jueves, 28 de julio de 2016
Críticas de la ADC ante el manejo estatal de datos personales
La Asociación por los Derechos Civiles, criticó la cesión de las bases de datos de la ANSES a la secretaría de comunicaciones. Dijo en un comunicado que esto "es un nuevo ejemplo de los malos manejos que, desde hace años, el estado ha venido haciendo de los datos personales de sus ciudadanos"
La forma en que el Estado Nacional trata los datos personales de sus ciudadanos ha sido analizada por ADC en su informe “El Estado Recolector” (setiembre de 2014), en el que pusimos en evidencia dos debilidades estructurales de la ley de protección de datos personales. Por un lado, un órgano de control débil y dependiente del poder ejecutivo y, por el otro lado, una excesiva permisibilidad hacia el Estado en relación al almacenamiento, tratamiento y cesión de los datos personales.
El pasado mes de junio, llevamos nuestra preocupación en relación al manejo que el Estado hace de los datos personales de sus ciudadanos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ver aquí); e incluso hemos promovido mesas de debate para analizar estos aspectos preocupantes (ver aquí)
En un nuevo ejemplo de lo que hemos venido denunciando, la resolución dictada el pasado lunes por la Jefatura de Gabinete dispuso que la ANSES comparta sus bases de datos (nombre y apellido, DNI, CUIT o CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios) con la Secretaría de Comunicación Pública para ayudar a ésta última a mejorar sus estrategias de comunicación. El objetivo que fundamenta el convenio firmado señala la necesidad de “mantener informada a la población" e "identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país" para poder así "incorporar la diversidad federal en la comunicación pública".
La decisión ha causado una gran polémica debido a posibles incongruencias y desajustes con la normativa vigente en nuestro país. A los fines de analizar la legalidad de la resolución, debemos repasar los estándares jurídicos aplicables a estos supuestos.
La ley de protección de datos personales ha dotado de un conjunto de derechos y garantías a los individuos para evitar manejos abusivos por parte de terceros al momento de hacer operaciones de tratamiento con sus datos personales. Este marco jurídico –derivado del art. 43 de la Constitución, que otorgó rango constitucional al derecho a la protección de datos personales- convirtió a Argentina en uno de los países con mayor nivel de protección de datos de la región. Este hecho fue reconocido por la Unión Europea que, en el año 2003, otorgó a nuestro país el estatus de “país con nivel adecuado de protección de datos personales”.
Entre los varios principios establecidos por la legislación figuran dos que son centrales para el buen ejercicio de la protección de datos de las personas: el primero es el principio del consentimiento, que establece la ilicitud de los tratamientos de datos que no cuenten con el consentimiento libre, expreso e informado de su titular (art. 5.1). Este requisito también se aplica cuando se trata de operaciones de cesión de datos (art. 11.1). Sin embargo, este conjunto de garantías adolece de una gran debilidad: su no aplicabilidad a las actividades estatales.
En efecto, entre las excepciones a la regla del consentimiento, se encuentra el supuesto de que la cesión de datos se realice entre “dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias” (art. 11.3.C). La amplitud de los términos utilizados en la redacción de la disposición ha permitido interpretaciones que otorgan un amplio margen de discreción para la adopción de medidas como la tomada por la Jefatura de Gabinete.
No obstante, un análisis que enfoque de manera integral el sistema de protección de datos personales de nuestro país y lo vincule con la defensa y resguardo de otros derechos fundamentales debe tener en cuenta la existencia de otros principios que pueden servir de límites al accionar del Estado. En este sentido, si bien el Estado está eximido de cumplir con el principio del consentimiento, todavía debe respetar el principio de finalidad, que establece que los datos recolectados “no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención” (art. 4.3).
Así, resulta de dudosa justificación utilizar datos que fueron recogidos con la finalidad de ayudar a un buen funcionamiento del sistema de seguridad social, para actividades de comunicación de todo el accionar gubernamental. Por otro lado, debe evaluarse si la cesión no puede facilitar la futura realización de conductas que puedan poner en riesgo la salvaguarda de otros derechos constitucionales (como el derecho a la privacidad o a la intimidad, entre otros).
En cualquier caso, la noticia debe servir para promover un debate sobre una reforma de la ley de protección de datos personales, que procure solucionar los defectos presentes en la actual legislación. En esa necesaria discusión, debería figurar como prioridad la creación de una autoridad de aplicación con mayores garantías de independencia funcional y autarquía financiera; la actualización del marco protectorio a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y de la aparición del fenómeno digital; y el establecimiento de límites más claros y precisos para las capacidades de almacenamiento, tratamiento y cesión de datos por parte del Estado.
El pasado mes de junio, llevamos nuestra preocupación en relación al manejo que el Estado hace de los datos personales de sus ciudadanos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ver aquí); e incluso hemos promovido mesas de debate para analizar estos aspectos preocupantes (ver aquí)
En un nuevo ejemplo de lo que hemos venido denunciando, la resolución dictada el pasado lunes por la Jefatura de Gabinete dispuso que la ANSES comparta sus bases de datos (nombre y apellido, DNI, CUIT o CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios) con la Secretaría de Comunicación Pública para ayudar a ésta última a mejorar sus estrategias de comunicación. El objetivo que fundamenta el convenio firmado señala la necesidad de “mantener informada a la población" e "identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país" para poder así "incorporar la diversidad federal en la comunicación pública".
