martes, 2 de febrero de 2021

La TV por Cable y los Servicios de Telecomunicaciones deben ser sustentables para poder seguir conectando y comunicando a los argentinos

En el día de hoy, culminada la feria de enero, el Ente Nacional de Comunicaciones fue notificado de una resolución judicial que restablece la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, como servicio en competencia, a los fines de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan cientos de empresas en todo el país.

La medida cautelar, iniciada por un representante de nuestra industria de la provincia de Córdoba, determina la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de todo acto dictado como consecuencia de dichas normas. Asimismo, ordena al Poder Ejecutivo Nacional y al ENaCom abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

De acuerdo con lo dispuesto por la Justicia, el organismo regulador no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores TIC de nuestro país.

Según el fallo, de la prueba aportada surge que la imposibilidad de fijar los precios libremente establecida por el Decreto 690-que declaró servicios públicos a las Tics, incluyendo a la TV por cable-impide a las empresas poder recuperar las inversiones realizadas y continuar prestando sus servicios tal como hacen hoy.

Cabe destacar que la situación de nuestra industria empeoró con el dictado de la Resolución 1466de diciembre pasado, que únicamente autorizó un aumentoentreel5 y el 8%. Ello resulta absolutamente irrazonable e insuficiente en tanto la inflación oficial del año pasado fue del 36% según el INDEC y nuestros precios están congelados desde hace más de un año.

La intervención estatal y el consecuente atraso en los precios, sumado al significativo aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, implican una disminución muy significativa de la generación de ingresos. Esto pone en riesgo la posibilidad de realizar inversiones de capital ya no para el crecimiento sino para el propio mantenimiento de los servicios Tics que demandan los usuarios, que han demostrado con la pandemia requerir cada vez mayor ancho de banda, mayor velocidad, más tecnología y más contenidos.

La medida judicial sostiene que la modificación unilateral de las condiciones de prestación de nuestros servicios, derivada del DNU 690 que los califica como servicio público, no respétalo dispuesto en el Art. 42 de la Constitución Nacional. El fallo deja en claro que los derechos vulnerados no son sólo los de la empresa quienes dependen de ella, sino también los de todos aquellos que se sirven de los servicios que ésta presta. En otras palabras, que los usuarios pueden verse privados de continuar recibiendo los servicios contratados.

Existen sobradas experiencias de servicios públicos donde la falta de inversión -producto de la alteración de la ecuación económica de los mismos-terminó degradándolos al punto de comprometer su misma prestación. Pretender hacer lo mismo con servicios que están en competencia y que requieren altos niveles de actualización tecnológica, sería condenar a los argentinos a la desconexión y el atraso. En ningún país del mundo los servicios Tics tienen una regulación con estos alcances ni un régimen de precios general intervenido por el Estado. Como durante los meses más duros de la pandemia, los operadores estamos dispuestos a colaborar para atender situaciones de vulnerabilidad, para establecer mecanismos de emergencia y para contribuir a un acceso universal de los servicios básicos. Pero para ello necesitamos asegurar la sustentabilidad y la continuidad operativa de quienes nacimos, crecimos y operamos sin subsidios y en competencia a lo largo y ancho de todo el país.
Fuente: Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC)

Trabajadores del diario El Patagónico analizan medidas de fuerza

En la mañana del lunes 1 de febrero, trabajadores y trabajadoras del diario El Patagónico se reunieron con la Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), Carla Gaudensi y las y los integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia (SiPrenCR), además participó del encuentro Agustín Lecchi, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

En la reunión se analizaron las acciones planteadas destinadas a reclamar a la empresa la urgente actualización de salarios, dado que hace tres años incumple sistemáticamente la fecha de pago de salarios y las actualizaciones de la escala del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 541/08.

El Patagónico -razón social IGD- depende hasta hoy del grupo Indalo Media, que integran otros medios, como Ámbito Financiero, Radio 10 o C5N. La empresa se encuentra comprometida como parte del proceso judicial que enfrentan Cristóbal López y Fabián De Sousa, los empresarios salieron en libertad pero la situación de la empresa no ha cambiado.

Carla Gaudensi está recorriendo las provincias patagónicas para realizar un balance de la situación del sector. En su paso por Comodoro Rivadavia tomó contacto con distintos medios de la ciudad entre otros con LU4 Nacional Patagonia y comentó: "Lo más importante es que estamos haciendo esta recorrida con distintos sindicatos de la Patagonia, para reafirmar una lucha que se está dando desde la Federación que es el reclamo de la zona desfavorable, la zona patagónica".

El Patagónico
"En Comodoro, desde el 2017 a la fecha ha sido complicado para los trabajadores que llegaron a tener hasta 3 salarios acumulados sin cobrar, aguinaldos pagados fuera de termino, entre otras irregularidades, con el impacto económico y psicológico que esto conlleva. Hoy en este contexto no se puede dejar un trabajo y tomar otro pensando en que lo que vas a conseguir será mejor y eso somete a los trabajadores a una situación de gravedad. Pero además no vemos que se busque revertir la situación y lo venimos denunciando sistemáticamente hace 3 años", dijo Mónica Baeza, Secretaria General de SiPrenCR.

Asimismo, "la pandemia también tuvo una dura repercusión en el diario, fuimos calificados como una actividad esencial y no se paró de trabajar pero quienes están a cargo de la parte operativa de la empresa a nivel local decidieron dejar de imprimir el papel, esto también somete a una situación de muchísima incertidumbre a quienes no trabajan en la edición digital. En los últimos 3 años se perdieron el 50 por ciento de las fuentes laborales, muchos trabajadorxs tomaron el retiro voluntario y fueron los mismos compañerxs lxs que lo pagaron esos retiros y las deudas de la empresa en el marco del concurso de acreedores, cabe aclarar que esto no significó ningún beneficio para quienes siguen en actividad. Se sigue manteniendo las redes sociales, el alcance de las publicaciones del portal. La situación de incertidumbre se agrava porque no hay referentes de la empresa que den cuenta sobre las decisiones de la empresa. El síndico es de Buenos Aires, la jueza también es de Buenos Aires y nosotros vivimos en Comodoro".

Para graficar la situación, Baeza sostuvo: "tenemos compañeros que están cobrando 17 mil pesos, no se aplicaron las actualizaciones salariales de los últimos años. Esperamos que la empresa responda a este pedido que es fundamental, porque hablamos de trabajadores que están bajo la línea de pobreza frente a una canasta que está por encima de los 50 mil pesos, estos compañeros ni siquiera han podido acceder a subsidios –más allá de los contemplados por la pandemia en forma reciente y acotada- porque son trabajadores registrados y además declarados esenciales".

En este contexto, la Secretaria General de la FATPren propuso realizar gestiones concretas destinadas a acompañar el reclamo de lxs trabajadorxs y la articulación de acciones con el SiPreBA.
Fuente: FATPren

lunes, 1 de febrero de 2021

España: La libertad de prensa es vulnerada en tribunales

En hechos separados, la justicia española multó a la revista digital CTXT y la satírica Mongolia por vulnerar el derecho "al honor" de un torero retirado y de un actor. Uno de los afectados acusa "censura previa digna de una dictadura"
Por: Alejandro Gutiérrez

En lo que Miguel Mora, uno de los afectados, califica de "vuelta a los años más oscuros del franquismo", en hechos separados la justicia española multó a dos medios –la revista digital CTXT y la satírica Mongolia– por vulnerar el derecho "al honor" de un torero retirado y de un actor. Se trata, insiste Mora, de una "censura preventiva digna de una dictadura". Los demandados recurrirán a instancias jurisdiccionales europeas para revertir esas dos condenas que, en los hechos, atentan contra la libertad de prensa.

