Trabajadoras y trabajadores de La Nación critican otro editorial del diario

Sobre un editorial de La Nación que habla de trabajadores y sindicatos

En las ediciones online e impresa del diario La Nación y en las revistas que edita el grupo, un alto porcentaje de trabajadores cobran salarios iguales o inferiores a la canasta básica. Otros apenas un poco por arriba. El promedio es de entre 60 y 80 mil pesos. Algunos trabajadores y trabajadoras con muchos años en la empresa o que pudieron acordar un sueldo mejor al ingresar, superan un poco estas cifras. Lo cierto es que en La Nación más del 60% no llega a percibir sueldos mayores a los 150 mil pesos bruto.

En el editorial de ayer titulado: “Una TV Pública anacrónica e insostenible”, siguiendo la línea de una serie de notas ya publicadas que indagan en las condiciones laborales de los medios públicos, La Nación argumenta que sueldos de 200 mil pesos son una desmesura. Más allá de posturas sobre el rol de los medios públicos, en las que se puede o no coincidir, como trabajadoras y trabajadores de este medio nos preocupan esta serie de notas que atacan las conquistas laborales y la gestión de los sindicatos que nos representan.

Las cifras que presentan tanto el editorial, como las notas que lo precedieron, no se ajustan a la realidad, ya que el 63.45% de las y los trabajadores de la TV Pública tienen ingresos menores a 200 mil pesos. De cualquier manera nos preguntamos ¿Qué tiene de malo que un trabajador sea bien remunerado por su tarea? ¿Qué tiene de malo que se le reconozcan las horas extras y otros pluses por servicios no contemplados en su categoría?

La respuesta está en el anteúltimo párrafo, cuando dice “…no es posible seguir aferrados a convenios laborales del año 1975…”, entonces queda claro que la nota justifica la política que la empresa lleva adelante hace años puertas adentro con sus propios trabajadores, que se basa en el desconocimiento de las leyes que regulan el trabajo en prensa. Una política que implementa reducción de la dotación y flexibilización de condiciones laborales (horarios extendidos, multiplicación de tareas, tercerización y pasantías que no lo son, contratos a termino para trabajadores/as que hacen tareas propias de una redacción), y una política salarial a la baja que pauperiza cada año más y más a las y los trabajadores. La difamación de quienes representan a los trabajadores busca minar la fortaleza de quienes resisten estas políticas.

La vara no es igual para unos y otros. Desde este mes se relanzó el canal LN+, con contratos que superan el millón de pesos mensual para las figuras de la pantalla chica. En su última charla por Meet, Francisco Seghezzo, Ceo de la empresa, informó que esta inversión, millonaria en dólares, sale de los bolsillos de los propietarios de la empresa, negando rotundamente la participación de inversores externos. Las y los trabajadores de La Nación nos preguntamos ¿Cómo puede haber tanto dinero para unos pocos mientras resulta tan difícil conseguir que los básicos de La Nación superen la línea de pobreza? ¿Cómo puede ser que no se retribuya económicamente el enorme esfuerzo de sostener la producción de manera remota, cubriendo gastos que la empresa desconoce, poniendo incluso en muchos casos, equipos propios para asegurar que las ediciones sigan llegando a los lectores de la manera habitual?

En cambio, en este mes de marzo, cuando asoma un rebrote virulento de la Covid-19, la empresa requiere que quienes trabajan en la redacción, vuelvan al trabajo presencial en Vicente López, expondiéndonos al contagio. Esa es la manera en que reconocen la labor realizada durante 2020, con sueldos a la baja, multiplicando tareas y horarios sin reconocimiento económico, manteniendo planes de reducción de personal cuando está probado que la reducción la cubren los mismos trabajadores con mas y mas esfuerzo.

El problema no son los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la TV Pública, el problema son los sueldos y las condiciones de trabajo de las y los trabajadores de La Nación.

Trabajadores de Prensa del Diario La Nación

Vuelve la ficción a Telefe con "El primero de nosotros"

El nuevo dramedy, que se estrenará durante el primer semestre del año, está escrito por Ernesto Korovsky y Romina Moretto, con la colaboración de Micaela Libson y Juan Ciuffo

VIS y Telefe confirmaron el elenco de El Primero de Nosotros, la nueva producción del VIS que se estrenará en Telefe en el primer semestre del año. La súper serie estará protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.

