Por culpa de los programadores, la TV es el medio más alejado del periodismo. No se puede supeditar la información al rating.
Por: Reynaldo Sietecase
La televisión es el medio de comunicación más alejado del periodismo. Para decirlo de otra manera, es el sitio donde resulta más difícil cumplir con la función básica del periodismo: contar lo que pasa y explicar por qué pasa. No es culpa de la televisión sino de quienes la hacen. La tele responde a dos premisas: entretener e informar. En la Argentina esos dos campos estaban perfectamente delimitados pero en la actualidad se mezclaron. La medición del rating minuto a minuto fue la piedra de toque de este proceso de descomposición de los contenidos periodísticos. Para los programadores todo lo que se emite, incluso las noticias, debe responder a los parámetros del espectáculo y por consiguiente “debe medir bien”. A los lectores les será sencillo identificar las excepciones.
El sábado pasado, el filósofo Tomás Abraham –invitado al programa TVR– terminó criticando con dureza un informe sobre el padre Grassi (sobre quien pesan graves acusaciones por abuso de menores). TVR es un programa que utiliza el humor crítico para revisar lo emitido por la tele durante la semana. En este caso, dentro del informe, incluyeron escenas de Policías en acción dónde unos agentes detenían en un parque a dos adultos que habían abusado de un niño.
Pude ver el programa original, la secuencia completa de Policías en acción es tremenda. Cuando los agentes se acercan al grupo, el niño llorando les dice que lo estaban tocando. Uno de los hombres, el padre del niño, se defiende diciendo que todo es un juego pero el chico insiste. Cuando los policías finalmente los detienen, el niño abusado reclama llorando que dejen a su papá, que no se lo lleven. Es desgarrador porque el drama del abuso sexual infantil se revela en toda su dimensión. La víctima clamando por su victimario y, el victimario, como ocurre en la mayoría de los casos de abuso, es un familiar o alguien cercano y querido. En una entrevista con La Nación.com, Abraham se extendió en su crítica: “Todas estas cosas no informan, no educan. Supongo que no hay mucha gente dentro de la sociedad que está a favor de la pedofilia o de la violación de menores, no se necesita que alguien con una cara compungida artificialmente le diga que está mal violar a un nene. Así que esas emisiones no tienen ninguna función ni educativa ni informativa. Y mientras tanto, eso no se debería mostrar”.
Tengo la mejor opinión sobre Diego Gvirtz y TVR, programa al que fui invitado en un par de oportunidades, pero la emisión de las imágenes, sin contextualizar el problema, fue un error grosero. Ahora bien, la polémica entre el filósofo y los conductores del programa debería abrir una discusión más amplia. En definitiva, TVR no es un periodístico puro. Cuestiones más serias ocurren en los noticieros y en los programas periodísticos.
En los canales de noticias es habitual musicalizar las informaciones policiales. La aparición de los cuerpos de los tres jóvenes dueños de droguerías fue presentada con música de suspenso en varios canales. No hay informe policial sin su “banda de sonido”. Los cronistas salen a la calle con la consigna de buscar en las declaraciones de las víctimas o sus familiares el detalle más escabroso. Si alguien llora en cámara mejor. La fascinación que genera la tele contribuye a que muchas personas, aun partidas por una tragedia, estén dispuestas a dar su testimonio.
Después de analizar en detalle la actitud de los medios sobre las ex rehenes Ingrid Betancourt y Clara Rojas, el escritor Tomás Eloy Martínez denunció “el acoso de un periodismo sin fronteras morales, que sigue esforzándose por convertir a las víctimas en piezas de un espectáculo que se presenta como información necesaria, pero cuya única función es saciar la curiosidad perversa de los consumidores de escándalo”. Martínez, citó al maestro de periodistas Ryszard Kapuscinski, quien en su libro Los cínicos no sirven para este oficio, señaló: “Con la revolución de la electrónica y de la comunicación, el mundo de los negocios descubre que la verdad no es importante, y que ni siquiera la lucha política es importante, sino que, en la información, lo que cuenta es el espectáculo. Y, una vez que hemos creado la información-espectáculo, podemos vender esta información en cualquier parte. Cuanto más espectacular es la información, tanto más dinero podemos ganar con ella”.
Bajo esos parámetros, en la tele nacional, los productores de programas periodísticos tienen la misma agenda que aquellos que producen programas de chimentos. Se invita a los políticos “que miden”, no a los que dicen cosas interesantes. Se mezclan figuras del espectáculo con dirigentes políticos. Se despliegan investigaciones complejas para agarrar “in fraganti” a personajes sin ninguna relevancia. En los informes se seleccionan las imágenes que despiertan mayor morbo. Los periodísticos serios siempre incluyen en sus sumarios algún tema que tenga que ver con el sexo. Así una denuncia sobre contaminación ambiental puede compartir la emisión con una discusión sobre el tamaño del pene. Se acortan los tiempos del debate con el argumento de que éstos son aburridos. La reflexión profunda está ausente.
Los periodistas que hacemos televisión nos debemos esta discusión. Tenemos la obligación ética de combatir esa dinámica que supedita la información al rating.
Las noticias no son un espectáculo.
Fuente: Crítica de la Argentina
jueves, 28 de agosto de 2008
Das Neves: "Ulloa puso dinero en los medios"
Denunció "operaciones" en Chubut
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, cuestionó en Trelew el supuesto desembarco del empresario kirchnerista Rudy Ulloa en esa provincia y lo culpó de "poner algún dinero" en medios que mantienen una "actitud patoteril" contra su administración.
Das Neves tildó de "personaje" a Ulloa, quien se "ha estado interiorizando sobre algunos medios" de Chubut. "Acá no se ataca a la prensa ni mucho menos", sostuvo.
El gobernador chubutense, ya lanzado a la carrera presidencial al 2011, cuestionó la información brindada por una radio de Trelew sobre el conflicto con los traumatólogos del hospital de esa ciudad. "No es cierto, como dijo esa radio, que hay paro hace una semana. Los sueldos ya se depositaron y no hay conflicto", dijo.