El humor parece estarse perdiendo en España. Y el tema se pone más serio si pasa por el Poder Judicial de este país, como sucedió con las resoluciones –sin conexión entre sí– de dos tribunales, uno de ellos el Supremo y otro de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenaron a la revista satírica Mongolia y a la revista digital CTXT (Contexto) por vulnerar el derecho "al honor" de los respectivos demandantes, un torero retirado y un actor.

Ambas resoluciones jurisdiccionales tienen rasgos excesivos y ya han prendido las alertas en algunas organizaciones de periodistas y juristas, porque suponen una clara regresión en materia de libertad de información y de prensa en España. La de Mongolia se conoció el 22 de diciembre pasado, y la de CTXT se dio a conocer el miércoles 13 de enero.

Las dos publicaciones verán afectado su patrimonio para cumplir con el pago de multas a los ofendidos, aunque el caso más comprometido es el de Mongolia, que de no ser por una exitosa campaña de crowfunding entre sus lectores –lo que les permitió reunir el monto requerido: 60 mil euros–, estaría destinada a la desaparición. CTXT tendrá que pagar 5 mil euros y la publicación de la sentencia en dos medios de circulación nacional.

Sin perder su talante satírico, Mongolia tituló un texto sobre la resolución en su contra: "La ‘figura del toreo’ sale en hombros del Supremo". Y el epígrafe reza que el alto tribunal asume íntegra la demanda del extorero José Ortega Cano contra Mongolia, "en una sentencia que equivale a pedir las dos orejas y el rabo de la sátira profesional".

El fallo del tribunal afirma que vulneraron el "honor" y la "propia imagen" del torero al divulgar un cartel con "fines publicitarios", un fotomontaje con el que se hizo "escarnio" del extorero.

"Informar es peligroso"
La revista digital CTXT difundió así el caso en su sitio de internet: "Una jueza condena a CTXT por vulnerar el honor del famoso actor XXXXXXXXXX".

La razón de suplir el nombre del ofendido con las X es, primero, porque la magistrada Ana Mercedes Merino aceptó la demanda interpuesta por el protagonista de la información, porque se "vulneró el derecho al honor del demandante", pero además le impuso al medio la "censura preventiva", al prohibirle publicar de nueva cuenta cualquier tipo de información relacionada con la noticia.

En 2016, CTXT publicó una información en la que el actor ofendido era señalado por constituir una sociedad para recabar y gestionar los fondos de la gala de los premios de cine Goya, en el tiempo que dirigió la organización de los actores españoles, decisión que no gustó al resto de los miembros de la academia de cine. El hecho aceleró la salida del actor de la presidencia de la academia del cine español.

En su resolución, la juez reconoce que la noticia es veraz, que es de interés general y que no incluía ni rumores ni invenciones. Igualmente, reconoce la "debida y razonable" diligencia profesional del periodista que publicó la noticia y la veracidad de sus fuentes. El medio contactó al actor para incluir su versión, pero éste declinó esa posibilidad; sin embargo, demandó y pidió 600 mil euros al publicarse la información.

La juez consideró que el "estilo de redacción" de la noticia afectaba al honor del demandante y que este derecho "prevalece" sobre el de la libertad de expresión.

Obliga a CTXT a borrar la publicación y todos los mensajes relacionados en redes sociales, así como publicar la sentencia íntegra en los diarios El País y El Mundo, lo que supone una erogación importante.

Miguel Mora, director de CTXT, dice en entrevista con Proceso que la "mordaza preventiva" que les impone la sentencia "es un caso evidente de censura preventiva digna de una dictadura, donde había que darle los textos al censor antes de publicarlos. En ese sentido es un retroceso gigantesco".

Excorresponsal de El País durante 22 años en Lisboa, Roma y París, Mora apuesta a que el recurso que presentarán en la Audiencia Provincial de Madrid antes del 1 de febrero subsane el auto de la juez; sin embargo, lamenta que esto siente "un precedente tan terrible".

"Porque no creo que haya habido en la democracia española un caso parecido a este en que una jueza decida que el honor del protagonista de una noticia que se siente perjudicado, nos impida publicar nada más sobre el asunto."

Sostiene que esta sentencia se inscribe en un "retroceso general del país, en especial de una parte de las élites" de España, que empujan "hacia la vuelta a los años más oscuros del franquismo, una nostalgia de los tiempos donde no había democracia, y por eso es todavía más inquietante. Está claro que no es un error técnico, sino una medida nostálgica".

El entrevistado recuerda que en los últimos años, desde la aprobación de la Ley Mordaza en 2014 por la mayoría del Partido Popular, durante el gobierno de Mariano Rajoy, se fue escalando en condenar por delitos de opinión, como sucedió con un par de titiriteros, con tuiteros, cantantes y raperos, "y la escalada se ha ido agrandando y llega a los medios, creo que forma parte de ese clima de amordazar la libertad de pensamiento y de crítica; todo forma parte del mismo retroceso".

Desde la aprobación de esa ley, afirma, se ha ido reflejando la mayor discrecionalidad de los jueces sobre los presuntos delitos de opinión. "Y aquí se combina con una peculiaridad muy española, que es la pervivencia del honor como fuente de impunidad. Es una pervivencia de un rasgo medieval y franquista", que se convierte en un arma terrible, porque "baste que cualquiera se sienta ofendido en su honra por algo, aunque no se le haya insultado, para que se plantee pedir 600 mil euros a un medio de comunicación, cuyo presupuesto anual son 500 mil; entonces es una pervivencia peligrosa para la libertad de información y de prensa".

Mora recuerda que cuando el actor se mostró ofendido rectificaron la información, se suprimió un párrafo y se modificó el titular en aras de un entendimiento, lo cual los absolvió de la vía penal; sin embargo, en la vía civil no se pudo, y fue aún peor porque prácticamente se juzgaron "las intenciones" de dicha noticia.

CTXT lo explica así en un editorial dirigido a sus lectores, en el que advierte una "nueva forma de censura", porque "no basta para eludir una condena con que el periodista contraste diligentemente la veracidad de la noticia", sino que además, "si hay un tono crítico, debe cuidar de que nadie la interprete mal y de que el aludido no se sienta herido. Esto se entendería bien si las expresiones utilizadas en la información fuesen injuriosas, si la intención principal fuese hacer daño al personaje", lo que no es el caso. Es, por tanto, "un nuevo modo de censura castigable (con dinero y boca cerrada)".

Aunque la multa es menor, 5 mil euros –que los miembros de CTXT recurrirán en los tribunales para que se rectifique, incluso, si es necesario llegar al Tribunal Constitucional–, Mora explica que su objetivo es difundir el caso de la publicación que dirige, para que periodistas y juristas discutan la sentencia y la evalúen. "La campaña se trata más de una defensa democrática del derecho a la información".

La Federación Internacional de Periodistas rechazó la sentencia porque publicar una noticia veraz y elaborada según los parámetros profesionales del periodista, sin contener ofensas personales, pueda suponer "una violación del derecho al honor". Peor aun, la imposición de "una censura previa supone una amenaza a la libertad de información, impropia de un país democrático".

En términos similares se pronunciaron la Federación de Sindicatos de Periodistas, la Agrupación de Periodistas de la Unión General de Trabajadores y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

La sátira, al paredón
Desde su nacimiento, en 2012, la revista Mongolia recurrió a distintas expresiones culturales, incluida Mongolia: El Musical, una obra satírica en la que subían a escena los cartonistas Darío Adanti y Edu Galán, con el apoyo de Fernando Rappa y Pere Rusiñol, con su sátira descarnada y divertida.

