Por: Facundo Franco
Todas las instituciones educativas terciarias que ofrecen carreras de comunicación en Uruguay y la UNESCO presentarán hoy un informe en el que se analizan varios indicadores de desarrollo mediático en el país. Las categorías de análisis fueron aprobadas por la UNESCO en 2008 y la idea del organismo internacional es que puedan ser aplicadas en los distintos países. Un grupo de investigadores de la Universidad de la República, Universidad Católica, Ort, Universidad de Montevideo y de UTU aplicó estas dimensiones a la realidad uruguaya hasta diciembre de 2014, previo a la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), a la que, de todas formas, realizan reiteradas referencias. Los investigadores consideraron que tanto por las leyes internas como por los tratados internacionales a los que Uruguay adhiere, la libertad de expresión aparece “garantizada” en las normas. Pese a que señalan que ese derecho también se garantiza “en la práctica”, advierten que encontraron aspectos “que podían y debían mejorarse”.
Los investigadores indican que si bien hay una “garantía legal” de respeto al acceso a la información pública, “no hay evidencia suficiente respecto a la apropiación ciudadana”. En relación a la regulación de contenidos, plantean que ésta no tiende a intervenir sobre las decisiones editoriales de los medios, sino sólo para la “preservación de derechos de algunas poblaciones”, y señalan que Uruguay está “bien posicionado” al respecto. No obstante, apuntan que la “discrecionalidad” con que se maneja la asignación de publicidad oficial es “un tema pendiente respecto a las posibles intromisiones del gobierno en el contenido de los medios”.
Hecha la ley
Acerca del derecho de los periodistas a amparase en el secreto profesional, el informe señala que si bien dicho derecho está presente en las leyes, su ejercicio “tiene un margen de discrecionalidad” en la interpretación de los jueces. Los investigadores señalan que debido a la alta dependencia en el Poder Ejecutivo del sistema de regulación de medios, no es posible asegurar su independencia. No obstante, plantean que los mecanismos al respecto establecidos en la LSCA implican “un avance importante en la independencia del sistema regulador”, y al mismo tiempo cuestionan el hecho de que en la LSCA el Poder Ejecutivo se reserva “algunas competencias clave”, como la asignación de frecuencias.
El informe señala que “el conjunto del sistema de regulación vigente hasta 2014 no tiene como cometido asegurar el pluralismo de los medios”, y pese a que normas como la Ley de Radiodifusión Comunitaria o el decreto de Televisión Digital Terrestre buscan avanzar en este sentido, “el impacto de la primera parece aún débil” y no es posible todavía evaluar la segunda. En relación a la LSCA, afirman que “establece principios y procedimientos que apuntan a garantizar el pluralismo en los medios”.
El informe señala que el sistema de medios uruguayo cuenta con “altos niveles de concentración” de la propiedad de los medios, que se aglomera en los tres grupos empresariales dueños de los tres canales privados abiertos, que además poseen empresas de cable y controlan buena parte de la programación a través de la Red Uruguaya de Televisión SA y de la empresa Equital SA, en algunos casos también con “fuertes vínculos con medios escritos y emisoras de radio”. De todas formas, el estudio consigna que hay quienes plantean que en los últimos años “se ha detenido” el proceso de concentración, principalmente porque “no se asignaron más medios a los mismos grupos”. Tomando en cuenta la LSCA, plantean que la inclusión de la figura de grupo económico y los impedimentos a la propiedad cruzada según los diferentes tipos de servicios “pueden significar un avance importante” que “dependerá de la eficacia con que se lo aplique”.
Opinión pública
Según una encuesta de opinión pública que se realizó para el estudio, 39,4% de los encuestados está de acuerdo en que la mayoría de la población comprende fácilmente lo que transmiten los medios de comunicación. De todas formas, el informe plantea que ni en los medios públicos ni en los privados los sectores minoritarios aparecen como fuentes, aunque sí lo hacen como protagonistas de noticias de interés social. En relación al sistema de gobierno de los medios públicos, se establece que actualmente no cuentan con un sistema independiente y transparente, lo que podría mejorar con la aplicación de la LSCA.
Según los datos de la encuesta, 59,2% de los uruguayos opina que los medios tratan temas de real interés para la población, afirmación con la que no está de acuerdo 15,8%. En relación al tratamiento de las noticias, 46,8% dice que la cobertura es “justa e imparcial”, 34,9% no está de acuerdo ni en desacuerdo con ello y 28,3% opina que la cobertura no es justa ni imparcial. Además, 16,5% opina que los periodistas en Uruguay no son confiables y 11,4% considera que no son honestos, mientras que 44% acudiría a un periodista si tuviera una denuncia pública por sospecha de corrupción.
El informe establece que algunas de las fuentes consultadas para el estudio consideran que existen prácticas de autocensura en la actividad periodística, asociada a factores de mercado. Se señala que “los mismos periodistas se limitan a la hora de informar para preservar su inserción laboral”. Además, de una encuesta a periodistas se desprende que 76% de los profesionales conoce el Código de Ética aprobado en 2013 por la Asociación de la Prensa Uruguaya, y 62% lo encuentra bastante o muy útil.
