martes, 26 de julio de 2022

Periodista guatemalteca agradece solidaridad tras su expulsión de Nicaragua

Irma Alicia Velásquez aseguró sentirse "en un limbo" porque las autoridades de Migración de Nicaragua no registraron su ingreso al país
La periodista y antropóloga guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuj agradeció las muestras de "solidaridad" luego de ser retenida y expulsada de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cuando se dirigía a Nicaragua por compromisos académicos. Velásquez también fue despojada de sus equipos.

Mediante una entrevista a elPeriódico de Guatemala, la periodista que además es columnista de ese medio desde el 2003, relató que se dirigía a Managua "a una reunión y al bajar del avión me detuvieron y me quitaron todo. Solo pude quedarme con el teléfono. Un agente del régimen me detuvo y me quitó todo".

En cuanto a su situación aseguró sentirse "en un limbo porque Migración no ha registrado mi ingreso. Es como que no entré", lamentó la periodista que a su vez agradeció "profundamente el cariño y toda la preocupación externada hacia mi persona", luego de denunciar vía correo electrónico su situación dentro de Nicaragua.

Velásquez logró informar de lo ocurrido al historiador nicaragüense Horacio Cabezas a través de un correo electrónico que pudo enviar minutos después de su retención. "Vine a Managua a una reunión y al bajar del avión me detuvieron y me quitaron todo. Solo pude quedarme con el teléfono. Un agente del régimen me detuvo y me quitó todo", señaló la periodista.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala detalló que Velásquez fue trasladada a Panamá tras ser detenida y expulsada por las autoridades de Migración en Nicaragua. Velásquez es licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala. También, estudió un máster en Antropología Social y obtuvo un doctorado como antropóloga en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), periodistas y organizaciones nicaragüenses de oposición denunciaron la detención de la antropóloga.

"La Relatoría Especial por la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recibieron información sobre la detención por parte de autoridades nicaragüenses de la columnista y antropóloga guatemalteca. Ambas oficinas aprovechan para reiterar su llamado a las autoridades a cesar las detenciones arbitrarias y el hostigamiento contra personas que participan activamente de la vida pública", destacó la mañana, del 25 de julio, la oficina de Michelle Bachelet.

La especialidad de Velásquez coincide con la demanda de la Asociación Madres de Abril (AMA), quienes exigen "memoria, verdad y justicia" para decenas de jóvenes que murieron en los ataques del Gobierno protestas antigubernamentales en 2018, cuyos responsables fueron beneficiados con una controvertida Ley de Amnistía en 2019.

Desde 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó al menos 355 muertos en su primer año, de los cuales Ortega ha admitido 200.

La CIDH también ha informado que actualmente hay más de 190 presos políticos convictos en las cárceles de Nicaragua.

Recientemente, el régimen prohibió la entrada al país de la periodista Tifany Roberts, quien labora para la cadena Univisión. El argumento de las autoridades migratorias fue que la prueba PCR para la detección de la Covid-19 no había sido aceptada, situación que fue denunciada por la comunicadora, quien dijo que venía a visitar a su familia.
Fuentes: Artículo 66, Agencia EFE

lunes, 25 de julio de 2022

El exilio forzado en un medio de comunicación

El editor en jefe del periódico La Prensa de Nicaragua explica la situación actual que atraviesa medio y afirma que el presidente Daniel Ortega está llevando al país "hacia una situación totalitaria" y remarca: "Nunca habíamos sacado a toda la redacción del país".

En sus 38 años de experiencia, el reportero gráfico del diario La Prensa que se identifica como Luis, jamás había tenido que dejar atrás sus equipos de trabajo para salir de Nicaragua de forma abrupta. Partió al exilio únicamente con una pequeña mochila con unas cuantas camisas.

También llevó consigo -agrega- "incertidumbres, temores y nostalgia".

Este reportero, que cubrió la guerra en Nicaragua durante la década de 1980, tomó la decisión de salir del país después de que su vivienda fuera allanada "con lujo de violencia" dos veces consecutivas. Su última cobertura fue la expulsión de un grupo de monjas del país.