En noviembre de 2016, para una serie de presentaciones en Cartagena (Murcia, sureste de España), elaboraron una viñeta de promoción con la figura de la Virgen de la Caridad, patrona de la ciudad, con la cara del entonces recién estrenado huésped de la Casa Blanca, Donald Trump, y en su regazo Hillary Clinton. Esto provocó una airada reacción de los sectores ultracatólicos, que demandaron a Mongolia –demanda que se archivó–, protestaron e insultaron a las puertas del teatro y el obispo del lugar encabezó una "misa de desagravio" para la virgen.

En entrevista por separado, Pere Rusiñol, uno de los fundadores de la revista y responsable de la sección "seria" de Mongolia, "Reality News", dice que ante la airada reacción modificaron el cartel promocional para bajar la tensión, por uno en el que aparece un extraterrestre con la cara del torero retirado José Ortega Cano, sosteniendo entre sus manos un cartel con el texto "antes riojanos que murcianos" y diciendo "Estamos tan agustito" y la leyenda "Viernes de dolores… sábado de resaca".

Esta figura del toreo en aquel tiempo había sido tema principal para la prensa del corazón, porque mientras manejaba ebrio había atropellado y matado a un hombre.

"Cuando nacimos en 2012 hicimos una radiografía sobre el retroceso respecto de la explosión creativa y de disidencia cultural que hubo en la España de los ochenta, justo después de la transición; un retroceso que se acaba reflejando en la legislación con la Ley Mordaza, y hace más difícil que salgan expresiones satíricas de este tipo.

"Por eso creamos Mongolia, no sólo como proyecto cultural, sino como un proyecto político, activista, en la medida en que aspira a crear un marco favorable a la libertad de expresión de la sátira y de la disidencia cultural, superior al que tenemos en el país. Lamentablemente, nuestro diagnóstico se ha visto confirmado y dibujando progresivamente un terreno de juego cada vez más chico."

Tras un largo peregrinar en tribunales, finalmente, en diciembre pasado, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo condenó a la empresa editora de la revista a pagar 60 mil euros, entre indemnización al torero (40 mil euros), costos del juicio e intereses, en el que asegura que Mongolia anunciaba un "concierto", lo cual no tiene relación con el espectáculo de sátira política, y por el hecho de que lucraron con el mismo.

El tribunal acuerda que el cartel promocional de Mongolia vulneró el "derecho al honor" y a "la propia imagen" de Ortega Cano, al divulgar un fotomontaje que se hizo con "escarnio" del demandante, "en su día, figura del toreo", y "centraba la atención del espectador en la adicción del demandante a las bebidas alcohólicas, reviviendo así un episodio de su vida por el que ya había cumplido condena, y en definitiva atentando contra su dignidad".

Para Rusiñol, el tribunal demostró que no tienen sentido de lo que es la sátira profesional y "como si la sátira no estuviera permitida, lo que sería inaceptable en un país de la Unión Europea.

"La sentencia demuestra que los magistrados no tienen la menor idea de lo que es la sátira y lo que supone en Occidente, en las democracias avanzadas. Cuentan mis compañeros que en una comparecencia del juicio, la magistrada les dijo: ‘¿Saben que lo que ustedes hacen molesta?, ¿por qué lo siguen haciendo?’. Eso es deprimente".

En su opinión, esta sentencia choca con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que España está sometido, que permite la sátira de un personaje público, aun con fines comerciales, y "esto simplemente ha dejado un estado de ánimo contrario a la disidencia".

Recuerda que la propia viñeta del cartel buscaba, "como hacen en otras regiones de España, hacer un guiño a situaciones, personajes o episodios locales, como en Cartagena sobre un torero que vive de vender su vida a las revistas del corazón y nuestra crítica legítima denunciaba la doble vara de medir de la justicia con la gente famosa, cómo se enaltece a los toreros en este país a pesar de que se haya cometido el delito de matar a una persona por conducir borracho".

Las viñetas de sus carteles promocionales, sostiene, son un anticipo de la sátira que los seguidores iban a ver en la obra de teatro, "pero esta condena nos demuestra una España muy antigua".

–¿En España se está perdiendo el sentido del humor? –se le inquiere.

–Eso pensamos nosotros. Es lo que estamos viendo en los últimos años con los titiriteros (dos titiriteros presos por "enaltecimiento al terrorismo" por satirizar en una obra de guiñoles que a una bruja se le fabrican pruebas policiales por poseer una ‘albóndiga-bomba’ y un cartel que dice "Gora-Alka-ETA", que era un juego de palabras humorístico), con tuiteros y con raperos.

Rusiñol sostiene que gracias a una campaña de crowfunding y la solidaridad de sus lectores consiguieron recaudar el monto de la multa, pero que su propósito es recurrir el caso incluso ante el Tribunal Constitucional pero, sobre todo, ante las instancias jurisdiccionales europeas.

"No es cuestión de pagar o no la multa –que no nos gusta nada pagar a ese señor–, sino pedir ayuda a Europa para que nos ayude con la jurisprudencia mucho más avanzada que tiene y evitar que sigamos reduciendo el terreno del juego para la disidencia cultural y la sátira en nuestro país. No es sólo denunciar, sino que no suceda; de lo contrario la sátira no se podría ejercer de manera profesional, porque está el ánimo de lucro, y además tendríamos que pedir permiso al satirizado para que autorice reírte de él. Eso hace que en la práctica no sea posible y nuestro propósito es que una sentencia en Europa deje muy en claro que esto es posible en España".

Hasta ahora, la solidaridad con Mongolia ha rebasado las fronteras. Hay cartonistas y revistas satíricas de Argentina, Chile, Italia y México que han expresado públicamente su apoyo, entre ellos el cartonista mexicano Rapé y los Chamucos.
Fuente: Revista Proceso

El periodismo chileno vive una nueva semana aciaga

Por: Daniel Matamala

"La publicidad de las acciones sirve para estimular el bien, retraher (sic) del mal y alimentar el honor", decía en 1813 el primer número de El Monitor Araucano. Dos siglos después de ese hito, el periodismo chileno vive una nueva semana negra.

Esta partió con la renuncia del equipo de La Voz de los que Sobran, acusando que trabajaban sin contrato ni previsión. Y cerró con despidos masivos en Copesa, que incluyen a este diario, La Tercera, además del cierre de La Cuarta en papel, sumándose así a la larga lista de medios desaparecidos de las imprentas en los últimos años: Qué Pasa, Paula, Cosas, Caras y La Hora, entre tantos otros.

Otra semana negra en una noche cada vez más oscura. Según Puroperiodismo, entre 2017 y mediados de 2020, al menos 2.460 profesionales de la prensa fueron despedidos en Chile. Por cierto, en cada uno de estos casos hay explicaciones puntuales. No es aceptable que ninguna empresa -así sea un medio independiente de financiamiento precario- incumpla las leyes laborales. También son cuestionables las medidas que han tomado conglomerados como Copesa al enfrentar la crisis. El estallido social reveló una legítima crítica a la prensa, que suele descansar demasiado en pautas oficiales y poco en un contacto más estrecho con los ciudadanos. Y la pandemia derrumbó la inversión publicitaria.

Pero la crisis es mundial. Según Borrell Associates, en Estados Unidos la prensa escrita pasó de tener el 50% de la torta publicitaria en 1980, a cerca del 10% hoy. La televisión abierta cayó del 40% al 15%. Ese dinero va ahora a los grandes monopolios de Internet, en una concentración brutal que se acelera día a día.

En Chile, no tomamos a tiempo definiciones urgentes. En la ley de televisión digital, pasamos tantos años discutiendo si adoptábamos la norma digital japonesa o la estadounidense, que cuando finalmente se promulgó ya era irrelevante, ahora que el debate es cómo sobrevivir con contenidos locales frente a Netflix o YouTube.

