lunes, 6 de marzo de 2017

Los trabajadores de Prensa marchamos por los puestos de trabajo y contra el ajuste

Convocamos a marchar mañana 7 de marzo a las 14 hs. junto al conjunto de los trabajadores del país, por la recuperación de los puestos de trabajo perdidos, contra el ajuste y por la vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo

El Sindicato de Prensa Rosario marchará el martes 7 de marzo junto a la CTA y la CGT en Buenos Aires en contra de las políticas de ajustes del gobierno nacional que lejos de promover más derechos e inclusión social ha provocado cierres de empresas, desocupados que se cuentan por miles, suspensiones masivas y la pretensión de poner techo a las discusiones paritarias muy por debajo del deterioro que han sufrido los salarios de los trabajadores, entre otras políticas de corte neoliberal que producen un grave deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los argentinos.

domingo, 5 de marzo de 2017

La televisión del discurso de Macri

Hasta lo que pude contar hubo aproximadamente 14 primeros planos a María Eugenia Vidal, porque este gobierno no hace uso partidario ni ideológico de los medios de comunicación
Por: Luis Costa
Hasta lo que pude contar hubo aproximadamente 14 primeros planos a María Eugenia Vidal, porque este gobierno no hace uso partidario ni ideológico de los medios de comunicación. Detrás de la gobernadora bonaerense se veía a Lifschitz, gobernador de Santa Fe, con primeros planos vinculados a temáticas de narcotráfico y delincuencia, logrando ayudarlo bastante poco en su relación simbólica con estos temas.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, no fue tomado por las cámaras cuando se habló del acuerdo de Vaca Muerta, aunque sí Aranguren. Gutiérrez apareció de manera aleatoria a pesar de estar justo en la misma fila que la gobernadora 14 veces “ponchada” por el director de cámaras. El discurso en papel, muy poco improvisado y sincronizado casi a la perfección con la transmisión, nos vuelca las pistas del modo controlador y perfeccionista que posee la actual administración nacional sobre su comunicación masiva.

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, Macri describió al mismo tiempo el presente y el pasado, porque en su identidad el antikirchnerismo es un combustible todavía útil. Sus votantes deliran de odio ante las imágenes de Larroque en camisa de manga corta sentado en su banca de diputado. La cámara lo toma luego de que el Presidente hace mención a que los gobiernos anteriores los condujeron a “un enfrentamiento permanente” y que fueron perseguidos, pero que ahora era el momento del diálogo. Larroque se acomoda en su silla furioso y le regala a la transmisión el arquetipo que necesitan Macri y Peña para que la decepción no venza las expectativas.

Los datos del Indec, remarcados como reales, se acompañan de personas televisadas, porque todos allí sentados juegan roles. Macri insiste en decir que “recibimos un país donde uno de cada tres argentinos está en la pobreza o en la exclusión total. Es una cifra real”, y Kicillof es elegido con precisión por el director de cámaras. Justo después, en el paso siguiente de esa sección, dice que “son mucho más que un número, son personas” y aparece Vidal representando la sensibilidad del individuo común. Los buenos y los malos, pegados encima de las palabras, describen el mundo que observa su público.

Macri y su director de cámaras siguen adelante. Dice que hay ahora un millón y medio de chicos con beneficios de asignaciones familiares o por hijo, y aparece Carolina Stanley seguida de un Bossio serio en perfecta secuencia, primero una y después el otro. Nos cuenta también que “los productores (agropecuarios) respondieron con inversión y crecimiento”, y aparece Alfredo de Angeli asintiendo, seguido del Momo Venegas y del presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, en un palco sonriente. Uno atrás del otro, todos seguidos, en ese mismo instante.

La ética del timbreo y el contacto personal y los nombres de seres casi anónimos se mezclan en el discurso. Un médico que hizo treinta días de guardia, las maestras amenazadas y los vecinos con los que se habla. Más que un espacio de propuesta de agenda legislativa, fue la confirmación de una estética visual y de un relato propio, como en campaña, pero ahora en la gestión.

El Gobierno comprende que debe seguir vinculándose con su público con los mismos imaginarios que en el momento de la elección. El Congreso fue un teatro magnífico de representación de buenos y malos.

En Macri y su experiencia política, hay una construcción también unitaria de lo calificable como bueno y lo calificable como malo que queda sin aclarar. Habla de Tecnópolis como “las buenas iniciativas que deben permanecer” sin describir por qué esa es buena y quién define que eso es bueno o malo.

En estos episodios podemos encontrar los rastros de modos de operaciones de quien lidera hoy la experiencia política central del país. El discurso armado y escrito y probablemente ensayado, los gestos de risas cómplices en momentos de ataques directos y la televisación de los actores representados en lo que se lee, muestra un uso inédito y atractivo del aparato oficial cultural. En esos mecanismos nuevos y otros que todavía no logramos ver con tanta claridad, está parte del secreto de la sobrevivencia de Macri.
*Sociólogo. Director de Quiddity Argentina
Fuente: Diario Perfil

Netflix utiliza el 'big data' para conocer al espectador

Netflix dispone de un equipo de 'taggers', es decir, un grupo de profesionales encargados de etiquetar los contenidos. Las posibilidades que ofrecen las nuevas plataformas digitales van un paso más allá en la relación televisión-espectador. El siguiente paso es que los espectadores se identifiquen mediante 'apps' o plataformas para tener la huella digital a menor escala
Por: Miriam Puelles @miriampuelles
Netflix te espía y lo sabes. La plataforma de vídeo por Internet no esconde sus armas y ha reconocido el empleo de algoritmos para poder conocer más a su usuario.

