki Nicole cantando en el Monumento. Pero Arlen —y su libro— no va al Monumento, sino a los márgenes, a donde se está haciendo la otra música, la que todavía no llegó, la que quizás nunca llegue, pero que igual forma parte esencial de lo que esta ciudad es. En esa elección, Sonia encuentra un equilibrio valioso: no negar la violencia, pero tampoco reducir Rosario a la narrativa del narcotráfico.

Tessa subraya que Arlen podría haber hecho un gran libro simplemente sumando voces a un relato informativo. Pero lo que hizo fue mucho más ambicioso: salió a buscar lo que nadie había querido ver, escuchó a quienes no estaban en el radar periodístico y logró, con trabajo de orfebrería, una joya tejida con materiales difíciles de encontrar.

El libro, dice, será fundamental no solo ahora, sino cuando alguien quiera preguntarse, dentro de algunos años: "¿Qué pasaba en Rosario en este tiempo?". Su valor está en las singularidades que lo distinguen: no es un libro más sobre Rosario; es uno que se mete donde otros no entraron, que no cristaliza el sufrimiento sino que lo hace hablar, que no romantiza el margen pero tampoco lo invisibiliza.

La intervención de Sonia cierra con emoción y honestidad: dice que para ella fue un privilegio haber estado cerca del proceso —aunque sea desde la amistad, las cervezas y las charlas—, y que el libro no debe pasarse por alto. Porque, más allá del afecto, es una obra imprescindible que retrata una ciudad real, donde las personas viven de maneras diversas, muchas veces sin siquiera tener un espacio común para encontrarse.

Una Rosario archipiélago, sí. Pero también una Rosario que habla, que resiste y que, gracias a trabajos como el de Buchara, puede ser escuchada.

Entre bulevares y márgenes: el periodismo que se desprende del lazarillo
Daniel Schreiner retoma la palabra con una observación que condensa uno de los núcleos críticos de su intervención: la diferencia entre lo que se cree saber sobre Rosario —adentro y afuera— y lo que realmente sucede. Esa distancia entre la versión "oficial" de los hechos y las experiencias reales de quienes viven la ciudad atraviesa no solo los medios, sino también la política, la opinión pública y hasta el sentido común.

Para ilustrarlo, rememora un momento bisagra: el asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero, líder de la banda narco Los Monos, el 26 de mayo de 2013. Entonces, apenas cinco periodistas sabían de qué se trataba; un mes después, el tema ya había explotado en Buenos Aires y en todo el país. En pocos días, Rosario pasó de ser "la ciudad de los músicos" a ser el caso testigo del narcotráfico en Argentina. En esa anécdota, Schreiner marca el crecimiento exponencial —y muchas veces superficial— del interés mediático por Rosario, un interés que, como él sugiere, suele llegar tarde, mal o desinformado.

Pero su intervención no se limita a la crítica de los medios. También es una elegía. Recuerda a Leo Graciarena, periodista de La Capital, fallecido en 2021, quien —como dice— "pateó la calle", trabajó en los barrios, fue querido por sus colegas, y sin embargo nunca recibió en vida el reconocimiento que merecía. En un gesto íntimo, Batata menciona que lleva puesta, por primera vez, una remera de rock, como las que Leo solía usar. Ese detalle se transforma en una forma de homenaje, no solo a Leo, sino a todo un periodismo que trabajó (y aún trabaja) en los márgenes, muchas veces sin visibilidad ni aplauso.

Ahí marca una diferencia fundamental: "La mayoría de los periodistas vivimos entre bulevares", dice con brutal honestidad. Ir a los barrios, entonces, se vuelve un acto de turismo, una visita ocasional. Pero Arlen no es turista, afirma con énfasis. No solo va al barrio, sino que camina sin lazarillos, sin guías, sin intermediarios. Se desprende incluso de tradiciones periodísticas —incluso de la suya— para encontrar una voz propia.

Schreiner plantea que Rosario es una ciudad que no se está contando, o que se cuenta desde una historia oficial impuesta por el poder y reproducida acríticamente por los grandes medios. Esa narrativa dominante ha reducido la complejidad de la ciudad a estereotipos, dejando fuera realidades incómodas como la violencia institucional, los abusos policiales o las resistencias culturales que habitan los márgenes.

En ese contexto, el libro de Buchara representa otra mirada, una que escucha. Porque, como subraya Batata, los periodistas muchas veces no escuchamos: opinamos, juzgamos, hablamos desde afuera. Pero el libro de Arlen hace lo contrario: escucha para construir un punto de vista. Esa escucha, dice, es una forma de creación. Es lo que da origen a un enfoque distinto, a una escritura que no repite lo que se dice de Rosario, sino que se atreve a preguntar en otros lugares, a buscar otras voces, a encontrar sentido donde no había relato.

Batata confiesa que leyó el libro de un tirón, que lo terminó cinco minutos antes de bajarse del taxi, y que ya quiere volver a leerlo. Esa inmediatez con la que transmite su entusiasmo no es superficial: es la confirmación de que el texto interpela, que mueve algo más allá de lo informativo.

Cierra su intervención volviendo a Arlen, con una pregunta que no es solo técnica sino política: ¿cómo hizo para salirse de la lógica dominante de la seguridad y el narcotráfico, que marcaban incluso su propio libro anterior, para llegar a este producto tan hermoso?

La pregunta resume, quizás, el corazón de toda la presentación: cómo cambiar la mirada, cómo escribir sin repetir, cómo narrar lo que aún no tiene palabras.

Cuando la crónica encuentra otra forma de hablar de la violencia
Arlen retoma la palabra para contestar la pregunta que Batata le acaba de hacer: cómo hizo para escribir un libro sobre Rosario sin quedar atrapada en la lógica policial, sin que lo que pasó —y lo que sigue pasando— con la violencia lo absorba todo. Reconoce que esa fue justamente una de las dificultades principales. Porque, aunque el libro parte de ese contexto —y se pregunta por lo que pasó en la ciudad en los últimos años—, desde el comienzo la apuesta fue otra: no hacer un libro policial, no hacer un libro sobre narcotráfico, aunque ese fuera un aspecto inevitable.

En ese gesto de "entrarle" a la violencia desde otro lugar, Arlen elige contar historias. No historias en abstracto, sino concretas: las de personas que vivieron esa violencia o que la pensaron desde sus márgenes. Aparecen entonces figuras como una trabajadora judicial, Marina Marsilli, que sufrió en su vida personal lo mismo que luego investigó en causas resonantes, o el abogado de Claudio "Pájaro" Cantero, cuya experiencia abre una perspectiva distinta dentro del mismo entramado. La intención no es bajar línea ni dividir la ciudad en bandos, sino ampliar la mirada.

Hay también una reflexión sobre la propia práctica. Arlen aclara que no viene del mundo del policial, que en su paso por El Ciudadano aprendió muchísimo, pero nunca se especializó en narcotráfico. Lo que sí sabe —y lo que pone en juego en este libro— es cómo construir una mirada, cómo narrar con otros, cómo hacer una crónica. Porque si algo se propuso desde el inicio, cuando conversó con la editorial sobre el perfil que querían hacer de la ciudad, fue que el texto mantuviera ese tono: el de una cronista que recorta, que escucha, que elige qué contar. En esa tensión entre lo individual y lo colectivo se fue armando este perfil de Rosario, que no es ni quiere ser total, pero que se compromete con mostrar algo que suele quedar fuera.

Las decisiones son muchas. Están las historias que entran, claro, pero también las que no. Están los barrios que aparecen por nombre propio —Santa Lucía, Las Flores— y otros que entran lateralmente. Están las voces de militantes, de vecinas, de travestis, de feministas, que le dan al libro un espesor que no se agota en la denuncia. Está esa pregunta insistente por cómo se sostiene la vida cuando lo que rodea parece puro derrumbe.

A esta altura interviene Sonia Tessa. Queda flotando una escena en particular. Sonia la nombra: la escuela. Le pregunta por ese capítulo donde Arlen se mete en la Escuela Carlos Fuentealba, y desde el público alguien lanza una invitación en voz alta: que lo lea. Arlen acepta, pero antes contextualiza. Dice que en Santa Lucía se encontró con todo: con la violencia que le describían los expertos, pero también con las formas de vida que todavía intentan resistirla. Dice que allí conoció a una madre y a una hija que, en sus propias trayectorias, le contaron toda la historia del barrio desde los noventa hasta hoy. Dice que en esa escuela pública vio vínculos, cuidado, comunidad. Y que ese capítulo, el de la escuela, se llama así: "La escuela es una casa":
El curso de cuarto año se sienta en ronda. Tres mates dulces circulan entre los bancos. Afuera llueve sin parar. Adentro la humedad y el frío se sienten hasta en los huesos. Algunas chicas usan mantas en el regazo. Casi nadie se saca la campera. En otras aulas hay calefacción y aire acondicionado, pero desde la dirección no llegaron a comprar para todas. Los adolescentes tienen entre dieciséis y diecisiete años y prepararon una entrevista. ¿Por qué estudiaste periodismo? ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿Cuál fue la persona más famosa que entrevistaste? ¿Te pusiste nerviosa? ¿Alguna vez tuviste miedo? ¿Pensaste en dejar la profesión? ¿Se gana plata?

Por la ventana se ve la zona rural del oeste de Rosario y muy al fondo, tapada por la cortina de agua, una cárcel. La escuela de dos pisos con patio central tiene todas las ventanas y puertas enrejadas. Se llama Carlos Fuertealba. El nombre fue elegido por los estudiantes cuando conocieron la historia del docente asesinado en Neuquén y decidieron que así querían nombrar a la segunda casa, a veces primera, a la que van todos los días.

La profe de comunicación interviene entre pregunta y pregunta y aporta anécdotas sobre lo que ya vieron en clases. Escribieron noticias, aprendieron lo que es una fuente e hicieron sus primeras notas de opinión. Del cuestionario saltan a comentar las noticias de las últimas semanas. Les pregunto dónde las consumen. No leen diarios ni escuchan radio. Cada tanto ven el noticiero en casa. Se enteran por las redes, sobre todo Instagram o por lo que le cuentan sus madres. El chisme aparece como una forma de transmisión de información, de buscar fuentes, de construir una historia. Y Santa Lucía está llena de chismes.

-¿Qué viene a hacer cuando termine en la escuela?
-Trabajar. Estudié cocina, así que seguro sigo en gastronomía, aunque sé que es muy duro.
-¿Carrera policial o gendarme?
-Policía de investigaciones.
-Conseguir una esposa que me mantenga.
-Cosmetología.
-Criminalística.
-Higiene y seguridad.

Algunos ya trabajan. Un adolescente que vive en la zona rural camina varios kilómetros todos los días para ir a la escuela y por la tarde cocina en un comedor. Gana 30.000 pesos por mes. Otro vende comida. El que está al lado, celulares.

¿Alguien quiere comprar un teléfono? Tengo un Motorola que la rompe.

Lo que más les gusta de Rosario es el monumento, el laguito del Parque Independencia, e ir a pescar al río. Ir a la isla no. Casi ninguno sabe nadar. También les gusta cuando salen del barrio con la escuela. Fueron al Teatro del Círculo, al Acuario del Río Paraná, a museos públicos, al Centro de la Juventud, a un campamento del Sindicato de Comercio. Cuando eran más chicos, conocieron el Tríptico de la Infancia. Vieron los animales en la granja, metieron sus miedos en un sobre en la Isla de los Inventos y subieron a la máquina de volar y trepar del Jardín de los Niños. La mayoría de los lugares son espacios públicos, gestionados por la municipalidad o la provincia.

Más allá de esos paseos con la escuela, no saben mucho de Santa Lucía. Se quedan y lo que más disfrutan es ir al playón, sobre todo cuando hay sol. Desean tener un club para hacer deportes y pasar el rato. Y lo que más les gusta de su barrio es la gente. Si tuvieran que escribir una nota sobre Santa Lucía, diría esto:

-Para los que vivimos acá, no es peligroso. Si no te metés con nadie, no es peligroso.
-Pero antes sí, antes se quedaban a tiros todo el día.
-Ahora no, desde la pandemia está más tranquilo.
-Tengo amigos de la infancia con los que jugábamos a la pelota que no los veo más, están perdidos.
-Es un barrio como todos los demás, solamente no te metás en quilombo.
-A comparación de otros barrios, es mucho más solidario.
-Y la escuela también, acá se preocupa mucho por nosotros. 
Me levanto para devolver el mate, se me dobla el tobillo y caigo de rodillas al piso. Todo el curso queda mudo. Uno de los alumnos tiene la boca tan apretada para aguantar la risa que se le llenan los ojos de agua. La tensión dura unos segundos hasta que les pido que por favor nos riamos de lo que pasó. Ellos dicen que van a escribir sobre el día que vino una periodista y se cayó en el medio del salón. La clase termina y el chisme baja rápido por las escaleras y llega a la dirección. Valeria Ríos me recibe en la puerta.

