Por Damián Loreti*
La aparición de opiniones sobre la problemática de la difusión de los actos procesales en los juicios orales me motivó a repasar algunas apreciaciones de otras latitudes sobre el tema.
El magistrado español del Constitucional Jorge Rodríguez-Zapata Pérez ha dicho, en una resolución del Tribunal Constitucional Español: “Una prensa fuerte y libre es el gran aliado de las garantías de un proceso justo: los pueblos que no son capaces de leer sus crímenes en los periódicos están condenados a leerlos en sus libros de historia”. Y agrega: “Los medios de comunicación social son un antiséptico eficaz contra los excesos en la aplicación de las leyes y frente a posibles abusos del Poder Judicial”.
A lo largo de la jurisprudencia se encontrarán, seguramente, posiciones doctrinarias a favor y en contra de que los medios accedan a los juicios en forma directa. Tenemos la convicción de que sería poco sustentable en el ámbito interamericano, que cualquier decisión restrictiva se adopte para cualquier otra función que la protección de los derechos de la parte más vulnerable del proceso. En particular respecto de niños.
De allí que quede relativamente sentado que los fundamentos de una medida de restricción al acceso masivo e inmediato a los actos judiciales de un debate no pueden plantearse en función de la influencia de los medios (la TV en particular) sobre la idoneidad de los testigos.
Citamos al respecto: “Un estudio que intentó medir los efectos psicológicos de la cobertura por los medios de las declaraciones de los testigos y las percepciones de los jurados fue realizado en 1990 por los profesores Eugene Borgida y Kenneth De Bono de la Universidad de Minnesotta y el profesor Lee A. Buckman de Union College. Ciento setenta y cinco estudiantes universitarios de grado de cursos de psicología sirvieron tanto como testigos como jurados en tres tipos de juicios: EMC (cobertura mediática extendida), en la cual una videocámara estaba presente, CM (cobertura mediática tradicional) en la que un periodista estaba presente, o SCM (sin cobertura mediática) [...] El estudio encontró que los testigos de los juicios EMC reflejaban un nerviosismo mayor y una prevención ante los medios de comunicación mayor que los testigos de los juicios con cobertura tradicional o sin cobertura. Sin embargo, no ha quedado demostrado que ese estado de nerviosismo afectara la conducta de los testigos.
Despejada esta posibilidad de sustento a la restricción de la difusión del juicio, otro probable podría apoyarse en la situación de las víctimas y su solicitud de no divulgación. Ciertamente, no pareció ser el caso en examen en las causas en las que se dilucidan las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. Una tercera susceptible de considerar, que ha permitido fundar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se basa en la previsión de la Convención Europea que admite injerencias de los estados en el ejercicio de la libertad de expresión para garantizar la imparcialidad y autoridad del Poder Judicial; pero tal hipótesis no obra en la Convención Americana de Derechos Humanos. Una cuarta, más interesante, es que la difusión podría afectar el derecho de defensa en juicio por los llamados juicios paralelos. Pero en tal caso los que deben resguardar los derechos de los acusados en el juicio son los tribunales, y no los medios, independientemente de las responsabilidades que podrían –eventualmente– caberles luego.
Eduardo Espín Templado dice sobre sus consecuencias: “[...] en lo que se refiere a los comportamientos básicos que integran los juicios paralelos nos enfrentamos con una única actividad, que no es otra cosa que el ejercicio de las libertades de expresión e información a través de los medios de comunicación. [...] El tema de los juicios paralelos presenta como uno de sus aspectos de mayor interés la cuestión de hasta qué punto prejuzga la inocencia o culpabilidad de personas que estén siendo sometidas a un proceso judicial. Este problema presenta varias facetas. La primera, obviamente, es la de hasta qué punto resulta afectado el derecho a la cuestión de la presunción de inocencia. Pues bien, a este respecto conviene dejar bien en claro que por la propia existencia de un juicio de papel no resulta afectado el citado derecho fundamental, que constituye, sin duda, el principal derecho en juego en un proceso penal. Y no resulta afectado por la razón ya explicada de que una campaña informativa sobre un determinado tema consiste únicamente en las actuaciones particulares que, por principio, no pueden vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. Es éste un derecho que, por su propia naturaleza, sólo puede ser vulnerado por los poderes públicos y, más en particular, por órganos judiciales”.
Dicho esto, sólo nos cabría agregar los principios sentados en 2002 y 2003 por los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU, OEA y OSCE: “Los esquemas de acreditación a periodistas sólo son apropiados si son necesarios para proveerles de acceso privilegiado a algunos lugares y/o eventos; dichos esquemas deben ser supervisados por órganos independientes y las decisiones sobre la acreditación deben tomarse siguiendo un proceso justo y transparente, basado en criterios claros y no discriminatorios, publicados con anterioridad (2002). No se pueden justificar las restricciones a la información sobre procesos legales en curso, a menos que exista un riesgo sustancial de grave perjuicio para la imparcialidad de tales procesos y que la amenaza al derecho a un juicio imparcial o a la presunción de inocencia supere el perjuicio para la libertad de expresión. Los tribunales y los procesos judiciales, al igual que las demás funciones del Estado, están sometidos al principio de la máxima transparencia en la información, que sólo puede ser superado cuando es necesario para proteger el derecho a un juicio justo o a la presunción de inocencia (2003).
Pero tratándose de jueces naturales de la Constitución, y no de jurados, los antecedentes de sentencias de nulidad declaradas por la Corte Suprema de los Estados Unidos, por la influencia de los medios sobre sus integrantes, tampoco deberían ser tomadas en consideración por la diferencia sustancial en los hechos que las motivaron.
* Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Fuente: Diario PáginaI12
jueves, 30 de julio de 2009
miércoles, 29 de julio de 2009
Rechazan el proyecto de TV satelital del Gobierno
La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI) junto a varias cámaras de diarios, revistas, radio y TV calificaron ayer en un comunicado como "sorpresiva y sospechosa" la decisión del Gobierno de "instalar y operar un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional" y pidió "la revisión de la medida".
Los firmantes denunciaron que "utilizando recursos del Estado", el gobierno nacional busca "convertirse en el mayor proveedor de contenidos y noticias a escala nacional, sin control alguno" y acusó al Gobierno de "sectarismo político o censura en el manejo editorial de los medios del Estado".
"Lejos de fomentar y replicar la diversidad de medios privados que -coexistiendo con los públicos- hay en la Argentina (un país con una las mayores ofertas informativas del mundo), el proyecto otorga un privilegio al sistema oficial, lo que generará un desequilibrio informativo para los ciudadanos", añadió el Comunicado.
El Poder Ejecutivo Nacional concedió a través del Decreto 943/09 al Sistema Nacional de Medios Públicos la posibilidad de instalar y operar un sistema de televisión satelital en todo el país para difundir señales educativas, culturales e informativas.
Según las cámaras, "esta sorpresiva y sospechosa medida, que no reconoce antecedentes a nivel internacional, no brinda opciones audiovisuales gratuitas a los sectores más vulnerables, sino que los obliga a ser rehenes únicamente de señales oficiales o paraoficiales, o sea del discurso oficial".
"Pero además avanza contra el federalismo televisivo y la autonomía de las provincias, ya que en lugar de promover la producción de contenidos locales se apunta a un modelo altamente centralizado, donde sólo tienen lugar los contenidos oficiales producidos en Buenos Aires".
Las entidades que acompañan a CEMCI en el Comunicado son la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER), la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEdBA), la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).
Los firmantes señalaron también que "paradójicamente, el Decreto se basa en el artículo 35 de la Ley de Radiodifusión 22.285, que regula el Servicio Oficial de Radiodifusión" y añadieron que "aunque ya posee Canal 7, con más de 500 repetidoras, Radio Nacional y su red que cubre todo el país, o el canal Encuentro, el Gobierno busca, utilizando recursos del Estado, convertirse en el mayor proveedor de contenidos y noticias a escala nacional, sin control alguno".
Los firmantes denunciaron que "utilizando recursos del Estado", el gobierno nacional busca "convertirse en el mayor proveedor de contenidos y noticias a escala nacional, sin control alguno" y acusó al Gobierno de "sectarismo político o censura en el manejo editorial de los medios del Estado".
"Lejos de fomentar y replicar la diversidad de medios privados que -coexistiendo con los públicos- hay en la Argentina (un país con una las mayores ofertas informativas del mundo), el proyecto otorga un privilegio al sistema oficial, lo que generará un desequilibrio informativo para los ciudadanos", añadió el Comunicado.
El Poder Ejecutivo Nacional concedió a través del Decreto 943/09 al Sistema Nacional de Medios Públicos la posibilidad de instalar y operar un sistema de televisión satelital en todo el país para difundir señales educativas, culturales e informativas.
Según las cámaras, "esta sorpresiva y sospechosa medida, que no reconoce antecedentes a nivel internacional, no brinda opciones audiovisuales gratuitas a los sectores más vulnerables, sino que los obliga a ser rehenes únicamente de señales oficiales o paraoficiales, o sea del discurso oficial".
"Pero además avanza contra el federalismo televisivo y la autonomía de las provincias, ya que en lugar de promover la producción de contenidos locales se apunta a un modelo altamente centralizado, donde sólo tienen lugar los contenidos oficiales producidos en Buenos Aires".
Las entidades que acompañan a CEMCI en el Comunicado son la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER), la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEdBA), la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).
Los firmantes señalaron también que "paradójicamente, el Decreto se basa en el artículo 35 de la Ley de Radiodifusión 22.285, que regula el Servicio Oficial de Radiodifusión" y añadieron que "aunque ya posee Canal 7, con más de 500 repetidoras, Radio Nacional y su red que cubre todo el país, o el canal Encuentro, el Gobierno busca, utilizando recursos del Estado, convertirse en el mayor proveedor de contenidos y noticias a escala nacional, sin control alguno".
Organización de la comunicación para el proyecto nacional "K"
Encuentro de periodistas, pymes y medios de la economía social.
Un espacio de acción y propuestas desde el ámbito de la comunicación para consolidar las transformaciones que bajo la conducción de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se llevan a cabo desde 2003, se puso en marcha con la presencia de más de 160 militantes que se reunieron en la Casa de Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires el 25 de julio último.
Representantes de organizaciones sociales, empresas pymes, sindicatos, cooperativas, periodistas, funcionarios y trabajadores del sector, procedentes de once provincias, enfatizaron la importancia de fortalecer una política de comunicación integral que exprese al campo nacional frente a la descalificación y la manipulación del discurso neoliberal de los grupos mediáticos.
El encuentro se realizó bajo la convocatoria de los compañeros Sergio Fernández Novoa, Luis Lazzaro y Néstor Piccone, quienes recordaron la historia de las luchas de los periodistas y militantes de la comunicación por la democratización del sector. Destacaron esa tarea como un aporte a la consolidación de la soberanía popular, la vigencia de los derechos humanos, el federalismo y la integración latinoamericana, ejes que han caracterizado la gestión iniciada el 25 de mayo de 2003. Los participantes ratificaron su compromiso de apoyar el envío al Parlamento de la Propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tomó como referencia la construcción social que expresan los 21 Puntos.
El encuentro aprobó un documento denominado "Comunicación para el Proyecto Nacional", que sintetizó el trabajo de 6 comisiones, en el que se destaca la necesidad de defender el proceso de recuperación de la soberanía nacional, redistribución del ingreso y fortalecimiento del Estado.
En el campo específico de la comunicación se crearon espacios de acción para promover el rol de los medios locales y las pymes, los medios comunitarios y el sector cooperativo así como aportar a las políticas públicas que permitan modificar la desigual situación existente a la hora de la disputa por el sentido.
En el cierre, se acordó la construcción de una herramienta organizativa, de carácter federal que permita trabajar con celeridad en las formas de desarrollo propio y articulación con organizaciones del campo nacional y popular que hagan posible hacer visible lo que invisibilizan los medios del sistema. El encuentro retomó el aporte de periodistas latinoamericanos que acuñaron el desafío de luchar por la difusión de las propuestas propias cuando señalaron que "en la lucha por las ideas, las ideas que no se conocen no luchan".
Comunicación para el proyecto nacional
1.- Discusión política.
El escenario actual
A partir de la década de los 90 se profundizó la instauración del neoliberalismo con la privatización de los medios y la reducción de la comunicación social a meras políticas de mercado. Ese dispositivo multimedia, que expresa la voz de unos pocos grupos económicos, es el que vuelve ahora a empujar a la Argentina hacia la restauración conservadora.
El modelo de desarrollo democrático con inclusión social y participación federal de todos sus habitantes no es viable si no cambia el mapa que concentra en un par de empresas porteñas la agenda política, económica y cultural de los argentinos. Esa agenda que intimida, despolitiza y desinforma para incidir en la construcción de un perfil de opinión pública que acepte la vuelta atrás.
La gestión iniciada por Néstor Kirchner en 2003 avanzó en la reparación histórica de la gravísima herencia de impunidad, destrucción del Estado y del sentido de lo público, la pobreza y exclusión que dejó el autoritarismo de mercado en los 90. Luego Cristina Fernández de Kirchner impulsó mecanismos para la redistribución del ingreso y fortaleció el compromiso latinoamericano de la Argentina, despertando una feroz reacción en los grupos de poder.