"Sabía que venían por mí, así que activé mi protocolo de seguridad y empecé a moverme a casas de seguridad mientras esperaba mi salida", cuenta el veterano reportero a la Voz de América desde un punto en San José donde se encuentra exiliado. "Todo fue sin rumbo y sin norte, todo por preservar tu integridad, tu vida y tu libertad".

El temor de Luis era terminar como los dos colaboradores independientes de La Prensa que fueron detenidos el mismo día que sus casas fueron allanadas por la policía.

"Es traumático y doloroso para uno salir de esa manera", agregó. Este trabajador es apenas uno de un masivo grupo del empleados del periódico La Prensa que salió del país tras denunciar que el "régimen de Daniel Ortega desató una feroz persecución contra sus colaboradores".

Dentro de este grupo se encuentran reporteros, fotógrafos y el personal administrativo del diario. Todos fueron víctimas del acoso gubernamental y trabajaban "de bajo perfil" por razones de seguridad, subrayó a la VOA el editor en jefe del periódico Eduardo Enríquez, vía Skype.

La Prensa, con casi 100 años de existencia, es el diario más antiguo de Nicaragua y uno de los más críticos al presidente Daniel Ortega. Eso le ha valido represalias desde que el mandatario retornó al poder en 2007.

Las estrategias para silenciarlo han sido varias, entre ellas la falta de acceso a la información pública y la negativa para que los reporteros accedieran a conferencias de prensa. Pero desde el año 2018, cuando surgieron las protestas contra Ortega, el mandatario sandinista tomó medidas más drásticas y fue cuestión de tiempo para que la justicia "fabricara acusaciones" contra La Prensa, afirmó Enríquez.

En 2021 el diario quedó únicamente con la edición digital debido a que el gobierno impidió acceder a la materia prima y en ese mismo año sus instalaciones fueron tomadas por la policía nicaragüense. También fue detenido su gerente general Juan Lorenzo Holmann, y condenado luego a nueve años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.

Para esa fecha salieron del país otros editores del diario "porque era evidente que las acciones iban en contra de nosotros", comenta Enríquez, pero los reporteros y fotógrafos continuaron trabajando, así como el personal de redacción y administrativo.

No obstante con "esta nueva oleada de represión en la cual han arrestado a dos miembros de nuestro equipo", La Prensa decidió sacar a todo el personal de la redacción, indica el editor principal del periódico.
Ver también: Nicaragua: La Prensa reporta que su personal se va al exilio debido a la persecución del gobierno
Un hecho que ni siquiera ocurrió en la guerra de la década de 1980
Luis dio cobertura a la guerra en de la década de 1980 y tiene imágenes frescas en su memoria sobre "las postales de dolor de la guerra de los años 80 que dejaron mucho dolor a los nicaragüenses porque dejó a miles de personas muertas".

Ahora el fotógrafo considera que lo que se vive actualmente es una "reedición" de la represión de ese entonces, pese a que no hay un conflicto armado.

"Lastimosamente se están repitiendo esos episodios de dolor y represión, es lo que recetan los regímenes totalitaristas y dictatoriales. Estamos reeditado las mismas tragedias de los años 70s con los Somozas y los 80s con los sandinistas, hoy con una dictadura feroz que esta aniquilando a la población".

Y en ese sentido coincide Enriquez, quien menciona que Nicaragua está siendo llevada por el "régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia una situación totalitaria que no sólo se expresa en el exilio forzado de todo un medio de comunicación que es, digamos, el decano e históricamente ha sido el medio de comunicación más crítico con todos los gobiernos".

Enríquez recuerda además que el medio tuvo que cerrar en el pasado por otros "regímenes, incluyendo la primera versión del sandinismo en los años ochenta, y el somocismo antes que ellos", pero enfatiza que sus instalaciones nunca habían sido tomadas y "nunca se había visto esta situación de tener que sacar a toda la redacción del país para poder continuar trabajando".

Por esta razón Enríquez llamó a los "países de América y el mundo" a poner los ojos en lo que ocurre en Nicaragua. "Tienen que darse cuenta de que este no es un gobierno, esto es un régimen autoritario, totalitario mejor dicho, en poder de un grupo de criminales".

Casi 150 periodistas exiliados en un país pequeño
Según Abigail Hernández, de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), en tan solo dos semanas han salido del país unos 16 reporteros, con lo que ya son 136 en total los que se encuentran en Costa Rica.