-Me dijeron los chicos que te caíste, ¿estás bien?
Escuchar al barrio contar su propia historia
Batata vuelve sobre el barrio de Santa Lucía. Recupera una de las historias más potentes del libro, la de una madre y una hija envueltas en una espiral de violencia pero también comprometidas con sostener lo colectivo. Dice que esa historia, anclada en el pasado reciente —los años de recesión que van desde el menemismo hasta la caída de De la Rúa—, tiene mucho que decir sobre el presente. Y le pregunta a Arlen qué fue lo que percibió en esa familia, en ese barrio que nació a fines de los 90 más por la iniciativa de sus vecinos que por la intervención real del Estado. ¿Cómo esa historia se conecta con lo que pasa hoy?

Arlen empieza por lo que encontró en el territorio: en Santa Lucía, dice, fue donde más fuerte vio lo comunitario funcionando. Matiza, también, esa idea repetida de que el Estado se ha retirado de los barrios. No es tan simple: el Estado está —a veces demasiado—, pero no siempre en los términos que se espera. Está la policía, está el centro de salud, están los dispositivos como los Centros Crecer, que cambian de nombre cada vez que cambia una gestión, pero que siguen ahí. Y, junto a eso, están también las organizaciones barriales, muchas veces desarticuladas entre sí, que intentan sostener lo que pueden.

Lo que distingue a Santa Lucía, para Arlen, es que su origen es comunitario. Nació desde abajo, a partir de un centro comunitario impulsado por los propios vecinos. Y ese origen común, a pesar de haber estado atravesado desde el principio por la desigualdad y la violencia, parece haber dejado una marca: una forma distinta de relacionarse entre las instituciones, una red más visible, una trama que se sigue sosteniendo.

En ese entramado es donde aparece la historia de "La Colo" y "La Yany", madre e hija, que se vuelven el corazón narrativo del capítulo. Arlen dice que fue una historia que la encontró a ella, que fue a Santa Lucía con muchas entrevistas en agenda —centros de salud, referentes, instituciones— pero que, cuando conoció a estas dos mujeres, todo lo demás quedó en segundo plano. Las eligió porque en su modo de hablar, en cómo contaban su vida, estaba también la historia de todo el barrio. Porque eran, además, ese tipo de madres e hijas que se crían juntas, que atraviesan todo al mismo tiempo: la pobreza, los planes sociales, las redes de contención, las pérdidas. Y en esa cercanía, dice Arlen, estaba "todo lo que había que contar".

Lo que queda afuera también cuenta
El diálogo en la mesa se vuelve cada vez más íntimo y entra en el terreno de las decisiones detrás de la escritura. Sonia Tessa le pregunta a Arlen por los cortes difíciles: qué quedó afuera del libro y por qué. ¿Cómo se decide qué entra y qué no cuando se trabaja con tantas voces, con tanto material?

Arlen no duda: lo más difícil fue, justamente, dejar cosas afuera. Reconoce que hizo muchas entrevistas, que escribió mucho más de lo que terminó en el libro, pero que ese desborde también era necesario. A veces, dice, una va sabiendo qué historia necesita contar, aunque no siempre se materialice como se había imaginado. Algunas entrevistas que al principio pensaba como capítulos enteros terminaron aportando una idea, una escena, una frase que se coló en otra parte. Y, aunque trató de que todas las personas entrevistadas aparecieran de algún modo, hubo historias que se quedaron afuera. "Pero están ahí", dice Arlen, "siguen dando vueltas en la cabeza". Y quizás, sugiere, sean parte de un próximo libro.

Sonia vuelve sobre esa idea: hacer "de más" no es un desperdicio. Ese trabajo de fondo le da cuerpo a lo que sí entra. Sostiene los capítulos desde abajo, les da espesor. Arlen asiente, aunque con humor aclara que no recomienda hacer un libro "padeciéndolo tanto". Porque sí, también se disfruta, pero se sufre. Un libro, explica, es distinto a una crónica: exige una mirada más total, una responsabilidad más grande con lo que se elige mostrar.

Entonces Batata retoma un punto clave: el punto de vista. En el periodismo, y en Rosario en particular, dice, muchas historias vienen ya enmarcadas en una moralina: buenos y malos, con discursos que muchas veces cargan con un racismo disimulado, incluso en periodistas bien intencionados. Le pregunta a Arlen si su mirada le fue "dada", o cómo fue que llegó a esa perspectiva tan clara y tan cuidada.

Arlen responde sin rodeos. Confiesa que tuvo miedo de ser juzgada por cómo abordaba ciertos temas, por cómo escribía ciertas escenas. Y que, además, fue un libro hecho durante el primer año de gobierno de Javier Milei, un momento especialmente cargado de tensiones, de disputas internas, de palabras cuestionadas. En ese clima, dice, la mirada se vuelve todavía más difícil de sostener.

Pero ahí aparece otra clave: la edición. Arlen habla del proceso de escribir y reescribir, de ir puliendo el texto para sacarse de encima esas primeras versiones llenas de juicios o miradas inconscientes. Dice que al editarse a sí misma con ferocidad, logra limpiar ese "punto de vista automático" y centrarse en las historias que recogió. Que el libro tiene perspectiva, claro, pero que no buscaba imponer una bajada de línea. Que no se sentía con autoridad para eso, habiendo escuchado tantas voces más potentes e interesantes que la suya.

Feminismo, literatura y la capital de nada
El diálogo sigue deslizándose entre el proceso de escritura y la mirada que lo sostiene. Batata vuelve a tomar la palabra, ahora para profundizar en el enfoque feminista del libro. Reconoce que todos escribimos desde nuestros prejuicios, pero también que cuando uno va a ser leído, evaluado o discutido públicamente, ese punto de vista tiende a tamizarse. En su caso, dice, su trabajo está atravesado por la experiencia en El Ciudadano, un medio donde muchas de las mujeres que hoy son referentes del periodismo feminista en Rosario —como Silvina Tamous, Negui Delbianco, Carina Ortiz— forjaron un espacio que es faro para todo el continente.

Le pregunta entonces a Arlen cómo tomó esa decisión de incluir una parte del feminismo —presente, pero no central— en el libro, y qué dejó afuera.

Arlen responde sin dudar: es un libro feminista en su totalidad. No por su tema exclusivo, sino por cómo está escrito, por las decisiones de fondo. Explica que hay una edición de las fuentes que fue muy pensada desde esa perspectiva. Que la mayoría de las voces que aparecen son de mujeres. Y que eso no fue casual: fue una práctica aprendida —justamente en El Ciudadano— a partir de un ejercicio que le enseñó otra periodista feminista. Cuando una va a consultar a "la fuente experta", dice, suele ser un chabón. El ejercicio es preguntar: ¿y además de vos, quién más puede hablar de esto? ¿Quién está más abajo, o al costado? Así se fue armando una red de voces distintas, muchas veces invisibilizadas, pero sobre todo mujeres.

Pero también hubo algo más práctico: cuando una llega a los barrios, las que sostienen los espacios comunitarios, los comedores, los centros de cuidado, siguen siendo mayoritariamente mujeres. Y muchas veces, son las más dispuestas a hablar.

Desde el público, la poeta y escritora Beatriz Vignoli —quien también es protagonista de uno de los capítulos— toma la palabra y pregunta: ¿Cómo aparece la literatura en el libro?

Arlen le responde con afecto: hay un capítulo que comparten, fruto de una conversación de horas, y que le resultó fundamental. En ese intercambio hablaron de muchas cosas —la historia de Rosario, el lugar de las mujeres artistas— pero también surgió una frase que se volvió clave: "Rosario es la capital de nada". La frase, que Vignoli le atribuye a otro escritor rosarino, le dio el título a ese capítulo y condensó algo esencial sobre la identidad de la ciudad, siempre a medio camino entre querer ser capital de algo y no terminar de encontrar su lugar.

Arlen recuerda también una lectura que la marcó durante el proceso: la crónica de Martín Caparrós sobre Rosario en su libro 'El interior'. Allí, el escritor era Fontanarrosa. Pero para Arlen, que escribe desde otra época y otra sensibilidad, la escritora que tenía que estar en este libro era Beatriz Vignoli.

Sobre la autora
Arlen Buchara Marinello nació en Nicaragua en 1987 y vivió su infancia entre Italia, Cuba y Argentina. Desde 2006 reside en Rosario. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario y cursó la Maestría en Periodismo Narrativo en la Universidad de San Martín. Trabajó ocho años en el diario El Ciudadano, fue columnista de radio, productora de televisión y editora general de Cosecha Roja. Publicó en medios como Revista Anfibia, PáginaI12, Revista Crisis y otros. Coeditó 19. Una cartografía narrativa de Santa Fe y es coautora de la obra de teatro Morir es otra cosa. En 2024 fue nominada al Premio Gabo. Rosario, perfil de una ciudad al límite es su primer libro. Actualmente, escribe un libro de cocina junto a su hermana.

Fotos: Gentileza Librería Mal de Archivo

domingo, 19 de octubre de 2025

Gabriela Sosa: llegar al Congreso con los pies en el territorio y la cabeza en la transformación

Gabriela Sosa, candidata a diputada nacional por Santa Fe y referente del feminismo popular en el Frente Amplio por la Soberanía, quiere llevar al Congreso una agenda territorial, feminista y de derechos humanos en tiempos de retroceso

"Soy hija de los ’90, de abuelos y padres trabajadores", dice Gabriela Sosa, con la certeza de quien camina desde hace años los barrios, las calles, los espacios donde la política se juega de cuerpo entero. Candidata a diputada por Santa Fe por el Frente Amplio por la Soberanía, ella compartió este sábado una charla en Señales, el programa de Aire Libre Radio Comunitaria. Allí repasó su recorrido y las ideas que la mueven: justicia social, feminismo popular y soberanía política, económica y territorial.

Nacida en Córdoba, Rosario la adoptó hace más de dos décadas, cuando decidió mudarse para profundizar su militancia en un proyecto de izquierda nacional y popular. Su historia política comenzó en los años ’90, en la agrupación Venceremos, con un fuerte trabajo territorial con juventudes e infancias en barrios populares. Desde entonces, nunca se alejó de la organización de base: cooperativas, movimientos sociales, trabajo con mujeres, derechos humanos.

Fue una de las referentes del Movimiento Barrios de Pie y coordinadora de la Agrupación Las Juanas. Entre 2006 y 2011, estuvo al frente del Programa Juana Azurduy, primero a nivel provincial y luego a nivel nacional, promoviendo derechos desde una mirada federal y comunitaria.

Ya en el ámbito institucional, fue Directora de Derechos Humanos en Rosario (2011-2015), y más tarde Subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe durante la gestión de Miguel Lifschitz. Desde allí impulsó políticas públicas con fuerte anclaje territorial, pensadas desde y para los márgenes.

En 2015 fue electa Secretaria General del Movimiento Libres del Sur y participó en la fundación de MuMaLa – Mujeres de la Matria Latinoamericana, una de las organizaciones feministas más activas del país.

Gabriela no habla de logros individuales: insiste en que todo lo construido fue y es fruto de una militancia colectiva. Su apuesta política sigue siendo la misma que la llevó a militar en los 90: transformar las condiciones de vida desde abajo, con los pies en el territorio y el horizonte puesto en una patria más justa y soberana.

Una candidatura colectiva, pensada desde el territorio
¿Cómo llegó la propuesta para ser candidata? Gabriela no duda en responder: fue una construcción colectiva. "Libres del Sur se sumó al Frente en 2023", explica, y ahí arranca el recorrido. La confluencia con el Frente Social y Popular —que lidera Carlos del Frade— nació tras el alejamiento del Frente Progresista Cívico y Social, cuando algunos sectores empezaron a mirar demasiado al centro-derecha. "Ahí decidimos hacer otro camino", dice, un camino que se fue fortaleciendo con cada paso: la Convención Constituyente, concejalías en distintas ciudades y, ahora, la posibilidad de disputar bancas en el Congreso.

Las candidaturas, cuenta, se definieron en la mesa del frente: No fue una decisión individual, sino una elección con lógica colectiva y trayectoria. "Sabíamos que teníamos que llevar propuestas coherentes, que afiancen la identidad del frente", afirma.

Así, quienes venían del trabajo legislativo o del ámbito municipal se enfocaron en las listas locales; y quienes, como Gabriela, tienen una mirada nacional, fueron propuestas para disputar el Congreso. "Soy coordinadora nacional de las MuMaLa. Analizo las políticas sociales y de género en términos nacionales. Desde ahí sentí que podía aportar, diseñar propuestas, interpelar al gobierno con argumentos y propuestas concretas".

Sosa y Del Frade comparten no sólo una militancia de décadas, sino también una forma de hacer política que incomoda: desde abajo, con los pies en el territorio y la cabeza en las transformaciones estructurales que aún esperan. "Nos sentimos cómodos interpelando a este gobierno, pero también construyendo alternativas", resume.