Desde los primeros días de la gestión de Cristina, la agenda mediática vino instalando en la sociedad la idea de que las carencias en materia de seguridad, calidad institucional, justicia social, redistribución del ingreso y gestión pública se resuelven volviendo al mercado y no profundizando la transformación del Estado. La campaña preelectoral y la lectura sobre los resultados del 28 J avanzan en la construcción de un escenario sin la opción del kirchnerismo y despreciando otros aportes como los provenientes de actores sociales, otros partidos populares o expresiones del pensamiento nacional.
La democratización de los medios y del acceso social a ellos constituye desde 1983 un requisito pendiente de la democracia. Ello se hizo particularmente visible a partir de la reacción conservadora encabezada por las patronales del campo en 2008. Ese año Cristina decidió poner en debate el tema a través de un proyecto de ley que recogió las iniciativas populares de los últimos años.
Política y comunicación
En los tiempos de la telepolítica, cuando la comunicación de las estrategias y de las políticas públicas no tiene manera de llegar a la sociedad y depende de la trama multimedia del mercado, es muy difícil construir el sujeto social que se movilice y defienda los cambios que favorecen sus intereses.
Nuestra convocatoria surge de la necesidad de promover acciones y propuestas que aporten al desarrollo de todas las herramientas para construir desde la comunicación ese sujeto social comprometido con un proceso de transformaciones a favor del interés nacional y popular.
La agenda de este tiempo está en disputa. El ejemplo del golpe en Honduras muestra que la restauración conservadora no habrá de reparar en las formalidades de la democracia. En la Argentina los grupos económicos resignifican el “diálogo” pervirtiendo su esencia al plantearlo, de modo unilateral, sólo desde la consideración de sus intereses sectoriales que disfrazan de nacionales.
En ese marco resaltamos la necesidad de considerar que la acción política es un hecho comunicacional y que no hay comunicación sin política. La propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye un paso fundamental para la democratización y transformación del mapa de medios de la Argentina, así como para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión. Corresponde ahora, en consecuencia, su pronto envío al Congreso de la Nación para su tratamiento y aprobación.
Coherencia y participación
Esa bandera es parte de la movilización social que desde el retorno de la democracia ha bregado por instalar el debate de la comunicación y los medios como un elemento inseparable de la reparación de los derechos más esenciales de nuestro pueblo. Hemos sostenido que si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.
La construcción de la propuesta de ley de servicios audiovisuales a partir de los 21 Puntos surgidos de la convocatoria y participación de actores sociales, políticos, universitarios, de la cultura y de los medios en la Coalición por una Radiodifusión Democrática también muestra un modelo de acumulación social necesario para disputar la agenda.
2.- Modelo organizativo
Recuperar nuestra historia
Somos parte de un amplio colectivo que desde la tarea periodística, la comunicación institucional o popular, la investigación y el análisis sobre la escena mediática, la gestión pública y el compromiso político diario ha venido sumando aportes a la construcción de herramientas organizativas y conceptuales para fortalecer el camino.
Una buena caracterización es necesaria para saber qué somos y adonde vamos. Somos una corriente de compañeros provenientes del campo de la comunicación y de diversos compromisos sociales y políticos a favor de un proyecto nacional, democrático con inclusión social y participación federal.
Pensamos a la política como una herramienta de gestión y transformación, pero no la reducimos a su expresión electoral, porque este es solamente un campo -y muchas veces no el principal- de la disputa por el modelo.
Espacio de articulación transversal
Proponemos un espacio de articulación transversal de las políticas de comunicación del campo nacional y popular para construir herramientas que promuevan un nuevo relato cultural y político para el proyecto transformador.
No somos una interna que disputa espacios coyunturales sino un colectivo para sumar opciones en las cuestiones de fondo.
Problemas y reivindicaciones a resolver
Queremos desarrollar políticas, ideas e insumos técnicos para los espacios partidarios, sociales o gremiales que comparten el camino, queremos hacer gestión para que avancen las propuestas, producir conocimientos para darle eficacia a los cambios, promover medios del campo popular y de los empresarios nacionales a partir de una política pública que además tenga en cuenta la sustentabilidad económica y de gestión de los proyectos.
Queremos aportar al desarrollo y construcción de una política pública de comunicación que articule los espacios del ámbito público y de los sectores populares, recuperando el rol integrador y promotor del Estado.
Queremos transmitir a los compañeros más jóvenes el legado de una historia política hecha en la militancia social y popular, en la resistencia y en la coherencia. Queremos aportar los conocimientos y la experiencia para la capacitación y la formación de nuevos luchadores que disputen el futuro haciendo comunicación desde la política y política desde la comunicación.
Nuevas herramientas
Una tarea nueva requiere de formas y prácticas nuevas. Primero formas que respondan a objetivos y objetivos que sinteticen las tareas principales. Es central entonces señalar que la comunicación no es un asunto técnico o de eficacia operativa sino una construcción social y política.
La comunicación es el campo central de las grandes batallas, pero no entendida como solo difusión, sino como forma de construcción de identidades en la disputa del poder.
Una razón de la organización es además el sentido de pertenencia a un espacio que contenga ese debate. También la necesidad de otorgarle visibilidad en los ámbitos de construcción de decisiones políticas, sociales o sindicales. La organización debe incluir entonces metodologías de participación y de conducción que reflejen tanto la diversidad como los niveles de síntesis necesarios.
Sectores y reivindicaciones
No sólo debe contener compañeros y tareas, debe además incluir sectores y reivindicaciones. Debe recuperar las mejores prácticas de organización y desarrollo de los actores sociales, de los comunicadores nacionales o de los medios populares que aportaron nuevas voces a la democracia. Ámbito político pero también reivindicativo entonces. Que además haga visibles a los medios locales –gráficos, radiales, etc.-, la televisión barrial o comunitaria, la lucha de los empresarios PYMES por el papel o la publicidad, de las radios populares por su licencia y reconocimiento, de los medios públicos comunales o provinciales para ser reconocidos como actores de la comunicación, de las cooperativas del sector, entre otros.
Organización que también pueda dar cuenta de los nuevos debates en el campo de las teorías de la comunicación y del desarrollo y empleo de las nuevas tecnologías como elementos de impacto en el campo social, económico y político. Organización que pueda debatir y opinar. En síntesis, que referencie, que contenga, que exprese e intervenga en la disputa del sentido global.
Un espacio plural y federal
Una herramienta posible sería una Asociación Civil de carácter nacional –con personerías provinciales que podrían gestionar los compañeros en sus territorios- capaz de procesar un amplio debate, producir ideas y documentos, pero también de albergar la problemática de los medios del campo nacional y popular para luchar por sus reivindicaciones. El protagonismo de las provincias debe garantizar el contenido federal de le nueva organización.
Esa Asociación debería tener tantas comisiones como tareas. Una estructura que tenga la capacidad de sintetizar los modelos de organización que surgen de las últimas experiencias: la pirámide y la red. La red puede constituirse a partir de las sedes locales que pueda generar la Asociación y también de la réplica de sus comisiones en todo el país. La pirámide deberá invertirse para expresar a todos en la base y convertirse en uno para la realización de cada tarea.
3.- Tareas inmediatas.
A partir de la organización deberá asumirse un conjunto de acciones que permitan ordenar la agenda temática, establecer mecanismos de convocatoria y participación y producir la difusión de las principales conclusiones.
• Difundir las conclusiones del Plenario.
• Producir, en el corto plazo, una publicación electrónica que ponga en circulación una agenda de temas y tareas.
• Implementar o acompañar acciones de promoción del debate de la nueva ley de servicios audiovisuales en el Congreso Nacional.
• Realizar encuentros y actividades en las provincias.
• Iniciar el trabajo de edición de una publicación que integre artículos de los compañeros para contar con un material de debate y difusión.
Propuesta de comisiones
• Trabajadores de la comunicación
• Pymes y medios locales
• Medios comunitarios
• Cooperativas y medios de la economía social
• Políticas públicas de comunicación
• Investigación y capacitación
• Comunicación (incluye intercambio de contenidos)
• Planificación estratégica de contenidos
• Juventud, política y comunicación.
Comisión política
Encargada de articular el desarrollo global y coordinar una agenda programática.
Realiza el mapa de recursos humanos y comunicacionales del espacio.
Convoca a tareas a los compañeros que quieran participar de:
-Relaciones Institucionales
-Administración y Recursos
-Organización y federalismo.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
Ver anteriores: Kirchneristas convocan al "Encuentro de la comunicación para el proyecto nacional", El vocero de Kirchner gana poder en la comunicación oficial
Un espacio de acción y propuestas desde el ámbito de la comunicación para consolidar las transformaciones que bajo la conducción de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se llevan a cabo desde 2003, se puso en marcha con la presencia de más de 160 militantes que se reunieron en la Casa de Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires el 25 de julio último.
Representantes de organizaciones sociales, empresas pymes, sindicatos, cooperativas, periodistas, funcionarios y trabajadores del sector, procedentes de once provincias, enfatizaron la importancia de fortalecer una política de comunicación integral que exprese al campo nacional frente a la descalificación y la manipulación del discurso neoliberal de los grupos mediáticos.
El encuentro se realizó bajo la convocatoria de los compañeros Sergio Fernández Novoa, Luis Lazzaro y Néstor Piccone, quienes recordaron la historia de las luchas de los periodistas y militantes de la comunicación por la democratización del sector. Destacaron esa tarea como un aporte a la consolidación de la soberanía popular, la vigencia de los derechos humanos, el federalismo y la integración latinoamericana, ejes que han caracterizado la gestión iniciada el 25 de mayo de 2003. Los participantes ratificaron su compromiso de apoyar el envío al Parlamento de la Propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tomó como referencia la construcción social que expresan los 21 Puntos.
El encuentro aprobó un documento denominado "Comunicación para el Proyecto Nacional", que sintetizó el trabajo de 6 comisiones, en el que se destaca la necesidad de defender el proceso de recuperación de la soberanía nacional, redistribución del ingreso y fortalecimiento del Estado.
En el campo específico de la comunicación se crearon espacios de acción para promover el rol de los medios locales y las pymes, los medios comunitarios y el sector cooperativo así como aportar a las políticas públicas que permitan modificar la desigual situación existente a la hora de la disputa por el sentido.
En el cierre, se acordó la construcción de una herramienta organizativa, de carácter federal que permita trabajar con celeridad en las formas de desarrollo propio y articulación con organizaciones del campo nacional y popular que hagan posible hacer visible lo que invisibilizan los medios del sistema. El encuentro retomó el aporte de periodistas latinoamericanos que acuñaron el desafío de luchar por la difusión de las propuestas propias cuando señalaron que "en la lucha por las ideas, las ideas que no se conocen no luchan".
Comunicación para el proyecto nacional
1.- Discusión política.
El escenario actual
A partir de la década de los 90 se profundizó la instauración del neoliberalismo con la privatización de los medios y la reducción de la comunicación social a meras políticas de mercado. Ese dispositivo multimedia, que expresa la voz de unos pocos grupos económicos, es el que vuelve ahora a empujar a la Argentina hacia la restauración conservadora.
El modelo de desarrollo democrático con inclusión social y participación federal de todos sus habitantes no es viable si no cambia el mapa que concentra en un par de empresas porteñas la agenda política, económica y cultural de los argentinos. Esa agenda que intimida, despolitiza y desinforma para incidir en la construcción de un perfil de opinión pública que acepte la vuelta atrás.
La gestión iniciada por Néstor Kirchner en 2003 avanzó en la reparación histórica de la gravísima herencia de impunidad, destrucción del Estado y del sentido de lo público, la pobreza y exclusión que dejó el autoritarismo de mercado en los 90. Luego Cristina Fernández de Kirchner impulsó mecanismos para la redistribución del ingreso y fortaleció el compromiso latinoamericano de la Argentina, despertando una feroz reacción en los grupos de poder.
Desde los primeros días de la gestión de Cristina, la agenda mediática vino instalando en la sociedad la idea de que las carencias en materia de seguridad, calidad institucional, justicia social, redistribución del ingreso y gestión pública se resuelven volviendo al mercado y no profundizando la transformación del Estado. La campaña preelectoral y la lectura sobre los resultados del 28 J avanzan en la construcción de un escenario sin la opción del kirchnerismo y despreciando otros aportes como los provenientes de actores sociales, otros partidos populares o expresiones del pensamiento nacional.
La democratización de los medios y del acceso social a ellos constituye desde 1983 un requisito pendiente de la democracia. Ello se hizo particularmente visible a partir de la reacción conservadora encabezada por las patronales del campo en 2008. Ese año Cristina decidió poner en debate el tema a través de un proyecto de ley que recogió las iniciativas populares de los últimos años.
Política y comunicación
En los tiempos de la telepolítica, cuando la comunicación de las estrategias y de las políticas públicas no tiene manera de llegar a la sociedad y depende de la trama multimedia del mercado, es muy difícil construir el sujeto social que se movilice y defienda los cambios que favorecen sus intereses.
Nuestra convocatoria surge de la necesidad de promover acciones y propuestas que aporten al desarrollo de todas las herramientas para construir desde la comunicación ese sujeto social comprometido con un proceso de transformaciones a favor del interés nacional y popular.