La decisión ha causado una gran polémica debido a posibles incongruencias y desajustes con la normativa vigente en nuestro país. A los fines de analizar la legalidad de la resolución, debemos repasar los estándares jurídicos aplicables a estos supuestos.
La ley de protección de datos personales ha dotado de un conjunto de derechos y garantías a los individuos para evitar manejos abusivos por parte de terceros al momento de hacer operaciones de tratamiento con sus datos personales. Este marco jurídico –derivado del art. 43 de la Constitución, que otorgó rango constitucional al derecho a la protección de datos personales- convirtió a Argentina en uno de los países con mayor nivel de protección de datos de la región. Este hecho fue reconocido por la Unión Europea que, en el año 2003, otorgó a nuestro país el estatus de “país con nivel adecuado de protección de datos personales”.
Entre los varios principios establecidos por la legislación figuran dos que son centrales para el buen ejercicio de la protección de datos de las personas: el primero es el principio del consentimiento, que establece la ilicitud de los tratamientos de datos que no cuenten con el consentimiento libre, expreso e informado de su titular (art. 5.1). Este requisito también se aplica cuando se trata de operaciones de cesión de datos (art. 11.1). Sin embargo, este conjunto de garantías adolece de una gran debilidad: su no aplicabilidad a las actividades estatales.
En efecto, entre las excepciones a la regla del consentimiento, se encuentra el supuesto de que la cesión de datos se realice entre “dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias” (art. 11.3.C). La amplitud de los términos utilizados en la redacción de la disposición ha permitido interpretaciones que otorgan un amplio margen de discreción para la adopción de medidas como la tomada por la Jefatura de Gabinete.
No obstante, un análisis que enfoque de manera integral el sistema de protección de datos personales de nuestro país y lo vincule con la defensa y resguardo de otros derechos fundamentales debe tener en cuenta la existencia de otros principios que pueden servir de límites al accionar del Estado. En este sentido, si bien el Estado está eximido de cumplir con el principio del consentimiento, todavía debe respetar el principio de finalidad, que establece que los datos recolectados “no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención” (art. 4.3).
Así, resulta de dudosa justificación utilizar datos que fueron recogidos con la finalidad de ayudar a un buen funcionamiento del sistema de seguridad social, para actividades de comunicación de todo el accionar gubernamental. Por otro lado, debe evaluarse si la cesión no puede facilitar la futura realización de conductas que puedan poner en riesgo la salvaguarda de otros derechos constitucionales (como el derecho a la privacidad o a la intimidad, entre otros).
En cualquier caso, la noticia debe servir para promover un debate sobre una reforma de la ley de protección de datos personales, que procure solucionar los defectos presentes en la actual legislación. En esa necesaria discusión, debería figurar como prioridad la creación de una autoridad de aplicación con mayores garantías de independencia funcional y autarquía financiera; la actualización del marco protectorio a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y de la aparición del fenómeno digital; y el establecimiento de límites más claros y precisos para las capacidades de almacenamiento, tratamiento y cesión de datos por parte del Estado.
El Diario La Nación va por todo
La Mesa Nacional de Prensa en defensa de los derechos laborales
El Diario La Nación publicó en las últimas horas una nota editorial en la cual articula una serie de conceptos que conforman su ideal en materia de relaciones laborales, puntualizando que su concreción trocará la suerte del país al punto de devolvernos "al Primer Mundo que nunca debimos abandonar", sin precisar la fecha de tal acontecimiento.
Con el envión del "Cambio" como concepto de época imperante en la Argentina de estos meses, el diario centenario procura, otra vez, adoctrinar acerca de la necesidad de una "reforma laboral" en sus aspectos "legales y estructurales" para reglas "de alcance individual y en los acuerdos colectivos".
Si bien admite que "la creación de nuevos puestos de trabajo es consecuencia de la inversión y el crecimiento de la Economía", La Nación aboga por normas laborales "suficientemente equilibradas" para no desalentar tal inversión ni afectar la "productividad", argumentos que se vienen escuchando, casi en simultáneo, en otros ámbitos con poder de decisión al respecto.
En la misma nota se puntualiza la necesidad de:
La propuesta tiene antecedentes con resultados fallidos para los trabajadores, pero La Nación "va por todo", y en el ámbito de la actividad periodística seguro no esta sola en esta postura.
Otros grupos empresarios del sector han cuestionado y atentado contra los convenios y estatutos que definen y defienden los derechos laborales de los Trabajadores de Prensa en la Argentina.
Por estos días hemos denunciado la fuga de empresarios del sector y los "ajustes" practicados por otros en procura de nuevos negocios argumentando "cambios tecnológicos", dejando un tendal de compañeros desocupados.
Todo esto no tiene nada de nuevo. En Argentina ya se intentó ese camino. El resultado fue desocupación récord y salarios miserables.
Desde la Mesa Nacional de Prensa seguimos defendiendo los mismos Derechos que comenzaron a tomar forma legal (Estatuto del Periodista Profesional) y práctica (Convenios Colectivos) hace varias décadas, tal vez las mismas que transcurrieron desde que para La Nación el país "abandonó el Primer Mundo".
Mesa Nacional de Prensa
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren)
Federación Argentina de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FeTraCCom)
Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF)
Asociación de Prensa de Tucumán (APT)
Sindicato de Prensa de Rosario (SPR)
Sindicato de prensa Mar del Plata
Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPreMen)
Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren)
Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)
Buenos Aires, julio de 2016
Con el envión del "Cambio" como concepto de época imperante en la Argentina de estos meses, el diario centenario procura, otra vez, adoctrinar acerca de la necesidad de una "reforma laboral" en sus aspectos "legales y estructurales" para reglas "de alcance individual y en los acuerdos colectivos".