Difícil lograrlo cuando La Nación se cerró a golpe de decreto, sin una discusión nacional sobre si queríamos tener un diario público (público, no oficialista), en un sistema dominado por el duopolio de El Mercurio y Copesa. Muy difícil, cuando a TVN la dejan languidecer apostando a su muerte natural, en vez de relevar el rol fundamental de la televisión pública en todas las democracias sólidas del mundo. Imposible, cuando el Consejo Nacional de Televisión sigue siendo un botín del cuoteo político, donde acaba de asumir una presidenta sin experiencia en la materia.

La solución, nos siguen diciendo, está en el mercado. Pero las noticias no son un simple producto de consumo; son también un bien público, tanto por su relevancia para la democracia como por la imposibilidad de cobrar directamente a quienes se benefician de ellas. Más aun cuando ese mercado está distorsionado por avisadores que usan su poder económico para castigar a medios poco dóciles.

En la era de las noticias falsas y la política del odio, el periodismo de calidad es más indispensable que nunca. El problema es que su modelo de negocios resulta menos viable que nunca. El periodismo de investigación requiere meses de trabajo, con profesionales experimentados, para lograr un único producto. Así se logró, por ejemplo, ubicar a a Paul Schäfer en Argentina. Pero hoy ese reporteo es inviable. Un medio como Ciper puede pasar semanas investigando un golpe, para que, a los cinco minutos de publicarlo, la misma información esté en decenas de sitios de internet que invirtieron $0 en ella. ¿Qué "modelo de negocios" aguanta así?

No fue por casualidad que las democracias occidentales crecieron en paralelo a los medios de comunicación; no fue por azar que nuestra patria nació junto a nuestro primer periódico, La Aurora de Chile; ni es un accidente que hoy el objetivo número uno de los líderes autoritarios sea destruir la confianza del público en el periodismo profesional. Tras atacar a la prensa como "el enemigo del pueblo", Donald Trump logró que el 91% de sus partidarios lo consideraran a él como la "fuente más confiable" de información, contra sólo el 11% a los medios. Las consecuencias, ya las conocemos.

Algunos creen que la desaparición de los medios tradicionales derivará en una utopía de ciudadanos libres intercambiando información a través de las redes sociales. No entienden que nos encaminamos ya no a un duopolio nacional, sino a uno mundial en que Facebook y Google son árbitros del debate público, y deciden a través de algoritmos qué ves, qué piensas y qué sientes sobre cada una de las noticias. Como dice la profesora emérita de la Escuela de Negocios de Harvard Shoshana Zuboff, vivimos en una era "comparable a la primera época de la industrialización, en que los dueños tenían todo el poder". "Podemos tener una democracia, o podemos tener una sociedad de vigilancia, pero no podemos tenerlas ambas", dice Zuboff.

Algunos gobiernos están tomando cartas en el asunto. Australia presentó una ley que obligará a Facebook y Google a pagar "una remuneración justa" a los medios de comunicación por las noticias que publican, intentando preservar el periodismo de interés público, que, según una comisión oficial, "cumple un rol crítico para el funcionamiento efectivo de la democracia". En Francia, la autoridad de libre competencia obligó a Google a llegar a un acuerdo con los medios de prensa para pagarles por el contenido que generan.

Mientras, en Chile, muchos siguen encogiéndose de hombros, esperando que el mercado lo solucione todo. No entienden que, como advertía hace justo un siglo Walter Lippmann, "la crisis de la democracia es la crisis del periodismo". Sus destinos van inevitablemente de la mano.
Fuente: La Tercera

domingo, 31 de enero de 2021

El Grupo Clarín apelará el fallo en su contra y asegura que ganará

Para la Justicia, el holding no pudo demostrar que el Decreto 690 le genere "daños económicos irreparables"
Por: Jonathan Raed - @JRaed

La pelea entre el ENaCom y Telecom por el aumento de tarifas de TV paga e Internet lleva varios rounds. El gobierno se llevó el último y está arriba en las tarjetas, aunque se descuenta que la empresa contragolpee con una apelación.

Desde el ENaCom, adelantaron que “de no cumplir la ley, las empresas recibirán las multas que correspondan”, mientras que letrados del Grupo Clarín aseguraron a este medio que “esta cuestión la vamos a ganar”.

El viernes último, el Juzgado de Feria de Primera Instancia en los Contencioso Administrativo Federal, a cargo del Dr. Walter Lara Correa, rechazó la medida cautelar solicitada por Telecom SA. La misma pedía la anulación del Decreto 690/20, que al entender de la empresa provoca daños irreparables en su economía.

En el fallo, Lara Correa advirtió que la empresa “no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía, de manera tal de acreditar que la denegación de la medida cautelar le causaría un gravamen que difícilmente podría revertirse”. En otras palabras, la empresa no pudo acreditar esos supuestos daños.

En términos políticos, la batalla es entre el gobierno y el Grupo Clarín. En 2018, Cablevisión se fusionó con Telecom. Cablevisión Holdings y el fondo Fintech son quienes controlan la empresa. Fintech pertenece al empresario mexicano David Martínez, mientras que los titulares de Cablevisión Holdings son Héctor Magnetto, José Aranda, Lucio Pagliario y los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera.

Cuando el presidente Alberto Fernández firmó el decreto que declara públicos y esenciales los servicios de TV paga, Internet y telefonía móvil, el Grupo Clarín puso el grito en el cielo. A partir de ahí, el gobierno –a través del ENaCom– fijaría los aumentos de esas tarifas de forma trimestral. Para diciembre, ENaCom había autorizado un 5% de suba. Sin embargo, la empresa aplicó un 20 por ciento.
Ver también: Rechazan cautelar de Telecom contra el decreto que declaró a la telefonía, Internet y TV Cable servicio público esencial
El vicepresidente del ENaCom, Gustavo López, dio a Tiempo su punto de vista: “Telecom no solo judicializó, sino que fue el primero en decir que no iban a cumplir con el Decreto 690/20. Es un desafío a la autoridad regulatoria, por parte de un grupo empresario que no está acostumbrado a que le hagan cumplir la ley”.

La actitud del Grupo Clarín animó a otras empresas del sector a seguir el mismo camino. “Todas incumplieron, excepto Claro. No entienden que cambió la norma. Podemos discutir precio, reglamento, etc. Lo único que no se discute es el decreto”, aseguró López y agregó: “No tenemos animosidad contra ninguno, pero este es el sistema democrático. El precio ya no es libre y, además, hay una Prestación Básica Universal que se debe cumplir”.

El funcionario apuntó que el decreto no lesiona la economía de la empresa de la forma que ella asegura. “No lo pudieron demostrar ante el juez y, por eso, les rechazan los amparos. De hecho, para pymes y cooperativas del sector habrá un aumento en febrero porque ellos sí han demostrado ese daño. No queremos que a nadie le vaya mal”, afirmó.

“Seguimos negociando para ajustar el precio en marzo como corresponde: la empresa mostrará costos, inversión y tasas de ganancia. Ellos deben mostrar mayores costos y nosotros los ajustamos al bolsillo de la gente y sus ingresos. Lo que no puede ocurrir es el incumplimiento”, continuó.

Sobre la continuidad de la contienda político-judicial, López adelantó: “Ya intimamos a las empresas a ajustarse a la ley y a devolver el porcentaje excedente que les cobraron a los clientes. Si no lo hacen, aplicaremos las multas que correspondan”. Finalmente, especuló: “Seguramente, van a apelar e irán a la Cámara”.

Ante la consulta de Tiempo, desde el equipo de abogados de la empresa fueron categóricos: “No vamos a adelantar nada por secreto profesional, pero esta cuestión la vamos a ganar, no se haga problemas”.
Foto: Diego Paruelo
Fuente: Tiempo Argentino

Solicitada: Cablevisión, pará la mano

Quienes abajo firmamos le exigimos a Cablevisión/Clarín/Telecom que respete al sistema democrático. Y que cumpla las normas que dicta un gobierno democráticamente elegido. Sobre todo, cuando está en juego el acceso social a la información, la educación y la cultura.

