La relación de Kirchner con Clarín es curiosa. El diario ha contabilizado con satisfacción cuatro menciones críticas del candidato en esta semana y Kirchner ha dicho que al Grupo le preocupa la posibilidad de democratización de la comunicación audiovisual. Pero el proyecto de ley de servicios audiovisuales sigue en la misma lista de espera que el comercio de granos. El interventor en el ComFeR, Gabriel Mariotto era uno de los funcionarios que creían que el texto, que fue debatido en doce foros multisectoriales en todo el país, ingresaría al Congreso en el Día del Periodista. Pero ya han pasado dos semanas de esa fecha y es ostensible que no habrá novedades antes de las elecciones. Eso hubiera sido mucho más inteligente que pintar o pegotear consignas contra el diario o consentir ataques a su stand en la Feria del Libro.
El gobierno también está largamente en deuda con la ley de acceso a la información y con la despenalización de los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios. Poco después de asumir, Kirchner firmó un decreto de acceso a la información, que obliga al Poder Ejecutivo y que ha sido bien utilizado por varios de los medios más críticos de su gobierno. La ley sólo extendería ese derecho a los otros poderes del Estado Nacional y a las provincias, por lo que no se comprende su demora desde el punto de vista de la conveniencia política del gobierno central, que ya abrió sus puertas al escrutinio público y no tiene nada que perder. Desde 2003 Kirchner prometió varias veces impulsar la despenalización de calumnias e injurias. Pero el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del periodista Eduardo Kimel, quien durante el gobierno de Menem había sido condenado por su investigación sobre el crimen de los eclesiásticos palotinos de 1976. Ahora se trata de una obligación, ya que la Corte dijo que los artículos respectivos del Código Penal no se ajustan a la Convención Americana de Derechos Humanos. La demora genera responsabilidad internacional. Mientras, Chile sancionó una ley de transparencia mediante la cual el Centro de Investigación Periodística creado por Mónica González Mujica está investigando la contratación de parientes de legisladores como secretarios, y Uruguay despenalizó la difamación contra funcionarios.
El proyecto de ley de servicios audiovisuales cuenta con amplio apoyo social, porque está inspirado en los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana para una Radiodifusión Democrática, elaborados por una amplia coalición de organizaciones, como la CGT, la CTA, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, el CELS, las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba y La Plata, las entidades que agrupan a radios comunitarias y universitarias, sindicatos de todo el país de trabajadores de prensa, educación y televisión, centrales de cooperativas, canillitas y actores. Su texto contempla los principios de libertad de expresión y pluralismo contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos, reserva un tercio del espectro para personas sin fines de lucro, permite que provincias, municipios y organismos no gubernamentales actúen como radiodifusores; rompe el monopolio de los sistemas pagos para la transmisión de partidos de fútbol, fija cuotas de producción nacional, establece una tarifa social para el servicio básico de cable donde no haya otro, crea un ente regulador colegiado con representación de las dos principales fuerzas de la oposición en el Congreso, cosa que también ocurrirá con el sistema de medios públicos; establece la intervención legislativa en el nombramiento de la autoridad de aplicación, el sistema de medios públicos y el Defensor del Público y la realización de audiencias públicas antes de prorrogar una licencia. También dispone que los titulares de licencias de televisión abierta no podrán poseer al mismo tiempo licencias de televisión por cable y que quienes operen sistemas de cable por suscripción sólo podrán poseer una señal propia, lo cual obligaría a desinvertir en aras de la desmonopolización y desconcentración a Clarín y a De Narváez, asociado con el ex ministro José Manzano y con un empresario mendocino.
El punto más discutible es el que autoriza a operar un servicio de televisión por cable a los prestadores de servicios públicos, como las dos grandes telefónicas, cosa que hace dos décadas les prohibió la ley de privatización de ENTel. La propuesta oficial les exige a cambio que abran más de la mitad de su propio mercado a la competencia mediante una serie de duras condiciones, como permitir que otros operadores utilicen para su interconexión las redes de las telefónicas, en cualquier punto y en las mejores condiciones técnicas y de precios; que los competidores puedan acceder a su propia infraestructura de postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado, y a su información técnica y comercial pertinente; la interoperabilidad de redes y la portabilidad numérica, es decir la posibilidad de que el cliente conserve su número telefónico, celular o fijo, aunque cambie de compañía prestadora y/o de domicilio. Si todos estos requisitos se cumplieran, la democratización de las comunicaciones daría un salto impresionante. Pero la portabilidad numérica ya estaba contemplada en el pliego de privatización de ENTel y en dos décadas no se ha cumplido.
