DNU de Telecomunicaciones: Pymes ven riesgo de más concentración y pedirán un tratamiento diferenciado

La cámara empresaria que nuclea a 1.200 empresas de internet advierten caída de inversiones y mayor concentración del negocio

Por: José Busaniche
A una semana de la presentación del DNU 690/20 denominado ‘Argentina Digital’ y que plantea regular los servicios de las empresas de telefonía, las prestadoras de internet y las de televisión paga, el mercado espera definiciones de la letra chica que llegarán con la reglamentación del decreto, al tiempo que comienza a perfilarse el posicionamiento de los distintos actores. El arco privado ve, en general, que los alcances del decreto pueden generar un freno en las inversiones, falta de claridad para la toma de decisiones de largo plazo e incluso una mayor concentración de los servicios en favor de las empresas que pueden sostener sus operaciones y soportar el desfinanciamiento que supone el congelamiento de precios hasta fin de año.

La forma en que se reglamente el decreto es clave para plazas como Córdoba, donde el holding CablevisiónTelecom tiene cerca del 90% de mercado para el servicio de banda ancha. Por ello, las pymes tienen un objetivo definido: pedir un tratamiento diferencial que las deje afuera de los congelamientos y regulaciones que supone el decreto 690. En los próximos días, las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Internet (Cabase) se reunirán con autoridades del Enacom y la secretaría de Comunicaciones. En esa entidad hay unas 1.200 firmas, la mayoría pymes y cooperativas del interior. Días atrás, esa entidad planteó en un comunicado que “el mercado argentino tiene ya un altísimo nivel de concentración que no hará más que agravarse si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para pymes”.

Al respecto, Ariel Graizer, presidente de Cabase comentó a Perfil Córdoba que entienden la situación económica de los clientes, pero piden abrir canales de diálogo para que se contemple la situación de las firmas pequeñas y medianas que tienen sus precios congelados desde marzo y que afrontan el pago de insumos y contratos dolarizados: “Una cosa son las tres o cuatro empresas grandes que tienen espalda financiera y pueden absorber estructuras de costos nuevos y otra cosa son las pymes y cooperativas que dan servicio en el interior y en el interior del interior que no tienen acceso al crédito ni pueden soportar una devaluación sin trasladar nada a precios. Con la cuarentena, los primeros 15 días hubo un salto en el consumo de internet del 40% y tuvimos que salir a contratar más ancho de banda que se paga en dólares y que subió 20%. Esto puede poner en riesgo a 1.200 operadores que tienen dificultades para seguir. Le pedimos al Gobierno que tenga en cuenta a la hora de reglamentar el DNU. Específicamente estamos pidiendo un tratamiento diferencial para las pymes”.

Y remarcó que uno de los riesgos más grandes en el modelo planteado por el decreto es que se genera mucha presión hacia las empresas chicas reduciendo sus chances de competir. Desde Cabase afinan los reclamos hacia los cambios que se introducen en el DNU respecto de la Ley 27.078: “Antes el servicio público competente era entre operadores y ahora es entre todos. Antes decía que el Enacom podría fijar precios, ahora dice fijará. Estas son las cosas que nos preocupan y los tiempos. Conozco a la gente de pymes de Colonia Caroya, Río Tercero, Río Cuarto. Si ellos tienen que pedir permiso al Enacom para que les autoricen una nueva estructura de precios, ¿cuánto tiempo va a tardar?, ¿cómo es la relación entre mayoristas y minoristas con esta regulación de precios? El grupo Telecom-Cablevisión hoy tiene una participación de mercado muy importante, a los que no somos los tres o cuatro grandes nos afecta mucho. Había muchas inversiones en marcha y todavía las hay, estábamos instalando fibra óptica por todos lados, necesitamos un panorama claro hacia adelante para continuar con eso. En Córdoba, en las zonas de menor rentabilidad están las pymes y cooperativas, a ellas hay que protegerlas”, subraya Graizer.

Plan Provincial. El DNU también puede generar complicaciones al plan de conectividad que está ejecutando el Gobierno provincial, al menos indirectamente. La Provincia avanzó enterrando la fibra óptica y en el mediano plazo lo que se debe definir es cómo se explota esa red. Pero para que las pymes y cooperativas se sumen requieren inversión, que no harán si las condiciones de mercado no son las óptimas. “Hoy el plan de conectividad está frenado porque la Provincia tiene los recursos direccionados a la asistencia sanitaria. Estaba avanzando en los procesos de iluminación de última milla. Esto es similar a lo que hizo la Provincia con los gasoductos troncales. Se hizo la inversión con los troncales y después hay que ver quien explota. Esto ata la inversión porque si vos no podés tocar las tarifas llega un momento que se pone insostenible”, confía un funcionario provincial.

La cuota de Macri. Muy molesto con el DNU, un empresario pyme de Córdoba afirma que, con esto, frena sus inversiones hasta que quede claro qué pasará con los prestadores de servicios medianos y chicos. Y destaca un problema que se agravará: la brecha tarifaria: “Esto atrasa mal, va a ser tremendo. Empiezan a juntarse brechas tarifarias que a la hora de sincerar va a ser muy difícil. El salto que va a tener que pagar el usuario a la hora de descongelar va a ser muy grande”, advierte. Con todo, reconoce que el problema comenzó a gestarse años atrás. “Fue una irresponsabilidad del gobierno anterior haber permitido la fusión Telecom-Fibertel. No podés generar más monopolio. Que los tipos tengan el 90% del mercado de internet es una locura, porque te manejan todo. De igual manera que pasó con la fusión del cable antes. Esto no va a universalizar nada, va a lograr que los mismos que hoy tienen internet, tengan una internet de m…Yo no meto un peso más. Pero el que terminó de arruinar todo fue Macri con la decisión de permitir la alianza Telecom-Cablevisión no me cabe la menor duda. Porque la guerra es contra el Grupo Clarín, pero nosotros quedamos en el medio. Está pasando lo mismo que con la Ley de Software, podemos discutir y ver que hacer, pero no frenes la Ley y hagas rehenes a las pymes por culpa de que no te gusta Mercado Libre. Ahora lo que hay que hacer es que las pymes no queden rehenes de esto”, plantea.