Dagmar Thiel, directora de Fundamedios en Estados Unidos, manifestó en entrevista con la VOA su "extrema preocupación por el recrudecimiento de la criminalización de la prensa independiente en Nicaragua" y catalogó como "muy grave lo que está pasando".

"Nicaragua es un país relativamente pequeño y tiene un número altísimo de periodistas en el exilio que salen generalmente a Costa Rica, a Panamá, Estados Unidos o España", afirmó Thiel.

Subrayó que a varios periodistas que han intentado salir legalmente por la frontera nicaragüense se les bloquea y les son confiscados los pasaportes, por lo cual muchos tienen que salir por puntos ciegos o salen sin documentos.

Thiel mencionó que en base a informes de organizaciones locales, varios medios continúan siendo víctimas de ataques, dentro de estos algunos religiosos y otros críticos al presidente Ortega.

"Lo que está pasando con la prensa desde el año 2018 es gravísimo. Todas las normas para endurecer el ejercicio de la prensa se han unido hoy en día a un aparato represor que prácticamente está dejando sin periodistas independientes que podrán fiscalizar lo que está pasando en Nicaragua. Muchos de los periodistas están saliendo al exilio", denunció la directora de Fundamedios.

Ortega por su parte ha negado los ataques contra los medios y ha señalado a la prensa crítica de "mentir". De hecho su esposa Rosario Murillo ha llamado chachalacas (que hablan mucho) a los reporteros que cuestionan la administración que dirige junto a Ortega.
Fuente: 100% Noticias

domingo, 24 de julio de 2022

Medios cómplices de la dictadura incumplen el derecho a réplica ordenado por la Justicia

Publicaron información falsa que trataba a víctimas como subversivos, sediciosos y delincuentes. Los fallos ya ordenaron la publicación de la verdad a La Nueva Provincia y Clarín
Por: Gerardo Aranguren @thetordo
La información falsa fue un arma más para el terrorismo de Estado. A través de comunicados oficiales, notas en medios cómplices y operaciones realizadas directamente en las mazmorras de la represión, la dictadura buscó instalar miedo, dividir a la sociedad, justificar y ocultar sus crímenes. La comunicación fue parte de la acción psicológica contra la población e integraba los manuales militares de la época.

Con el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad, comenzó a quedar más en evidencia el accionar de la dictadura y de los grandes medios de comunicación. Las personas que eran presentadas como delincuentes, sediciosos, terroristas, eran trabajadores, militantes gremiales y políticos que fueron víctimas de un plan de exterminio. Esa información, más de 40 años después de los hechos, continúa hoy en los archivos y hemerotecas a pesar de contar con datos falsos que generaron un daño que aún perdura en familiares y sobrevivientes.

Desde hace algunos años, fiscales y querellas empezaron a reclamar que esas notas se rectifiquen, en línea con las medidas de reparación integral que impulsa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El último ejemplo de esto fue en el juicio de Vuelos de la muerte en Campo de Mayo, pero antes ya había ocurrido en los debates realizados en Bahía Blanca, con el diario La Nueva Provincia, en ESMA III y en Mendoza, con diferentes resultados.

"Remitir testimonios de esta sentencia a conocimiento del Grupo Clarín S.A para que adecuen conforme a lo aquí resuelto la nota ‘Buscan a familiares de dos niños abandonados’ del día 24 de noviembre de 1977". Este fue el punto 10 del veredicto del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín en la causa Vuelos de Campo de Mayo y refiere a una nota que presentó como perdidos y abandonados a los hijos de Roberto Arancibia, una de las víctimas de la causa, cuando en realidad sus padres habían sido secuestrados y desaparecidos.

En septiembre, cuando se publiquen los fundamentos, se conocerá cómo aplicará el Tribunal esa medida y si el diario Clarín la cumplirá.

"Hoy los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina vuelven a reafirmar que necesitamos sostenerlos con una política de reparación adecuada", sostuvo la fiscal Mercedes Soiza Reilly y, si bien señala que el medio podría negarse a realizarlo, basado en su derecho a la libertad de expresión, no se puede soslayar el derecho de las víctimas a que se diga la verdad de lo ocurrido, en línea con el derecho a la verdad que les asiste.