La agenda de este tiempo está en disputa. El ejemplo del golpe en Honduras muestra que la restauración conservadora no habrá de reparar en las formalidades de la democracia. En la Argentina los grupos económicos resignifican el “diálogo” pervirtiendo su esencia al plantearlo, de modo unilateral, sólo desde la consideración de sus intereses sectoriales que disfrazan de nacionales.
En ese marco resaltamos la necesidad de considerar que la acción política es un hecho comunicacional y que no hay comunicación sin política. La propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye un paso fundamental para la democratización y transformación del mapa de medios de la Argentina, así como para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión. Corresponde ahora, en consecuencia, su pronto envío al Congreso de la Nación para su tratamiento y aprobación.
Coherencia y participación
Esa bandera es parte de la movilización social que desde el retorno de la democracia ha bregado por instalar el debate de la comunicación y los medios como un elemento inseparable de la reparación de los derechos más esenciales de nuestro pueblo. Hemos sostenido que si unos pocos controlan la información no es posible la democracia.
La construcción de la propuesta de ley de servicios audiovisuales a partir de los 21 Puntos surgidos de la convocatoria y participación de actores sociales, políticos, universitarios, de la cultura y de los medios en la Coalición por una Radiodifusión Democrática también muestra un modelo de acumulación social necesario para disputar la agenda.
2.- Modelo organizativo
Recuperar nuestra historia
Somos parte de un amplio colectivo que desde la tarea periodística, la comunicación institucional o popular, la investigación y el análisis sobre la escena mediática, la gestión pública y el compromiso político diario ha venido sumando aportes a la construcción de herramientas organizativas y conceptuales para fortalecer el camino.
Una buena caracterización es necesaria para saber qué somos y adonde vamos. Somos una corriente de compañeros provenientes del campo de la comunicación y de diversos compromisos sociales y políticos a favor de un proyecto nacional, democrático con inclusión social y participación federal.
Pensamos a la política como una herramienta de gestión y transformación, pero no la reducimos a su expresión electoral, porque este es solamente un campo -y muchas veces no el principal- de la disputa por el modelo.
Espacio de articulación transversal
Proponemos un espacio de articulación transversal de las políticas de comunicación del campo nacional y popular para construir herramientas que promuevan un nuevo relato cultural y político para el proyecto transformador.
No somos una interna que disputa espacios coyunturales sino un colectivo para sumar opciones en las cuestiones de fondo.
Problemas y reivindicaciones a resolver
Queremos desarrollar políticas, ideas e insumos técnicos para los espacios partidarios, sociales o gremiales que comparten el camino, queremos hacer gestión para que avancen las propuestas, producir conocimientos para darle eficacia a los cambios, promover medios del campo popular y de los empresarios nacionales a partir de una política pública que además tenga en cuenta la sustentabilidad económica y de gestión de los proyectos.
Queremos aportar al desarrollo y construcción de una política pública de comunicación que articule los espacios del ámbito público y de los sectores populares, recuperando el rol integrador y promotor del Estado.
Queremos transmitir a los compañeros más jóvenes el legado de una historia política hecha en la militancia social y popular, en la resistencia y en la coherencia. Queremos aportar los conocimientos y la experiencia para la capacitación y la formación de nuevos luchadores que disputen el futuro haciendo comunicación desde la política y política desde la comunicación.
Nuevas herramientas
Una tarea nueva requiere de formas y prácticas nuevas. Primero formas que respondan a objetivos y objetivos que sinteticen las tareas principales. Es central entonces señalar que la comunicación no es un asunto técnico o de eficacia operativa sino una construcción social y política.
La comunicación es el campo central de las grandes batallas, pero no entendida como solo difusión, sino como forma de construcción de identidades en la disputa del poder.
Una razón de la organización es además el sentido de pertenencia a un espacio que contenga ese debate. También la necesidad de otorgarle visibilidad en los ámbitos de construcción de decisiones políticas, sociales o sindicales. La organización debe incluir entonces metodologías de participación y de conducción que reflejen tanto la diversidad como los niveles de síntesis necesarios.
Sectores y reivindicaciones
No sólo debe contener compañeros y tareas, debe además incluir sectores y reivindicaciones. Debe recuperar las mejores prácticas de organización y desarrollo de los actores sociales, de los comunicadores nacionales o de los medios populares que aportaron nuevas voces a la democracia. Ámbito político pero también reivindicativo entonces. Que además haga visibles a los medios locales –gráficos, radiales, etc.-, la televisión barrial o comunitaria, la lucha de los empresarios PYMES por el papel o la publicidad, de las radios populares por su licencia y reconocimiento, de los medios públicos comunales o provinciales para ser reconocidos como actores de la comunicación, de las cooperativas del sector, entre otros.
Organización que también pueda dar cuenta de los nuevos debates en el campo de las teorías de la comunicación y del desarrollo y empleo de las nuevas tecnologías como elementos de impacto en el campo social, económico y político. Organización que pueda debatir y opinar. En síntesis, que referencie, que contenga, que exprese e intervenga en la disputa del sentido global.
Un espacio plural y federal
Una herramienta posible sería una Asociación Civil de carácter nacional –con personerías provinciales que podrían gestionar los compañeros en sus territorios- capaz de procesar un amplio debate, producir ideas y documentos, pero también de albergar la problemática de los medios del campo nacional y popular para luchar por sus reivindicaciones. El protagonismo de las provincias debe garantizar el contenido federal de le nueva organización.
Esa Asociación debería tener tantas comisiones como tareas. Una estructura que tenga la capacidad de sintetizar los modelos de organización que surgen de las últimas experiencias: la pirámide y la red. La red puede constituirse a partir de las sedes locales que pueda generar la Asociación y también de la réplica de sus comisiones en todo el país. La pirámide deberá invertirse para expresar a todos en la base y convertirse en uno para la realización de cada tarea.
3.- Tareas inmediatas.
A partir de la organización deberá asumirse un conjunto de acciones que permitan ordenar la agenda temática, establecer mecanismos de convocatoria y participación y producir la difusión de las principales conclusiones.
• Difundir las conclusiones del Plenario.
• Producir, en el corto plazo, una publicación electrónica que ponga en circulación una agenda de temas y tareas.
• Implementar o acompañar acciones de promoción del debate de la nueva ley de servicios audiovisuales en el Congreso Nacional.
• Realizar encuentros y actividades en las provincias.
• Iniciar el trabajo de edición de una publicación que integre artículos de los compañeros para contar con un material de debate y difusión.
Propuesta de comisiones
• Trabajadores de la comunicación
• Pymes y medios locales
• Medios comunitarios
• Cooperativas y medios de la economía social
• Políticas públicas de comunicación
• Investigación y capacitación
• Comunicación (incluye intercambio de contenidos)
• Planificación estratégica de contenidos
• Juventud, política y comunicación.
Comisión política
Encargada de articular el desarrollo global y coordinar una agenda programática.
Realiza el mapa de recursos humanos y comunicacionales del espacio.
Convoca a tareas a los compañeros que quieran participar de:
-Relaciones Institucionales
-Administración y Recursos
-Organización y federalismo.
Buenos Aires, 27 de julio de 2009
Ver anteriores: Kirchneristas convocan al "Encuentro de la comunicación para el proyecto nacional", El vocero de Kirchner gana poder en la comunicación oficial
Trabajadores de prensa de Córdoba paran dos horas el miércoles
Lo resolvió el Cuerpo de Delegados del CiSPren para exigir a las empresas un aumento salarial. Ruidosa caravana por los medios y campaña de concientización para que la sociedad conozca el nivel de degradación del salario del trabajador de prensa.
Por: Nicolás Fassi y Daniel Klocker
El Cuerpo de Delegados del Círculo Sindical de la Prensa y la
Comunicación de Córdoba (CiSPren) resolvió el jueves pasado realizar un paro de dos horas por turno para el próximo miércoles con asambleas en los lugares de trabajo.
La medida se realiza en el marco de la lucha que vienen llevando los trabajadores de prensa y la comunicación de Córdoba por un incremento salarial acorde al tiempo de crisis económica que vive el país y al que las empresas hacen oídos sordos.
Caravana y luto
En la tarde del jueves una ruidosa caravana recorrió los principales medios de la ciudad para que la sociedad conozca el nivel de degradación del salario del trabajador de prensa cordobés.
La actividad organizada por el CiSPren bajo la consigna “Salario de luto – Aumento Ya – Periodistas de Córdoba”, se realizó en el marco de la campaña de concientización lanzada por el gremio para desenmascarar a patronales que embolsan cifras millonarias a costa de los trabajadores
Dos hechos curiosos, pero no por ello menos conocidos, se dieron durante la caravana de protesta. En la sede de Cadena 3, cuando los compañeros escracharon a la poderosa empresa propiedad de Mario Pereyra, que con tres días de ingresos publicitarios abona los salarios, la “Cadena que nos une” ocultó la realidad pasando música.
No menos llamativo fue lo ocurrió en La Voz del Interior y Día a Día. En la sede del centenario diario y su hermano menor, que con cuatro días de ingresos por clasificados y venta del diario hacen frente a la erogación salarial, la caravana fue recibida por personal de seguridad, que se ocupó de filmar “religiosamente” la legítima protesta de los trabajadores de prensa.
Conocida es la capacidad de las empresas para dilatar la negociación paritaria con el remanido y poco creíble argumento de que los “números no cierran” y por lo tanto tiran propuestas miserables con el firme convencimiento que los trabajadores de prensa comen vidrio
El miércoles pasado, en la reunión de la mesa paritaria, las empresas, capitaneadas por el Grupo Clarín y Cadena 3, dieron una nueva muestra de irracionalidad y mala fe al rechazar la propuesta intermedia presentada por el Ministerio consistente en un incremento del 10 por ciento al básico durante el cuatrimestre julio-octubre, y el pago de 800 pesos no remunerativos para el trimestre abril-junio.
En el acta rubricada ante la autoridad laboral, las empresas aseguran que la propuesta “excede las posibilidades del sector empresario… Que por esta razón ratifica la propuesta presentada anteriormente” de 8 por ciento al básico, más una suma única de 600 pesos para abril, pagaderos en dos cuotas. No obstante, la patronal ratifica su “voluntad negociadora”. Menos mal…
Sin embargo, el Grupo Clarín y Cadena 3 desconocen que empresas como los SRT, La Mañana y LV2 ya concedieron un incremento del 8 por ciento al básico para el segundo trimestre del año.
El CiSPren, en cambio, pese a considerar que la cifra propuesta por la autoridad laboral “no alcanza” a la legítima aspiración del gremio presentada en su petición original, entiende que “la propuesta resulta aceptable porque promueve desactivar el conflicto -provocado por la intransigencia patronal- y facilita la negociación a cuatro meses vista”.
La caravana en su anteúltima parada frente al Día a Día
En el diario La Mañana la protesta también se hizo sentir
En Cadena 3 hubo guardia policial en la puerta y música en la programación
Compañero no se vaya a agachar por un 8 por ciento
Por: Nicolás Fassi y Daniel Klocker
El Cuerpo de Delegados del Círculo Sindical de la Prensa y la
Comunicación de Córdoba (CiSPren) resolvió el jueves pasado realizar un paro de dos horas por turno para el próximo miércoles con asambleas en los lugares de trabajo.La medida se realiza en el marco de la lucha que vienen llevando los trabajadores de prensa y la comunicación de Córdoba por un incremento salarial acorde al tiempo de crisis económica que vive el país y al que las empresas hacen oídos sordos.
Caravana y luto
En la tarde del jueves una ruidosa caravana recorrió los principales medios de la ciudad para que la sociedad conozca el nivel de degradación del salario del trabajador de prensa cordobés.
La actividad organizada por el CiSPren bajo la consigna “Salario de luto – Aumento Ya – Periodistas de Córdoba”, se realizó en el marco de la campaña de concientización lanzada por el gremio para desenmascarar a patronales que embolsan cifras millonarias a costa de los trabajadores
Dos hechos curiosos, pero no por ello menos conocidos, se dieron durante la caravana de protesta. En la sede de Cadena 3, cuando los compañeros escracharon a la poderosa empresa propiedad de Mario Pereyra, que con tres días de ingresos publicitarios abona los salarios, la “Cadena que nos une” ocultó la realidad pasando música.
No menos llamativo fue lo ocurrió en La Voz del Interior y Día a Día. En la sede del centenario diario y su hermano menor, que con cuatro días de ingresos por clasificados y venta del diario hacen frente a la erogación salarial, la caravana fue recibida por personal de seguridad, que se ocupó de filmar “religiosamente” la legítima protesta de los trabajadores de prensa.
Conocida es la capacidad de las empresas para dilatar la negociación paritaria con el remanido y poco creíble argumento de que los “números no cierran” y por lo tanto tiran propuestas miserables con el firme convencimiento que los trabajadores de prensa comen vidrioEl miércoles pasado, en la reunión de la mesa paritaria, las empresas, capitaneadas por el Grupo Clarín y Cadena 3, dieron una nueva muestra de irracionalidad y mala fe al rechazar la propuesta intermedia presentada por el Ministerio consistente en un incremento del 10 por ciento al básico durante el cuatrimestre julio-octubre, y el pago de 800 pesos no remunerativos para el trimestre abril-junio.