Unidad en la diversidad: gestión pública y militancia territorial
En el Frente Amplio por la Soberanía conviven experiencias diversas que se encuentran en un punto común: la defensa de lo público y una práctica política con anclaje popular. "Esa es la riqueza de este espacio", dice Gabriela Sosa. "Una unidad construida entre quienes fuimos parte del diseño de políticas públicas —con todas sus limitaciones— pero desde una mirada progresista, y quienes venimos de la izquierda nacional y de la militancia territorial".

Allí están, por ejemplo, Claudia Balagué, exministra de Educación; Leonardo Caruana, con una trayectoria en salud pública desde la Municipalidad de Rosario; Fabián Palo Oliver, exintendente y legislador; Lucho Vigoni, con fuerte presencia en el trabajo con juventudes con el programa Nueva Oportunidad. Muchas y muchos compartieron incluso espacios de gestión con Maximiliano Pullaro cuando este formaba parte del Frente Progresista, pero hoy tomaron distancia por su giro hacia la centroderecha.

"El Frente Amplio por la Soberanía reúne a compañeras y compañeros con compromiso en la gestión estatal, pero también con una historia de lucha en las calles y en los barrios", afirma Sosa. Y remarca una consigna que atraviesa al espacio: el Estado debe fortalecerse, sacudirse los nichos de corrupción, y ser una herramienta real, concreta, al servicio de la ciudadanía.

Desde esa conjunción, que no oculta las diferencias pero apuesta a una unidad programática sólida, el FAS avanza con una identidad propia y una propuesta política que busca interpelar tanto a las instituciones como a los sectores populares.

Un Estado ausente: el vaciamiento de las políticas de género
Desde su doble experiencia —en la militancia y en la gestión pública— Gabriela Sosa es tajante al evaluar la situación actual de las políticas de género en Argentina: "Las nacionales han sido desmanteladas totalmente". La frase suena dura, pero no hay exageración. Para Sosa, lo que se vive hoy es un retroceso planificado, parte de una ideología negacionista que niega tanto el terrorismo de Estado como la existencia misma de la violencia de género.

"El presidente Milei ya lo había anunciado en campaña", recuerda. "No es solo una decisión política, es una propuesta ideológica que niega la construcción de género, como lo hacen las derechas en todo el mundo". El resultado está a la vista: programas sin financiamiento, estructuras vaciadas, ninguna política activa que acompañe a las mujeres víctimas de violencia, ni recursos económicos, ni apoyo para hijos e hijas de víctimas de femicidio, ni formación a agentes del Estado, ni aplicación real de la Educación Sexual Integral. Tampoco hay estadísticas: "No hay datos oficiales sobre violencia de género en Argentina. El Ministerio fue degradado, los programas desarticulados, y no hay estadísticas oficiales: el Estado desapareció".

En el plano provincial, la situación no es mejor. "En Santa Fe no se eliminaron formalmente los programas, pero se precarizó todo", señala. Y lamenta especialmente la figura que hoy encabeza la Secretaría de Género: una referente histórica del feminismo radical, "puesta ahí en una gestión muy pobre, sin impacto territorial real". Para Sosa, lo que está en juego no es solo la política pública, sino también una historia de luchas que se ve dilapidada.

Su mirada es crítica, pero no resignada. Desde su rol como referente de MuMaLá y su candidatura, insiste en que es urgente reconstruir un Estado que no mire para otro lado, que vuelva a tener herramientas reales para garantizar derechos y acompañar a quienes más lo necesitan.

Memoria viva y resistencias actuales: lo que no se dice, lo que se borra
En medio de los retrocesos en las políticas de género, algunas voces emergen con fuerza para recordar que los derechos conquistados no fueron regalos, sino producto de años de lucha y resistencia. Una de esas voces es la de Mabel Gabarra, histórica precursora en temas de género en Rosario. En Señales la mencionamos con afecto y admiración: "En algún momento vamos a tener que hacerle un gran homenaje por toda su lucha".

El jueves pasado, durante la presentación del libro Rosario, perfil de una ciudad al límite, de Arlen Buchara —una obra que narra a Rosario desde otras miradas, desde las luchas y los trabajos invisibilizados— hablamos con Mabel. La charla derivó en lo inevitable: la preocupación por el presente. Y al aire, Gabarra compartió su testimonio: crudo, directo, sin anestesia.

"Cuando empezamos, nos puteaban en la Peatonal Córdoba. Las mujeres, incluso, nos gritaban de todo", recordó, hablando del activismo por el aborto legal en tiempos en que el tema ni se nombraba. Y sobre el presente, no dudó: "Milei no va a vetar la ley, pero encontró otra forma de jodernos: no dar insumos a las provincias. Así están derogando la ley en la práctica".

La denuncia es clara: el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que hasta hace poco producía mifepristona —uno de los medicamentos esenciales para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)—, dejó de fabricarla, y los centros de salud ya no tienen misoprostol. Es decir, el acceso real al derecho está siendo cercenado.

En tono ácido, y entre risas, Mabel lanza: "Pullaro es el hijito de Milei". Y la preocupación crece. De hecho, se consultó por WhatsApp a la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio, ante la falta de información oficial y reportes de interrupciones en el acceso a estos medicamentos. Hasta el momento, se espera su respuesta.

El dato no es menor: fue este mismo gobierno provincial el que, en su momento, valoró públicamente que el LIF —laboratorio público de referencia— produjera misoprostol y mifepristona. Hoy, ese mismo gobierno parece haberle soltado la mano a la política pública, justo cuando más se necesita.

La doble ausencia: entre el vaciamiento nacional y la indiferencia provincial
"Lamentable", resume Gabriela Sosa cuando le preguntan por el desmantelamiento de las políticas públicas vinculadas a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Porque no se trata solo de aborto legal: "Tuvimos faltantes de hormonas para mujeres travestis y trans, también de anticonceptivos, y hasta preservativos". La situación no es nueva, y tampoco es únicamente responsabilidad del gobierno nacional. El problema —señala— es que lo que Milei elimina, la provincia no reemplaza.

Esa es una de las críticas más duras que lanza contra la gestión de Maximiliano Pullaro. "Todo lo que recorta el gobierno nacional o no ha sido reemplazado o lo es de manera muy lenta por parte de la provincia. Nosotros venimos reclamando eso. Sabemos que Milei no va a devolver lo que eliminó, porque tiene un modelo político claro: solo defiende al sector financiero y a las multinacionales. Todo lo demás queda afuera".

Frente a eso, la expectativa no está puesta en una restitución milagrosa desde Nación, sino en la responsabilidad política de las provincias. Pero Santa Fe, lejos de dar respuestas, se adelanta incluso a algunas de las políticas de ajuste más agresivas del gobierno nacional. "Logró la reforma previsional en la provincia. Eso no solo es alinearse con Milei, es adelantarse a los deseos del Fondo Monetario Internacional", denuncia.

Y va más allá: critica la represión al derecho a la protesta, los castigos a trabajadores y trabajadoras que reclaman por sus salarios, y lo que define como un "acting" mediático del gobernador, que elige sus batallas según el impacto que puedan tener en la opinión pública. "Pone carteles rojos por la obra pública en rutas, cada tanto critica al gobierno nacional de forma coyuntural, pero en los temas clave, donde se juega la vida cotidiana de miles de personas, no ha hecho nada. Y en otros, incluso, ha sido más rápido que Milei en recortar derechos".

Para Sosa, no alcanza con denunciar. Hace falta gobernar distinto. Y ese es el proyecto que, afirma, representa el Frente Amplio por la Soberanía.

Provocar para tapar: odio, ajuste y disciplinamiento desde el poder
No se trata de un exabrupto. Para Gabriela Sosa, los dichos de Patricia Bullrich dónde señala que las feministas son responsables de los femicidios, no es una opinión personal desafortunada, sino una expresión más de un discurso coherente —aunque brutal— del gobierno nacional. "Es una más de Bullrich, sí, pero también de Cúneo Libarona, del propio Milei y de sus voceros e intelectuales. No hay miradas individuales, hay una mirada ideológica de odio hacia las mujeres y los feminismos".

Sosa recuerda el discurso de Milei en Davos, donde se asoció diversidad sexual con delitos; las amenazas del ministro de Justicia sobre eliminar la figura del femicidio porque —según su visión— la violencia de género no existe; y ahora, la ministra de Seguridad que directamente minimiza los crímenes machistas. "Estas voces muestran el corazón del modelo que impulsa este gobierno: un modelo que nos odia no solo por lo que somos, sino por lo que representamos. Porque nosotras queremos transformar el sistema patriarcal, el modelo económico que nos subordina, y avanzar hacia una sociedad más democrática, con poder compartido y con reconocimiento de las tareas de cuidado".

Pero no se detiene ahí. Sosa también marca el avance de un negacionismo histórico que no se limita a la dictadura: "Ahora también niegan las culturas y civilizaciones de los pueblos originarios. Vuelven a hablar del 12 de octubre como Día de la Raza, una provocación más entre tantas".

Todo forma parte de una estrategia, insiste. "Como no tienen nada bueno para mostrar, buscan provocar permanentemente. El recital de Espert, las fotos con Trump, los dichos reaccionarios en cada efeméride… Es todo parte de un show para desviar la atención. Mientras tanto, lo que avanza es el hambre, la fragmentación social y el sometimiento del país a los intereses del FMI y las potencias extranjeras".

Para Sosa, lo importante es no perder de vista el fondo de la cuestión. "Estas provocaciones no son solo para sacarnos. Son para tapar lo que están haciendo de verdad. Por eso hay que entenderlas, desenmascararlas y no dejar de hablar de lo que duele: la destrucción del tejido social, el vaciamiento del Estado, la pérdida de derechos, el empobrecimiento del pueblo. Provocan porque no pueden gobernar. Y mientras nos distraen con odio, el ajuste avanza".

Una banca, una apuesta: construir poder desde abajo
Mientras Milei se arrodilla ante Trump y apenas logra asistir como oyente a una conferencia de prensa en la que "ni siquiera Trump lo escuchó", Gabriela Sosa se permite un comentario con ironía rosarina: "A mí no me llevó ningún presidente al Salón Oval… pero Carlos del Frade me va a llevar a recorrer la legislatura nacional. Y eso, la verdad, es lo que prefiero".

La frase resume su apuesta política. Frente al show del poder concentrado, la respuesta es clara: construir poder popular desde abajo, con coherencia, convicción y territorialidad. "Estamos ahí", dice. "Es un gran desafío, pero también una gran posibilidad: ser la cuarta fuerza que entre al Congreso".

Y no se trata solo de entrar, sino de disputar sentido. "Queremos arrancarle la banca a la derecha. En el sentido amplio: desde el Cachi Martínez hasta La Libertad Avanza. Porque los votos que tuvo Milei fueron de mucha gente que estaba enojada, frustrada, angustiada con las gestiones anteriores. Entonces la pregunta es: en este momento del país, mirando la realidad nacional, ¿qué voces queremos sentadas en el Congreso?".

Sosa no duda: "Si hay una sola banca en juego, es Carlitos. Pero si esta semana logramos empujar un poco más, lo van a tener a Carlos y también me van a tener a mí, para llevar la voz del feminismo al Congreso".

La expectativa es alta, aunque las condiciones materiales son desiguales. "Competimos contra espacios con años luz de ventaja en recursos y estructuras: el radicalismo, el socialismo, el PJ, La Libertad Avanza. Pero nosotros tenemos otra cosa: coherencia, causas populares y trabajo territorial".

Y vuelve a marcar la diferencia política. "Difícilmente tengamos otra banca más. Ojalá. Pero lo cierto es que competimos con listas que han sido abiertamente antiderechos. El caso de Cachi Martínez y Verónica Baró Graf es claro: votaron en contra del aborto legal y hasta del acceso a la pastilla del día después. Entonces hay que preguntarse en serio: ¿quién querés que te represente? ¿Carlos del Frade o quienes quieren retroceder en derechos ya conquistados?".

Porque mientras el poder nacional se arrodilla ante intereses extranjeros, mientras se vacían derechos y se criminaliza la protesta, la pelea sigue siendo por construir representación real. Una que venga desde abajo, con mirada feminista, con compromiso territorial y con decisión de disputar el modelo. Y Gabriela Sosa lo tiene claro: "la política tiene que volver a ser una herramienta de transformación".

Sobre el show, las peleas y las discusiones en el Congreso
Desde afuera, el Congreso puede parecer un escenario de excesivo show. Peleas filmadas, cruces personales que se viralizan, declaraciones grandilocuentes pensadas más para las redes que para la resolución de los problemas estructurales. Pero aún con todo ese ruido, Gabriela Sosa no pierde de vista que en ese ámbito —el único donde hoy se permite algún tipo de matiz— también se están dando discusiones centrales para el presente y el futuro del país.