Las declaraciones marcan un punto de inflexión en la relación con el ex presidente Néstor Kirchner, de quien Das Neves se diferenció a partir del conflicto con el campo. Ulloa, un ultrakirchnerista propietario de medios como "El Periódico Austral", Canal 2 y productoras y radios en Santa Cruz, no es aún propietario de ningún medio en Chubut. Das Neves, sin embargo, lo acusó de "pagar" para brindar información errónea.
Rudy Ulloa Igor integra el selecto grupo con acceso directo no sólo a la quinta de Olivos, sino también a la mesa chica presidencial. Además integra el grupo denominado "los empresarios K". De ser cadete en el estudio de abogados de los Kirchner a mediados de los 90 pasó a construir su propio universo de medios en Santa Cruz. Con la llegada de su jefe político a la presidencia extendió sus dominios a otras zonas.
Ulloa conoce a Kirchner desde fines de los 70. Desde entonces es su hombre "multifunción", que ha funcionado como cadete, chofer y secretario privado. Con el pasar del tiempo no sólo se interesó por los medios: también ingresó en la política. Desde el Barrio Evita y el Centro Comunitario El Carmen creó un bastión del Frente para la Victoria santacruceño, con sede en la unidad básica Los Muchachos Peronistas.
Fuente: La Nación
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, cuestionó en Trelew el supuesto desembarco del empresario kirchnerista Rudy Ulloa en esa provincia y lo culpó de "poner algún dinero" en medios que mantienen una "actitud patoteril" contra su administración.
Das Neves tildó de "personaje" a Ulloa, quien se "ha estado interiorizando sobre algunos medios" de Chubut. "Acá no se ataca a la prensa ni mucho menos", sostuvo.
El gobernador chubutense, ya lanzado a la carrera presidencial al 2011, cuestionó la información brindada por una radio de Trelew sobre el conflicto con los traumatólogos del hospital de esa ciudad. "No es cierto, como dijo esa radio, que hay paro hace una semana. Los sueldos ya se depositaron y no hay conflicto", dijo.
Las declaraciones marcan un punto de inflexión en la relación con el ex presidente Néstor Kirchner, de quien Das Neves se diferenció a partir del conflicto con el campo. Ulloa, un ultrakirchnerista propietario de medios como "El Periódico Austral", Canal 2 y productoras y radios en Santa Cruz, no es aún propietario de ningún medio en Chubut. Das Neves, sin embargo, lo acusó de "pagar" para brindar información errónea.
Rudy Ulloa Igor integra el selecto grupo con acceso directo no sólo a la quinta de Olivos, sino también a la mesa chica presidencial. Además integra el grupo denominado "los empresarios K". De ser cadete en el estudio de abogados de los Kirchner a mediados de los 90 pasó a construir su propio universo de medios en Santa Cruz. Con la llegada de su jefe político a la presidencia extendió sus dominios a otras zonas.
Ulloa conoce a Kirchner desde fines de los 70. Desde entonces es su hombre "multifunción", que ha funcionado como cadete, chofer y secretario privado. Con el pasar del tiempo no sólo se interesó por los medios: también ingresó en la política. Desde el Barrio Evita y el Centro Comunitario El Carmen creó un bastión del Frente para la Victoria santacruceño, con sede en la unidad básica Los Muchachos Peronistas.
Fuente: La Nación
miércoles, 27 de agosto de 2008
Participación y comunicación
Para debatir sobre los temas de comunicación no es suficiente con la voluntad de hacerlo. Es necesario también desarrollar estrategias de información para que la ciudadanía cuente con los insumos necesarios para darle fundamento al diálogo colectivo. También para poder analizar cuáles son los aspectos vinculados con el derecho y con la participación ciudadana. Un aspecto específico es el relacionado con el mercado y el consumo de la música, que aquí comienza a plantearse.
Por: Washington Uranga
La decisión gubernamental de habilitar el debate sobre el proyecto de ley de radiodifusión puede dar por sentado que se trata de una cuestión que la ciudadanía conoce y de la que puede apropiarse fácilmente. No es así. El hecho de que el tema haya sido escatimado voluntariamente y durante mucho tiempo de la agenda pública, sumado a la complejidad que agrega la aceleración tecnológica del mundo info-comunicacional, ha convertido a la ciudadanía en poco menos que iletrada en la materia. De allí que sea necesario reinstalar cuestiones tales como si estamos hablando de una ley de radiodifusión en términos estrictos, o de una norma que contemple la complejidad actual de los servicios de comunicación, de los cuales la radiodifusión es apenas una parte. Y clarificar cómo se conecta todo esto con una perspectiva de derechos y de construcción de ciudadanía y cuáles son los efectos sobre la vida cotidiana. Paradójicamente, no hay información sobre la comunicación, sobre sus implicancias y consecuencias, sobre la importancia del fenómeno en el espacio público, en la toma de decisiones, en el poder. Gran parte de los actores que hoy se mueven en el escenario social y la mayoría de los ciudadanos tienen visiones sumamente fragmentadas, cuando no estereotipadas, de lo que la comunicación significa y su nivel de incidencia en los procesos de desarrollo integral. La pregunta, en consecuencia, es si estamos realmente en condiciones de debatir sobre la comunicación. O mejor dicho, si no es necesario un proceso de “alfabetización” ciudadana sobre la comunicación que ayude a comprender los alcances, las dimensiones y las implicancias de lo que se está planteando.
Lo anterior también para que podamos rescatar la comunicación desde una perspectiva que la entienda como un derecho humano fundamental y que todo no quede limitado al debate sobre la distribución del espectro radiotelevisivo o sobre el sistema de propiedad de los medios. No porque estos y otros aspectos no sean importantes en sí mismos, sino porque lo que se acuerde sobre la comunicación tiene que cimentarse en la complejidad económica, política, cultural y tecnológica que presenta el tema y abrirse, al mismo tiempo, a la participación de todos los actores posibles.
Ampliar el espacio de participación popular en la comunicación es también incluir dentro del diseño de una política de comunicación del Estado un adecuado incentivo a la producción artística y cultural de raíz nacional, multiplicar la fuentes y las redes de información temáticas y de raíz local, promover las radios y las televisoras comunitarias, formar y adiestrar en el uso de las tecnologías de comunicación, entre otros tantos temas que se podrían mencionar.
Sería importante tener en cuenta que los medios comunitarios y locales, por la cercanía con la problemática y la vida cotidiana de los ciudadanos, tienen la potencialidad de ser sustentos valederos de una red ciudadana, espacio de construcción política, ámbito de reafirmación de la identidad. El ejercicio comunicacional es una práctica ciudadana para la que es necesario capacitarse. Tarea esta a la que hay que dedicar esfuerzos y recursos, algo que sólo se puede impulsar y garantizar desde el Estado. La participación popular en la comunicación es parte de una decisión política de construir ciudadanía, y si se entiende de esta manera no debería estar al margen de una estrategia política de cualquier gobierno, actuando de manera coordinada con organizaciones sociales experimentadas en la materia. Todo esto sin dejar de contemplar las aristas, las complejidades y también los escollos que ello representa. Si no se llega a este punto, seguiremos discutiendo normas aisladas, que pueden ser buenas en sí mismas, pero que estarán muy lejos de aportar realmente a la construcción de una nueva ciudadanía y de garantizar el derecho a la comunicación.
Fuente: PáginaI12
Por: Washington Uranga
La decisión gubernamental de habilitar el debate sobre el proyecto de ley de radiodifusión puede dar por sentado que se trata de una cuestión que la ciudadanía conoce y de la que puede apropiarse fácilmente. No es así. El hecho de que el tema haya sido escatimado voluntariamente y durante mucho tiempo de la agenda pública, sumado a la complejidad que agrega la aceleración tecnológica del mundo info-comunicacional, ha convertido a la ciudadanía en poco menos que iletrada en la materia. De allí que sea necesario reinstalar cuestiones tales como si estamos hablando de una ley de radiodifusión en términos estrictos, o de una norma que contemple la complejidad actual de los servicios de comunicación, de los cuales la radiodifusión es apenas una parte. Y clarificar cómo se conecta todo esto con una perspectiva de derechos y de construcción de ciudadanía y cuáles son los efectos sobre la vida cotidiana. Paradójicamente, no hay información sobre la comunicación, sobre sus implicancias y consecuencias, sobre la importancia del fenómeno en el espacio público, en la toma de decisiones, en el poder. Gran parte de los actores que hoy se mueven en el escenario social y la mayoría de los ciudadanos tienen visiones sumamente fragmentadas, cuando no estereotipadas, de lo que la comunicación significa y su nivel de incidencia en los procesos de desarrollo integral. La pregunta, en consecuencia, es si estamos realmente en condiciones de debatir sobre la comunicación. O mejor dicho, si no es necesario un proceso de “alfabetización” ciudadana sobre la comunicación que ayude a comprender los alcances, las dimensiones y las implicancias de lo que se está planteando.
Lo anterior también para que podamos rescatar la comunicación desde una perspectiva que la entienda como un derecho humano fundamental y que todo no quede limitado al debate sobre la distribución del espectro radiotelevisivo o sobre el sistema de propiedad de los medios. No porque estos y otros aspectos no sean importantes en sí mismos, sino porque lo que se acuerde sobre la comunicación tiene que cimentarse en la complejidad económica, política, cultural y tecnológica que presenta el tema y abrirse, al mismo tiempo, a la participación de todos los actores posibles.
Ampliar el espacio de participación popular en la comunicación es también incluir dentro del diseño de una política de comunicación del Estado un adecuado incentivo a la producción artística y cultural de raíz nacional, multiplicar la fuentes y las redes de información temáticas y de raíz local, promover las radios y las televisoras comunitarias, formar y adiestrar en el uso de las tecnologías de comunicación, entre otros tantos temas que se podrían mencionar.
Sería importante tener en cuenta que los medios comunitarios y locales, por la cercanía con la problemática y la vida cotidiana de los ciudadanos, tienen la potencialidad de ser sustentos valederos de una red ciudadana, espacio de construcción política, ámbito de reafirmación de la identidad. El ejercicio comunicacional es una práctica ciudadana para la que es necesario capacitarse. Tarea esta a la que hay que dedicar esfuerzos y recursos, algo que sólo se puede impulsar y garantizar desde el Estado. La participación popular en la comunicación es parte de una decisión política de construir ciudadanía, y si se entiende de esta manera no debería estar al margen de una estrategia política de cualquier gobierno, actuando de manera coordinada con organizaciones sociales experimentadas en la materia. Todo esto sin dejar de contemplar las aristas, las complejidades y también los escollos que ello representa. Si no se llega a este punto, seguiremos discutiendo normas aisladas, que pueden ser buenas en sí mismas, pero que estarán muy lejos de aportar realmente a la construcción de una nueva ciudadanía y de garantizar el derecho a la comunicación.
Fuente: PáginaI12
Legalidad, resistencia y ética
Para debatir sobre los temas de comunicación no es suficiente con la voluntad de hacerlo. Es necesario también desarrollar estrategias de información para que la ciudadanía cuente con los insumos necesarios para darle fundamento al diálogo colectivo. También para poder analizar cuáles son los aspectos vinculados con el derecho y con la participación ciudadana. Un aspecto específico es el relacionado con el mercado y el consumo de la música, que aquí comienza a plantearse.
Por George Yúdice *
A pesar de los vaticinios de la muerte de la industria de la música, en los cuales yo mismo he incurrido en varias publicaciones, sería más exacto caracterizar el estado actual del fenómeno musical como una encrucijada, un período de incertidumbre en el que los contornos del futuro sistema de circulación musical todavía no se vislumbran. Los ingresos de la industria de la música vienen cayendo, a la vez que aquellos que la escuchan (melómanos, usuarios, consumidores o como se quiera llamarles) adquieren fonogramas por intercambio de archivos en Internet o en los puestos de top manta. La industria responde con represalias legales, pero aun así no logra frenar toda la actividad que tiene lugar fuera de su control. Por otra parte, los músicos mismos vienen escapándose de las estructuras ya evidentemente caducas de la industria fonográfica. McCartney, Prince, Radiohead, Nine Inch Nails, Madonna, Bowie y un sinnúmero de músicos menos conocidos internacionalmente han buscado nuevos modelos de mercado y de circulación musical. Asimismo, han surgido miles de sitios donde se pueden conseguir fonogramas o intervenir en la creación de música en remixes y mashups, aproximando el usuario al músico, efecto que muchos celebran por su empoderamiento democratizante y otros descalifican como empobrecimiento artístico.
Aunque podría pensarse que las eventualidades empoderadora o empobrecedora son igualmente probables en este momento de flujo –o de liquidez al decir de Bauman–, la verdad es que no se dan en igualdad de condiciones. Si bien las diversas nuevas tecnologías de intercambio de archivos desafían a la industria en varios aspectos, ésta continúa teniendo el respaldo de la ley y de las fuerzas policiales. Podría decirse que se están perfilando nuevas políticas en torno de la ética del intercambio de archivos. Hace décadas nadie habría sido procesado por intercambiar LPs con sus amigos e inclusive con desconocidos en clubes y lugares de encuentro, como se hace en la economía del trueque. Hoy, más allá de la criminalización de canjeadores que lleva a cabo la industria fonográfica, una miríada de organizaciones y de individuos está buscando el término medio entre el derecho de los creadores a recibir una compensación por su trabajo y el derecho de la sociedad a bienes comunes o al patrimonio de la humanidad. Las primeras concesiones de derecho de autor y de copyright limitaron el monopolio de reproducción a 28 años, después de los cuales la obra entraba al dominio público. Además, se protegió a los consumidores prohibiendo que los editores controlaran el uso de obras después de su publicación. En los EE.UU. se limitó el copyright a 14 años, renovable por otros 14, período que se duplicó en 1909. Pero desde 1962 viene aumentando hasta alcanzar 95 años en 1998. Como explica Lessig en su libro Cultural libre (2005), no hay justificación constitucional para esa extensión, la cual refleja la tentativa de las empresas de establecer un monopolio sobre las obras que deberían entrar en el dominio público, aumentando así las ganancias.
La gran novedad en la actualidad es la creciente politización de ciudadanos de todos los países que se oponen a este empequeñecimiento del dominio público y más aún al resultado de las estrategias de blockbuster y marketing empleadas por los grandes sellos para reducir el riesgo de fracaso en el mercado. Ese resultado es la casi eliminación en la radio y la televisión de las obras producidas por pequeñas y medianas empresas y, por tanto, la mayor dificultad de sostener la diversidad musical en el mercado. Es justo por esta razón (apoyar el acceso a la diversidad de obras, sobre todo de regiones que no pueden competir en el mercado internacional) y por el deseo de los artistas, aun los más reconocidos, de ganar mayor control de la circulación de música y de las ganancias, que la industria fonográfica tendrá que cambiar, si quiere sobrevivir.
Podría decirse que las políticas de negocio de los grandes sellos han generado un gran movimiento social en torno de la propiedad intelectual, tema que hace un par de décadas no provocaba el interés de nadie. Pero más allá de los partidos y los movimientos sociales más o menos organizados, hay una marea de resistencia a obedecer las leyes que las mayorías creen injustas. En EE.UU., donde se supone hay el mayor seguimiento a las leyes, la mayoría de los estudiantes en todos los niveles consigue su música mediante el intercambio de archivos en Internet. Y ni hablar de los jóvenes en países en desarrollo.
Más que el precio, lo que se busca es ampliar la oferta, por una parte, y asegurar que el intercambio de música siga siendo uno de los fundamentos de la socialización o social networking. Para verificar la enorme diversidad de música, vinculada con la identidad de los internautas, basta entrar en los sitios de socialización como My Space o ver los videos que se suben a YouTube. Algunos críticos descartan este vínculo entre identidad individual o grupal y repertorios de música reduciéndolo a un mero consumo acrítico. Pero en los sitios de socialización hay debates en torno de la música desde una miríada de criterios, desde los tecnológicos a los estéticos. Lo que constatamos, pues, es una nueva alfabetización musical que enriquecerá la actividad creativa de los usuarios. Esta no es una revolución política ni una liberación social, pero sí es un reclamo al derecho a la creatividad.
* Profesor de la Universidad de Miami (la nota fue publicada originalmente en La Vanguardia, Barcelona).
Fuente: PáginaI12
Por George Yúdice *
A pesar de los vaticinios de la muerte de la industria de la música, en los cuales yo mismo he incurrido en varias publicaciones, sería más exacto caracterizar el estado actual del fenómeno musical como una encrucijada, un período de incertidumbre en el que los contornos del futuro sistema de circulación musical todavía no se vislumbran. Los ingresos de la industria de la música vienen cayendo, a la vez que aquellos que la escuchan (melómanos, usuarios, consumidores o como se quiera llamarles) adquieren fonogramas por intercambio de archivos en Internet o en los puestos de top manta. La industria responde con represalias legales, pero aun así no logra frenar toda la actividad que tiene lugar fuera de su control. Por otra parte, los músicos mismos vienen escapándose de las estructuras ya evidentemente caducas de la industria fonográfica. McCartney, Prince, Radiohead, Nine Inch Nails, Madonna, Bowie y un sinnúmero de músicos menos conocidos internacionalmente han buscado nuevos modelos de mercado y de circulación musical. Asimismo, han surgido miles de sitios donde se pueden conseguir fonogramas o intervenir en la creación de música en remixes y mashups, aproximando el usuario al músico, efecto que muchos celebran por su empoderamiento democratizante y otros descalifican como empobrecimiento artístico.
Aunque podría pensarse que las eventualidades empoderadora o empobrecedora son igualmente probables en este momento de flujo –o de liquidez al decir de Bauman–, la verdad es que no se dan en igualdad de condiciones. Si bien las diversas nuevas tecnologías de intercambio de archivos desafían a la industria en varios aspectos, ésta continúa teniendo el respaldo de la ley y de las fuerzas policiales. Podría decirse que se están perfilando nuevas políticas en torno de la ética del intercambio de archivos. Hace décadas nadie habría sido procesado por intercambiar LPs con sus amigos e inclusive con desconocidos en clubes y lugares de encuentro, como se hace en la economía del trueque. Hoy, más allá de la criminalización de canjeadores que lleva a cabo la industria fonográfica, una miríada de organizaciones y de individuos está buscando el término medio entre el derecho de los creadores a recibir una compensación por su trabajo y el derecho de la sociedad a bienes comunes o al patrimonio de la humanidad. Las primeras concesiones de derecho de autor y de copyright limitaron el monopolio de reproducción a 28 años, después de los cuales la obra entraba al dominio público. Además, se protegió a los consumidores prohibiendo que los editores controlaran el uso de obras después de su publicación. En los EE.UU. se limitó el copyright a 14 años, renovable por otros 14, período que se duplicó en 1909. Pero desde 1962 viene aumentando hasta alcanzar 95 años en 1998. Como explica Lessig en su libro Cultural libre (2005), no hay justificación constitucional para esa extensión, la cual refleja la tentativa de las empresas de establecer un monopolio sobre las obras que deberían entrar en el dominio público, aumentando así las ganancias.
La gran novedad en la actualidad es la creciente politización de ciudadanos de todos los países que se oponen a este empequeñecimiento del dominio público y más aún al resultado de las estrategias de blockbuster y marketing empleadas por los grandes sellos para reducir el riesgo de fracaso en el mercado. Ese resultado es la casi eliminación en la radio y la televisión de las obras producidas por pequeñas y medianas empresas y, por tanto, la mayor dificultad de sostener la diversidad musical en el mercado. Es justo por esta razón (apoyar el acceso a la diversidad de obras, sobre todo de regiones que no pueden competir en el mercado internacional) y por el deseo de los artistas, aun los más reconocidos, de ganar mayor control de la circulación de música y de las ganancias, que la industria fonográfica tendrá que cambiar, si quiere sobrevivir.
Podría decirse que las políticas de negocio de los grandes sellos han generado un gran movimiento social en torno de la propiedad intelectual, tema que hace un par de décadas no provocaba el interés de nadie. Pero más allá de los partidos y los movimientos sociales más o menos organizados, hay una marea de resistencia a obedecer las leyes que las mayorías creen injustas. En EE.UU., donde se supone hay el mayor seguimiento a las leyes, la mayoría de los estudiantes en todos los niveles consigue su música mediante el intercambio de archivos en Internet. Y ni hablar de los jóvenes en países en desarrollo.
Más que el precio, lo que se busca es ampliar la oferta, por una parte, y asegurar que el intercambio de música siga siendo uno de los fundamentos de la socialización o social networking. Para verificar la enorme diversidad de música, vinculada con la identidad de los internautas, basta entrar en los sitios de socialización como My Space o ver los videos que se suben a YouTube. Algunos críticos descartan este vínculo entre identidad individual o grupal y repertorios de música reduciéndolo a un mero consumo acrítico. Pero en los sitios de socialización hay debates en torno de la música desde una miríada de criterios, desde los tecnológicos a los estéticos. Lo que constatamos, pues, es una nueva alfabetización musical que enriquecerá la actividad creativa de los usuarios. Esta no es una revolución política ni una liberación social, pero sí es un reclamo al derecho a la creatividad.
* Profesor de la Universidad de Miami (la nota fue publicada originalmente en La Vanguardia, Barcelona).
Fuente: PáginaI12
Un proyecto que elude lo esencial
Poco después de iniciado el conflicto con el campo el Gobierno adoptó una serie de medidas y realizó anuncios que poco o nada tenían que ver con aquel problema, pero que trataban de distraer la atención pública sobre la naturaleza de la crisis en ciernes. Una de ellas fue la que un vocero oficial calificó como “madre de todas las batallas”. Se refería a una nueva Ley de Radiodifusión, en sustitución de la vigente sancionada durante la última dictadura pero ampliamente reformada, si bien no figuran en ella las innovaciones técnicas.
De inmediato, se produjo una serie de consultas auspiciadas por el Gobierno, que no tuvieron en cuenta los consensos alcanzados en el Pacto de San José de Costa Rica ni en la Declaración de Chapultepec, donde sostuvo: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
Tampoco puede eludirse lo consensuado por las relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA en 2001, en las que se declara como objetivo principal de la reglamentación de la radiodifusión, la promoción de la diversidad y de la igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a todas las ondas de ese medio de comunicación.
Un análisis y un debate de tal naturaleza pueden ser promovidos por el Poder Ejecutivo, pero la construcción de los consensos requeridos no debe tener otro escenario que el Congreso, cuyas comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión son el ámbito adecuado para escuchar a todos los protagonistas: organizaciones periodísticas y gremiales relacionadas, y sectores académicos y sectoriales. Sin embargo, recientemente y en sesión de tablas sin que se produjera diálogo interbloques, el oficialismo de la Cámara de Diputados declaró de interés los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación.
De inmediato, la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, diputada Silvana Giudici, advirtió que se pretendía aprobar la Ley de Radiodifusión sin pasar por dicha comisión, y agregó que al eludirla “el Gobierno quiere dilatar el tratamiento de temas más profundos, como el de la publicidad oficial y el acceso a la información”.
En primer término, la ausencia de una ley que regule la publicidad oficial ha provocado un nivel de discrecionalidad que permite favorecer o sancionar virtualmente a los medios de prensa mediante pautas a través de la Secretaría de Medios o por medio de circuitos no esclarecidos de la agencia oficial TelAm.
Un derecho inalienable que debe preceder a cualquier otro propósito como la nueva Ley de Radiodifusión -evidentemente necesaria para incorporar las nuevas tecnologías- es el de acceso a la información pública, trabado desde hace años por la mayoría oficialista parlamentaria, de tal forma que el poder estatal oculta sus manejos administrativos.
En esta trilogía, la futura Ley de Radiodifusión de poco ha de servir a objetivos democráticos, si no es precedida por el control de la publicidad oficial evitando a la vez fines proselitistas, y haciendo transparente la administración del Estado ante los contribuyentes y la ciudadanía.
El ocultamiento y las ausencias que han precedido al proyecto oficial no avalan ciertamente la promesa del interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, quien aseveró: “va a haber reglas clara por vez primera”.