"¿Por qué Clarín podría oponerse a adecuar su noticia a la verdad probada en un juicio? Estamos en una sociedad democrática, hay un proceso activo de Memoria, Verdad y Justicia. Los juicios son espacios donde se reconstruye la verdad de lo ocurrido, donde se respetan todas las garantías constitucionales. La discusión pasaría por si los diarios en Argentina están de acuerdo con eso y sobre todo, en respetar el derecho a la verdad, tan importante para las víctimas y para la sociedad argentina, como un camino posible para garantizar que no se repitan estos hechos violentos", añadió.

El primer pedido de rectificación se realizó en Bahía Blanca en 2015 para que La Nueva Provincia diera cuenta de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. El multimedio tuvo un rol propagandístico de la dictadura y de la represión ilegal y, además, dos trabajadores del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, secretario general y tesorero en el Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, fueron secuestrados, torturados y luego asesinados en pleno conflicto gremial con la empresa y con sus dueños, la familia Massot.

La fiscalía a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia incluyó en su alegato un novedoso pedido de derecho a réplica colectivo por el que solicitó que el diario rectificara la información sobre las víctimas. "No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino», señalaron.

En el juicio siguiente, de 2017, hicieron el mismo planteo. El Tribunal, en ambos casos, hizo lugar pero puso como condición que la sentencia quedara firme para que se publique, algo que por la lentitud del Poder Judicial aún no pasó: las dos sentencias esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia desde hace años.

Hay también antecedentes similares pero que no prosperaron por la negativa del tribunal. En 2017, en el juicio ESMA III, la fiscal Soiza Reilly exhibió decenas de notas de los diarios Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa, La Razón y las revistas Para Ti y Gente, y solicitó que se ordenara a esos medios la publicación de la verdad, pero los jueces ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Un caso emblemático es el de Thelma Jara de Cabezas, la sobreviviente de la ESMA que fue llevada por sus secuestradores para simular una entrevista que la revista Para Ti publicó con el título «Habla la madre de un subversivo muerto».

En Mendoza, también en 2017, la querella que representaba a la familia del poeta Francisco "Paco" Urondo reclamó que se rectificara un cable de Télam publicado por el diario Los Andes titulado "Abatieron en Mendoza a un delincuente subversivo" y señalaba que había usado "como escudo a un niño" y que "planeaba atacar una comisaría", toda información falsa que había sido difundida por el Tercer Cuerpo del Ejército. El Tribunal tampoco respondió al pedido.

Sentencia
El TOF 2 de San Martín en la causa Vuelos de Campo de Mayo ordenó remitir esta sentencia al Grupo Clarín S.A. para que adecuen la nota ‘Buscan a familiares de dos niños abandonados’ que presentaba de ese modo a los hijos de Roberto Arancibia, quien en rigor había sido secuestrado y desaparecido.
Fuente: Tiempo Argentino

sábado, 23 de julio de 2022

Francia: Diputados aprobaron la supresión del sistema de financiación de la televisión pública

La Primera Ministra francesa Elizabeth Borne en la Asamblea Nacional, 19 de julio de 2022

Cada familia francesa paga obligatoriamente 138 euros al año para financiar los canales públicos de televisión. Es la llamada “Redevance Audiovisuelle” (canon audiovisual). Tras semanas de negociaciones, los parlamentarios decidieron este sábado su supresión pese a las fuertes críticas.

Este sábado, diputados franceses votaron en la Asamblea Nacional para terminar con la "Redevance Audiovisuelle" (canon audiovisual) que financia las cadenas nacionales France Télévisions, la emisora nacional Radio France y France Médias Monde, que incluye las cadenas internacionales RFI y France 24, así como el Instituto Nacional del Audiovisual (INA) y el canal de televisión franco-alemán, Arte.

La supresión de este impuesto era una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron. Medida que tuvo que ser reelaborada debido a las fuertes protestas en su contra. Así, según el Gobierno, las pérdidas para el sector audiovisual se compensarán con la deducción de una parte del IVA, el impuesto sobre la venta de bienes y servicios.
Manifestación contra la supresión de la "Redevance Audiovisuelle", 28 de junio de 2022, París

La reforma fue aprobada por 170 votos a favor y 57 en contra. Según los diputados de izquierda, la medida perjudicará la estabilidad de la financiación del sistema del audiovisual en Francia y han acusado al Gobierno de cumplir los deseos de la extrema derecha de desmantelar la radiotelevisión pública. Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que este sistema de financiación está obsoleto.