Porque más allá del show, fue en el Congreso donde se logró frenar —aunque sea parcialmente— algunas políticas más lesivas del gobierno nacional. Y no fueron todos. Fueron sobre todo las feministas, los sectores más golpeados por los recortes, quienes lograron instalar la discusión. Frente a una reacción tibia, cuando no ausente, de buena parte del sindicalismo, fue ese activismo el que puso el cuerpo y la voz.

Y eso tiene valor, dice Sosa, porque incluso en este tiempo tan hostil, se han dado articulaciones inesperadas entre distintas miradas opositoras, que permitieron rechazar o visibilizar cuestiones tan sensibles como el vaciamiento de la universidad pública. Hasta integrantes del oficialismo, como Silvia Lospennato del PRO, votaron en ese sentido. Eso muestra que el Congreso sigue siendo un lugar para sembrar debates, aun sabiendo que muchos pueden perderse, pero que abren ventanas hacia una sociedad más justa.

En ese marco, reconoce que la derecha supo canalizar un malestar social muy real. Lo hizo Milei, lo hicieron sus voceros, lo hicieron sus redes. Lo que no supieron hacer otros espacios fue leer esa bronca y dar una respuesta transformadora. Asumir errores, dice, es también asumir que hubo una gestión —la de Alberto Fernández— que no se animó a discutir los temas estructurales: el acuerdo con el FMI, el caso Vicentin, la redistribución de la riqueza. Hubo falta de estrategia, falta de coraje.

Para Sosa, el debate sobre el modelo de país es ineludible. ¿Qué rol queremos que tenga la Argentina? ¿Qué tipo de inserción en el mundo, qué grado de soberanía, qué política de cuidado? Y por eso una de las propuestas que piensa llevar al Congreso, junto a Carlos del Frade, es investigar la deuda externa. Auditar, señalar responsables, discutir la legitimidad de una deuda que fue contraída de manera fraudulenta y se fugó sin control. Y en paralelo, recuperar otras banderas: una reforma tributaria progresiva, la eliminación del IVA para productos de la canasta básica —que incluya no solo alimentos sino también productos de higiene y cuidado del hogar— y la declaración urgente de la emergencia nacional en violencia de género. Solo en octubre, recuerda, hubo 15 femicidios en Argentina. Y la respuesta del Estado es la nada misma.

Entonces sí: la pelea es en el Congreso. Pero no solo por una banca, sino por una voz. Una que no se calle ante el ajuste ni ante la violencia. Una voz feminista, popular y con memoria.

"Para vivir diferente, hay que votar diferente"
¿Qué se le dice a esa persona que está harta, que siente bronca, que piensa que votar ya no cambia nada? Gabriela Sosa no duda: se le dice que sí hay otra forma de hacer política, que no todo es lo mismo, que no todos y todas somos iguales. Y se le dice también que, aunque cueste, aunque la bronca sea genuina, aunque la frustración esté más que justificada, vale la pena tomarse un ratito para volver a confiar.

Porque ese ratito, ese gesto de ir a votar, de elegir, es una conquista que costó mucho en este país. Costó muertes, exilios, luchas de generaciones. Y aunque hoy parezca que todo está perdido, que el poder siempre gana, que no hay opción real, justamente por eso hay que seguir eligiendo. Para defender lo poco que queda y para abrir caminos nuevos.

Sosa lo dice desde la experiencia. Recuerda el 2001, cuando el "voto bronca" era una manera de hacer catarsis social. Lo entiende. Pero también recuerda que de ese desencanto no siempre sale lo mejor. A veces, se cuela el odio. A veces, la antipolítica termina dándole poder a quienes nunca estuvieron del lado del pueblo.

Por eso insiste: Carlos del Frade y ella no son lo mismo. Porque vienen de otro recorrido. Porque caminaron al lado de quienes sufren. Porque tienen propuestas concretas, banderas claras, convicciones firmes. Porque para vivir diferente, hay que votar diferente.

Entonces, sí: hay que ir a votar. Y si deciden acompañarlos, tienen que buscar la lista 501, la que está anteúltima a la derecha, sí, a la derecha, justo ahí —ironías de la vida— para dar pelea en ese lugar donde hoy se plantan los que odian, los que ajustan, los que se burlan de la democracia.

La suya, en cambio, es una boleta que va del rojo al violeta, en degradé, como los tonos de una lucha que va de lo social a lo feminista, del trabajo a la dignidad, de la bronca a la esperanza.

Mientras tanto, en las redes... ¿Una propuesta, una idea nueva? No hay. Solo siguen odiando, y a su vez, criticando al que tienen enfrente, al que está un poco más abajo. No, no le encuentro sentido. Porque eso no es una campaña. Pero bueno, eligen ir por ese lado —dice Gabriela. Y tiene razón: eso es lo de siempre.

La apuesta está hecha. Que el voto sea también una forma de pelear. Y de empezar a transformar.

viernes, 17 de octubre de 2025

Organismo internacional de derechos humanos, convoca al Gobierno argentino por el deterioro de la libertad de expresión

Tras denuncias por agresiones a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y otros trabajadores de prensa, así como por ataques sistemáticos a la libertad de expresión, la CIDH convocó una audiencia para evaluar la situación en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, en un contexto de creciente hostilidad hacia los medios críticos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó una audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina, tras recibir solicitudes de un amplio conjunto de organizaciones periodísticas, sindicales, de derechos humanos y referentes académicos que denuncian un deterioro sostenido y alarmante en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el país. El objetivo es propiciar un espacio de diálogo para que el Estado adopte medidas que detengan los ataques a trabajadores de prensa y a las voces críticas.

La audiencia se celebrará el próximo 19 de noviembre de 2025 en la Universidad de Miami, Estados Unidos, en el marco del 194° Período de Sesiones del organismo y unifica los pedidos presentados por Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), entre otros.

Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió sobre la preocupante situación de la libertad de expresión en Argentina y sobre una baja tolerancia del poder ejecutivo hacia la crítica, un ambiente para el debate público que se ha vuelto más hostil, y riesgoso para los periodistas.

Las organizaciones expondrán ante la Comisión sobre la deslegitimación del periodismo crítico en el discurso oficial, así como los crecientes ataques, amenazas y discursos estigmatizantes hacia periodistas y medios de comunicación, muchos de ellos promovidos desde las más altas autoridades del Estado. También alertarán sobre la judicialización abusiva de periodistas, la intensificación de la violencia policial contra trabajadores de prensa en manifestaciones públicas, las restricciones en el acceso a la información pública y el vaciamiento de los medios públicos y comunitarios.

La audiencia ante la CIDH será una oportunidad clave para visibilizar la gravedad de la situación, exigir garantías efectivas de protección para periodistas y medios, y reafirmar el compromiso con el derecho a la libertad de expresión como pilar esencial del Estado de derecho.

Lista completa de solicitantes:
Amnistía Internacional Argentina
ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina)
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina (AMARC)
Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA
Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE)
Colectivo Revista Crisis
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
FATPren (Federación de Prensa de la Argentina)
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Heinrich Böll
Fundación Poder Ciudadano, Fundar
Fundación Transparencia Activa
Innocence Project Argentina.
SiPreEBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires)
RedCom (Red de Carreras de Comunicación)


Asimismo, la presentación contó con el aval de destacados referentes jurídicos y del derecho constitucional: Marcela Basterra, Eduardo Bertoni, Juan Pablo Bianchedi, Enrique Bianchi, Ignacio Boulin, Alejandro Carrió, Susana Cayuso, Laura Clerico, Alberto Dallavia, Gustavo Ferreyra, Carmen Fontán, Alberto Garay, Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Ricardo Gil Lavedra, Sebastián Guidi, Hernan Gullco, Pablo Manili, Osvaldo Pérez Sammartino, Mónica Pinto, Roberto Saba, Daniel Sabsay, Mariela Uberti y Hugo Wortman Jofre.

Explosión destruye el vehículo del periodista italiano Sigfrido Ranucci, amenazado por la mafia

Una bomba explotó frente a la casa del popular presentador de la RAI, que vive con escolta desde 2014. La fiscalía antimafia investiga el atentado, que ha generado conmoción en la clase política y la sociedad italiana
Una poderosa bomba explotó este jueves por la noche junto al coche de Sigfrido Ranucci, uno de los periodistas de investigación más conocidos de Italia y presentador del programa Report, emitido por la televisión pública italiana (RAI). El vehículo estaba estacionado frente a su casa en Pomezia, una localidad de la costa romana.

El atentado ocurrió alrededor de las 22:15 horas y, según el perfil oficial del programa, la explosión fue tan potente que "podría haber matado a cualquiera que pasara en ese momento". Además del automóvil de Ranucci, también resultó dañado el vehículo de su hija y la vivienda contigua. La hija había regresado a casa poco antes del estallido.

Investigación y contexto mafioso
La fiscalía antimafia de Roma ha asumido la investigación y por ahora considera como hipótesis principal un delito de daños con el agravante del método mafioso. Sin embargo, en la zona no existen cámaras de seguridad que hayan podido captar a los responsables.

Ranucci confirmó que el artefacto parecía rudimentario, pero la naturaleza exacta del explosivo aún debe ser analizada. "Con todas las amenazas que recibimos, no es sencillo identificar el origen", señaló el periodista. Relacionó el ataque con la reciente divulgación de los temas para la nueva temporada de Report, que incluyen investigaciones sobre la financiación de la cultura, el sector de la energía eólica, bancos y sanidad.

Reacciones políticas y sociales
La reacción ante el atentado no se hizo esperar. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, expresó su "severa condena" por el grave acto de intimidación. La primera ministra, Giorgia Meloni, calificó el ataque como un intento de intimidación y subrayó que "la libertad y la independencia informativa son valores innegociables de nuestras democracias, que seguiremos defendiendo".

Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea, declaró: "Las intimidaciones y molestias a los periodistas no tienen lugar en Europa. Los periodistas deben poder desarrollar su trabajo fundamental con seguridad, libres de amenazas y ataques".

Trayectoria y amenazas previas
Sigfrido Ranucci, de 64 años, presenta Report desde 2017 y desde 2021 vive bajo protección policial debido a amenazas de la mafia calabresa 'Ndrangheta. Ha sido demandado por varios políticos debido a informes que los vinculan con organizaciones mafiosas.

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, afirmó que "un ataque a un periodista es un ataque al Estado", mientras que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ordenó reforzar al máximo la seguridad del periodista.

Detalles del atentado y la seguridad
Un vídeo publicado por Report en redes sociales muestra metal retorcido y ventanas destrozadas tras la explosión. Ranucci declaró al diario Corriere della Sera que se utilizó al menos un kilogramo de explosivos. Su hijo había usado el coche poco antes, y su hija había pasado caminando por el lugar apenas 20 minutos antes de la detonación.

Report es conocido por sus profundos reportajes de investigación y Ranucci también es autor de un libro sobre la mafia. En 2021 contó en televisión que la 'Ndrangheta había ordenado su asesinato tras la publicación de su libro, aunque el ataque fue detenido.

Amenazas recientes y próximos reportajes
El periodista declaró al Corriere que recientemente recibió nuevas amenazas, incluyendo el hallazgo de dos balas fuera de su domicilio. Este domingo, reveló en redes sociales los temas que abordará en la próxima temporada, centrados en la 'Ndrangheta y la mafia siciliana.

Libertad de prensa en Italia bajo amenaza
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Italia ocupa el puesto 49 a nivel mundial en libertad de prensa. Pavol Szalai, director de RSF para Europa, calificó el ataque a Ranucci como el "más grave contra un periodista italiano en los últimos años" y advirtió que "la libertad de prensa enfrenta una amenaza existencial en Italia".

La organización denunció que los periodistas que investigan crimen organizado y corrupción son "sistemáticamente amenazados y, en ocasiones, sometidos a violencia física". Actualmente, unos 20 periodistas viven bajo protección policial permanente tras sufrir intimidaciones y ataques.

Un clima hostil para la prensa
Entre los periodistas protegidos destaca Roberto Saviano, autor del bestseller internacional Gomorra, que vincula el ataque a Ranucci con un clima político en Italia donde los periodistas son vistos como "objetivos legítimos".
Fuente: Agencia ANSA

martes, 14 de octubre de 2025

Se profundiza el vaciamiento de LT11: denuncian desmantelamiento de la radio pública de Concepción del Uruguay

Desde la Seccional Concepción del Uruguay del Sindicato de Locutores y Comunicadores (SALCo) alertaron sobre la grave situación que atraviesa LT11, Radio Nacional Concepción del Uruguay, como parte de un proceso de vaciamiento de los medios públicos que, denuncian, se ha intensificado en las últimas semanas bajo el gobierno de Javier Milei.

"Venimos denunciando un vaciamiento progresivo que ahora se agrava. LT11, una radio pública integrante de Radio y Televisión Argentina (RTA), sufre el abandono de funciones esenciales, con impactos concretos sobre el personal y la programación local", expresaron los delegados Juan Manuel Pralong y Belén Goñi.

