El catedrático universitario sostiene que el clientelismo político y la impunidad son inherentes a ese flagelo social y sugiere el castigo sistemático, ejemplar y persistente para sanear las estructuras corrompidas. Rosa Bertino, La Voz del Interior
Invitado por la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba, el politólogo español Manuel Villoria (50) dictó en esta ciudad un posgrado sobre “Ética pública y desarrollo institucional”.
Además de ser su especialidad, la corrupción es el objeto de sus desvelos y estudios. Desde hace años, este catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Complutense de Madrid libra un combate casi personal contra ese flagelo. Asimismo, el profesor Villoria es miembro del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset; autor de más de 50 publicaciones y fundador del capítulo ibérico de Transparency Internacional, organismo autónomo que califica anualmente a cada país. Argentina siempre figura de la mitad para abajo, en el ranking de Transparencia.
Didáctico y ameno, el doctor Villoria recalca las razones por las cuales un orden es corrupto. Hace mucho hincapié en la figura del civil servant británico, el empleado público que ingresa por concurso, en contraposición a los nombramientos a dedo y por acomodo.
–¿Cómo se mide la corrupción? ¿Cuán confiable es el puntaje que otorga Transparencia Internacional?
–Es una medición bastante creíble, porque se basa en la opinión de expertos y en una decena de sondeos cruzados. Cuando usted le pregunta a un empresario si su país es corrupto, con seguridad le contestará “sí”, “no” o “según”. Desde luego, nunca le va a decir en cuánto contribuye él para que ese sistema sea corrupto. Transparencia se conformó en 1993, pero tardó casi una década en producir las primeras listas. Al principio se medían 40 países, y ahora son 160.
–Andemos bien o mal económicamente, Argentina siempre saca malas notas...
–El vuestro es un país históricamente mal ubicado. Con una puntuación de 2,9, actualmente comparte el puesto 105 con Egipto, Burkina Fasso y algún otro Estado. Cabe recordar que 10 es la mejor nota (nadie la obtiene), y uno, la peor. Esto no se relaciona estrictamente con lo económico sino, básicamente, con las desigualdades sociales, la cultura cívica, la madurez democrática y la existencia o carencia de un servicio civil de carrera. Un funcionario que continúa y evoluciona en su puesto, que concursa periódicamente y está formado en valores, se presta menos al cohecho. Lo que muchos no llegan a entender es que la corrupción funciona en red y se expande como el cáncer, con resortes clave en la administración pública. Tiene una estructura piramidal y, cuanto más crece, es más difícil de parar.
–¿Qué mecanismos favorecen netamente al sistema de coimas y prebendas?
–El clientelismo político y la impunidad son inherentes a la corrupción. Son sus brazos. Pero la complicidad social son las piernas. Por principio, el político no puede designar ni sacar funcionarios. Estos deben ganar (o perder) su puesto a través de concurso público, abierto e independiente de su ideología. La idoneidad de la burocracia es fundamental, para que no se instale la corrupción. A su vez, ningún político puede desgobernar, o hacer las cosas a su antojo si la sociedad no se lo permite. Cuando el mal está enquistado, ya no se revierte con esporádicos castigos judiciales o policiales. Para sanear una estructura, el castigo debe ser sistemático, ejemplar y persistente.
–¿No hay crecimiento limpio? En otras palabras, ¿combatir la corrupción “enfría” la economía?
–No necesariamente, si bien hay que estar atentos a los booms económicos o financieros. Sí puedo decir que la construcción está muy ligada a la corrupción, por las posibilidades de lavado de dinero, sobreprecios, irregularidades. España dio un triste ejemplo. El auge edilicio de Marbella es muy ilustrativo. Hace menos de 10 años se inició la investigación del accionar de grupos que involucraban a Jesús Gil y Gil, el fallecido presidente del Atlético Madrid y alcalde de Marbella. Recordemos que ganó la intendencia en 1991, por enorme mayoría de votos, pero terminó en prisión. Otro tanto ocurrió con el siguiente alcalde, y con la posterior alcaldesa. Todos terminaron presos, junto con varios funcionarios, e incluso algunas celebridades. El problema de la costa española ha sido muy grave. Se blanqueaba plata de la mafia napolitana y varios consorcios eran manejados al estilo gángster. Es tan grande la ramificación, y tantos los que viven de eso, que aún hoy cuesta cambiar esa metodología operativa.
–Chile y Uruguay son sudamericanos, son pobres y sus niveles de corrupción son sensiblemente inferiores a los de Argentina. ¿A qué se debe esta situación?
–Este fenómeno no depende del continente, o de una composición genética de sus habitantes, pero sus características se imbrican en la idiosincrasia nacional. Es verdad que Italia es el país más corrupto de la Unión Europea. Hace casi dos décadas, el proceso de mani pulite involucró a nueve ex primeros ministros, más de 200 diputados y arriba de mil funcionarios. Después de todo eso, Berlusconi ganó el poder en elecciones libres. Y las cosas volvieron a ser más o menos como eran. Sin embargo, uno de los libros más conocidos de Robert Putnam, el estudioso del capital social, se basa en el contraste entre regiones italianas. En Tradiciones cívicas en la Italia moderna (1993), Putnam destaca que en la zona de Reggio Calabria, de raíces normandas, hay mucha desconfianza e individualismo. Y le va mal. En cambio, la de la Emilia Romagna viene de una tradición histórica más confiada, participativa, deliberativa. Y le va muy bien. En un mismo país se pueden dar dos fenómenos opuestos.
–¿La ley de lobbies es eficaz? ¿Sirve para detectar manejos como los que involucraron al canciller alemán Helmut Kohl?
–Es mucho mejor tener una ley de lobbies, que no tenerla. Ayuda a hacer transparente el aporte de las empresas o corporaciones a los partidos políticos o candidatos. Los obliga a registrarse. Existe sobre todo en países de tradición anglosajona, como Inglaterra y Estados Unidos. El sistema de transparencias propició el destape del escándalo Helmut Kohl, en 1999. Durante su mandato, la Democracia Cristiana y él personalmente, hicieron negocios espurios. El affaire también ilustra sobre cómo castiga un país, en este caso Alemania. El ministro de Defensa implicado en la venta de armas a Arabia Saudita huyó del país; un funcionario fue pescado in fraganti, con un maletín repleto de billetes; se investigaron cada una de las ramificaciones. Una respuesta global e institucional de esa índole, desalienta futuras malversaciones.