Los abusos de la posición dominante de Clarín y su manipulación informativa para obtener fines propios, son bien conocidos. Pero nadie interesado con sinceridad en el pluralismo informativo y la cultura nacional podrá creer que los españoles de Telefónica o el mexicano Carlos Slim serían mejores si ocuparan la misma posición en el mercado.
Fuente: Diario PáginaI12
Ayer en Crítica de la Argentina Silvio Santamarina se ocupó de la relación Clarín - Gobierno, estos son algunos de los párrafos más destacados:
El ruido y las nueces del día después
"Nada va a explotar el 29 de junio. Al menos, nada debería estallar en la sociedad y en sus instituciones, mientras ningún dirigente decida lo contrario. El obstáculo para el sentido común, para la racionalidad cívica, es la emoción violenta por los intereses que están en juego.
Detrás de tanta cortina de humo, es un dato objetivo que tanto Clarín como Techint están nerviosos. Luego de años de flirteos y rabietas al estilo Pimpinela, Néstor logró asustarlos en serio. Esta semana, en los despachos gerenciales del gran multimedio argentino se trazan en pizarras y power points los puntos sensibles que los operadores de Clarín deberán vigilar a partir del lunes 29, cuando termine “Gran Cuñado”:
• Temen que Néstor se decida a entregarles en bandeja el negocio del triple play (el paquete de cable, internet y telefonía) a los españoles de Telefónica. La pulseada entre Clarín y empresarios bendecidos por el Gobierno para quedarse con el control de Telecom Argentina explica en parte el reciente tiroteo público entre Kirchner y los jefes del diario.
• Sondean a los legisladores para ver cuánto consenso podría tener el proyecto oficial para terminar con la vieja Ley de Radiodifusión. La campaña de concientización se basa en el argumento de que no es transparente votar una ley tan importante con la composición parlamentaria actual. Luego del adelantamiento de las elecciones, éste es un “Congreso deslegitimado” hasta fin de año, dicen en Clarín.
• Siguen de cerca los dichos y los hechos del Gobierno acerca del negocio del fútbol televisado y la difusa promesa oficial de habilitar la difusión gratuita de los partidos por los canales de aire. En el grupo se preparan para dar la pelea en la opinión pública, con la explicación de que el fútbol gratis es una mentira, porque si el Gobierno interviniera legal o ilegalmente los contratos de televisación, los primeros perjudicados serían los clubes, que sin los ingresos de la tele codificada irían a la quiebra. La sospecha es que, incluso sabiendo eso, el kirchnerismo avance con la idea, subsidie a los clubes en problemas, y, una vez que desarme el monopolio actual, le entregue el negocio a un operador amigo (o a sí mismo).
• Los estrategas del grupo consideran que, sin una pata “telco” (telecomunicaciones), el modelo de negocios de Clarín entrará en crisis en muy pocos años. Y entienden que es inevitable que la revolución digital les abra el juego a nuevos operadores, muchos de ellos con vocación oligopólica. Por eso el grupo está dispuesto a sentarse a negociar una “transición audiovisual”, pero el problema es que el garante estatal de turno para esa compleja transacción es Kirchner. Y Héctor Magnetto ya no confía en la palabra del patagónico. Y, aunque suene paradójico, un eventual triunfo de Francisco de Narváez no tranquiliza a ningún poderoso anti-K.
…Como Clarín tampoco ve con cariño a De Narváez, se consuela con apoyar a Cobos como un referente que aglutine voluntades en la mesa de concertación empresarial, que ya se puso en marcha para tratar de armar un candidato previsible para 2011 o antes. Cobos da con el perfil de aliado estratégico relativamente manejable: “Al grupo le gustan las relaciones asimétricas”, bromean en Clarín. Lo dicen para aprobar el apoyo a Cobos y para explicar su desconfianza por De Narváez, a quien consideran demasiado altanero y con demasiada plata propia como para tenerlo a raya, sin contar que el Colorado ya está demasiado metido en el negocio de los medios, y puede resultar un competidor sorpresa para los planes del grupo. Para resumir, al megaoperador de Clarín, Jorge Rendo, De Narváez le cae mal: a veces hasta las cuestiones de piel valen millones.
Por eso Clarín hasta le hizo saber a Tinelli que, como socios en Ideas del Sur, la creciente influencia electoral de “Gran Cuñado” era interesante hasta cierto punto, pero que si se le iba de las manos, tanto favoreciendo al Gobierno como a De Narváez, equivaldría a jugar con fuego. Pero ¿quién se puede dar el lujo en estos días de tirar tantos puntos de rating a la basura?"
Otras Señales