Entre las principales problemáticas señaladas, mencionan la falta de reemplazos para locutores, comunicadores y operadores durante licencias o ausencias por enfermedad, lo que genera la reducción o eliminación de contenidos locales y la imposición frecuente de la Cadena Nacional como solución de emergencia.

"La programación propia se ve recortada día a día. Han eliminado horas de producción local durante la semana, y gran parte de los feriados y fines de semana, incumpliendo las coberturas que establece el convenio colectivo", indicaron desde la seccional.

A esto se suma una situación crítica que se arrastra desde hace más de un año: la emisora no transmite por la banda de AM desde hace 14 meses, tras el robo de un equipo esencial en la planta transmisora, sin que la empresa haya repuesto el equipamiento sustraído. Según el gremio, el robo fue consecuencia directa de la falta de medidas de seguridad, largamente reclamadas por las y los trabajadores.

La denuncia también apunta al deterioro general de las condiciones laborales y edilicias. "No se garantiza la seguridad para quienes deben trabajar en soledad en un edificio que hace años no cumple con los requisitos mínimos. La patronal además presiona, a través de la ART, para acelerar los retornos de trabajadores accidentados, poniendo en riesgo su salud", advirtieron.

Desde SALCo aseguran que esta política de desfinanciamiento y vaciamiento atenta directamente contra el derecho a una comunicación federal, plural y con identidad local. En ese sentido, exigen:

  • La cobertura urgente de todos los puestos de trabajo en los distintos turnos.

  • El cumplimiento de los convenios colectivos y las normas de seguridad e higiene.

  • La recuperación de la programación local y la restitución del equipo de AM.

  • Aumentos salariales de emergencia y sueldos igualados a la canasta familiar.

Por último, instan a las conducciones sindicales de medios públicos a convocar asambleas en todo el país y avanzar hacia un plenario nacional con mandato de base que defina un plan de lucha y medidas concretas, incluyendo paros, para frenar el desmantelamiento de los medios públicos.

domingo, 12 de octubre de 2025

La verdad en disputa: medios, poder y elecciones

Bocones. Hablan, operan, accionan contra lo más importante de la democracia: unas elecciones limpias.

Por: Julio Petrarca, Defensor de los lectores de Diario Perfil
Para quienes intentamos desde siempre ejercer un periodismo fundado en la ética y las buenas prácticas del oficio –respeto por las fuentes confiables, administración equilibrada de la información, distancia extrema del poder y de quienes lo ejercen, entre otras– la observación cotidiana de personajes de medios de comunicación y operadores de redes sociales plantea dilemas insalvables sobre la honorabilidad de algunos de ellos.

Hace tiempo, ya, que han transgredido las mínimas barreras éticas y de eso se ha ocupado no pocas veces esta columna al servicio de los lectores de Perfil. Lo observado en los últimos días –un mes, casi– va en el mismo sentido: defensa acrítica de la gestión Milei hasta que los hechos y la verdad aplastan la mirada obsecuente de esos comunicadores (insisto en no adjudicarles el nombre de periodistas) y los dejan al descubierto.

En tiempos preelectorales, esas conductas espurias se potencian porque lo que está en juego es la decisión de los ciudadanos sobre los personajes y las políticas que regirán los destinos del país. Y todo aquello que sirva para torcer con malas artes la voluntad popular debe ser condenable.

Días antes de las elecciones legislativas de medio término de noviembre de 2021, describía en el espacio del ombudsman de este diario las condiciones de aquel momento preelectoral, caracterizado por "enfrentamientos verbales que llegan al insulto, dardos lanzados a uno y otro lado de una grieta que –es necesario aceptarlo– viene dividiendo a la sociedad argentina desde hace ya demasiado tiempo". Decía entones que las formas de comunicación vienen cambiando dramáticamente y los nuevos formatos afectan, de una u otra manera, la llegada al electorado. A los portales periodísticos en la televisión paga –que han desplazado en audiencia a buena parte del universo televisivo convencional– se han sumado el novedoso streaming –cuya influencia es ya innegable y la multitud de redes sociales –con su carga de información falsa– que el consumo de las audiencias ha validado en exceso.

En el marco de un taller digital sobre "Las elecciones en tiempos de desinformación", organizado por la Unesco y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el director de la división de Estrategias y Políticas de la Unesco, Guy Berger, dijo: "No podemos tener elecciones reales sin un flujo libre de información. Es un derecho humano internacional de voto y de garantizar la libre expresión del electorado. Sin embargo, el problema de la desinformación es que estas expresiones también pueden infringir el derecho de voto. Esto plantea la cuestión de lo que sería legítimo en términos de transmisión y recepción de este contenido, a fin de proteger el derecho de voto, así como el núcleo de la libertad de expresión".

Sara Lister, oficial de gobernabilidad del PNUD, aportó: "En el mundo digitalizado de hoy, las oportunidades de buscar, recibir y transmitir información e ideas entre los ciudadanos, los políticos y los partidos políticos no tienen precedentes, ya que la información relacionada con las elecciones fluye con mayor rapidez y facilidad que nunca. Es precisamente por esta facilidad de acceso, y porque las elecciones son la piedra angular de la gobernanza inclusiva, por lo que los procesos electorales son particularmente vulnerables".

Dos miradas coincidentes acerca del valor del buen manejo de la información, responsable y equilibrado cuando se acerca un acto electoral como el que la Argentina vivirá el 26 de este mes. Responsabilidad y equilibrio que una parte muy influyente de los viejos y nuevos medios de comunicación ejercen con poco entusiasmo, o peor, con un entusiasmo cegado por la sumisión a los designios, actos y palabras protagonizados por quienes ejercen el poder.

Y, para peor: se insiste con adjudicar a conductas de opositores sus acciones cargadas de corrupción para intentar una justificación a los actos también corruptos de actores del oficialismo actual. Los de ayer los conocemos y muchos de ellos han sido ya condenados por la Justicia y el electorado. Los de hoy los vamos conociendo, y no tienen buen aspecto.

Es tiempo de reflexión, sin aceptar calladamente la manipulación de seudoperiodistas alimentados por modestas porciones de un poder mediático alejado del buen oficio.
Fuente: Diario Perfil

sábado, 11 de octubre de 2025

¿Paz para quién? Voces del territorio frente a la violencia institucional y las políticas de seguridad en Rosario

En Rosario, cada día más de 150 personas son detenidas por averiguación de antecedentes, en su mayoría jóvenes de barrios populares. La policía los retiene por no portar DNI, por su vestimenta, color de piel o por tener tatuajes. Son trasladados a comisarías lejanas, perdiendo sus trabajos o changas diarias, y en muchos casos sufren reiteradas detenciones. Estas prácticas se desarrollan en un contexto en el que bajaron los homicidios, pero se intensificaron las políticas punitivas, con un despliegue masivo de fuerzas de seguridad federales y provinciales en los barrios.

La investigación impulsada por equipos de la Universidad Nacional de Rosario junto a la Multisectorial contra la Violencia Institucional fue coordinada por la antropóloga e investigadora Eugenia Cozzi. Se desarrolló entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, a partir del trabajo territorial con jóvenes de entre 15 y 30 años. Los encuentros se realizaron en seis barrios distribuidos en cuatro distritos de la ciudad: Tablada, en el distrito Sur; Triángulo, Moderno, Alvear y Toba, en el distrito Oeste; Las Flores Sur, en el Sudoeste; y Empalme Graneros, en el distrito Noroeste. En esos espacios, la escucha directa, los intercambios y el registro colectivo permitieron construir un mapa común de prácticas policiales que se repiten, con variantes, en cada territorio. A través de talleres comunitarios, se documentaron prácticas policiales abusivas, allanamientos violentos, robos, amenazas, detenciones arbitrarias y estrategias de resistencia barrial frente a estas situaciones.
Eugenia Cozzi remarcó que estas situaciones no son hechos aislados, sino parte de un marco político donde "las políticas públicas tienden a volverse cada vez más punitivas" a pesar de la baja de homicidios. "Aparece esa paradoja: cierta tranquilidad o ausencia de conflicto armado, pero con una presencia policial más extendida que permea la vida cotidiana de las personas", explicó. Cozzi también advirtió sobre el impacto de la ley de microtráfico, que, en la práctica, habilita allanamientos que con frecuencia derivan en abusos.

El informe invita a pensar alternativas: ¿es posible construir barrios seguros sin vulnerar derechos? ¿Qué políticas públicas pueden garantizar tranquilidad sin criminalizar la pobreza? Y sobre todo: ¿paz para quién?

En el marco de la presentación elaborada por diversas organizaciones sociales junto a equipos universitarios, se reunieron en Rosario distintas voces de la defensa pública, referentes de derechos humanos, del movimiento indígena, organizaciones barriales y académicos. Desde una mirada situada y territorial, reflexionaron sobre las consecuencias de las políticas públicas de seguridad, la criminalización de la pobreza, la impunidad de las fuerzas represivas y las violencias estructurales que atraviesan los barrios populares. A continuación, se presentan testimonios registrados y difundidos en Señales por Aire Libre, Radio Comunitaria.

El panel de apertura estuvo integrado por voces provenientes de distintos ámbitos del trabajo institucional, académico y territorial. Participaron Cintia Pinillos, en representación de la Universidad Nacional de Rosario; Gustavo Palmieri, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; Horacio Crespo, del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe; Santiago Bereciartua, de la Secretaría de Políticas de Prevención de la Violencia Institucional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; y Julieta Riquelme, de la Multisectorial contra la Violencia Institucional. La coordinación de la mesa estuvo a cargo de Evangelina Benassi, docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la UNR.
Al inicio del evento, tomó la palabra Cintia Pinillos (foto), decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, en su carácter de anfitriona. En su intervención, resaltó la relevancia de la presentación del informe ¿Paz para quién?, un relevamiento comunitario y colaborativo sobre prácticas policiales y de las fuerzas de seguridad en espacios públicos y/o privados de barrios populares de Rosario.

Durante su discurso, Pinillos subrayó la necesidad de ampliar la conversación pública, reconociendo que es posible —e incluso necesario— pensar desde la diferencia y la divergencia. En este sentido, enfatizó que el conocimiento académico no puede producirse al margen de su contexto, sino que debe generarse en diálogo permanente con el entorno, con los actores territoriales y con las instituciones.

Asimismo, afirmó: "Creo firmemente que esa es una de las misiones fundamentales de la Universidad Pública. Una misión que tal vez siempre estuvo presente, pero que en los últimos tiempos —al menos aquí, en la Universidad Nacional de Rosario, y particularmente en nuestra Facultad— hemos asumido con mayor claridad".

Pinillos sostuvo que la universidad no debe presentarse como portadora de un saber cerrado, exclusivo o jerárquico desde una única lógica científica. Por el contrario, planteó que el conocimiento se enriquece en el vínculo con otros saberes, adquiere mayor pertinencia y se vuelve más útil para pensar nuevas formas de construcción de políticas públicas.

Finalmente, destacó que, en ámbitos tan sensibles como los abordados en el informe, es fundamental seguir apostando a que las políticas diseñadas desde el Estado estén cada vez más alineadas con la sociedad que aspiramos a construir, una sociedad que, según sus palabras, "sin duda, representa un horizonte posible".

Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda
Durante el panel de apertura, el Secretario del Servicio Provincial Público de la Defensa Penal, Santiago Bereciartúa, dio inicio a su intervención con una contundente reflexión sobre el contenido del informe presentado. En sus palabras, subrayó cómo el documento "cristaliza y pone en evidencia algo que ya sabíamos, pero que aquí se manifiesta con particular crudeza: la existencia de una diferenciación ciudadana dentro de la ciudad de Rosario, como también ocurre en otros puntos del país, aunque con características específicas en nuestra región". En este contexto, Bereciartúa advirtió que "se configura así una división de hecho entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

Avanzando en su exposición, el funcionario puntualizó uno de los factores que contribuyen a esta desigualdad: la discriminación por el color de piel. Al respecto, relató una situación reciente: "Lo menciono porque, justo antes de llegar, vi un video del actor Oski Guzmán, en el que relataba cómo fue demorado por personal policial para la verificación de su identidad y terminó siendo víctima de violencia física. Él mismo señalaba que el motivo aparente fue su color de piel. Aunque parezca obvio, sigue impactando escucharlo en primera persona y de manera tan emotiva".

Este caso, según Bereciartúa, resulta especialmente ilustrativo de una problemática estructural: "Lo que pone en evidencia ese testimonio —y que también se refleja en este informe— es que ciertas políticas públicas terminan generando una fractura social profunda. En este sentido, la relevancia del informe es doble: no solo visibiliza esta problemática, sino que, al contar con el respaldo académico de universidades, nos permite utilizarlo como una herramienta válida dentro del ámbito judicial, ya sea para impulsar acciones o exigir medidas concretas".