Fuente: Diario La Gaceta
De inmediato, se produjo una serie de consultas auspiciadas por el Gobierno, que no tuvieron en cuenta los consensos alcanzados en el Pacto de San José de Costa Rica ni en la Declaración de Chapultepec, donde sostuvo: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
Tampoco puede eludirse lo consensuado por las relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA en 2001, en las que se declara como objetivo principal de la reglamentación de la radiodifusión, la promoción de la diversidad y de la igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a todas las ondas de ese medio de comunicación.
Un análisis y un debate de tal naturaleza pueden ser promovidos por el Poder Ejecutivo, pero la construcción de los consensos requeridos no debe tener otro escenario que el Congreso, cuyas comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión son el ámbito adecuado para escuchar a todos los protagonistas: organizaciones periodísticas y gremiales relacionadas, y sectores académicos y sectoriales. Sin embargo, recientemente y en sesión de tablas sin que se produjera diálogo interbloques, el oficialismo de la Cámara de Diputados declaró de interés los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación.
De inmediato, la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, diputada Silvana Giudici, advirtió que se pretendía aprobar la Ley de Radiodifusión sin pasar por dicha comisión, y agregó que al eludirla “el Gobierno quiere dilatar el tratamiento de temas más profundos, como el de la publicidad oficial y el acceso a la información”.
En primer término, la ausencia de una ley que regule la publicidad oficial ha provocado un nivel de discrecionalidad que permite favorecer o sancionar virtualmente a los medios de prensa mediante pautas a través de la Secretaría de Medios o por medio de circuitos no esclarecidos de la agencia oficial TelAm.
Un derecho inalienable que debe preceder a cualquier otro propósito como la nueva Ley de Radiodifusión -evidentemente necesaria para incorporar las nuevas tecnologías- es el de acceso a la información pública, trabado desde hace años por la mayoría oficialista parlamentaria, de tal forma que el poder estatal oculta sus manejos administrativos.
En esta trilogía, la futura Ley de Radiodifusión de poco ha de servir a objetivos democráticos, si no es precedida por el control de la publicidad oficial evitando a la vez fines proselitistas, y haciendo transparente la administración del Estado ante los contribuyentes y la ciudadanía.
El ocultamiento y las ausencias que han precedido al proyecto oficial no avalan ciertamente la promesa del interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, quien aseveró: “va a haber reglas clara por vez primera”.
Fuente: Diario La Gaceta
Será obligatorio el subtitulado en la televisión abierta
El Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) estableció la obligatoriedad para los canales de televisión abierta de brindar el Sistema de Subtítulos Opcionales (Closed Caption System) en el total de su programación.
Según un comunicado del organismo, su titular, Gabriel Mariotto, firmó la resolución que “deja en claro la intención y la voluntad de esta gestión por hacer efectivas la inclusión y la igualdad de posibilidades para todos”. “La integración de las personas con capacidades diferentes es responsabilidad del Estado, y es deber de la sociedad toda”, señaló el ComFeR. La medida, según se indica desde el organismo, persigue que “aquellas personas con discapacidad auditiva, tengan libre acceso a la información y a la libertad de expresión y opinión, garantizándoles el subtitulado en idioma nacional de las transmisiones televisivas".
En otro párrafo, el comunicado indicó que “las entidades privadas que prestan servicios de radiodifusión no están exentas de esta tarea. Es por esto que deben adoptar las medidas necesarias para que, en este caso aquellos con discapacidad auditiva, tengan libre acceso a la información y a la libertad de expresión y opinión, garantizándoles el subtitulado en idioma nacional de las transmisiones televisivas con el sistema de texto escondido, conocido como Closed Caption (CC)”, añadieron en el ComFeR.
Mediante el Closed Caption se traduce el contenido de un programa a texto, incluyendo información sobre las expresiones, el contexto, estados de ánimo y música, añade la información.
Desde 1999 todos los televisores vienen con esta funcionalidad técnica, que ayuda a las personas sordas e hipoacúsicas a tener libre acceso a la información.
Según señalaron fuentes oficiales hoy será publicada la resolución en el Boletín Oficial. El régimen establece un período de instrumentación de 90 días para los programas grabados.
Fuente: TelAm
Según un comunicado del organismo, su titular, Gabriel Mariotto, firmó la resolución que “deja en claro la intención y la voluntad de esta gestión por hacer efectivas la inclusión y la igualdad de posibilidades para todos”. “La integración de las personas con capacidades diferentes es responsabilidad del Estado, y es deber de la sociedad toda”, señaló el ComFeR. La medida, según se indica desde el organismo, persigue que “aquellas personas con discapacidad auditiva, tengan libre acceso a la información y a la libertad de expresión y opinión, garantizándoles el subtitulado en idioma nacional de las transmisiones televisivas".
En otro párrafo, el comunicado indicó que “las entidades privadas que prestan servicios de radiodifusión no están exentas de esta tarea. Es por esto que deben adoptar las medidas necesarias para que, en este caso aquellos con discapacidad auditiva, tengan libre acceso a la información y a la libertad de expresión y opinión, garantizándoles el subtitulado en idioma nacional de las transmisiones televisivas con el sistema de texto escondido, conocido como Closed Caption (CC)”, añadieron en el ComFeR.
Mediante el Closed Caption se traduce el contenido de un programa a texto, incluyendo información sobre las expresiones, el contexto, estados de ánimo y música, añade la información.
Desde 1999 todos los televisores vienen con esta funcionalidad técnica, que ayuda a las personas sordas e hipoacúsicas a tener libre acceso a la información.
Según señalaron fuentes oficiales hoy será publicada la resolución en el Boletín Oficial. El régimen establece un período de instrumentación de 90 días para los programas grabados.
Fuente: TelAm
martes, 26 de agosto de 2008
TV digital: intenta Brasil imponer su norma en el país
El silencio en materia de televisión digital que regía desde fines de 2006 se rompió, parcialmente, a fines de la semana pasada, cuando trascendió que el gobierno de Cristina de Kirchner estudia la posibilidad de adoptar la norma japonesabrasileña de TV digital. El portal electrónico Enciclomedios aseguró que el ministro de Planificación Julio De Vido se reunió en Brasilia, fuera de agenda, con el presidente Lula da Silva, para discutir esa posibilidad, nunca contemplada hasta ahora. La norma japonesa-brasileña de televisión digital es la ISDB-T, y rige en Brasil desde hace dos años.
Aunque oficialmente la Argentina nunca comunicó que, tras sus rondas de evaluación de fines de 2006 se hubiese decidido por la norma europea DVB, varios funcionarios, y hasta algunos técnicos del ComFeR con los que dialogó este diario durante la gestión de Julio Bárbaro, admitían que esto era así. Sin embargo, el actual interventor Gabriel Mariotto, que ayer viajó a San Pablo para participar en un foro de televisión digital (lo que continuó alimentando la versión del acercamiento entre ambos países en cuanto a la futura norma), desmintió ayer aquella decisión. «Este Gobierno nunca dijo que se esté más cerca de ninguna norma para la TV digital» dijo ayer a este diario minutos antes de embarcar. «Estamos analizando las tres, la europea, la norteamericana y la japonesa. Justamente, estamos viajando al Foro de San Pablo con Ceferino Namuncurá, interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, donde participaremos de distintos comisiones para que se nos explique mejor las ventajas y desventajas de las distintas normas».
Pese a que la Argentina, al igual que la mayor parte de América latina, no estará en condiciones de transmitir televisión digital terrestre hasta dentro de una década (en los EE.UU. el llamado «apagón analógico» se producirá el 18 de febrero próximo, y Europa lo hará un año más tarde), Mariotto aseguró que «entramos en etapa de definiciones».
Sin embargo, la falta de una nueva Ley de Radiodifusión, que deberá contemplar el crucial tema de la televisión digital -sobre la que existe un enorme vacío legal-, es otro de los impedimentosque frenan al país para decidirse sobre la norma según la cual se regirá la nueva tecnología; de hecho, pese a que el interventor del ComFeR en los años de la Alianza, Enoch Aguiar, le restó validez legal al acuerdo que firmó Germán Kammerath, durante el gobierno de Carlos Menem con los EE.UU., según el cual la Argentina adoptaba la norma norteamericana ATSC, éste continúa vigente.
Acerca de la ley, dijo ayer Mariotto: «Se va a instalar en breve una campaña muy fuerte de información sobre la nueva Ley de Radiodifusión antes de que llegue al Congreso, al igual que se hizo con la Ley de Educación Superior». Pese a ello, en el borrador del actual proyecto de Ley de Radiodifusión se toca muy tangencialmente el tema de la televisión digital.
Brasil adoptó el sistema ISDB-T más allá de cualquier seducción por la técnica: la razón que llevó a ese país a decidirse por esa norma se funda principalmente en los sólidos acuerdos de cooperación económica que tiene con el Japón. Por caso, hubo fuertes inversiones asiáticas que llevaron a Brasil a generar muchos puestos de trabajo y liderar la región en la fabricación de set top boxes, es decir, de cajas conversoras que permitirán recibir TV digital en receptores convencionales. Desde luego, no es el caso de la Argentina.
Además, Brasil generó una norma que ni siquiera es la japonesa tal cual, sino que está inspirada en ella. Es un sistema que prioriza la Alta Definición (HD) y que, por ser así único en el mundo, aseguran algunos técnicos que tiene los set-top-box más caros del mercado. Brasil generó una norma que consiste en transmitir en MPEG-4 (más flexible), cuando Japón lo hace con MPEG-2.
Consultado sobre el tema, Jorge Rivero, presidente del Consejo de la Televisión Digital (DTV Council, la primera asociación argentina dedicada a asesorar sobre este tipo de tecnología), señaló ayer a este diario: «Las tres normas proveen alta definición, pero aquí lo que importa es otro tema: no se pueden regalar los 6 Mhz. de ancho de banda necesarios para trasmitir 1 canal de HD (en el que hoy se transmite 1 canal analógico), cuando se podrían aprovechar para transmitir 4 canales de SD (definición standard), diversificando la oferta de información y multiplicando la producción de contenidos y contribuyendo a la eliminación de los monopolios informativos».
Periodista: ¿La norma japonesa no es más conveniente para la transmisión en alta definición?
Jorge Rivero: Seamos realistas. En primer lugar, nuestro país no tiene posibilidades de llevar monitores HD a sus 10 millones de hogares en un plazo que justifique adoptar un servicio de Alta Definición. Solo 11% de la población integra el nivel socioeconómico ABC1, que es el que podría afrontarla. Además, y esto es muy importante, sería beneficioso adoptarla si el país tuviera espectro libre para poder licitar frecuencias a nuevos operadores. Tampoco Brasil logró desbaratar sus monopolios informativos y quedó a merced de los grupos multimedios. Les aseguraron, otorgándoles los 6 Mhz. a cada uno, que no entraba más nadie. En la Argentina tenemos un problema mucho más serio en materia de concentración de medios. Padecemos un monopolio informativo, el mismo que logró la adopción del ATSC en 1998
P.: ¿Pero hay una norma ideal? Su ONG suele inclinarse por la europea.
J.R.: Mire, a mí no me importa si es la europea o la japonesa (la norteamericana está fuera de discusión por lo obsoleto). Lo importante es decidirse por una norma que permita agrupar a los actuales licenciatarios en un mismo multiplex en 6 Mhz, y licitar otros multiplex gratuitos y de pago con otros operadores. Hay que favorecer la competencia y dejar la HD para que la impulsen los cables y el satélite, y sólo volver a ocuparse de ella, por aire, cuando haya una base de mercado que lo justifique. Pero jamás habría que darles 6 Mhz a cada operador actual. Y «Canal 7» debería ser el carrier nacional para tener una red de TV pública poderosamente financiada. Si la presidente regala los 6 Mhz a cada licenciatario sería imperdonable. Tiene la oportunidad histórica, a partir de la tecnología, de frenar los monopolios informativos.
Fuente: Ámbito Financiero
Aunque oficialmente la Argentina nunca comunicó que, tras sus rondas de evaluación de fines de 2006 se hubiese decidido por la norma europea DVB, varios funcionarios, y hasta algunos técnicos del ComFeR con los que dialogó este diario durante la gestión de Julio Bárbaro, admitían que esto era así. Sin embargo, el actual interventor Gabriel Mariotto, que ayer viajó a San Pablo para participar en un foro de televisión digital (lo que continuó alimentando la versión del acercamiento entre ambos países en cuanto a la futura norma), desmintió ayer aquella decisión. «Este Gobierno nunca dijo que se esté más cerca de ninguna norma para la TV digital» dijo ayer a este diario minutos antes de embarcar. «Estamos analizando las tres, la europea, la norteamericana y la japonesa. Justamente, estamos viajando al Foro de San Pablo con Ceferino Namuncurá, interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, donde participaremos de distintos comisiones para que se nos explique mejor las ventajas y desventajas de las distintas normas».
Pese a que la Argentina, al igual que la mayor parte de América latina, no estará en condiciones de transmitir televisión digital terrestre hasta dentro de una década (en los EE.UU. el llamado «apagón analógico» se producirá el 18 de febrero próximo, y Europa lo hará un año más tarde), Mariotto aseguró que «entramos en etapa de definiciones».
Sin embargo, la falta de una nueva Ley de Radiodifusión, que deberá contemplar el crucial tema de la televisión digital -sobre la que existe un enorme vacío legal-, es otro de los impedimentosque frenan al país para decidirse sobre la norma según la cual se regirá la nueva tecnología; de hecho, pese a que el interventor del ComFeR en los años de la Alianza, Enoch Aguiar, le restó validez legal al acuerdo que firmó Germán Kammerath, durante el gobierno de Carlos Menem con los EE.UU., según el cual la Argentina adoptaba la norma norteamericana ATSC, éste continúa vigente.
Acerca de la ley, dijo ayer Mariotto: «Se va a instalar en breve una campaña muy fuerte de información sobre la nueva Ley de Radiodifusión antes de que llegue al Congreso, al igual que se hizo con la Ley de Educación Superior». Pese a ello, en el borrador del actual proyecto de Ley de Radiodifusión se toca muy tangencialmente el tema de la televisión digital.
Brasil adoptó el sistema ISDB-T más allá de cualquier seducción por la técnica: la razón que llevó a ese país a decidirse por esa norma se funda principalmente en los sólidos acuerdos de cooperación económica que tiene con el Japón. Por caso, hubo fuertes inversiones asiáticas que llevaron a Brasil a generar muchos puestos de trabajo y liderar la región en la fabricación de set top boxes, es decir, de cajas conversoras que permitirán recibir TV digital en receptores convencionales. Desde luego, no es el caso de la Argentina.
Además, Brasil generó una norma que ni siquiera es la japonesa tal cual, sino que está inspirada en ella. Es un sistema que prioriza la Alta Definición (HD) y que, por ser así único en el mundo, aseguran algunos técnicos que tiene los set-top-box más caros del mercado. Brasil generó una norma que consiste en transmitir en MPEG-4 (más flexible), cuando Japón lo hace con MPEG-2.
Consultado sobre el tema, Jorge Rivero, presidente del Consejo de la Televisión Digital (DTV Council, la primera asociación argentina dedicada a asesorar sobre este tipo de tecnología), señaló ayer a este diario: «Las tres normas proveen alta definición, pero aquí lo que importa es otro tema: no se pueden regalar los 6 Mhz. de ancho de banda necesarios para trasmitir 1 canal de HD (en el que hoy se transmite 1 canal analógico), cuando se podrían aprovechar para transmitir 4 canales de SD (definición standard), diversificando la oferta de información y multiplicando la producción de contenidos y contribuyendo a la eliminación de los monopolios informativos».
Periodista: ¿La norma japonesa no es más conveniente para la transmisión en alta definición?
Jorge Rivero: Seamos realistas. En primer lugar, nuestro país no tiene posibilidades de llevar monitores HD a sus 10 millones de hogares en un plazo que justifique adoptar un servicio de Alta Definición. Solo 11% de la población integra el nivel socioeconómico ABC1, que es el que podría afrontarla. Además, y esto es muy importante, sería beneficioso adoptarla si el país tuviera espectro libre para poder licitar frecuencias a nuevos operadores. Tampoco Brasil logró desbaratar sus monopolios informativos y quedó a merced de los grupos multimedios. Les aseguraron, otorgándoles los 6 Mhz. a cada uno, que no entraba más nadie. En la Argentina tenemos un problema mucho más serio en materia de concentración de medios. Padecemos un monopolio informativo, el mismo que logró la adopción del ATSC en 1998
P.: ¿Pero hay una norma ideal? Su ONG suele inclinarse por la europea.
J.R.: Mire, a mí no me importa si es la europea o la japonesa (la norteamericana está fuera de discusión por lo obsoleto). Lo importante es decidirse por una norma que permita agrupar a los actuales licenciatarios en un mismo multiplex en 6 Mhz, y licitar otros multiplex gratuitos y de pago con otros operadores. Hay que favorecer la competencia y dejar la HD para que la impulsen los cables y el satélite, y sólo volver a ocuparse de ella, por aire, cuando haya una base de mercado que lo justifique. Pero jamás habría que darles 6 Mhz a cada operador actual. Y «Canal 7» debería ser el carrier nacional para tener una red de TV pública poderosamente financiada. Si la presidente regala los 6 Mhz a cada licenciatario sería imperdonable. Tiene la oportunidad histórica, a partir de la tecnología, de frenar los monopolios informativos.
Fuente: Ámbito Financiero
¿Los medios pueden ser mediadores de lectura?*
A cargo de Cecilia Bettoli **
- La lectura, una cuestión de todos. Su abordaje en los medios. Herramientas. Perspectivas.
- El derecho a la lectura.
Lugar: Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular. Virasoro 5606 (alt. Godoy 5600, te llevan el 35/9 y el 122 Rojo). Rosario.
** Integrante del CEDILIJ (Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil). EL CEDILIJ es una organización civil sin fines de lucro fundada en 1983. Trabaja en proyectos y programas vinculados con la difusión del libro de calidad; promoción de la lectura y las bibliotecas; capacitación y asesoramiento a profesionales e instituciones; investigación y acciones de extensión a la comunidad. Premio IBBY-Asahi 2002 al Programa de Promoción de la Lectura "Por el derecho a leer". Premio Vivalectura 2008 por "El Puesto de los Libros"
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