Ver también: Celebran la decisión de Alberto Fernández de declarar Servicio Público la telefonía celular, internet y la TV paga, El ENaCom comenzó a trabajar en la reglamentación del DNU que declara servicio público a las comunicaciones, Solicitada contra el DNU que regula los servicios de provisión de Internet, telefonía celular y televisión por cable. Las falacias de los que atacan al DNU sobre Telecomunicaciones, DNU de telecomunicaciones: Se impone legalmente una postura que busca favorecer a los usuarios, DNU de Telecomunicaciones: Cooperativas piden tratamiento diferenciado

Francia: El juicio de ‘Charlie Hebdo’ lo pone ante sus fantasmas

El proceso por los atentados de enero de 2015 reabre los interrogantes sobre la libertad de expresión y el derecho a la blasfemia que enorgullecían a los franceses hace cinco años

Retratos de los trabajadores de 'Charlie Hebdo' muertos en el ataque, en enero de 2019 en una pared frente a la redacción de la revista en París

Por: Silvia Ayuso
Se lo conoce como el “juicio de Charlie Hebdo”, pero el megaproceso que comienza este miércoles en París va mucho más allá. Los 49 días de juicio contra 14 acusados de complicidad con los autores materiales de los atentados de enero de 2015, con casi un centenar de abogados, 144 testigos y 200 personas constituidas como acusación civil, abrirán sin duda las heridas de los familiares y amigos de las 17 víctimas mortales de la primera oleada de unos ataques yihadistas en Francia que desde entonces han costado la vida a más de 250 personas. Una pesadilla que comenzó el 7 de enero de 2015 con el ataque de los hermanos Chérif y Said Kouachi a Charlie Hebdo en el que murieron iconos de la revista satírica como su director, Charb, o los dibujantes históricos Cabu, Tignous o Wolinski. El horror continuó con el asesinato, un día después, de una policía en las afueras de París a manos de otro extremista, Amedy Coulibaly, quien cerró su ruta asesina con otra matanza, el 9 de enero, en el supermercado judío parisino Hyper Cacher.

Pero el juicio es, también, un proceso que va a obligar a Francia a plantearse su posición, cinco años después de unos atentados que cambiaron para siempre al país, ante cuestiones clave como la libertad de expresión y el derecho a la blasfemia, la laicidad o el antisemitismo. La respuesta inquieta a más de uno.

En materia de antisemitismo, “la sociedad francesa no ha despertado tras el ataque del Hyper Cacher, como no despertó tras el asesinato de tres niños en una escuela judía en Toulouse en 2012 ni tras el asesinato de Ilan Halimi”, un joven judío secuestrado y torturado en 2006, lamenta Patrick Klugman, abogado de 16 víctimas del hipermercado judío en el que fallecieron cuatro rehenes antes de que Coulibaly fuera abatido. En entrevista con un grupo de corresponsales, Klugman habla de una “paradoja francesa”: Francia es “el país que tiene el mayor número de actos antisemitas y, a la vez, tiene el arsenal más completo para combatirlos y una clase política extremadamente movilizada. Pero el problema está allí. Francia es un país muy fracturado y el antisemitismo es una de las manifestaciones más visibles de esas numerosas fracturas, porque además es el único punto de encuentro entre alguien de extrema izquierda y otro de extrema derecha, entre muy ricos y muy pobres, entre un francés de viejo linaje y alguien de la periferia parisina de origen extranjero. Es un virus extremadamente expansivo”.

Las cosas tampoco parecen ir mucho mejor en materia de libertad de expresión. ¿Se atrevería hoy alguien a publicar las caricaturas de Mahoma que fueron el detonante del atentado contra Charlie Hebdo?

“Honestamente, no sé quién lo haría hoy, el miedo ha ganado, porque la vida que ha tenido el equipo de Charlie no la quiere nadie”, confiesa Caroline Fourest. La periodista francesa colaboró con la revista y es una firme defensora de todas las libertades que, afirma, encarna esta publicación irreverente desde sus comienzos. “Charlie Hebdo es la tradición satírica y, por tanto, la libertad de expresión crítica que nos ha permitido poner a la iglesia en su lugar y permitir así que emergiera la república. Esa tradición de caricatura y sátira es la fuente de todas nuestras libertades, incluidas las que disfrutan hoy las minorías o las mujeres, gracias a la laicidad”, resume la también ensayista, autora de títulos como Elogio de la blasfemia o Generación ofendida.

En el banquillo se sentarán los denominados segundos cuchillos, 11 acusados (otros tres están bajo orden de busca y captura, entre ellos Hayat Boumeddiene, pareja de Coulibaly) de haber ayudado material o intelectualmente a los primeros cuchillos, los autores materiales, que murieron tras los ataques.

Fourest coincide con el abogado de Charlie Hebdo, Richard Malka, para quien el juicio es un proceso sobre la libertad de expresión —”el móvil del crimen era la voluntad de prohibir criticar a Dios, es decir, la libertad de expresión, resumiendo, la libertad”, declaró en la revista Le Point— que debe hacer reflexionar también a los que, con sus críticas a Charlie, se convirtieron en “cómplices intelectuales” del mismo.

“Es importante que nos interroguemos sobre la responsabilidad de los terceros cuchillos, los que señalaron a Charlie como un posible objetivo a fuerza de estigmatizarlo, de llamarlo racista, con una deshonestidad intelectual muy peligrosa e inflamable”, afirma Fourest. Sobre todo porque, advierte, hay incluso en la izquierda un sector “identitario” que está formando el pensamiento de los jóvenes y que “confunde la crítica de las ideas, incluso la crítica de la religión, con la crítica de las identidades, lo que impide el debate sobre el integrismo religioso. Confunden el derecho a la blasfemia con el racismo, y envenenan nuestro debate público en un contexto en el que existen siempre asesinos que pueden ampararse en esa confusión para sentirse legítimos y autorizados para matar” como lo hicieron los hermanos Kouachi, Coulibaly y sus cómplices ahora llamados a responder ante la justicia.

Francia fue el primer país del mundo en abolir el delito de blasfemia, tras la Revolución Francesa en 1789. Dos siglos después, solo el 50% de los franceses se muestran favorables al “derecho a criticar, incluso de manera escandalosa, una creencia, un símbolo o un dogma religioso”, según una encuesta realizada en febrero. Los críticos con la blasfemia son en gran medida jóvenes, reveló el sondeo de Ifop para Charlie Hebdo. En lo que va de año, el país se ha visto sacudido por el caso Mila, una adolescente que sufrió tales amenazas por decir en sus redes sociales que “odiaba” el islam que tuvo que cambiar de colegio. En julio, centenares de internautas reclamaron la supresión de la cuenta satírica de Twitter Dieu officiel (Dios oficial), que tiene 1,2 millones de seguidores, por considerarla blasfema.

