Candidatos a senadores y diputados, por Santa Fe, a favor de una nueva Ley de Radiodifusión

Los candidatos santafesinos, a diputados y senadores en las próximas elecciones nacionales, fueron consultados sobre su opinión acerca del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A continuación las respuestas:

Agustín Rossi, candidato a diputado por el Frente para la Victoria dentro del justicialismo.
Estoy a favor del borrador de proyecto de ley que está poniendo en debate el Poder Ejecutivo.

Rubén Giustiniani, candidato a senador nacional por el Frente Progresista Cívico y Social.
Es necesaria una nueva Ley de Radiodifusión que deje atrás una norma que mixtura lo peor de la última dictadura y el modelo privatista de los 90. Dicha norma debe surgir del consenso de todos los actores involucrados y debe servir para transparentar las reglas de juego, impedir la concentración y promover la diversidad.

Alejandro Mariano Parlante, candidato a senador nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores
En cuanto al proyecto del gobierno nos oponemos. La garantía de la libertad de expresión la daría la propiedad estatal de los grandes medios que sean administrados por sus trabajadores, con participación de las organizaciones populares y los trabajadores de la cultura. Créditos blandos y subsidios para que los medios comunitarios puedan acceder a la tecnología apropiada.

Alicia Ciciliani, candidata a diputada nacional por el Frente Progresista Cívico y Social, actualmente es Viceministra de Trabajo de la provincia
Creemos importante el debate sobre una nueva ley de Radiodifusión pero no votaría el proyecto del Poder Ejecutivo nacional. El Bloque Socialista propone modificaciones que voy a acompañar.

Carlos Carranza, candidato a diputado nacional por Santa Fe Federal - expresión reutemanista dentro del justicialismo-.
La necesidad de una nueva ley de radiodifusión es a esta altura más que obvia. La ley vigente fue dictada en el marco de la última dictadura militar y, como tal, responde a un modelo político bien diferente del que debe regir en un Estado de Derecho y, además, por su antigüedad, no contempla los importantes avances tecnológicos que se han verificado en los últimos tiempos.
Ahora, preguntado sobre el proyecto del Ejecutivo en concreto, deben hacerse algunas precisiones. Por un lado, en este momento, se está haciendo un rico debate en diversos Foros de cuyo producido es esperable que se introduzcan mejoras a ese proyecto (por lo que el actual está lejos de ser la versión definitiva). Por el otro, es necesario que también se consulte a otros sectores que no estarían participando de esos debates, entre los que puede incluirse a varios de los actuales prestadores de los medios de comunicación social. Además, existen varias iniciativas en el Congreso Nacional por lo que, en cualquier caso, el proyecto que presente en su momento el PEN será analizado y discutido a la luz de toda la información que se disponga en ese momento.
Igualmente, y como principio rector, adelanto que toda nueva ley en la materia debe asegurar el principio de libertad de expresión. Por ello es importante que en el proyecto que se discuta en el Congreso se consagre ese principio y se incorpore, por ejemplo, un capítulo que tenga que ver con el manejo de la pauta de publicidad oficial para evitar las discriminaciones a medios tema que, en algunos casos, han merecido el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Caso Diario Río Negro contra el gobierno provincial de Neuquén) o lo tendrán quizás próximamente (Caso Perfil contra el gobierno nacional), veremos.
Observamos en este sentido, con cierta preocupación, un movimiento de algunos presidentes latinoamericanos (Correa de Ecuador tuvo la iniciativa, que luego fue rápidamente apoyado por Morales de Bolivia y Chávez de Venezuela) quienes quieren controlar los medios de comunicación protegiendo al poder, supuestamente, de los abusos periodísticos. En países democráticos, y en particular en casos como el nuestro en el que durante el siglo XX la democracia estuvo recortada por el imperio de dictaduras militares las que, entre otros males, ahogaron la libertad de expresión, es en todo caso más necesario que se afiance la libertad de los medios de prensa respecto del poder y no el camino inverso que están proponiendo los referidos mandatarios latinoamericanos.
Sí, hay mucho que hacer, en cuanto a la responsabilidad social de los medios de comunicación. Ejercicios de autocontrol y de una actuación de los medios que sea responsable y complementaria de políticas de Estado en temas sensibles, deben estar en la agenda de discusión de esta ley y del rol que ejercen los medios en la sociedad. Es bien sabida la influencia creciente de los medios en las conductas sociales por lo que, mensajes mal manejados desde ellos pueden ser disfuncionales socialmente alentando, por caso, la comisión de ciertos delitos o desinformando a la población ante el caso de epidemias o alentando un pánico que es preciso controlar.
En todo caso la acción de los medios de comunicación (siempre en un marco de estricta libertad) pueden compartir responsabilidades ante la comunidad junto a los poderes públicos (pero nunca subordinados a ellos), en vistas de una armonía social superior.
Un aspecto del proyecto de ley que se está discutiendo, y que se comparte, es el relacionado a la participación de cooperativas y a entidades de bien público en el manejo de los medios. Los criterios de democratización y de extensión de los grados de libertad en la elección de los ciudadanos respecto de quiénes les pueden dar esa clase de servicios, son siempre bienvenidos. Lo que sí hay que ser cuidadosos en la cuotificación (se habla de un tercio de medios públicos, un tercio de privados y un tercio en manos de entidades sociales y cooperativas, las rigideces, como en tantos otros casos, suelen ser contraproducentes), este punto será objeto de un análisis más profundo y de consultas a los sectores y actores del medio.
Debe en la ley que se dicte tenerse en cuenta la previsibilidad y la seguridad jurídica máxime en los supuestos de empresas periodísticas que hacen grandes inversiones por lo que, al momento de adjudicarse los medios, debe garantizarse un horizonte de tiempo apropiado (10 años puede ser poco, como se está especulando) para el recupero de la inversión.
Otro tema en el que hay que ser muy cuidadoso en la ley es el referido al cumplimiento de los horarios de protección al menor y, por lo general, en cuanto a los mensajes que se brindan a la comunidad que, muchas veces, parecen confundir realismo con incitación a conductas sociales peligrosas. La libertad de expresión de los medios, como se dijo antes, debe ser acompañada por el ejercicio de responsabilidad. Y que existan mecanismos de autorregulación claros y un régimen sancionatorio aplicado en el caso de incumplimientos manifiestos, son ambas cuestiones que deben contemplarse.
En lo relativo a las nuevas tecnologías, Internet en particular, pero también el avance del cable, el “triple pay”, la televisión digital, etc., la nueva ley debe contemplar específicamente estos casos dándole un marco legal apropiado pero a la vez debe ser lo suficientemente flexible al tratarse de un sector dinámico en continua expansión y con saltos cualitativos en materia tecnológica.
En síntesis, la respuesta es, sí, en el sentido de discutir un marco normativo nuevo en materia de radiodifusión y un, con reservas y modificaciones, en el sentido de si estaría dispuesto a votar el proyecto que está impulsando el Poder Ejecutivo nacional el cual, en todo caso, debe ser enriquecido con todas las posturas y con los restantes proyectos legislativos que se discuten o puedan llegar a presentarse en el Congreso de la Nación. Y además, las leyes se hacen para ser cumplidas, la actual, tan cuestionable y que sin dudas hay que rever, es escasamente aplicada por el ComFeR organismo que, como autoridad de aplicación en la materia, no suele aplicar las sanciones previstas en el caso de manifiestos incumplimientos registrados por parte de los medios de comunicación sociales.