El Primero de Nosotros narra la historia de un grupo de amigos que cambia rotundamente cuando se enteran que Santiago, uno de ellos, padece una enfermedad terminal. La noticia deja a todos en shock y la cercanía con la muerte moviliza aquellos deseos profundamente aquietados en este grupo de amigos. El amor y la unión que proviene de ellos, llenará de vida y sentido el tiempo de un camino con final anunciado.

La serie está escrita por Ernesto Korovsky y Romina Moretto, con la colaboración de Micaela Libson y Juan Ciuffo. Este dramedy, que comenzará a rodarse en Buenos Aires a mediados de abril, estará dirigida por Pablo Vásquez y Pablo Ambrosino bajo la supervisión y dirección integral de Jorge Bechara.

“Desde el VIS impulsamos la creación de contenidos de calidad, que abordan desde una mirada innovadora temáticas universales, manteniendo nuestro compromiso de garantizar una perspectiva diversa e inclusiva”, sostuvo Federico Cuervo, SVP & Head del VIS Americas.

Por su parte, Dario Turovelzky, General Manager South Cone & SVP Global Content, ViacomCBS Networks Americas, concluyó: "Es un placer anunciar el regreso de la ficción nacional a Telefe, con un contenido de calidad y los mejores talentos, ofreciéndoles a nuestras audiencias historias actuales, sobre tópicos que nos identifican, impulsando la innovación y fortaleciendo nuestro liderazgo".

Fuente: Viacom

Córdoba: Un comisario amenazó a periodista y un legislador

Se trata de Mauricio Mielgo, titular de la Departamental Marcos Juárez de la Policía provincial, quien envió sendas cartas documento contra Rossi y Ferreyra exigiendo un desagravio por un caso de presunto abuso sexual

El caso del titular de la Unidad Departamental Marcos Juárez de la Policía de la Provincia, Mauricio Mielgo, continúa sumando condimentos políticos. Es que tras las amenazas que el comisario mayor lanzó días atrás -a través de una carta documento- contra el periodista de Canal Doce, Andrés Ferreyra, al que le recriminó haber dado a conocer el testimonio de una subordinada suya que lo denunció en 2018 y 2020 por presuntos "abusos y acosos con un fin sexual" mientras se desempeñaba en la comisaría de Corral de Bustos, Mielgo decidió ir más allá y replicó esa práctica contra el legislador de la UCR, Dante Rossi.

En otra carta documento, le exigió al parlamentario radical un desagravio bajo la amenaza de iniciar acciones legales en su contra. Ocurre que Rossi había presentado en la Unicameral un proyecto de declaración pidiendo la desafectación de Mielgo al frente de la Departamental Marcos Juárez.

En respuesta a dicha solicitud, el comisario mayor consideró que "es indignante que un legislador provincial, para ganar protagonismo público, en lugar de hacerlo mediante el mérito y la importancia de su labor parlamentaria, que en su caso brilla por su ausencia, lo haga afirmando falsos hechos como el aludido en su proyecto de declaración, en el que mentirosamente afirmó que Mariela Neira fue dada de baja de la fuerza policial como consecuencia de un abuso sexual y de autoridad cuya autoría arteramente me atribuyó". Según la versión de Mielgo, existen constancias de un sumario administrativo que le dio origen a la baja de Neira número 0002-031554/2019 que "lo desmienten por completo".

"Igualmente, constituye una ingente irresponsabilidad suya, calificarme de agresor, y aludir a la ilegitimidad de mi ascenso, poniendo en tela de juicio (…) mi impecable desempeño en la fuerza", insistió Mielgo en los cuestionamientos dirigidos a Rossi. A modo de remate, el jefe policial le advirtió al legislador que "carece de inmunidad parlamentaria para difamarme".

Sobre el particular, el mencionado comunicador publicó el sábado último un tuit en el que alertó que "a esta altura es incomprensible que el Gobierno de Córdoba, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba le sostenga la mano a este comisario violento que también intimidó con carta documento al legislador Dante Rossi". "¿A este tipo de personajes le dan poder?", se preguntó Andy Ferreyra, quien durante la presente jornada sería recibido por la comisaria mayor María Angélica Paredes, directora general de Control de Conducta Policial, una oficina que reemplaza a la vieja dirección de Asuntos Internos.

