1.- El Estado nunca podrá ejercer acciones ni actitudes tendientes a imponer su injerencia en las líneas editoriales de nuestros medios locales, sino que debe respetar siempre y de forma irrestricta la libertad de expresión. La comunicación es un derecho humano universal y fundamental y es rol del Estado defender y proteger ese derecho.
2.- Rechazamos la creación de cualquier tipo de organismos públicos orientados a la censura de nuestros contenidos. Esta propuesta amedrentadora de la libertad de expresión nos parece una violación grave a la democracia, la libertad y pluralidad.
3.- No aceptamos el cuestionamiento público respecto de la ausencia de pluralidad y diversidad en los contenidos de nuestras emisoras. La radios comunitarias, tradicionales y comerciales, han demostrado ser un aporte al proceso democrático que vive nuestro país, siendo mediadores entre la ciudadanía y estado. Las radios son espacios pluralistas, solidarios y participativos, basados en la no discriminación, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente.
4.- Las radios comunitarias exigimos a los constituyentes electos y precandidatos presidenciales, proteger, contribuir y promover la prensa libre, los medios libres y la libertad editorial, para así garantizar el ejercicio de una democracia plena y construir un mejor país. Las radios comunitarias y ciudadanas somos medios surgidos desde las bases mismas de la comunidad, como canales fuertemente sociales que abren el necesario espacio para que se escuchen sus voces y opiniones. Estas experiencias han sido y siguen siendo expresión de la sociedad civil, especialmente de los más pobres y excluidos, así como de las minorías marginadas.
5.- Junto con el derecho de libertad de prensa, el Estado debe garantizar el acceso de todos los sectores sociales, en igualdad de oportunidades, sin discriminación, al espectro radioeléctrico. Las radios comunitarias y ciudadanas no pueden regularse con medidas tales como el establecimiento arbitrario de la potencia, la prohibición de la publicidad, permitir hacer cadenas y limitar el número de frecuencia asignadas por comunas. Las radios no buscamos ningún privilegio frente al los medios comerciales, pero tampoco aceptamos ninguna discriminación.
6.- Hacemos un llamado a la opinión pública nacional a proteger y cuidar nuestras conquistas históricas en materia de libertad de expresión y de prensa, y avanzar en garantizar el Derecho a la Comunicación. Rechazaremos y condenaremos sin vacilación alguna, cualquier intento que dañe este derecho humano universal y fundamental.
Directorio Nacional de ANARCICH
5.- Junto con el derecho de libertad de prensa, el Estado debe garantizar el acceso de todos los sectores sociales, en igualdad de oportunidades, sin discriminación, al espectro radioeléctrico. Las radios comunitarias y ciudadanas no pueden regularse con medidas tales como el establecimiento arbitrario de la potencia, la prohibición de la publicidad, permitir hacer cadenas y limitar el número de frecuencia asignadas por comunas. Las radios no buscamos ningún privilegio frente al los medios comerciales, pero tampoco aceptamos ninguna discriminación.
6.- Hacemos un llamado a la opinión pública nacional a proteger y cuidar nuestras conquistas históricas en materia de libertad de expresión y de prensa, y avanzar en garantizar el Derecho a la Comunicación. Rechazaremos y condenaremos sin vacilación alguna, cualquier intento que dañe este derecho humano universal y fundamental.
Directorio Nacional de ANARCICH
Otra crítica a medios de un observatorio
La Asociación Nacional de Canales de Televisión (ANaTel) hizo leer en todos los noticiarios la noche del 24 de junio una declaración para expresar el temor a una eventual intervención de los contenidos de los canales durante un posible gobierno de Daniel Jadue. Ante esta denuncia, el el Observatorio de Medios FUCATEL no solo responde a esta asociación de patrones de medios sino que aclara el escaso pluralismo y sesgo editorial que existe hoy en día en los canales de la televisión abierta, todos imbricados por el poder económico a través del avisaje, sus propietarios y sus vinculaciones políticas. En Chile, en síntesis, no existe ni la objetividad ni el pluralismo que ANaTel propugna. La libertad de expresión la tienen los propietarios.
A continuación la detallada y clara respuesta de Fucatel:- El solo derecho de cada medio de informar de acuerdo a su propia línea editorial no garantiza el pluralismo, entendido como la consideración de los distintos puntos de vista sobre la realidad al momento de informar y abrir debate sobre los asuntos públicos. No son conocidas públicamente las distintas líneas programáticas y es imposible acceder a ellas.
- Es falso que en Chile exista una oferta de medios con una diversidad de miradas. Importantes organizaciones y tribunales internacionales han manifestado que Chile -excluyendo los regímenes dictatoriales-, es uno de los raros casos de países donde la casi totalidad de los medios de alcance mayor o masivos pertenecen a un sector de opinión ligado a la derecha política y a la oligarquía económica.
- Con los niveles objetivos de concentración de la propiedad que tenemos en nuestro país, el pluralismo no está garantizado y se asiste a numerosos abusos. Uno de los más grotescos, la cacería de brujas desatada luego de estallido social, donde rostros de programas y panelistas fueron despedidos solo por el modo en que expresaron sus opiniones y abrieron debate en torno al caso.
- Lo mismo sucedió entonces con el empresario Juan Sutil antes de asumir como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, quien retiró de los canales de Warner Media (CNN Chile y Chilevisión) el avisaje de sus empresas y su programa Agenda Agrícola, molesto con la cobertura periodística de estas movilizaciones sociales.
- ANATEL guardó silencio ante este chantaje editorial y acto de censura ideológica del empresariado y los avisadores. Lo mismo, cuando los directores de sus canales de tv fueron citados a La Moneda por el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros políticos para instarlos a moderar la cobertura del estallido social y así evitar un incremento de la crisis.
Para FUCATEL la futura Constitución Política del Estado debería responder a los acuerdos internacionales que consagran la libertad de expresión como un derecho de todos los ciudadanos y no exclusivamente como una prerrogativa de los dueños de los medios. Ninguna democracia es plena si los ciudadanos no cuentan con los instrumentos legales y vías para elaborar su propia opinión, con el derecho a comunicarla sin discriminaciones o distingos en el acceso a los medios nacionales.
Fuente: ANARCICH, FUCATEL