Si bien admite que "la creación de nuevos puestos de trabajo es consecuencia de la inversión y el crecimiento de la Economía", La Nación aboga por normas laborales "suficientemente equilibradas" para no desalentar tal inversión ni afectar la "productividad", argumentos que se vienen escuchando, casi en simultáneo, en otros ámbitos con poder de decisión al respecto.
En la misma nota se puntualiza la necesidad de:
- Un "modelo sindical transparente con participación real en la vida interna de los gremios". Una cuestión que atañe a los propios trabajadores antes que a los empresarios.
- Una disminución de las "cargas (sociales e impositivas) sobre el salario".
- Una negociación de salarios y condiciones de trabajo "que considere la productividad y las posibilidades de cada empresa".
- La preferencia por los acuerdos laborales de nivel menor (empresa) por sobre los acuerdos colectivos o paritarios.
- La eliminación de la obligatoriedad de la homologación de los acuerdos por parte de la autoridad (Ministerio de Trabajo).
- Establecer "períodos de prueba y permitir contratos de plazo fijo flexible" para promocionar el empleo y reducir costos laborales.
- Promover la multifuncionalidad , la polivalencia y la jornada laboral variable y flexible.
- "Premiar" al empleador con reducción o diferimiento de cargas sociales.
- La sustitución de la indemnización por despido por un "sistema contributivo" creando un fondo "con aportes del trabajador y contribuciones del empleador, administrados por entes autónomos".
La propuesta tiene antecedentes con resultados fallidos para los trabajadores, pero La Nación "va por todo", y en el ámbito de la actividad periodística seguro no esta sola en esta postura.
Otros grupos empresarios del sector han cuestionado y atentado contra los convenios y estatutos que definen y defienden los derechos laborales de los Trabajadores de Prensa en la Argentina.
Por estos días hemos denunciado la fuga de empresarios del sector y los "ajustes" practicados por otros en procura de nuevos negocios argumentando "cambios tecnológicos", dejando un tendal de compañeros desocupados.
Todo esto no tiene nada de nuevo. En Argentina ya se intentó ese camino. El resultado fue desocupación récord y salarios miserables.
Desde la Mesa Nacional de Prensa seguimos defendiendo los mismos Derechos que comenzaron a tomar forma legal (Estatuto del Periodista Profesional) y práctica (Convenios Colectivos) hace varias décadas, tal vez las mismas que transcurrieron desde que para La Nación el país "abandonó el Primer Mundo".
- En defensa de nuestros estatutos y convenios.
- Contra la desocupación y por la creación de puestos de trabajo con salarios y condiciones laborales dignos.
- Por la libertad de expresión.
Mesa Nacional de Prensa
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren)
Federación Argentina de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FeTraCCom)
Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF)
Asociación de Prensa de Tucumán (APT)
Sindicato de Prensa de Rosario (SPR)
Sindicato de prensa Mar del Plata
Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPreMen)
Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren)
Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)
Buenos Aires, julio de 2016
Primera Jornada Federal de Comunicaciones
El evento reunió al Ministerio de Comunicaciones y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), con representantes provinciales en materia de comunicaciones
Con la presencia del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, se realizó la Primera Jornada de Comunicaciones donde las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y el Ente Nacional de Comunicaciones recibieron a las máximas autoridades provinciales en la materia. El encuentro se llevó a cabo el miércoles 27 de julio, en el Salón Norte de la Casa Rosada y consistió en acercar las herramientas del Estado Nacional a las provincias para comenzar a trabajar juntos en la búsqueda de un país conectado.
El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, resaltó la voluntad de ratificar una agenda conjunta de trabajo y agregó: “Debemos lograr que las comunicaciones sean un derecho. Tenemos que lograr conectividad plena de internet y telefonía móvil”. En el mismo sentido, Rogelio Frigerio aseguró que con las comunicaciones se pueden lograr tres de los grandes objetivos del gobierno: “Redistribución de la riqueza, seguridad y la unión de los argentinos”.
El Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró que “los funcionarios tenemos que trabajar en conjunto para llevar adelante la tarea que nos encomendó el presidente de conectar a todos los argentinos. Las telecomunicaciones avanzan enormemente y no podemos quedarnos atrás, por ello debemos ser actores fundamentales en el impulso del despliegue tecnológico. El estado tiene que regular, incentivar y ser protagonista de esta revolución tecnológica para lograr ‘pobreza digital cero’”.
Por su parte, el Presidente de ENaCom, Miguel De Godoy, enumeró los trabajos que viene realizando el ente para la consolidación de la convergencia digital y el desarrollo de mejores comunicaciones. A su vez, destacó: “Estamos teniendo un atraso muy grande con respecto al mundo y eso ya no nos lo podemos permitir, porque hoy las comunicaciones generan igualdad y en definitiva con este atraso lo que generamos es desigualdad entre los argentinos”.
Uno de los principales objetivos de esta gestión consiste en la elaboración de una Nueva Ley de Comunicaciones, que consagre todos los avances tecnológicos de los últimos años. Con respecto a esta temática, la Coordinadora de la Comisión Redactora de la Nueva Ley, Silvana Giudici, abordó los principales ejes contemplados en el proceso de redacción del ante proyecto.
