Por: Laura Zommer
Los chilenos descubrieron recientemente que Michelle Bachelet cobra 12.587 dólares mensuales por su
trabajo como mandataria. Y, no sin sorpresas, se enteraron de que, entre sus ministros, la que más gana es la titular de Agricultura, que recibe 11.662 dólares y, el que menos, es el de Defensa Nacional, que tiene asignado un sueldo bruto de 10.208 dólares. Las cifras, que pueden consultarse con facilidad en los portales del Gobierno, incluyen hasta el último peso que los funcionarios reciben por su trabajo.Esta revelación, que generó un rico y extenso debate en Chile sobre las remuneraciones que una sociedad está dispuesta a pagar a quienes están a cargo de la cosa pública, es fruto del trabajo de más de una década de un abogado llamado Juan Pablo Olmedo, que desde octubre último preside el Consejo para la Transparencia de Chile, pero que antes de ello litigó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganó un juicio contra el Estado de su país por falta de acceso a la información pública.
"Otra cosa es con guitarra, decimos en Chile cuando algo es complicado. Bregar por la transparencia desde afuera del Estado es mucho más sencillo que impulsarla desde adentro", admite Olmedo en un hotel del centro de Lima, Perú, adonde viajó para participar en la Conferencia Regional de las Américas sobre el Derecho de Acceso a la Información, que se realizó el mes pasado, junto con el ex presidente Jimmy Carter y un centenar de expertos y funcionarios del continente.
"La Presidenta me eligió y convocó sin conocerme más que por mi trabajo de abogado de interés público, y el diseño institucional del Consejo para la Transparencia me da estabilidad e independencia plena -explica Olmedo-. Es un desafío tremendo estar del otro lado, pero no dudé en aceptar, porque creo que, desde este lugar, puedo contribuir mucho a la transparencia y el acceso a la información pública en mi país".
Lejos de despedirlo por haber "blanqueado" los sueldos completos de todos los funcionarios chilenos -como ocurrió en la Argentina con directores y empleados de carrera del Indec que se negaron a convalidar estadísticas manipuladas-, la presidenta Bachelet, que nominó ante el Senado a Olmedo para el puesto, expresó públicamente su sorpresa y gratitud, porque la flamante Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que entró en vigencia el 20 de abril pasado, provocó un interesantísimo debate social el mismo día de su debut.
Olmedo, de 41 años, casado y con una hija, es un típico caso de activista de la sociedad civil devenido en funcionario. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Inglaterra, tiene más de 15 años de experiencia profesional como abogado en áreas vinculadas con la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y la protección de los Derechos Humanos.
Fue sociofundador de un estudio jurídico de Santiago y en 2000 participó en la creación de la Fundación Pro Acceso, de la que fue presidente entre 2004 y 2008. También fue el mentor de la creación de la Fundación Pro Bono, que busca que más abogados donen horas de su trabajo y se comprometan con el acceso de todos a la Justicia.
Simpático, charlatán y apasionado, Olmedo contagia su entusiasmo por las políticas de transparencia y su convicción de que los chilenos van a acercarse cada vez más a su Estado. Y, por qué no decirlo, da algo de envidia escucharlo.
En busca del caso
El caso que marcó para siempre la historia de Olmedo tiene implicancias directas para la Argentina, que todavía no tiene una ley nacional de acceso a la información pública pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en 2006 que así debían hacerlo todos los Estados que adhirieron a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
Corría 1997 cuando Olmedo encontró el leading case que buscaba desde hacía tiempo para avanzar en el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública de su país y que terminó con la sanción de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Junto con Marcel Claude Reyes, entonces director ejecutivo de una organización ambientalista, pidió al Comité de Inversiones Extranjeras información sobre una empresa que realizaría una obra en los bosques nativos ubicados más al sur de Punta Arena, en el sur de Chile. "Teníamos claro desde el principio que el caso iba a ser rechazado por las distintas instancias de la Justicia nacional, pero teníamos esperanzas de triunfar en el ámbito internacional", cuenta el ahora funcionario.
Y así fue. Perdieron en Chile, pero ganaron en la Corte Interamericana, donde fue clave la intervención de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA -que entonces estaba a cargo de un argentino- y la participación de distintas organizaciones civiles de la región, entre ellas la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ambas de la Argentina.
El caso fue particularmente importante porque no sólo declaró que en este episodio específico hubo una violación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que reconoce el derecho de todo individuo a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones sin límites de fronteras), sino que avanzó en la definición de un precedente de orden público regional que establece estándares en, al menos, cuatro puntos:
- el reconocimiento del derecho a la información como un derecho fundamental que emana de la garantía de la libertad de expresión.
- la admisión y el cuestionamiento de la existencia de prácticas de secreto en la administración del Estado.
- la orden para que el país adecue su legislación sobre acceso a la información pública.
- el mandato para que proceda a capacitar a los funcionarios en este derecho.
El funcionario señala que la sanción y entrada en vigencia de la Ley de Transparencia es sólo un primer paso en una "necesaria reforma sustantiva de la administración pública" y muestra "un nuevo trato entre la administración y el ciudadano". Hay, para él, una multiplicidad de elementos a considerar además de la nueva norma, como la tecnología, los archivos, la modernización del Estado y la capacitación continua de los funcionarios.
¿En qué les cambiará la vida a los chilenos esta reforma?
Uno de los desafíos de esta ley y de su implementación es encontrar los espacios que efectivamente les son útiles a los ciudadanos, como desarrollo urbano, salud, educación y otras áreas donde la información puede ser determinante para la toma de decisiones personales. También debe avanzarse en cuantificar los beneficios para el país que fluyen de una ley de esta naturaleza. Los beneficios de ahorro y atracción de inversiones que genera una cultura más transparente.
Este año, luego de que Chile cumpliera con todos los puntos de la sentencia del caso de Marcel Claude Reyes, la Corte cerró el expediente. El caso ya llevó a que Uruguay dictara una norma similar a la de Chile y a que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, enviara recientemente un proyecto al Congreso.
En la Argentina, que a comienzos de la década lideraba la región en materia de acceso a la información, el Indec está intervenido, sus estadísticas dejaron de ser confiables y, hasta el momento, ni los candidatos del oficialismo ni los de la oposición mencionaron el impulso de una ley nacional de acceso como parte de su plataforma electoral.
¿Necesitaremos a un Olmedo argentino para que ocurra?
Quién es
Nombre y apellido: Juan Pablo Olmedo
Edad: 41 años
Trayectoria profesional: Abogado y docente en la Universidad de Chile, llevó ante la CIDH casos que implican la protección de la libertad de expresión, el acceso a información pública y la prevención de la violencia contra la mujer.
Liderazgo institucional y social: Fue cofundador de la Fundación Pro Acceso, que protege el acceso a la información pública, y cofundador de la Fundación Pro Brono, que promueve el compromiso social de la Abogacía.
Fuente: Diario La Nación