"(Eric) Zemmour y la señora (Marine) Le Pen lo habían pedido, el señor Macron lo ha hecho", denunció un diputado comunista.

Sin embargo, Marine Le Pen, líder del ultraderechista Agrupación Nacional, afirmó que "el proyecto del Gobierno no tiene nada que ver con lo que queremos hacer", es decir, una "privatización" del audiovisual público francés.

Hacia una mayor contención del gasto público
La financiación a través del IVA aislará los recursos destinados a la radiodifusión pública de los presupuestos generales del Estado.

Se mantendrá el sistema de impuestos asignados, y con eso, se mantendrá también una forma de garantía de recursos, necesaria para mantener la independencia de las cadenas de televisión y de radio públicas. Pero muchos opositores a la medida se preguntan qué cantidad de dinero se asignará.
Los empleados del sector público de la radiodifusión se manifestaron en París el 28 de junio de 2022 para protestar contra la propuesta de supresión de la "Redevance Audiovisuelle"

Mientras que este nuevo método de financiación entrará ya en vigor este año, la ministra de Cultura, Rima Abdul-Malak, prometió que "la compensación se hará al euro más cercano".

Paralelamente a esta reforma, el Gobierno francés también está pensando en una reorganización de los organismos públicos, lo que probablemente supondrá nuevos ahorros. El Ejecutivo está estudiando la posibilidad de fusionar Radio France y France Télévisions.

Pese a los intentos del gobierno por tranquilizar a los opositores de la reforma, varios sindicatos de la radiodifusión han anunciado una huelga.
Fotos: Christophe Archambault, AFP, Romain Brunet, France 24 y Thomas Coex, AFP
Fuentes: Agencia AFP y France 24

viernes, 22 de julio de 2022

Renovó autoridades S.A. La Nación sin Esmeralda Mitre

Publicó S.A. La Nación en la sección economía, página 21, de este viernes 22 de julio, la siguiente información: "Se realizó en el día de ayer, la 113ª Asamblea Anual de Accionistas de S.A. La Nación con una asistencia superior al 95% de sus accionistas. En el transcurso de la Asamblea se aprobó la totalidad de los puntos del Orden del Día. El Directorio quedó conformado de la siguiente manera: presidente, Dr. Julio C. Saguier; vicepresidente, Alejandro Saguier; directores titulares: el Ing. Luis María Julio Saguier; los doctores Alberto J. Gowland Mitre, José Claudio Escribano, Aurelio Cid, Juan Pedro Ortiz de Rozas y Lucas Cinto Courtaux, y Bartolomé Mitre (h.). Asímismo, fueron reelectos miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora los Dres. Ignacio A. A. González García, Ricardo U. Siri y Julio P. Naveyra".

Televisión Española defiende el futuro de la Televisión Digital Terrestre ante la Unión Europea

Si se eliminara el uso de la banda UHF, millones de europeos perderían el acceso a los contenidos en abierto que se ofrecen por la TDT
Ante la consulta pública de la Comisión Europea sobre la posición de la UE con respecto a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023, RTVE mantiene su posición de defensa de la seguridad jurídica en el mantenimiento de la prestación del servicio de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en la banda UHF.

RTVE, como miembro de televisión abierta, es partidaria del “no cambio”, manteniendo su asignación en primario como hasta la fecha.

El uso de la banda de UHF no solo es de gran relevancia para los radiodifusores y la producción de contenidos, sino que también lo es para la sociedad en su conjunto. Asimismo, frente a posibles escenarios en cuanto al uso futuro de la banda de UHF, televisión abierta ha manifestado claramente que no se vuelva a debatir este asunto hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2031.
Único espectro disponible

La banda sub-700MHz de UHF es el único espectro disponible para la difusión de la TDT y para los servicios de creación y producción audiovisual conocidos como PSME (Programme Making and Special Events), esenciales no solo para la producción de contenidos audiovisuales de televisión y radio, sino también para el acceso de organizaciones culturales, deportivas, artísticas, políticas, religiosas, educativas y de la sociedad civil.