Héctor Huici, Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Clarisa Lifsic de Estol, Secretaria de Promoción de Inversiones y Agustín Garzón, Gerente ejecutivo de ENaCom expusieron sobre la instalación de antenas. Los funcionarios resaltaron la importancia de la existencia de mayor cantidad de antenas para tener mejores comunicaciones, pusieron a disposición las herramientas existentes para tal fin y mostraron las experiencias exitosas en nuestro país.
Entre los temas destacados primó el de “los principios que regirán la Ley de Comunicaciones Convergentes”, que son aquellas que “permiten recibir, producir, transportar, distribuir información, opinión y contenidos garantizando la libertad de expresión y el acceso a la información con independencia de las plataformas tecnológicas que se utilizan”.
Se añadió en tal sentido que “los operadores de las comunicaciones convergentes deberán garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, promoviendo la pluralidad y diversidad de voces en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
En esa misma línea se destacó que “en el ámbito de las comunicaciones convergentes deben promoverse y protegerse los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los términos previstos por la Convención de los Derechos del Niño, procurando la alfabetización digital y mediática”.
Por su parte, el secretario General de la provincia de Río Negro, Matías Rulli, destacó que “fueron positivas estas jornadas de comunicaciones, fue la primera que se realiza y me parece que es un buen comienzo”.
“Es interesante la propuesta de avanzar un esquema federal de conectividad, que todos puedan tener acceso a las comunicaciones, para ello todos los niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, deberemos trabajar en conjunto. Hay cuestiones que son de índole nacional, la regulación en la materia, trabajar en que haya más infraestructura, mejorar la capacidad, otras de índole provincial, que tiene que ver con el desarrollo territorial, con el monitoreo constante, y otras de carácter municipal, como es dictar los Códigos de Edificación. Todo ello a modo de ejemplo. El desafío planteado es igualar el acceso a las tecnologías, a las comunicaciones, con objetivos de mediano y largo plazo”.
Por último, el Presidente de ARSAT, Rodrigo De Loredo, explicó en qué consiste el Plan Federal de Internet y cómo se viene trabajando desde la empresa en la conexión de la Argentina. Además, invitó a las provincias a trabajar en conjunto para que la fibra óptica llegue a cada rincón de la patria.
Las autoridades provinciales expresaron su agradecimiento por la convocatoria recibida y manifestaron su voluntad de fortalecer el trabajo conjunto con la Nación.
La jornada reunió al Ministro de comunicaciones, Oscar Aguad; el Presidente de ENaCom, Miguel De Godoy; el Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici; la Secretaria de Promoción de Inversiones, Clarisa Lifsic de Estol; la Coordinadora de la Comisión Redactora, Silvana Giudici; el Director de ENaCom, Heber Martínez; el Gerente ejecutivo de ENaCom, Agustín Garzón; el Coordinador general del ente, Mario Frigerio; el Presidente de ARSAT, Rodrigo De Loredo; el Vicepresidente de dicha empresa, Henoch Aguiar y los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe (participó el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías), Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, resaltó la voluntad de ratificar una agenda conjunta de trabajo y agregó: “Debemos lograr que las comunicaciones sean un derecho. Tenemos que lograr conectividad plena de internet y telefonía móvil”. En el mismo sentido, Rogelio Frigerio aseguró que con las comunicaciones se pueden lograr tres de los grandes objetivos del gobierno: “Redistribución de la riqueza, seguridad y la unión de los argentinos”.
El Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró que “los funcionarios tenemos que trabajar en conjunto para llevar adelante la tarea que nos encomendó el presidente de conectar a todos los argentinos. Las telecomunicaciones avanzan enormemente y no podemos quedarnos atrás, por ello debemos ser actores fundamentales en el impulso del despliegue tecnológico. El estado tiene que regular, incentivar y ser protagonista de esta revolución tecnológica para lograr ‘pobreza digital cero’”.
Por su parte, el Presidente de ENaCom, Miguel De Godoy, enumeró los trabajos que viene realizando el ente para la consolidación de la convergencia digital y el desarrollo de mejores comunicaciones. A su vez, destacó: “Estamos teniendo un atraso muy grande con respecto al mundo y eso ya no nos lo podemos permitir, porque hoy las comunicaciones generan igualdad y en definitiva con este atraso lo que generamos es desigualdad entre los argentinos”.
Uno de los principales objetivos de esta gestión consiste en la elaboración de una Nueva Ley de Comunicaciones, que consagre todos los avances tecnológicos de los últimos años. Con respecto a esta temática, la Coordinadora de la Comisión Redactora de la Nueva Ley, Silvana Giudici, abordó los principales ejes contemplados en el proceso de redacción del ante proyecto.
Entre los temas destacados primó el de “los principios que regirán la Ley de Comunicaciones Convergentes”, que son aquellas que “permiten recibir, producir, transportar, distribuir información, opinión y contenidos garantizando la libertad de expresión y el acceso a la información con independencia de las plataformas tecnológicas que se utilizan”.
Se añadió en tal sentido que “los operadores de las comunicaciones convergentes deberán garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, promoviendo la pluralidad y diversidad de voces en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
En esa misma línea se destacó que “en el ámbito de las comunicaciones convergentes deben promoverse y protegerse los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los términos previstos por la Convención de los Derechos del Niño, procurando la alfabetización digital y mediática”.