A lo largo de su intervención, también puso el foco en el impacto social de las políticas de seguridad aplicadas, y planteó una inquietante interrogante que el propio informe propone: "Una de las preguntas que formula el informe —y que considero sumamente elocuente— es: ¿A qué costo alcanzamos esta paz? Es cierto que las tasas de homicidios han disminuido, y eso es algo que todos deseábamos. Pero cuando observamos el costo social que ha tenido el paquete de políticas públicas implementadas, vemos que existe un hostigamiento generalizado hacia ciertos sectores de la población".

Desde su perspectiva, muchas de estas prácticas no solo son contraproducentes, sino también prescindibles: "A mi entender, muchas de estas prácticas son, además de ineficaces, innecesarias. Si se eliminaran ciertos niveles de hostigamiento estatal, posiblemente los índices de homicidios seguirían bajando del mismo modo", apuntó.

No obstante, Bereciartúa también reconoció ciertos avances dentro del sistema de seguridad, en particular en el ámbito penitenciario. "Hay políticas de seguridad que han demostrado resultados positivos, especialmente en el ámbito intramuros. En el sistema penitenciario, por ejemplo, ha sido eficaz el manejo de la comunicación hacia el exterior respecto a personas privadas de libertad consideradas de alto perfil", explicó. Sin embargo, advirtió que existen otras medidas que escapan a una lógica preventiva y responden más bien a un criterio punitivo: "También existen otras restricciones que, si bien se aplican dentro del mismo ámbito, tienen una clara naturaleza retributiva y no pueden justificarse bajo criterios de seguridad pública".

En este marco, Bereciartúa fue categórico al señalar una responsabilidad compartida por todos los estamentos estatales: "Como Estado, en sus tres poderes, debemos reconocer que estamos diseminando más dolor del necesario con el objetivo de reducir la violencia", remarcó.

Uno de los ejemplos más claros, según su exposición, es el de las demoras policiales por verificación de identidad, práctica que consideró poco transparente y difícil de evaluar en términos de resultados: "Es un caso paradigmático que expone la falta de evaluación de eficacia de algunas medidas. En el marco de una audiencia de habeas corpus, solicitamos conocer cuántas de las personas demoradas en este contexto efectivamente estaban siendo buscadas por la justicia. La respuesta de los representantes del gobierno provincial fue que no era posible determinar ese porcentaje, ya que, según explicaron, cuando la persona resulta estar efectivamente evadida o prófuga, no se deja constancia en un acta de demora, sino que se formaliza directamente como un acta de aprehensión. Esto impide cualquier análisis riguroso de la eficacia de esta práctica".

Finalmente, el Secretario cerró su participación rescatando el valor del informe como herramienta crítica y transformadora: "En síntesis, ¿Paz para quién? no solo interpela, sino que ofrece elementos clave para pensar y actuar sobre las políticas públicas de seguridad desde una perspectiva crítica, ética y legal".

No hay paz posible mientras el Estado siga considerando sospechoso al que vive en un barrio popular
En su intervención, Julieta Riquelme, integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, compartió una reflexión cruda y profundamente arraigada en la experiencia cotidiana de los barrios populares. Partiendo de una de las preguntas que propone el informe, señaló: "¿Qué más estamos construyendo si convivimos con el terreno pericial como parte de nuestro paisaje? Nada, para nosotros es cotidiano, y no digo que está bueno, digo que nos toca estar, y estamos en eso".

Desde su lugar como militante y habitante de estos territorios, Riquelme enfatizó la falta de participación real en la toma de decisiones que afectan a sus comunidades: "Son pocas las personas que se acercan a nuestros barrios para preguntarnos qué necesitamos. En lugar de eso, lo único que llega es más presencia policial, patrulleros y todo lo demás".

En esta línea, cuestionó abiertamente el accionar policial y su sesgo clasista y racial: "La policía sigue actuando como si ser pobre fuera un delito, como si tu color de piel fuera un delito, como si tu vestimenta fuera un delito". Y subrayó que el problema no se reduce a conductas individuales, sino que forma parte de una política estructural: "Entonces, charlar sobre eso, y también decir que no se trata que si hay policías buenos o policías malos, sino que pasa por una política de estado, que decide que la seguridad se garantiza con más represión, con más cárcel, con más control, pero solo un sector de la sociedad".

Desde su experiencia personal y la de su entorno, Riquelme expuso la normalización de prácticas violentas e ilegales por parte del Estado: "Eso me parece que quienes estamos acá lo tenemos muy claro y que somos muy pocas las personas, de hecho, que podemos levantar la mano y decir que nosotros convivimos con eso todo el tiempo y que en menos de un mes, al menos una vez fuimos detenidos por la policía por averiguación de antecedente o llevado a una cárcel o a una comisaría por no portar el DNI, por ejemplo, porque estos son cuestiones".

Finalmente, reivindicó el valor del informe como una advertencia urgente sobre el rumbo de las políticas de seguridad actuales: "Este informe es una advertencia: no hay paz posible mientras el Estado siga considerando sospechosos al que vive en un barrio popular. La paz verdadera no se construye con más patrulleros, se construye con justicia social, con respeto, con trabajo y con derechos".

Violencia institucional y desigualdad territorial
Durante su intervención, Gustavo Palmieri, representante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aportó una mirada estructural sobre las formas contemporáneas de la violencia institucional. Subrayó que no se trata de una ausencia del Estado en los barrios populares, sino de su presencia bajo formas punitivas y selectivas. "No son barrios donde el Estado está ausente. La pregunta es: ¿qué forma toma ese Estado?", planteó. En ese marco, denunció la persistente devaluación de derechos en los sectores más vulnerados: "No es lo mismo ser libre en un barrio que ser libre en otro. En un barrio popular, la libertad está siempre amenazada: según qué hagas, cómo mires, cómo seas".

Palmieri también destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones estatales, organizaciones sociales y universidades, reconociendo tanto su potencial como su dificultad: "Articular es fácil de decir, pero siempre es lo más difícil de hacer", sostuvo. En relación con los proyectos educativos y de intervención en contextos de encierro, celebró la participación universitaria y el trabajo en territorio: "Si es útil que entremos nosotros, también es útil que entren otros", dijo, en alusión a la importancia de abrir los espacios carcelarios a la sociedad civil. El comisionado del Comité advirtió que algunas de las propias prácticas de seguridad son las que terminan generando nuevas formas de inseguridad: "Parte de estas políticas de seguridad son, justamente, las que generan nuevas formas de inseguridad".

Remarcó también la importancia del trabajo articulado con organizaciones sociales y de la escucha sostenida en el tiempo. "Cada vez que hacemos una visita, nos reunimos también con familiares y organizaciones sociales. Con la Multisectorial contra la Violencia Institucional tuvimos varias reuniones. Necesitamos saber qué tenemos que mirar, pero también recibir información que no siempre aparece durante una semana de visitas: qué se acumula, qué se ve en el tiempo", explicó. En esa línea, defendió el acompañamiento a proyectos territoriales: "No porque haya dinero, sino porque facilitamos que se realicen. Facilitamos el acceso a lugares donde hay personas privadas de libertad, lugares restringidos. Nos parece importante que universidades e instituciones también entren. Si es útil que entremos nosotros, también lo es que entren otros. Y que ese acceso sea un derecho".

Por último, destacó el valor del trabajo presentado en el informe, señalando que no solo describe metodologías de intervención en contextos de encierro o en espacios abiertos, sino que también asume una posición política frente a las violencias: "Este documento tiene valor porque no solo describe metodologías para trabajar en espacios de encierro o abiertos, sino que también toma posición frente a situaciones de violencia. Articula respuestas desde la seguridad y desde lo social".

¿Quién es el enemigo público número uno?
En esa instancia, también pidió la palabra el profesor Oscar Lupori, reconocido referente en derechos humanos, docente universitario y uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en Rosario, además de miembro fundador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Desde su vasta trayectoria, compartió una serie de preguntas e inquietudes que invitan a pensar el papel que cumplen distintos actores sociales en la reproducción de la violencia y la criminalización de determinados sectores.

Comenzó su intervención cuestionando el rol de los medios de comunicación y su influencia en la construcción social del miedo: "Los medios masivos, ¿qué papel cumplen en esto? ¿Cuál es el esquema y la estructura de nuestros noticieros? ¿La inseguridad de cada día y el infortunio, la tragedia, inesperada, el incendio de la casa, el choque en la ruta, el choque en la calle. ¿Cuánto tiempo lleva?".

A continuación, se detuvo en el funcionamiento del sistema penal y su lógica fundacional, asociada a una idea de enemigo social: "¿El derecho penal y las cárceles fueron pensadas para hacer justicia en la sociedad o fueron pensadas también en base al esquema que en la sociedad hay un sector peligroso para el conjunto? El derecho penal y los tipos penales están configurados sobre la base del enemigo, que siempre es de la gente de baja condición".

En ese mismo sentido, identificó cómo este sistema se enfoca selectivamente en un grupo social específico, al que se le asigna el lugar del enemigo público: "¿Quién es el enemigo público número uno ahora? Los jóvenes, y los jóvenes de cierta característica".

Más adelante, se refirió a la realidad del sistema carcelario en Argentina, poniendo el foco en la población que lo habita y en las condiciones de detención: "Y las cárceles nuestras, en el noventa y cinco por ciento, quienes la habitan, jóvenes entre dieciocho años y treinta y cinco años, ¿no es así? Y las cárceles, ya que usted hablaba de tortura, la primera tortura no es la cárcel. Antes de ninguna tortura, ¿qué es? La superpoblación de las cárceles".

En sintonía con su análisis del sistema penal y los mecanismos de criminalización de los sectores populares, Oscar Lupori agregó una observación clave sobre el concepto de paz que circula en el discurso público: "La paz que hay es muy relativa porque es una paz arreglada y es una paz que significa que hay un poco menos de homicidios pero sigue funcionando el narcotráfico, sigue funcionando lo que es los reducidores del choreo, sigue funcionando la complicidad policial, sigue funcionando la prostitución organizada —no el hecho de las trabajadoras sexuales sino lo que lucran a costilla de— sigue funcionando todo un desplazamiento de control sobre territorios barriales".

Cuestionó el verdadero propósito de estas acciones represivas y su impacto real en los barrios: "Que en el fondo, vos decís, vienen a proteger o vienen a hacer control sobre la gente, ¿y vienen a qué? Por ejemplo, yo me pregunto este detalle nomás: Gendarmería ahí en las vías del ferrocarril entre Paraná y Felipe Moré, permanentemente, ¿es disuasoria de qué? ¿Qué hace Gendarmería ahí? ¿Cuánto le sale a la ciudad eso?".

Desde una mirada estructural, propuso redirigir el foco hacia las políticas públicas de base: "Y me pregunto cuáles son las políticas económicas y sociales para que haya un poco más de justicia y entonces la gente no sea peón del narcotráfico ni consuma y se haga bolsa".

A su vez, convocó a pensar de forma crítica el rol del sistema educativo en la reproducción de las desigualdades: "¿Cuál es la política económica y social y educativa que favorece que los muchachos no dejen el secundario? ¿Cómo es la reforma, la refundación de la escuela primaria para que los chicos no tengan tantos problemas de aprendizaje en nuestros barrios?".

Y cerró celebrando el espacio de debate abierto por el informe y su presentación: "Todas son preguntas que tenemos que hacernos. Bienvenidos que acá en la universidad se pueda dialogar de esto".

El problema es cultural
También participó del diálogo Daniel Naporichi, referente del Comité Organizativo y Cultural de los Pueblos Originarios de Rosario, quien compartió una reflexión centrada en la invisibilización histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como en la falta de una perspectiva cultural y étnica en los distintos poderes del Estado, especialmente en el ámbito judicial.

Desde su experiencia comunitaria, Naporichi denunció: "Hay muchos jóvenes en las comunidades indígenas que son perseguidos por la Policía por no tener documentos, son golpeados". A partir de esa situación concreta, sostuvo que "la verdad que hoy en día la justicia necesita una perspectiva indígena también".

En su análisis, señaló que este vacío no es casual ni reciente, sino parte de un problema estructural y profundo, vinculado a la formación de quienes legislan y juzgan: "Y eso se vio también como una falta de cultura, quizás un problema cultural que hubo en la Convención Constituyente. Se vio eso, no hubo enseñanza para que la justicia tenga una perspectiva indígena, no la hubo. Ni siquiera hubo el reconocimiento a los afro argentinos, a indoafro argentinos. No hubo reconocimiento de eso tampoco. O sea, el problema es cultural hoy en día".

Más adelante, puso en duda el compromiso real de la clase política con los sectores históricamente marginados: "Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué papel cumplen los legisladores locales y provinciales? ¿Intereses políticos o intereses sociales? Esa es la pregunta que nos debemos hacer".

Con tono crítico y directo, subrayó que esta tensión entre intereses políticos y derechos fundamentales es una realidad que los pueblos originarios padecen a diario: "Y lamentablemente nosotros, como pueblos indígenas, lo debemos decir, lo vemos a diario, a mi entender. Que muchas veces juegan los intereses políticos sobre los derechos de los indoafro argentinos. Pesan más los intereses políticos que los ideales, que los derechos. Y eso se ve diariamente, y eso se vio en la Convención Constituyente".