Una vez más, el holding intenta burlarse de las instituciones y golpea el bolsillo de la ciudadanía.

Por segundo mes consecutivo, Cablevisión aplicó a los usuarios un aumento del 20 por ciento, desconociendo la autorización de sólo el 5 por ciento de incremento que dispuso el Ente Nacional de Comunicaciones mediante la Resolución 1466/2020, medida dispuesta en el contexto extraordinario de la pandemia que afecta al planeta.


Además, confiando en la influencia de su posición dominante de mercado y probables complicidades dentro del Poder Judicial, otra vez el Grupo maniobra para evitar el cumplimiento de resoluciones democráticas que benefician al conjunto de la sociedad y ponen límite a sus intereses corporativos.

En el fondo, la empresa pretende desconocer el DNU 690/20, con el que el presidente Alberto Fernández determinó que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un derecho humano básico, declarando a la telefonía celular, la fija, internet y la TV por pago como servicios públicos esenciales en competencia.

El decreto 690/20 ya refrendado por el Senado de la Nación repuso la facultad regulatoria del Estado que había derogado el macrismo. Y por lo tanto está plenamente vigente. Por ello los precios fijados para los servicios de TIC deben ser autorizados por el ENaCom.

También señalamos que es obligatoria para las empresas garantizar la Prestación Básica Universal (PBU) para toda persona cuyo ingreso fuera igual o inferior a dos salarios mínimos vitales y móviles, para que nadie se quede sin acceso a un recurso básico como la conectividad, por cuestiones económicas.

El mismo holding que repartió dividendos a sus accionistas en medio de la pandemia, hace uso de su posición dominante en el sistema de medios para lucrar con los usuarios mediante abusos tarifarios, hoy ilegales. A pesar del intento permanente de parte del gobierno de generar un vínculo de diálogo, las empresas del grupo Clarín desconocen las normas legales dictadas en un gobierno democrático. No es la primera vez.

El conflicto real sigue siendo el mismo. Quién gobierna la Argentina: el voto mayoritario de la ciudadanía en democracia o algunas corporaciones cartelizadas.