Por su parte, el secretario General de la provincia de Río Negro, Matías Rulli, destacó que “fueron positivas estas jornadas de comunicaciones, fue la primera que se realiza y me parece que es un buen comienzo”.
“Es interesante la propuesta de avanzar un esquema federal de conectividad, que todos puedan tener acceso a las comunicaciones, para ello todos los niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, deberemos trabajar en conjunto. Hay cuestiones que son de índole nacional, la regulación en la materia, trabajar en que haya más infraestructura, mejorar la capacidad, otras de índole provincial, que tiene que ver con el desarrollo territorial, con el monitoreo constante, y otras de carácter municipal, como es dictar los Códigos de Edificación. Todo ello a modo de ejemplo. El desafío planteado es igualar el acceso a las tecnologías, a las comunicaciones, con objetivos de mediano y largo plazo”.
Por último, el Presidente de ARSAT, Rodrigo De Loredo, explicó en qué consiste el Plan Federal de Internet y cómo se viene trabajando desde la empresa en la conexión de la Argentina. Además, invitó a las provincias a trabajar en conjunto para que la fibra óptica llegue a cada rincón de la patria.Las autoridades provinciales expresaron su agradecimiento por la convocatoria recibida y manifestaron su voluntad de fortalecer el trabajo conjunto con la Nación.
La jornada reunió al Ministro de comunicaciones, Oscar Aguad; el Presidente de ENaCom, Miguel De Godoy; el Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici; la Secretaria de Promoción de Inversiones, Clarisa Lifsic de Estol; la Coordinadora de la Comisión Redactora, Silvana Giudici; el Director de ENaCom, Heber Martínez; el Gerente ejecutivo de ENaCom, Agustín Garzón; el Coordinador general del ente, Mario Frigerio; el Presidente de ARSAT, Rodrigo De Loredo; el Vicepresidente de dicha empresa, Henoch Aguiar y los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe (participó el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías), Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
miércoles, 27 de julio de 2016
Turquía clausura un centenar de medios de comunicación
El gobierno turco clausuró 45 diarios y 16 cadenas de televisión, anunció este miércoles un alto funcionario, en el marco de la purga puesta en marcha luego del golpe de Estado fallido del 15 de julio. Además, tres agencias de prensa, 23 estaciones de radio, 15 revistas y 29 editoriales también fueron clausuradas, anunció el diario oficial
Más de cien medios de comunicación y una veintena de editoriales han sido cerrados este 27 de julio por decreto del Gobierno turco al amparo del estado de emergencia proclamado a consecuencia del fallido golpe militar del 15 de julio.
El decreto enumera tres agencias de prensa, 16 canales de televisión, 23 emisoras de radio, 45 diarios, 15 revistas y 29 editoriales y distribuidoras, informa la cadena CNNTürk.
Gran parte de los medios son locales, tenían escasa difusión o ya habían sido intervenidos por el Estado bajo acusación de mantener vínculos con la cofradía de Fethullah G len, el predicador exiliado en EEUU al que Ankara acusa de ser el cerebro del fallido golpe militar.
Entre las agencias destaca Cihan, una de las mayores agencias privadas turcas, entre los diarios, Zaman y Bugün, y entre las televisiones, Bugün TV o Samanyolu TV, todos ellos medios que habían pasado a control del Estado en los últimos nueve meses.
Al ser dirigidos por administradores nombrados por el Gobierno, que impusieron una nueva línea editorial y despidieron a gran parte de la plantilla, estos medios ya habían perdido su audiencia tradicional.
Así, el diario Zaman había bajado de más de 600,000 ejemplares vendidos a 5,700 en los pasados meses.
Pero también se han cerrado los diarios creados recientemente por los periodistas despedidos tras las intervenciones, como Özgür Düşünce o Yeni Hayat, con cifras de entre 30,000 y 45,000 ejemplares diarios vendidos.
Varios de los periodistas empleados en estos medios, especialmente en Erzincan TV, también cerrado hoy, han sido arrestados en los últimos días o están en búsqueda y captura, acusados de mantener vínculos con la cofradía de Gülen.
Según una lista difundida por CNNTürk, 36 de los 45 periódicos cerrados tienen distribución local o provincia, y 9 se difundían a nivel nacional.
También ha sido cerrado Taraf, un diario que en los últimos años había sido uno de los más influyentes de Turquía.
Siguen las detenciones de periodistas tras 12 días de fallido golpe
Este miércoles capturaron a 47 comunicadores acusados de ser seguidores Fetullah Gülen
La detención de periodistas ordenada este miércoles involucra a columnistas y otros reporteros del ahora desaparecido diario Zaman, dijo un funcionario del Gobierno.
Turquía ordenó este miércoles la detención de otros 47 periodistas, como parte de una purga de supuestos seguidores del clérigo musulmán Fethullah Gülen, acusado por Ankara de organizar un fallido golpe de Estado.
Turquía ha suspendido, detenido o puesto bajo investigación a más de 60.000 soldados, jueces, profesores, periodistas y otros sospechosos de tener vínculos con Gülen, quien reside en Estados Unidos, desde el fallido golpe de Estado del 15 y 16 de julio, que fue llevado a cabo por una facción del Ejército.
El Estado Mayor Conjunto turco dijo este miércoles que el número de soldados que pertenecían al movimiento de Gülen que participó en el intento de golpe ascendía 8.651, apenas un 1,5 por ciento de las fuerzas armadas, reportó la emisora NTV.