Sobre el cierre, Naporichi advirtió sobre el riesgo de que estas discusiones no se traduzcan en acciones concretas: "Lamentablemente, como pueblos indígenas, debemos decirlo: lo vemos a diario, al menos así lo entiendo yo. Muchas veces, los intereses políticos se imponen por encima de los derechos de los pueblos indoafroargentinos. Los intereses pesan más que los ideales y los derechos, y eso es algo que se ve todos los días. También quedó en evidencia durante la Convención Constituyente".

Finalmente, retomó las preguntas planteadas por otros oradores, conectando su reflexión con el debate más amplio sobre el rol de los medios y el sistema político: "Y vuelvo a plantear la pregunta: ¿qué rol juegan los medios masivos en todo esto? ¿Qué responsabilidad tienen los legisladores provinciales y locales cuando priorizan intereses políticos? Esto, como bien señaló hoy un compañero, también tiene que ver con la justicia. ¿Están actuando en función de los intereses sociales, del pueblo, o simplemente responden a conveniencias partidarias? Porque, como dijo alguna vez un sabio, el verdadero origen de la democracia está en la voluntad del pueblo".

Estamos todos atravesados por estas subjetividades
El doctor Horacio Crespo, actual funcionario del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y con reconocido trabajo territorial, aportó una mirada crítica sobre las formas en que las ideologías dominantes atraviesan incluso a los sectores más comprometidos con la transformación social. Su reflexión se centró en el impacto profundo del neoliberalismo en las subjetividades colectivas.

Con claridad, Crespo planteó que "el neoliberalismo, sabemos perfectamente que no es un gobierno, pero estamos todos atravesados por esas subjetividades". Desde esa perspectiva, relató una contradicción que observa con frecuencia en distintos ámbitos: "En muchas ocasiones, compañeras y compañeros con los que marchábamos, en marcha de protesta los 24 de marzo y demás. Al otro día se transforman en un energúmeno que rechazan y maltratan a otros sujetos racializados, o por la causa que sea".

Al señalar que esta tensión va más allá de los gobiernos de turno, Crespo advirtió que "más allá de quién esté gobernando, las características de ese gobierno, estamos metidos en un gran problema de nuestras subjetividades".

En ese sentido, llamó a asumir una responsabilidad personal y colectiva frente a estas contradicciones: "Con las cuales creo que tenemos que poder lidiar y, en primer lugar, hacer ese esfuerzo cada una, cada uno de nosotros".

Seguridad es vida con dignidad
Durante el receso del encuentro, Señales dialogó con Norma Ríos, histórica militante de derechos humanos, integrante de la Mesa Directiva de Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), miembro de la Comisión Directiva del Museo de la Memoria y personalidad distinguida del movimiento de derechos humanos de la ciudad. Ante la pregunta central del informe, ¿Paz para quién?, Ríos ofreció una reflexión profunda y crítica sobre el concepto de seguridad, sus múltiples sentidos y su vínculo con las desigualdades estructurales.

"Bueno, yo creo que eso de la paz para quién tiene mucho que ver con la pregunta de seguridad. ¿Qué entendemos por seguridad? ¿Seguridad para quién?", planteó de entrada. Y agregó: "Es decir, nosotros, incluso todos, tomamos el concepto de seguridad hablando solo de la policía y del aparato represivo. En realidad, por ejemplo, para la APDH la seguridad es otra cosa".

Desde una visión social del derecho, sostuvo: "Partiendo de la base de que la sociedad es dividida en clases, seguridad e inseguridad nunca es lo mismo para cada quien. Entonces nosotros decimos, para nosotros seguridad es que un chico tenga comida, que tenga salud, que tenga educación, que tenga sus padres en su casa todo el tiempo posible con esos muertos que tuvimos hace 100 años por las 8 horas de trabajo y demás. Seguridad es eso, es la vida con dignidad, es la vida con posibilidades".

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias dramáticas de las políticas represivas en los territorios populares: "Es una de las cosas que nosotros vemos ahora y lo que genera todo este horror de la represión salvaje en los barrios. Allí lo decían, yo creo que el informe está hecho muy seriamente, está con gente genuina, con gente que vive la desesperación".

Ríos retomó parte del contenido del informe para resaltar una situación especialmente dolorosa que se da en los sectores más empobrecidos: "Ellos comentaban algo así como: ¿Qué está pasando? A veces los atendemos, como mencionó uno de los disertantes, y al día siguiente, si tienen que golpearte, lo hacen sin problema. Porque, en realidad, muchas familias están divididas: por un lado, algunos son policías, y por el otro, con suerte, trabajadores. Y esta es una situación dramática que se vive todos los días".

Desde su experiencia en los juicios por delitos de lesa humanidad, compartió una observación sobre quienes hoy integran las fuerzas de seguridad: "La gente no elige ser gendarme o policía por vocación, sino porque es lo que le queda en este contexto. Muchos te dicen: "Tengo obra social", como si eso justificara todo. En los juicios por delitos de lesa humanidad, los propios gendarmes nos contaban: "Tenemos la suerte de estar en blanco, de cobrar más o menos bien, pero estoy desesperado por recibirme y poder irme". Después no sé si realmente se van o no, pero al menos, en ese momento, expresan una inquietud muy real".

Sin embargo, fue clara al señalar que esa supuesta "paz" que se presenta como objetivo de las políticas públicas no es para todos: "Entonces la paz se busca para alguna gente que desarrolla tranquilamente sus negocios. Y el caso de los narcos es uno".

Ríos denunció con firmeza los vínculos entre sectores del poder y el narcotráfico: "Acá cuando dicen hay menos muertos, lo que hay son arreglos de la política para que no los jodan. Si pagan, todos sabemos que la plata de los narcos va a la política, a las grandes inmobiliarias, etc. No queda en el pobre y infeliz del barrio, que necesariamente tiene que ser parte de eso, porque de última es una mercancía como cualquier otra para vender, y son los que ponen los muertos, los presos, etc. A ellos nada".

Desde esa mirada, valoró el enfoque del informe: "Creo que hacen un buen análisis de eso. Nosotros sufrimos las 24 horas del día. Hay barrios distintos. Yo vivo en un barrio muy popular, muy de trabajadores, y obviamente no vivimos tanto esos problemas, pero entiendo que están hablando de barrios un poco más marginales".

Finalmente, remarcó el crecimiento desordenado y desigual de la ciudad, con sus consecuencias sociales: "Rosario está cada día más extendida, más grande, más dolorosa, porque se extiende sin agua potable, se extiende sin cloacas, se extiende sin pavimento, se extiende sin luz, se extiende sin trabajo".

Y cerró con una valoración clara del trabajo presentado: "Pero me parece que lo fundamental es que este trabajo que están haciendo, y muy importante que por lo menos se ponga sobre el tapete".

Los jóvenes son los más perseguidos
Durante el encuentro, Norma López, concejala de la ciudad de Rosario por el bloque Justicia Social, también respondió a la pregunta central del informe: ¿Paz para quién?. En su reflexión, resaltó el impacto del título y su relevancia para pensar el presente: "Es muy provocador y está muy bien que así sea, porque es la construcción de nuevos consensos, ¿no?".

Desde esa mirada, advirtió que actualmente en Rosario se están consolidando nuevas formas de acuerdo social que merecen ser cuestionadas: "Hoy en la ciudad hay nuevos pactos, acuerdos y una nueva construcción de los sujetos sociales".

López señaló que las políticas actuales de seguridad no son responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, sino el resultado de una serie de decisiones compartidas: "El gobernador Maximiliano Pullaro, por un lado —y quiero destacar que esto fue acompañado por todos los partidos políticos—, impulsó las modificaciones que hoy rigen en materia de persecución penal y en las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes".

Sin embargo, remarcó que la forma en que se implementan esas políticas sí corresponde al actual gobierno provincial: "Este gobierno, con Maximiliano Pullaro al frente y Pablo Cococcioni como ministro de Seguridad, ha decidido avanzar con una política de persecución dirigida principalmente a los jóvenes y a los sectores más empobrecidos".

A partir de su experiencia en el territorio, López denunció prácticas sistemáticas de discriminación y perfilamiento racial en los operativos policiales: "Cuando tenemos la piel más oscura, o vestimos de cierta manera, es muy probable que nos detengan en determinados lugares. En cambio, si alguien pertenece a ciertos barrios o tiene un tono de piel y una vestimenta que encajan con lo que socialmente se considera respetable, no se lo percibe como sospechoso. Esa idea de que el aspecto define la peligrosidad es una gran mentira".

Desde el Observatorio de Violencias por Motivos de Género 'Mercedes Pagnutti', del que forma parte, trabaja directamente con jóvenes en instituciones educativas: "Recorremos mucho las escuelas, y, sobre todo, lo que significa escuchar a los pibes y darles herramientas, porque ya saben qué les van a revisar, qué les preguntan, dónde los paran y cómo los coerciona la policía a los más jóvenes".

En cuanto al sistema penitenciario, denunció el creciente cierre del acceso a espacios de control y acompañamiento por parte de legisladores y organismos de derechos humanos: "Nosotros, como políticos y legisladores de la ciudad, nos cuesta muchísimo ingresar al sistema carcelario. No pudimos ingresar a la cárcel de mujeres, cuando antes lo hacíamos más habitualmente, incluso en lo que era el gobierno de Miguel Lifschitz, cuando Pullaro era ministro de seguridad".

Señaló también que las condiciones de vida dentro de los penales se han endurecido: "Ahora es muy difícil ingresar, viven castigadas, no les permiten hacer talleres. Eso es muy cruel".

Finalmente, advirtió sobre un fenómeno que considera alarmante: el modo en que la crisis social puede llevar a ciertos sectores a tolerar o incluso justificar la violencia estatal: "Creo que el empobrecimiento de la sociedad hace que algunos sectores admitan prácticas violentas de parte de los gobiernos".

¿Qué hacemos ahora, si ya ganamos el fallo y lo hacen igual?
En su exposición, Marcelo Marasca, secretario a cargo de la Dirección Regional de Prevención de la Violencia Institucional, se refirió a los efectos concretos de las reformas recientes en la normativa policial y sus consecuencias en el territorio. Comenzó contextualizando: "A partir de mediados de 2024, la Ley Orgánica del Personal Policial, regula la facultad de detener sin orden judicial —específicamente el artículo 10 bis de dicha ley provincial, conocido por la mayoría de los abogados y lamentablemente también por muchos que han sufrido esta situación—, establece que la policía puede detener a una persona para averiguar su identidad o sus antecedentes".

Marasca explicó que la modificación de esa norma introdujo una nueva figura que abrió la puerta a una interpretación arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad: "La modificación de esa ley incorporó una facultad policial con una relación también bastante difícil. De detenerte si no podía identificarte, digo, si había resistencia a ser identificado, dice la ley, pero la policía empezó a interpretar eso como no tener DNI encima".

Esto derivó rápidamente en una escalada de detenciones irregulares: "Entonces, empezamos a tomar conocimiento de la existencia de una gran cantidad de detenciones diarias. Por diez días pasamos de menos de diez a más de cien por día, entre los meses de junio y julio del año pasado".

Frente a esa situación, iniciaron un proceso de litigio: "A partir de ahí empezamos un litigio para declarar la ilegalidad de esa interpretación de ese artículo, que culminó en diciembre […] con un fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario, declarando ilegal esa forma de interpretar el artículo. Todo lo cual parecía que es un cuento que termina bien, ¿no? Litigamos, ganamos y la policía no puede detenerte por no tener DNI".

Sin embargo, advirtió que el problema persiste: "Lamentablemente, sigue pasando. ¿Por qué sigue pasando? Porque la policía aprendió a cómo hacerlo, y que nos cueste mucho declararlo ilegal".

Explicó cómo las actas policiales comenzaron a incluir justificaciones falsas para sostener las detenciones: "Al principio, las actas estaban mal completadas y en el acta de detención simplemente consignaban que la persona era detenida por no tener el DNI. Con el tiempo, y después de que se les solicitara a través de jueces de cámara, aprendieron que debían agregar un motivo concreto que justificara la sospecha. Entonces comenzaron a inventar justificaciones: decían que la persona se escondía detrás de un contenedor de basura, que revisaba las puertas de los autos, que intentaba forzar una puerta o que caminaba y cambiaba de dirección. Esta serie de fundamentos empezó a aparecer en las actas, lo que complicaba mucho impugnar la detención ante un juez, porque aunque el motivo fuera falso, al menos figuraba uno".

Frente a ese escenario, comenzaron un trabajo territorial activo para entender lo que sucedía después del fallo judicial: "En ese momento es que empezamos a realizar las reuniones en los barrios y empezamos a conocer qué pasaba después del fallo, y, a partir de ahí, empezar a pensar en acciones de prevención, de sanción y de reparación a partir de esa realidad que no estaba apareciendo".

Y se preguntó, como lo hacen quienes trabajan en terreno: "¿Y ahora qué hacemos? Porque ahora el fallo ya lo ganamos, esto no se puede hacer, y lo hacen igual. ¿Y ahora qué hacemos?".

Desde esa experiencia, reconoció que el trabajo jurídico debe estar anclado a lo territorial: "Cada vez que regresábamos a la defensa, nos preguntábamos: ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo revertimos este proceso? Así, comenzamos a pensar —y aún seguimos trabajando todos los días— en nuevas estrategias para revertir esta situación en cada caso concreto".

Una de esas estrategias, explicó, es la del litigio caso por caso: "Ahora litigamos uno por uno, cada habeas corpus individual, en cada caso en donde lo hayan detenido solo por no tener DNI".

Y cerró con una afirmación contundente sobre el rol que debe asumir la defensa pública: "La defensa no puede aislarse en discusiones jurídicas tan alejadas de lo que pasa en el territorio, y la única forma de conocer lo que pasa es que los que están ahí te lo cuenten. Y la única forma de que te lo cuenten es estando al alcance, estando presente, siendo una cara reconocible que responda cuando te llaman y que te conteste los mensajes, y que haya ida y vuelta en ese quehacer cotidiano de enfrentar la violencia".

El Obrador: "una primera escucha" y construir redes de cuidado
Leticia Kettle, coordinadora del Centro Cultural El Obrador, ubicado en el barrio 23 de Febrero, relató cómo acompañan a los jóvenes desde 2013, a través de proyectos como Nueva Oportunidad. Señaló que su espacio funciona como "la primera escucha" y que desde ahí se articulan con el centro de salud, desarrollo social y otras instituciones para acompañar a los jóvenes y sus familias, incluso en situaciones legales.

Destacó la importancia de generar confianza y abrir espacios para que los chicos puedan compartir sus experiencias: "pudieron charlar bien y contar un montón de experiencias que por ahí nosotros ya sabíamos, pero que estaba bueno que las pudieran poner en común y aparte para escucharse entre todos porque me parece que las mejores estrategias se construyen en conjunto".

En relación a la violencia institucional, contó cómo surgen estrategias prácticas para cuidarse y crear redes de contención: "a un joven se lo llevaron saliendo del taller de carpintería del Obrador, pero podés decirle: 'Mirá, estoy saliendo del taller, del Obrador, me voy a mi casa'… no ponerse de punta diciendo 'mis derechos son estos', pero sí, por lo menos, dejar claro desde dónde venís, o que hay otra gente que sabe que saliste de ahí y no llegaste a tu casa".

Resaltó la relevancia de la solidaridad y la comunidad entre los jóvenes: "hacer esa red que también muestre que uno no está solo, y entonces no pueden hacer cualquier cosa con uno… lo pensaba como una forma de atenuar un poco la situación".

Finalmente, valoró la labor de los espacios culturales para generar convivencia y nuevas formas de relacionarse: "una de las cosas que pensamos es cómo convivir, cómo poder encontrar maneras de convivir donde podemos escuchar entre todos y armar algo nuevo".

Entre talleres, comunidad y resistencia frente a la represión
Nicky, militante del Movimiento Evita desde su adolescencia, compartió su recorrido territorial y la experiencia colectiva en los barrios donde desarrollan talleres y espacios comunitarios. Valoró especialmente que el proyecto "notara lo que nos sucedía con los pibes", reconociendo que "no solo lo vieron, sino que se hicieron parte del proceso, acompañándonos con empatía".

Desde su mirada, relató las violencias cotidianas que viven los jóvenes en los barrios: "Me llaman y me dicen: 'Nicky, tuve que colaborar porque estaba andando en bici, y la bici podía ser presuntamente robada porque mi amigo tiene un tatuaje'". Describió situaciones de hostigamiento policial, represión y estigmatización que —dijo— "se vuelven comunes, se suman al hambre y al dolor de nuestros territorios".

Frente al discurso de una "Rosario pacificada", cuestionó: "¿Paz para quién?". Y advirtió que "esa paz no muestra lo real: cómo se vive en las cárceles, en los barrios, o por qué un nene de 16 años termina golpeado dentro de la chata de un policía". Vinculó estas prácticas al "Plan Bandera" y a "una política de represión cada vez más fuerte".

Recordó los talleres donde, junto a abogados y vecinos, aprendieron herramientas para enfrentar estas situaciones: "Nos decían: 'No deberían llevarte, pero te van a llevar igual'". Subrayó el valor de esos espacios para acompañar a los pibes y a sus familias, "porque lo padece una familia entera, no solo el pibe".

Finalmente, destacó el trabajo de Casa Pueblo, espacios comunitarios de acompañamiento a jóvenes y personas con consumos problemáticos. Allí —contó— "los más golpeados, los que el sistema descarta, están adentro, haciendo música, cocinando, rapeando". Desde esos lugares, afirmó, buscan construir comunidad y dignidad: "La calle tiene que ser un lugar que podamos transitar, un lugar que sea para todos. Porque lo lindo, lo bueno, también nos pertenece".

El narco se mete en la vida cotidiana de los barrios
En el transcurso de la reunión, Marisa (Maru), coordinadora de Red Puentes Rosario, un dispositivo comunitario de abordaje del consumo problemático dirigido a mujeres y diversidades, compartió una mirada directa desde el territorio sobre el avance del narconegocio en los barrios populares, particularmente en Las Flores, donde vienen trabajando sostenidamente desde hace tres años.

"Estamos instaladas ahí en el barrio hace tres años. Vemos cómo avanza el narconegocio y se expande hacia nuestras vecinas, nuestros vecinos y los pibes y las pibas del barrio", afirmó. En ese marco, describió el impacto de estas redes en la vida cotidiana de las familias: "Las Flores es un barrio focalizado, donde tenemos mucha policía. Si bien trabajamos entre las instituciones y las organizaciones, vemos cómo ese narconegocio también se dispara hacia un montón de lugares".

Remarcó que no se trata solamente de narcomenudeo, sino de la consolidación de estructuras que ocupan un rol creciente en la economía informal del barrio: "No solamente es el narcomenudeo, que hace que entre algún dinero hacia las familias, sino que terminan siendo los prestamistas del barrio, los que tienen las tarjetas de las mujeres empeñadas. Y no solo es para el consumo, sino para la vida diaria".

Maru denunció que la exclusión territorial —marcada por la falta de servicios públicos básicos— deja a los barrios aún más expuestos a estas dinámicas: "Van tomando un protagonismo altísimo, sobre todo en esos barrios donde nos sentimos que estamos excluidos de la ciudad. Porque si no te entra el bondi, llega un horario y no tenemos transporte, no tenés dónde cargar una tarjeta, no todo el mundo tiene acceso a un teléfono con Internet".

Explicó que muchas veces, incluso la conectividad depende de la presencia de espacios comunitarios: "Los vecinos a veces van a los dispositivos, donde ya tienen las contraseñas y pueden comunicarse desde ahí".

En ese contexto, el narconegocio va ocupando lugares que el Estado no cubre: "El avance narco se nota en el negocio, en cómo las familias, que su economía está muy mal —y sobre todo en este momento— recurren a ellos, no solamente los pibes y las pibas para el consumo, sino familias para un gasto extra, para avanzar algo en su casa, para ponerse un pequeño negocio. Entonces, terminan siendo los prestamistas".

Pero ese acceso a recursos también tiene consecuencias: "Ponen en peligro, porque después, si no pudiste pagar, si no pudiste juntar, te invaden la casa, te saquen las cosas que tenés". Maru compartió el caso de una compañera de la red: "Tuvo que pedir para alquilar en otro lado, y después, como no pudo pagar a tiempo, le sacaron el televisor, que es un montón, porque tiene sus hijos".

Así, denunció una estructura narco que no solo avanza por la vía del consumo, sino por medio del control económico y territorial: "Vemos ese narconegocio que avanza de diferentes formas, no solo en el consumo y en el narcomenudeo, sino que se van apoderando de diferentes necesidades de los vecinos y las vecinas. De eso no se habla".

Finalmente, subrayó que el impacto más fuerte lo sufren las mujeres, que en estos contextos de crisis y abandono estatal, cargan con las mayores responsabilidades: "Las mujeres son las más golpeadas, porque es la que está al cuidado y es la que tiene que dar de comer, la que tiene que vestir, la que tiene que llevar a la escuela. Entonces, siempre son las mujeres las que empeñan sus tarjetas. No solo por el consumo, sino para ir sobreviviendo".

Nos vigilan, pero hay otra vigilancia más arriba
Entre las voces que participaron del evento, Anabel 'Ani' Amarillo, integrante de la ONG Nuestra América, una de las sedes de los talleres que terminaron enriqueciendo el informe, aportó una reflexión que vinculó la vigilancia social contemporánea con una metáfora clásica del pensamiento crítico.

"Una reflexión que estuve leyendo estos días, que era la reflexión del panóptico. No sé si lo conocen. El panóptico está en una cárcel. Seguramente lo habrán visto mis compañeros en algunos documentales de gente que está en cana", comenzó señalando.

Explicó luego el concepto al que hacía referencia: "El panóptico es la cárcel gigante donde tiene una torre en el medio y montones de torres hacia los costados. O sea, Foucault —que es un filósofo, un polémico— describe cómo el poder funciona en la sociedad moderna. Dice que lo hace a través de un sistema de vigilancia".

Amarillo retomó la idea foucaultiana como una clave para pensar la estructura del control social actual: "Ese panóptico lo define como una forma de poder donde el que vigila ve a todos los que están presos y los presos no lo ven".

Finalmente, reflexionó sobre la vigencia simbólica de esa figura: "Entonces pensaba yo: nosotros estamos viendo que nos están vigilando, pero en realidad hay otra vigilancia que hay que ver, que seguramente está mucho más arriba, que seguramente es la que está pensando la forma de seguridad para que el pueblo no se despierte".

Si conocés tus derechos, te pegan igual
Desde la Casa de la Mujer y la Diversidad en barrio Moderno, otro de los dispositivos comunitarios seleccionados para el trabajo, Graciela Zenas compartió su experiencia y preocupación sobre los efectos de la desinformación y la sistemática violencia institucional en los barrios populares.

"La falta de conocimiento en los barrios populares es tremenda —comenzó diciendo—, y a veces hacer valer nuestros derechos o que nos respeten... Al no conocer nuestros propios derechos, quedamos vulnerados ya de por sí. Como decían, la calle es para todos, no solamente para algunos".

Zenas subrayó el impacto que produce el miedo cotidiano en estos territorios: "Imaginate si aquellos que tienen conocimiento tienen temores, aquellos que viven en los sectores, en los barrios populares, el miedo es tremendo".

Recordó, además, cómo las violencias institucionales son moneda corriente en el barrio: "Nosotros fuimos los que más preguntamos por muchas violencias institucionales que sufrimos. Nosotros no tenemos derecho ni siquiera a decir: disculpá, ¿tenés un papel de allanamiento para entrar a mi casa? No. Estás durmiendo con tus hijos, te patean la puerta, te golpean, te rompen todo, se van como si nada. Se llevan las cosas que están adentro —que fue una de las cosas que había pasado—. La misma policía se llevó plata de la casa. ¿A quién le reclamás? Si en el operativo no te mostraron un papel que decía qué comisaría es".

La indefensión frente a las detenciones arbitrarias también fue parte de su relato: "O cuando agarran a los pibes en los comandos radioeléctricos, ¿a qué comisarías denunciás? ¿Qué hacés?".

Sin embargo, destacó la importancia del conocimiento de derechos como herramienta de defensa y organización: "Nos sirvió muchísimo esto de decir y reconocer: tenés derecho a decir, bueno, listo, no tengo DNI, o está en trámite".

Y recordó un caso concreto que lo demuestra: "El conocimiento le llevó a uno de los chicos del barrio a plantarse con el comando, a decirle: mirá, flaco, no tengo DNI, pero recién me soltaron. Por decir 'yo reconozco mi derecho', porque a mí un abogado me dijo. Ah, ¿sí? ¿Conocés tu derecho? Bien, lo levantaron igual, lo cagaron a palos, solo por el simple hecho de decir 'yo reconozco mi derecho'".

Relató que esto no fue un caso aislado: "Después no fue Marcelo, fue Santiago. Lo agarraron a Santiago, le dijeron: 'Varón, ustedes nos dijeron que era nuestro derecho', y me levantaron y me cagaron a palos. Y le dijo: 'Pará, pará, yo no fui, fue Marcelo, no fui yo'", contó, provocando risas en el auditorio.

Zenas fue clara al señalar la raíz del problema: "Ellos están en todo conocimiento de los derechos que tenemos. Ahora está en las autoridades policiales, que son quienes tienen que hacer valer nuestros derechos civiles y respetarlos, a querer cumplir nuestro derecho. Hacerlo valer".

Lee el informe:

Fotos: Cristian Maio
Fuente: Señales, Aire Libre, Radio Comunitaria

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