“Ante una secularización de la sociedad que continúa (en Francia hay cada vez menos creyentes y más agnósticos y ateos), constatamos que ciertos creyentes exacerban su identidad religiosa y se muestran mucho más intolerantes ante las críticas de otros de sus prácticas culturales”, señala el relator del Observatorio de la Laicidad, Nicolas Cadène. No significa que la sociedad francesa sea menos tolerante hoy que hace cinco años. “El índice de tolerancia no parece bajar. Pero creo que el miedo y el repliegue en los valores refugio, como son las religiones, están aumentando”, explica por correo electrónico.

¿Han ganado entonces los extremistas, como se preguntaba Le Point? “Cinco años después, colectivamente hemos perdido ligereza, despreocupación y, probablemente, un poco de libertad”, reconoce Klugman. Pero de ahí la importancia del juicio. “Este tipo de procesos contribuyen a mejorar nuestra inmunidad colectiva, que es nuestra capacidad de responder, mediante el derecho, al terror. Mientras seamos capaces de responder ante el terrorismo con procesos democráticos, seguimos en pie y eso es muy importante para nuestra sociedad. Es un ejercicio democrático, una prueba de resistencia. Este juicio significa que seguimos en pie y que ellos no han ganado”.

Foto: Stephane de Sakutin - AFP

Fuente: Diario El País

Arsat diseñará un nuevo satélite para ofrecer servicios de Internet

Lo hará en colaboración con Invap. El objetivo es entregar banda ancha a todo el país en 2023. Hasta ahora, la empresa estatal vendía la capacidad de su infraestructura a terceros

Por: Jonathan Raed - @JRaed
Arsat, la empresa nacional de telecomunicaciones, se prepara para brindar servicios de Internet a todo el país, con el lanzamiento del satélite Arsat-SG1, cuyo contrato con Invap –sociedad estatal dedicada a desarrollos tecnológicos- se rubricará "en unas semanas", según dijeron a Tiempo fuentes con conocimiento del tema que pidieron el anonimato.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020, que declaró como servicios públicos a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión paga, y congeló sus precios hasta fin de año, abrió un nuevo escenario para el sector. Provocó rápidas reacciones negativas por parte de las empresas del sector, pero también un fuerte apoyo por parte de los usuarios y consumidores. En el mismo sentido, se posicionó también Arsat.

Hasta ahora, Arsat es proveedor mayorista de Internet a través de sus satélites Arsat 1 y 2 y de su red de fibra óptica que permite a los proveedores de Intenet ofrecer el servicio con solo agregar la llamada "última milla", es decir, el tramo de fibra desde la red troncal hasta el domicilio del cliente.

Pero ahora tiene nuevos planes para ofrecer Internet por sí. Como estos dos satélites ya tienen vendida toda su capacidad, arrancó un proyecto de un tercer satélite, el Arsat-SG1, que será desarrollado junto a Invap.

Fuentes de Arsat le dijeron a Tiempo que "en pocas semanas se tiene que firmar el contrato con Invap. Se está trabajando en cuestiones vinculadas al desarrollo del contrato, pero en poco tiempo ya se tiene que firmar".

En la web de Arsat se señala que el SG1 "podrá brindar banda ancha satelital de alta calidad en sitios rurales con cobertura total en la Argentina y parcial en países limítrofes, a precios accesibles. El lanzamiento está previsto para 2023", con el compromiso "de generar condiciones de igualdad en el acceso a internet en todo el país".

"Medida necesaria"
Para el vicepresidente de Arsat, Guillermo Rus, la salida del DNU 690 fue "necesaria", más en el contexto de la pandemia de coronavirus. "Fue una medida muy necesaria, sobre todo en este contexto de pandemia y aislamiento, donde una familia no puede pagar el acceso a Internet, probablemente no pueda trabajar, sus hijos no puedan participar en la escuela y entonces, en este momento, la medida cobra doble relevancia". Para Rus, incluso, la decisión "sería oportuna fuera de este contexto, pero esta realidad que vivimos la hace más necesaria, para que no quede excluida una parte de nuestra población".

Con respecto a la posibilidad de brindar Internet a partir de propia infraestructura, Rus explicó que "Arsat tiene un programa de servicio en pequeñas localidades, por el cual a través de la Secretaría de Innovación y con la financiación de la ENaCom, se instala una antena satelital en localidades de menos de 500 habitantes que brinda WiFi de forma gratuita a la población".

Denuncia
Pocos días después del DNU surgió una denuncia mediática en el canal LN+ en la que se aseguró de la existencia de un lobby en favor de una empresa para vender tecnología a Arsat. La denuncia no dio pruebas de ningún tipo. Al respecto, la empresa respondió a través de su presidente, Pablo Tognetti: "La gestión de Arsat se basa en la transparencia. La totalidad de los procedimientos de compra y adquisición se ajustan a los procedimientos legales y de auditoría tal como se expresa en la página web de la empresa, que incluye el manual de compras y contrataciones. El proceso mencionado está en estudio y no ha sido tratado en Directorio".

ENaCom ratifica
El ENaCom subrayó que los precios de los servicios de Internet, telefonía y TV paga están congelados hasta el 31 de diciembre próximo en base a los valores implementados en julio pasado. La observación del organismo oficial se produjo luego de que diversas asociaciones de consumidores advertieran que las empresas del sector enviaron las facturas a pagar en septiembre con aumentos en sus valores
Fuente: Tiempo Argentino

A 11 años, la Televisión Digital Abierta parece renacer de sus cenizas

Por: Silvina Pauloni*
El 29 de agosto de 2009, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner colocaba la piedra fundacional a través de un decreto firmado en la cumbre de presidentes de la Unasur, realizada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde también se firmó la adhesión de la Argentina a la norma de transmisión ISDB-T, compartida con Brasil. Allí nació la TDA y no fue simplemente un plan diseñado para acelerar el proceso de migración de las viejas señales analógicas a las nuevas, digitales. Fue mucho más que eso. Fue, una política de Estado que intentó abordar la igualdad y la accesibilidad como acto de justicia en el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La televisión digital se materializo en la Ley 26.522 y permitió la aparición de nuevos actores del medio, representados en cientos de productoras de contenidos –sobre todo, en el interior del país. Alentó el cumplimiento del 30 por ciento de cuota de pantalla local y el 15 por ciento de contenidos independientes. Mejoró las condiciones de accesibilidad a la televisión abierta, tanto desde lo geográfico como desde lo social. Incorporó la posibilidad de que las personas con discapacidad, especialmente sordos y ciegos, puedan también sumarse al uso de este medio, federalizó contenidos, generó más espacios en el espectro radioeléctrico de los que nunca hubo y sobre todo, aportó múltiples innovaciones sobre la forma tradicional en que la televisión se vincula con la gente.