Gülen ha negado estar involucrado en el intento por derrocar al mandatario.
Aunque condenaron el golpe de Estado que dejó 246 muertos y más de 2.000 heridos, gobiernos de Occidente y grupos de derechos humanos han expresado alarma por la extensión de las medidas tomadas en Turquía y sugieren que el presidente Tayyip Erdogan podría estar usándolas para suprimir la disidencia y reforzar su control del poder.
La detención de periodistas ordenada este miércoles involucra a columnistas y otros reporteros del ahora desaparecido diario Zaman, dijo un funcionario del Gobierno.
Las autoridades cerraron el periódico en marzo por considerar que era la organización mediática de bandera del movimiento de Gülen.
"Los fiscales no están interesados en lo que columnistas escribieron o dijeron por su cuenta", declaró el funcionario, que pidió no ser identificado.
"En este punto, la lógica es que destacados empleados de Zaman podrían tener conocimiento cercano de la red de Gülen y, como tales, podrían ser investigados".
Sin embargo, la lista incluye a periodistas como Sahin Alpay, conocido por su activismo izquierdista que no comparte la veta religiosa del movimiento de Gülen.
Esto alimentó la preocupación de que la investigación esté convirtiéndose en una caza de brujas de opositores políticos al presidente.
Alpay es un ex funcionario del partido CHP, de tendencia secular e izquierdista.
La agencia de noticias Dogan dijo que la policía allanó su casa en Estambul a primera hora del miércoles y que lo detuvo tras revisar la vivienda durante dos horas y media.
Foto: AFP
Fuentes: Agencias EFE y Reuters
El decreto enumera tres agencias de prensa, 16 canales de televisión, 23 emisoras de radio, 45 diarios, 15 revistas y 29 editoriales y distribuidoras, informa la cadena CNNTürk.
Gran parte de los medios son locales, tenían escasa difusión o ya habían sido intervenidos por el Estado bajo acusación de mantener vínculos con la cofradía de Fethullah G len, el predicador exiliado en EEUU al que Ankara acusa de ser el cerebro del fallido golpe militar.
Entre las agencias destaca Cihan, una de las mayores agencias privadas turcas, entre los diarios, Zaman y Bugün, y entre las televisiones, Bugün TV o Samanyolu TV, todos ellos medios que habían pasado a control del Estado en los últimos nueve meses.
Al ser dirigidos por administradores nombrados por el Gobierno, que impusieron una nueva línea editorial y despidieron a gran parte de la plantilla, estos medios ya habían perdido su audiencia tradicional.
Así, el diario Zaman había bajado de más de 600,000 ejemplares vendidos a 5,700 en los pasados meses.
Pero también se han cerrado los diarios creados recientemente por los periodistas despedidos tras las intervenciones, como Özgür Düşünce o Yeni Hayat, con cifras de entre 30,000 y 45,000 ejemplares diarios vendidos.
Varios de los periodistas empleados en estos medios, especialmente en Erzincan TV, también cerrado hoy, han sido arrestados en los últimos días o están en búsqueda y captura, acusados de mantener vínculos con la cofradía de Gülen.
Según una lista difundida por CNNTürk, 36 de los 45 periódicos cerrados tienen distribución local o provincia, y 9 se difundían a nivel nacional.
También ha sido cerrado Taraf, un diario que en los últimos años había sido uno de los más influyentes de Turquía.
Siguen las detenciones de periodistas tras 12 días de fallido golpe
Este miércoles capturaron a 47 comunicadores acusados de ser seguidores Fetullah Gülen
La detención de periodistas ordenada este miércoles involucra a columnistas y otros reporteros del ahora desaparecido diario Zaman, dijo un funcionario del Gobierno.
Turquía ordenó este miércoles la detención de otros 47 periodistas, como parte de una purga de supuestos seguidores del clérigo musulmán Fethullah Gülen, acusado por Ankara de organizar un fallido golpe de Estado.
Turquía ha suspendido, detenido o puesto bajo investigación a más de 60.000 soldados, jueces, profesores, periodistas y otros sospechosos de tener vínculos con Gülen, quien reside en Estados Unidos, desde el fallido golpe de Estado del 15 y 16 de julio, que fue llevado a cabo por una facción del Ejército.
El Estado Mayor Conjunto turco dijo este miércoles que el número de soldados que pertenecían al movimiento de Gülen que participó en el intento de golpe ascendía 8.651, apenas un 1,5 por ciento de las fuerzas armadas, reportó la emisora NTV.
Gülen ha negado estar involucrado en el intento por derrocar al mandatario.
Aunque condenaron el golpe de Estado que dejó 246 muertos y más de 2.000 heridos, gobiernos de Occidente y grupos de derechos humanos han expresado alarma por la extensión de las medidas tomadas en Turquía y sugieren que el presidente Tayyip Erdogan podría estar usándolas para suprimir la disidencia y reforzar su control del poder.
La detención de periodistas ordenada este miércoles involucra a columnistas y otros reporteros del ahora desaparecido diario Zaman, dijo un funcionario del Gobierno.
Las autoridades cerraron el periódico en marzo por considerar que era la organización mediática de bandera del movimiento de Gülen.
"Los fiscales no están interesados en lo que columnistas escribieron o dijeron por su cuenta", declaró el funcionario, que pidió no ser identificado.