A su turno, María Ana Mandakovic, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren), aseguró que "es gravísimo lo que ocurrió, un comisario que está al frente de un grupo armado, no puede enviarle una carta intimidatoria a un periodista que sólo hizo su trabajo. Este ataque a Andrés Ferreyra es un ataque a la libertad de prensa, la libertad de expresión y a la sociedad toda. Implica un abuso de poder de un funcionario público, como es el jefe de una Unidad Departamental de la Policía de Córdoba que busca censurar la labor de un trabajador de prensa".

Mandakovic agregó que "el caso que expuso el colega atendió todas las normas de la ética periodística y puso blanco sobre negro lo que sucede en una institución verticalista donde hay altísimos índices de violencia de género".

Es el Editor el primer y último responsable

El CiSPren  da a conocer su posición frente a las responsabilidades del periodista y las empresas que lo contratan. A propósito de  la carta documento que el  comisario mayor Mauricio Mielgo, director de la Departamental Marcos Juárez, le envió al cronista  Andy Ferreyra intimándolo a guardar silencio sobre una denuncia por acoso sexual  que lo involucraba y que realizó una mujer policía.

En el marco de la permanente fricción entre los actores de la información, el extendido capítulo de la responsabilidad del Editor tiene en la idea de un periodista “autónomo” su mayor arraigo entre las empresas periodísticas.

De modo tal que, en este engaño, el periodista asoma como un gestor intelectual emancipado de la trama discursiva-comercial-social, el sujeto libre que pone en juego su voluntad sin arreglo a ningún acuerdo previo con las patronales.

Así, entonces, el periodista que haya publicado información sensible para los actores institucionales, sean de la esfera pública o privada, en el medio que lo emplea, se encuentra con que tiene que salir a disputar en terreno desconocido, sin más respaldo que su propio prestigio, armado apenas con el lenguaje de la palabra.

A la intemperie cuando arrecia la tempestad de la querella. Fuera de cobertura patronal, defendiéndose como aquel al que impulsan a pelear, mientras los fogoneros se dedican a tenerle el saco.

Como si el ejercicio libre de la prensa, luego de verificados sus presupuestos técnicos, éticos y deontológicos, tuviera al hombre/mujer de prensa como destinatario de los beneficios que la publicación produjera, y no a los dueños del medio por que se difunde el mensaje.

Las empresas periodísticas no pueden eludir la responsabilidad de lo que sus periodistas publiquen a cuenta y nombre de las mismas. El Editor es el primer dique donde deben estrellarse los ímpetus de los intolerantes.

Es el Editor el primer y último responsable.

Los/las trabajadores/as de prensa nos empeñamos en brindar información en los términos que impone un ejercicio responsable del oficio. Nuestra propia experiencia es un estilete afilado a la hora de la disección entre tanta operación disfrazada de información.

El negocio, legítimo y deseado en el marco del sistema económico que avala la sociedad, escapa a las aptitudes del sujeto trabajador, no es su incumbencia ni su afán. Los periodistas maniobramos con la frágil materialidad del bien común. Eso y no otra cosa es la información que importa a una sociedad madura y crepitante.

Cuando, otra vez, la querella por la presunción de sentirse afectado cae sobre el cuerpo de uno de nuestros periodistas, el CiSPren exige que la patronal supere la malograda tentación de ofrendar una víctima sin otro recurso defensivo que su empeño y dignidad. En conjunto, encendemos una alarma enérgica sobre un aspecto que el vértigo informativo no puede disipar, el de la censura. Venenosa cuando adquiere la forma de prohibición; mentirosa cuando se encubre en banalidades impropias de una democracia todavía deudora del pueblo.

El Editor está obligado a gestionar el relato periodístico poniéndose al frente de la línea de fuego, cuando haya quien pueda sentir que se auscultan sus oscuridades. Las empresas periodísticas deben responder por el contenido publicado; lo contrario, agrede el consenso entre públicos y fuentes del discurso. Responde el más fuerte, jamás el más débil.