Pero este gran sueño a poco de su despegue, quedó trunco. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) la TDA fue desarticulada y abandonada literalmente. Las obras de infraestructura se paralizaron y hasta hubo despidos masivos en el área de contenidos y en todos los medios públicos. La política satelital fue cajoneada, se desregularon los mercados a favor de sectores privados. El plan satelital que comprendía productos y servicios de uso cotidiano, como por ejemplo la Televisión Digital Abierta (TDA) desapareció bajo la gestión “macrista”. Las antenas no recibieron ningún tipo de mantenimiento, ni se construyeron ninguna de las estaciones programadas. Tampoco se abrieron concursos para que más señales privadas emitan en el sistema. El proyecto TDA estatal durante el “macrimo” había firmado su sentencia de muerte.

Hace pocos días, Alberto Fernández, publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece como «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular, la Internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió «cualquier aumento de precios o modificación de los mismos» hasta el 31 de diciembre. La medida remarca que, durante la gestión de Cambiemos, «mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación».

En ese sentido, Guillermo Rus, actual vicepresidente de Arsat, subrayo que: “En el marco del anuncio presidencial, la TDA toma aún más relevancia como servicio gratuito para todos y todas, al ser una herramienta que viene a garantizar el derecho a la información y a la comunicación que tienen todos los ciudadanos de nuestro país. En ese sentido, hoy la TDA todavía tiene desarrollos pendientes de cara al apagón analógico, que se pueden resumir en tres grandes puntos: Terminar de digitalizar la transmisión. Terminar de digitalizar a las personas que están dentro de la cobertura terrestre y aún tienen televisión analógica y por último, desplegar la TDA satelital”.

Ojalá este sea un buen punto de partida para saldar la deuda que tiene la TDA con los sectores más vulnerables con vistas a un futuro que achique la brecha digital.
*Co-directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Comunicación, Industrias Culturales y Televisión (CeID-TV) y profesora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP
Fuente: Universidad Nacional de La Plata

DNU de Telecomunicaciones: Cooperativas piden tratamiento diferenciado

A una semana de haberse conocido el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia 690, que establece la declaración de los servicios de TV paga, Internet y telefonía como esenciales, la cooperativa COLSECOR se pronunció al respecto.

Sobre la decisión del Ejecutivo nacional, el consejo de administración de la integración que convoca a cooperativas y pymes en diversos tramos del territorio nacional, señaló que el DNU "se inscribe en una situación de excepción" y expresó la preocupación de las cooperativas y pymes asociadas a COLSECOR "ante la decisión adoptada".

Texto completo:

Nuestra entidad, que integra a cooperativas y pymes de todo el país, entiende que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional se inscribe en una situación de excepción. La pandemia es un hecho que se extiende en todo el mundo y ocasiona una extraordinaria erosión de las capacidades productivas en las economías de todas las latitudes. En Argentina, crecen los niveles de contagio y la vulnerabilidad de la ciudadanía. Atravesamos una crisis de enormes dimensiones con pérdidas de empleo y destrucción de empresas.

En ese marco, es necesario construir lazos de mayor solidaridad con los sectores de la población más castigados. Por tanto, nos parece razonable en términos de equidad e igualdad, que haya políticas públicas que construyan las condiciones de accesibilidad a la conectividad. Sin embargo, expresamos la importante preocupación de las cooperativas y pymes asociadas a la integración que representamos ante la decisión adoptada por el PEN.

Las razones se fundan en la incertidumbre que genera la formalización de los servicios públicos de telecomunicaciones en la que no aparece aún, una suficiente explicación práctica de la configuración que se pretende del modelo de actividad. Es necesario destacar que particularmente en el cooperativismo, el usuario de los servicios, es asociado; es decir hay una auto prestación producto de la pertenencia de las personas a la entidad que se estructura bajo los principios y valores de la economía social.

Por último, queremos señalar que COLSECOR ha sido convocada junto con otras organizaciones de la economía social por el ENaCom, el organismo público asignado a la gobernanza de las comunicaciones en el país. Agradecemos a sus autoridades la invitación para la participación en el diseño de los criterios de reglamentación del Decreto establecido recientemente.

Es imperioso que en el país haya políticas públicas estables que nos permitan superar la desigualdad social y geográfica, compensar las asimetrías existentes y que se promueva una verdadera integración federal en las comunicaciones.
Consejo de Administración
COLSECOR Cooperativa Limitada

Ver también: Celebran la decisión de Alberto Fernández de declarar Servicio Público la telefonía celular, internet y la TV paga, El ENaCom comenzó a trabajar en la reglamentación del DNU que declara servicio público a las comunicaciones, Solicitada contra el DNU que regula los servicios de provisión de Internet, telefonía celular y televisión por cable. Las falacias de los que atacan al DNU sobre Telecomunicaciones, DNU de telecomunicaciones: Se impone legalmente una postura que busca favorecer a los usuarios, DNU de Telecomunicaciones: Cooperativas piden tratamiento diferenciado

AATraC celebra los cien años de la radio, su vigencia y la presencia de los trabajadores

La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATraC) celebró los cien años de la radio, resaltó su vigencia y destacó la presencia de los trabajadores.

A través de un video institucional, en el marco del centenario del nacimiento de la radio, AATraC recordó que "nació casi por casualidad" y que "fue producto de la locura, de la pasión, de la juventud y de la amistad".

"Cuatro jóvenes que trabajaban armando equipos electrónicos, lograron algo más. Casi jugando con lo que tenían, hicieron magia, descubrieron nada más y nada menos que la magia de la radio", resaltó el gremio.

En su mensaje, Aatrac expresó que "a partir de allí pasamos de la radio telegráfica a la radio comercial y social, con momentos deportivos, musicales, situaciones amorosas y de guerra", con "voces que nos hicieron reír o emocionar".

"La radio es esa amiga que te acompaña, te informa y te entretiene. Y nosotros estuvimos y estamos ahí", destacó el sindicato que agrupa a trabajadores radiales.

En su alusión al centenario de la radio, AATraC destacó que "a pesar de los cambios tecnológicos y de las distintas contingencias nunca pudieron vencerla y con el tiempo se puso más linda y más responsable".

Hacia el actual contexto, el gremio señaló: "Hoy nos encuentra atravesando una pandemia, haciendo que la radio se transforme en un elemento esencial en la vida de cada uno de nosotros. Porque está en todos lados, en todo el país, en todo el mundo".

