La vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, recomendó "prudencia" y abogó por el respeto mutuo entre los poderes del Estado, específicamente entre el Ejecutivo y el Judicial, a
propósito de los calificativos de "justicia delivery" y "express" que le endilgaron al Poder judicial la presidenta, Cristina Fernández, y el ministro de Economía, Amado Boudou."La falta de respeto a los jueces, así como si se le faltara el respeto a la Presidenta, es inadecuada. Hay que manifestarse con prudencia", aconsejó la magistrada. "El juez inoperante debe ser sometido a juicio político, si corresponde", replicó.
En esa línea señaló que los problemas del Consejo de la Magistratura no pasan por tener 20 o 13 miembros.
Y para evitar la polémica, eludió puntillosamente cualquier referencia a la medida cautelar que mantiene suspendida la cláusula de desinversión de la Ley de Medios Audiovisuales, reglamentada esta semana por el Gobierno nacional.
La alta magistrada afirmo que “el tema de que haya una medida cautelar que suspenda alguna parte de la ley respecto de algún particular implicará que al que tiene algún beneficio de la cautelar, por lo menos mientras esté vigente, no se le puede aplicar algo en contra de lo que diga la cautelar, eso en líneas generales. No impide que esté vigente [la ley], que esté vigente respecto de toda la población. Esto es algo simple con cualquier ley que ocurra”, detalló Highton de Nolasco.
Además mencionó como algo lógico el marco reglamentario de la ley, establecido por el Poder Ejecutivo: “La reglamentación de una ley es consecuencia de una ley”, dijo, y explicó con un ejemplo que “aunque haya algún artículo suspendido por un juez respecto de algún particular […] no es una inconstitucionalidad genérica sino una preventiva respecto de aquel que la pide, no impide reglamentar una ley. Una ley es dictada por el Congreso y generalmente son operativas inmediatamente y generalmente están sujetas a alguna reglamentación, sobre todo con leyes que tienen que ver con cuestiones administrativas, implementaciones o de procedimiento; entonces –concluyó la jueza–, una consecuencia de una ley es que el Poder Ejecutivo dicte un decreto reglamentario”. La alta magistrada además consideró desproporcionado equiparar la vigencia o no de un artículo puntual de la ley de medios con la libertad de prensa; y de manera sutil cuestionó a los periodistas presentes que le quisieron preguntar en ese sentido. “Hay muchos intereses comprometidos, yo no voy a dar una opinión genérica de si hay libertad o no. Están todos acá y todos preguntan lo que quieren, no parecen estar muy constreñidos en las preguntas”, les devolvió. Y añadió: “Una cosa es un artículo de la ley de medios y otra es hablar en general como una especie de inexistencia de libertad de prensa; creo que están en parámetros tan separados que no hablamos de las mismas cosas”. Y con obvia referencia a los titulares “catástrofe” que diarios como Clarín han publicado en estos días criticó las “conclusiones tan drásticas” que han sacado a partir de, por ejemplo, “la Sociedad Interamericana de Prensa o algún otro que observa”.
Con respecto al expediente que llegó al máximo tribunal por recurso extraordinario del Estado contra la cautelar a favor de Clarín, no se pronunció: “Lo que está en ese expediente lo vamos a resolver en ese expediente”, puntualizó.
Audio gentileza FARCo
Fuente: Agencia Noticias Argentinas, DyN