En el acta rubricada ante la autoridad laboral, las empresas aseguran que la propuesta “excede las posibilidades del sector empresario… Que por esta razón ratifica la propuesta presentada anteriormente” de 8 por ciento al básico, más una suma única de 600 pesos para abril, pagaderos en dos cuotas. No obstante, la patronal ratifica su “voluntad negociadora”. Menos mal…
Sin embargo, el Grupo Clarín y Cadena 3 desconocen que empresas como los SRT, La Mañana y LV2 ya concedieron un incremento del 8 por ciento al básico para el segundo trimestre del año.
El CiSPren, en cambio, pese a considerar que la cifra propuesta por la autoridad laboral “no alcanza” a la legítima aspiración del gremio presentada en su petición original, entiende que “la propuesta resulta aceptable porque promueve desactivar el conflicto -provocado por la intransigencia patronal- y facilita la negociación a cuatro meses vista”.
En la foto superior: Un guardia de seguridad de La Voz del Interior filma la protesta
En la segunda foto la Policía vigiló de cerca los movimientos de los trabajadores de prensa
En la segunda foto la Policía vigiló de cerca los movimientos de los trabajadores de prensa
La caravana en su anteúltima parada frente al Día a Día
En el diario La Mañana la protesta también se hizo sentir
En Cadena 3 hubo guardia policial en la puerta y música en la programación
Compañero no se vaya a agachar por un 8 por cientoFuente: PrensaRed
Televisión Satelital: Clarín se pone más nervioso
A través de un decreto presidencial se autorizó la creación de un sistema de televisión satelital gratuito que emitirá -en principio- señales educativas, culturales e informativas. Es una amenaza para el control monopólico de la TV por cable que realiza el multimedio. Sin embargo, 
afirman que la medida llegó tarde. ¿Apriete o cambio?
El Gobierno nacional dio el primer paso para que comience a funcionar un sistema de televisión satelital nacional que emitirá, en un primer momento, señales educativas, culturales e informativas en forma gratuita. El servicio competirá de manera directa con los operadores de televisión por cable, que actualmente controla en forma monopólica el Grupo Clarín a través de Multicanal y Cablevisión.
Con el decreto 943/09, publicado ayer en el Boletín Oficial, se autoriza al Sistema Nacional de Medios Públicos a la “instalación, funcionamiento y operación” del servicio por el cual los usuarios de todo el país podrán acceder a la programación vía satélite en forma directa, gratuita y sin codificar, pagando sólo el costo de la antena para acceder al satélite, que rondaría los 150 pesos.
Esta nueva intervención del Gobierno en el mercado de las telecomunicaciones representa un nuevo capítulo en la disputa que mantiene la administración kirchnerista con el multimedios Clarín. Días atrás, se había sumado otro episodio cuando la Secretaría de Comunicaciones (SeCom) primero otorgó y luego revocó la posibilidad de que la empresa Fibertel/Cablevisión (controlada por Clarín) preste servicio de telefonía.
Detrás de todo está el negocio del Triple Play (que incluiría TV por cable, servicio telefónico e internet) en el que también están interesadas las compañías Telecom y Telefónica, que actualmente tienen la exclusividad en la red fija de telecomunicaciones.
Ahora, con el nuevo decreto, el Gobierno nacional vuelve a apuntar directo al corazón del Grupo Clarín, amenazando el negocio de la televisión paga. Aunque en principio el sistema de televisión satelital emitiría sólo las señales de Canal 7 y el canal educativo Encuentro, con posibilidades de que también se incluya la señal de TeleSur (el canal que impulsa el gobierno venezolano de Hugo Chávez), no se descarta que el paquete se amplíe en el futuro con señales deportivas, infantiles y de cine.
El proyecto, en el que el Gobierno viene trabajando por más de un año con la participaron de técnicos del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) y las áreas de comunicación gubernamentales, tiene el objetivo de permitir a los sectores de menores recursos el acceso gratuito a contenidos culturales, educativos y recreativos, tanto en zonas rurales como urbanas.
Sin embargo, el Gobierno no ignora que la ampliación del sistema podría representar un golpe certero al poder comunicacional y económico del multimedio.
Fútbol, fútbol, fútbol
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) otorgó la comercialización del total de las transmisiones del fútbol, hasta 2014, a las empresas controladas por el Grupo Clarín, Tele Red Imagen SA (Trisa) y Televisión Satelital Codificada SA (TSC), con los nombres T&C Sports y T&C Max.
“El mayor poder de concentración económica en el mercado de la televisión lo tiene Clarín por los derechos del fútbol que le permiten vender más. Mientras esa situación siga, Clarín va a seguir teniendo ventaja”, dijo a Hoy el economista José Sbattella.
El ex presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia consideró que “la televisión es uno de los servicios que es necesario democratizar y, si esta iniciativa mejora la competencia, sería un buen esquema para que compita con los canales que ofrecen las otras empresas”.
¿Qué te pasa Clarín?
La pelea entre el Gobierno kirchnerista y Clarín se recrudeció en la última campaña electoral. Muchos aseguran que el verdadero motivo del enfrentamiento es el control del negocio del Triple Play, que se calcula que para 2012 llegará a unos 3 millones de hogares argentinos, logrando un mercado que alcanzaría los $ 4.700 millones anuales.
Sin embargo, antes de que Clarín se pusiera “nervioso”, según Néstor Kirchner, el ex presidente respetó los privilegios del monopolio (mantuvo inalterable el negocio de Papel Prensa, que permite controlar la fabricación del papel diario en el país) y además avaló, en una medida inédita y escandalosa, que se unificaran las dos principales compañías de cable: Cablevisión y Multicanal. Esa unificación permitió que Clarín adquiera una posición hegemónica en un mercado que tiene 2,5 millones de clientes cautivos, sobre los que puede fijar unilateralmente las tarifas por no ser un servicio público.
El nuevo sistema de Televisión Satelital, creado por decreto por la presidenta Cristina Fernández, permitirá crear una alternativa gratuita a ese negocio. “Todo lo que mejore la comunicación es bienvenido”, dijo a Hoy María Batch, de Poder Ciudadano. Aunque, la especialista en coordinación de iniciativas populares consideró que “el decreto de Necesidad y Urgencia es una herramienta bastante bastardeada, depende de cómo se utilice, creo personalmente que las discusiones deben darse en el ámbito del Congreso Nacional”.
Para Sbatella, “la democratización de los medios de comunicación es necesaria, pero tendría que haber llegado antes”. Según el economista, este tipo de medidas “necesitan de efectividad y respaldo, y no es lo mismo lanzarlas cuando un Gobierno está debilitado porque no va a tener el mismo efecto”. Y agregó: “Los gobiernos quedaron sucesivamente presos del chantaje de los grandes medios, que los acompañan al principio y después se les vuelven en contra”.
Fuente: Diario Hoy
afirman que la medida llegó tarde. ¿Apriete o cambio?El Gobierno nacional dio el primer paso para que comience a funcionar un sistema de televisión satelital nacional que emitirá, en un primer momento, señales educativas, culturales e informativas en forma gratuita. El servicio competirá de manera directa con los operadores de televisión por cable, que actualmente controla en forma monopólica el Grupo Clarín a través de Multicanal y Cablevisión.
Con el decreto 943/09, publicado ayer en el Boletín Oficial, se autoriza al Sistema Nacional de Medios Públicos a la “instalación, funcionamiento y operación” del servicio por el cual los usuarios de todo el país podrán acceder a la programación vía satélite en forma directa, gratuita y sin codificar, pagando sólo el costo de la antena para acceder al satélite, que rondaría los 150 pesos.
Esta nueva intervención del Gobierno en el mercado de las telecomunicaciones representa un nuevo capítulo en la disputa que mantiene la administración kirchnerista con el multimedios Clarín. Días atrás, se había sumado otro episodio cuando la Secretaría de Comunicaciones (SeCom) primero otorgó y luego revocó la posibilidad de que la empresa Fibertel/Cablevisión (controlada por Clarín) preste servicio de telefonía.
Detrás de todo está el negocio del Triple Play (que incluiría TV por cable, servicio telefónico e internet) en el que también están interesadas las compañías Telecom y Telefónica, que actualmente tienen la exclusividad en la red fija de telecomunicaciones.
Ahora, con el nuevo decreto, el Gobierno nacional vuelve a apuntar directo al corazón del Grupo Clarín, amenazando el negocio de la televisión paga. Aunque en principio el sistema de televisión satelital emitiría sólo las señales de Canal 7 y el canal educativo Encuentro, con posibilidades de que también se incluya la señal de TeleSur (el canal que impulsa el gobierno venezolano de Hugo Chávez), no se descarta que el paquete se amplíe en el futuro con señales deportivas, infantiles y de cine.
El proyecto, en el que el Gobierno viene trabajando por más de un año con la participaron de técnicos del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) y las áreas de comunicación gubernamentales, tiene el objetivo de permitir a los sectores de menores recursos el acceso gratuito a contenidos culturales, educativos y recreativos, tanto en zonas rurales como urbanas.
Sin embargo, el Gobierno no ignora que la ampliación del sistema podría representar un golpe certero al poder comunicacional y económico del multimedio.
Fútbol, fútbol, fútbol
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) otorgó la comercialización del total de las transmisiones del fútbol, hasta 2014, a las empresas controladas por el Grupo Clarín, Tele Red Imagen SA (Trisa) y Televisión Satelital Codificada SA (TSC), con los nombres T&C Sports y T&C Max.
“El mayor poder de concentración económica en el mercado de la televisión lo tiene Clarín por los derechos del fútbol que le permiten vender más. Mientras esa situación siga, Clarín va a seguir teniendo ventaja”, dijo a Hoy el economista José Sbattella.
El ex presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia consideró que “la televisión es uno de los servicios que es necesario democratizar y, si esta iniciativa mejora la competencia, sería un buen esquema para que compita con los canales que ofrecen las otras empresas”.
¿Qué te pasa Clarín?
La pelea entre el Gobierno kirchnerista y Clarín se recrudeció en la última campaña electoral. Muchos aseguran que el verdadero motivo del enfrentamiento es el control del negocio del Triple Play, que se calcula que para 2012 llegará a unos 3 millones de hogares argentinos, logrando un mercado que alcanzaría los $ 4.700 millones anuales.
Sin embargo, antes de que Clarín se pusiera “nervioso”, según Néstor Kirchner, el ex presidente respetó los privilegios del monopolio (mantuvo inalterable el negocio de Papel Prensa, que permite controlar la fabricación del papel diario en el país) y además avaló, en una medida inédita y escandalosa, que se unificaran las dos principales compañías de cable: Cablevisión y Multicanal. Esa unificación permitió que Clarín adquiera una posición hegemónica en un mercado que tiene 2,5 millones de clientes cautivos, sobre los que puede fijar unilateralmente las tarifas por no ser un servicio público.
El nuevo sistema de Televisión Satelital, creado por decreto por la presidenta Cristina Fernández, permitirá crear una alternativa gratuita a ese negocio. “Todo lo que mejore la comunicación es bienvenido”, dijo a Hoy María Batch, de Poder Ciudadano. Aunque, la especialista en coordinación de iniciativas populares consideró que “el decreto de Necesidad y Urgencia es una herramienta bastante bastardeada, depende de cómo se utilice, creo personalmente que las discusiones deben darse en el ámbito del Congreso Nacional”.
Para Sbatella, “la democratización de los medios de comunicación es necesaria, pero tendría que haber llegado antes”. Según el economista, este tipo de medidas “necesitan de efectividad y respaldo, y no es lo mismo lanzarlas cuando un Gobierno está debilitado porque no va a tener el mismo efecto”. Y agregó: “Los gobiernos quedaron sucesivamente presos del chantaje de los grandes medios, que los acompañan al principio y después se les vuelven en contra”.
Fuente: Diario Hoy
Convocan a un abrazo simbólico en Radio Nacional
Abrazo a Radio Nacional, abajo las suspensiones, en defensa de la libertad sindical, contra la judicializacion de la protesta gremial, por una verdadera radio pública
Luego de los 29 días de sanción arbitraria llevada adelante por la dirección del SNMP contra 18 compañeros, en el marco de un ataque contra las libertades sindicales, democráticas y constitucionales de los trabajadores de Radio Nacional, los compañeros vuelven a ocupar sus puestos de trabajo.
Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas a acompañarnos y participar de un abrazo simbólico que represente la lucha de todos los trabajadores y la población en general contra las arbitrariedades patronales y de los funcionarios públicos de turno, en defensa de las libertades constitucionales elementales.
Jueves 30 de julio a las 11,30 hs.
Maipú 555, Capital Federal
Luego de los 29 días de sanción arbitraria llevada adelante por la dirección del SNMP contra 18 compañeros, en el marco de un ataque contra las libertades sindicales, democráticas y constitucionales de los trabajadores de Radio Nacional, los compañeros vuelven a ocupar sus puestos de trabajo.
Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas a acompañarnos y participar de un abrazo simbólico que represente la lucha de todos los trabajadores y la población en general contra las arbitrariedades patronales y de los funcionarios públicos de turno, en defensa de las libertades constitucionales elementales.
Jueves 30 de julio a las 11,30 hs.
Maipú 555, Capital Federal
martes, 28 de julio de 2009
Prometen que Argentina tendrá en breve un sistema satelital de televisión público y gratuito
El Sistema Nacional de Medios Públicos iniciará las tareas para instalar y operar un sistema un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete de señales educativas, culturales e informativas, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.
La empresa satelital nacional ARSAT será la encargada de subir la señal y distribuirla desde su telepuerto en la localidad de Benavidez, en el norte del Gran Buenos Aires.
Una vez puesto en marcha el sistema de distribución satelital de señales de Televisión dará acceso gratuito, directo y sin codificar a todo el país. Si bien el decreto no lo menciona la Televisión Pública, Encuentro y TeleSur serían de la partida. A esto habría que sumarle el canal de noticias y el segmento infantil que hoy ocupa la señal de Encuentro "Paka paka"; canales estos que están en estudio en el Sistema Nacional de Medios Públicos: También podrían sumarse otras señales que no cobran por su emisión -como el caso de C5N-.
El objetivo es permitir el acceso a este servicio a las personas y regiones menos desarrolladas del país tanto en zonas rurales como urbanas.
El Decreto 943, tiene una extensa fundamentación jurídica que comienza con la aplicación de conceptos constitucionales, de la Ley 22.285 (de radiodifusión, sancionada en la última dictadura militar) de la legislación internacional y los pactos incluidos en la Constitución, como también antecedentes de la jurisprudencia nacional.
Sostienen en el decreto "Que los derechos constitucionales invocados son razón suficiente para proveer todas las medidas tendientes a garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a televisión abierta, sobre todo en materia de contenidos educativos, culturales e informativos permitiendo el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, enderezados a obtener información sobre los actos públicos, como inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno".
Dos diarios abundan en detalles en sus ediciones de hoy miércoles. Crítica de la Argentina sostiene que “el decreto está centrado, en su mayoría, en desatacar las necesidades de democratizar la libertad de expresión y el acceso a la información, tal como lo hace el aún nonato Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, que a pesar de las promesas oficiales todavía se mantiene en estado de “propuesta”. El mismo destino incierto tiene otro proyecto legislativo similar, el de Acceso a la Información Pública, que en algún momento, hace varios años, impulsaba la por entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, la misma que hoy impide su tratamiento parlamentario, según admiten fuentes del oficialismo”.
En el Diario La Nación el abogado constitucionalista Gregorio Badeni estimó que: "Se advierte prima facie una intromisión del Gobierno, a través del Estado, en el espectro de la comunicación social, que sigue los lineamientos que se están dando en Venezuela".
Consideró especialmente delicada esta intervención si se hace por decreto, aunque fuera de necesidad y urgencia, mientras se está tratando un proyecto de ley de radiodifusión en el Congreso. Y recordó que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia es que si hay un proyecto tratándose en las cámaras, no corresponde aceptar un decreto de necesidad y urgencia.
Para el doctor Badeni, la creación de contenidos por parte del Estado "es un elemento que cualquier gobierno puede usar con fines de política partidaria".
Dice el decreto:
Decreto 943/2009
Autorízase al Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. a la instalación, funcionamiento y operación de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete de señales educativas, culturales e informativas.
Bs. As., 22/7/2009
Visto el Expediente Número 1973/08 del registro del Comité Federal de Radiodifusión, las leyes Nº 19.798 y Nº 22.285 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 281/81 y 94/01 y sus modificatorios, y
Considerando:
Que a través del expediente citado en el Visto tramita el pedido efectuado por el titular del Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. tendiente a obtener una autorización para la instalación y operación de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete reducido de señales educativas, culturales e informativas con el objeto de permitir el acceso a este servicio a las personas y regiones menos desarrolladas del país.
Que los aspectos técnicos de la solicitud incoada por el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. han sido evaluados por la Comisión Nacional de Comunicaciones, en tanto es el organismo competente para ello.
Que de la evaluación efectuada por la Comisión Nacional de Comunicaciones resulta que: a) El examen técnico respecto de los elementos radioeléctricos que conformarían el sistema no presentan objeciones; b) con relación a los equipos que generan las señales de radiodifusión, los mismos no forman parte del análisis del Area interviniente.; c) el satélite AMC- 6 (longitud orbital 72º Oeste) con el cual se distribuirá la programación, está autorizado por Resolución SC Nº 71/2008 como mejora solicitada por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) al Sistema Satelital Argentino Nahuel; d) resultan de aceptación las características técnicas del satélite, los diagramas de cobertura y los cálculos de enlaces; e) respecto a la estación terrena, con la cual se proyecta subir la programación al citado satélite a través de una antena parabólica localizada en el Telepuerto de la empresa ARSAT en la localidad de Benavidez, provincia de Buenos Aires, la misma debe cumplir con las normas nacionales vigentes, es decir tener la respectiva autorización y registro de la misma en la Comisión Nacional de Comunicaciones, conforme con las pautas administrativas, técnicas y legales correspondientes.
Que la Comisión Nacional de Comunicaciones mediante nota Nº 44- NotCNC/2009 ha expresado que de la evaluación técnica del proyecto presentado no existen observaciones que formular, siendo por lo tanto procedente la solicitud realizada, sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente.
Que el organismo técnico prenotado expresa que una vez que se habilite lo solicitado, el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. deberá cumplimentar lo establecido en el punto e) del informe técnico, relativo a la autorización de la antena parabólica.
Que a los fines de evaluar la procedencia de la autorización requerida es necesario considerar en primer lugar los derechos de índole constitucional y supraconstitucional que se encuentran en juego en este tema.
Que conforme los artículos 14, 32 y 42 de la Constitución Nacional los ciudadanos gozan de los derechos a publicar sus ideas, a una información adecuada y veraz y a la libertad de elección, los que alcanzan, a todos los medios de comunicación social, entre ellos, a los servicios de radiodifusión, lo que exige, por parte del Estado Nacional, la implementación de las medidas que eliminen las limitaciones en orden al acceso a la información.
Que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a todo individuo el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Que el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.
Que el artículo 19, numeral 2º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2.2 establece que los Estados Partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Que la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" establece en el apartado 1 del artículo 13 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Que los instrumentos internacionales antes mencionados poseen en nuestro país en las condiciones de su vigencia, jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos, conforme lo indica el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Que estas normas fundamentales han sido interpretadas por diferentes entes supranacionales.
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos emitió la "Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión" en la que, interpretando lo dispuesto por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, señaló que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Que en el punto 12 de la referida declaración, se expresa que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.
Que en ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación.
Que las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.
Que la Relatoría para la Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe del año 2002 pone de manifiesto la íntima relación entre el acceso a la información con otros derechos humanos, ya que contribuye a su efectivo ejercicio: "En un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. La publicidad de la información permite que el ciudadano pueda controlar la gestión pública, no sólo por medio de una constatación de los mismos con la ley, que los gobernantes han jurado cumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición y de obtener una transparente rendición de cuentas. El acceso a la información, a la vez de conformarse como un aspecto importante de la libertad de expresión, se conforma como un derecho que fomenta la autonomía de las personas, y que les permite la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre decisión". (Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2002. Capítulo IV. Libertad de Expresión y Pobreza. "El acceso a la información pública como ejercicio de la libertad de expresión de los pobres". Puntos 16 y 17. Fuente: página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. www.cidh.org).
Que en la Opinión Consultiva Nº 5/85, la Corte Interamericana sostiene que el "concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La ‘libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse". (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 5/85, Serie A, Nº 5).
Que en su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 5/85. Considerando Nº 32).
Que así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos Instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas (Considerando Nº 34 – Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 5/85, Serie A, Nº 5).
Que de todos los instrumentos internacionales citados, así como de las normas interpretativas que los complementan, surge la idea de que la libertad de recibir todo tipo de información e ideas funciona como contrapartida de la libertad de difundir a través de los medios de comunicación social.
Que dicha libertad resguarda la autonomía de las personas y al mismo tiempo asegura el funcionamiento de la democracia, garantizando el libre intercambio de ideas en el ámbito público.
Que resulta necesario señalar la dimensión social de la libertad de expresión, considerada como un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos.
Que desde esta perspectiva, la libertad de expresión se encuentra relacionada con el derecho de toda la sociedad de recibir tales ideas e informaciones, derecho colectivo en virtud del cual la comunidad toda tiene la facultad de recibir cualquier información y de conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Que a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 se reconocen los derechos a investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones a todos los seres humanos por su sola condición de tales.
Que el reconocimiento del derecho a la información como derecho humano universal implica admitir jurídica e institucionalmente las facultades propias de quienes perciben o reconocen los datos o noticias.
Que es posible hablar de un "derecho al conocimiento y a la participación" del individuo en la sociedad.
Que el sujeto informado debe contar con las facultades suficientes para seleccionar los medios con los que quiere informarse.
Que esta característica, que podría denominarse derecho al pluralismo informativo, es la efectiva garantía de la recepción de una información participativa y pluralista.
Que los derechos constitucionales invocados son razón suficiente para proveer todas las medidas tendientes a garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a televisión abierta, sobre todo en materia de contenidos educativos, culturales e informativos permitiendo el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, enderezados a obtener información sobre los actos públicos, como inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno.
Que la autorización requerida por el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. resulta claramente orientada a dar cumplimiento efectivo por parte del Estado Nacional de su obligación de garantizar a la totalidad de la población el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, de los cuales la libertad de expresión, y el derecho a la información constituyen ejes sistémicos.
Que pesa en cabeza de los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos —y por ende, en sus órganos y entes— el adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre los cuales se encuentra la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, (art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Que resulta necesario favorecer iniciativas que tiendan a mejorar el acceso a la educación en particular y a la información en general.
Que la Ley Nº 22.285 establece en su artículo 35 que, con carácter prioritario, el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) deberá: a) Proporcionar a los destinatarios del servicio la programación orgánica que requiere el nivel cultural de la Nación; b) Difundir, en consecuencia, aquellas expresiones de elevada jerarquía estética que satisfagan las necesidades culturales de la población; c) Asegurar el intercambio cultural entre las distintas regiones del país; d) Informar a la población acerca de los actos de gobierno;: e) Difundir la actividad nacional al exterior; f) Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la enseñanza primaria, media, técnica y superior y, asimismo, emitir programas especiales para discapacitados.
Que hacer lugar a lo solicitado permitirá desarrollar estrategias que posibiliten compensar las desigualdades sociales, de género y regionales existentes, con el objeto de efectuar una genuina equiparación de las posibilidades educativas, sosteniendo el principio de educación para toda la vida sin discriminación de ninguna índole.
Que la utilización de las nuevas tecnologías y de los medios masivos de comunicación con fines educativos puede promover la igualdad de oportunidades y contribuir a una distribución más democrática del saber.
Que las señales que se transmitirán a través del sistema de Televisión Satelital operado por el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. se orientan específicamente a difundir los valores que promueve el artículo 35 de la Ley de Radiodifusión.
Que la Ley Nº 22.285, en su artículo 8 establece que: "Los servicios de radiodifusión serán prestados por: a) Personas físicas o jurídicas titulares de licencias de radiodifusión, adjudicadas de acuerdo con las condiciones y los procedimientos establecidos por esta ley; b) El Estado Nacional, los estados provinciales o las municipalidades, en los casos especialmente previstos por esta ley".
Que el artículo 33 de la Ley de Radiodifusión dispone cómo se integrará el Servicio Oficial de Radiodifusión, en cuya cabeza se encuentra el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.: a) Una red básica integrada, como máximo: 1. En la Capital Federal: por Una (1) estación de radiodifusión; sonora y Una (1) de televisión; 2. En cada provincia y en el entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: por Una (1) estación de radiodifusión sonora; 3. En las localizaciones que determine el Poder Ejecutivo Nacional, ubicadas en el interior del país, por repetidoras de la estación de televisión de la Capital Federal. c) Por un conjunto de estaciones de radiodifusión y de repetidoras que funcionarán subsidiariamente respecto de las estaciones privadas, cuando así lo exijan razones de seguridad nacional, solamente en aquellos lugares adonde no concurra la actividad privada, por su baja densidad demográfica o escaso interés comercial.
Que conforme lo señalan Schifer y Porto en la obra "Radiodifusión: Marco Regulatorio" (Editorial El Derecho, 2006) este artículo en su redacción original adoptaba el criterio de la subsidiariedad en forma taxativa.
Que el principio de subsidiariedad, fue modificado por el Decreto Nº 2368/02, con lo que el Servicio Oficial de Radiodifusión está en condiciones de ampliarse de manera significativa.
Que entre los considerandos del decreto citado ut supra, se señala que resulta conveniente implementar una política de radiodifusión que permita la sincera integración entre las distintas ciudades emplazadas en el territorio de las provincias que integran la República Argentina y su Capital Federal, procurando un intercambio cultural fluido entre ellas.
Que pese a la importancia del servicio de radiodifusión en una democracia, nuestro sistema se mantiene regulado por una ley sancionada por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en 1980, a la que obviamente se le introdujeron modificaciones para adecuarla a los tiempos.
Que en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S. 2002/05/28 - "T.V. Resistencia S.A. c/ T.V. Canal 11 de Formosa") en donde, si bien se declaró inadmisible el recurso extraordinario por tratarse de una cuestión de hecho, el Doctor Moliné O’Connor, adentrándose en la cuestión en análisis, en el considerando 6) de su voto dijo "Que ni de los términos del art. 10 de la ley citada (22.285), ni de su Exposición de Motivos, surge una prohibición legal expresa que avale la postura de la recurrente. En efecto, el principio de subsidiariedad o suplencia que la ley asigna a la función estatal en la materia, no conlleva la exclusión de esa actividad en concurrencia con la de los particulares, de modo que autorice a calificar de inconstitucional al Decreto 462/81 por contrariar lo dispuesto en una norma de rango superior, en orden a las concretas circunstancias de la causa".
Que asimismo el Doctor Fayt en su voto sostuvo al respecto que: "En efecto, el Estado está obligado a proveer el servicio de radiodifusión cuando no lo preste la actividad privada, pero no está obligado a no proveerlo en caso contrario. En realidad, nada impide que el Estado provea un servicio que coexista con el que brinda la actividad privada. Es decir; el principio de subsidiariedad no implica exclusividad. Así resulta del contexto de la Ley 22.285 y de la lectura de su Exposición de Motivos donde se afirma, por ejemplo, que "…se consagran las modalidades de prestación prealudidas: Particulares por un lado y el Estado Nacional por el otro sin que, necesariamente se comporten de manera competitiva... ...Que, desde tal punto de vista, y en lo que aquí interesa, no se advierte que lo autorizado por el decreto cuestionado (o sea, la instalación de una repetidora estatal, donde ya existía una privada), hubiera violado el referido principio de subsidiariedad." (La Ley - T 2002- E – págs. 174/177).
Que la posibilidad de publicar y difundir las ideas resultaría un postulado meramente dogmático si el Estado impidiese que los particulares accedieren a ser titulares de frecuencias radiales o televisivas. De la misma forma la posibilidad de buscar y recibir información sería tan sólo un postulado vacío de contenido si el Estado abdicase de permitir que todos los ciudadanos accediesen a los medios de comunicación pública.
Que la existencia de medios públicos de comunicación, generadores de contenidos de calidad alternativos a los privados se erige en la actualidad como un derecho colectivo de la ciudadanía.
Que el rol subsidiario del Estado en el desarrollo del servicio de radiodifusión implementado por la dictadura militar debe ceder a un rol activo de aquél, asegurándose así la posibilidad de que la comunidad acceda a espacios de difusión pluralistas, en los que los contenidos sean generados no para obtener el beneficio económico (fin lícito y último de una sociedad anónima) sino para asegurar a la totalidad de la población el acceso a bienes culturales e informativos que desarrollen el espíritu crítico de los ciudadanos.
Que el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. fue creado por el Decreto Nº 94 del 25 de enero de 2001 y sus modificatorios, con el objetivo, entre otros, de reunir en una sola cabeza todos los servicios a cargo del Estado Nacional que estuvieren estrechamente relacionados con los medios de comunicación social, dejando abierta la posibilidad de agregar aquellos medios electrónicos ya creados o que pudieren crearse en el futuro y respecto de los cuales su prestación se torne irrenunciable, incorporando en una dirección y administración centralizada las funciones y cometidos de las emisoras integrantes del Servicio Oficial de Radiodifusión.
Que el artículo 4 del referido decreto establece que el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., entonces en jurisdicción de la ex Secretaria de Cultura y Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación, tendrá por objeto administrar, operar y desarrollar los medios y servicios de radiodifusión sonora y televisiva, periodísticos y de transmisión de contenidos que se le transfieren en el precitado instrumento normativo y aquellos que en el futuro le sean encomendados.
Que resulta necesario considerar el Estatuto Social de la Sociedad del Estado "Sistema Nacional de Medios Públicos", aprobado por el Anexo II del Decreto Nº 94/01.
Que en el artículo 5 del Anexo II del decreto referido, se establece que el Objeto Social de la referida Sociedad del Estado consistirá en la administración, operación y desarrollo de los medios y servicios de radiodifusión, periodísticos y de transmisión de contenidos, sirviendo de cabecera del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR).
Que el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. está facultada entre otras competencias para: a) Operar y explotar los servicios de radiodifusión de señales de televisión, por medio de la frecuencia LS82 TV Canal 7, de conformidad con los objetivos establecidos por la legislación vigente, integrando el Servicio Oficial de Radiodifusión, mediante la producción, emisión y transporte de señales de televisión de diversa índole, por cualquier medio electrónico existente o que pudiere crearse en el futuro. b) Operar y explotar los servicios de radiodifusión sonora que allí se enumeran. c) Organizar y producir contenidos, eventos, programas, obras, espectáculos unitarios o en ciclos, de naturaleza cultural, educativa, o de interés general, y su distribución y comercialización, sea por medios gráficos, discográficos, cinematográficos, televisivos, radiofónicos, por Internet o por cualquier otro medio; existente o a crearse en el futuro, tanto para uso familiar como profesional. A tal fin la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer todos aquellos actos que no le resulten prohibidos por las leyes que reglamentan su ejercicio, y por el Estatuto.
Que el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. tiene capacidad jurídica para instalar y operar el sistema de Televisión Satelital.
Que la medida resulta conducente para que dicho servicio obre como herramienta hacia una política de libre acceso a la información por parte de la población en situación de vulnerabilidad social, para acceder de forma libre a programación de alto contenido cultural, a contenidos específicamente educativos y a información sobre las medidas de gobierno que se adopten y, en definitiva, promover una mayor integración nacional y una mejor oferta, de conformidad con las garantías constitucionales mencionadas.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación expresó que no debe soslayarse que, en materia de comunicación social, el Estado ejerce un rol fundamental acorde con el fin público comprometido en dicha actividad, independientemente de las figuras jurídicas que escoja para la prestación del servicio (Dictámenes 239:592) y atento que tanto que se trata de emisiones de televisión destinadas a su recepción por parte del público en general, la misma corresponde que sea formalizada a través de un acto del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el Poder Ejecutivo Nacional, conforme surge de lo normado por los artículos 4º de la Ley Nº 19.798 y 3º de la Ley Nº 22.285 ha sido investido por el ordenamiento jurídico en carácter de único administrador del espectro radioeléctrico.
Que en efecto, el artículo 4º de la Ley Nº 19.798 establece: "Es competencia del Poder Ejecutivo Nacional: a) Establecer y explotar los servicios de telecomunicaciones de jurisdicción nacional; b) Autorizar o permitir a terceros, con carácter precario, la instalación y prestación de servicios de telecomunicaciones; c) Fiscalizar toda actividad o servicio de telecomunicaciones; d) Administrar las bandas de frecuencias radioeléctricas; e) Fijar tasas y tarifas de los servicios de jurisdicción nacional".
Que corresponde autorizar al Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. a la instalación y operación en territorio nacional de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete reducido de señales educativas, culturales e informativas para permitir el acceso a este servicio a las personas y regiones menos desarrolladas del país.
Que el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. deberá cumplir con las normas nacionales vigentes, es decir tener la respectiva autorización y registro de antena parabólica, de acuerdo a lo señalado por la Comisión, Nacional de Comunicaciones, conforme con las pautas administrativas, técnicas y legales correspondientes y en forma previa al inicio de transmisiones.
Que el servicio jurídico del Comité Federal de Radiodifusión ha emitido el dictamen correspondiente.
Que el presente decreto se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley Nº 22.285 y sus modificatorias, el artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional y por el artículo 4º de la Ley Nº 19.798.
Por ello,
La Presidenta de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1º — Autorízase al Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. para la instalación, funcionamiento y operación de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete de señales educativas, culturales e informativas.
Art. 2º — Las señales que se transmitirán a través del sistema de Televisión Satelital operado por el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nº 22.285.
Art. 3º — El Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. deberá cumplir con las normas nacionales vigentes, es decir tener la respectiva autorización y registro de antena parabólica, de acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional de Comunicaciones, conforme con las pautas administrativas, técnicas y legales correspondientes y en forma previa al inicio de transmisiones del referido sistema de Televisión Satelital.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Fernández de Kirchner. — Aníbal D. Fernández.
La empresa satelital nacional ARSAT será la encargada de subir la señal y distribuirla desde su telepuerto en la localidad de Benavidez, en el norte del Gran Buenos Aires.Una vez puesto en marcha el sistema de distribución satelital de señales de Televisión dará acceso gratuito, directo y sin codificar a todo el país. Si bien el decreto no lo menciona la Televisión Pública, Encuentro y TeleSur serían de la partida. A esto habría que sumarle el canal de noticias y el segmento infantil que hoy ocupa la señal de Encuentro "Paka paka"; canales estos que están en estudio en el Sistema Nacional de Medios Públicos: También podrían sumarse otras señales que no cobran por su emisión -como el caso de C5N-.
El objetivo es permitir el acceso a este servicio a las personas y regiones menos desarrolladas del país tanto en zonas rurales como urbanas.
El Decreto 943, tiene una extensa fundamentación jurídica que comienza con la aplicación de conceptos constitucionales, de la Ley 22.285 (de radiodifusión, sancionada en la última dictadura militar) de la legislación internacional y los pactos incluidos en la Constitución, como también antecedentes de la jurisprudencia nacional.
Sostienen en el decreto "Que los derechos constitucionales invocados son razón suficiente para proveer todas las medidas tendientes a garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a televisión abierta, sobre todo en materia de contenidos educativos, culturales e informativos permitiendo el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, enderezados a obtener información sobre los actos públicos, como inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno".
Dos diarios abundan en detalles en sus ediciones de hoy miércoles. Crítica de la Argentina sostiene que “el decreto está centrado, en su mayoría, en desatacar las necesidades de democratizar la libertad de expresión y el acceso a la información, tal como lo hace el aún nonato Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, que a pesar de las promesas oficiales todavía se mantiene en estado de “propuesta”. El mismo destino incierto tiene otro proyecto legislativo similar, el de Acceso a la Información Pública, que en algún momento, hace varios años, impulsaba la por entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, la misma que hoy impide su tratamiento parlamentario, según admiten fuentes del oficialismo”.
En el Diario La Nación el abogado constitucionalista Gregorio Badeni estimó que: "Se advierte prima facie una intromisión del Gobierno, a través del Estado, en el espectro de la comunicación social, que sigue los lineamientos que se están dando en Venezuela".
Consideró especialmente delicada esta intervención si se hace por decreto, aunque fuera de necesidad y urgencia, mientras se está tratando un proyecto de ley de radiodifusión en el Congreso. Y recordó que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia es que si hay un proyecto tratándose en las cámaras, no corresponde aceptar un decreto de necesidad y urgencia.
Para el doctor Badeni, la creación de contenidos por parte del Estado "es un elemento que cualquier gobierno puede usar con fines de política partidaria".
El acceso al sistema será a través de una antena y un decodificador que se venderá a los ciudadanos de menores recursos a un precio de 150 pesos (unos 39 dólares).Una vez adquirido ese dispositivo, el usuario tendrá acceso a “un paquete de diez señales, entre las que estarán Canal 7 y Canal Encuentro”, afirmó Gabriel Mariotto en declaraciones a radio Continental.
Se prevé que el paquete incluya contenidos deportivos, películas, producciones destinadas al público infantil, y transmisiones de otros Estados de América latina.
“El Estado cumple un rol importante garantizando el acceso y la participación de la ciudadanía a señales que no se pueden retransimitir por aire, como es el caso de Canal Encuentro”, agregó Mariotto. Consultado respecto a los costos de implementación del proyecto, aseguró que “es una señal que mayormente no tiene grandes costos, es un ancho de banda satelital donde se suben diez señales y el ciudadano las va a recibir gratuitamente”.
“El Estado cumple un rol importante garantizando el acceso y la participación de la ciudadanía a señales que no se pueden retransimitir por aire, como es el caso de Canal Encuentro”, agregó Mariotto. Consultado respecto a los costos de implementación del proyecto, aseguró que “es una señal que mayormente no tiene grandes costos, es un ancho de banda satelital donde se suben diez señales y el ciudadano las va a recibir gratuitamente”.
Dice el decreto:
Decreto 943/2009
Autorízase al Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. a la instalación, funcionamiento y operación de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete de señales educativas, culturales e informativas.
Bs. As., 22/7/2009
Visto el Expediente Número 1973/08 del registro del Comité Federal de Radiodifusión, las leyes Nº 19.798 y Nº 22.285 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 281/81 y 94/01 y sus modificatorios, y
Considerando:
Que a través del expediente citado en el Visto tramita el pedido efectuado por el titular del Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. tendiente a obtener una autorización para la instalación y operación de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete reducido de señales educativas, culturales e informativas con el objeto de permitir el acceso a este servicio a las personas y regiones menos desarrolladas del país.
Que los aspectos técnicos de la solicitud incoada por el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. han sido evaluados por la Comisión Nacional de Comunicaciones, en tanto es el organismo competente para ello.