Si la TDT y los PSME no tuvieran el acceso a esta banda, millones de europeos perderían el acceso a los contenidos en abierto que se ofrecen por la TDT, incluyendo los de servicio público, mientras que las industrias culturales perderían un medio esencial para su trabajo.

Televisión abierta es un grupo conformado por los principales agentes de la Televisión Digital Terrestre en España.

Se debe garantizar a la TDT acceso al espectro radioeléctrico en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 
En España, el medio de comunicación audiovisual, la televisión libre y gratuita que, informa, entretiene, educa, cohesiona y ofrece acceso universal es la TDT. Representa el 71,8% del consumo de televisióni y es la única solución tecnológica que cumple con los requisitos de servicio de interés general, incluyendo la prestación del servicio público. La TDT también actúa de motor de la producción de contenidos española, un sector diversificado y con gran implantación territorial.

La TDT no discrimina a la ciudadanía por razones sociales, geográficas o de edad siendo la forma más inclusiva y sostenible de distribución de contenido audiovisualii. También es la más robusta en caso de emergenciaiii y proporciona un canal de comunicación con la ciudadanía en cualquier circunstancia. Europa es un continente de TDT y está presente en casi 185 millones de hogaresiv (el 45% del total).

En lo que respecta a su evolución, los agentes sectoriales llevan años innovando y trabajando para acometer la migración de todas las emisiones a Alta Definición (HD) y el inicio de emisiones en Ultra Alta Definición (UHD) en España. Asimismo, han sido capaces de implantar en nuestro país soluciones híbridas que aúnan lo mejor del mundo de la radiodifusión e internetv. Además, teniendo en cuenta el largo plazo, están participando en la definición y concreción de soluciones tales como el 5G Broadcastvi.

Pero todo podría estar en riesgo.

La TDT, para llegar a los hogares utiliza la banda de espectro 470–694 MHz, conocida como “sub700MHz”. Esta banda es la única disponible tras haberse acometido el primer y el segundo Dividendo Digitalvii. Sin acceso a esta banda garantizado a largo plazo, la TDT verá comprometida su capacidad inversora, operativa, innovadora y competitiva. Como consecuencia directa, los ciudadanos no tendrían acceso universal, libre ni gratuito a los contenidos en abierto actuales. Asimismo, su libertad de elección se vería reducida por decisiones regulatorias y no por dinámicas de mercado. También la propia producción española de contenidos se vería gravemente comprometida.

En la actualidad, esta banda se usa de forma eficiente y compartida tanto en España como en el resto de Europa. De hecho, la TDT comparte existencia con los servicios de producción audiovisual inalámbrica (conocidos como PMSE), los perfiladores de viento o los radares meteorológicos, siendo también posible la aparición de otros usos compatibles con la TDT en el futuro. En lo que se refiere a los servicios PMSE, es importante señalar que son indispensables no sólo para la producción audiovisual, sino también para organizaciones culturales, deportivas, artísticas, políticas, religiosas, educativas y de la sociedad civil. Sin el acceso a la banda, las industrias creativas y culturales se verían afectadas en gran manera. Y también lo estaría la producción de contenidos, tanto española como europea.

En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023 (CMR-23)viii se debatirán posibles cambios en el acceso a esta banda de espectro. En caso de alteración del actual statu quo, el resultado impactará a la TDT y al resto de usuarios de la banda.
Existe un intenso debate entre administraciones de diferentes países sobre el futuro del acceso a la banda sub700MHz. En aras de una supuesta flexibilidad en el uso de esta, algunas administraciones plantean abrirla a otros usos, pero sin aportar estudios concluyentes sobre la relación coste-beneficio que ello supondría.

En España sabemos bien que abrir la banda a otros usos significaría perder uno de los ecosistemas audiovisuales más potentes y diversos de Europa. También sabemos que se produciría una grave alteración de las dinámicas competitivas del mercado. Pero no conocemos ningún beneficio para España en caso de que cambiase la regulación de acceso al espectro.

En resumen, una decisión favorable a cambiar el actual régimen de acceso a la banda sub700MHz en la CMR-23 pondrá en riesgo el acceso universal, libre y gratuito de los ciudadanos españoles a la plataforma de consumo mayoritario que cumple con los requisitos de servicio de interés general, alterando gravemente la competencia existente en el sector audiovisual e incluso la propia producción española de contenidos.

Por todo lo anterior, la posición de televisión abierta con respecto al punto 1.5 de la agenda de la CMR- 23 es la defensa de la seguridad jurídica en el mantenimiento de la prestación del servicio de TDT en la banda UHF y por lo tanto de “no cambio” (No Change), manteniendo su asignación en primario, como hasta la fecha.

La presente posición es compartida con la mantenida oficialmente por la Administración Española, el sector europeo de las industrias creativas y culturales, así como con organizaciones representativas del sector en Europa, tales como la Unión Europea de Radiodifusión (UER)ix o la Broadcast Networks Europe (BNE)x.
Fuentes: Asociación de Prensa de Madrid, Televición Abierta

jueves, 21 de julio de 2022

ENaCom planea denunciar a Netflix por los cambios en el contrato

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones explicaron a cronica.com.ar que si bien no son una entidad regulatoria sobre la plataforma, planean hacer intervenir a Defensa del Consumidor o iniciar acciones legales. La función de Netflix cobra $219 adicionales al plan de cada usuario que quiera sumar un hogar a su cuenta.

En las últimas horas, Netflix tomó la decisión de cobrar un extra por cada hogar adicional debido a la pérdida de suscriptores que sufrió en el primer trimestre, por la que responsabilizó a las cien millones de cuentas compartidas a nivel mundial. Ante esto, miles de usuarios en las redes sociales comenzaron a pedir que intervenga el Ente Nacional de Comunicaciones para ponerle fin al supuesto abuso.

En diálogo con Cronica, el vicepresidente del ENaCom Gustavo López señaló: "Con este tema no somos un ente regulador porque las leyes vigentes no regulan las plataformas audiovisuales, nosotros regulamos Iternet pero no lo que va adentro. Pero eso no quiere decir que no avancemos en ninguna medida".

"Creemos que es un cambio de contrato unilateral que perjudica al usuario. Una de las medidas es hacer intervenir a defensa del consumidor otra es ir a la justicia", continuó y agregó: "Cuando se tiene un contrato de estas caracteristicas no la puede cambiar de manera unilateral y con la crisis que vive nuestro país, sobre todo cuando ellos no pagan impuesto a las ganancias y utilizan las redes que son de terceros".

Consultado sobre qué medidas se tomarán, López aseguró que "las acciones van a ser politicas mas que regulatorias. Alguna dependencia del Estado va a decir que no se puede hacer y no tienen ninguna justificacion para negarlo, porque no pueden cambiar el contrato".

¿Qué busca la plataforma?

El objetivo de Netflix es recaudar más dinero y frenar las pérididas. Por eso, la plataforma informó además que lanzará un plan con anuncios, que será más barato, y evitar que se compartan las cuentas.

Según recientes declaraciones de un experto en telecomunicaciones y ciberseguridad, la decisión de la empresa de cobrar un extra a los hogares que quieran compartir la cuenta "es ilegal", ya que "es falso" que pueda detectar desde qué domicilio se conecta cada usuario.

"Netflix solo busca recaudar más de los usuarios incautos", dijo Ariel Garbarz, exingeniero de comunicaciones de varios organismos del Gobierno nacional.

Cabe destacar que Argentina fue uno de los primeros países donde se aplicó esta medida, situación que tuvo un rechazo inmediato: #Chau Netflix se hizo tendencia en Twitter y muchos usuarios tomaron medidas al respecto, desde darse de baja hasta recurrir a la piratería para continuar viendo películas y series.

La función de Netflix cobra $219 adicionales al plan de cada usuario que quiera sumar un hogar a su cuenta. Sin embargo, Garbarz explicó en un hilo de Twitter que la medida es ilegal y llamó a "no avalar el abuso" de la plataforma.

Seguido del hashtag # NetflixMiente, el ingeniero que trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración General de la Nación y varios ministerios nacionales aseguró: "Es falso que Netflix pueda identificar desde que domicilio te conectás e impedirte hacerlo desde otro lugar". ¿Por qué? "Tu celu, laptop, PC, smart TV o módem tienen asignadas por tu ISP (proveedor de internet) direcciones IP dinámicas que cambian si los apagás o reseteás", consignó.

"Además, no es posible asociar IP dinámicas a un domicilio determinado, sino a una geolocalización gruesa que puede abarcar una manzana o una cuadra o un área con varias viviendas. Y si tenés IP estática, Netflix necesita que el ISP le revele el domicilio del cliente", continuó el experto.

El ingeniero en telecomunicaciones alertó que "es técnicamente inviable el anuncio de Netflix, que solo busca recaudar más de los usuarios incautos y lo hace discriminando países sin autorización del ENaCom, organismo que debería impedirlo en Argentina".
Fuente: Crónica

Gobiernos como garantes de la libertad de prensa: los riesgos de la retórica antimediática

La libertad de informar cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural
Por: Guiselle Boza Solano*

En las sociedades democráticas, el ejercicio efectivo de la libertad de expresión requiere de condiciones sociales, políticas y jurídicas que la favorezcan, de la ausencia de situaciones de facto que la limiten o pongan en riesgo y de la existencia de gobiernos que cumplan con su obligación de ser garantes de este derecho fundamental. Los Estados y quienes gobiernan están obligados a crear entornos propicios para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa.

En el continente, los periodistas desarrollan su trabajo de información en contextos cada vez más desfavorables y violentos. La retórica antimediática de algunos gobiernos va en aumento, mientras se aprueban leyes o se toman decisiones políticas que censuran o restringen el debate público y el acceso a la información: controles directos o sutiles de las líneas editoriales de los medios, uso de la publicidad oficial para premiar o castigar contenidos periodísticos y restricciones para acceder a la información en poder de los órganos públicos. Ni qué decir de escenarios más graves de violencia contra la prensa.

La libertad de informar, en particular la que se refiere a asuntos de interés público, cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural. El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión en nuestras sociedades, por lo que existe una prohibición a los Estados para ejercer formas de censura directa e indirecta contra periodistas y medios de comunicación y una obligación de propiciar un entorno seguro, sin riesgos, para la libertad de prensa.

La posición de los gobiernos frente a los medios de comunicación no es la misma que aquella que tiene el resto de la ciudadanía; en primer término, porque quienes ejercen la función pública son garantes de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y, en segundo lugar, porque, en razón de sus cargos, están expuestos al escrutinio de sus actos y a la crítica severa de la prensa o de la ciudadanía. Los discursos oficiales que atacan a los medios de comunicación —sin importar su línea editorial— por su labor de fiscalización de los asuntos públicos representan un riesgo para la democracia.

Owen Fiss, constitucionalista estadounidense, autor de "La ironía de la libertad de expresión" en una entrevista con el Diario La Nación de Argentina, en 2008, señala que “un presidente democrático nunca ataca a los medios, sino que defiende sus posiciones frente a la opinión pública”.

La retórica intolerante y divisiva contra periodistas o activistas de derechos humanos, en sociedades de creciente polarización social, genera un ambiente hostil y riesgoso para el ejercicio de la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos, disuade la crítica política, la investigación periodística y el control democrático del poder público y político.

Las personas públicas o quienes optan por puestos de elección están obligadas a ser más tolerantes y estar abiertas al escrutinio público de sus actos. La doctrina más garantista sobre el ejercicio de la libertad de prensa establece que ni el error en los hechos o los contenidos considerados difamatorios, por sí solos, son suficientes para levantar la protección constitucional a las expresiones sobre la conducta de las personas públicas. Esta garantía es necesaria para que la ciudadanía tenga amplio acceso a los asuntos públicos y pueda ejercer el control democrático de sus gobernantes.

En la región, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, sostiene que los liderazgos, personas públicas o quienes ejercen la función pública deben abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes que atenten contra la integridad de personas periodistas o comunicadoras.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha advertido de los riesgos de los discursos oficiales hostiles contra periodistas y medios de comunicación. En Perozo y otros vs. Venezuela (2009) señaló que “si bien es cierto que existe un riesgo intrínseco a la actividad periodística, las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentadas, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar o sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen su libertad de expresión”. (párr. 155).

Tan importante es un sistema mediático plural y diverso, con medios críticos e independientes, como un gobierno garante de estas libertades.
*La autora es periodista y abogada
Foto: Shutterstock
Fuente: El Financiero

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