"No importa en qué formato, en AM, FM, Onda Corta o por Internet. La pasión es una sola", manifestó el gremio.

Y AATraC destacó: "Nosotros los trabajadores de la radio te acompañamos en cada momento, desde el corazón de esa radio que sigue latiendo ahí. Dando ese aire para continuar día a día, informando o musicalizando tu día. O simplemente seguir siendo parte de tu vida".

"Gracias locos. Gracias locos de la azotea, felices 100 años de radio. AATraC, siempre dando aire", concluyó la entidad gremial.
Fuente: AATraC

Noticias falsas, medios y Estado: Cómo desarmar la infodemia

Durante la pandemia las fake news potenciaron su capacidad de daño y hoy son uno de los mayores riesgos que deben enfrentar las sociedades. ¿Qué vías de acción son eficaces para combatir la desinformación? ¿Cómo deberían intervenir los Estados? ¿Qué formas consensuadas y eficaces de política pública de comunicación pueden surgir a partir de esta crisis? Un análisis sobre medios, plataformas y las formas futuras de habitar la vida en democracia

Por: Pablo Hernández, Diego Vesciunas, Glenn Postolski
Si hay un tema que durante los últimos años monopolizó las discusiones académicas y periodísticas alrededor de los “nuevos medios” y su impronta política en las sociedades contemporáneas es el conjunto conformado por ciertas denominaciones del paso de un “ecosistema comunicacional industrial” al “ecosistema comunicacional informacional”. Posverdad, fake news y ahora también infodemia conservan marcas de continuidad con prácticas precedentes y, a la vez, expresan novedades que adquieren una nueva dimensión al incorporarse a la jerga cotidiana y de sentido común.

La noticia falsa o construida sobre hechos inexistentes apunta, en cierto sentido ontológico, a la idea de la desinformación. Su empleo como herramienta política o de manipulación no es novedoso. En ese uso, los medios de comunicación masiva fueron y son un espacio estratégico. Incluso pueden comprometerse en su diseño: un contenido que aparece en las redes digitales es, muchas veces, levantado, difundido y explotado por los medios tradicionales. Y viceversa: un contenido nativo de los medios puede viralizarse exponencialmente a partir del accionar de las redes.

La infodemia, una práctica informativa que genera pánico o promueve conductas incorrectas, es el fenómeno contemporáneo que mejor expuso estos riesgos. La Organización Mundial de la Salud lo empezó a usar en plena pandemia del Covid-19 y en la Argentina fue la Secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti quien lo nombró por primera vez. Sus efectos profundizaron la erosión de los sistemas y gobiernos democráticos. Expliquemos por qué: las democracias liberales y los Estados modernos descansan en un complejo entramado de relaciones que no podría sostenerse si la ciudadanía no tuviera la certeza de que el poder político actúa respetando las normas. Ese es el principio básico del contrato social que las fake news y la infodemia corrompen. Al hacerlo, debilitan la confianza y erosionan la democracia. Para visualizarlo estadísticamente: un sondeo de opinión pública de marzo de 2019 realizado por la consultora Solo Comunicación mostró que el 61% de los entrevistados manifiesta chequear la veracidad de la información de actualidad que ve en portales de Internet pero el 26% dice no hacerlo. Una vez enterados de la eventual falsedad de una información que circula, casi la mitad (48%) decide ignorarla. Además, el 34% de los entrevistados dice no chequear la veracidad de la información compartida por WhatsApp. Incluso, el 21% manifiesta haber compartido información de la que luego se enteró de su falsedad.

Durante la pandemia proliferaron en Argentina algunos ejemplos de Fake News, incluso uno de ellos alertado por la plataforma de fact checking Contar (de la que hablaremos en detalle más adelante). El 28 de mayo Clarin.com y A24 mostraron un video en el que se veía a la dirigente social Milagro Sala bailando con otras personas. El contenido audiovisual fue compartido como “El baile de Milagro Sala en plena cuarentena” y generó indignación en gran parte de la sociedad. Más de 130 mil personas lo vieron en Facebook. El video es real pero no ocurrió en el marco de la cuarentena, sino que fue en diciembre del año pasado. La propia Milagro Sala desmintió lo ocurrido en una entrevista con Víctor Hugo Morales en AM 750.

Lo que nos interesa señalar del caso es la potencialidad de las fake news para el daño social, en tanto instrumentos de diseño para la intervención política. Pero, sobre todo, qué rol le cabe a los diferentes Estados y particularmente el argentino en un escenario como éste.

Durante los últimos años y al calor del incremento de las plataformas y redes digitales se multiplicaron los informes tematizados como fake news, a modo de clickbait literario. La mayoría de sus preocupaciones se centran en un sistema de alerta orientado hacia el debate público y el funcionamiento de las democracias centrado en: su incidencia electoral (Trump, Brexit, Bolsonaro) como forma de activación temática de una agenda de polarización; su continuidad con otras patologías mediáticas como las operaciones de prensa; definiciones y taxonomías vinculadas con la des-información y/o la manipulación: el accionar inconsciente de ciudadanos que viralizan información sin verificarla. En esa diversidad de agendas hay un común denominador: la dificultad que la mayoría de esas aproximaciones evidencia al referirse al rol del Estado en estos escenarios.

¿Qué papel le cabe a los Estados nacionales en un contexto de potencial desinformación o información falsa permanente y a gran escala? ¿Son los espacios del llamado fact-checking los más propicios para prevenir, intervenir e interpelar la circulación de estas noticias? ¿Los medios estatales tendrían que formar parte de esas estrategias de desmentida? ¿Deben ser las máximas autoridades quienes se expongan al juego de la desmentida y contesten en primera persona las noticias falsas? ¿El registro de “denuncia” es el único posible frente a la difusión de noticias falsas? ¿O deben fomentarse otros en clave anticipatoria, crítica y pedagógica? ¿El Parlamento puede legislar para impedir, reducir y sancionar la producción y circulación de noticias falsas?

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Una de las formas de abordar la circulación de las noticias falsas y la infodemia fue la proliferación de un nuevo tipo de organización que se autoinstituye como instancia mediadora entre los acontecimientos, los discursos políticos, la prensa y la sociedad. Por lo general, son plataformas digitales las que llevan adelante la tarea del fact-checking o verificación de información, tanto desde el sector privado (Reverso) como las generadas por voluntad pública (Confiar).