House of Cards nació como un proyecto de éxito. Netflix había estudiado los gustos de sus consumidores para construir una ficción que reuniese aquellas características que más triunfaban entre sus usuarios. Apostó a caballo ganador y así lo consiguió. Sin embargo, para poder llegar a estudiar este tipo de características la empresa tuvo que llevar a cabo un exhaustivo estudio a través de la huella digital que sus usuarios habían dejado a su paso por la plataforma.

Eva Patricia Fernández, doctora en Ciencias de la Información, investigadora, y coautora del estudio Gestión de datos en el negocio audiovisual: Netflix como estudio de caso explica a bez.es que a la hora de espiar al usuario una plataforma digital dispone de dos caminos a seguir, “el cuantitativo y el cualitativo”. Pero solo es este último el definitivo para lograr el objetivo más deseado: triunfar.

Las plataformas se retroalimentan de la información que reciben del usuario para así proporcionarle una serie de recomendaciones acordes a sus gustos

“Al darnos de alta en plataformas como Spotify o Netflix tenemos que rellenar una serie de datos muy básicos que suelen ser de carácter sociodemográfico”, explica. Estos son los denominados cuantitativos y sirven a la empresa para conocer sexo, edad, procedencia y poco más. Es decir, serían similares a los empleados para conocer a espectador en los sistemas de audiencia tradicional.

No obstante, la huella digital va mucho más allá. Y en esto se basa la lógica de Netflix. Fernández hace alusión al estudio que coescribió donde identifican los “diferentes algoritmos que utiliza para conocer los hábitos del consumidor: en qué capítulo te enganchas a una serie, si los ves de seguido o qué tipo de productos consumes”. Para ello la plataforma dispone de un equipo de taggers, es decir, un grupo de profesionales encargados de “poner los tags y etiquetar los contenidos para así permitir recomendarte series que pueden gustarte o que son similares a las que has visto”.

Esto funciona bajo la lógica de la machine learning, es decir, “la lógica de la gestión de los datos al servicio del negocio porque lo que hace es retroalimentarse de la información que recibe del usuario para así proporcionarle una serie de recomendaciones más acordes a sus gustos”. Cuanto más se consuma, más te conocerá Netflix y más posibilidades de acierto tendrá.

“El conocimiento de los espectadores es tal que se toman decisiones de negocio como puede ser ofrecer toda la temporada del tirón porque maximizas tu acierto de que va a funcionar la serie”, añade Fernández. Y así surgió House of Cards.

El análisis de datos puede, en definitiva, desde controlar la calidad de los contenidos hasta modificar el tamaño de su catálogo, ofrecer recomendaciones basadas en los gustos del cliente e incluso elaborar productos teniendo en cuenta sus preferencias.

La televisión tradicional y el espectador, un antiguo matrimonio de desconocidos
Este tipo de posibilidades que ofrecen las nuevas plataformas digitales van un paso más allá en la relación televisión-espectador. No obstante, no todas las empresas tienen la misma capacidad para adaptarse a estas tecnologías y potenciar al máximo su relación con el consumidor.

El conocimiento del público de la televisión lineal se basa en lo que desprende la antigua audimetría, la cual proporciona datos cuantitativos y no cualitativos

El caso más directo es el de la televisión lineal, cuyo conocimiento del público se basa en lo que desprende la antigua audimetría, la cual proporciona datos cuantitativos y no cualitativos. “Las plataformas bajo demanda lo tienen más fácil porque pueden conocer los hábitos del consumidor a través de la huella digital que está dejando por los datos que proporciona”, explica Fernández, para añadir que “esto no sucede en la televisión convencional”.

“Hoy en día necesitas acceder a los datos del usuario y saber qué está viendo”, señala, “pero en una televisión como TVE si no están dados de alta en una plataforma no pueden tenerlos”. Atresmedia, Mediaset y RTVE, apunta, “solo pueden conocer cuánta gente está consumiendo algo”. Pero “una cosa es la cifra cuantitativa, cuando la importante para obtener los hábitos es la cualitativa”.

Fernández señala que los siguientes pasos a dar para que estas corporaciones mediáticas no se quedan a la cola de la innovación tecnológica sería “conseguir que los espectadores se identifiquen mediante apps o plataformas como Atresplayer y Mitele para tener esa huella digital a menor escala”. Mientras, la información que seguirán recogiendo estas cadenas será mínima; y la longeva unión entre televisión lineal y el espectador será, en definitiva, un matrimonio de desconocidos.
Foto: Europa Press
Fuente: bez.es

Unos 1.200 profesionales debaten sobre las amenazas a la libertad de expresión en internet

En España, profesionales del periodismo, activismo, desarrollo de software o diseño, procedentes de 114 países, participarán en el tercer encuentro mundial Internet Freedom Festival (IFF) sobre libertad expresión de la red, derechos humanos y transparencia
El Centro de Innovación Urbana acoge por tercera vez consecutiva el Internet Freedom Festival
El III Internet Freedom Festival (IFF) es un encuentro mundial que aglutinará durante una semana en Las Naves a 1.200 profesionales de sectores varios (periodismo, activismo, desarrollo de software o diseño), procedentes de 114 países, que presentarán más de 200 sesiones donde explorarán retos, oportunidades y amenazas de Internet en proyectos locales y globales, y debatirán sobre la necesidad de proteger la libertad de expresión y los derechos digitales de las personas.

Este jueves se ha presentado en Las Naves el Internet Freedom Festival (IFF) que durante la semana próxima -del 6 al 10 de marzo- acogerá el propio Centro de Innovación Urbana por tercera vez consecutiva. Este evento cuenta con el apoyo de la Conselleria de Transparencia, la Diputación de València, la Unió de Periodistes y Las Naves, según un comunicado.

Se trata de un encuentro internacional destinado a la colaboración multidisciplinar entre todos aquellos grupos que trabajan para que Internet siga siendo un medio libre y sin censura para todas y todos. “El objetivo –han explicado los organizadores- es luchar contra la vigilancia indiscriminada y la censura en internet”. Entre las organizaciones que acudirán, destacan Mozilla, Twitter, Facebook, Google, Reporteros sin Fronteras, Tor o Wikipedia.

Uno de los aspectos más destacados de esta tercera edición es el aumento de la participación de mujeres, que ha pasado de un 35% en 2015 a un 47%, "una cifra nada frecuente en un acontecimiento relacionado con nuevas tecnologías", ha apuntado uno de los organizadores del festival, Pepe Borrás. También destaca el incremento del número de países, que en tres años ha pasado de 43 a 114, con un notable crecimiento de las regiones de Latinoamérica, la África subsahariana y el sudeste asiático.

Entre los objetivos fundamentales del festival se encuentran ofrecer a la Comunidad por la Libertad de Internet un espacio de encuentro donde compartir recursos y conocimientos para mejorar los servicios, estrategias y herramientas, aumentar la diversidad étnica, profesional y de género, así como debatir sobre la censura, vigilancia y obstáculos para el acceso a la red en las diferentes regiones del mundo y encontrar soluciones de manera colectiva.

A lo largo de los cinco días que durará el congreso se realizarán más de 200 sesiones divididas en 8 grandes temáticas, entre las cuales se incluyen el presente y futuro de los derechos digitales, periodismo y medios y herramientas y tecnología. Además, el IFF será la sede del primer ciberdiálogo sobre Vietnam, de un encuentro internacional de países en vías de desarrollo (Sur Global), de un encuentro de activistas latinoamericanos y del Día de la Mujer, entre otras actividades.

La diversidad igualmente volverá a ser también uno de los ejes del IFF, que en esta edición ha contado con la colaboración de Valerie Aurora, referencia en Silicon Valley en materia de género. Sandra Ordóñez, cofundadora del IFF ha destacado que “València es la ciudad ideal para recibir a los activistas de la libertad digital más conocidos del mundo por su cultura y calidez. Trabajamos para que esta edición consolide a la ciudad como referencia de las libertades en Internet”, ha señalado.

La presidenta de la Unió de Periodistes, Noa de la Torre, ha puesto de relieve "los difíciles momentos por los que pasa el periodismo en una época sumamente tecnológica como la que vivimos, esta cuestión también será debatida intensamente en el IFF. Está en juego la neutralidad, la libertad de expresión", ha señalado.

Las Naves, referente mundial 
El concejal de Innovación del Ayuntamiento de València, Jordi Peris, ha manifestado su satisfacción porque Valencia acoja de nuevo este festival. "Es un orgullo que Las Naves sea un referente mundial del trabajo conjunto de muchos profesionales e instituciones que quieren reflexionar, establecer sinergias, crear comunidad y actuar hacia un solo objetivo: conseguir una red libre, donde se respeten los derechos humanos y la libertad de expresión. Desde las instituciones públicas tenemos el deber de trabajar también por este objetivo".

Tanto la Directora General de Transparencia, Aitana Mas, como el diputado delegado de Transparencia de la Diputación de Valencia, Berto Jaramillo, también se han expresado en este sentido, según un comunicado, remarcando "la necesidad de promulgar los valores de los derechos humanos, la transparencia, la libertad de expresión y la participación, impulsando actividades como el IFF desde las instituciones públicas. Tenemos que extender la cultura de la transparencia y la participación y ser conscientes que en muchos lugares del mundo se viven situaciones muy duras", ha recalcado Mas. Jaramillo, por su parte ha añadido que hacen falta "espacios de innovación democrática y participación, donde además, los movimientos sociales sean protagonistas activamente".
Fuente: El Diario

Advierten sobre los riesgos que suponen las noticias falsas

Los relatores de Libertad de Expresión de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) presentaron una declaración conjunta contra las noticias falsas ("fake news"), que presionan a las democracias en todo el mundo
David Kaye, el relator de la ONU, destacó en la presentación que este fenómeno es un "problema" tanto como lo es la respuesta "endémica" de censurar a los medios para combatir las noticias falsas.

La respuesta a las noticias falsas debe ser "consistente con la libertad de expresión", destacó Kaye.

"Las noticias falsas siempre han existido y criminalizarlas contraviene la libertad de expresión. Vemos reacciones excesivas en su contra, que van demasiado lejos", concluyó.

Por su parte, el relator de la OEA, el uruguayo Edison Lanza, destacó que en lugar de hablar de "noticias falsas" habría que hablar de "noticias falsificadas".

Lanza opinó que su intención "no es informar, sino incidir sobre el debate público de forma maliciosa".

El relator de la OEA señaló que en las Américas "preocupa cómo actores privados tratan de incidir sobre el debate público norteamericano con noticias falsas y con un efecto contagio para América Latina".

Criticó, en ese contexto, que algunos políticos, como el presidente de EEUU, Donald Trump, o el de Venezuela, Nicolás Maduro, "se han apropiado del término 'fake news' para desacreditar a la prensa".

Por otra parte, recordó la tendencia de "suprimir" emisoras enteras para silenciar el debate púbico.

En ese sentido, recordó el reciente caso de Venezuela, donde se ha dado de baja la señal de la cadena CNN en Español "porque el Gobierno entendía que existe manipulación de la información".

"Esta situación está teniendo una incidencia y una implicación muy fuerte sobre el derecho de la gente de recibir información y también sobre el debate público en la democracia", concluyó Lanza.

Por su parte, la relatora de la OSCE, Dunja Mijatovic, reconoció que "no será posible eliminar las noticias falsas".

"Sin embargo, democracias o países abiertos van a poder resistir y serán más fuertes con un flujo abierto de información. La libertad se tiene que imponer", aseguró la relatora.

La declaración conjunta presentada hoy no se limita a expresar "preocupación" y "alarma" sobre las noticias falsas y sobre el abuso que hacen algunos políticos del término para desprestigiar a los medios de comunicación.

Además, el documento de cinco páginas presenta una serie de recomendaciones tanto para los medios de comunicación como para los Gobiernos para tratar este fenómeno.

Entre ellas, destaca que prohibir las noticias falsas y criminalizar su emisión no es la respuesta correcta, ya que eso es "incompatible con los estándares internacionales para la restricción de la libertad de expresión".

La declaración insta a políticos y actores públicos a que no "fomenten o diseminen" declaraciones o afirmaciones "de las que saben o deberían saber que son falsas".

De hecho, los políticos deberían "asegurar que difunden información fiable", en particular sobre asuntos de interés púbico, como la economía, la salud pública y el medio ambiente.

La declaración exige, además, que los Estados promuevan un ambiente de comunicación "libre, independiente y diverso".

Eso debe incluir la presencia de "medios de servicio público fuertes, independientes y adecuadamente financiados", destaca el texto, que será traducido a varios idiomas, entre ellos el español.

Al mismo tiempo, los tres organismos piden a los Estados que mejoren la educación digital y sobre el uso de los medios de comunicación, y la incluyan en el currículum escolar.

Declaración sobre Libertad de Expresión advierte de los riesgos que suponen las "noticias falsas"Las "noticias falsas" se han convertido en un tema de preocupación mundial debido a que pueden conducir a la censura, la supresión del pensamiento crítico y a otras contravenciones de las leyes de derechos humanos, advirtió hoy un grupo de expertos en esas garantías fundamentales.

Los relatores especiales sobre la libertad de expresión y opinión de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos adoptaron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y "Noticias Falsas", Desinformación y Propaganda.

Ese texto considera inquietante que la desinformación y propaganda se implementen para confundir a la población e interferir en su derecho a recibir información variada y a formarse su propia opinión.

Además, la Declaración expresa alarma por los casos en que las autoridades públicas denigran, intimidan o amenazan a los medios de comunicación, llegando a afirmar, incluso, que éstos son "la oposición" o que "mienten" y esconden una agenda política.

Estas acciones "aumentan el riesgo de amenazas y violencia contra los periodistas, socavan la confianza pública en el periodismo como actor de vigilancia de la sociedad y pueden confundir al público empañando la línea entre la desinformación y los productos de los medios que contienen hechos verificables de forma independiente", apunta el documento.

La Declaración identifica los principios generales y los estándares de derechos humanos aplicables al ejercicio del periodismo, alienta la pluralidad de los medios y enfatiza el papel y responsabilidades de los Estados, los periodistas y los medios de comunicación.
Foto: UNAMIFuentes: Agencia EFE y Centro de Noticias de la ONU

sábado, 4 de marzo de 2017

¿Cambiamos en Comunicaciones?

El Gobierno y las decisiones discrecionales en la larga espera de una nueva ley
Por: Gustavo Fontanals*
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, se hizo hincapié en que la regulación sobre el sector audiovisual y de telecomunicaciones era una prioridad y que su objetivo era acelerar el proceso hacia la convergencia total del sector. Sin embargo, como los tiempos de un debate para modificar la legislación vigente no eran acordes a sus propósitos, la intervención se concretó a través de decretos presidenciales que, de tan rápido que se hicieron, ahora serán actualizados a través de un nuevo paquete de medidas vía decreto, destinado “a corregir algunas discrepancias” que surgieron de sus resoluciones previas. Mientras tanto, una Comisión Redactora continúa sus reuniones hacia la elaboración de un proyecto de ley que deberá ser presentado y debatido en un año electoral.

El Gobierno de Macri puso en marcha, ni bien asumió, una fuerte intervención en el sector ampliado de las comunicaciones, abarcando la regulación sobre la totalidad de los medios audiovisuales y los servicios de telecomunicaciones y el control sobre todas las empresas y programas públicos vinculados. La intervención, concretada a través de una rápida sucesión de decretos presidenciales, comprendió el reemplazo completo de los órganos de gobierno a cargo de la decisión y aplicación de las políticas y la modificación quirúrgica pero radical de la legislación vigente. La medida fue presentada como un paso de emergencia y temporal, destinado a un reordenamiento inmediato del sector que abría el camino a un proceso de elaboración e implementación de un nuevo esquema normativo, integral, convergente, participativo. El Gobierno se comprometió en sucesivas instancias bajo ese argumento.

Pasó un año desde entonces, y ese esquema provisorio se ha consolidado no en una sino en dos autoridades yuxtapuestas de baja institucionalidad, una dependiente de la otra y ambas plenamente subsumidas al Ejecutivo Nacional. Además, ambas han aplicado una gran cantidad de resoluciones de alto impacto para la estructura presente y futura del sector. En otra vuelta del destino vemos replicado, una vez más, el rasgo maldito que caracterizó a las políticas de comunicaciones en la Argentina durante los últimos 40 años (Fontanals, 2013): la capacidad discrecional del gobierno de turno para la toma de todas las decisiones sectoriales, y su extensión en un esquema de negociaciones o intercambios de escasa visibilidad y control público con aquellos actores que, coyunturalmente, logran acceso. El estudio histórico y comparado enseña que eso es un peligro para los intereses sociales y sectoriales de largo plazo. El Gobierno encontró desde el comienzo una racionalidad política en su intervención. Ya antes de asumir anunció que tenía al sector de medios y telecomunicaciones como un eje central de sus intereses inmediatos, y que buscaría operar políticamente para deshacerse del legado kirchnerista: dos leyes nacionales vigentes (la audiovisual y la digital o de telecomunicaciones) y dos autoridades federales a cargo, con directores nombrados a plazo y de difícil remoción (2017 en el caso de AFSCA, 2019 en el de AFTIC).

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; el presidente de ENaCom, Miguel De Godoy: y la coordinadora de la Comisión Redactora y directora de ENaCom, Silvana Giudici.

Ante el contexto político institucional (marco legal heredado, distribución parlamentaria sin mayorías) tomó nota de que no podría manejar las decisiones, y se dispuso a utilizar las herramientas institucionales a mano para hacerse del control inmediato: los Decretos de Necesidad y Urgencia. La negociación de modificaciones o de una nueva ley acorde a sus orientaciones en el Congreso no le pareció factible a corto plazo, y en su urgencia descartó “esperar la cadencia habitual de un debate”, optando por una política de hechos consumados. Con ojo en las decisiones futuras, optó por asumir los costos (que a la postre fueron muy bajos) de avanzar sobre las leyes y las autoridades vigentes mediante decretos, y logró muy pronto consolidar una nueva institucionalidad, que ahora vemos prolongarse.

Al día siguiente de asumir transfirió todas las atribuciones de decisión y aplicación de las políticas sectoriales, así como de control de las participaciones del Estado en las sociedades con actividad en el área, al nuevo Ministerio de Comunicaciones (DNU 13/2015). Pocos días después reemplazó las dos autoridades federales, que seguían existiendo, por un nuevo “mega-organismo”, el ENaCom, dependiente del Ministerio y con una composición aún más política y centralizada que los anteriores, reservándose no sólo una amplia mayoría en el nombramiento de sus directores (5 de 7), sino también la atribución para remover “en forma directa y sin ninguna expresión de causa” a cualquiera de ellos, incluso a los que no nombró (DNU 267/15).

Se llegó así a un esquema que establece un doble comando de las políticas, mediante dos órganos que dependen institucionalmente y son controlados de hecho por el Poder Ejecutivo, sin condiciones de independencia ni exigencias de idoneidad profesional. Por cierto, esto resulta muy poco proclive a la “seguridad jurídica” de los actores interesados y a la promoción de programaciones de largo plazo, en un sector que se caracteriza por altos costos hundidos que recién maduran en el tiempo, y que desempeña un papel central en garantizar o promover la diversidad y el pluralismo, rasgos esenciales de las democracias modernas. Aquí toda decisión puede ser tomada, así como modificada, a discreción del Gobierno, sin ninguna clase de contrapeso institucional (más que el testimonial, en su defecto, de uno o dos directores por minoría, si es que no se concretan en forma directa vía el MinCom, o algún recurso último a la Justicia, que maneja sus propios tiempos). Se debe agregar, además, que no existe en Argentina un órgano de Defensa de la Competencia autónomo al Gobierno, sino tan sólo una comisión asesora –no vinculante– de las decisiones a cargo de la Secretaría de Comercio.

El esquema resultante recibió fuertes críticas de sectores políticos, sociales y académicos nacionales, así como regionales (lo que resultó en una convocatoria a una audiencia explicativa ante la OEA). Se entiende que no cumple con las condiciones de independencia respecto al Ejecutivo; que el método de decretos no habilita la participación y el escrutinio propio de los procesos legislativos; y que implicó un retroceso en relación con la legislación precedente, concentrando en una cúpula de funcionarios las decisiones de todo el sector de medios y telecomunicaciones, nervios sensibles al orden democrático y esenciales a los derechos a la información y las libertades de opinión y expresión.

El Gobierno se puso de inmediato a tomar decisiones de alto impacto. Partiendo de las incorporadas en los decretos iniciales, que comprendieron la supresión de los límites a la concentración de la ley audiovisual, la prórroga de las licencias existentes y la habilitación de su libre compra-venta, y la suspensión de las medidas anti-dominancia de la ley de telecomunicaciones, entre otras. A lo que siguieron otra gran cantidad de medidas ya tomadas o anunciadas, o la demora o aplicación precaria de resoluciones vigentes, incluso respecto de sus propios decretos.

Apenas podemos mencionar algunas acá, pero incluyen desde la imposición y/o negociación de exclusiones o reservas de determinados sectores para algunos actores (cableras y telefónicas, operadoras satelitales y servicios de internet, postergación de ingreso de nuevos prestadores en telecomunicaciones móviles, aunque sea como virtuales); la asignación duplicada de nuevas licencias de TV a un mismo propietario comercial junto al incumplimiento de garantías para licenciatarios comunitarios; la autorización contra propia normativa de operaciones de compra que implican tenencias accionarias cruzadas entre operadores del servicio básico telefónico y de cable y que pueden afectar aún más la competencia; las atribuciones de uso del espectro radioeléctrico; o la determinación de los destinos de los fondos de servicio universal.

El mismo Gobierno anunció que prepara un nuevo y amplio paquete de medidas vía decreto, destinado “a corregir algunas discrepancias” que surgieron de sus resoluciones previas y a “avanzar en una des-regulación” (re-regulación) que impone decisiones en muchos de los aspectos que venimos comentando. Todo esto, nuevamente, sin que mediara ninguna discusión pública. Los actores afectados son muchos y diversos, y los intereses específicos se contraponen. Así, se vuelve cada más notorio que el esquema de decisiones y negociaciones particulares refuerza el problema de administrar conflictos, y que satisfacer a unos puede contrariar a otros. Algunos de los contrariados pueden ser débiles, pero con sustento. Y otros, por cierto, muy poderosos.

Mientras tanto, el Gobierno sigue mostrando la carta del camino hacia una nueva ley, en la que puso a trabajar a una Comisión Redactora, en la que nombró a todos y cada uno de sus integrantes (la mayoría, a la vez, altos funcionarios del área). Esa comisión, que ya postergó oficialmente su cronograma de trabajo, emprendió un ciclo de “seminarios académicos” y “reuniones participativas” de invitación cerrada, sin ningún efecto vinculante, y a casi un año de trabajo sólo se ha expresado en unos muy genéricos 17 Principios hacia la nueva ley (ver Fibra 11), que recogen la glosa presente, pero que al momento de su instrumentación concreta en un proyecto podrían resultar tanto en una cosa como en su contraria. Es probable que para mediados del 2017 el Gobierno cumpla finalmente su compromiso y presente un proyecto de ley, emergente de los intercambios de dos o tres de los integrantes de la comisión redactora con otros altos funcionarios, asesores, e incluso la colaboración de alguna consultora internacional.

Pero el tratamiento de esa ley en el Congreso es otra cosa. Sumidos en un año electoral, en una coyuntura económica que sigue siendo una incógnita, en un tema controvertido que afecta a actores tan disímiles con intereses y apoyos tan variados, la trabajosa negociación en busca de una mayoría esquiva se muestra lejos de ser prioridad. Por el contrario, dejar constancia de las trabas a las que se ve sometido en el Congreso le volvería a abrir el juego a prolongar un tan estable “esquema provisorio”. La propensión del Gobierno a negociar dependerá en gran parte de cuán efectivo sea su control sobre las decisiones, y del manejo que pueda hacer de las demandas e intereses contrapuestos.

Esto nos lleva a concluir retomando la advertencia inicial. La capacidad discrecional del Ejecutivo sobre las decisiones sectoriales fue la norma históricamente imperante en Argentina, y su resultado, una sucesión de políticas fragmentadas de baja calidad y efectividad. Buena parte de sus efectos están hoy a la vista. El problema no es la dependencia de lo correctas o erradas que sean las intenciones del Gobierno de turno, ni sus capacidades para ponerlas en marcha. Porque no implica la exclusión del resto de los actores interesados. Sino al contrario, brinda un papel preponderante a algunos de ellos, en especial los que disponen de mayores recursos para la negociación política.

Se conforma así un esquema de negociaciones informales con centro en la cúpula política del sector y en sus intercambios con los actores privados que en una u otra instancia logran acceso, del que casi no emerge información pública, quitando posibilidad de transparencia y rendición de cuentas. En el que, en una dinámica de contramarchas, termina primando el intercambio de intereses particulares de corto plazo, sean los políticos del Gobierno (como el anuncio de promoción de inversiones, el control de precios, la mejora focalizada de servicios o el privilegio o contraposición a otros actores), o los de negocios de las empresas (como incentivos específicos o bloqueo a competidores). Los que se imponen recurrentemente sobre los intereses sectoriales o sociales de más largo plazo.

Nunca debe perderse de vista que las comunicaciones se caracterizan por fuertes economías de red y de escala, que conducen en forma natural a la concentración del mercado (Fontanals, 2014). Son múltiples los estudios que señalan las “fallas del mercado” para el desarrollo de una competencia efectiva en el sector, en el que suelen primar configuraciones oligopólicas de pocos y grandes jugadores.

Es peculiar que el Gobierno insista en un discurso de plena convergencia (“todos contra todos en todos los servicios”) como el camino a una plena competencia. Porque la justificación de la regulación sectorial pro-competencia a nivel internacional tiene como eje la necesidad de establecer reglas de convivencia entre actores de magnitudes muy diferentes, en las que se enfrentan operadores poderosos con redes heredadas o desarrolladas a lo largo del tiempo, con alto grado de capilaridad nacional y grandes recursos de inversión, con otros de mucho menor porte, locales o entrantes. Lo que a su vez se complejiza cuando se apunta a la convergencia entre sectores antes separados, como telecomunicaciones y radiodifusión, que enfrenta a grandes conglomerados extranjeros y nacionales, medianas y pequeñas empresas, cooperativas o medios sin fines de lucro.

Representantes del sector brindan sus aportes para la nueva legislación que regulará el funcionamiento de las comunicaciones en todo el país.

En la práctica, no hay convivencia entre iguales. De lo que resulta la necesidad de que aquellos operadores con posición dominante, que controlan recursos públicos escasos como el espectro o facilidades esenciales para otros prestadores, como las redes troncales o los tendidos finales de acceso al hogar, sean sometidos a medidas asimétricas de regulación sectorial (como obligaciones específicas de interconexión o transmisión o de desagregación de red), o, en su defecto, de defensa de la competencia o control de la dominancia ex-post (determinación de actores con poder significativo de mercado, mediante análisis periódicos de cada uno de los mercados relevantes). Algo que de hecho está vigente en la regulación actual, pero que se encuentra entre las medidas que el Gobierno puso en suspenso, sin explicitar motivos.

Puede ser entendible que en un sector tan dinámico como el de las comunicaciones convergentes, en el que la evolución tecnológica frenética se combina con un equilibrio sumamente inestable entre la promoción de la competencia e incentivos a la inversión, pero también de aliento a la diversidad, se requiera de capacidades técnicas flexibles y medidas graduales. Puede ser que así se decida delegar mayores precisiones a la reglamentación y resolución posterior, sobre la base de directrices de aplicación en el marco de leyes generales. Pero eso mismo implica un cuadro legal sólido, con una plena atribución de instancias de decisión, participación y control. Revaloriza las exigencias de capacidades institucionales, profesionales y técnicas por parte de quienes toman las decisiones, que deben contar con un profundo conocimiento de la industria, de modo de estar en condiciones de aplicar una regulación pública robusta pero dinámica, que comprende la implementación de medidas específicas y cambiantes en el tiempo, bajo una visión de largo plazo.

Con el impulso de los organismos multilaterales y el liderazgo de las democracias robustas, se establecieron como modelo esquemas regulatorios definidos por ley (bajo escrutinio y debate parlamentario), aplicados por organismos de integración profesional y garantías de autonomía del gobierno y de los grupos económicos, con canales institucionales de participación y mecanismos de visibilidad de los procesos decisorios (controles cruzados, presentación de informes, audiencias públicas, etc.). Todo eso está ausente en Argentina, y pareciera que esa falta va a prolongarse. Justo en un contexto en el que, como se anuncia abiertamente, se busca tomar decisiones de largo efecto sobre el sector.

Referencias:
Fontanals, G. (2013): “Argentina – La capacidad discrecional del Gobierno sobre las políticas de telecomunicaciones”, en TeleSemana, Vol. 41, No. 485.
Fontanals, G. (2014): “Las telecomunicaciones y la regulación pública. Industrias de red, economías de escala y concentración de mercado”, en Revista Fibra N° 3.
*Universidad de Buenos Aires. En Twitter es @Phillynewrocker
Fuente: Revista Fibra

viernes, 3 de marzo de 2017

Rechazan descalificación de Néstor Sclauzero a trabajadores de la Televisión Pública

En el día de ayer, jueves 2 de marzo, el Gerente de Noticias de la Televisión Pública, Néstor Sclauzero, declaró que los trabajadores del noticiero “tienen un perfil de empleado público”, y los calificó como “un montón de gente que no han tenido formación ni exigencia profesional para hacer determinados contenidos”, “gente radicalizada que pertenece a La Cámpora o que ha tenido una gran militancia política con el gobierno anterior y con la que tenés que estar con el cuchillo en la mano.”

Néstor Sclauzero, quien además de Gerente de Noticias de la TV Pública, retuvo el cargo de presidente de FoPeA (Foro de Periodismo Argentino) y el mismo día de estas desafortunadas declaraciones, presenta un “Informe de monitoreo de la libertad de expresión”, miente de forma deliberada y malintencionada, preparando el terreno para un conflicto que los trabajadores de prensa no buscamos.

Somos precisamente los periodistas del canal estatal quienes lo defendimos históricamente de los intentos por privatizarlo de parte de gobiernos y empresarios con intereses ajenos a la información pública, así como de sostener desde adentro, y a pesar de las presiones, la pluralidad y calidad democrática de los contenidos periodísticos de sus noticieros.

Fue este mismo colectivo de periodistas que integran el noticiero de la Televisión Pública el que defendió públicamente a Juan Miceli tras su cruce al aire con el diputado Andrés Larroque, y ante la campaña de demonización lanzada en su contra por el programa 678.

Tal como lo atestiguan nuestros múltiples comunicados, que pueden leerse en el blog, durante el kirchnerismo, pero también con la Alianza y el menemismo, los trabajadores de prensa de la Televisión Pública hicimos oír nuestra voz ante los intentos de poner los noticieros al servicio de los gobiernos de turno.

Mucho antes de la llegada de Sclauzero, los trabajadores de prensa del noticiero de la Televisión Pública ganaron un Martín Fierro como mejor noticiero de la televisión argentina por su edición internacional, produjeron infinidad de informes y programas especiales de alta calidad periodística, y cubrieron con solvencia innumerables acontecimientos de relevancia en el país y el mundo. Pero también contribuyeron a la historia reciente de la Argentina, al obtener evidencias periodísticas de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la policía bonaerense, y estando presentes en todos los momentos en que los hechos, en cualquier lugar del país, requirieron la presencia de la Televisión Pública para mantener informados a los argentinos.

Pero Sclauzero, quien utiliza FoPeA principalmente para hacer lobby en su exclusivo beneficio personal, desviviéndose por aparecer en fotos junto a empresarios periodísticos inescrupulosos, al presidente de la Corte Suprema y a cualquiera que ostente poder, o bien para contar en todo programa de televisión al que lo inviten cómo hizo para bajar 30 kilos en un año, desconoce por completo la lógica de servicio plural y democrático que tienen los medios públicos.

Por eso, rechazamos rotundamente estas declaraciones macartistas, denigratorias no solo de los periodistas de la Televisión Pública sino de todos sus trabajadores. Y señalamos además la enorme gravedad de que un funcionario estatal a cargo de la información pública tenga ese concepto de los trabajadores del Estado.

Rechazamos también, y con total firmeza, la persecución ideológica que ejerce el Gerente de Noticias al encasillar a trabajadores por lo que piensan, lo que nos recuerda los peores momentos de la historia de nuestro país. A su vez, reivindicamos la libertad de pensamiento y opinión de cualquier trabajador, lo que en nuestro caso no hace más que enriquecer una diversidad que en nada empaña, como no sucedió nunca, nuestra capacidad para generar información fidedigna y profesional, con independencia política y sin encasillamientos partidarios.

Por último, reivindicamos a todos los trabajadores de prensa, así como de todas las áreas de la Televisión Pública, ya que es por ellos, y no por un funcionario efímero que pudo garantizarse hasta hoy el carácter público del canal, así como la pluralidad democrática de sus noticieros.
Trabajadores de Prensa de la Televisión Pública

Escuchá la nota de Luis Majul con Néstor Sclauzero

Una web Noruega obliga a sus lectores a leer la noticia antes de comentar

Desde mediados de febrero, NRKbeta, filial de la radiotelevisión pública NRK de Noruega decidió poner un alto a los mensajes malintencionados en su página con un método innovador pero eficaz: Obliga a sus lectores a leer realmente los artículos antes de dejar comentarios en ellos, "Muchos solo leen el título y comentan"
Un sitio web de Noruega ha decidido poner coto a los mensajes malintencionados en su página con un método innovador pero eficaz: obligar a sus lectores a leer realmente los artículos antes de dejar comentarios en ellos.

Desde mediados de febrero, NRKbeta, filial de la radiotelevisión pública NRK especializada en medios y tecnologías, impone de forma experimental responder a tres preguntas inspiradas en el texto antes de poder comentar ciertos artículos.
“Generalmente, vemos que muchos solo leen el título y varias líneas antes de lanzarse al espacio de los comentarios para participar en el debate”, explicó a la AFP el redactor jefe de NRKbeta, Marius Arnesen.

“Haciendo tres preguntas sacadas del texto, nos aseguramos de que la discusión se inicia con una base de conocimientos comunes”, añadió.
De esta forma, el medio pretende elevar el nivel del debate pero también moderar reacciones intempestivas.

“Si hay algo en el artículo que le enoja, al menos está obligado a hacer una pausa, reflexionar un poco y leer el artículo si no lo ha hecho ya. Así, esperamos apaciguar el enfado que provoca comentarios enervados”, añadió Arnesen.

El experimento aún es demasiado reciente como para obtener conclusiones definitivas, explicó. Pero a su juicio, el número de comentarios ha permanecido estable y la respuesta de los lectores regulares es en general positiva.

“Loable iniciativa”, comentaba un internauta en el sitio web. “Aunque mi fe en la humanidad no va tan lejos como para disuadirme de creer que todos los debates acabarán derrapando hacia cosas como Adolf Hitler, la inmigración, los políticos corruptos, las teoría del complot”.
Foto: CameliaTWU / Flickr
Fuente: Agencia AFP

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