"En este punto, la lógica es que destacados empleados de Zaman podrían tener conocimiento cercano de la red de Gülen y, como tales, podrían ser investigados".
Sin embargo, la lista incluye a periodistas como Sahin Alpay, conocido por su activismo izquierdista que no comparte la veta religiosa del movimiento de Gülen.
Esto alimentó la preocupación de que la investigación esté convirtiéndose en una caza de brujas de opositores políticos al presidente.
Alpay es un ex funcionario del partido CHP, de tendencia secular e izquierdista.
La agencia de noticias Dogan dijo que la policía allanó su casa en Estambul a primera hora del miércoles y que lo detuvo tras revisar la vivienda durante dos horas y media.
Foto: AFP
Fuentes: Agencias EFE y Reuters
Trabajadores de PáginaI12: Un diario sin archivo es un diario sin memoria
Nuestra postura como trabajadores es la misma que hemos adoptado frente al achicamiento de la redacción, a la virtual eliminación de la sección Corrección, a los cambios en el área de Publicidad, al traslado de Ejemplares Atrasados, al cambio de imprenta que implicaría nuevos traslados y más incertidumbre respecto del futuro de un diario que está siendo diezmado, en medio de promesas de mejoramientos de la página web que siguen sin definirse.
Todo esto se viene produciendo mientras la discusión por salarios sigue congelada por decisión de la empresa, sin tomar en cuenta la caída vertiginosa del poder adquisitivo de los trabajadores. Nos piden aire, sin tener presente que somos nosotros los que nos estamos quedando sin elementos vitales para enfrentar una política gubernamental que nos acorrala cada día más.
Sobre el tema del archivo, hemos tenido ya dos reuniones con los interlocutores de la empresa y una más, en el medio, con el director periodístico. En esas reuniones hemos manifestado nuestra disconformidad con el achicamiento de la sección, que pasó de tener siete integrantes a la mínima expresión de un solo trabajador de planta y un suplente. Además de rechazar y expresar nuestra preocupación porque con ese plantel va a ser imposible seguir sumando el caudal de información que se volcaba al archivo, consultamos –sin tener una respuesta concreta— sobre si se va a mantener o no el rico material incorporado por nuestros compañeros durante 29 años de trabajo constante.
Le venimos señalando a la empresa que sería un despropósito absoluto cerrar el archivo, no seguir manteniéndolo vivo en el sentido de incrementar la información, además de la necesidad de actualizarlo tecnológicamente para que pueda ajustarse a las necesidades de un medio periodístico de este siglo.
Hasta ahora, las respuestas de los representantes de la empresa han sido de “compartir la preocupación”, pero eso no basta porque no han dado ni un solo indicio concreto sobre cómo seguimos. Le hemos dicho que no hay un archivo tan completo en lo que respecta a la información sobre juicios de lesa humanidad, sobre temas que hacen a la memoria y que han sido bandera de este diario a través de sus trabajadores. Le hemos dicho que muchas veces la empresa lo ha utilizado y lo utiliza para enfrentar juicios externos, porque la forma de acumulación de material del archivo de PáginaI12 convierte a lo que se guarda en documentos con valor judicial, ya que se escanea la página original del diario de papel y no la versión on line.
Le hemos dicho que vimos cómo otros archivos han sido desmantelados y que el archivo de PáginaI12 no merece tener ese destino, porque guarda textos de diarios y revistas ya desaparecidos como La Voz, Sur, Crítica de la Argentina y decenas de revistas que ya no existen. Lo que decimos, en concreto, desde la Asamblea de Trabajadores del diario PáginaI12, es que terminar con el archivo, cerrarlo, sería un golpe fatal para la credibilidad de los dichos de la empresa a partir de la incorporación del Grupo Octubre, en el sentido de que está trabajando para mejorar el producto que venimos haciendo todos nosotros, con máximo esfuerzo, desde hace 29 años.
Trabajadores de PáginaI12
Interredes llevó sus reclamos al ENaCom
"Hasta la fecha el Estado no sólo no ha transferido el dinero adeudado de los FoMeCA 2015, sino que a siete meses del inicio de su gestión continúa sin ejecutar el presupuesto 2016. Esto repercute directamente sobre la sostenibilidad de nuestros medios, limitando el derecho a la libertad de expresión", denuncia la red de medios populares.
Natalia Vinelli, referente de Barricada TV dijo "Estuvo muy bueno el agite, demostrando que nada se regala sino que todo se pelea y se conquista e la calle. Durante más de una hora los representantes del Enacom se negaron a atendernos. La fuerza, la presencia y la seguridad de defender lo conquistado hizo que finalmente se acercara al organismo el director Heber Martínez, quien comprometió una reunión con el presidente Miguel de Godoy para la semana que viene. Vamos a seguir alerta y movilizados hasta que paguen lo adeudado y los canales seamos habilitados. Ni un paso atrás!".
La representante de la Red Colmena, en diálogo con radio Unla, agregó que "para que la comunicación sea realmente democrática se debe permitir que todos pueden participar, pero quienes lo hacemos con una mirada no comercial, según la mirada del gobierno solo podemos ser medios de frontera, alejados y pobres", en referencia a los “17 principios” publicados por la comisión creada por el Gobierno para redactar el anteproyecto de la nueva ley de comunicaciones, que reemplazaría a la Ley de Medios y la ley Argentina Digital.