Confiar es una de las iniciativas más completas y novedosas (aunque con escasa difusión) del sector público. Propone despejar dudas en torno a las fuentes de desinformación acerca del coronavirus y, para ello, verifica información al mismo tiempo que provee a los ciudadanos de herramientas y criterios para diferenciar la calidad y veracidad de las noticias. Confiar se suma a otras experiencias internacionales con impulso público, como EFE verifica, el sitio de fact checking de la agencia española EFE, o las que poseen otras agencias de noticias internacionales como AFP, AP y Reuters.

Estas experiencias sin duda representan un avance sobre el escenario problemático, pero implican una verificación a cargo del usuario, y en dispositivos (del gobierno o de los medios tradicionales) cuya autoridad suele también relativizarse.

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Desde el inicio del devenir del Covid 19 han circulado diversos tipos de fake news que hacen referencia a cuatro ejes: las posibles conspiraciones sobre el origen del virus; las modalidades de diseminación y contagio; los síntomas y tratamientos; y la eficacia de las medidas gubernamentales. Estos aspectos actúan sobre predisposiciones en la recepción como que la cura sea posible y cierta o que una intención política impulsó la creación del virus.

El rol de los organismos especializados, los medios de difusión y cualquier otra forma de comunicación institucional regida por deontologías profesionales debe ir más allá del aporte informativo y de su sesgo ideológico. Debe ser también excepcional: debemos exigir que al rigor periodístico sumen acciones concretas que para contener las fake news. Pongámoslo a la inversa, ¿es posible pensar formas consensuadas y eficaces de política pública a partir de la ventana de oportunidad que ofrece la pandemia? Por ejemplo, avanzar en el diseño de pautas de ética periodística que orienten la actividad en los medios de carácter público, y que puedan constituirse como una guía para el conjunto del sistema de medios. El documento Ética Periodística en la Era Digital elaborado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) con la cooperación de la Oficina de Montevideo de la UNESCO, sugiere: “Ante el dilema frecuente: o noticias al instante, o noticias producidas sin prisa, la diferencia la hace la voluntad de servir a la audiencia antes que al negocio. La prisa por la verdad inmediata afecta la verdad. También la afecta, y ¡en qué forma!, la violencia ambiente”.

También existen un conjunto de rutinas integradas al programa de la comunicación profesional que podrían adaptarse al estado de excepción que transitamos. Por ejemplo extremar el ajuste de la comunicación de crisis al momento de difundir una política pública, donde debería trazarse una narrativa de continuidad que vaya desde el anuncio a la aplicación efectiva de la política, desde la asignación de recursos hasta la distribución de los productos o servicios. Pueden sugerirse estas y otros cientos de acciones particulares. El problema sigue siendo la compleja relación entre ciertas culturas políticas y mediáticas.

Dentro de la tradición sobre Manuales o Códigos de Ética Periodística, cabe destacar el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística. Además del reconocimiento de los deberes tradicionales del ejercicio periodístico y de la importancia de los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas, el documento plantea cuestiones éticas en relación al rol de los medios. Por ejemplo, señala que “los medios de comunicación efectúan una labor de ‘mediación’ y prestación del servicio de la información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información, están en función de los destinatarios que son los ciudadanos”. Por otra parte, establece un párrafo que conecta bien con el actual contexto: “La emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de las actividades verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad en la exposición, descripción y narración de los mismos. Los rumores no deben confundirse con las noticias. Los titulares y enunciados de las noticias deben subrayar lo más fielmente posible el contenido de los hechos y datos”.

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Frente al estado de excepción, debemos pensar desde una mayor complejidad la dimensión pública e institucionalizada de la ética informativa. Por ejemplo, impulsar a los gobiernos a incrementar los niveles de transparencia de manera de comprometer también al sector privado de medios a sostener mayores niveles de calidad y claridad en el manejo informativo, aspecto que resulta históricamente resistido. Es indispensable fortalecer los sistemas públicos o comunitarios, históricamente marginados. Y también resulta necesario generar una iniciativa a nivel nacional, una propuesta desde el Estado, que interpele pública y directamente a los grandes medios comerciales.

Sabemos que se requiere un compromiso democrático excepcional para superar las malas prácticas de ciertas culturas políticas y mediáticas, hoy digitalmente potenciadas. Las formas institucionales que se relacionan con estas problemáticas en otras regiones suelen concentrarse en ecosistemas propios del estado (organismos de control, defensorías, cuerpos consultivos) o del sector privado (formas de autorregulación, colegiaciones, colaboraciones corporativas).

El esfuerzo cultural y político consiste en combinar ambos espacios y podría institucionalizarse bajo la forma de un Consejo plural orientado a la ética y la responsabilidad en el tratamiento de la información pública. Una instancia compartida entre medios comerciales de difusión, organizaciones civiles, plataformas y agencias del estado. Un Consejo de estas características tendría como objetivo avanzar sobre un sistema de acuerdos de buenas prácticas, con la finalidad de contribuir a un debate público respetuoso de las diferentes legitimidades pero claramente orientado a desplazar cualquier forma de violencia simbólica.

En dicho cuerpo colegiado todos los convocados deberían asumir responsabilidades orientadas a: resguardar el derecho humano a la comunicación, moderar el tono del debate público, vehiculizar acciones positivas del Estado que no colisionen ni restrinjan la libertad de expresión; precisar procedimientos sobre noticias falsas, construir consensos en procura de la defensa del interés general, fortalecer y promover códigos de ética y modelos de autorregulación y colaboración; educar a las futuras generaciones en una cultura informativa para los ecosistemas digitales; entre otras.

Respecto a los antecedentes sobre iniciativas de este tipo, es posible mencionar el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social de Chile creado en 1990. Si bien fue concebido con lógica autorregulatoria por parte de los medios privados (fue promovido por la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile sin participación estatal) constituye un espacio desde donde se emiten resoluciones con pedido de mejoras sobre el ejercicio periodístico y el rol de los medios. Aquí una de las últimas respecto a los medios en el contexto de pandemia.

En definitiva, abordar el problema de las fake news mediante formas regulatorias conlleva también el riesgo de habilitar el abuso por parte de gobiernos con tendencias autoritarias, creando las condiciones para un nuevo tipo de censura.

Es un debate abierto en diferentes estados, y en algunos de ellos existen normas que pretenden atenuar sus efectos. En Francia desde 2018 se sancionó una ley por la cual se puede recurrir a un juez para que detenga la difusión de informaciones falsas durante los tres meses anteriores a un proceso electoral. El Reino Unido enfoca su intervención regulatoria desde la Autoridad de Competencia y Mercado (CMA) planteando condiciones de competencia para las plataformas online y publicidad digital, instando al cumplimiento de códigos de conducta basados en principios de buenas prácticas a la vez que se contemplan penalidades financieras por incumplimiento.