Que de la evaluación efectuada por la Comisión Nacional de Comunicaciones resulta que: a) El examen técnico respecto de los elementos radioeléctricos que conformarían el sistema no presentan objeciones; b) con relación a los equipos que generan las señales de radiodifusión, los mismos no forman parte del análisis del Area interviniente.; c) el satélite AMC- 6 (longitud orbital 72º Oeste) con el cual se distribuirá la programación, está autorizado por Resolución SC Nº 71/2008 como mejora solicitada por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) al Sistema Satelital Argentino Nahuel; d) resultan de aceptación las características técnicas del satélite, los diagramas de cobertura y los cálculos de enlaces; e) respecto a la estación terrena, con la cual se proyecta subir la programación al citado satélite a través de una antena parabólica localizada en el Telepuerto de la empresa ARSAT en la localidad de Benavidez, provincia de Buenos Aires, la misma debe cumplir con las normas nacionales vigentes, es decir tener la respectiva autorización y registro de la misma en la Comisión Nacional de Comunicaciones, conforme con las pautas administrativas, técnicas y legales correspondientes.
Que la Comisión Nacional de Comunicaciones mediante nota Nº 44- NotCNC/2009 ha expresado que de la evaluación técnica del proyecto presentado no existen observaciones que formular, siendo por lo tanto procedente la solicitud realizada, sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente.
Que el organismo técnico prenotado expresa que una vez que se habilite lo solicitado, el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. deberá cumplimentar lo establecido en el punto e) del informe técnico, relativo a la autorización de la antena parabólica.
Que a los fines de evaluar la procedencia de la autorización requerida es necesario considerar en primer lugar los derechos de índole constitucional y supraconstitucional que se encuentran en juego en este tema.
Que conforme los artículos 14, 32 y 42 de la Constitución Nacional los ciudadanos gozan de los derechos a publicar sus ideas, a una información adecuada y veraz y a la libertad de elección, los que alcanzan, a todos los medios de comunicación social, entre ellos, a los servicios de radiodifusión, lo que exige, por parte del Estado Nacional, la implementación de las medidas que eliminen las limitaciones en orden al acceso a la información.
Que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a todo individuo el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Que el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.
Que el artículo 19, numeral 2º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2.2 establece que los Estados Partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Que la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" establece en el apartado 1 del artículo 13 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Que los instrumentos internacionales antes mencionados poseen en nuestro país en las condiciones de su vigencia, jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos, conforme lo indica el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Que estas normas fundamentales han sido interpretadas por diferentes entes supranacionales.
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos emitió la "Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión" en la que, interpretando lo dispuesto por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, señaló que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Que en el punto 12 de la referida declaración, se expresa que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.
Que en ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación.
Que las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.
Que la Relatoría para la Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe del año 2002 pone de manifiesto la íntima relación entre el acceso a la información con otros derechos humanos, ya que contribuye a su efectivo ejercicio: "En un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. La publicidad de la información permite que el ciudadano pueda controlar la gestión pública, no sólo por medio de una constatación de los mismos con la ley, que los gobernantes han jurado cumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición y de obtener una transparente rendición de cuentas. El acceso a la información, a la vez de conformarse como un aspecto importante de la libertad de expresión, se conforma como un derecho que fomenta la autonomía de las personas, y que les permite la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre decisión". (Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2002. Capítulo IV. Libertad de Expresión y Pobreza. "El acceso a la información pública como ejercicio de la libertad de expresión de los pobres". Puntos 16 y 17. Fuente: página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. www.cidh.org).
Que en la Opinión Consultiva Nº 5/85, la Corte Interamericana sostiene que el "concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La ‘libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse". (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 5/85, Serie A, Nº 5).
Que en su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 5/85. Considerando Nº 32).
Que así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos Instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas (Considerando Nº 34 – Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 5/85, Serie A, Nº 5).
Que de todos los instrumentos internacionales citados, así como de las normas interpretativas que los complementan, surge la idea de que la libertad de recibir todo tipo de información e ideas funciona como contrapartida de la libertad de difundir a través de los medios de comunicación social.
Que dicha libertad resguarda la autonomía de las personas y al mismo tiempo asegura el funcionamiento de la democracia, garantizando el libre intercambio de ideas en el ámbito público.
Que resulta necesario señalar la dimensión social de la libertad de expresión, considerada como un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos.
Que desde esta perspectiva, la libertad de expresión se encuentra relacionada con el derecho de toda la sociedad de recibir tales ideas e informaciones, derecho colectivo en virtud del cual la comunidad toda tiene la facultad de recibir cualquier información y de conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Que a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 se reconocen los derechos a investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones a todos los seres humanos por su sola condición de tales.
Que el reconocimiento del derecho a la información como derecho humano universal implica admitir jurídica e institucionalmente las facultades propias de quienes perciben o reconocen los datos o noticias.
Que es posible hablar de un "derecho al conocimiento y a la participación" del individuo en la sociedad.
Que el sujeto informado debe contar con las facultades suficientes para seleccionar los medios con los que quiere informarse.
Que esta característica, que podría denominarse derecho al pluralismo informativo, es la efectiva garantía de la recepción de una información participativa y pluralista.
Que los derechos constitucionales invocados son razón suficiente para proveer todas las medidas tendientes a garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a televisión abierta, sobre todo en materia de contenidos educativos, culturales e informativos permitiendo el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, enderezados a obtener información sobre los actos públicos, como inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno.
Que la autorización requerida por el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. resulta claramente orientada a dar cumplimiento efectivo por parte del Estado Nacional de su obligación de garantizar a la totalidad de la población el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, de los cuales la libertad de expresión, y el derecho a la información constituyen ejes sistémicos.
Que pesa en cabeza de los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos —y por ende, en sus órganos y entes— el adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre los cuales se encuentra la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, (art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Que resulta necesario favorecer iniciativas que tiendan a mejorar el acceso a la educación en particular y a la información en general.
Que la Ley Nº 22.285 establece en su artículo 35 que, con carácter prioritario, el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) deberá: a) Proporcionar a los destinatarios del servicio la programación orgánica que requiere el nivel cultural de la Nación; b) Difundir, en consecuencia, aquellas expresiones de elevada jerarquía estética que satisfagan las necesidades culturales de la población; c) Asegurar el intercambio cultural entre las distintas regiones del país; d) Informar a la población acerca de los actos de gobierno;: e) Difundir la actividad nacional al exterior; f) Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la enseñanza primaria, media, técnica y superior y, asimismo, emitir programas especiales para discapacitados.
Que hacer lugar a lo solicitado permitirá desarrollar estrategias que posibiliten compensar las desigualdades sociales, de género y regionales existentes, con el objeto de efectuar una genuina equiparación de las posibilidades educativas, sosteniendo el principio de educación para toda la vida sin discriminación de ninguna índole.
Que la utilización de las nuevas tecnologías y de los medios masivos de comunicación con fines educativos puede promover la igualdad de oportunidades y contribuir a una distribución más democrática del saber.
Que las señales que se transmitirán a través del sistema de Televisión Satelital operado por el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. se orientan específicamente a difundir los valores que promueve el artículo 35 de la Ley de Radiodifusión.
Que la Ley Nº 22.285, en su artículo 8 establece que: "Los servicios de radiodifusión serán prestados por: a) Personas físicas o jurídicas titulares de licencias de radiodifusión, adjudicadas de acuerdo con las condiciones y los procedimientos establecidos por esta ley; b) El Estado Nacional, los estados provinciales o las municipalidades, en los casos especialmente previstos por esta ley".
Que el artículo 33 de la Ley de Radiodifusión dispone cómo se integrará el Servicio Oficial de Radiodifusión, en cuya cabeza se encuentra el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.: a) Una red básica integrada, como máximo: 1. En la Capital Federal: por Una (1) estación de radiodifusión; sonora y Una (1) de televisión; 2. En cada provincia y en el entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: por Una (1) estación de radiodifusión sonora; 3. En las localizaciones que determine el Poder Ejecutivo Nacional, ubicadas en el interior del país, por repetidoras de la estación de televisión de la Capital Federal. c) Por un conjunto de estaciones de radiodifusión y de repetidoras que funcionarán subsidiariamente respecto de las estaciones privadas, cuando así lo exijan razones de seguridad nacional, solamente en aquellos lugares adonde no concurra la actividad privada, por su baja densidad demográfica o escaso interés comercial.
Que conforme lo señalan Schifer y Porto en la obra "Radiodifusión: Marco Regulatorio" (Editorial El Derecho, 2006) este artículo en su redacción original adoptaba el criterio de la subsidiariedad en forma taxativa.
Que el principio de subsidiariedad, fue modificado por el Decreto Nº 2368/02, con lo que el Servicio Oficial de Radiodifusión está en condiciones de ampliarse de manera significativa.
Que entre los considerandos del decreto citado ut supra, se señala que resulta conveniente implementar una política de radiodifusión que permita la sincera integración entre las distintas ciudades emplazadas en el territorio de las provincias que integran la República Argentina y su Capital Federal, procurando un intercambio cultural fluido entre ellas.
Que pese a la importancia del servicio de radiodifusión en una democracia, nuestro sistema se mantiene regulado por una ley sancionada por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en 1980, a la que obviamente se le introdujeron modificaciones para adecuarla a los tiempos.
Que en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S. 2002/05/28 - "T.V. Resistencia S.A. c/ T.V. Canal 11 de Formosa") en donde, si bien se declaró inadmisible el recurso extraordinario por tratarse de una cuestión de hecho, el Doctor Moliné O’Connor, adentrándose en la cuestión en análisis, en el considerando 6) de su voto dijo "Que ni de los términos del art. 10 de la ley citada (22.285), ni de su Exposición de Motivos, surge una prohibición legal expresa que avale la postura de la recurrente. En efecto, el principio de subsidiariedad o suplencia que la ley asigna a la función estatal en la materia, no conlleva la exclusión de esa actividad en concurrencia con la de los particulares, de modo que autorice a calificar de inconstitucional al Decreto 462/81 por contrariar lo dispuesto en una norma de rango superior, en orden a las concretas circunstancias de la causa".
Que asimismo el Doctor Fayt en su voto sostuvo al respecto que: "En efecto, el Estado está obligado a proveer el servicio de radiodifusión cuando no lo preste la actividad privada, pero no está obligado a no proveerlo en caso contrario. En realidad, nada impide que el Estado provea un servicio que coexista con el que brinda la actividad privada. Es decir; el principio de subsidiariedad no implica exclusividad. Así resulta del contexto de la Ley 22.285 y de la lectura de su Exposición de Motivos donde se afirma, por ejemplo, que "…se consagran las modalidades de prestación prealudidas: Particulares por un lado y el Estado Nacional por el otro sin que, necesariamente se comporten de manera competitiva... ...Que, desde tal punto de vista, y en lo que aquí interesa, no se advierte que lo autorizado por el decreto cuestionado (o sea, la instalación de una repetidora estatal, donde ya existía una privada), hubiera violado el referido principio de subsidiariedad." (La Ley - T 2002- E – págs. 174/177).
Que la posibilidad de publicar y difundir las ideas resultaría un postulado meramente dogmático si el Estado impidiese que los particulares accedieren a ser titulares de frecuencias radiales o televisivas. De la misma forma la posibilidad de buscar y recibir información sería tan sólo un postulado vacío de contenido si el Estado abdicase de permitir que todos los ciudadanos accediesen a los medios de comunicación pública.
Que la existencia de medios públicos de comunicación, generadores de contenidos de calidad alternativos a los privados se erige en la actualidad como un derecho colectivo de la ciudadanía.
Que el rol subsidiario del Estado en el desarrollo del servicio de radiodifusión implementado por la dictadura militar debe ceder a un rol activo de aquél, asegurándose así la posibilidad de que la comunidad acceda a espacios de difusión pluralistas, en los que los contenidos sean generados no para obtener el beneficio económico (fin lícito y último de una sociedad anónima) sino para asegurar a la totalidad de la población el acceso a bienes culturales e informativos que desarrollen el espíritu crítico de los ciudadanos.
Que el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. fue creado por el Decreto Nº 94 del 25 de enero de 2001 y sus modificatorios, con el objetivo, entre otros, de reunir en una sola cabeza todos los servicios a cargo del Estado Nacional que estuvieren estrechamente relacionados con los medios de comunicación social, dejando abierta la posibilidad de agregar aquellos medios electrónicos ya creados o que pudieren crearse en el futuro y respecto de los cuales su prestación se torne irrenunciable, incorporando en una dirección y administración centralizada las funciones y cometidos de las emisoras integrantes del Servicio Oficial de Radiodifusión.
Que el artículo 4 del referido decreto establece que el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., entonces en jurisdicción de la ex Secretaria de Cultura y Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación, tendrá por objeto administrar, operar y desarrollar los medios y servicios de radiodifusión sonora y televisiva, periodísticos y de transmisión de contenidos que se le transfieren en el precitado instrumento normativo y aquellos que en el futuro le sean encomendados.
Que resulta necesario considerar el Estatuto Social de la Sociedad del Estado "Sistema Nacional de Medios Públicos", aprobado por el Anexo II del Decreto Nº 94/01.
Que en el artículo 5 del Anexo II del decreto referido, se establece que el Objeto Social de la referida Sociedad del Estado consistirá en la administración, operación y desarrollo de los medios y servicios de radiodifusión, periodísticos y de transmisión de contenidos, sirviendo de cabecera del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR).
Que el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. está facultada entre otras competencias para: a) Operar y explotar los servicios de radiodifusión de señales de televisión, por medio de la frecuencia LS82 TV Canal 7, de conformidad con los objetivos establecidos por la legislación vigente, integrando el Servicio Oficial de Radiodifusión, mediante la producción, emisión y transporte de señales de televisión de diversa índole, por cualquier medio electrónico existente o que pudiere crearse en el futuro. b) Operar y explotar los servicios de radiodifusión sonora que allí se enumeran. c) Organizar y producir contenidos, eventos, programas, obras, espectáculos unitarios o en ciclos, de naturaleza cultural, educativa, o de interés general, y su distribución y comercialización, sea por medios gráficos, discográficos, cinematográficos, televisivos, radiofónicos, por Internet o por cualquier otro medio; existente o a crearse en el futuro, tanto para uso familiar como profesional. A tal fin la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer todos aquellos actos que no le resulten prohibidos por las leyes que reglamentan su ejercicio, y por el Estatuto.
Que el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. tiene capacidad jurídica para instalar y operar el sistema de Televisión Satelital.
Que la medida resulta conducente para que dicho servicio obre como herramienta hacia una política de libre acceso a la información por parte de la población en situación de vulnerabilidad social, para acceder de forma libre a programación de alto contenido cultural, a contenidos específicamente educativos y a información sobre las medidas de gobierno que se adopten y, en definitiva, promover una mayor integración nacional y una mejor oferta, de conformidad con las garantías constitucionales mencionadas.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación expresó que no debe soslayarse que, en materia de comunicación social, el Estado ejerce un rol fundamental acorde con el fin público comprometido en dicha actividad, independientemente de las figuras jurídicas que escoja para la prestación del servicio (Dictámenes 239:592) y atento que tanto que se trata de emisiones de televisión destinadas a su recepción por parte del público en general, la misma corresponde que sea formalizada a través de un acto del Poder Ejecutivo Nacional.
Que el Poder Ejecutivo Nacional, conforme surge de lo normado por los artículos 4º de la Ley Nº 19.798 y 3º de la Ley Nº 22.285 ha sido investido por el ordenamiento jurídico en carácter de único administrador del espectro radioeléctrico.
Que en efecto, el artículo 4º de la Ley Nº 19.798 establece: "Es competencia del Poder Ejecutivo Nacional: a) Establecer y explotar los servicios de telecomunicaciones de jurisdicción nacional; b) Autorizar o permitir a terceros, con carácter precario, la instalación y prestación de servicios de telecomunicaciones; c) Fiscalizar toda actividad o servicio de telecomunicaciones; d) Administrar las bandas de frecuencias radioeléctricas; e) Fijar tasas y tarifas de los servicios de jurisdicción nacional".
Que corresponde autorizar al Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. a la instalación y operación en territorio nacional de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete reducido de señales educativas, culturales e informativas para permitir el acceso a este servicio a las personas y regiones menos desarrolladas del país.
Que el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. deberá cumplir con las normas nacionales vigentes, es decir tener la respectiva autorización y registro de antena parabólica, de acuerdo a lo señalado por la Comisión, Nacional de Comunicaciones, conforme con las pautas administrativas, técnicas y legales correspondientes y en forma previa al inicio de transmisiones.
Que el servicio jurídico del Comité Federal de Radiodifusión ha emitido el dictamen correspondiente.
Que el presente decreto se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley Nº 22.285 y sus modificatorias, el artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional y por el artículo 4º de la Ley Nº 19.798.
Por ello,
La Presidenta de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1º — Autorízase al Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. para la instalación, funcionamiento y operación de un sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete de señales educativas, culturales e informativas.
Art. 2º — Las señales que se transmitirán a través del sistema de Televisión Satelital operado por el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nº 22.285.
Art. 3º — El Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. deberá cumplir con las normas nacionales vigentes, es decir tener la respectiva autorización y registro de antena parabólica, de acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional de Comunicaciones, conforme con las pautas administrativas, técnicas y legales correspondientes y en forma previa al inicio de transmisiones del referido sistema de Televisión Satelital.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Fernández de Kirchner. — Aníbal D. Fernández.
Cambios en el reparto de la Publicidad Oficial
La presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó este martes un decreto por el cual le quita el control de la publicidad oficial a todos los organismos de la administración pública -excepto a la Afip- y lo concentra en la Secretaría de Medios de Comunicación por intermedio de TelAm.
Según el decreto 984/2009 “Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, así como el correspondiente servicio publicitario creativo, arte y producción gráfica y audiovisual que realice la Administración Pública Nacional, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, y los demás organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, cualquiera fuera su fuente de financiamiento, deberán encomendarse a la Secretaría de Medios por intermedio de TelAm SA”.
El decreto 984, publicado en el Boletín Oficial, lleva la firma de la Presidente, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
En sus considerandos, el decreto explica que "se estima adecuado centralizar la planificación, asistencia técnica, evaluación y coordinación de las actividades de publicidad y de comunicación de los organismos del Sector Público Nacional".
Propaganda Y Publicidad
Decreto 984/2009 Organismos del Sector Público Nacional. Contratación de bienes y servicios para la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación.
Bs. As., 27/7/2009
Visto el Decreto Nº 2507 del 5 de diciembre de 2002 y el Decreto Nº 152 del 5 de junio de 2003, y
Considerando: Que mediante el Decreto Nº 2507/02 se crea TelAm Sociedad Del Estado, en jurisdicción de la Secretaria de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación, y se aprobó su Estatuto Social, siendo posteriormente transferida a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el Decreto Nº 152/03.
Que el objetivo del presente es lograr el perfeccionamiento de la utilización de los recursos públicos tendientes a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados.
Que, mediante los Decretos Nros. 2219 del 6 de julio de 1971 y 56 del 10 de enero de 1975, se estableció para la totalidad de los órganos estatales integrantes de la Administración Central, la obligatoriedad de contratar su publicidad por intermedio de la agencia TelAm Sociedad Anónima y sus predecesoras.
Que al respecto, en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 993 del 30 de agosto de 1996 se dispuso que los organismos y entidades de la esfera del Poder Ejecutivo Nacional debían abstenerse de realizar propaganda y publicidad, canalizando cualquier iniciativa en tal sentido a través de la ex Secretaria de prensa y difusión de la Presidencia de la Nación.
Que, en tal aspecto, se estima adecuado centralizar la planificación, asistencia técnica, evaluación y coordinación de las actividades de publicidad y de comunicación de los organismos del Sector Público Nacional.
Que, el proceso publicitario se compone de diversas etapas que van desde el nacimiento de la idea intelectual sobre la que va a tratar la campaña publicitaria y el diseño de la campaña, hasta la instrumentación de la idea publicitaria básica a través de los medios de comunicación necesarios para tal fin y en todas dichas etapas participan profesionales y empresas que aportan su arte o técnica para la concreción de la idea publicitaria original.
Que, por lo antedicho, la contratación de bienes y servicios para la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación requiere el cumplimiento de ciertas condiciones generales propias, relativas a las características específicas del mercado.
Que en tal aspecto, la contratación de bienes y servicios con el fin precedentemente indicado se basa en criterios tales como la capacidad creativa, artística o técnica, la habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo y la regularidad, antigüedad de publicación, tirada o capacidad de difusión del medio de comunicación respectivo, entre otros factores de similar naturaleza.
Que el Servicio Jurídico de la Jurisdicción, la Secretaria de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete De Ministros y la Secretaria Legal Y Técnica de la Presidencia de la Nación han tomado la intervención que les compete, expidiéndose favorablemente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
Por ello, La Presidenta de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1º — Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, así como el correspondiente servicio publicitario creativo, arte y producción gráfica y audiovisual que realice la Administracion Publica Nacional, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, y los demás organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, cualquiera fuera su fuente de financiamiento, deberán realizarse o contratarse conforme a las disposiciones del presente decreto.
Art. 2º — Los organismos o entidades comprendidas en el artículo 1º del presente decreto deberán encomendar la realización de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación a la Secretaria de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que las efectivizará por intermedio de TelAm Sociedad del Estado.
Art. 3º — La contratación de bienes y servicios tendiente a la realización de las campañas a las que alude el presente decreto se deberán adjudicar respetando los principios generales de publicidad y concurrencia y atendiendo a criterios específicos tales como la capacidad creativa, artística o técnica, la habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo y la regularidad, antigüedad de publicación y tirada o capacidad de difusión del medio de comunicación respectivo, entre otros factores de similar naturaleza.
Art. 4º — Exceptúase únicamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de la aplicación del presente decreto.
No será de aplicación para la publicación de leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y actos administrativos, ni respecto de la difusión de los actos de gobierno siempre que se publiquen en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 5º — Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo normado por el presente decreto.
Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Fernandez de Kirchner. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.
Según el decreto 984/2009 “Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, así como el correspondiente servicio publicitario creativo, arte y producción gráfica y audiovisual que realice la Administración Pública Nacional, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, y los demás organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, cualquiera fuera su fuente de financiamiento, deberán encomendarse a la Secretaría de Medios por intermedio de TelAm SA”.
El decreto 984, publicado en el Boletín Oficial, lleva la firma de la Presidente, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
En sus considerandos, el decreto explica que "se estima adecuado centralizar la planificación, asistencia técnica, evaluación y coordinación de las actividades de publicidad y de comunicación de los organismos del Sector Público Nacional".
Propaganda Y Publicidad
Decreto 984/2009 Organismos del Sector Público Nacional. Contratación de bienes y servicios para la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación.
Bs. As., 27/7/2009
Visto el Decreto Nº 2507 del 5 de diciembre de 2002 y el Decreto Nº 152 del 5 de junio de 2003, y
Considerando: Que mediante el Decreto Nº 2507/02 se crea TelAm Sociedad Del Estado, en jurisdicción de la Secretaria de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación, y se aprobó su Estatuto Social, siendo posteriormente transferida a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el Decreto Nº 152/03.
Que el objetivo del presente es lograr el perfeccionamiento de la utilización de los recursos públicos tendientes a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados.
Que, mediante los Decretos Nros. 2219 del 6 de julio de 1971 y 56 del 10 de enero de 1975, se estableció para la totalidad de los órganos estatales integrantes de la Administración Central, la obligatoriedad de contratar su publicidad por intermedio de la agencia TelAm Sociedad Anónima y sus predecesoras.
Que al respecto, en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 993 del 30 de agosto de 1996 se dispuso que los organismos y entidades de la esfera del Poder Ejecutivo Nacional debían abstenerse de realizar propaganda y publicidad, canalizando cualquier iniciativa en tal sentido a través de la ex Secretaria de prensa y difusión de la Presidencia de la Nación.
Que, en tal aspecto, se estima adecuado centralizar la planificación, asistencia técnica, evaluación y coordinación de las actividades de publicidad y de comunicación de los organismos del Sector Público Nacional.
Que, el proceso publicitario se compone de diversas etapas que van desde el nacimiento de la idea intelectual sobre la que va a tratar la campaña publicitaria y el diseño de la campaña, hasta la instrumentación de la idea publicitaria básica a través de los medios de comunicación necesarios para tal fin y en todas dichas etapas participan profesionales y empresas que aportan su arte o técnica para la concreción de la idea publicitaria original.
Que, por lo antedicho, la contratación de bienes y servicios para la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación requiere el cumplimiento de ciertas condiciones generales propias, relativas a las características específicas del mercado.
Que en tal aspecto, la contratación de bienes y servicios con el fin precedentemente indicado se basa en criterios tales como la capacidad creativa, artística o técnica, la habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo y la regularidad, antigüedad de publicación, tirada o capacidad de difusión del medio de comunicación respectivo, entre otros factores de similar naturaleza.
Que el Servicio Jurídico de la Jurisdicción, la Secretaria de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete De Ministros y la Secretaria Legal Y Técnica de la Presidencia de la Nación han tomado la intervención que les compete, expidiéndose favorablemente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
Por ello, La Presidenta de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1º — Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, así como el correspondiente servicio publicitario creativo, arte y producción gráfica y audiovisual que realice la Administracion Publica Nacional, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, y los demás organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, cualquiera fuera su fuente de financiamiento, deberán realizarse o contratarse conforme a las disposiciones del presente decreto.
Art. 2º — Los organismos o entidades comprendidas en el artículo 1º del presente decreto deberán encomendar la realización de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación a la Secretaria de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que las efectivizará por intermedio de TelAm Sociedad del Estado.
Art. 3º — La contratación de bienes y servicios tendiente a la realización de las campañas a las que alude el presente decreto se deberán adjudicar respetando los principios generales de publicidad y concurrencia y atendiendo a criterios específicos tales como la capacidad creativa, artística o técnica, la habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo y la regularidad, antigüedad de publicación y tirada o capacidad de difusión del medio de comunicación respectivo, entre otros factores de similar naturaleza.
Art. 4º — Exceptúase únicamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de la aplicación del presente decreto.
No será de aplicación para la publicación de leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y actos administrativos, ni respecto de la difusión de los actos de gobierno siempre que se publiquen en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 5º — Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo normado por el presente decreto.
Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Fernandez de Kirchner. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Otras Señales
