El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó ayer que “los medios de comunicación de la derecha” intentan desestabilizar su gobierno, mediante una campaña de desprestigio que incluye las recientes denuncias por el presunto incumplimiento en el pago a los asistentes a un mitin de Alianza País, la fuerza política gobernante en esa nación sudamericana.
De manera significativa, esas acusaciones de los medios se dan en un contexto de disgusto creciente por parte de diversos sectores de la iniciativa privada en ese país, ante diversas medidas gubernamentales que trastocan sus intereses: ayer mismo, la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó una reforma tributaria que tiene como propósito reducir los altos niveles de evasión fiscal y retribuirá al erario aproximadamente 300 millones de dólares al año, pero que enfrenta el rechazo de los dueños de grandes compañías que ya no contarán con los mecanismos existentes para evitar el pago de impuestos; en el mismo sentido, el jefe del Ejecutivo ecuatoriano ha anunciado medidas para controlar los precios y frenar la especulación, así como un plan gubernamental para reducir las elevadas tasas de interés que se aplican a los créditos bancarios.
Con ese telón de fondo, las denuncias de los medios de comunicación ecuatorianos parecen obedecer, más que a un espíritu de denuncia ante las “prácticas de la partidocracia” –como definió el propio Correa al acarreo político–, a una lógica de defensa del empresariado consistente en la configuración de campañas mediáticas en contra de gobiernos nacionales que, como los de Venezuela, Bolivia y ahora Ecuador, no se han plegado a los designios del llamado Consenso de Washington o simplemente no suscriben a pie juntillas la doctrina del libre mercado. En los hechos, tales campañas constituyen embestidas descaradas de intereses privados –políticos y económicos– en contra de gobiernos democráticamente electos, pero son apuntaladas por una supuesta exaltación de valores democráticos y una pretendida defensa de las libertades y el bien común. De tal forma, los medios de comunicación, en su mayoría propiedad de grandes consorcios, tergiversan, desinforman, mienten abiertamente, para después escudarse en el derecho a la libertad de expresión, cuyos principales sensores, por lo general, son ellos mismos, al coartar la libertad de periodistas e informadores profesionales e imponerles líneas editoriales manipuladoras o bien el silencio.
Por su parte, México no ha estado ajeno a esta situación. Baste con recordar el cerco informativo que la mayoría de los medios de comunicación establecieron durante el conflicto poselectoral ante el movimiento social encabezado por el ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, la campaña de presiones, chantajes y mentiras emprendida por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, con las dos principales empresas televisivas del país a la cabeza, para impedir que el Congreso apruebe la supresión de la libre contratación de publicidad electoral en los medios electrónicos, contemplada dentro del marco de la reforma electoral. Pareciera que los dueños de los consorcios mediáticos, tanto en México como en Ecuador, han olvidado que son simples concesionarios de un bien público –el espectro radioeléctrico, extensión del territorio nacional– y que, por tanto, no deben hacen uso de él para ejercer un poder fáctico ilegítimo y antidemocrático.
En suma, a la vista del conflicto con los medios que parece avecinarse con las declaraciones del presidente Rafael Correa, viene a confirmarse una realidad exasperante y cada vez más recurrente en América Latina: que cualquiera que no acepte acatar los intereses de la iniciativa privada será juzgado por la mediocracia.
Fuente: La Jornada
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