Las redes sociales han contribuido  a oxigenar la red de mensajes en la sociedad digital del siglo XXI; pero aún no pudieron desconectar a los hombres y mujeres de prensa de tan alta responsabilidad a la hora de informar al soberano.

Seguimos siendo los obreros calificados que operamos la polea de transmisión diaria que instala conflictos, ilumina la escena, pone a dialogar a sus intérpretes, y enciende la llama del debate público. No resignamos esa responsabilidad a manos de un negocio cada vez más concentrado y menos visible a los ojos de lectores, oyentes y televidentes.

Al Editor, responsabilidad por el mensaje publicado.

*Comisión Directiva del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba

Fuentes: Hoy Día y CiSPren

Libro explora cómo inciden las noticias de inseguridad en la vida cotidiana de las personas

La investigadora del CONICET Brenda Focas es la autora de El delito y sus públicos. Inseguridad, medios y polarización

Por; Cintia Kemelmajer
Cuidado: prender la televisión para ver el noticiero puede ser un acto compulsivo de consecuencias insospechadas. “El noticiero es adictivo y más cuando el mundo es inestable”, decía el teórico de la comunicación Roger Silverstone. La investigadora del CONICET Brenda Focas lo retoma en su libro El delito y sus públicos. Inseguridad, medios y polarización (UNSAM Edita), que publicó a fines de 2020. En él refleja esa obsesión que causan los noticieros televisivos a través de cifras según la última Encuesta de Consumos Culturales (SINCA), en la que el noticiero es el elegido como el género preferido de los argentinos para informarse. Detrás de esos datos creció la verdadera inquietud de Focas como científica: estudiar la incidencia de las noticias de delito e inseguridad en la vida cotidiana de las personas, a partir del posicionamiento de la inseguridad como problema público.

“Las representaciones de distintos casos delictivos constituyen el eje en torno al cual se organiza la mayoría de los noticieros de la televisión abierta”, plantea Focas como puntapié para zambullirse en una pregunta compleja: ¿cómo impactan esas noticias sobre delito en la vida de las personas? Motivada por ese interrogante, a partir de 2008 comenzó su derrotero en torno al análisis de las representaciones de las noticias policiales, que culminó tres años después con el trabajo de campo realizado y, finalmente, en 2016, cuando se doctoró con una tesis en la que condensó su indagación. Cuatro años después, lo adaptó a un lenguaje más accesible para este libro, en el que analizó de manera profunda la producción, el consumo y la circulación de las noticias de inseguridad.

“Quise conocer cómo las noticias truculentas pregnaban en las audiencias, de la mano del crecimiento de la llamada ´inseguridad´ en la agenda pública”, recuerda Focas, cuyo lugar de trabajo es la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). “Cuando empecé a indagar en el tema, me encontré con mucha literatura que hipotetizaba que la gente no salía de su casa porque miraba muchos noticieros, y ligaban la sensación de inseguridad con la exageración de los medios, entonces empecé a cuestionar esa idea. A preguntarme si efectivamente era tan así. Quería estudiar cuál era el verdadero efecto de los medios en las personas, qué dialéctica había entre las encuestas, las prácticas y las representaciones mediáticas”.

Para comenzar el estudio del tema, tuvo que ir a los orígenes: remontarse al surgimiento de la categoría inseguridad. Tal como indica en el libro, ese fenómeno se remonta a las últimas décadas. “Es difícil establecer el comienzo de un fenómeno de esta magnitud”, entiende Focas en uno de los pasajes del libro, “aunque hay cierto consenso en que promediando los años noventa, y con algunos antecedentes en los ochenta, comenzó a gestarse una demanda de inseguridad que, eclipsada por la crisis de desempleo de 1995 y los sucesivos vaivenes que desembocaron en el estallido de 2001, solo se hizo sentir cuando la situación económica estuvo controlada”. Una vez iniciada la etapa de recuperación económica post crisis 2001, la inseguridad se consolidó como problema central público -como tema controversial y de discusión cotidiana, con exigencia de una resolución urgente- y, a la vez, como sección fija y estable en la agenda de los medios de comunicación.

Lo que sucedió luego de ese estallido, en los últimos años, es curioso. Tal como explica la investigadora en su libro, si bien hubo una disminución en las tasas de delito, no hubo un aumento de la aceptabilidad o de un umbral de riesgo aceptable de la vida social, sino más bien una intensificación de aquella demanda de “seguridad” y del descontento. “Como muestra el investigador del CONICET Gabriel Kessler, la inseguridad, en última instancia, es una percepción o un sentimiento”, señala entonces Focas en otro tramo del libro. Esto, dice, implica que más allá del aumento real de las tasas de delitos, la inseguridad se haya conformado como un concepto polisémico, que aglutina otras preocupaciones sociales.

Problemas y desafíos
La investigación que emprendió Focas se nutrió de tres grandes perspectivas teóricas: la sociología del delito -en especial los estudios del temor al delito o miedo al crimen-, los estudios de recepción -o consumo de medios- y el análisis de las rutinas periodísticas. En la práctica, la investigadora realizó entrevistas con disparadores audiovisuales (fragmentos de noticias policiales) a vecinos y vecinas de Villa Urquiza y Saavedra, dos barrios que, según la última Encuesta de Victimización del Gobierno de CABA, tienen alta percepción de temor al delito.

Desde el inicio de las entrevistas, Focas se encontró con que las noticias policiales eran parte de los discursos de los vecinos en el relato por mayor seguridad. Además, las personas entrevistadas daban cuenta de un conocimiento sobre cómo se producían las noticias y sus intereses políticos. Focas entiende que eso sucedió porque, en paralelo a su trabajo de campo, por esos años en el país comenzaba a debatirse la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Cuando comencé esta investigación lo primero que me llamó la atención fue que las personas tenían mucho conocimiento acerca de la construcción de las noticias, de las empresas periodísticas, no había una mirada de que ´los medios reflejan la realidad´, sino que la visión era bastante crítica. Yo quería hablar de la noticia policial, y los entrevistados me hablaban de las fuentes”, recuerda Focas. ¿Cómo sorteó esa situación? Capitalizándola: trabajó la polarización y estudió las raíces de los comentarios que le hacían sus entrevistados, que podían ser frases como “ese periodista es muy sensacionalista porque es de la oposición”, o “ese medio inventa”. Así, llegó a conclusiones como las siguientes: “Al consumir las noticias de inseguridad, los públicos cuestionan la fuente de información, incluso antes de mirar el contenido. Se centran en la empresa periodística a la que pertenece el informe audiovisual, y dedican los primeros comentarios al canal emisor para luego prestan atención a la noticia”. Para la autora, en el escenario antagónico de medios, la noticia de inseguridad se posicionó como una noticia polarizante, tanto como los temas de economía o política.

Toparse con la mirada crítica de las audiencias la llevó a Focas a indagar, más allá de los noticieros, en las y los periodistas de los medios, que también pasaron a ser sujetos entrevistados de su investigación. “Como las personas entrevistadas me los traían como referentes, noté que ciertos periodistas de policiales de televisión habían logrado un lugar de preponderancia”, explica Focas. “Ahí también pude indagar en que estos periodistas habían logrado erigirse como referentes a partir del posicionamiento de la inseguridad como problema público. Al entrevistar a las y los periodistas de policiales, pude establecer cruces entre cómo los periodistas entienden su rutina de trabajo, cómo eso impacta en las percepciones de inseguridad y cómo las audiencias creen que los periodistas construyen las noticias”.

Focas despliega en su libro una mirada intergeneracional sobre el vínculo con la inseguridad y con las noticias sobre el tema en adultos mayores, adultos y jóvenes. “En adultos mayores me encontré con una mirada nostálgica por la seguridad perdida –indica la investigadora-. En los jóvenes, al revés: la inseguridad es algo más con lo que nacieron, se criaron, una dimensión más de la vida cotidiana, que hay que a gestionar. Si bien no estaba naturalizado, era una mirada situacional de la inseguridad, como si fuera una cuestión más individual que social. ´Me robaron por mi culpa, porque voy distraído con el celular por la calle´, me decían”.”,

En El delito y sus públicos, la autora pivotea de manera constante en su análisis entre la dimensión cognitiva de cómo es la recepción de las noticias en las personas y una dimensión más emocional, apuntada a lo que sienten los espectadores al consumir información sobre delitos. “Creo que analizar fenómenos como este es relevante ya que no es bueno tener una sociedad atemorizada –apunta Focas-. No porque sea un tema subjetivo es menos importante: las personas que tienen temor cambian sus comportamientos, sus creencias, la forma de moverse. Si bien los medios pueden incidir, creo que las noticias tienen que tener algún tipo de asidero con la vida cotidiana: que le hayan robado a un vecino, o que alguien cercano sufra violencia de género, esas cuestiones condicionan más allá del sensacionalismo mediático”.

Después del libro, Focas continúa analizando la inseguridad a través de grupos focales, bajo la dirección de los investigadores del CONICET Natalia Aruguete, Gabriel Kessler y Martín Becerra. “Estamos trabajando con noticias sobre inseguridad en grupos focales segmentados por edad, clase social y lugar de pertenencia, con tres casos: uno de inseguridad urbana, otro de corrupción y otro de femicidios”, comenta la científica. Ella, además, está comenzando a articular su trabajo con organismos públicos, como la Defensoría del Público, para seguir en la senda de problematizar el lugar que le dan al tema los medios de comunicación y las percepciones que existen sobre la inseguridad. En paralelo, está indagando en un campo en pleno surgimiento: el de los editores de audiencias. “Son una figura nueva de las redacciones de los portales online, que media entre la publicidad, los dueños de medios, los periodistas y las audiencias”, explica.

Fuente: Conicet

TV Pública: Rosario Lufrano ratificó denuncia en los tribunales de Retiro

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, ratificó hoy en los tribunales federales de Retiro la denuncia penal presentada por "irregularidades" detectadas en la extracción de dinero de una cuenta del organismo.

Lufrano concurrió a la fiscalía federal 1, en el quinto piso del edificio de Comodoro Py 2002, para ratificar la denuncia, informaron fuentes judiciales.

Al presentar la denuncia, la funcionaria sostuvo que el dinero fue recuperado y se exigió las "renuncias" de los responsables de lo ocurrido.

El domingo 7 de marzo se tomó conocimiento de la extracción de dinero en efectivo de una cuenta bancaria del canal, en violación de los procedimientos administrativos al respecto.

En un comunicado emitido tras presentar la denuncia penal, Lufrano sostuvo que se selló "el gabinete de cámaras de vigilancia para la preservación de prueba" y, a partir de las averiguaciones iniciadas, se pudo "establecer un cuadro de situación", por lo que llevó su denuncia ante la Justicia.

Tras el trámite de ratificación de la denuncia, la fiscalía que está a cargo del fiscal Ramiro González resolverá si pide medidas de prueba o decide unificar esta presentación con otra que también se sigue en la justicia federal. 

Fuente: Agencia TelAm

Millonaria condena a Canal 13 por una cámara oculta en Telenoche Investiga

La Cámara Civil condenó al canal y a sus periodistas María Laura Santillán y Santo Biasatti, entre otros, a indemnizar a ex directivos de un instituto estatal para ciegos por haber utilizado indebidamente una cámara oculta en un informe del programa Telenoche Investiga

Por: Néstor Espósito - @nestoresposito
La Cámara Civil condenó a Canal 13 y a sus periodistas María Laura Santillán y Santo Biasatti, entre otros, a indemnizar con una suma millonaria a ex directivos de un instituto estatal para ciegos por haber utilizado indebidamente una cámara oculta en un informe del programa Telenoche Investiga. “La cámara oculta es un recurso que, en principio –y precisamente, por su carácter subrepticio y sorpresivo para el retratado–, tiene gran aptitud para lesionar derechos personalísimos tales como la imagen, el honor o la intimidad, y solo en casos especialísimos puede admitirse su empleo”, sostuvo el tribunal al dictar la condena.

El fallo, dictado por la Sala A de la Cámara Civil, por los jueces Sebastián Picasso y Ricardo Li Rosi, reivindica los derechos de las ex funcionarias Eugenia Mena y Graciela Beatriz Arcángeli de Cañete, directivas del Instituto Nacional para Ciegos Román Rosell, dependiente del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.