Fuente: PáginaI12, Señales
Guillermo y Fernando Whpei flamantes dueños de Radio Rivadavia AM 630
Los hermanos Guillermo y Fernando Whpei compraron Radio Rivadavia AM 630 y su frecuencia modulada Radio UNO. El próximo lunes 1 de Agosto asumen la titularidad de la emisora y mañana firman la transferencia, sujeta a aprobación del Ente Nacional de Comunicaciones
En marzo de 2013 los empresarios compraron LT3 y su FM al Multimedios La Capital, que preside Daniel Vila. La emisora rosarina es la primera del interior del país. La venta incluyó la AM 680, y también a su FM 102.7.
Con la compra de Radio Rivadavia les esperan varios desafíos. Por un lado posicionar la emisora al lugar que alguna vez tuvo y poner al día los sueldos con sus trabajadores.
En su momento, Guillermo y Fernando Whpei llevaron tranquilidad al personal de LT3 al asegurar que "se va a mantener la actual composición estable de la radio", algo que cumplieron.
Los Whpei son empresarios que nacieron en el seno de una familia de inmigrantes árabes. Guillermo Pablo Whpei fue presidente de la Mutual de Jubilados, Pensionados y Retirados de la Provincia de Santa Fe. Más tarde fundó, junto a su hermano Fernando la Unión Provincial Asociación Mutual. Fue también fundador y director de Siempre S.A., Director de Lancers S.A. y presidente de Grupo Unión S.A., una empresa dedicada a brindar servicios financieros con sucursales en catorce provincias argentinas. También preside el Instituto de Ayuda Económica Mutual, una organización intermedia que brinda asistencia técnica y financiera a mutuales de todo el país.
En 1992, crea la Fundación Litoral, hoy Fundación para la Democracia Internacional que Whpei preside. Además es miembro del Consejo de la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos, para América Central y Sur. La Fundación tiene su sede en el histórico Palacio Fuentes donde instalaron el Museo de la Democracia junto a sus oficinas comerciales. El emblemático Palacio está ubicado en Sarmiento y Santa Fe, en pleno centro de Rosario. También poseen otras inversiones inmobiliarias en Rosario y Buenos Aires.
Recientemente compraron el principal diario de Bariloche, El Cordillerano.
Por estos días, Guillermo Whpei acompaña a Rigoberta Menchú Tum, con quien firmaron un convenio entre su fundación y la Fundación para la Democracia Internacional. Juntos recorrieron la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh hoy conocida como “La Primavera”, en la zona de Laguna Blanca, en la Provincia de Formosa, donde lidera el QOM Félix Díaz, para hacer una investigación que termine llevando agua potable a ese lugar. Además llevan adelante un trabajo común en el estudio e investigación de Esclavitud Contemporánea en Guatemala.
Fuente: Señales
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| Ayer en Formosa Félix Díaz, Rigoberta Menchú Tum y el nuevo dueño de Rivadavia, Guillermo Whpei |
Con la compra de Radio Rivadavia les esperan varios desafíos. Por un lado posicionar la emisora al lugar que alguna vez tuvo y poner al día los sueldos con sus trabajadores.
En su momento, Guillermo y Fernando Whpei llevaron tranquilidad al personal de LT3 al asegurar que "se va a mantener la actual composición estable de la radio", algo que cumplieron.
Los Whpei son empresarios que nacieron en el seno de una familia de inmigrantes árabes. Guillermo Pablo Whpei fue presidente de la Mutual de Jubilados, Pensionados y Retirados de la Provincia de Santa Fe. Más tarde fundó, junto a su hermano Fernando la Unión Provincial Asociación Mutual. Fue también fundador y director de Siempre S.A., Director de Lancers S.A. y presidente de Grupo Unión S.A., una empresa dedicada a brindar servicios financieros con sucursales en catorce provincias argentinas. También preside el Instituto de Ayuda Económica Mutual, una organización intermedia que brinda asistencia técnica y financiera a mutuales de todo el país.
En 1992, crea la Fundación Litoral, hoy Fundación para la Democracia Internacional que Whpei preside. Además es miembro del Consejo de la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos, para América Central y Sur. La Fundación tiene su sede en el histórico Palacio Fuentes donde instalaron el Museo de la Democracia junto a sus oficinas comerciales. El emblemático Palacio está ubicado en Sarmiento y Santa Fe, en pleno centro de Rosario. También poseen otras inversiones inmobiliarias en Rosario y Buenos Aires.
Recientemente compraron el principal diario de Bariloche, El Cordillerano.
Por estos días, Guillermo Whpei acompaña a Rigoberta Menchú Tum, con quien firmaron un convenio entre su fundación y la Fundación para la Democracia Internacional. Juntos recorrieron la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh hoy conocida como “La Primavera”, en la zona de Laguna Blanca, en la Provincia de Formosa, donde lidera el QOM Félix Díaz, para hacer una investigación que termine llevando agua potable a ese lugar. Además llevan adelante un trabajo común en el estudio e investigación de Esclavitud Contemporánea en Guatemala.
Desde @Rivadavia630 afirman que dueños de @lt3am680 de #Rosario adquirieron el 70% del paquete accionario. Veremos @ENACOMArgentina— Trabajadores de la L (@Lechuzeros) 28 de julio de 2016
Esta tarde nos informaron oficialmente en Ministerio de Trabajo que @Rivadavia630 pasa a manos del grupo Rosarino que maneja @lt3am680— Trabajadores de la L (@Lechuzeros) 3 de agosto de 2016
Fuente: Señales
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