Adhesiones:
Verbitsky, Horacio - Solari, Indio - Maradona, Dalma - Seoane, María - Alemán, Jorge - Morales, Víctor Hugo - Rinaldi, Susana - Veiras, Nora - Saborido, Pedro - Bruschtein, Luis - Rossetto, Cecilia - Navarro, Roberto - Roth, Cecilia - Figueras, Marcelo - Giardinelli, Mempo - Herrero, Liliana - Heredia, Víctor - Argumedo, Alcira - González, Horacio - Albistur, Enrique - Bercovich, Alejandro - Forster, Ricardo - Maitena - Aliverti, Eduardo - Parodi, Teresa - Russo, Sandra - Grandinetti, Darío - Banegas, Cristina - Rinesi, Eduardo - Darín, Alejandra - Echarri, Pablo - García, Cynthia - Varela, Andrea - Vitale, Liliana - Caballero, Roberto - Tognetti, Daniel - Ramos Padilla, Juan Martín - Urtizberea, Mex - Soriano, Pepe - Ragendorfer, Ricardo - Barragán, Carlos - Cirelli, Gustavo - Murano, Adrián - Noher, Jean Pierre - Busnelli, Mirta - Palmer, Patricia - Berthet, Lola - Caravajal, Peteco - Barrientos, Paola - Varela, Adriana - Rozanski, Carlos - Barcesat, Eduardo - Sucarrat, María - Vinelli, Natalia - Bru, Rosa - Kaufman, Alejandro - Rapisardi, Flavio - Merlin, Nora - Papaleo, Carolina - Mocca, Edgardo - Alcaraz, Florencia - Dillon, Marta – Alonso, Juan- Kuliok, Luisa - Dri, Rubén - Lafón, Nora - Puiggrós, Adriana - Moyano, Mariana - Ziembrovsky, Luis - Carbajal, Gonzalo - Busso, Néstor - Hendel, Liliana - Plaini, Omar - Amichetti, Héctor - Pianelli, Alberto - Gaudensi, Carla - De Feo, Carlos - Catalano, Daniel "Tano" - Wasiejko, Pedro - Lecchi, Agustín - Luzzani, Telma - Brieger, Pedro - Halperín, Jorge - Galende, Luciano - Picchio, Ana María - Mirás, Fernán - Bonín, Arturo - Pelicori, Íngrid - Audivert, Pompeyo - Rissi, Claudio - Palomino, Juan - Abbate, Florencia - Rizzo, Raúl - Gallardou, Claudio - Pandolfo, Palo - Catalano, Lidia - Sancineto, Mosquito - Zarranz, Luis - Daney, Brenda - Klachko, Paula - Calderaro, Romina - Rodríguez, Emanuel - Corcuera, Javier - Romero, Javier "El Profe" - Piqué, Martín - Vila, Viviana - Borroni, Fernando - Robles, Raquel - Tejedor, Cristina - Melingo, Marcelo - Varela, Susana - D'Alessio, Malena - Moreira, Eva - Caruso, Pablo - Bernardo, Héctor - Orellano, Claudio CéSar - Elbaum, Jorge - Déboli, Jorge - Postolski, Glenn - De Charras, Diego - Monje, Daniela Inés – Villamayor, Claudia - Mata, María Cristina - Bulla, Gustavo - Ali, Luis Emilio - Haimovichi, Irene - Boris, Diego - Rondoletto, Marta - Fernández, Guillermo - Bilyk, Pablo - Jaunarena, Jorge – Antonini, Pablo - Morales, Susana - Masllorens, Enrique - Geiger, Conrado - Muleiro, Vicente - Rodríguez Larresse, Ernesto - Pavlovsky, Martín - Benítez, Carlos - Fernández, Marcela Fabiana - Schvartz, Claudia - Marcove, Daniel - Contreras, Patricio - Muleiro, Hugo - Yasenza, Conrado - López Ocon, Mónica - Schuster, Federico - Parisi, Mariela - Hernández, Silvia - Calotti, Gabriela - Lizondo, Liliana - Delyhele, Pedro - Colli, Siro - Lucena, Daniela - Calcagno, Natalia - Kejval, Larisa - Abatedaga, Nidia - Valls, Damián - Stoppani, Natalia - Olivieri, Graciela Mónica - Botto, Mariela - Martins, Susana - Converso, Stella - Barcia, Hugo - Dubatti, Jorge - Pavan, Fagner - Ibarretta, María - Plazaola, Ricardo - Roca, Horacio - Torres Molina, Susana - Szuchmacher, Rubén - De Luque, Paula - Capano, Mónica - Alarcón, Milagros - Falbo, Mónica - Torres, Mónica - Favero, Claudia - Miguel, Sebastián - Sangroni, Sofía - Pérez Raventós, Guillermo - Orlando, Alicia - Gallizi, Stella Maris - Bekeris, Eugenia - Rosetti, Martín - Sánchez, Jorge - Battista, Vicente - Yovino, Ana - Dossena, Mariano - Valenzuela, Luisa - Madjarova, Antoaneta - Imen, Pablo - Piro, Alfredo - Sormani, Nora Lía - Ruggeri, Mariela - Mutuberr+ia Lazarini, Valeria - Aldazabal, Carlos - Doria, Santiago - Forteza, Christian - Koss, MaríA Natacha - Kamen, Diana - Alegre, Walter - Álvarez, Omar - Scarpitto, Nelly - Dacal, Enrique - Alessi, Julieta - Scarpitto, Daniel - Landeira, Adrián - Dubatti, Ricardo - Grinspan, Julieta - Nardoza, Julia - Ríos, Jorge - Palladino, Martín - Miserere, Cecilia - Jiménez, Pepe - Tasso, Liliana - Palacios, Cristian - Pomeraniec, Alberto David - Salatino, Lucía - Drigo, Pablo - Guerra, Hilda - Calmet, Héctor - Lukin, Liliana - Urbaneja, Martín - Viola, Daniel - Díaz Mourelle, Ricardo - Mamani, Sara - Silva, Pablo - Martino, Miriam - Tarruella, Alejandro - Pérez Sabbi, Mercedes - Gaya, Miguel - Marino, Constanza - Zaballa, Daniel - Benjuya, Alina - Kramer, Guillermo - Cattaruzza, Alejandro - Capareno, "Coca" - Rodríguez, Diego Ernesto - Piccardo, Jorge - Koss, Ricardo - Umansky, Mónica - Buira, Daniela - Rivkin, María - Atencio, Elisa Laura - Guinzburg, Elida Mabel - Correa, Juan Manuel - Mauricio, Matías - Santa Cruz, Ester - Sadosky, Natalia - Vannelli, Alejandro - García Pintos, Alejo - Loiseau, Juan Matías "Tute" - Serrano, Rolando "Roly" - Pablovsky, Martín - Núñez, Osmar - Cymer, Laura - Pacchio, Ana María - Gabin, María José - Larresse, Ernesto - Tombeti, Federico - Vera, Elba Norma "Coni" - Carreras, Victoria - Malvares, María José "Majo" - Gonzalo, Norberto - Correa, Gabriel - Peña, Horacio - Ferradas, Marcela - Cardozo, Lucrecia - Dacal, Pablo - Mortola, Martín - Paccini, Jorge - Follari, Roberto - Cárcamo, José Salvador - Santilli, Daniel - Gordillo, Gustavo Enrique - Capotondo, Fernando - Ledesma, Laura - Lanteri, Pedro - Marín, Manuel - RÉBori, Blanca - Ruano, Hugo - Ferrer, Julio - Vega Gron, Elizabet - Gulman, Hugo - Amigo, Federico - Gerbaldo, Judith - Tessio, Susana - Cornejo, José - Stagno, Gladys - Bettanín, Juan Carlos - Torres, Victoria - Moreno, Horacio - Feinmann, Virginia - Oliva, Alexis Darío - Wainstein, Gabriel Marcelo - Rodríguez, RubéN "Gallego" - Corvalán, Elena - Müller, Ana - Veiga, Gustavo - Cano, Gustavo - María, Diego - Arellano, Álex - Andrés, Julia - Navarro, Sol - García, Bretaña - Coringrato, Ezequiel - Bernetti, Jorge Luis - Juaristi, Ezequiel - Junio, Juan Carlos - Villafañe, Juano - Giniger, Luis Pablo - Conti, Alejandra - Ramb, Ana María - Gantman, Valeria - Rosso, Sergio - Quijano, María Eva - Nenna, Francisco "Tito" - Pérez, Jorge - Montero, Fernando - Moggia, Betiana - Salinas Porto, Sergio - Sorín, Sergio - Holubica, Carlos Francisco - Názer, María Eugenia - Antelo Cortez, Claudia Andrea - Saborido, Laura Doelia - Arrieta, Sandra Ysabel - López, Rocío - Sbattella, José - Petruzzi, María Laura - Said, Judith - Martínez, Luis - Ávila, Benjamín - Luján, Tommy - Díaz, Fabián - Schinca, Luis Daniel - Moreno, Alfredo - Dionisi, Daniel - Mendoza Padilla, Roberto - García Urcola, Tula - Tasso, Jorge - Roitman, Claudio - Clavijo, Julio - Lacovara, Héctor Antonio - Pensotti, Alberto Daniel - Lupo, Ariel - Medina, Homero Francisco - Di Lorenzo, José Luis - Zavala, María Graciela - Munafo, Guillermina - Box, Enrique Juan - Merlo, María Dolores - Sánchez, Miriam - Moralejo, María Inés - Vera, Elena - Panfili, César - Ugarte, Mariano - Villalba, Claudia - Muradore, Elsa - Torres, Laura - González, Pilar - Garrido, Fabio Daniel - Gila, Betina - Salto, Rubén - Espósito, Ana - Torres, Vilma Liliana - Domínguez, Víctor Nicolás - Von Klitzing, Ana Elena Laura - López, Marcelo "Tito" - Cadelli, Alicia Teresa - Dive, Fernanda - Homs, Graciela - Audisio, Viviana - Ripoli, Gustavo Héctor - Galeano, Cristian - Astrada, Mónica Cecilia - Razkevich, Facundo - Cabrera, Hilda Noemí - Peró, José Ernesto - Álvarez, Jorge Raúl - Herrneder, Nora - Podestá, María Clara - Iglesias, Jorge - García Solorzano, Alicia - Fernández, Martha - Díaz, Elio - Price, Matías - Ragone, Graciela - Giampaolo, Mariano - Berdou, Viviana Cecilia - Ruiz, Silvia Alejandra - Martínez, Diana Rosa - Ciammaichella, Margarita - Masci, Mario Argentino - Mato, Edgardo - Peyre, Ana María - Pérez, Andrea - Falcón, Ana M. - Celis, Ricardo Omar - Rodríguez, Emilio - Montoni, Hugo - Salnicov, Annie - Freyre, Liliana - Mackern, Jennifer - Varela, Carlos - Gambino, Graciela - Romo, Miriam - Gauthier, Ana María - García Conde, Norma - Luna, Jorge Alberto - Mischel, Ernesto - Ramos, María Teresita - Coca, Aldo Antonio - Spinetta, Carlos Gustavo - ÁLvarez, Andrea - Gowland, Celsa - Canero, Adriana - Castelo, Juan Esteban - Lujvidin, Patricia - Del Valle, Carmen - Carullo, Juan Carlos - Pisarello, Aurora - Luján, Juan - Negro, Néstor Julio - Iribarren, Mónica - Mazure, Liliana - Pardo Herrero, César - Ambruso, Marcos - Zabalza, Alejo - Santarsieri, Silvia - Terranova, Mabel - Borroni, María Cristina - Sánchez, Graciela - García, Nilda Marta - Cadelli, Atilio Luis - Germain, Marisa - Sañudo, Sebastián - Spagnuolo, Fabiola - Balan, Virginia - Monti, María Silvia - Pianta, Beatriz - Zapletal, Susana - Coduri, Gabriela - Furlong, Cecilia - Donato, Valeria - Maiante, Laura - Flores, Daniel - Farulla, Beatriz - Barbuto, Débora - Casanova, María Marta - Días, Ariel - Sánchez, María del Carmen - Pagani, Susana - Guazzora, Ezequiel - Fernández, Susana Laura - Díaz, Ricardo Miguel - Romao, María Cecilia - Ivanier, Marta - Weiskind, Jorge - Girard, Marcelo Abel - Zubelet, César - Lavila, Luciana - Etchart, Ignacio - Maccagno, Lucía - Ibarra, Marcelo - Frontera, Agustina - San Cristóbal, Daniel - Valbuena, Armando - Salamone, Ana - Balzano, Kano - Martínez, Luis "Lula" - GonzÁLez, Juan Alfredo - Ramundo, Graciela - Stegmayer, Henry - González Morales, Juan Diego - Bienati, InéS - Valiente, Mario Roque - Mazur, Gerardo - Kremenchutzky, Silvia - Ratti, Miguel Ángel - Guerechet, Elisabeth - García, AméRico - Fleita, Juan Carlos - Carbonaro, Juan Manuel - Ortiz, Carlos - Vilches, Aldo - Rabinovich, Alejandro Daniel - Bidondo, Eduardo - Volpe, Mario - Pérez Tort, María Julia - Velez, Nancy - Betancor, Rosa - Chiesa, Cecilia - Diez, Miguel - Crespo Armengol, Roberto - Raposo, Graciela - Christello, Claudia - Usardi, Alicia - Martínez, María Teresa - Fiecconi, Juan Carlos - Pailhé, Jorge - González, Karina Alejandra - Canestrari, Julio César - Ávila, Liliana - Melian, Gloria - Argüelles, María Graciela - Ranieri, Daniel Roberto - Domínguez, Marisa - Ucha, Nilda Teresa - Bidart, Susana Miriam - Paparini, Lidia Ada - Accorinti, Pablo - Serrano, Pablo - Anchnik, Sergio Oscar - De La Plaza, Silvia - Depetris, María Sol - Manasseri, Ezequiel Adelmo - Charra, Claudio - Lezama, Nicolás - Rodríguez, Marcelo Antonio - Ávila, Luis - Gualda, Betina - Camelli, Mabel - Zarranz, Luis - Daney, Brenda - Klachko, Paula - Calderaro, Romina - Rodríguez, Emanuel - Romero, Javier "El Profe" - Piqué, Martín - Vila, Viviana - Borroni, Fernando - Robles, Raquel- Fernández Camelli, Lautaro - Cabot, Rubén - Domecq, Mónica - Urquiza, Silvia - Ruiz, Cecilia - Leonardis, Guillermo - Cabot, Analía - Davids, Silvia - Saavedra, Jeanette - Figueroa, Raquel - Gautie, Noemí Ana - Feinsilber, Fernando - Sosa, María Elida - Ávalos Ferrer, Marta - Barrios, Ramón - Menendez, Claudia - Figueredo Wyss, Manuel - Giusto, María Teresa - Pelaye, Leonor Del Rosario - Marzan, Graciela Rosa - Espinoza, Lucas David - Meschiati, Teresa - Saavedra, Daniel Enrique - Gangitano, Jesús - Mazzarella, Graciela - Notta, Angélica - Villanueva, Gustavo Ezequiel - Villanueva, Gustavo Osvaldo - Zárate, Sergio Daniel - Varejao, Mariel - Alharal, Daniel - De Venezia, Diego - Martínez, Sonia - Descalzi, Ofelia - Díaz, Marcela - Pilla, Gladys - Melhem, Claudia Mariana - Andrini, Leandro - Zabala, Ana María - Masio, Marta Inés - Di Santo, Sandra - Gall, Albino - Lichtenstein, Mónica 