Brasil dio media sanción en el Senado a un proyecto de “Fake News” muy objetado por diferentes organizaciones sociales que lo señalan como un riesgo para la vigencia de derechos fundamentales como la privacidad, protección de datos, acceso a Internet y libertad de expresión.

Las iniciativas mencionadas forman parte de experiencias internacionales, pero aún no se constituyeron como reclamos de colectivos vinculados a la comunicación. Tampoco forman parte de la agenda inmediata del gobierno actual que recorre otras preocupaciones más urgentes vinculadas con la pandemia de coronavirus. Si la crisis se nos presenta como una oportunidad, usémosla para construir acuerdos colectivos al respecto: a partir de ella podemos pensar las formas futuras de habitar la vida en democracia.
Ilustración: María Elizagaray Estrada
Fuente: Agencia TelAm

Publicó Clarín: grupos mapuches ocuparon 22 hectáreas, un intendente lo desmiente

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano emitió un comunicado a raíz de una nota del diario Clarín donde en si título indica que "Toma de tierras en El Bolsón: grupos mapuches ocuparon 22 hectáreas de una reserva forestal". El mandatario negó rotundamente haber responsabilizado de la toma en Loma del Medio a la comunidad mapuche

Pogliano desmiente
Ante la nota del Diario Clarín del día de hoy, referida a la toma del Mirador del Azul-Cabeza del Indio, quiero aclarar que en ningún momento responsabilicé a la comunidad mapuche, organizaciones políticas o sociales, como tampoco a ninguna persona en particular, de la usurpación de las tierras en la reserva forestal.

La fidelidad de mis declaraciones quedaron claras en la entrevista que me realizó el noticiero Todo Noticias, el cual forma parte del mismo grupo que el Diario Clarín.

Hago pública esta aclaración porque considero que la solución de este conflicto requiere de la seriedad y responsabilidad que la situación amerita.
Intendente de El Bolsón, Contador Bruno Pogliano

La nota original de Clarín, que luego fue modificada:
Toma de tierras en El Bolsón: grupos mapuches ocuparon 22 hectáreas de una reserva forestal
Unas 140 familias ocuparon 22 hectáreas. Serían integrantes de la Cooperativa Awka Mallín y de algunas comunidades mapuches. Advierten que se están talando una gran cantidad de árboles autóctonos para alimentar fogatas

Por: Claudio Andrade
La toma de 22 hectáreas comenzó aproximadamente el 18 de agosto pasado, pero se convirtió en un problema mayor para el municipio del intendente Bruno Pogliano, cuando en las últimas horas se sumaron más de un centenar de personas. Según pudieron confirmar autoridades locales, los ocupantes extendieron su radio de influencia otros 600 metros hacia el Mirador Azul y Cabeza del Indio, espacios de excepcional atractivo turístico.

Los funcionarios también confirmaron que se están talando una gran cantidad de árboles autóctonos para alimentar fogatas y posiblemente vender una parte de la madera.

Fuentes indican que entre los ocupantes hay integrantes de la Cooperativa Awka Mallín y de algunas comunidades mapuches de la zona que vienen reclamando terrenos desde hace un tiempo.

Este lunes por la tarde el intendente Pogliano se reunió con la fiscal federal Silvia Little de la Justicia Federal por la invasión, aunque no obtuvo respuestas concretas por parte de la funcionaria judicial, según declaró a los medios locales.

Al terminar el encuentro conversó en la calle con los propios vecinos. “Salí mucho peor de lo que esperaba, muy contrariado, no se ha desordenado el desalojo y no creo que lo ordenen. Para la Justicia no hay delito. Si la Justicia Federal no hace nada, si no ordena el desalojo, va a ser muy difícil parar este daño ambiental que se está produciendo y terminamos privilegiando al que toma”, se le escuchó decir.

La fiscal Little había estado en la zona de la ocupación durante la mañana del mismo día acompañada de personal de Gendarmería Nacional. Little conversó con los ocupantes y, según le trasmitió a Pogliano, no encontró hechos que ameriten procesos penales dentro de la Reserva Forestal. La fiscal acordó con las familias un impás de 10 días para que desde el municipio puedan encontrarles una nueva ubicación. El número de ocupantes va aumentando a medida que pasan las horas. Se estima que hay en total unas 135 familias involucradas.

Sin embargo, el intendente Pogliano reclamó la inmediata desocupación de todo el sector antes de resolver nuevas tierras para los vecinos sin techo. “No podemos negociar con gente que no sale de ahí. Nosotros pedimos la intervención y la intervención en concreto es la Gendarmería Nacional desalojando o la Policía Aeroportuaria”, indicó el intendente.

Uno de los vecinos que lo aguardaba afuera del edificio de la Justicia Federa le aseguró que iban a juntarse e ir a la zona ocupada. “Es lo que hay que hacer. Si no lo defendemos entre todos, lo vamos a perder es el futuro de nuestros nietos. Necesitamos que ese lugar que es el pulmón de El Bolsón esté desocupado”, les respondió.

En diálogo con Clarín, Pogliano explicpo que “son unas 130 familias aproximadamente que entraron coordinadamente. El fin de semana aparecieron allí, de manera muy organizada. Esto preocupa porque hay personas que necesitan un lugar, pero hay otras personas que están especulando y en las redes ya hay ofertas de lotes en esa zona ocupada. También se están talando árboles para la venta. Hay árboles de 120 años de edad. Es un patrimonio natural que está siendo desbastado”.

“Acá se repite la historia de Cushamen (Chubut) y Mascardi (Bariloche) donde se mezclan intereses con reivindicaciones mapuches. No todos son mapuches, lo mismo ocurre en Mascardi. Hay actores que se repiten y que hacen acordar el caso de Maldonado. Y si ocurre lo de Mascardi va a ser muy difícil resolver esto. La propia Gendarmería tiene sus temores pensando en lo que ocurrió en Bariloche (el 25 de noviembre de 2017 murió Rafael Nahuel en un enfrentamiento entre mapuches y Prefectura Naval) y en Cushamen”, agregó.

Por su parte el intendente ya inició una solicitud formal de liberación del espacio en Change.org que ya reunió unas 2.000 firmas virtuales.

El tema de fondo podría resultar mucho más complejo de lo que parece. Fuentes de la policía de Neuquén aseguran a Clarín que el líder detrás de la toma es Juan Fernández, hijo del ex intendente de San Martín de los Andes Juan Carlos Fernandez.

Fernández hijo (con entonces de 26 años) estuvo involucrado en el asesinato del sargento de la policía neuquina José Aigo el 7 de marzo de 2012. En la madrugada de aquel día, Aigo y su compañero el oficial Pedro Guerrero detuvieron en el paraje Pilo Lil, a 50 kilómetros de Junín de los Andes, a una camioneta en la que iban Fernández y dos ocupantes, Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres.

Después de la inspección de documentos, los policías quisieron examinar la caja de la camioneta. Fue entonces cuando Oporto y Torres dispararon a los agentes hiriendo de muerte a Aigo. Los atacantes huyeron hacia la Cordillera y Guerrero retornó a Junín con Fernández en calidad de detenido y cargando a su compañero.

Pocos después se supo que los fugados tenían amplios vínculos con los movimientos de izquierda chilenos MIR Y FPMR. Nunca fueron atrapados.

Una de las últimas pistas que obtuvo la policía de Neuquén en 2017 fue que Oporto y Torres, podrían encontrarse en la zona de Cushamen y El Bolsón. Fuentes locales habrían reconocido a los militantes en la misma época en que arrancó la toma de 1.200 hectáreas de Cushamen, en abril de 2015, por parte del lonko Facundo Jones Huala hoy detenido en Chile. En esta área murió ahogado Santiago Maldonado el 1° de agosto de 2017.

La Justicia neuquina declaró a Fernández culpable por encubrimiento y falso testimonio en abril de 2014, pero en noviembre de ese año, un Tribunal de Impugnación lo absolvió. En la provincia corrió fuerte el rumor de que la figura del senador neuquino Oscar Parrilli, entonces Secretario de la Presidencia, habría pesado en la liberación de Fernández. Durante el gobierno kirchnerista hubo fuertes intentos por acercarse a la comunidad mapuche. En un periodo de 12 años se les reconocieron más 200 mil hectáreas a los pueblos autóctonos del sur.

En las redes sociales se ha viralizado una fotografía de Fernández que dice: "Juan Fernández de CETEP y asesino del policía José Aigo, está promoviendo las tomas en Loma del Medio. Si no hay Justicia, hay condena Social”.

CETEP refiere a la Cooperativa Awka Mallín de El Bolsón a quien vinculan con la ocupación de la Reserva Federal. Esta organización, que integra Fernández, también mantiene fuertes lazos con algunas comunidades mapuches de la zona.

En los últimos cinco años se han multiplicado las ocupaciones en la Patagonia por parte de grupos que se autodenominan mapuches. Además de la ocupación de 2015 en Cushamen, en noviembre de 2017 otro grupo lof Lafken Winkul Mapu se apropió de predio de seis hectáreas de Mascardi a 35 kilómetros de Bariloche. Desde entonces estos militantes se extendieron a más de 30 hectáreas sobre los terrenos aledaños y la costa del lago Mascardi.

Los herederos de Jones Huala vuelven al ataque en la Patagonia
Qué hay detrás de ocupaciones como las de El Bolsón y Villa Mascardi
Por: Gonzalo Sánchez
No es un reclamo de tierras ancestrales ni una petición de reconocimiento de derechos de ocupación tradicional, como ocurre con frecuencia -y se atiende porque lo indica la ley- en la Patagonia. Es pobreza fuera de cauce. En su desesperación lógica, esa pobreza se cruza con una nueva generación sumamente radicalizada de descendientes de comunidades locales. También existen, de acuerdo con los partes de inteligencia, “elementos” provenientes de Chile que cruzan la Cordillera de manera clandestina. Todo esa mixtura ha convertido a los propietarios del sur del país, sin importar que sean magnates o simples leñadores, en enemigos. Los elevan a la categoría de “genocidas descendientes de la conquista del desierto” y, en un delirio sin parangón, se van autoconvenciendo de que hay que forjar una “nación mapuche” dentro de los límites de un corredor prístino entre Bariloche y El Bolsón.

Es ahí, en el Sur del Sur, donde otra vez se está cocinando algo complicado.

Maldonado y Nahuel son los antecedentes trágicos de todo esto. La recordada RAM, cuya existencia jamás se comprobó fácticamente, tuvo su hora de fama durante los hechos de Colonia Cushamen, sobre tierras de Benetton. La caída de Facundo Jones Huala disolvió el apogeo de esa aparente organización. Hoy, Jones Huala está preso en el sur de Chile, culpable de atentados contra la propiedad. Pero de este lado de los Andes, integrantes de su misma agrupación, supieron involucrarse en tomas de tierras cercanas a San Carlos de Bariloche. A principios de agosto, además, volvieron a estar activos en las cercanías de Esquel.

Ahora es El Bolsón. Pero no se puede omitir el recrudecimiento de la violencia en Villa Mascardi, donde los vecinos están armados porque ya no saben cómo contener las embestidas nocturnas de un grupo que los asola desde hace 3 años, quemando chacras y cabañas de montaña, y ocupando tierras que tienen dueños con nombres, apellidos, planos y títulos de propiedad. Diego Frutos es uno de esos propietarios. Posee una cabaña llamada La Cristalina. Su predio fue ocupado por "usurpadores que se ocultan en el bosque". Le incendiaron la casa. Días atrás pudieron regresar a buscar algo de lo que allí quedaba. Están desesperados. Apenas pudieron volver a entrar. Pero no en solitario, sino acompañados por la Policía.

¿Qué hacen, a todo esto, las fuerzas de seguridad? Con los antecedentes de Nahuel y Maldonado, hay una orden de peso que baja desde el mismo ministerio de seguridad: no tirar ni siquiera un tiro al aire.

Un ex funcionario de Parques Nacionales, área que ahora depende del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, comentaba días atrás algo más delicado. Hablaba de “campos de entrenamiento” en la zona del Foyel y “lugares inaccesibles” donde se diseñan y planifican las avanzadas sobre lotes determinados. Y la misma gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, salió a pedir a gritos la intervención del Estado por las tomas sin razón. Señaló como “bandidos” a los que irrumpen contra la propiedad privada y pidió la urgente intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, a cargo de hoy de Magdalena Odarda, funcionaria ex ARI relanzada en el Frente de Todos.

Los dueños de la tierra, y funcionarios superados por las circunstancias, creen que desde el Estado Nacional baja una mirada benévola sobre los grupos que avanzan con las tomas. Que se pasó de un extremo al otro: de Patricia Bullrich, que mandaba a las fuerzas de seguridad a desalojarlos -a veces a riesgo de cometer excesos trágicos- a Sabina Frederic, que manda a sus funcionarios a “subir la montaña” para escuchar sus reclamos. En el medio, está la gente pidiendo paz y justicia.