El 12 de noviembre de 2004, una madre de una niña ciega se presentó –munida de una cámara oculta, provista por el programa de TV- para pedir la internación de la niña, lo que les fue denegado porque una resolución motivada en las fallas estructurales del edificio prohibía nuevos alojamientos. Los pormenores de la secuencia “fueron filmados en forma oculta y sin consentimiento, y concluyeron en un informe periodístico emitido los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2004 en el programa televisivo Telenoche, que se transmitía por Canal 13, en la sección Telenoche Investiga.

A raíz de este informe, “la demandante dijo haberse sentido difamada, humillada y usada como ejemplo de funcionarios ‘i’ (ineptos, inoperantes, indolentes), y añadió que se violaron sus derechos al honor, la imagen y la intimidad”.

El fallo reconoce que el edificio donde funcionaba el organismo estaba en malas condiciones y, por ello, una resolución impedía nuevas internaciones. Pero critica con dureza la utilización de la cámara oculta como herramienta periodística: “el empleo de ese medio no resultaba en absoluto necesario para lograr la finalidad perseguida por la investigación periodística”.

“El hecho de que la investigación tuviera un objeto de interés público no justifica de por sí el uso de una cámara oculta. Era necesario –añade la resolución, a la que accedió Tiempo- demostrar que su empleo era imprescindible para lograr la finalidad buscada, lo cual de modo alguno se encuentra cumplido en la especie”.

Además del canal y los periodistas Santillán y Biasatti, también fue condenado el ex productor general Carlos De Elía. Todos ellos “le endilgaron a (las autoridades de la institución) el desinterés, el abandono y el descuido del instituto, y la responsabilizaron por el rechazo del pedido de alojamiento efectuado por varias personas, cuando, en realidad, esa situación obedeció a expresas disposiciones emitidas por los funcionarios públicos y autoridades superiores”, resume el fallo.

La decisión de los jueces reconoce que la noticia no era “falsa o inexacta”, pero aún en ese escenario, existió “violación del derecho a la imagen de las demandantes”. “Las imágenes fueron captadas en el marco de una investigación periodística sobre un tema de interés público”, pero “ese registro fue efectuado subrepticiamente, mediante el mecanismo de una cámara oculta”.

La cámara oculta, aún justificada en la investigación periodística, “debe acompañarse del empleo de métodos que impidan reconocer a la persona de los retratados, salvo que eso resulte imprescindible para divulgar la noticia de interés público en cuestión”, subraya el fallo. Los periodistas de Canal 13 “tenían a su alcance la posibilidad de adoptar procedimientos muy sencillos para evitar la identificación de las actoras, tales como la difuminación (pixelado) de los rasgos faciales de las entrevistadas, y la distorsión de sus voces”, pero prefirieron no hacerlo, resume la condena.

Fuente: Diario Tiempo Argentino

Liga Profesional de Fútbol: Gremios de Prensa elevan pedido a la AFA

Los gremios de prensa solicitan a la AFA la ampliación del número de periodistas habilitados para cubrir los partidos de la Liga Profesional de Fútbol. El pedido busca garantizar el acceso a los estadios a la mayor cantidad de medios, en especial, a los que provienen de las ciudades de los equipos visitantes.

Rosario, 25 de marzo de 2021.
Sr. Gustavo Lorenzo.
Gerencia de Relaciones Institucionales
Asociación del Fútbol Argentino
De nuestra consideración:
Los sindicatos de Prensa del país abajo firmantes, y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, se dirigen a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien considerar la posibilidad de que se amplíe la cantidad de periodistas que puedan cubrir los partidos de la Liga Profesional de Fútbol, conforme fuera dispuesto por el boletín 5879 de la AFA.

Se solicita esta ampliación del número de periodistas, ya sean de prensa escrita u oral o reporteros gráficos, por cada partido de la Liga Profesional de Fútbol.

Esto especialmente con miras a permitir la posibilidad de que los medios de prensa de la ciudad de origen del club visitante puedan cubrir esas contiendas, aportando la impronta local a la cobertura del partido.

Si bien entendemos que no está prohibida la asistencia de periodistas de otras localidades, es una constante que se ha registrado en la mayoría de los partidos disputados a la fecha, que los clubes locales no acreditan a periodistas de otras ciudades, con el argumento de que el cupo dispuesto alcanza solo a cubrir la demanda de medios locales y en algunos casos ni eso.

