La Corte IDH inició una audiencia pública de dos días por una demanda contra el Estado de Guatemala por los alegados obstáculos para la operación de cuatro radios comunitarias en Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí Maya de San Miguel Chicaj, Mam Maya de Cajolá y Maya de Todos Santos de Cuchumatán.
Los indígenas afirman que existen obstáculos para acceder a frecuencias radiales y una política de criminalización de la radiodifusión comunitaria operada sin autorización.
"Lo que necesitamos es que haya una reparación de los daños hechos por el Estado en contra de las radios comunitarias, que paralicen los allanamientos porque es una forma de intimidar a la población, porque se llevan los equipos y encarcelan a los comunicadores. Luego también que se agilice una ley que reconozca a las radios comunitarias", afirmó el miembro de la comunidad Maya Kaqchikel y cofundador de la Radio Ixchel, Anselmo Xunic.
La Radio Ixchel fue allanada en el año 2006 con el objetivo de inspeccionar, registrar y obtener evidencia sobre sus actividades. En ese momento les quitaron el equipo transmisor y algunos de sus promotores fueron detenidos por el delito de hurto, que luego no pudo ser confirmado, según la demanda contra el Estado.
La demanda interpuesta ante la Corte IDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que hay una falta de reconocimiento legal de los medios comunitarios y un supuesto mantenimiento de normas discriminatorias que regulan la radiodifusión.
Además destaca que la normativa interna, ratificada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, así como la falta de adopción de medidas afirmativas en beneficio de los pueblos indígenas para acceder en igualdad de condiciones a las frecuencias de radiodifusión, constituyen violaciones de los derechos a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley y a los derechos culturales.
"La Comisión reconoce el derecho de los pueblos indígenas a fundar y operar medios de comunicación comunitarios y resaltó la importancia que estos medios tienen para todas las comunidades, debido a que en muchas ocasiones estos constituyen el único medio y la única forma para mantenerse informados y poder participar en los debates públicos de su propia comunidad o de la sociedad en general", expresó la comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena.
La Comisión indicó que la realidad de los pueblos indígenas en Guatemala es que estos se encuentran en una situación estructural de exclusión social, discriminación y pobreza lo cual se manifiesta en su escasa participación y representación en los medios de comunicación como miembros activos de la sociedad.
En la audiencia, las presuntas víctimas resaltaron los beneficios de la radio, desde donde divulgan su música, idioma, tradiciones y cultura, noticias, así como sostenibilidad alimentaria dentro de su comunidad indígena.
"El micrófono es un poder y queremos hacer un cambio para salir del subdesarrollo, para eso podemos hacer muchas cosas, y en especial cuando nos dan la oportunidad de poder hacer llegar la voz en nuestros propios idiomas. Con nuestra cultura, con nuestros conocimientos ancestrales, con los bienes naturales vamos a lograr un desarrollo y autosostenibilidad", dijo la miembro de la comunidad Maya Q’anjob’al (Santa Eulalia, Huehuetenango) y directora de la Radio Jolom Konob, María Pedro de Pedro.
El perito propuesto por los representantes de las víctimas, José Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para las Naciones Unidas, confirmó que para esta población "el acceso a radios comunitarias es fundamental para transmitir el idioma, la cultura y cómo los pueblos indígenas dependen para informar y educar a sus comunidades, especialmente durante la actual pandemia de salud mundial covid-19".
La audiencia finalizará el jueves con la declaración de otro perito y los alegatos finales orales de las partes.
Foto: Willie de León
Fuente: Agencia EFE