Organizaciones:
REDCOM: Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina – ARUNA: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentina – FATPREN: Federación Argentina de Trabajadores de Prensa – SIPREBA: Sindicato de Prensa de Buenos Aires – CISPREN: Círculo de Periodistas de Córdoba – SPR: Sindicato de Prensa de Rosario – INTERNAUTA: Asociación Argentina de Usuarios de Internet – Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP - Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba - Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA – FARCO: Foro Argentino de Radios Comunitarias - FA-M: Federación Argentina de Músicxs Argentixs – CTERA: Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina - CONADU: Confederación Nacional de Docentes Universitarios - Voces Libres del Pueblo – UCAYA: Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines – CADyPBA: Cámara de diarios y periódicos Pymes de la PBA - CONTA: Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas - Curas en Opción por los Pobres - Mesa de Comunicación Popular: Salta - Jujuy - DEUCO: Defensa de Usuarios y Consumidores - UNADEC: Unión Argentina para la Defensa del Consumo - Unión de Usuarios y Consumidores - LIDECO: Liga de Consumidores - PROTECTORA - ADDUC: Asociación de Defensa de los derechos de los Usuarios - Asociación Civil Consumidores Responsables - Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social: FM En Tránsito - Revista Güarnin! - Radio Germán Abdala ATE – ARBIA: Asociación de Radios Bonaerenses y del Interior de la República Argentina - CONTRAEDITORIAL - BARRICADA TV - Agencia PACO URONDO - CANAL ABIERTO - URBANA TV - Cooperativa de Trabajo, Comunicación y Cultura Por Venir - Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro - Radio COMPARTIENDO - Fundación Padre Luis Farinello - Revista HAMARTIA - Asociación Civil - CAPUT Radio - SUBTERADIO – CTA: Central de Trabajadores Argentinos de CABA. – CTA: Central de Trabajadores Argentinos de Córdoba – CTA-T: Central de Trabajadores Argentinos de Mar y Sierra – CTA-T: Central de Trabajadores Argentinos de Entre Ríos - UMI: Unión de Músicxs Independientes de Buenos Aires - Patria Compañera: La Plata - Berisso - Ensenada - Colectivo Más Democracia Córdoba - Colectivo INTERNET ESENCIAL - COORDINADORA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL JUJUY - SUMA: Santafesinxs Unidxs por la Música Autogestionada (Ciudad de Santa Fe) - Colectivo Dominio Público - EL QUBIL: El Qubil Músicxs Independientes de Rosario - AMUISE: Asociación de Músicxs Independientes de Santiago del Estero - MIAS: Músicxs Independientes Asociadxs de Salta - UNIMUV: Unión de Músicxs Villamarienses Ciudad de Villa María (Córdoba) - MITO: Músicxs Independientes de Tandil Organizadxs de Tandil (Buenos Aires) - CIMA: Colectivo de Industrias Musicales Autogestionadas de Paraná (Entre Ríos) - UEMI: Unión Entrerriana de Músicxs Independientesde Concepción del Uruguay (Entre Ríos) - USMI: Unión Sanluiseña de Músicxs Independientes de San Luis - SONAR: Músicos y Músicas Independientes de la ciudad de Córdoba - MIO: Músicxs Independientes Organizadxs de Mar del Plata (Buenos Aires) - Agrupación La Leonardo Favio: Ramos Mejía - Agrupación Juan Domingo Perón: Casinos - MOBIA: Músicxs del Oeste Bonaerense Independientes Asociados (Oeste Bonaerense) - MPM: Músicxs Populares Misionerxs de Misiones - AMI: Asociación de Músicxs Independientes de la Plazoleta de Trenque Lauquen (Buenos Aires) - MIPA: Músicxs Independientes Piquenses Asociadxs de la ciudad de General Pico (La Pampa) - MAIPEC: Músicxs Alvearenses Independientes Pensando Colectivamente de la ciudad de General Alvear (Mendoza) - AMICHA: Asociación Civil Músicxs Independientes del Chaco - CUCHA: Músicxs Platenses Produciendo de la ciudad de La Plata - TAMI: Trabajadorxs y Amigxs de la Música Independiente de la Ciudad de Junín (Buenos Aires) - MURO: Músicxs Rodriguenses Organizadxs de la Ciudad de General Rodríguez (Buenos Aires) - UMA: Unión de Músicxs de Avellaneda (Buenos Aires) - MICO: Músicxs Independientes de la ciudad de Corrientes - UNMAR: Unión de Músicxs de Mar del Plata (Buenos Aires) - ACMM: Asociación Civil Músicas Mujeres (Santiago del Estero) - MUSAI: Músicxs Saladillenses Independientes dela ciudad de Saladillo (Buenos Aires) - AMUB: Asociación de Músicxs Unidos por Bragado (Buenos Aires) - TIMPANO: Trabajadorxs de la Industria de la Música de Patagonia Norte (Viedma, Río Negro) - AMIS: Asociación de Músicxs Independientes de San Rafael (Mendoza) - OMA: Organización de Músicxs Autogestionadxs (San Juan).

viernes, 29 de enero de 2021

Reclamo urgente por la seguridad de LT3 AM680

Ayer por la noche, la planta transmisora de LT3 AM 680 fue foco de un nuevo ataque de vandalismo que ocasionó el corte de los cables de alimentación, dejando a la radio, otra vez, fuera del aire. Ante esta situación, el SPR se comunicó inmediatamente con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia para solicitar una audiencia con el fin de plantear la necesidad de que se tomen medidas urgentes para prevenir hechos como estos, que no se limitan a pérdidas materiales que, desde ya, son difíciles de subsanar en la situación actual en que se encuentra la radio, sino que afectan la propia continuidad de la AM.