Juan Carlos Bettanín, acompaña a Agustín Rossi como segundo candidato a diputado por el Frente para la Victoria dentro del justicialismo. Es periodista.
Sí, la votaría. Considero que después de 25 años de recuperada la democracia es necesario generar un cambio legislativo. Entre otras cuestiones, la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual protege el trabajo local y garantiza al Estado nacional, provincias y municipios la asignación de frecuencias, fomenta la producción federal de contenidos educativos e infantiles.

Roxana Itatí Latorre, candidata a senadora nacional por Santa Fe Federal - expresión reutemanista dentro del justicialismo-
Como todavía la Ley no ingresó al Congreso, me abstengo de opinar. Como legisladora puedo opinar sobre lo que está en tratamiento en el Congreso.

Francisco José Castellano Albornoz, candidato a diputado nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores
El anteproyecto que propone el oficialismo no garantiza terminar con los monopolios y es muy ambiguo en cuestiones muy importantes. Nosotros proponemos una Ley de Comunicación que privilegie el acceso a los medios de movimientos sociales y organizaciones populares, poniéndolos al servicio de la información y la participación de la comunidad y que sea resultado de una discusión nacional abierta y democrática.

Carlos Alfredo Del Frade, candidato a diputado nacional por el Partido Socialista Autentico - Proyecto Sur. Es periodista.
Es un proyecto que merece muchas correcciones: eliminación del decreto 527 del ex presidente Kirchner que le otorgó una prórroga en la concesión a los actuales oligopolios que manejan los medios de comunicación por diez años más, con lo cual recién en 2015 se discutirá un nuevo mapa de medios en la Argentina; mayor participación de los trabajadores de los medios (en el anteproyecto solamente hay tres menciones a los trabajadores en un total de 148 artículos); que el organismo de control dependa del congreso de la Nación y sus similares provinciales y municipales y no solamente del ejecutivo nacional tal como lo dice el anteproyecto; que sea público el registro de los integrantes de las sociedades anónimas que se hacen cargo de la explotación de los medios si no pueden aparecer testaferros varios que cambiarán el collar pero las audiencias seguirán siendo perros; democratización de las pautas publicitarias oficiales y privadas; definir a la comunicación como bien social y no como una actividad de interés social porque semejante definición es sujeta a nuevas privatizaciones; definir el acceso a la información pública como libre para cualquier habitante del país y no mantener el restringido derecho que habla del “legítimo interés”; que los informes sobre la prestación que hagan los privados se haga cuatro veces al año y no solamente una como dice el anteproyecto; y volver al espíritu de la única ley democrática de radiodifusión del año 1953 que consideraba la comunicación como un servicio público, es decir, propiedad original del pueblo y por ende que el estado debe expropiar todas las licencias para después, previa auditoría de lo hecho en los últimos veinticinco años, repartir y dar de nuevo.

Silvia Augsburguer, candidata a diputada nacional por el Frente Progresista Cívico y Social. En la actualidad es Diputada Nacional por la provincia de Santa Fe.
La discusión de una nueva ley de radiodifusión es una asignatura pendiente de la democracia. El Congreso de la Nación debe discutir en un marco plural, amplio y sin presiones una nueva ley y de esa discusión deben participar absolutamente todos los sectores. Para asegurar la pluralidad de las voces en los medios de comunicación, debe aprobarse una ley que permita competir en igualdad de condiciones a las pymes de comunicación del interior del país y a las cooperativas.

Carlos Alberto Favario, candidato a diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social.
La posición reiterada del Partido Demócrata Progresista en la materia hacen que ratifique nuestra propuesta de compartir el criterio de sancionar una nueva Ley sobre la materia en el marco necesario para asegurar la libertad y la pluralidad de opinión en los medios de comunicación, evitar los monopolios asegurando la libre competencia e impedir cualquier ingerencia del Estado ejerciendo controles y estableciendo reglamentaciones arbitrarias que restrinjan la libertad informativa y de opinión.

Fuentes: Ejercicio Ciudadano, El Litoral y propias