El presente pedido se funda en las siguientes consideraciones:

1. El Boletín AFA 5879 amplía la cantidad de personas que pueden estar presentes en las diferentes zonas de los estadios, en relación al anterior de fecha 11 de febrero de 2021, sin modificar la cantidad de periodistas autorizados a asistir a los encuentros.
2. El mismo boletín N° 5879 de AFA establece la posibilidad de ampliación del número de periodistas hasta el doble del estipulado, siempre que las condiciones del estadio lo permitan;
3. Actualmente, estamos en una etapa de DISPO, en la que la circulación de personas y las actividades permitidas se han ampliado notablemente, por lo que no existe una razón para, en términos de pandemia, no ampliar este número.
4. Se ha ampliado también, en el mismo boletín, la cantidad de personas que integran cada una de las delegaciones de los clubes visitantes en cada partido.

En función de lo expresado, solicitamos a la AFA incluya expresamente en su protocolo para los medios de prensa, una ampliación del número de trabajadoras y trabajadores de prensa, y que se encuentre especialmente destinado a periodistas y medios de comunicación orales o escritos de ciudades diferentes a las del lugar del partido, y que sea extendido al resto de las categorías.

Una vez más, recordamos la importancia de la cobertura periodística que se realiza en el lugar mismo de los acontecimientos, en esta ocasión, los estadios de fútbol, que permite acceder a los hechos de primera mano, y favorece el ejercicio del derecho a la comunicación de manera más completa y correcta.

La función periodística resulta de vital importancia para ciudadanías tan interesadas en el deporte, en especial el fútbol, lo que torna cualquier esfuerzo por ampliarla en algo fructífero y bien recibido.

A la espera de una respuesta favorable, lo saludamos atentamente.
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren)
Sindicato de Prensa Rosario
Sindicato de Prensa de Mar del Plata
Asociación de Prensa de Tucumán
ARGRA

El periodismo inaceptable

Organismos de protección de infancias publicaron un documento tras dichos de Viviana Canosa que vulneraron derechos

La periodista Viviana Canosa, duramente criticada por vulnerar derechos.

Por: Mariana Iglesias*
El Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Público y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sacaron un comunicado por los dichos de Viviana Canosa, que dio detalles sobre la vida de la nena de 7 años secuestrada días atrás. Los organismos de protección consideraron "inaceptables" las palabras de la periodista, que "difundió información no oficial que revictimiza a la niña y a su entorno familiar".

Hay leyes: La 26.061, de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, plantea que los chicos que atraviesan situaciones conflictivas no sean expuestos en los medios, porque entorpece e impide su recuperación. La norma está incorporada a la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los niños, niñas y adolescentes no suelen tener voz ni una imagen positiva en los medios. En general aparecen si quedaron envueltos en un tema delictivo o judicial o si una nueva estadística los incluye. Las pocas notas “positivas” que protagonizan son las “historias de superación”, como caminar kilómetros para ir a la escuela, cuando no debería ser así.

El valor de los medios
Los medios pueden ser muy útiles para mostrar lo que no funciona, o que funciona mal. Estos días denunciaron que en Formosa separan a algunas madres de sus bebés recién nacidos, que una niña fue dada en adopción frente a las quejas de la familia de acogida que la crio tres años, que otra niña debe volver a Francia con su padre a pesar de las denuncias de violencia de la madre, y que dos niños lloraron a los gritos al ser entregados a la fuerza a sus padres, denunciados por violencia y abusos.

¿Por qué en Formosa hay fuerzas policiales metidas entre embarazadas y bebés? ¿Por qué la Justicia demora tres años en resolver el futuro de una beba cuando debía hacerlo en tres meses? ¿Por qué no se modernizan los viejos tratados internacionales que sólo miran dónde nace un niño para decidir su vida? ¿Por qué la Justicia devuelve niños en patrulleros a padres denunciados por abusos?

Dice el comunicado: “Los medios de comunicación pueden contribuir a informar sobre conflictos y desigualdades sociales enfocándolos en su conjunto, investigando los factores que los causan y buscando fuentes que propongan formas de superarlos, una tarea necesaria para la ciudadanía que sin embargo no necesita avasallar los derechos de las personas involucradas”.

*Mariana Iglesias es la editora de Género de Clarín

Fuente: Diario Clarín