La serie de hurtos y actos de destrucción del predio y de los equipos de la planta transmisora preocupa enormemente al gremio de Prensa y a lxs trabajadorxs de LT3 y hace pensar que no se trata del flagelo de la inseguridad que afecta a toda la sociedad, sino que hay una clara intencionalidad de silenciar definitivamente la radio más antigua de la ciudad. Estos ataques comenzaron a registrarse en marzo y, desde allí, se reiteraron con una frecuencia sorprendente, a tal punto que, los últimos episodios de vandalismo datan del pasado 16 y 17 de diciembre. Por eso, el SPR, planteará en la audiencia prevista para la semana próxima, como ya lo expresó en numerosas ocasiones, que la intervención del Estado es fundamental para proteger la radio y a todxs sus trabajadorxs que, aún con las dificultades que están atravesando, siguen garantizando el derecho a la información de toda la sociedad.

Sindicato de Prensa Rosario

Rechazan cautelar de Telecom contra el decreto que declaró a la telefonía, Internet y TV Cable servicio público esencial

El pedido había sido hecho por la empresa Telecom Argentina que aducía tener afectaciones en sus finanzas pero el magistrado sostuvo que no se pudo acreditar de manera suficiente
El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa, rechazó hoy dictar una medida cautelar para suspender la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía móvil y fija, internet y TV por cable y estableció una prestación básica universal y obligatoria.

"Habiendo sido ratificado el reglamento cuestionado por la Cámara Alta, no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho invocada por la accionante", concluyó el juez de feria al rechazar la cautelar reclamada por la empresa Telecom Argentina, según el fallo al que tuvo acceso TelAm.

El juez se refirió así a la resolución 95/2020 por medio de la cual el Senado de la Nación "determinó la validez del Decreto del Poder Ejecutivo nacional 690".

Además, rechazó "la medida cautelar solicitada por Telecom Argentina SA" ante la inexistencia de "peligro en la demora", uno de los requisitos para dictar este tipo de medidas.

Telecom "más allá de sus manifestaciones, no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía", analizó el magistrado en el fallo que podrá ser apelado ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal.

"La actora no ha explicado concretamente de qué manera dichos afectarían el estado de sus finanzas", concluyó el juez.

El decreto de necesidad y urgencia fue dictado "en oportunidad que se encontraba vigente el 'Aislamiento social, preventivo y obligatorio', es decir en un contexto donde la única forma de conexión interpersonal era a través de los TIC". y en el marco "de crisis sanitaria y social" por la pandemia de coronavirus, agregó el fallo.

Tanto el decreto como dos resoluciones del ENaCcom también cuestionadas por Telecom, las 1466 y 1467, "fueron dictadas en el marco de la pandemia mundial del SARV-COV-2 que produjo una crisis mundial, que afectó, a todos los ciudadanos, por ello la finalidad del régimen mencionado es la protección del ejercicio de publicar ideas; de profesar libremente el culto; de enseñar y aprender; conectar, comunicar -entre otros derechos-, es decir garantizar los derechos humanos"

Telecom pidió dictar una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones para suspender la aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 690/20.

La empresa consideró que "resultan nulos de nulidad absoluta".

Al desestimar el planteo, el magistrado advirtió que "no debe confundirse la tutela cautelar con la declaración del derecho en el proceso principal".

"Ello es así, ya que las providencias cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a una ulterior sentencia definitiva, en la que se deberá restablecer de un modo definitivo la observancia del derecho", agregó

Al contestar la demanda, el Estado Nacional ratificó la "constitucionalidad" del decreto y remarcó que tuvo por objeto "posibilitar el acceso a la totalidad de los habitantes a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad".

El Estado explicó que "fueron detectadas serias limitaciones y dificultades al acceso al servicio de internet, que impidieron la educación a distancia" en los "sectores más vulnerables" durante la pandemia.

Claudio Ambrosini: “La Justicia le dio la razón al Estado”
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) reafirma su compromiso por la protección de los derechos de los usuarios y usuarias, por lo que continúa articulando los procesos correspondientes para que las empresas prestadoras de servicios TIC que aplicaron incrementos superiores a los autorizados por el Organismo reintegren el dinero correspondiente.

En este sentido, el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal (CABA) ratificó durante la mañana de hoy la plena vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que determina el carácter de servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, así como las Resoluciones ENaCom 1466/20, que estable un tope de aumento en los servicios TIC del 5%, y 1467/20, que fija la Prestación Básica Universal (PBU).

Dicho fallo constituye la tercera oportunidad en que el Poder Judicial rechaza una medida cautelar presentada por algunas empresas. Al respecto, el presidente de ENaCom, Claudio Ambrosini, manifestó: “Lo que hace la Justicia es darle la razón al Estado y avalar la vigencia del DNU 690, el cual previamente fue ratificado por el Congreso de la Nación. Las empresas ya fueron intimadas por el Ente para acreditar que están devolviendo el dinero de manera urgente”.

“Uno de los puntos del reciente fallo especifica que las empresas no fueron capaces de probar que con el aumento del 5% su plan de inversiones se vería afectado. Nosotros no fijamos ese porcentaje al azar, fue analizado previamente para no perjudicarlas económica y comercialmente. Ahora la Justicia nos ratifica”, detalló Ambrosini.

“Todos los ciudadanos cumplimos la ley, no debe haber excepciones. Las empresas que no cumplieron con el tope de aumento establecido tienen que devolver el dinero”, concluyó el funcionario.

En el mismo sentido, el vicepresidente de ENaCom, Gustavo López, comentó que en el momento de la publicación del DNU 690/20 todas las empresas (excepto Claro) judicializaron la medida y solicitaron la suspensión de su vigencia; sin embargo, el juez entendió que debía aplicarse. Sobre este punto, López destacó: “Esta es una muy buena noticia para el ciudadano al cual le cobraron indebidamente el 20% de aumento en lugar del 5% aprobado por el Estado. Ese porcentaje no fue autorizado, pero las empresas de todos modos lo siguieron facturando”.

Asimismo, remarcó: “Hoy el escenario es el siguiente: la Justicia ratifica que hay que aplicar el 5% y no el 20% de aumento. Nosotros ya comenzamos a intimar a las prestadoras para que en el plazo de 10 días acrediten la devolución del dinero indebidamente cobrado a la gente. Si no lo hacen, las asociaciones de usuarios, Defensoría del Pueblo y ENaCom debemos ir a la Justicia para que se exija el cumplimiento de la medida”.

“Lo que establece el juez con este fallo es que la ley debe cumplirse y las empresas no tienen ningún argumento para no hacerlo. Por este motivo, el dinero que fue cobrado sin autorización será devuelto a los usuarios y usuarias”, aseguró López.

El Estado nacional, a través de ENaCom, fijó como uno de los objetivos de su administración garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió del establecimiento de reglas justas para certificar un uso eficiente y lucrativo con el fin de beneficiar el interés público, ofreciendo al usuario y usuaria mayor variedad de servicios a precios accesibles, y sin perjudicar el principio de competencia y rentabilidad económica de las empresas prestadoras.
Fuentes: Agencia TelAm y ENaCom

Otras Señales

Quizás también le interese: